Las mujeres en El Salvador representan el 52.7 % de la población y a pesar de ser mayoría demográfica solo el 32 % de curules están ocupadas por diputadas en la Asamblea Legislativa. Aunque el país ha ratificado convenios internacionales y creado normativa especial, la participación política de mujeres no está creciendo de la manera que se esperaba y lo más probable es que en las elecciones de diputados de 2018, esa premisa se mantenga.

El espejismo femenino del poder político

Un reportaje de Valeria Guzmán

Fotografías de Archivo

Representación. Del total de 84 diputados elegidos en las últimas elecciones, 27 son mujeres.

Así como en todo el país hay más ministros, más alcaldes y más hombres a la cabeza de partidos políticos, en la Asamblea Legislativa la mayoría de los puestos que conllevan algún poder dentro de las comisiones de trabajo no le pertenecen a mujeres.

De acuerdo con el Observatorio de Participación Política de la Asamblea, solo el 35 % de comisiones de trabajo tienen a mujeres como presidentas. En las comisiones se discuten los proyectos de ley y es el primer filtro que las propuestas deben superar para ser discutidas en el pleno. Esa primera participación de los legisladores en la discusión de leyes es fundamental para la gobernabilidad del país.

En 2014 se estableció en la Ley de Partidos Políticos que cuando un partido se presente a elecciones, sus planillas de candidatos deben estar conformadas, al menos, con un 30 % de mujeres.

Un estudio del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) sostiene que la cuota de participación de mujeres como candidatas “no garantiza que esta se traduzca en un 30 % de participación política en cargos de decisión ocupados por mujeres; más bien, si esta no va aparejada por una buena posición dentro de las planillas y referida a cargos de mayor envergadura, la cuota pierde su total validez como acción positiva para las mujeres, tal y como ha sido concebida. ARENA y FMLN son un fiel reflejo de esto”.

Tras el cambio en la ley, durante las últimas elecciones de 2015, algunos pensaron que el número de diputadas subiría considerablemente. Pero solo hubo cuatro diputadas más de las que había antes de la reforma. En la legislatura actual, de un total de 84 diputados, hay 27 diputadas.

Una de esas 27 mujeres está reunida este martes de octubre en la comisión de seguridad pública y combate a la narcoactividad. Cualquiera que no ponga detenida atención pensará que el grupo está conformado exclusivamente por hombres, aunque desde hace dos años hay una mujer, la diputada Hortensia López, del FMLN. A dos horas de haber iniciado la discusión sobre beneficios a familiares de policías asesinados, la legisladora no ha dicho una sola palabra.

Los roles de las mujeres dentro de la Asamblea

Las mujeres solo tienen la mayoría de representatividad en las comisiones que discuten temas que tradicionalmente se encargan a la mujer, como la familia, la niñez y la adolescencia, de acuerdo con cifras del Observatorio de Participación Política del Grupo Parlamentario de Mujeres. Los diputados, en cambio, tienen la mayoría de representatividad en las comisiones en las que se discuten temas sobre la tierra, el trabajo, la seguridad del país y las finanzas.

Cuando los partidos políticos conocen cuántos diputados les corresponden dentro de la Asamblea Legislativa, los diputados electos presentan ante su partido las comisiones en las que les gustaría trabajar y, usualmente, el partido político los asigna a determinados grupos de trabajo. Es ahí cuando la proporción de mujeres en las comisiones se inclina hacia temas relacionados con el rol que se les ha asignado por tradición: el de cuido.

“Si una analiza en qué comisiones están las mujeres, qué tipo de comisiones, qué tipo de cargos tienen, son excepcionales las que tienen cargos relevantes y las que tienen funciones en las comisiones legislativas de mayor peso, entonces, hay un sistema de clasificación de las comisiones, que habla de comisiones reproductivas, productivas, de desarrollo y permanencia del sistema político. Ahí, sobre todo, hay hombres”, se recoge en un estudio de 2016 de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).

Con las siguientes elecciones en puerta, la mayoría de representantes de partidos políticos hablan con entusiasmo de que haya cada vez más mujeres ingresando a sus filas. Sin embargo, se reconoce que aún hace falta recorrer un largo camino para que las leyes del país se creen o modifiquen con una visión equitativa entre los dos sexos.

