La destrucción del medio ambiente como inversión

Tras los Acuerdos de Paz, El Salvador era entonces un país con muchas heridas, que se recuperaba de sus traumas y se encontraba en un estado de shock. Esto sirvió de excusa para poder responder a la crisis e implementar nuevas reformas tanto en lo político como en lo económico. Además de iniciar el proceso de democratización, se implementó un modelo económico que respaldaría el nuevo sistema político. Casi calcado del modelo chileno, y siguiendo directrices del Norte, se buscó no solo primar intereses de la élite nacional, también se adhirieron los intereses de grandes compañías extranjeras.

Pero, el problema no terminó ahí. Mientras estos cambios garantizaron estabilidad para un ínfimo porcentaje de la población, la gran mayoría de la población salvadoreña fue dejada de lado. Los años han pasado y, en la actualidad, vemos los efectos que provocaron estas reformas: desde la acentuación de la pobreza y desigualdad, hasta la vulneración de derechos sociales de poblaciones excluidas, servicios públicos de baja calidad, el incremento de la violencia y la expulsión de miles de compatriotas que se fueron en busca de un sueño (pese a que el camino a ese sueño fuese un infierno).

Es el año 2020, hubo cambio en el Ejecutivo, pero la lógica neoliberal de los 90s aún continúa siendo implementada. La actual administración está repitiendo lo mismo que sus antecesores hicieron, pese a la promesa de hacer las cosas diferentes. El actual presidente, aunque ofreció una plataforma electoral «antineoliberal», escondía diferentes propuestas que harían justamente lo contrario. «Locura es repetir una y otra vez lo mismo esperando resultados diferentes». A casi un año y medio en el cargo, es evidente que las nuevas ideas eran seguir inyectando viejas recetas económicas del siglo pasado.

En la búsqueda de asegurar mayor inversión, este gobierno está atropellando los derechos de muchas personas, a la vez que degrada nuestro medio ambiente y destruye nuestro patrimonio cultural. Ejemplos hay de sobra: La octava represa en Sensunapán, Tacuscalco, el proyecto habitacional en el Cerro Afate, y más recientemente, Ciudad Valle El Ángel, y el megaproyecto turístico Cancún de El Salvador en Isla Tasajera. Estos grandes proyectos inmobiliarios aumentan la vulnerabilidad de nuestros territorios, destruyen nuestra biodiversidad, fomentan la pobreza, y atentan contra la vida de nuestros pueblos indígenas y su memoria ancestral.

Fomentar la inversión va más allá de los clásicos «garantizar reglas» y «estabilidad jurídica». En este país, las reglas han estado muy claras y los permisos medioambientales son entregados a discreción, porque lo importante es «generar empleos» y «fomentar la inversión». Todo esto se hace con el objetivo de garantizar los intereses económicos de unos pocos, en detrimento de la población más empobrecida de este país, a quienes se les atropellan sus derechos y libertades económicas constantemente.