La esperanza puesta en un tanque de oxígeno

Fotografía de La Prensa Gráfica – Archivo

En San Salvador, en la 25 avenida norte, la gente, adentro de sus carros, forma largas filas para esperar por uno, dos o más tanques de oxígeno medicinal. Serán unos 30 o 50 autos, la cantidad varía entre las primeras horas de la mañana y el mediodía, a las afueras de una empresa de equipos e insumos médicos. Ahí, como primero en la fila, está Reynaldo, un hombre calvo con una barba de candado, una calzoneta comando y una camisa negra que hace alusión a una banda de thrash metal.

Para ser el primero, Reynaldo, ha tenido que madrugar. Espera desde la cinco de la mañana para poder ser atendido a las 8:00 am. Aguarda en su carro y lo acompaña, en el asiento del pasajero, un tanque vacío de 370 pc, el cilindro de mayor cantidad, para cargar oxígeno medicinal. Su madre, una mujer de 66 años, tiene problemas para respirar. Su saturación de oxígeno, según Reynaldo, alcanza el 82% cuando esta debe rondar, al menos, entre el 95% y 100%. Ella siente, dice, algo así como un fuerte y constante «apretujón» en su pecho. Y eso la mantiene cansada y sin habla.

«Lo primero que le dio fue la fiebre de 38 grados, la tos; luego, vino el cansancio que fue de a poco. Aunque llegó un momento en que se quedó sin aire y me la tuve que traer de emergencia», cuenta Reynaldo.

La emergencia -la madrugada del 25 de Junio- obligó a Reynaldo a viajar con su madre hasta el Hospital Nacional Zacamil, en el municipio de Mejicanos, pero no fue atendida. Eran dos o tres médicos para un océano de pacientes que no alcanzaban a llegar hasta la sala de emergencia y esperaban en el parqueo del lugar. El espacio había colapsado ante el incremento de los casos por coronavirus que, según las cifras oficiales, ya alcanzan los 8,566. Y, la semana pasada, superó los 13 mil.

En una entrevista radial, Francisco Alabí, ministro de salud, aseguró que el sistema y la red de atención para el tratamiento del covid-19 «está al 100%». Esto a pesar de mantener por tres meses una declaratoria de emergencia que desembocó en una cuarentena domiciliar obligatoria desde el 21 de marzo y restricciones de movilidad que limitaban la circulación de los ciudadanos a fechas específicas, de acuerdo al número de identidad, hasta el 16 de junio.

Alabí también enfatizó en lo necesario que es conocer tratamiento y evolución de un paciente que llega con una dificultad respiratoria y necesidad de oxígeno al sistema de salud: «Los hospitales tienen el oxígeno necesario en relación a la capacidad que tienen las áreas hospitalarias, pero no para cada salvadoreño que se contagie», expresó Alabí en su momento.

En El Salvador, los pacientes con covid-19 son atendidos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) e Intermedios. Una capacidad instalada de UCIS que a nivel nacional, de acuerdo al gobierno, ronda las 105 camas. Una cantidad que se distribuye en: 21 unidades en el Hospital Nacional Rosales, 20 en Hospital de Niños Benjamín Bloom, 15 en Hospital Militar Central, 15 en Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar Saldaña, seis en Hospital Nacional Zacamil y cuatro en el Hospital Nacional San Rafael.

Sin embargo, el Ministerio de Salud detalla que la cantidad de pacientes en estado crítico es de más de 500 personas, mientras que otras 1,000 se encuentran graves. Lo que supone un total 1,500 salvadoreños para 105 camas. Es decir, el sistema de salud tiene, de momento, una capacidad para atender menos del 10 % de estos casos.

Larga espera. La gente espera por horas para poder comprar tanques de oxígeno en la capital.