ARENA es mayoría en la Asamblea. Su electorado eligió a 24 hombres, y a 11 mujeres como diputadas. Un estudio del ISDEMU asegura que, si bien todos los partidos cumplieron la normativa de incluir al 30 % de mujeres en sus candidaturas, ARENA “se ubicó en el piso mínimo”. Mauricio Interiano, el presidente del partido, aseguró hace un par de meses que para esta siguiente elección el 50 % de candidatos a diputados propietarios y suplentes son mujeres.

San Salvador tiene derecho a 24 curules y, según las estadísticas en línea del observatorio, 10 están ocupadas por mujeres. El segundo departamento donde hay más participación es San Miguel, que cuenta con tres diputadas. En el resto de departamentos hay dos o una legisladora; en Morazán y La Unión, ninguna.

“Cuando entran mujeres a los estamentos políticos de poder muchas veces son repelidas, son marginadas, son apartadas, precisamente, porque los hombres todavía nos resistimos a que una mujer ocupe el puesto de un hombre”, reconoce el diputado de Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, René Portillo Cuadra.

Los obstáculos partidarios y sociales

Nidia Díaz es diputada del FMLN y presidenta de la Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias Salvadoreñas. Cuando Díaz es cuestionada sobre por qué los aportes de las mujeres que han logrado llegar a la Asamblea se enfocan, primordialmente, en las comisiones de mujer, familia y niñez y no en temas de seguridad, financieros o de trabajo, ella admite que ese es todavía un reto: trabajar para que la participación sea efectiva de manera transversal.

El FMLN es uno de los partidos políticos que más ha defendido en público el establecimiento de cuotas mínimas para la participación de mujeres. En este partido la cantidad de diputadas y diputados es similar: 16 hombres y 15 mujeres. Ella asegura que en el futuro se buscará la paridad en cargos de elección popular. La paridad se da cuando hay un número igual de mujeres y hombres en los cargos políticos.

Francis Zablah, el diputado por La Libertad de GANA, asegura que como partido creen y confían en la capacidad de las mujeres no solo en el ámbito legislativo, sino en su poder de incidir en todos los campos de la sociedad. No obstante, en la bancada de 11 diputados a la que pertenece no hay una sola legisladora propietaria.

Hay quienes aseguran que el hecho de que haya menos mujeres participando en la política se debe a que no han estado interesadas en trabajar desde este campo. El diputado de La Libertad por ARENA, Ricardo Velásquez Parker, es uno de ellos. Él considera que lo que ha condicionado el acceso de las mujeres a estos puestos de poder es “que ha existido una falta de vocación o involucramiento de algunas mujeres en la política”.

Si una analiza en qué comisiones están las mujeres, qué tipo de comisiones, qué tipo de cargos tienen, son excepcionales las que tienen cargos relevantes y las que tienen funciones en las comisiones legislativas de mayor peso”.

La presidenta del Grupo Parlamentario de Mujeres, Margarita Rodríguez, está en contra de esa idea. “No es que falte vocación. Por los mismos roles que la sociedad le asigna a las mujeres, se ven imposibilitadas. Lo digo francamente: cuando la persona que me ayuda en la casa en los quehaceres domésticos no está, estoy en una comisión, pero estoy recordando que no hay quien vaya al supermercado a comprar. Los roles de asignarles el trabajo privado a las mujeres son los que le imposibilitan acceder a tener una vida activa plena en el ámbito público”, asegura la efemelenista.

Toda desigualdad tiene raíces. La participación de las mujeres en el campo laboral está también condicionada por el acceso a la educación que tienen de niñas y adolescentes. La Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples 2016 reveló que en las mujeres la tasa de analfabetismo es de 12.5 %, mientras que en los hombres es de 8.8 %.

La disparidad no solo es en la educación, también se traduce en los salarios. Un hombre que ha estudiado de 10 a 12 años, en promedio, gana $344.51 y una mujer que ha estudiado la misma cantidad de tiempo, gana $280.44. Lo mismo pasa con quienes han iniciado estudios superiores, el salario de hombres que han cursado más de 13 años de estudio sobrepasa los $600. Una mujer en esa misma categoría de escolaridad, gana $516.33.

