Una investigación de tres instituciones en Estados Unidos identificó al abogado José Mauricio Cortez Avelar como uno de los principales prestanombres de José Luis Merino, político salvadoreño para el que congresistas norteamericanos han pedido una indagación financiera. Los nombres de Cortez y de otros habituales colaboradores aparecen en los registros de una red de empresas con sedes en El Salvador, Panamá y Nevada (EUA). Tras una pesquisa que se alargó por meses, Séptimo Sentido también pudo certificar una compleja operación inmobiliaria realizada en El Salvador, en la que hay indicios de lavado de activos y en la que participa Cortez como parte de una maraña de empresas. Esto será parte de la segunda entrega de este especial. El cierre será la reconstrucción de las negociaciones por la concesión de la terminal de contenedores de Puerto Cortés, Honduras, donde Enrique Rais y el propio Merino buscaban participar como mediadores.

La red de testaferros del viceministro Merino

Un reportaje de Moisés Alvarado

Fotografías de archivo. Infográficos de Jorge Contreras y de Julio Girón.

La red de testaferros del viceministro Merino
La red de testaferros del viceministro Merino

Cuando tuvo que regresar a San Salvador para comenzar a preparar la bajada del cerro de los “compas”, José Luis Merino compró una gaseosa mientras esperaba a que su contacto en la zona llegara. Eran los inicios de 1992 y la tinta estampada en los Acuerdos de Paz todavía estaba fresca.

Recibió la bebida y se fue sin pagar. Más de una década en los cerros, donde la cotidianidad era de combate y supervivencia, donde cada guerrillero recibía sus tres tiempos de comida en el campamento sin preocuparse por conseguirlos, le habían hecho olvidar esa sencilla convención de los tiempos modernos: que los bienes se cambian por dinero. La anécdota la rememora el propio Merino en su libro autobiográfico “Comandante Ramiro”, titulado en honor del nombre que usó durante el conflicto armado, Ramiro Vásquez.

Es el testimonio de un hombre que regresaba de la batalla en los cerros, desacostumbrado del mundo. Una imagen muy lejana a la del José Luis Merino actual.
Es uno de los tres líderes del partido que nació de la extinta guerrilla, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la institución política que actualmente ocupa el gobierno central. Y desde el fin de su período como diputado en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) en octubre de 2016, ocupa un puesto que antes no existía, el de viceministro para la Inversión y Financiamiento para el Desarrollo. Su labor es la de atraer inversión extranjera en coordinación con otras instituciones, como el Ministerio de Economía. Labor por la que recibe un sueldo que ronda los $2,500. También ha sido desde 2006 (el año de su fundación) el asesor y rostro visible de Alba Petróleos de El Salvador, la empresa de economía mixta salvadoreña de la que PDVSA, la estatal petrolera venezolana, es dueña en un 60 %. El resto es de ENEPASA, compañía conformada por varias alcaldías gobernadas por el FMLN.

José Luis Merino también es un hombre en la mira de las autoridades estadounidenses, que sospechan de sus finanzas. Una situación difícil de relacionar con la imagen de aquel compa que se refrescó con una gaseosa una tarde de 1992. A mediados de junio de 2017, 14 congresistas de los partidos Demócrata y Republicano le enviaron al secretario del Tesoro de su país una carta en la que solicitan que se indaguen las actividades financieras de Merino.

Los políticos norteamericanos han pedido que se abra una investigación “de interés nacional” bajo la ley contra capos internacionales de la droga, el “Drug Kingpin Act”, por los “asocios de larga data” de Merino “con redes de crimen organizado que son sujetos de investigaciones criminales en Estados Unidos por tráfico de cocaína y lavado de dinero”.
Todo un reto: en el registro de comercio de El Salvador, su nombre no aparece en ninguna empresa en activo. La última fue Alba Alimentos de El Salvador, una subsidiaria de Alba Petróleos, de la que fue presidente entre 2012 y 2015. En el extranjero tampoco forma parte de ninguna compañía. No cuenta con inmuebles bajo su propiedad y los tres carros que le pertenecen están de baja en el sistema, por lo que no es legal que circulen por las calles del país. Es, al menos en los registros, un hombre sin posesiones.

Esto no desvanece las acusaciones. El especialista antilavado de una organización internacional domiciliada en Washington, Nelson Mena, señala que una de las figuras que se utilizan con frecuencia para ocultar activos es la del prestanombres o testaferro: una persona que aparece como el presidente de una empresa de la que, en realidad, no es el beneficiario final, o alguien que tiene a su nombre una propiedad que en realidad le pertenece a otra persona.

