“Si la salud no es un bien público, ¿cómo vamos a pretender que lo sea la vacuna?”
Gabriel Baracatt, director ejecutivo de Fundación Avina, lidera una iniciativa para que Latinoamérica tenga acceso equitativo a las vacunas contra covid-19, a través de datos transparentes sobre el proceso.
Con una amplia trayectoria en desarrollo sostenible, protección del medio ambiente y biodiversidad en Bolivia y América Latina, Gabriel Baracatt es, actualmente, director ejecutivo de Fundación Avina, organización que promueve el desarrollo sostenible y la defensa de las democracias en América Latina.
Desde ahí, surge una iniciativa que busca, en palabras de Baracatt, que las poblaciones determinen la eficiencia de sus gobiernos a través del acceso a datos transparentes sobre el proceso de vacunación en sus respectivos países. Así, Avina desarrolla, en su portal online, el gráfico “Covid-19: proceso global de vacunación”, con estadísticas actualizadas de algunos países y estimaciones del tiempo que les tomaría vacunar a sus poblaciones.
Las valoraciones para la región centroamericana no son alentadoras: solo a El Salvador le tomaría 720 semanas (más de 13 años) concluir con el proceso al ritmo actual de vacunación. Las estimaciones para Costa Rica se reducen mucho más que las de El Salvador, pero no dejan de ser preocupantes: desde la última actualización, el 15 de marzo, tardaría 137 semanas (dos años y medio) en vacunar a toda su población. Para Guatemala, el gráfico estima un total de 920 semanas (17 años) y para Honduras, 5,098 (98 años).
¿Por qué existe la carrera por ver quién vacuna más?
Como nunca antes en la historia de la humanidad, la industria farmacéutica desarrolló una vacuna en once meses. Los gobiernos, por la desesperación de sus poblaciones, inician una búsqueda acelerada y desesperada de proveedores de vacunas porque, claro, no son muchas las empresas proveedoras a nivel global. De esa manera, es que se da que muchos países, sobre todo países ricos, han negociado con tres o cuatro empresas desarrolladoras de vacunas. Esto ha generado, entonces, un tremendo acaparamiento ante la desesperación de las poblaciones y ante la caída económica. A un problema global hay que buscarle una solución global. La tesis que manejamos es que, aunque se vacune un país, si el país vecino todavía no ha terminado de vacunar a su población, todavía existe presencia del virus. Si no se contribuye a que el vecino también vacune, la enfermedad sigue estando en el área.
¿Qué factores influyen en el atraso en el proceso de vacunación de algunos países? Como es en el caso de Latinoamérica o, de forma más específica, la región centroamericana.
Hay factores que pueden verse como una especie de “regla”. Uno, la absoluta necesidad de tener líderes y gobiernos eficientes y transparentes. Dos, el trabajar del lado de la ciencia. Los gobiernos que dejan de lado la ciencia tienen serios problemas con el manejo de la pandemia. Existe una bajísima calidad en acceso a la información. Hemos establecido un contador en el que usted monitorea el nivel de vacunación, la cantidad de personas y las semanas que necesita el país para vacunar a la totalidad de su población. Hay un promedio de 90 semanas para que los países terminen de vacunar al total de su población, casi dos años.
¿Qué implicaciones tienen los países que se convierten en los primeros en vacunar a sus poblaciones?
Van a empezar a regular sus actividades económicas, que es lo que se estaba buscando por el impacto terrible de la pandemia en las economías. Por tanto, eso implicará tener una reactivación económica más acelerada. Aquí aplica bien el concepto de “no queremos ir tan rápido porque queremos llegar lejos”. No va a ser suficiente que dos o tres países tengan a toda la población inmunizada si esa población viaja, intercambia o se conecta con otros países que aún no estén totalmente inmunizados. Va a ser fundamental que entendamos que compartimos una casa en común, compartimos una aldea común y no hay salvación individual. O salimos juntos, o no salimos, pero nadie va a poder salir solo.
El acceso a la información en Centroamérica no ha sido el mejor, ¿podría hablarse de la vacuna como “bien público” a pesar del déficit en el acceso a datos sobre la pandemia?
Hay que entender bien qué es un bien público, porque, muchas veces, el bien público es aquel al que toda la población accede en igual cantidad. Si el agua es de una calidad para un barrio y de otra calidad para otro, no es un bien público: no todos están gozando por igual de un bien de calidad. Queremos que se asegure un acceso equitativo y asequible en todo el mundo. No es que el que tenga plata compre una vacuna en $40 y el que no, que se muera. ¿Cómo hacemos para que todos tengan un acceso en igual forma? ¿Cómo garantizamos que estamos vacunando a la población de la manera en que corresponde?
Imaginemos que la vacuna no fuera un bien público, y que solo estuviéramos sometidos a las decisiones de las farmacéuticas, a que ellos establezcan los precios que quieran. Porque hoy tenemos 7 u 8 laboratorios a nivel global, con un mercado cautivo de 7 mil millones de habitantes, que deciden y ponen condiciones. Agradecemos el esfuerzo que hicieron por darnos una vacuna en tan poco tiempo, eso deja en claro el gran avance científico que tiene la humanidad en la actualidad, pero tampoco podemos dejar que este sea un negocio de lucro puro. Necesitamos mecanismos multilaterales de cooperación y colaboración que permitan que la vacuna llegue a todos los ciudadanos de todos los países y la región. Si alguien se va quedando atrás, estamos muy complicados como humanidad.
¿Qué retos extra enfrenta la etapa de vacunación cuando no existe claridad ni siquiera en el número de contagiados por covid-19 de parte de las instituciones oficiales?
