En El Salvador, no hay ninguna ley que garantice los derechos humanos de las personas que huyen a causa de la violencia. Debido a los casos que se registran por desplazamiento forzado interno, el Estado ha tenido que adecuar la Ley Especial para la Protección a Víctimas y Testigos (LEPVT) y el programa de protección a víctimas y testigos para dar refugio a las víctimas. Sin embargo, el decreto es específico, al plan solo pueden ingresar las personas que denuncian y son parte de un proceso judicial. El recurso es limitado para los desplazados que huyen con su núcleo familiar. Y mucho más, para quienes buscan refugio y no quieren denunciar. Además, algunas víctimas han señalado que dentro del sistema existen irregularidades como la de mezclar a víctimas con testigos criteriados, que pueden, aún, tener vínculos con las pandillas. Lo que pone en riesgo su ubicación y sus vidas.

Angélica no migra, huye

Un reportaje de Wendy Hernández

Fotografías de / Ilustraciones de Moris Aldana

Ilustración de Moris Aldana

Angélica recibió la llamada de un investigador de la Policía Nacional Civil (PNC) que le advirtió que ella y su familia estaban en peligro. Alguien los estaba buscando para asesinarlos. Ella, sus dos hijos y su madre huyeron de su hogar con lo que tenían puesto y nada más.

Aquella tarde, Angélica apenas venía de enterrar a sus dos hijas que fueron asesinadas por los mismos que ahora los estaban amenazando. Aún sin poder asimilar la pérdida, la familia escapó sin tener un lugar a donde ir. Era mediados de 2017.

Dos años después, en una mañana de finales junio, Angélica se prepara para migrar. Junto a ella partirán sus dos hijos y su madre. Son alrededor de las 9:30 de la mañana. Hace unas pocas horas, abandonaron una casa de resguardo para la protección de víctimas y testigos de la Unidad Técnica del Sector Justicia (UTE).

Ella empaca, en prisas, lo poco que le queda y se despide de sus hermanas y sobrinas que, cree, nunca volverá a ver. Huye de la delincuencia y de un Estado que no la pudo proteger.

Entre marzo de 2018 y abril de 2019, 634 personas se desplazaron de manera forzada a causa de la violencia de acuerdo con las instituciones estatales. Sin embargo, lo que domina este fenómeno es el subregistro. La gente se va en silencio.

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Esta mañana es la primera vez, en un año y medio, que Angélica sale con un poco de libertad. Camina apurada y mira para todos lados desconfiada. Se ha bajado de un vehículo en el que, como mínimo, le ha dado unas cinco vueltas a la cuadra. Los pandilleros, los que mataron a sus hijas y luego amenazaron al resto de su familia, aún la buscan.

Antes de partir, Angélica ha decidido conversar sobre lo que la ha obliga a migrar. Solo tiene una hora para hablar. Dentro de poco, su vuelo despegará.

En una oficina que se ha acomodado como un salón de entrevistas, Angélica cuenta que, a mediados de 2017, perdió a sus hijas.

Angélica aún lo cuenta incrédula, sin poder comprender el porqué. Explica que la tarde en que desaparecieron, ellas salieron de estudiar y se reunieron con una amiga que les regalaría un par de pantalones y camisas. Luego de eso, no supo más.

Fabiola, una niña de ocho años y Marcela, de 20, estuvieron desaparecidas. Pero antes de que Angélica pudiera hacer una denuncia para iniciar la búsqueda, ella se enteró por la noticias que una niña y una joven con las características de sus hijas, habían sido localizadas por la PNC en un predio baldío.

Angélica entró en negación. No quiso creer que la noticia estuviera relacionada con la desaparición de sus hijas. Así que marcó y marcó el número de celular de su hija mayor.

La hermana de Angélica, al ver las noticias, se movilizó al lugar para saber si aquella dos personas eran, en verdad, sus sobrinas. Unas cuantas horas después, regresó con la confirmación de que las de las noticias sí eran Fabiola y Marcela.

«Todavía se me revuelven las tripas de solo recordar. No podía creer que fueran ellas. Esa misma noche, salí para el Instituto de Medicina Legal. Ahí me tocó reconocer a mis hijas», dice Angélica.

Así que, cuando el investigador llamó y los alertó de que los pandilleros «venían por ellos», Angélica no dudó en tomar lo que estuviera al alcance y marcharse junto con hijos y madre.

El Estado respondió, pero hasta ocho meses después. Antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo que emitir medidas cautelares para Angélica y su familia.

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Cuando la familia huyó, dejaron casa, ropa, mascotas, trabajo; como la mayoría de víctimas de desplazamiento forzado. Sin hogar y con miedo, Angélica acudió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y a la Fiscalía General de la República (FGR) por ayuda.

Ante la petición, la FGR solo le dio la garantía de custodiar su hogar con agentes de seguridad, mientras ellos iniciaban las investigaciones por el asesinato de sus dos hijas. Ante el riesgo de que la vigilancia les diera más problemas. Angélica se negó a aceptar esta opción. Buscó ayuda de organizaciones sociales y solo interpuso la denuncia por los asesinatos.