Además, las jóvenes en edad educativa se enfrentan a otro tipo de problemáticas. Una de esas es el embarazo a temprana edad. En el estudio “Maternidad y unión en niñas y adolescentes: Consecuencias en la vulneración de sus derechos”, publicado en 2016, se reconoce que los embarazos tempranos también se traducen en menores oportunidades de educación para las niñas y jóvenes. Tres de cada cuatro adolescentes que tienen hijos a edad temprana no vuelven a estudiar. Al cabo de dos años, casi el 30 % de ellas ya tienen otro hijo y se ven relegadas a tareas domésticas. Es decir, su vida es condicionada al ámbito privado.

Identificar las cargas extras dentro del hogar que condicionan el acceso al trabajo no es una cuestión relacionada con la ideología política de las funcionarias. Las mujeres, por tradición, han sido relegadas al trabajo del hogar. La diputada arenera Paty Valdivieso asegura que aunque se trabaje en el ámbito público, no se deja de asumir la mayor carga de trabajo relativa al cuido familiar. Fuera del edificio del COENA, ella cuenta que “como mujeres a veces tenemos en la casa muchas más responsabilidades que los hombres. Nosotras llegamos de trabajar y vamos a trabajar”.

Comisión de familia. La mayoría de este grupo está conformada por mujeres. En cambio, en la comisión financiera y agropecuaria, la representación femenina es mínima.

Los primeros votos

En octubre de 1930 el ministro de Gobernación Manuel Mendoza tuvo que emitir una respuesta hacia una solicitud extraña que llegó a su despacho. La solicitud era extraña porque era la primera vez que una mujer se atrevía a pedir algo de ese calibre ante las autoridades salvadoreñas.

Prudencia Ayala, quien se desempeñaba como escritora, solicitó ser inscrita en el Libro de Registro de Ciudadanos para luego poder ser inscrita como candidata presidencial. El 29 de octubre de 1930 el mismo ministro de Gobernación respondió que no se le podía reconocer como ciudadana porque “no obstante, lo mucho que se ha legislado a su favor, todavía rigen disposiciones legales que la mantienen en situación jurídica de inferioridad al hombre”.

Esa petición denegada abrió el debate para que nueve años después, en 1939, las mujeres adquirieran el derecho al voto bajo ciertas condiciones. La Ley Reglamentaria de Elecciones de 1939 estableció que las mujeres tenían que estar casadas, haber terminado el sexto grado y ser mayores de 25 años para poder votar en las elecciones. En cambio, si la mujer era soltera solo podía votar si había terminado sexto grado y a partir del día en el que cumplía los 30 años. El estado civil de los hombres que querían votar no importaba, tampoco importaba si habían terminado la educación primaria. Solo necesitaban ser mayores de 18 años y saber leer y escribir.

Fue hasta la reforma constitucional de 1950 que las mujeres adquirieron los derechos políticos plenos; y se tuvo que esperar más de un lustro para que a la casa legislativa llegaran las primeras mujeres con poder político para crear y modificar leyes. Fue en 1956 cuando por primera vez se eligió a tres diputadas. Una de las electas fue María Isabel Rodríguez, la exministra de Salud del gobierno de Mauricio Funes.

Los cambios para que las mujeres tengan voz política no han sido orgánicos. Han estado marcados por la presión de grupos para ganarse espacios. Ese derecho “no ha sido ninguna regalía, es producto del trabajo sistemático de conciencia”, reconoce el diputado Portillo Cuadra.

No fue hasta hace 67 años que hombres y mujeres fueron reconocidos con los mismos derechos electorales. Durante estas décadas solo tres mujeres han logrado llegar a la presidencia de la Asamblea Legislativa y ninguna se ha vuelto a lanzar explícitamente como candidata a la presidencia del país.

¿Existe la violencia política contra mujeres?

Comisión de seguridad pública y combate a la narcoactividad. Esta es una de las comisiones donde hay menos representatividad de mujeres. Solo una diputada.

En la actualidad no hay ninguna mujer dirigiendo en primera plana un partido político. Alba Cortez, presidenta de la Asociación de Unión de Mujeres Abogadas de El Salvador (UDEMAS), considera que incluso en estos ámbitos de poder algunas mujeres siguen siendo tratadas como “subordinadas y en un plano de domesticidad”.

La abogada explica, desde su oficina en San Salvador, que en los últimos meses ha asesorado a seis mujeres de diferentes partidos que la han buscado para pedirle consejo sobre cómo proceder por casos de violencia política.

