Una agenda legislativa a favor de los derechos humanos

Estamos a escasos cinco meses de las próximas elecciones legislativas, y los diferentes partidos políticos y sus candidatos deberán presentar sus propuestas muy pronto. Dentro de la oposición, abundan los candidatos y las candidatas cuya única carta de presentación es ser eso: «oposición». Genera preocupación que, dentro de este grupo heterogéneo, hay voces que ven la protección a los derechos humanos en un segundo plano. Pareciera que lo único que les califica para obtener una diputación es evitar una «dictadura», o el control total de la Asamblea Legislativa por parte del oficialismo. Demostrando así, una visión muy cortoplacista y sin objetivos.

Pese a que es muy temprano para exigir propuestas, sí es un buen momento para demandar a los partidos políticos que no pierdan el enfoque. Esta legislatura (al igual que sus antecesoras), ha prolongado el debate para proteger derechos humanos fundamentales. Aunque la actual legislatura finaliza en mayo de 2021, la coyuntura electoral podría frenar cualquier discusión.

Entre los temas pendientes de legislar, figura la protección de derechos de los pueblos indígenas, que aseguraría sus derechos económicos, sociales y políticos. Igualmente, se ha prorrogado la aprobación de una Ley de Identidad de Género para personas Transgénero y Transexuales. Esta falta de reconocimiento incide en la exclusión del sistema escolar, acceso a salud, e inclusive, en generar impunidad en crímenes de odio basados en la orientación sexual e identidad de género.

Asimismo, la protección de las personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, permanecen siendo temas pendientes en materia legislativa. Esto preocupa aún más en un contexto en el que los ataques desde el oficialismo a activistas de derechos humanos y periodistas están incrementando. Por otro lado, no retomar la discusión sobre la Ley de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, mantiene en la impunidad muchas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado, permitiendo la falta de acceso a justicia y verdad.

De igual forma, los derechos de la población salvadoreña más empobrecida permanecen siendo violentados ante la falta de legislación que regule el acceso a agua potable y alimentación de calidad. Parte de este problema, es que el agua y la alimentación no son vistos como un derecho, sino como un negocio. Por último, permanece pendiente la reforma del artículo 133 del Código Penal que salvaguardaría el derecho a la salud reproductiva y la vida de las niñas, adolescentes y mujeres salvadoreñas.

La falta de visión en muchos candidatos de la «oposición» se traduce en propuestas populistas, irrealizables, y sin una ideología clara; mientras la población salvadoreña más desprotegida, continúa sufriendo diferentes estigmas. Ante la eventual incapacidad de la actual Asamblea Legislativa por retomar estos temas, los candidatos deberán demostrar su compromiso con la aprobación de esta legislación.

Es importante mantener el sistema de pesos y contrapesos, y el rol fiscalizador de la Asamblea Legislativa, pero esto no es excluyente de protección de derechos humanos, que es uno de los elementos de un Estado Democrático de Derecho. No podemos vivir en democracia si no aseguramos los derechos de gran parte de la población salvadoreña que ha vivido excluida y violentada. La oposición debe tener una postura clara y fuerte en cuanto a asegurar los derechos de la población salvadoreña. Creer que los derechos humanos no son prioritarios, también atenta contra nuestro mismo sistema democrático.

Incoherencias de la A hasta la Z

Estamos a unos meses que se cumplan 40 años de una de las peores masacres ocurridas en Latinoamérica. Durante la Operación Rescate, soldados del Batallón Atlacatl masacraron a 1,725 personas del cantón El Mozote y lugares aledaños. La mayoría de las víctimas fueron niños y niñas. Casi 40 años después de ese fatídico diciembre de 1981, el Estado salvadoreño no ha tenido un verdadero compromiso contra la impunidad.