Según la PDDH, las víctimas de desplazamiento forzado interno prefieren permanecer en un estatus «invisible» y pasar con la mayor discreción posible.

El Informe Preliminar de Registros sobre desplazamiento forzado de la PDDH, de 2017, detalla que «es muy común que la denuncia ocurra solo hasta después de haber agotado los recursos personales, familiares y las redes de relaciones sociales de las víctimas».

Angélica también agotó sus recursos. Junto a sus dos hijos y su madre se mantuvieron nómadas entre cuartos de hotel que costearon organizaciones sociales. Luego, durante siete meses, permanecieron en un albergue temporal hasta que decidieron que era tiempo de que el Estado respondiera por su calidad de desplazados.

El Estado respondió, pero hasta ocho meses después. Antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo que emitir medidas cautelares para Angélica y su familia.

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Esta mañana, Angélica ha venido a la entrevista acompañada de uno de sus hijos, un joven de 24 años que desea platicar sobre los abusos que recibieron de parte del Estado cuando fueron «protegidos» en el programa de víctimas y testigos de la UTE.

Angélica y Mario recuerdan que, meses atrás, sin medidas cautelares, la UTE solo ofreció proteger a quien realizó la denuncia, ningún otro miembro de la familia podía ingresar al programa. La Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos (LEPVT), no incluye a las víctimas en general, solo considera a las personas que son parte de un proceso judicial.

Al conocer las medidas de la CIDH, sin embargo, la UTE tuvo que hacer una excepción.

Cuando la familia ingresó al programa, en noviembre de 2017, Mario tenía 22 años, estaba recién graduado de bachillerato e iniciaba su vida laboral.

Su otro hermano tenía apenas seis años. Estaba a meses de iniciar su preparatoria y su abuela, una mujer de 74 años, se dedicaba a cuidar de sus nietos pequeños mientras Angélica trabajaba.

Mario asegura que antes de aceptar ser protegidos por la UTE, «ellos se la pintaron bonito», le aseguraron que contaban con todo lo necesario para protegerlos, pero no fue así.

En el resguardo, su hermano cumplió los ochos años y nunca recibió un refuerzo escolar. No tuvo la oportunidad de cursar ningún grado académico. A pesar de que la LEPVT, en su artículo 13 literal I, dice que se debe facilitar a víctimas y testigos la permanencia en el sistema educativo.

En cambio, Mario solicitó ser parte de talleres de formación técnica vocacional para contar con otras acreditaciones, pero no fue posible. La UTE no respondió a sus solicitudes. Esto a pesar de que la UTE y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) tienen un acuerdo, desde 2018, para que las personas dentro del régimen de protección a víctimas y testigos sean parte de procesos de capacitación profesional.

«Ahí, en la UTE, no están cumpliendo con protección. A uno, de víctima, solo le dan seguridad», asegura Angélica.

Hace énfasis en lo insalubre de la comida que recibían. «Si no estaba crudo, lo servían descompuesto». En los almuerzos, cuenta, era común el pollo;, pero, en toda su estancia, no recuerda ni una sola vez que la comida se sirviera en buen estado.

Además, en la semana, a la familia se entregaba un garrafón de agua, uno que debían racionar porque debían compartir la mitad con otras personas del hogar.

La atención médica tampoco era la adecuada. La familia debía esperar horas para trasladarse a un centro asistencial u hospital. No importaba la emergencia. En una ocasión, la madre de Angélica tuvo que esperar desde la 1:30 pm hasta 5:00 pm para que la llevaran a un hospital. Ese día, la gravedad fue tal, que la señora quedó ingresada.

La familia también solicitó en varias ocasiones, atención psicológica, pero no la recibieron. La psicóloga que los visitaba unas cuanta veces al mes, respondió a su petición y les dijo que ella solo estaba designada para realizar talleres generales y no para dar terapias o consultas a las víctimas o testigos.

Ante las condiciones, Mario denunció en tres ocasiones, a través de escritos, la situación que vivía el resguardo.

«Me quedé con esas notas que mandamos. Cada denuncia llevaba unas 2 o 3 páginas detallando los abusos», recalca Mario.

Lo que terminó por agravar su situación fue que, dentro del espacio, no solo habían víctimas de desplazamiento forzado. La familia convivió con testigos criteriados que podían, todavía, tener vínculo con la pandilla que los perseguía.

Un testigo criteriado, es una persona que confiesa su participación en un delito y aporta pruebas testimoniales o documentales que ayudan a establecer responsabilidades de otros implicados, a cambio de una reducción de pena o el beneficio de libertad.

«La UTE lo que hace es revolver a la gente. Ahí, un corre peligro. Al principio, estuvimos en una casa sola; pero, luego, fueron llegando más. Metieron a un señor que era un criteriado. Lo supimos porque él mismo contaba las cosas», reitera Mario.