Cuando su madre no fue atendida, Reynaldo decidió instalar su propia UCI en su hogar. Preparó un cuarto para aislar a su madre con dos tanques de oxígeno de 370 pc, una cánula nasal, agua destilada, un vaso humidificador, una cama y un médico disponible por teléfono. También canceló un depósito por los cilindros por $452 y compró un regulador de aire por $250. Y paga, diariamente, por la carga de oxígeno -en cada tanque- $26.39. Un gasto que se suma a la cuenta de sus tarjetas de crédito.

“Los cilindros de oxígeno no se alquilan, como se informaba recientemente, y básicamente el procedimiento es dejar un depósito en garantía (varía el monto de acuerdo a cada presentación), ya que los cilindros son propiedad de INFRASAL y no se venden, el único que en algún momento puede comprarse es el cilindro de 23 PC (que es fácil de mover para viajes), en el caso que se tenga existencias. Por lo anterior, el depósito único (no es mensual) por cilindro será devuelto íntegramente con IVA si es antes de los tres meses, y sin IVA después de los tres meses (se paga a Hacienda)”, explica René Montiel, gerente de mercadeo y comunicaciones de Grupo Infrasal.

«En los hospitales a uno solo le avisan para ir a recoger el cuerpo. Así que me han dado todas las instrucciones para el tratamiento del covid-19 desde casa», dice Reynaldo mientras enciende su automóvil e ingresa a las instalaciones, tras cuatro horas de espera, para recargar un tanque. Un procedimiento que luego de dos semanas se ha materializado en una suma de $1,800.

La tasa de casos por coronavirus apunta un ascenso. Esto ha coincidido con el aumento de la demanda de tanques medicinales de oxígeno que rondan los precios de $6.05 por la carga del cilindro de 23 pc y un depósito de $84.75; $19.21 por un tanque de 220 pc y $226 de depósito; mientras que el de 110 pc equivale a un recargo de $11.24 y $158.26 por depósito.

“El tiempo y la creciente demanda han causado colas en la sala de venta de la Colonia Médica (ahora ya tenemos separado el servicio para particulares (esquina frente al Guadalupano), con eso hemos agilizado sustancialmente el servicio, que se suma a la aplicación de un estricto protocolo de desinfección de los cilindros para resguardar la salud de nuestros colaboradores, y la de nuestros clientes”, agrega el gerente Montiel, en nombre de Infrasal.

 

En fila de peatones está Sonia. Una mujer de 60 años que espera sentada bajo un árbol de Laurel, el único, que da un poco de sombra entre una jungla de pavimento a la que solo le adornan clínicas, farmacias y oficinas administrativas. Escondida detrás de su doble mascarilla de tela negra narra que, hace solo una semana, adquirió un tanque de oxígeno que le ayudaría asistir a su esposo luego de que el seguro privado dejó costear el tratamiento por covid-19.

En esta mañana, Sonia comenta que su esposo empezó con unas fiebres, «tosecitas» y un cansancio al andar: «En el hospital me le dijeron que era covid-19, pero no sé. No sé si le hicieron pruebas. El doctor solo me pidió un tanque de 220 pc para empezarlo a tratar en la casa, porque el tratamiento ahí era muy caro».

Con las indicaciones del médico, Sonia pudo reunir lo del depósito y la carga de oxígeno, pero no tenía para más. Así que ha vuelto por el depósito tras no utilizar el cilindro, cree que este día, podrán transferir a su esposo hacia un centro de atención del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

«No me lo pueden dar con ese cansancio. Me dijeron que este tanque le iba a durar 24 horas. No lo podía pagar. Me dijeron que me lo van a mandar para allá», susurra Sonia mientras se levanta y llega su turno para entrar.

“En los hospitales a uno solo le avisan para ir a recoger el cuerpo. Así que me han dado todas las instrucciones para el tratamiento del covid-19 desde casa”, dice Reynaldo mientras enciende su automóvil e ingresa a las instalaciones, tras cuatro horas de espera, para recargar un tanque. Un procedimiento que luego de dos semanas se ha materializado en una suma de $1,800.