Cortez define la violencia política contra la mujer como lo que sucede cuando el sexo femenino ve restringido, negado o anulado un derecho político. Puede ocurrir internamente en los partidos, en las alcaldías y en otros espacios de participación ciudadana. La experta sostiene que hay tres ejes en los que se cimenta la violencia política contra las mujeres: se enuncia una inferioridad intelectual, moral y biológica.

Cortez se reserva los nombres de las mujeres que ha asesorado y de los señalados en los casos de violencia política, pero cuenta algunas situaciones que van desde alcaldes que no permiten que una concejala se exprese en público, hasta funcionarios que prohíben que el resto de trabajadores le hable a una empleada en específico.

Cuando a la efemelenista Nidia Díaz se le pregunta en un pasillo de la Asamblea si en este espacio persisten visiones machistas sobre las mujeres, ella no vacila en responder que sí. Pero, lo identifica como un patrón general de sociedad: “Esto es estructural”.

Un informe de ONU Mujeres y del ISDEMU sostiene que la violencia política contra mujeres se traduce a veces en desestimación, ridiculización y descalificación pública, agresiones verbales y negación de información.

“Tiene que ver con cómo la población va interiorizando que también las mujeres pueden participar en la política, tomar decisiones y empoderarse. ¿Cómo le enseño a las niñas de seis años que ellas también pueden tener derecho a tomar decisiones si solo ven que en la televisión hay presidentes, ministros, alcaldes?”

“La fidelidad partidaria es una herramienta de chantaje eficaz para inhibir la denuncia de situaciones de violencia política que las mujeres sufren y en algunos casos advierten y quieren denunciar”, afirma dicho estudio. Esa frase coincide con un caso que Cortez afirma haber asesorado. El caso es de una diputada que quería denunciar a un político por comentarios inapropiados de tono sexual. Sin embargo, dice Cortez, el partido le recomendó a la ofendida no denunciar porque se acerca el periodo electoral y esa denuncia dañaría la imagen del político.

El informe de ONU Mujeres titulado “Hostilidad y violencia política”, recoge casos de violencia contra líderes municipales que van desde el acoso laboral hasta el sexual. El estudio afirma que “pese a las vivencias de hostilidad y violencia política por parte de algunas entrevistadas, consideran que su posición prioritaria como militantes partidarias implica tal nivel de compromiso (que) les impide avanzar en la denuncia de las situaciones enfrentadas”.

Roles tradicionales. Las comisiones en las que trabajan más mujeres son las relacionadas al cuido de la mujer, familia, adulto mayor y personas con discapacidad.

“Hay mujeres que tienen la capacidad, pero tienen miedo de hablar por afectar al partido, pero ¿dónde queda tu integridad, tu derecho legítimo de exigir que se te respete?”, se pregunta Gabriela Trigueros desde su escritorio en la colonia Escalón.

Trigueros cobró notoriedad a mediados de este año, cuando Johnny Wright la propuso como su candidata suplente para las elecciones de 2018. El COENA decidió asignarla a otro diputado, por lo que Wright se manifestó en contra de la decisión tomada por su partido. Días después se creó un blog en internet donde se escribió que Trigueros era “la traidora” detrás de Wright y era un “cáncer”.

“No era una argumentación contra mis ideas o contra nuestro proyecto político, sino que era insinuar que personalmente me meto con gente de otros partidos políticos. Es atacar directamente la reputación como mujer”, sostiene Trigueros. Eduardo Barrientos, fundador de ARENA y miembro del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), compartió ese contenido en sus redes sociales, por lo que Trigueros lo denunció ante el Tribunal de Primera Instancia del COENA. El tribunal sancionó con una amonestación verbal a Barrientos y le exigió una disculpa por escrito para Trigueros.

El FMLN tampoco está exento de casos en los que se discute el respeto hacia las mujeres. La reciente expulsión del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, del partido efemelenista se dio enmarcada en una denuncia de una síndica que lo acusó de haberla violentado de forma verbal durante una sesión del concejo.

La abogada experta en materia de violencia de género, Cortez, considera que la discusión de estos casos es positiva, porque “si estos actos se toleran y no se sancionan, fomenta el mensaje de impunidad y de tolerancia a la violencia”.

Las reformas legales

Fernando Beltranena es un diputado guatemalteco de bigote espeso. Últimamente se caracteriza por vestir con un corbatín en lugar de corbata y este miércoles 18 de octubre causó especial indignación en las redes sociales y en las aceras del Congreso.

