El rostro del agricultor en El Salvador es uno cada vez más viejo: 58 años, según estimaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería. La actividad ha dejado de ser rentable para el grueso de la población, debido a sus altos costos, a su imprevisibilidad y a los bajos precios a los que pueden vender sus productos. Los jóvenes que no tienen otra opción, sin embargo, continúan luchando por sacarle frutos a la tierra y a sus propias vidas.

El campo se queda sin jóvenes

Un reportaje de Moisés Alvarado

Fotografías de Melvin Rivas

El campo
El campo

Al menos hasta hace unas semanas, la única manera de que una persona de la comunidad La Ruda recibiera atención médica era trasladarse al centro del municipio de Masahuat, Santa Ana, ubicado a unos 10 kilómetros de aquí, para donde no existe más transporte público que un camión que sale a las 7:30 de la mañana. Si no se contaba con un vehículo propio (lo que pasa con casi todos los habitantes), la única opción aparte de esa era la fuerza de las piernas para recorrer un sinuoso camino a orillas del río Lempa.

Este escondido rincón de Masahuat, un apartado municipio ubicado varios kilómetros adentro del desvío al parque acuático Apuzunga, ahora tiene una clínica, recién construida por la ONG Ayuda en Acción, que recibe buena parte de sus fondos desde el Gobierno de España. Eligió a Masahuat por las incontables necesidades que asolan a sus pobladores.

Álex Valdez, de 26 años, es uno de los beneficiados de esta clínica. Ha sido agricultor desde que ha tenido edad para trabajar. Es la única manera que conoce para ganarse la vida, como casi todos los miembros de las 56 familias que viven en La Ruda. Es así incluso con sus compañeros de generación. Toda una rareza; según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la edad promedio del agricultor salvadoreño es de 57 años.

En este país que ha tenido a la actividad agrícola como soporte principal de su economía en el pasado, los campesinos son mayores incluso que los de California, Estados Unidos, en donde el promedio de edad es de 45 años. La de hacer producir la tierra es una actividad que se queda sin relevo generacional: menos del 10 % de los involucrados es menor de 27 años.

Y muchos son como Álex, personas a las que el Estado se olvidó de cubrirles sus necesidades básicas, sobre todo en municipios como Masahuat, uno al que el Mapa de Pobreza del FISDL coloca entre aquellos que se consideran como de pobreza extrema severa: casi la mitad de su población (3,373 personas según las proyecciones para 2018 de la DIGESTYC) vive bajo ese umbral.

—Ahorita tuve una experiencia, –comenta Álex, los ojos viendo al piso, las manos cruzadas sobre el pecho–. Le estaba diciendo a mi papá que ni ganas de hacer mucha milpa me daban.

A pesar de que el año pasado fue bueno y hubo suficiente lluvia para que las plantas crecieran a sus anchas, la alegría se esfumó pronto. La base de este desconcierto está en las matemáticas.
Álex hace su recuento: en 2017 logró producir, aparte de aquel maíz necesario para su consumo personal, 18 cargas, el equivalente a 36 quintales.  Cuando llegó a una de las agencias que en Metapán, la ciudad más cercana, acostumbran comprar producto a los agricultores locales, tuvo que vender cada 100 libras a $13. Incluso si hubiera preguntado en otra agencia, habría recibido lo mismo. Los intermediarios suelen ponerse de acuerdo para establecer un precio de referencia.

Este, según un vendedor de Metapán que no quiso identificarse, se calcula en base con las cosechas del año. Esa es la paradoja del agricultor: cuando el año es bueno, debe vender su producto barato, pues hay mucha oferta. Cuando se trata de uno malo, puede obtener un precio promedio más alto, pero cuenta con poco producto para comerciar.
A Álex eso le significó un pago de $468. A eso debió restarle un dólar por quintal, lo que le cuesta el transporte, por lo que le quedaron $432. Ahora, piensa en lo que le tocó gastar este mayo, cuando se preparaba para sembrar: 48 libras de semillas de maíz, cuatro botellas de veneno, 3 kilos de herbicida y el plástico para poner en la milpa. En eso gastó $250.

—¿Y el abono, y para querer echar un mozo para trabajar? Viera que el trabajo de uno le queda en vano –comenta en un momento de exasperación que contrasta con el resto de la plática–. Uno siente que trabaja para los empresarios, porque ellos nunca pierden.

Y puede ser que lo dicho por Álex no sea una exageración; en municipios donde es posible vender un volumen como ese (los más cercanos son Metapán y Nueva Concepción, Chalatenango), el quintal que ellos dan por $13 luego puede ser vendido por $18; $5 de ganancia para alguien que no asume todos los riesgos, que no depende del arbitrio de un clima cada año más caprichoso.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) publica cada día una tabla de precios para distintos productos agropecuarios. Pero esa labor no es la de establecer un monto que hay que respetar a la hora de comprarle a un agricultor, sino la de elaborar un promedio de en cuánto se está vendiendo el producto en las plazas comerciales a escala nacional. El referente es el intermediario, no el productor.

