Opinión desde allá

por Héctor Silva Ávalos, La ciudad de la furia

 

Héctor Silva Ávalos
Periodista

Carta desde Washington

La corrupción de dos de esos gobernantes, Jimmy Morales y Juan Orlando Hernández, ha sido, de una forma u otra, protegida por el trumpismo.

El reporteo me volvió a llevar a la capital de Estados Unidos y sus suburbios esta semana. Viví ahí nueve años. Quizá por eso, al volver esta vez, sentí que muchas cosas no han cambiado.

En Langley Park, el inglés es la lengua más difícil de escuchar. En los restaurantes étnicos –palestinos, libaneses, etíopes, italianos–, de la muy hípster Takoma Park, todos los cocineros hablan español. Las oficinas de asistencia a migrantes en Columbia Heights siguen atestadas de centroamericanos que buscan un papel para aliviar su exilio autoimpuesto. Y así.

Hay algo que ha cambiado: hay menos civilidad. No menos corrección política, que eso es otra cosa. Hay más desesperanza. Esto tiene que ver con Donald Trump y su administración.

Aterricé en el aeropuerto de Baltimore, uno de los tres que sirven al distrito de Columbia, el jueves de la semana pasada. Dos noticias dominaban en los medios impresos: la sobremesa y posibles implicaciones del testimonio en el Congreso de Michael Cohen, el exabogado de Trump que dijo bajo juramente a una subcomisión de la Cámara Baja que su exjefe era un mentiroso y un corrupto; y los intentos del statu quo demócrata y republicano por lapidar políticamente a Ilhan Omar, congresista musulmana elegida por un distrito de Minnesota a la que algunos acusan de racismo antisemita por denunciar al millonario lobby judío que lleva años influyendo la toma de decisiones en Washington.

El miércoles pasado se añadió otra noticia, esta más relacionada con nuestra parte del mundo: las llegadas a la frontera sur estadounidense de migrantes centroamericanos que buscan asilo, sobre todo las de hondureños y guatemaltecos, creció notablemente en el último trimestre (con un aumento de casi el 70 % en el caso de los nativos de Honduras). En Washington, la discusión que las cifras volvieron a encender en Capitol Hill fue la que Trump y los suyos han secuestrado con la falacia esa de que buena parte de los males en Estados Unidos tienen que ver con el arribo de los migrantes. También se habla en Washington, aunque con menos estruendo, de lo que el aumento en los flujos migratorios vuelve a decir sobre la inviabilidad de los tres estados nacionales del Triángulo Norte centroamericano, que siguen expulsando sin pausa a los suyos, sobre todo a los más jóvenes.

Hay, a pesar de toda la retórica trumpiana, quienes desde el Congreso apuntan, por ejemplo, que las migraciones centroamericanas están relacionadas con la violencia y a la precariedad económica, sí, pero también al saqueo que los gobernantes de Honduras, Guatemala y El Salvador han hecho de los fondos públicos que, se supone, están destinados a atender a las poblaciones más vulnerables. La corrupción de dos de esos gobernantes, Jimmy Morales y Juan Orlando Hernández, ha sido, de una forma u otra, protegida por el trumpismo.

El jueves pasado, un grupo de congresistas demócratas, entre los que se cuenta el poderoso senador demócrata Patrick Leahy y la representante Norma Torres –ambos miembros de los comités que asignan la ayuda externa estadounidense– advirtió con sanciones al gobierno de Jimmy Morales, en Guatemala, por, entre otras cosas, «aliarse con actores criminales y corruptos que intentan evadir a la justicia a cualquier costo».

Es una advertencia importante la del grupo liderado por Leahy y Torres, pero en estos días la atención del aparato político que en Washington se ocupa de Centroamérica parece preocupado únicamente por Venezuela y la obsesión de los republicanos más conservadores por invadirla. Centroamérica, a pesar del aumento en los flujos migratorios, sigue siendo un tema secundario.

Al final, en medio de todo el ruido político, poco cambia en el trajín cotidiano. Los llegados desde Lempira, Xela o Soyapango amanecen todos los días –la semana pasada con -3 Centígrados en el termómetro– para atender las jornadas de 10, 14 horas que la economía estadounidense les exige. Para ellos, como me repitió una migrante que llegó en 2010 y lleva desde entonces viviendo sin papeles, todo es mejor que volver a la tierra de la desesperanza que dejaron atrás.


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