Uno de los caminos que llevaron a que congresistas estadounidenses de ambos partidos, por lo general opuestos, se decidieran a firmar esa carta fue una investigación preliminar en la que colaboraron elementos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Administración para el Control de Drogas (DEA). Séptimo Sentido tuvo acceso a esa indagación y contó con el testimonio de dos personas que certificaron su autenticidad, aunque pidieron resguardar sus identidades como condición para expresarse sobre ella.

José Luis Merino
José Luis Merino

Uno de sus principales hallazgos fue la identificación de los que, en su opinión, son los principales testaferros de José Luis Merino, entre los que se encuentran su hermano, Sigfredo Israel Merino Cabrera, y su asistente personal desde hace una década, Erick Giovanni Vega. La investigación destaca, entre todos, el nombre de José Mauricio Cortez Avelar, a quien se define como el más importante. Los criterios utilizados para esto son su reiterada aparición en registros de empresas relacionadas con Alba Petróleos de El Salvador en varias jurisdicciones, principalmente El Salvador y Panamá.

Según la misma investigación, otro criterio para señalarlo es que Cortez Avelar tiene a su nombre cuatro cuentas en instituciones bancarias en el extranjero: Dos en el Saxo Bank, de Suiza, y dos más en el Banco Espírito Santo, de Brasil. Por tratarse de una investigación preliminar, se ha podido acceder a fuentes vivas, y no a documentación sobre las mismas. No fue posible verificar de forma independiente la existencia de estas cuentas.

Una persona involucrada en las investigaciones, a quien Séptimo Sentido entrevistó por medio de intercambios de correos electrónicos, asegura que la hipótesis apunta a la existencia de una estructura de lavado de dinero que cuenta con José Luis Merino a la cabeza y que luego pasa por un círculo cerrado de colaboradores: su hermano Sigfredo Israel Merino, Erick Vega (su asistente personal desde hace 10 años) y Cortez Avelar. Debajo de ellos hay decenas de participantes de varias nacionalidades.

Se intentó arreglar una entrevista con Erick Vega, el asistente de Merino, pero aún después de varios correos electrónicos enviados a su cuenta y de por lo menos ocho llamadas realizadas al número que él mismo le facilitó, no se obtuvo respuesta.

A principios de 1981, cuando era comandante de las Fuerzas Armadas de Liberación, José Luis Merino viajó hasta Vietnam para aprender de sus ciudadanos una forma más efectiva de realizar la guerra de guerrillas. Vino admirado por la capacidad de organización de ese pueblo, que tuvo el coraje para vencer al “imperialismo norteamericano”. Y, desde entonces, el antiimperialismo ha sido parte de su discurso.

Pero esto no ha sido impedimento para que aquellos a los que el FBI, el Departamento del Tesoro y la DEA señalan como sus colaboradores hayan montado empresas, precisamente, en ese país, el mismo en el que, en junio de 2017, 14 congresistas solicitaron una investigación de sus finanzas.

Se trata de una red de tres compañías en el estado de Nevada, Estados Unidos, que ya han sido identificadas en la mencionada investigación. Las tres son de responsabilidad limitada. En este tipo de empresas los socios responden por las actividades de esta sociedad hasta el límite de sus aportes monetarios.

Las tres sociedades son Alba Petróleos Las Vegas, Kalandos Investment Group y Petro Global International, que estuvieron en activo desde 2011 hasta 2014. De acuerdo con el registro público de Nevada, en estas se repiten como miembros siete personas que también aparecen en las juntas directivas de empresas en El Salvador y Panamá relacionadas con Alba Petróleos de El Salvador, según los respectivos registros de comercio de ambos países centroamericanos.

Relaciones. La imagen de la izquierda corresponde al documento de conformación de Alba Petróleos Las Vegas. En el destacado se aprecian los nombres de José Mauricio Cortez Avelar y Aldo Adrián Aguirre. Ellos y el resto de miembros usan la misma dirección, en esta y las otras dos empresas en Nevada: 4777 E Charleston Blvd, suite 101, Las Vegas. En la imagen de la derecha, está el documento en el que la empresa Alba Refining, una offshore de Alba Petróleos en Panamá, le otorga un poder general a Cortez Avelar y a Aguirre. El poder se le retira a Bassan Kalandos, quien usa la misma dirección que en las empresas en Nevada.