De las administraciones de ARENA nunca se esperó mucho. Su rol de encubrimiento y protección a criminales de guerra estuvo siempre claro. El FMLN, que se proyectó como un cambio, se jactó de pedir perdón y reconocer la responsabilidad del Estado en la masacre. Pero, más allá de derramar lágrimas en El Mozote, continuó la negativa de revelar los archivos militares. Si bien es cierto este compromiso lo tuvieron que asumir las administraciones pasadas, ahora esta responsabilidad recae sobre el gobierno de turno. Y, en este caso, la administración de GANA ha sido, cuanto menos, incoherente y ha manejado un doble discurso.

En sus primeros días, el presidente ordenó eliminar el nombre del coronel Domingo Monterrosa del Cuartel de la Tercera Brigada de Infantería. Pero, al mismo tiempo, eliminaron la Secretaría Técnica y la Secretaría de Inclusión Social, encargadas de coordinar las medidas de reparación hacia las víctimas. Para evitar críticas a esa medida, el presidente sostuvo una reunión con las víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños. Sin embargo, el presidente nombró viceministro de Defensa al apoderado legal de acusados en la masacre de El Mozote. Posteriormente, el presidente expresó su compromiso con la verdad, al prometer abrir los archivos militares «de la A hasta la Z».

Cuando llegó el momento de la verdad, el Gobierno ya no se adhirió a sus compromisos. En marzo, el Estado Mayor negó el ingreso de las comisionadas del Instituto de Acceso a la Información Pública, quienes llegaron a realizar una diligencia administrativa para conocer archivos militares relacionados con la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975. Y más recientemente, desobedeciendo una orden judicial, se bloqueó la inspección de archivos militares que podrían esclarecer la masacre de El Mozote.

Este último hecho es el que preocupa, ya que la negativa del Gobierno no solo viola la independencia judicial, también podría incurrir en posibles delitos penales. Es preocupante también el rol que la Fuerza Armada está teniendo, la cual no se apega a su mandato constitucional o a un poder civil. Existía un mito según el cual esta era la institución que más había cumplido los Acuerdos de Paz, pero esta administración, no solo le ha brindado mayor protagonismo, también le ha regresado su rol intervencionista en la toma de decisiones, desmitificando lo que se creía.

El falso compromiso de esta administración es un menosprecio hacia las víctimas, a quienes se les engañó de la manera más burda. Cuando el presidente vetó la Ley de Justicia Transicional, dijo que era absurdo que las víctimas del conflicto armado esperaran 40 años por justicia. Negarse a abrir los archivos militares solo confirma su compromiso con la impunidad, y si el presidente continúa negándose, los años se irán sumando. En este punto es válido preguntarse, ¿a qué intereses responde el presidente? ¿Quién gobierna el país, las Fuerzas Armadas o el presidente de la República?

Memoria para no olvidar, justicia para no repetir, verdad para sanar

«Si el juez nos pide de la A a la F, nosotros vamos a hacer hasta la Z. No es que necesitemos una orden judicial para hacerlo (…) creemos que la única forma de sanar las heridas del pasado, es que se sepa la verdad». Esta fue la respuesta del presidente Nayib Bukele el 1 de noviembre de 2019, tras la pregunta de un periodista quién le increpó si acataría la orden del juez Jorge Guzmán de abrir los archivos militares.

A casi un año de que el presidente brindara estas palabras a la prensa, las víctimas del conflicto armado aún no conocen la verdad. Las víctimas fallecen sin conocer justicia; y los victimarios, fallecen sin ser juzgados. A casi un año de que el presidente expresara con tanta firmeza su compromiso con la verdad, los archivos militares permanecen ocultos al escrutinio.

No obstante, no todo es responsabilidad de la actual administración. Y, si de repartir culpas se trata, tanto ARENA como el FMLN tienen responsabilidad al mantener todo en la opacidad. En lugar de apoyar a las víctimas y fomentar la memoria histórica, bloquearon la verdad, necesaria para una verdadera justicia. Y, contrario a los Acuerdos de Paz, devolvieron protagonismo a las Fuerzas Armadas. Continuaron idolatrando a militares implicados en crímenes de lesa humanidad.