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Debido al colapso del sistema de salud para la atención de pacientes bajo sospecha de covid-19, algunos enfermos han tenido que esperar, al menos, dos o cuatro días para ser atendidos en Unidades de Salud de la red pública o centro médicos del ISSS. De acuerdo a Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico, hay pacientes con oxígeno en espacios que no son hospitalarios mientras aguardan un cupo para ser trasladados.

«Hemos sido informados de que todo el sistema está saturado. No solo son los hospitales, también son las unidades médicas del seguro social y las unidades de salud», asegura el Presidente del Colegio Médico. Entonces, ¿Con qué cuenta el gobierno para combatir la pandemia?

En cadena nacional, hace poco más de un mes, el presidente Nayib Bukele, inauguró el Hospital El Salvador. Un espacio que, de acuerdo con el mandatario, contará, de manera gradual, con 1,000 camas UCIS y otras 1,000 de cuidados intermedios. Aunque, de momento, en su primera fase, solo dispone de 400 unidades: 105 para cuidados intensivos y 295 de uso intermedio. Un número de camas que aliviaría la saturación del sistema. A pesar de ello, solo se ha recibido un «número limitado» de enfermos de covid-19 previamente referidos por los hospitales nacionales.

La idea es absorber a los pacientes que están graves en la primera etapa, aseguró Manuel Bello, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital El Salvador: «Estas 400 camas equipadas se usarán de forma gradual. No es conveniente recibir la misma cantidad de pacientes cuando se comienza un proyecto de este nivel. Tampoco cuando el personal se va adaptando a las instalaciones», explicó Bello en una entrevista televisiva.

La operatividad del Hospital El Salvador también se ha limitado al uso de las 105 camas UCIS. Esta construcción que fue agenciada por Nayib Bukele como el hospital «más grande de Latinoamérica» para atender pacientes por covid-19, tampoco da uso completo a los 14 kilómetros instalados de una red de oxígeno y aires médicos para el funcionamiento de, al menos, 1,000 unidades de cuidados intensivos. Algo que se traduce en dos tanques que ocupan 30,000 galones de oxígeno medicinal.

Antonio ha venido en caravana junto a una ambulancia de la municipalidad de Nejapa. Su peregrinación inició desde Soyapango y ha terminado en la colonia médica de San Salvador. El joven asegura que ante las filas interminables por oxígeno -en la capital- decidieron probar suerte en otra sucursal, pero el personal del establecimiento que se encuentra sobre el bulevar del Ejército le informó sobre el desabastecimiento de cilindros de 23 pc.

En busca de alivio. La demanda de tanques de oxígeno creció ante la falta de cupos en los centros asistenciales del país, que están saturados de personas con síntomas de covid-19.

Durante los últimos cinco días, su abuelo ha presentado síntomas de covid-19. «Le falta el aire por una fuerte tos», insiste Antonio. Frente a las imágenes del colapso del sistema, donde mujeres y ancianos esperan en colchonetas en los estacionamientos de los hospitales nacionales, la familia ha decidido aislar a su abuelo y atenderlo con terapias respiratorias en su hogar. Pero les ha sido imposible costear un depósito de $84.75 por el cilindro de 23 pc. Tuvieron que acudir a la clínica comunal para que les prestaran un cilindro -de esa cantidad- sin ningún costo.

Ahora su preocupación ronda en el pago de la carga diaria de oxígeno medicinal: $6.05. Y es que luego de tres meses de cuarentena domiciliar, la familia no ha podido retomar la venta de pupusas en la localidad. Ha sido uno que otro ahorro lo que los ha ayudado a subsistir. Pero se está acabando.

«Tendremos que racionar las terapias», dice Antonio. Luego repite: ¿Qué pasará cuando no haya manera de cargar el cilindro? «Solo Dios con uno».