Nevada es, actualmente, un paraíso fiscal y es casi imposible obtener información financiera sobre las actividades de una empresa. Por lo mismo, son un misterio los montos que se han movido en estas compañías. Las sociedades de responsabilidad limitada tienen, además, otras ventajas en este estado norteamericano: no hay impuestos estatales para las empresas, tampoco se cobra tributo sobre la renta personal de los socios y no existe la figura del intercambio con el Servicio de Rentas Internas (IRS), que pertenece al Departamento del Tesoro, por lo que no hay obligación de compartir información relacionada con sociedades domiciliadas allí con ninguna autoridad federal. Y una persona que no es ciudadana americana puede ser parte de una empresa con solo indicar una dirección domiciliar en el estado, que puede ser una pequeña oficina compartida con decenas de individuos. Los miembros de las tres empresas señaladas remiten en sus registros a la misma dirección.

Además de algunas de las personas que las tres instituciones mencionan como principales testaferros de Merino, en estas compañías en Nevada aparece reiteradamente otra figura, la del guatemalteco Aldo Adrián Aguirre, quien no hace mucho fungió como vicecónsul honorario de su país en Las Vegas y es un nombre común en empresas relacionadas con Alba Petróleos en El Salvador y Panamá.

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El principal testaferro

José Mauricio Cortez Avelar es, ahora, un hombre orquesta, con participación en múltiples negocios. Pero no siempre fue así. De pelo alborotado (en el que conviven el negro y el blanco), mentón prominente y nariz pronunciada, hasta 2010 las actividades profesionales de este abogado de 60 años se habían limitado a servir de notario en los documentos de pequeños negocios, o como apoderado legal de personas que no querían pasar por el engorroso trámite de un proceso civil.

Su suerte comenzó a cambiar a inicios de la presente década, específicamente en 2011. Ese año, un hombre que solo había tenido participación en pequeñas cajas de crédito o en sociedades con orientación religiosa comenzaba a formar parte de las juntas directivas de empresas de los más variados rubros, con una buena estrella desde su nacimiento.
Las mismas empresas que, a partir del siguiente año, serían las receptoras de millonarios préstamos provenientes de fondos de Alba Petróleos de El Salvador, la empresa de economía mixta de la que José Luis Merino es asesor y el rostro visible cada vez que esta realiza una donación al gobierno central.

En ese 2011, Cortez Avelar también se convertiría en presidente de una compañía en Panamá y en miembro de otra de responsabilidad limitada en Nevada, Estados Unidos. Todas relacionadas con la empresa de economía mixta salvadoreña.

Según la revisión de los registros de comercio de El Salvador y Panamá, su participación en sociedades financiadas por Alba Petróleos no dejó de crecer en los años posteriores. Solo en El Salvador ha participado en 15 (aparece como accionista de cinco de ellas) y sigue activo en 10. Es apoderado legal y mercantil en dos de aquellas en las que ha dejado su puesto. En Panamá forma parte de la junta directiva de siete compañías relacionadas con Alba Petróleos. A estas se suman las otras dos de las que es miembro en Nevada, Estados Unidos. Veinticuatro empresas, por las que han circulado millones de dólares, han nacido y han tenido la participación de Cortez Avelar en apenas seis años.

Con todo esto en su hoja de vida, Cortez Avelar podría parecer un potencial magnate de los negocios. Pero, al menos para el fisco salvadoreño, es un hombre de ganancias medias. Eso reflejan las declaraciones de ingresos anuales que el abogado ha presentado al Ministerio de Hacienda salvadoreño desde 2010 hasta 2015. Estas van así: $14,520 (2010), $14,961 (2011), $18,098 (2012), $27,744 (2013), $9,423 (2014) y $33,881.25 (2015).

Es decir que en el año que más ganó (2015), con un total de $33,881.25 para todo el ejercicio, sus ingresos mensuales no pasaron de los $2,750, lo que, al menos en El Salvador, equivale al sueldo máximo de un comisionado de la Policía Nacional Civil o al de un asistente administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Un buen salario, pero lejos todavía de la imagen de un hombre con participación en tantas empresas, dentro y fuera de El Salvador.

A Cortez Avelar se le escribió un correo a la misma dirección que ha facilitado a la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) de El Salvador para que esta pueda comunicarse con él en el marco del proceso que la institución abrió con respecto a la nave Guazapa I, propiedad de la “offshore” de Alba Petróleos de El Salvador Guazapa, S. A., varada desde hace 20 meses en el Puerto de la Unión Centroamericana.

También se le buscó en la dirección de una de sus empresas, PROCREADOR. Esta resultó ser su casa de residencia. En ese momento no estaba él, sino su hijo, a quien se le dejaron datos para que el abogado pudiera contactarse con Séptimo Sentido. Hasta el cierre de este trabajo, no hubo ninguna respuesta.