Tampoco la responsabilidad es enteramente del Órgano Ejecutivo. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, aprobaron una Ley de Amnistía de facto en febrero de este año, que posteriormente fue vetada. Actualmente, el decreto 575 duerme el sueño de los justos, ya que el veto no ha sido superado; y la Sala de lo Constitucional, debe darle seguimiento a la Sentencia 44-2013.

La falta de justicia, el bloqueo a la verdad, y la supresión de la memoria histórica han abonado al ejercicio autoritario del poder de un presidente que no se somete a los fallos de la Sala de lo Constitucional, que no respeta la separación de poderes, que glorifica a las Fuerzas Armadas y hace uso de ellas de forma desproporcionada. El 8 y 9 de febrero son una prueba fehaciente de que, como sociedad, no debemos olvidar todo lo que sucedió en el conflicto armado. Olvidar, nos lleva a repetir.

La sociedad salvadoreña es una sociedad herida y resquebrajada. Como diría el poeta: «Deberían dar premios de resistencia por ser salvadoreño». Algunas ocurrieron en 1932, otras en 1975, 1980, 1989…. Ninguna de estas heridas han sanado, ya que no se ha esclarecido lo que sucedió, y ningún caso ha llegado a la etapa de sentencia. Pero, en medio de tanta oscuridad, hay luces de esperanza. Tanto el trabajo del juez de instrucción Jorge Guzmán, como el juicio en Madrid del coronel Montano, abren una ventana de oportunidad para una sociedad a la que no dejan sanar, y que viven continuamente lastimando.

¿Los hombres tenemos privilegios?

Empecemos por algo básico: Todos los hombres, solo por el hecho de serlo, tenemos privilegios. La visión androcéntrica bajo la cual se ha constituido esta sociedad, nos ha posicionado en una escala jerárquica más elevada que a las mujeres. Y los valores machistas bajo los que nos han educado han normalizado esta situación.

Hablando desde mi experiencia, a mí nunca se me han increpado por la forma en cómo me visto, tampoco he recibido acoso callejero, mucho menos mi integridad física o psicológica ha sido violentada por una mujer. Si me enojo, o ando de malhumor, nadie me dirá que es por culpa de la menstruación. Si consigo un empleo, o un ascenso, nadie pensará que ha sido porque me encamé con mi jefe.

Un hombre heterosexual jamás recibirá discriminación o ataques de odio por su heterosexualidad. La vida de un hombre heterosexual jamás estará en peligro por amar a una mujer. La vida de un hombre heterosexual no correrá peligro simplemente por ser quien es. ¿Por qué? Porque hay un sistema heteronormativo y patriarcal que ha impuesto relaciones heterosexuales y excluye a la población LGBTIQ+. Debido a esto, se reproducen patrones y conductas de discriminación y odio que pueden ir desde la negación de su identidad, hasta poner en peligro su integridad física. Y, así, hay una larga lista de privilegios que los hombres tenemos y que muchas veces ignoramos tener.

De por sí, las mujeres, solo por el hecho de serlo, tienen obstáculos en diferentes ámbitos, como el laboral, político, familiar. No obstante, existen otros factores de discriminación que aumentan su vulnerabilidad. Nos quedaríamos cortos si pretendiéramos analizar las desigualdades y abordar sus soluciones tomando en cuenta solo una arista. En un país tan desigual como El Salvador, existen estructuras de dominación que generan desigualdad de género, etnia, clase social, religión, edad, entre otros. Entender y analizar estos problemas de desigualdad, conlleva el realizar un análisis desde la interseccionalidad.

Es decir, entender las desventajas que tiene una persona o una población específica no se puede hacer de forma aislada (especialmente, cuando son desigualdades sistémicas). Diferentes estructuras de poder se interrelacionan y generan exclusión: el patriarcado, androcentrismo, colonialismo, xenofobia, racismo, el capitalismo, entre otros. Así, por ejemplo, las ventajas sociales que pueda tener un hombre, blanco, heterosexual, y clase alta, no serán las mismas que pueda tener una mujer trans, indígena, lesbiana, y clase baja.

