Opinión desde acá

por Mariana Belloso, De cuentos y cuentas

 

Mariana Belloso
Periodista

Prioridades

¿Qué pasa en un país con más de 6 millones de habitantes, con 4 millones aptos para trabajar, pero donde solo unos 700,000 están cotizando? ¿Cómo coincide eso con una cifra oficial de desempleo que se mantiene en el 7 %?

El Salvador ha logrado bajar sus altísimas cifras de homicidios. La reducción ha sido marcada desde que Nayib Bukele asumió como presidente de la República. El mismo presidente y su gabinete de seguridad afirman que esto es resultado del Plan Control Territorial, del cual se han anunciado tres etapas: una de recuperación de territorios, aplicada a ciertos municipios considerados de mayor peligrosidad; una segunda que tiene que ver más con la reconstrucción del tejido social, y para la cual el Ejecutivo ha solicitado a los diputados que le aprueben un préstamo de $91 millones, y una tercera, que implica el uso de mejor tecnología al combate al crimen, y a la que el ministro de la Defensa atribuye la necesidad del aumento en la partida presupuestaria para su cartera durante 2020.

Aunque muchos dudan de que esta reducción en los promedios diarios de homicidios se deban únicamente al plan del Ejecutivo, y la relacionan con causas que van desde algún tipo de trato con las pandillas, hasta una señal de «buena voluntad» por parte de estas, las cifras son impactantes: De 11 homicidios diarios en 2017, en octubre se cerró con un promedio de 3.6.

Pero mientras los esfuerzos mediáticos y logísticos de la actual administración se centran en la parte de seguridad, otras áreas bastante sensibles para la población siguen requiriendo atención. Dos de las más importantes son la salud y la generación de empleo.

Por un lado, el presupuesto general del Estado para 2020 incluye aumentos en las partidas para salud y educación, pero los recursos se quedan cortos para la cantidad de urgencias que existen en ambas áreas. En salud, y pese a que hace algunas semanas las autoridades afirmaron que la red estaba totalmente abastecida, las carencias persisten, no solo en medicamentos, sino también en camas y otros recursos.

En educación, miles de docentes han detenido sus trámites de jubilación debido a que se les ofrecen pensiones muy bajas. Y mientras los maestros de mayor edad se aferran a sus plazas como única posibilidad de mantener un ingreso digno, otros miles salen graduados cada año sin encontrar posibilidad de ingresar al sistema.

En la parte económica, hay un ambiente de optimismo entre el empresariado. Las diferentes gremiales del sector privado han aplaudido la intención de cercanía del actual Gobierno, y el discurso que este ha mantenido en cuanto a la mejora del clima de negocios. Pero en la práctica, tenemos un Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE) —un indicador que se aproxima al Producto Interno Bruto (PIB) —, que cerró a septiembre de 2019 en 1.6, cuando en 2018 era de 2.76, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Y mientras tanto, se siguen perdiendo empleos. Septiembre cerró con 728,538 cotizantes al Sistema de Ahorro para Pensiones, es decir, 7,159 menos que el pasado mes agosto, y 1,528 menos que en septiembre del año pasado, según datos de LPG Datos, unidad de investigación del Grupo LPG. La población cotizante es un indicador de la salud del empleo formal en el país.

¿Qué pasa en un país con más de 6 millones de habitantes, con 4 millones aptos para trabajar, pero donde solo unos 700,000 están cotizando? ¿Cómo coincide eso con una cifra oficial de desempleo que se mantiene en el 7 %? Si solo 700,000 están cotizando, esa es la cifra de los empleos formales con protección social y previsional. Al resto de ocupados los absorbe la economía informal o el autoempleo, y esto tiene implicaciones tremendas.

En los países con tales niveles de informalidad hay problemas sociales —ingresos bajos, precariedad laboral, no se ahorra para la vejez ni se tiene acceso al seguro social—, económicos —menor ingreso de los individuos merma el consumo, la actividad económica sufre en su conjunto—, y fiscales —son las mismas empresas y los mismos asalariados quienes pagan los impuestos—, sin mencionar el efecto en el desarrollo humano de la población, en la distribución del ingreso y en las perspectivas de progreso social.

La lista de prioridades es grande, y aún estamos a la espera de conocer las grandes políticas que se aplicarán en estas áreas. Porque lo que hemos visto hasta hoy han sido acciones aisladas, que requieren de una articulación para convertirse en programas, y estos, a su vez, deben emanar de políticas basadas en información, en resultados, y en modelos, que aún no han sido anunciadas ni publicadas.

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  • 17 noviembre, 2019 / Opinión desde acá de Mariana Belloso  (SÉPTIMO SENTIDO)

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