Con la escalada de casos por coronavirus, el Ministerio de Salud ha dispuesto que la segunda fase de actividades económicas sea pospuesta. Nada más. Mientras tanto, la Asamblea Legislativa ha propuesto una cuarentena focalizada en los municipios que más reporten contagios. Que -de aprobarse- iniciaría en San Salvador, Santa Tecla y San Miguel. Ante esto, el gobierno ha reiterado que «vetará» la iniciativa del parlamento debido a que el país necesita una nueva «cuarentena total».

Néstor ha llegado «a ciegas» hasta la fila de tanques oxígeno en San Salvador. No tiene una receta médica y tampoco sabe lo que necesita para asistir a su padre con terapias respiratorias. Solo puede describir como al hombre de 55 años se le cierra garganta y se le corta el habla. En esta búsqueda por asistir su propia emergencia por covid-19, Néstor es informado por los ejecutivos de ventas que, con receta, puede conseguir tanques de oxígeno, válvulas, cánulas, agua destilada y humidificadores, pero no de reguladores, que cuestan $250. Esta vez no es por el precio, es por el desabastecimiento ante la demanda de las últimas semanas. Sin ello, le aseguran, es imposible dar una terapia.

«Debemos de resolver por nuestra cuenta. Son nuestros familiares, al final, no importa lo económico», concluye Néstor mientras busca otra opción en redes sociales para asistir a su padre.

“Yo andaba más protección que el médico que atendió a mi papi”

Fotografía LPG / Archivo

Nadie le tomó la temperatura ni le entregó gel alcohol para que se limpiara. Menos encontró una bandeja desinfectante para los zapatos. A diferencia de lo que sucede en un supermercado, en una sucursal bancaria o en casi cualquier oficina, ingresar al área de emergencias del Hospital Médico Quirúrgico del Instituto salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en San Salvador, no supuso mayor protocolo el día en que ella llegó con su padre enfermo.

Ella conocía el estado de salud de su padre. Delicado, sí. Desde marzo, él se quejaba de un dolor en el pecho por el que ya le habían sacado placas de tórax sin que en estas apareciera algo que llamara la atención. El dolor siguió y se mezcló con la cuarentena, la medida impuesta para contener el contagio de covid-19. En el encierro, el estado emocional de este hombre de tercera edad decayó. Y el físico también se fue complicando más de lo previsto, porque, aunque la intención que la institución comunicó desde el inicio fue la de garantizar las consultas a pacientes crónicos y los exámenes a quienes tuvieran procesos impostergables, en la práctica no se cumplió.

El padre, de 84 años y quien el año pasado se sometió a una cirugía cardiovascular, perdió citas con cardiólogo, con cirujana vascular y con un urólogo. También perdió exámenes que ya estaban pautados y que pudieron ayudar a afinar el diagnóstico y el tratamiento para evitar complicaciones. Por la suspensión de las atenciones programadas, “se prevé una reducción gradual y sistemática en el volumen de atenciones brindadas”, anuncia el ISSS en su informe de coyuntura del mes de junio. Todas las prestaciones de servicios marcan una variación negativa. Las consultas externas se redujeron en un 19 %, las odontológicas en un 32 % y las intervenciones quirúrgicas en un 11 %, por ejemplo.

El ISSS brinda cobertura en salud al 27 % de la población salvadoreña, que es la que cuenta con un empleo, es beneficiada por lazos de afinidad o consanguinidad, o está pensionada. Este es un servicio médico prepagado por el que se descuenta cada mes tanto al patrón como al trabajador. En plena pandemia, cuando la cuarentena mantuvo en suspenso la mayoría de actividades productivas durante 3 meses –y algunas siguen cerradas-, los números de la institución han comenzaron a bajar. Si se comparan los reportes solo del sector empleador privado de enero y de abril, la cantidad de patronos cayó en un 13 % y la de trabajadores en un 8 %. En cuatro meses, han dejado de cotizar 61,572 personas en el sector privado.