El hombre en Nevada

Aldo Adrián Aguirre es un guatemalteco residente en Las Vegas, Nevada. Fue vicecónsul honorario de su país en esa ciudad desde 2003 hasta 2014, bajo la jurisdicción del consulado de Los Ángeles, California. Según su perfil de Linkedin, entre sus funciones estaba apoyar a los consulados móviles y entrevistar a detenidos y encarcelados guatemaltecos en la localidad. En 2010 también colaboró con la Fundación México Americana para la Defensa y Educación Legal (MALDEF, por sus siglas en inglés), para promover la participación de la comunidad latina en el censo de Estados Unidos de ese año. Aldo no es solo un diplomático y un hombre preocupado por los derechos de su comunidad en el país del Norte.

Aldo Adrián Aguirre también es un hombre de negocios. Ha tenido puestos directivos en varias empresas de Nevada. Una de ellas fue Alianza Consulting Group, compañía de responsabilidad limitada que lo tuvo a él como su agente registrador y único miembro desde 2005 hasta 2014, cuando decidió disolverla. Según él mismo la describía en Linkedin, la sociedad se centraba “en satisfacer las necesidades de asistencia para el desarrollo de los mercados emergentes y de los países en desarrollo ofreciendo experiencia funcional excepcional, experiencia regional y un compromiso con la excelencia”.

Fue precisamente Alianza Consulting Group la compañía que significó uno de sus primeros vínculos con Alba Petróleos de El Salvador. El 12 de abril de 2011, amparado por esta sociedad, comenzó a ser secretario y tesorero de la junta directiva de Alba Refining Company, Latin América, S. A., una “offshore” inscrita en Panamá de la empresa salvadoreña, según los documentos de conformación de la sociedad en el registro público panameño. Seis días antes había iniciado otra compañía vinculada con Alba Petróleos, Petro Global International, esta vez en Nevada, su estado de residencia.

Su nombre comenzó a ser cada vez más regular en sociedades relacionadas con la empresa de economía mixta salvadoreña a partir de 2012. Hasta la fecha, Aldo Aguirre ha tenido participación en las tres compañías de Nevada que forman la red, en tres “offshore” panameñas de Alba Petróleos y en tres empresas relacionadas con esta en El Salvador.

En este último grupo se encuentra Vuelos Económicos de Centroamérica (VECA), aerolínea que copó titulares en la prensa salvadoreña por las irregularidades de su cierre en enero de este año: tras la cancelación de varios vuelos en Costa Rica y El Salvador, se le abrieron expedientes en ambos países. Terminó sus operaciones sin cancelarle a sus empleados el sueldo de enero de 2017 y sus liquidaciones. La empresa alegó que no tenía fondos para pagar. La dueña del 60 % de sus acciones, El-Día Corporation, domiciliada en Curazao, había recibido desde 2013 varios préstamos por parte de Alba Petróleos que, hasta 2015, sumaban más de $39 millones, 10 más de los que El-Día destinó para financiar a VECA. Aldo Adrián Aguirre ocupó el puesto de director secretario de la compañía desde septiembre de 2013 hasta mayo de 2015.

Aldo reside, actualmente, entre Las Vegas y Ahuachapán, en El Salvador. Así se puede observar en la consulta de sus registros migratorios en el país y en las fotografías que ha subido a una de sus cuentas de la red social Facebook, en las que utiliza el nombre de Mateo Madrid. Este perfil está vinculado a uno de los números que el guatemalteco facilitó a la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) de El Salvador para que pudiera comunicarse con él en el marco del proceso que la institución abrió con respecto a la nave Guazapa I, propiedad de la “offshore” de Alba Petróleos Guazapa, S. A., varada desde hace 20 meses en el Puerto de la Unión Centroamericana.

Él es el encargado de informarle a la institución nacional sobre las novedades en la compra de un repuesto cuya ausencia, en teoría, imposibilita que la nave zarpe. Aldo se presenta como parte de la administración y el departamento financiero de Guazapa, S. A.
A ese mismo número se le marcó para consultarle sobre la naturaleza de las empresas conformadas en Nevada. También para despejar una duda: ¿cómo se relaciona un guatemalteco residente en Las Vegas con un político salvadoreño? Esas preguntas debían ser respondidas por el propio Aldo, a quien se le marcó a todos los números, tanto en Panamá como en El Salvador, que facilitó a la AMP para ser contactado. También se le escribió al correo electrónico que entregó para el mismo fin, pero no se obtuvieron respuestas en ninguna de estas vías.

