Urgencias

Imagínese que enorme responsabilidad: tomar las riendas de un país, ser en buena parte el responsable de la definición de políticas que afectarán la vida de casi 10 millones de personas –porque además de los 6 millones de aquí dentro, están 3 millones allá afuera–.

En un escenario ideal, la transición de una administración a otra en el Ejecutivo sería un proceso ordenado, meticuloso y sistemático. Cada cartera tendría que haber preparado, desde mucho antes de las elecciones, un informe con el estado de las cosas. Este informe debería incluir detalles sobre el funcionamiento de cada ministerio o institución, desde su organigrama hasta la planilla, así como el estatus de ejecución de los proyectos, su programación de desembolsos y, finalmente, las recomendaciones, debidamente justificadas, de todo aquello a lo que se le debería de dar seguimiento.

En otros países esta es una costumbre que, sin estar plasmada en ninguna ley, se cumple con rigurosidad. Al final, se trata de hacerle un bien al mismo país: una transición ordenada y un traspaso de mando transparente y con suficiente información para quienes asumen hace que se reduzca el tiempo y el costo de la curva de aprendizaje.

Dejarle la mesa desordenada al que viene no beneficia a nadie. Talvez, y solo talvez, a quienes tengan algo que ocultar. Por lo demás, que los que lleguen a ocupar los cargos deban empezar de cero implica una inversión de tiempo y recursos que podrían destinarse a cosas más importantes.

En El Salvador, el 1.º de junio próximo el presidente electo y su Gabinete asumen un país por demás complicado: altos niveles de delincuencia, una tasa de homicidios que ha aumentado en el último mes, una economía con un crecimiento muy débil –2 % anual, cuando lo deseable para mejorar las condiciones de desarrollo humano de la población debería de ser al menos el tripe de esto–, corrupción en todos los niveles del Estado, hospitales sin medicamentos, escuelas desmanteladas y asediadas por pandillas y la lista podría continuar y continuar…

Y, bajo todo esto, un problema transversal que complica y limita el margen de acción del nuevo Ejecutivo: unas finanzas públicas deterioradas, con un alto nivel de deuda y una rigidez presupuestaria que hace difícil maniobrar el destino de la mayoría de los recursos que llegan a las arcas del Estado.

Este problema financiero ha hecho en el pasado que se deje de pagar obligaciones con proveedores, muchos de ellos pequeños y medianos, y también con los fondos para pensión. Este último problema se dio en 2017, cuando el Ejecutivo no canceló a tiempo las cuotas pendientes con estos fondos, formados por los ahorros para retiro de cientos de miles de trabajadores. El resultado fue que la calificación crediticia del país se degradó a niveles de “bonos basura”, algo que aún no se logra corregir del todo.

El Fondo Monetario Internacional lleva años promoviendo una corrección a las finanzas estatales vía una combinación de medidas de recorte de gasto y aumento de ingreso. Por el lado del gasto, propone congelar plazas y aumentos, revisar escalafones y aplicar metas más restrictivas de deuda y déficit. Para aumentar el ingreso, la fórmula del fondo incluye el aumento del IVA y la creación de un impuesto predial. Estas medidas, ampliamente impopulares, no han sido retomadas ni desde el Ejecutivo ni en la Asamblea Legislativa, a excepción de los escalafones para el sector salud, que simplemente no se incluyeron en el presupuesto desde 2017, y desde entonces se ha aplicado en apenas un 3 % de incremento.

La parte fiscal es una de las urgencias que deberá atender la nueva administración para tener cómo hacer frente a todo lo demás: asegurar servicios públicos de calidad, sobre todo en el área social, para beneficiar a los más pobres y vulnerables, a la vez que se atiende desde las políticas públicas el serio problema de criminalidad. Y todo esto habría sido más sencillo, al menos más barato y más rápido, con una adecuada transición.