El miércoles la comisión de asuntos electorales guatemalteca retomó una discusión: las ventajas y desventajas de establecer la paridad en el congreso. Mientras Beltranena exponía sus argumentos en contra de esta propuesta, llamó a las mujeres un “accidente biológico”.

“El parámetro para acceder a la política debe ser mérito y no simplemente por haber nacido con un accidente biológico de mujer”, dijo. Ante la indignación de varias mujeres que se manifestaron en contra de sus comentarios, Beltranena expresó que hubo una interpretación malintencionada de su comentario y que no cree haber ofendido a nadie.

La baja participación de mujeres en la política no es un problema exclusivo de El Salvador, es mundial. Un informe de 2017 del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés) afirma que el porcentaje de participación de mujeres en los parlamentos americanos es de 28.2 %. La cifra contrasta con el nivel de participación de las mujeres en los parlamentos asiáticos que llega solo al 19.7 %.

La participación de las mujeres en la política salvadoreña ha sido reforzada por decreto. Algunas personas no están de acuerdo con que se obligue a los partidos políticos a contar con un mínimo de participación femenina, pero esa reglamentación es una tendencia mundial. En teoría, se ejecuta para evitar, de cierta manera, la exclusión y marginalización en esos espacios de tradición masculina.

La adhesión de El Salvador a convenios internacionales hizo que en 2014 se reformara la Ley de Partidos Políticos, y el Tribunal Supremo Electoral estableció que los partidos deben presentar sus planillas conformadas, al menos, en 30 % por mujeres.

Comisión de defensa. En las comisiones de trabajo destinadas a la discusión de seguridad y defensa nacional la cantidad de mujeres es baja.

Uno de los beneficios que plantean los que están a favor de este tipo de reformas está relacionado con el tema de identificación. Así lo explica Silvia Juárez, abogada de ORMUSA: “Tiene que ver con cómo la población va interiorizando que también las mujeres pueden participar en la política, tomar decisiones y empoderarse. ¿Cómo le enseño a las niñas de seis años que ellas también pueden tener derecho a tomar decisiones si solo ven que en la televisión hay presidentes, ministros, alcaldes?”

Un camino convertido en pared

Hace tres años, cuando se estableció la cuota de participación por género, se creyó que esta sería entendida como una base a partir de la cual los partidos políticos propondrían a más y más mujeres. En ORMUSA temen que la cuota se ha entendido como el límite de la participación.
“(La cuota) se dio como un estímulo de avance. Pero, realmente, nos sirvió como una pared que bloquea que haya más mujeres en esas posiciones”, asegura la abogada Silvia Juárez. Y agrega: “Los partidos la cubren, pero la cumplen a raya”.

Para la presidenta de UDEMAS, esa cuota ha servido para evidenciar los problemas que suelen darse cuando las candidatas lanzan sus campañas o realizan sus labores: “¿Por qué ahora es tan visible la violencia contra las mujeres? —pregunta de forma retórica desde su oficina— porque ahora se les ha obligado la cuota de participación política”.

Presidenta. Margarita Rodríguez preside desde este año el Grupo Parlamentario de Mujeres de la Asamblea Legislativa.

Mientras algunos diputados y diputadas de distintos partidos políticos reconocen a la cuota de participación de las mujeres como un buen primer paso, el diputado de La Libertad, Ricardo Velásquez Parker, se manifiesta en contra de este tipo de medidas.

“Yo quisiera cuota para calvos, fíjese, pero no contamos con el apoyo de la ciudadanía. Chiste aparte, a mí no me gustan las cuotas, ni para jóvenes, ni para mujeres, ni para qué sé yo… heterosexuales. El día que abramos la puerta para las cuotas por unos, abramoslas por todos y entonces el chiste ya vale, yo también quiero cuota para calvos”, responde el legislador.

Y a pesar de que este parece ser un tema que solo se discute entre foros de mujeres, los organismos internacionales, como el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), ya han empezado a dar luces de la necesidad de encontrar aliados masculinos en la búsqueda de equidad en la democracia. El IDEA sostiene que la “resistencia de los hombres a la participación de las mujeres es un factor clave que dirige la exclusión política de las mujeres. Un mayor equilibrio de género aumenta la probabilidad de que los debates políticos y las reformas políticas identifiquen y aborden problemas nuevos y descuidados por igual, permitiendo que las sociedades, hombres y mujeres, prosperen”.

 


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