El hermano lejano

Mientras José Luis Merino peleaba la guerra bajo el seudónimo de Ramiro Vásquez, uno de sus hermanos, Sigfredo Armando Merino Cabrera, migraba hacia Estados Unidos en busca de un lugar para vivir en paz. Así fue como pudo obtener la ciudadanía americana. Ha sido su pasaporte estadounidense el que ha utilizado para algunos de sus trámites, como cuando se le concedió un poder general en la subsidiaria de Alba Petróleos en Panamá, APES INC., en 2010.

Tras terminarse la guerra, Sigfredo no tardó mucho tiempo en volver a El Salvador. Y lo hizo para ser la mano derecha de su hermano, José Luis, en varios negocios. El excomandante Ramiro fue beneficiario de créditos dirigidos a que combatientes desmovilizados montaran emprendimientos.

Ambos estuvieron en las juntas directivas de varias empresas, que no han presentado actividad desde los primeros años del nuevo milenio, como Consultores Técnicos Empresariales, J. M., y Valores del Aire. En todas, Sigfredo actuaba como administrador único propietario y como representante legal. Las mismas no lograron los resultados que los hermanos Merino esperaban.

Así, las actividades comerciales de Sigfredo en la pasada década se concentraron, sobre todo, en su participación en la compañía Coordinadora y Asesora de Proyectos (CAPSA), empresa de tratamiento de desechos sólidos contratada, sobre todo, por alcaldías en manos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), del que su hermano José Luis ya era uno de sus principales líderes. Estuvo en CAPSA desde 2003 hasta 2006.

La suerte de Sigfredo, como en el caso de José Mauricio Cortez Avelar, cambió en la presente década: ha estado en puestos importantes en al menos ocho empresas receptoras de millonarios préstamos de Alba Petróleos de El Salvador, compañía de economía mixta de la que fue gerente.

Fachada de Alba Petróleos
Fachada de Alba Petróleos

Séptimo Sentido se contactó ayer vía telefónica con Sigfredo Merino. El empresario afirmó la primera vez que se le buscó que desconocía por qué aparece en una compañía en Nevada, Alba Petróleos Las Vegas. Sostuvo que no tiene nada que ver con esta.
“Allí todo el mundo puede aparecer simple y sencillamente con el robo de identidad… quizá alguien la conformó con el interés de dañar mi imagen”, dijo al mencionarle que es su nombre el que aparece en el registro. Afirmó que hablaría más en una entrevista cara a cara, con documentos de por medio, otro día.

Para algunos militantes de mediano rango del FMLN, que hablan en condición de anonimato, que el hermano de José Luis Merino haya sido tan beneficiado con el dinero proveniente de Venezuela canalizado por Alba Petróleos de El Salvador no termina de convencerlos: no entienden cómo alguien que no peleó la guerra pueda ocupar, hoy en día, puestos tan importantes en el esquema del brazo financiero del partido al que dio vida la guerrilla por la que tantos de ellos ofrecieron su juventud.

El círculo más íntimo de José Luis Merino cuenta con alcances transnacionales e, incluso, ha tenido actividad en el corazón mismo de Estados Unidos, el país que ahora tiene en la mira sus finanzas, a la espera de que la Oficina de Control de Activos Estadounidense (OFAC) oficialice una investigación y defina si, en efecto, se han cometido ilícitos.

La tarde de ayer se buscó a Sigfredo Merino una vez más para explicarle que la publicación se haría hoy, para lograr pactar un encuentro. Respondió que, después de una investigación independiente, certificó que el agente registrador de la empresa, Bassan Izzat Kalandos (a quien afirma que no conoce personalmente), utilizó su nombre sin su permiso para conformar la empresa.

Sigfredo Merino hizo llegar a esta revista una foto de una carta, dirigida a Yanet Cornejo, directora del departamento legal de Alba Petróleos de El Salvador, donde Kalandos le aclara que formó la empresa Alba Petróleos Las Vegas con vistas a futuros negocios en Nevada y para reservar ese nombre. Sin embargo, decidió disolverla pronto, el 19 de febrero de 2013, tras darse cuenta de lo “sensible” de la marca fuera de Estados Unidos y tras las peticiones de sus “contactos venezolanos”.

En los siguientes trabajos de esta serie se dará a conocer un caso que apunta hacia el lavado de dinero y las negociaciones previas a un intento de soborno. En ambos casos están involucrados José Luis Merino y las personas cercanas a él descritas en este primer texto.


Este reportaje fue realizado por Moisés Alvarado para la revista Séptimo Sentido de La Prensa Gráfica en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

 


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