Julio Magaña, Coordinador Nacional de Litigio Estratégico de Cristosal, una organización que trabaja con las víctimas de desplazamiento forzada, asegura que el sistema está creado para proteger testigos y no víctimas. «Esto es un gran vacío en la ley. No pueden estar mezclados víctimas y testigos en un mismo resguardo».

LAS MEDIDAS CAUTELARES

Antes de acudir a la CIDH, la familia también agotó los recursos legales y presentó una demanda de amparo, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde señalaron una serie de omisiones atribuidas a instituciones del Estado para su protección y garantía de justicia.

El amparo fue admitido hasta que la CIDH dictó medidas cautelares, en noviembre de 2017. Tres meses después de que se presentó el recurso.

La CIDH, luego de conocer el caso de Angélica, en octubre de 2017, concluyó que ella y su familia enfrentaban una situación de urgencia y gravedad frente al asesinato de sus dos hijas, las amenazas de la pandilla, la falta de un espacio seguro y medidas efectivas de protección por parte del Estado.

«Los integrantes de la familia se encuentran una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo. El grupo familiar habría abandonado su residencia habitual, y buscando protección en diversos albergues para evitar un atentado en contra de sus vidas. Se solicita al Estado de El Salvador que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad del grupo familiar», detalla el comunicado de la CIDH sobre las medidas.

Sin un decreto legislativo, el Estado respondió a la medidas y acopló la LEPVT y el programa de Protección a Víctimas y Testigos, que está a cargo de la UTE, para proteger a Angélica y su familia.

A pesar de ello, en el informe de seguimiento que presentó el Estado salvadoreño a la CIDH, a solo un mes de aplicar las medidas cautelares, el gobierno solicitó a la Comisión levantar las medidas al asegurar que la «institucionalidad se encontraba operativa y que el Estado se mantenía supervisando a las instituciones responsables para cumplir las disposiciones».

Sin embargo, hasta la fecha, las medidas cautelares aún siguen activas de parte de la CIDH.

Norma Fernández, representante legal de víctimas de desplazamiento forzado de Cristosal, asegura que la lentitud en el estudio de la ley provoca que los desplazados internos sigan sin un respaldo para su protección.

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De historia en historia, aquella mañana, Angélica y Mario llegaron a la misma conclusión: los pandilleros siempre los busca y el Estado siempre les falla.

En ese año y medio, el gobierno nunca les dio una opción para su reubicación, tampoco les propuso otra sola solución, aparte del encierro, y no les dio garantía de justicia por el asesinato de sus familiares.

«Hasta esta fecha, junio de 2019, no hay justicia. Mis hijos no han podido estudiar y yo no he podido trabajar. Queremos retomar nuestras vidas por duro que sea, pero ya no puede ser acá. Aquí no tenemos ninguna garantía», concluyó Angélica.

En El Salvador, por el momento, el único mecanismo de protección al que pueden recurrir las víctimas de desplazamiento forzado es la LEPVT. No hay otro respaldo. El Estado sigue sin crear una política pública, a favor de los desplazados.

Recientemente, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa ha retomado el estudio de la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en condición de desplazamiento forzado, luego de que la Sala de lo Constitucional emitiera la sentencia 411- 2017 y ordenara al Estado reconocer el fenómeno y crear políticas a favor de las víctimas.

La discusión sobre la ley, sin embargo, es lenta. Los diputados llevan cuatro lunes, desde el mes de agosto, reescribiendo apartados de los primeros cinco artículos. Los parlamentarios aún deben revisar y aprobar 64 artículos.

En una de esas sesiones de la Comisión, los diputados discutían y concluían que para tener una propuesta de ley especial ‘pasaría un tiempo’ y no podían tomárselo a la ligera. Aunque ya ha pasado un año desde que la Sala emitió la sentencia.

Entre los diputados que conforman la Comisión están: Mario Tenorio, de Gana; Alejandrina Castro, Bonner Belloso y Ricardo Velásquez Parker, de Arena; Jorge Uriel Mazariego, del PDC; Eileen Romero y José Antonio Almendáriz, del PCN y Cristina Cornejo, del FMLN.

Norma Fernández, representante legal de víctimas de desplazamiento forzado de Cristosal, asegura que la lentitud en el estudio de la ley provoca que los desplazados internos sigan sin un respaldo para su protección.

«Es preocupante no tener una legislación especial que brinde los lineamientos y garantías para los desplazados internos. La vulneración que sufren las víctimas del fenómeno es más grande ya que no hay restitución de derechos fundamentales», expresa Fernández.

Por su parte, la Mesa de la Sociedad Civil contra el desplazamiento forzado a causa de la Violencia (MCDF), a 100 días del gobierno de Nayib Bukele, ha solicitado que el Presidente se pronuncie a favor de una ley para las víctimas del fenómeno y que tipifique el delito de desplazamiento forzado, de acuerdo con las normas y estándares internacionales.

De aquella mañana, ya han pasado dos meses. Angélica partió ese mismo día de El Salvador. Se marchó sin la esperanza de volver y migró porque el Estado no le supo responder.

 


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