Solo la caña de azúcar cuenta con un precio mínimo de compra hacia el productor, que debe ser acatado, pero se trata de un cultivo al alcance solo de los propietarios de extensiones grandes de tierra.

Por un escenario como el anterior, que no haya un sólido relevo generacional en la agricultura no es culpa de los jóvenes, dice Ismael Merlos, director de Desarrollo Territorial de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), sino más bien, de la realidad de esta actividad en El Salvador: una tecnológicamente atrasada con respecto al resto de la región.

Para Merlos, la agricultura se ha convertido en una labor de “subsubsistencia”, aquella que no alcanza a cubrir siquiera las necesidades alimentarias de quien siembra. Eso hace que una producción para fines comerciales se convierta en un sueño solo a la mano de unos pocos. La superación de la pobreza no es un objetivo alcanzable a través del sudor que cae en la tierra.

José Mendoza es otro de los jóvenes agricultores de La Ruda. Vestido con un short, una camiseta y con tenis, a primera vista este muchacho de 26 años no parece agricultor. Pero, igual que Álex, es de los que se sacrifica para sacarle frutos a la tierra.

En la época del maicillo y del maíz, siembra en las manzanas de su familia, ubicadas muy cerca de su casa. Pero cuando se trata del frijol, para el que se necesita un clima más frío, debe subir la montaña, lo que toma cerca de dos horas. Allá arriba alquila un terreno. Para aprovechar el día, la jornada debe empezar a las 6 de la mañana. Hay que partir a las 4, apenas acompañado por una lámpara que corte la noche.

Álex hace su recuento: en 2017 logró producir, aparte de aquel maíz necesario para su consumo personal, 18 cargas, el equivalente a 36 quintales. Cuando llegó a una de las agencias que en Metapán, la ciudad más cercana, acostumbran comprar producto a los agricultores locales, tuvo que vender cada 100 libras a $13. Incluso si hubiera preguntado en otra agencia, habría recibido lo mismo. Los intermediarios suelen ponerse de acuerdo para establecer un precio de referencia.

Ganadas. Algunas laderas de montaña en Masahuat lucen deforestadas. Muchas son ocupadas por campesinos de la zona para sus siembras, que dependen de un clima cada año más caprichoso.

También es otro de los decepcionados con lo poco rentable que resulta la agricultura, el único medio de subsistencia que ha conocido en su vida. Cuenta historias parecidas a las de Álex y añade otro elemento a la ecuación: cada venta les cuesta un día de su vida, pues deben salir con el camión que sale de La Ruda hacia Metapán o Nueva Concepción a las 7:30 de la mañana y retornar hasta que este pase por su comunidad.
“Si existiera un tipo de agricultura que les permita a los jóvenes, además de obtener ingresos, formarse técnicamente, te aseguro que van a involucrarse en la agricultura. Para eso se necesita hacer una transformación en profundidad”, comenta Ismael Merlos, de FUNDE.
La violencia es otro de los factores que aleja a los jóvenes del trabajo en la agricultura. Sobre todo cuando el ir a laborar a una plantación significa cruzar invisibles fronteras de guerra.
Esa fue la razón por la que asesinaron a cuatro primos, todos trabajadores de la tierra, en abril de 2015, en el caserío Los Hernández, de Izalco. Vivían en una zona con presencia de una pandilla. Cerca de la propiedad a la que iban a trabajar, en la hacienda La Macarena, estaba la agrupación enemiga.
Por la misma causa asesinaron en octubre de 2017 a Raúl Benjamín Jiménez Ramírez, cuando regresaba a su casa en el cantón El Carmen, de Guaymango, Ahuachapán; o a José Alberto Hernández González, en Jiquilisco, en diciembre de 2015.
Chalchuapa, el municipio ubicado más al sur de Santa Ana, forma parte de un corredor de violencia, conformado también por municipios como Atiquizaya o El Refugio, en el vecino departamento de Ahuachapán. Uno en el que es posible que ocurra, en apenas una mañana, media docena de homicidios. Varios agricultores han sido asesinados en el último lustro.
En este municipio está el cantón La Magdalena, ubicado a unos kilómetros del ingenio del mismo nombre, que en 2015 fue denunciado por el derramamiento de miles de galones de melaza en el río que surca la localidad.
Esta mañana de mayo, al encuentro sale Gustavo Torres, uno de los habitantes de la zona. Maneja su motocicleta para guiar entre un sinuoso camino de tierra, fácilmente transitable para cualquier vehículo. Su deber es conducir un grupo de jóvenes integrados a diferentes proyectos de desarrollo agrícola, apoyados por el programa “Amanecer rural”, financiado con $40,000,000 provenientes de un préstamo entre el Estado salvadoreño y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), una agencia de Naciones Unidas.
A pesar de que es el primer anfitrión, no forma parte de los proyectos. Él decidió ganarse la vida de otra manera, trabajando en la paquetería de un supermercado en la ciudad de Santa Ana, por lo que ha tenido que mudar su residencia allá. Solo trabaja la tierra eventualmente, cuando viene a pasar las vacaciones a su hogar natal.
En las oficinas de la cooperativa Las Tablas espera un grupo de jóvenes, cuyas edades oscilan entre 18 y 27 años. Una de ellos es Gabriela Torres, estatura media, corpulenta, ojos vivos. Con orgullo expone sobre los programas que han comenzado a implementarse en su comunidad, como una plantación de maracuyá, para la que técnicos del MAG los han capacitado en su cuidado.
“Por un tiempo lo habíamos descuidado y creció mucho la maleza, pero ahora lo retomamos”, comenta Gabriela. Los otros dos proyectos son un banco de apicultura y un huerto de hortalizas, que se cultivará en un invernadero.
Gabriela y compañía se muestran entusiasmados con las oportunidades, pero ella reconoce que no ve en la agricultura un futuro para su vida. Si tuviera la oportunidad de salir de aquí para obtener un mejor empleo, no lo dudaría dos veces. En sus aspiraciones está seguir con sus estudios después de haberse graduado del bachillerato, todo un logro si se considera la media de escolaridad de la zona, que suele parar en el tercer ciclo.