Aquí se toca un tema central: como sociedad civil, tenemos que exigir es el derecho a estar adecuadamente informados. Tenemos derecho a acceder a información transparente porque, con base en eso, se tienen que tomar todas las decisiones. Por tanto, estos mecanismos medio oscuros de ocultar la cantidad de fallecidos no muestran una sociedad “sana” que no tiene afectados por covid-19, lo que muestra es una sociedad que no brinda acceso a la información. Ese es el problema: esta campaña se ha dirigido con miedo, una de las emociones que más paraliza.
¿Considera que es suficiente la supervisión de los gobiernos para garantizar que la distribución de la vacuna sea transparente e igualitaria?
Gran parte de nuestros países, tristemente, han tenido casos de “vacunación VIP” o lo que se conoce como “vacunagate”. Está bien impuesta la cultura del privilegio por sobre el derecho del otro. Lo que quiero decir es que la gente no se está saltando la fila para entrar al circo, aquí, el que esté sacando vacuna a quien no le corresponde está dejando a un trabajador de primera línea sin derecho.
¿Qué otras instituciones deberían de involucrarse en el proceso de aplicación de las vacunas?
Es una pena que tengamos que recurrir a esto como región. En otros países, donde la cultura del privilegio no es predominante, no hay necesidad de que nadie fiscalice porque las cosas funcionan. Las vacunas llegan y se distribuyen en el sistema de salud. En otros países, no hay necesidad de convocar a nadie, el ejemplo viene desde los líderes. El papel de los líderes es fundamental para mostrarle confianza a la población. En nuestros casos, en nuestra región, vemos situaciones de información irregular y vacunación con fines políticos. Entonces, la vacunación sí tiene que ser en el marco de los sistemas nacionales de salud, pero en el proceso debe existir supervisión. Esta supervisión tendría que ser la sociedad civil a través de organizaciones vinculadas a la transparencia, que puedan contribuir a fiscalizar el proceso. Ojalá y solo fuera una sugerencia, porque los países quieren hacer las cosas bien y no desde el control para evitar que se alteren los protocolos.
¿Se puede, en Centroamérica, hablar de la vacuna como bien público, pese a sistemas de salud pública saturados y deteriorados?
El gran valor que tiene el tema de la pandemia es que nos ha demostrado el nivel de abandono que tiene la salud pública en nuestros países. El nivel de abandono que tiene la ciencia, en general, en nuestros países. Nos damos cuenta, primero, porque quienes han gestionado y han pagado sus tratamientos en clínicas privadas han recibido mejores cuidados.
Ahí es donde se dice: si la salud no es un bien público, ¿cómo vamos a pretender que la vacuna lo sea? Queremos que esto provoque algunos debates clave en una sociedad. Que se empiecen a cuestionar la salud, la educación. Si hay algunas lecciones que podemos sacar del covid-19 tenemos: uno, qué significa tener un gobierno transparente, eficaz y eficiente. Dos, lo que significa la responsabilidad que tiene un ciudadano al emitir su voto.
Según el gráfico del proceso global, solo a El Salvador, al ritmo actual, le tomaría 720 semanas, más de 13 años, concluir el proceso total de vacunación contra covid-19. ¿Qué acciones concretas podrían tomarse para reducir este tiempo?
Si calculamos que cada año tiene un total de 52 semanas, imagínese cuánto le falta. Estamos hablando de que no va a haber población que aguante en condiciones de cuarentena o sistemas de salud que aguanten esas condiciones. Por lo tanto, hay que exigir a los gobiernos mayor eficacia para acelerar el proceso de vacunación. Por otro lado, hemos visto que hay países ricos que han acaparado la compra de las vacunas y han adquirido cinco veces la cantidad de vacunas que necesitan para el total de sus poblaciones, como el caso de Canadá. Queremos que se reduzca este acaparamiento y concentración para que la mayoría de la población pueda acceder a la vacuna. Por otro lado, pedir a los gobiernos que aceleren y creen mecanismos de cooperación, por ejemplo, como en el caso centroamericano a través del Sistema de Integración Centroamericana.
El planeta entero está buscando vacunas y no hay más de 10 laboratorios con productos, hay 7 mil millones de habitantes que quieren comprarlas. Aquí lo necesario es exigir a los gobiernos que la prioridad número uno sea la adquisición y vacunación de su población. Caso contrario, se van a tener estadísticas como la de El Salvador que, al ritmo actual, terminaría el proceso en 720 semanas.
¿Cómo se podría poner en práctica una estrategia de vacunación completa y accesible para el Triángulo Norte, tomando en cuenta la migración?
Debe de trabajarse una estrategia con colaboración regional. El gran drama que estamos viendo es que el migrante que llega a un país no está siendo considerado sujeto de vacunación. Eso nos genera una preocupación adicional, porque, primero, están vacunando a los nacionales y, después, verán si vacunan a los extranjeros, a los migrantes. Si pensamos en la vacuna y en la vacunación como bien público, no podemos ignorar una realidad como la migración.
¿Podríamos hablar de una “vuelta a la normalidad” próxima en El Salvador o en otros países de la región?
Hasta que no exista una inmunidad total, pueden seguir apareciendo variantes del virus que puedan generar más casos. No habrá tanta libertad de tránsito hasta que se inmunice a buena parte de la población. Por eso, yo creo que esta “vuelta a la normalidad” va a tardar en llegar y creo que ya hay cosas que han cambiado, de alguna manera, para siempre. Algunas cosas llegaron para quedarse con esta pandemia.