Admitir y reconocer estos privilegios puede que no sea un proceso fácil, sobre todo, cuando nos beneficiamos de ellos. De hecho, está tan normalizado que cuando se nos increpa, automáticamente nos defendemos y buscamos de alguna forma victimizarnos. El privilegio «per sé» no es malo, el problema está en mantenernos dentro de esa burbuja de ecpatía y pasividad. El problema está en no querer hacer nada con nuestros privilegios. No basta con ser solidario, también implica empatía y acciones acordes a la forma en cómo pensamos.

Una sociedad más inclusiva y diversa

En nuestro país existe una gran resistencia, sobre todo de sectores más conservadores, para garantizar los derechos de la población LGBTIQ+. Esta negación y violación a sus derechos sucede porque hemos construido una sociedad de exclusión, basada en un sistema heteropatriarcal, que defiende preceptos religiosos antes que principios democráticos y derechos humanos.

Usualmente, se ocupa el término «LGBTfobia» para describir toda conducta negativa hacia esa población pero, probablemente, lo más adecuado sea usar la palabra odio, ya que no es temor lo que se expresa. La mayoría de las veces, el odio se transmite por comentarios que niegan la identidad y orientación sexual de la población LGBTIQ+. Muchas personas, para validar y legitimar su odio, se respaldan de la pseudo ciencia, con el objetivo de deshumanizar. Lo que es un hecho, es que la ciencia ha demostrado que el sexo y el género, son todo menos binario. El sexo biológico es más complicado que XX o XY, y tal como explica la neurocientífica Simón(e) D Sun, «el sexo biológico no está tallado en piedra, sino, es un sistema vivo con potencial de cambio».

Junio es considerado como el Mes del Orgullo LGBTIQ+, y sirve para visibilizar la lucha diaria que vive esta población en contra de la discriminación y la negación de sus derechos fundamentales. Pero junio ya finalizó, y los derechos de este gran segmento de la población se continúan atropellando, ya que no existe un marco jurídico que reconozca su derecho a definir de manera autónoma su identidad de género. Por si no fuese poco, la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans en El Salvador (COMCAVIS TRANS) ha registrado más de 600 asesinatos de personas LGBTIQ+ desde 1993 en El Salvador, en donde los hombres son los principales victimarios.

Construir una sociedad más inclusiva y diversa depende de todas las personas que le integran pero, en ello hay grandes cuotas de responsabilidad para los grupos más privilegiados y que gozamos libremente de nuestros derechos. A quienes nos corresponde cambiar y asumir responsabilidades, es a la población cisgénero, especialmente a los hombres y quienes viven su masculinidad de forma agresiva, violenta y tóxica.

Pero no se puede construir, si no destruimos antes. Nuestro deber es botar estereotipos y patrones machistas, y plantarle cara a la discriminación en los espacios de socialización de los que somos parte (amigos, en casa, colegio, universidad, iglesia, trabajo, etc.). Esto lo podemos hacer reeducándonos, no permitiendo «bromas» que fomentan odio en chats, y conductas violentas hacia la población LGBTIQ+. En Latinoamérica existen buenas prácticas, como es el caso del Instituto de Machos a Hombres en México, o el Instituto de Masculinidades y Cambio Social, en Argentina, que promueven programas de re educación y contribuyen a construir masculinidades más conscientes y positivas.

A los hombres se nos educó bajo la premisa de «ser hombre es ser macho», cuando, en realidad, existen diversas masculinidades. Como varones cishetero, debemos sensibilizarnos y cambiar el enfoque de cómo entendemos la masculinidad, promoviendo el respeto, la libertad y fomentando la inclusión e igualdad. Sin embargo, también hay que comprender que sentirse «deconstruido» es un autoengaño y lleva al acomodamiento. Tal como lo señala Nicko Nogués, esta acción debe ser asumida cada día en un presente continuo infinito, no como un participio pasado.