Gabriela da algunas claves con respecto a este desencanto con la agricultura: Si bien existe la capacidad de producir algo, todavía están muy lejos de que se convierta en un negocio sostenible, pues no existe un mercado al que venderle de manera constante. Las recientes producciones de miel, por ejemplo, han ido a parar a las manos de los mismos vecinos. El dinero es tan poco que ha sido necesario invertirlo en su totalidad para continuar con el proyecto. Las excepciones a esta regla en planes de esa naturaleza se cuentan con los dedos de la mano. Uno de los más prominentes es el de la Canasta Campesina de los productores de Comasagua, que tiene una ventaja: su cercanía a una capital con personas con alto poder adquisitivo.

“Pero esto nos ayuda a mantenernos ocupados. Y eso significa mucho para nosotros, saber que estamos en algo productivo”, comenta Gabriela.

La mayor parte de hombres de la comunidad pertenece a una cooperativa, lo que les asegura un trozo de tierra (aunque sin escrituras a su nombre) para sembrar en invierno, casi siempre dos únicos cultivos: maíz y frijol. Uno de esos hombres es el padre de Gabriela, Óscar Torres, de 53 años. Junto a su sobrino, Adiel, se esfuerza en las labores de un futuro corral de cerdos.

Como casi todos aquí, en la agricultura le apuesta a los dos cultivos tradicionales. Habla de buenas épocas en las que es factible sacar algo de ganancia a tanta inversión y trabajo. Dice que la única posibilidad para ello es que el Gobierno les compre su producto como semillas. Es un proceso más largo que si solo lo hicieran para consumo, pues existe una labor de selección, de bodegaje y de cumplimiento de varios estándares. La recompensa es que lo pagan a $100 el quintal. Producir cada uno, según los cálculos de Óscar, cuesta unos $90. Hay una ganancia de $10. Sin embargo, este año no podrá ser así, pues el Gobierno no les ha pagado aún lo de la última vez, comenta.

Por eso se verán obligados a llevarlo a la plaza y venderlo para consumo, donde se paga a un precio estimado de $43 el quintal. Torres dice que el costo de producirlo es todavía mayor. Por eso declinó pedir un préstamo en la línea de crédito que tiene activo en el Banco de Fomento Agropecuario. Ha decidido solo sacar lo necesario para consumir en su familia.

Adiel, su sobrino, ha estado atento a la conversación, con la mirada perdida, aparentemente sumergido en la música de sus audífonos; con 20 años, se ha convertido en el líder de los jóvenes de su comunidad. Por ello fue beneficiado con una beca de varios meses para ir a capacitarse en la Escuela Nacional de Agricultura Roberto Quiñónez (ENA), ubicada en Ciudad Arce, La Libertad.

Habla de lo aprendido, de cambiar el chip en las comunidades. Para él, lo más importante es la diversificación de los productos, dejar de depender de un invierno bueno, algo de lo que nadie tiene control. Por eso trabaja en este pequeño corral de cerdos. Por eso también ha estimulado a sus compañeros de generación para aprender todo lo que puedan de los técnicos de diferentes instituciones que los visitan, sobre todo en cuanto al abono orgánico.
“Se hace con insumos que uno saca aquí. El carbón, la ceniza, los microorganismos de montaña, cáscaras de verduras. Se pueden hacer buenos fertilizantes, ya sea vía foliar o al suelo. Nosotros mismos tenemos los recursos, a veces es solo falta de conocimiento”, comenta el joven. Una primera cosecha de huertos caseros, sin embargo, todavía se ve lejos: no han cultivado ni una sola planta en el invernadero que les facilitaron para ese fin. Es un camino que apenas comienza.
Otro joven de la comunidad es Misael García, de 21 años. Luce cansado, sudoroso, pues en este mediodía acaba de volver de trabajar en la tierra de la cooperativa. Una imagen que no hubiera sido posible contemplar hace solo unos meses, cuando era empleado de una empresa repartidora de bolsas plásticas. Ganaba apenas unos dólares más que en el campo, pero el trabajo era estable y los ingresos constantes. Pero un detalle lo complejizaba: la necesidad de entrar a territorios donde no es bienvenido por el solo hecho de vivir donde vive.

“Ser joven es un delito”, dice. Por eso optó por renunciar y regresar a su trabajo de antes. Eso, según comentan Armando Ramírez, de Ayuda en Acción; y Christian Torres, de la Asociación Integral de Redes Juveniles Rurales (AREJURES), es una marca de este tiempo: un retorno obligado a la agricultura para aquellos jóvenes que prefieren no cruzar invisibles fronteras de guerra, mantenerse seguros dentro de sus comunidades; un elemento más a la ecuación de un círculo de pobreza difícil de romper.

Por eso optó por renunciar y regresar a su trabajo de antes. Eso, según comentan Armando Ramírez, de Ayuda en Acción; y Christian Torres, de la Asociación Integral de Redes Juveniles Rurales (AREJURES), es una marca de este tiempo: un retorno obligado a la agricultura para aquellos jóvenes que prefieren no cruzar invisibles fronteras de guerra, mantenerse seguros dentro de sus comunidades, un elemento más a la ecuación de un círculo de pobreza difícil de romper.

En El Salvador, uno de los proyectos con más difusión para el impulso de la agricultura es el de los paquetes agrícolas. Para Ismael Merlos, de FUNDE, esto no significa ni siquiera un parche al problema: lo entregado por año a un productor en semilla mejorada y en abono le sirve apenas para sembrar un octavo de manzana.
El otro proyecto es Amanecer Rural, financiado con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Está compuesto por múltiples aristas, como la capacitación de agricultores y la provisión de insumos para el inicio de emprendimientos agrícolas. Pero todavía se antoja incipiente: solo unos cuantos miles de personas son beneficiarias directas de los proyectos generados por el programa.

“Las necesidades de la juventud rural son enormes debido a un monto de inversión en los espacios rurales que no ha sido cumplido”, dijo al respecto Perin Saint Agne, vicepresidente asociado del FIDA, la agencia de Naciones Unidas para la erradicación de la pobreza en zonas rurales, en su visita el año pasado al país para abogar por la aprobación de un nuevo crédito con la institución a la que representa, por un monto cercano a los $60,000,000.

En esa oportunidad, el funcionario afirmó que buena parte de los problemas sociales del país residen en la desigualdad. “Esto podría evitarse si se dieran las inversiones y el apoyo para desarrollar las capacidades, la educación, los sistemas de salud, la infraestructura y el acceso a mercados en la zona rural”, aseguró entonces. Es una medida estructural que suena obvia, pero que aún está lejos de convertirse en la prioridad de quienes deciden el destino del país.

Esta mañana en Masahuat, Álex Valdez y José Mendoza, a pesar de todos los problemas que significa ser agricultor en El Salvador, contemplan con fruición la tierra en la que el primero trabaja. Es un terreno ganado a una ladera de montaña, traspasada por múltiples afloramientos de roca. No es el mejor lugar para cultivar, pero años y años de experiencia logran sacarle frutos.

Esa habilidad es elogiada por Jorge Santos, el técnico en Seguridad Alimentaria de Ayuda en Acción, quien reconoce que toda capacitación como las que pronto se pretende dar en La Ruda requiere de una comunicación a dos vías: de los que como él tienen los conocimientos científicos; y de los que como nadie saben trabajar la tierra.
“Esta gente es muy valiosa. Es la encargada de que un país tenga seguridad alimentaria. Pero siempre terminan siendo las víctimas de malas políticas públicas o de la ambición. Eso debe cambiar si le queremos dejar un mejor país a nuestros hijos”, dice, pisando con fuerza la tierra bajo sus pies.

La tierra. José Mendoza posa con las tierras de su colega, Álex Valdez, en el fondo. Las mismas ya están ocupada por maíz, que esperan poder cosechar muy pronto.

 


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