Autofinanciado. En conferencia de prensa, el Sindicato de Médicos del ISSS denunció que el personal ha tenido que comprar su propio equipo de protección durante la emergencia por covid-19.

“La reducción de las actividades productivas está afectando la capacidad de pago de los empleadores y, por tanto, es lógico esperar, en los próximos meses, una caída en la presentación de planillas al ISSS y, sobre todo, en el pago efectivo de las cotizaciones con la consecuente pérdida de ingresos para el Instituto; situación que se puede ver potenciada por la pérdida de empleos en el sector privado, producto de la contracción económica nacional e internacional”, se lee en el Informe de Coyuntura que el ISSS tiene actualizado hasta junio.

El ISSS representa el 40% del gasto público en salud. En pandemia, el ISSS recibe un doble impacto. Por un lado, está obligado a responder con más recursos humanos, de infraestructura, y de servicios de emergencia ante una demanda desbordada. Por el otro, las medidas para evitar el cotagio de covid-19 mantienen suspendidas o mermadas las actividades comerciales y la industria y, con esto, cada mes percibe menos recursos. El agujero financiero que se está formando solo se ensancha.

La cantidad de dinero de las cotizaciones del sector privado, por ejemplo, bajó en un 12 % del primero al cuarto mes del año. Mientras en enero fue de $33 millones, en abril la cantidad de ingresos por cotizaciones fue de $29 millones. Son cuatro millones de dólares menos, sin contar con que, en mayo y junio, la demanda por servicios médicos escaló. El colapso que la pandemia va provocando en el ISSS se deja ver en los reportes financieros, pero se siente en los pasillos de los hospitales, como el emblemático Médico Quirúrgico (MQ), ubicado en la capital, donde a la que llamaremos acá Teresa llegó en busca de atención para su padre.

Teresa llegó a la emergencia con un fajo de exámenes bajo el brazo. Ya llevaba cinco días de rebotar por los consultorios privados de cardiólogo y nefrólogo. Y ya había dejado una buena cantidad de dinero en todas esas pruebas que indicaban que su padre tenía un cuadro de anemia, una alteración en la capacidad filtradora de los riñones y sangre oculta en heces. El viernes 25 de junio, lo llevó al consultorio privado de la cirujana vascular y, ante los resultados, la especialista fue categórica: necesitaba ser ingresado en un hospital y necesitaba, con urgencia, una transfusión sanguínea.

En El Salvador, el gasto nacional en salud representa un 7 % del Producto Interno Bruto. Es decir, alcanza los $1,937 millones de dólares al año. De esta cantidad, un 67 % es gasto público y un 33 % es gasto privado. Dentro del gasto privado, aparece la participación de las empresas comerciales de seguros médicos y también el Gasto de Bolsillo de los Hogares en Salud (GBHS). Este último es el que las personas hacen de forma directa “cuando pagan por atenciones en salud (honorarios médicos y servicios de hospitalización; compra de medicamentos, pago por servicios de apoyo diagnóstico y de laboratorio y otro gasto directo relacionado con servicios de salud)”, de acuerdo con el Informe de Memoria de Labores del Ministerio de Salud del año pasado.

“Esta variable (GBHS) es de suma importancia –dice el documento-, porque revela cuánto del financiamiento en salud es soportado por los hogares en un período determinado y en la que su importancia relativa está directamente asociada al grado de equidad y protección financiera en salud de la población”. Esta es la cuenta en la que se incluye todo el gasto que Teresa hizo en exámenes y en consultorios privados en un intento por evitar ir hasta uno de los colapsados hospitales. Esta es la cuenta que la pandemia ya está haciendo subir ante la incapacidad del sistema de salud público de absorber la demanda. El informe de 2019 sitúa en $523 millones este gasto que sale de los bolsillos de un privilegiado grupo que tienen cómo hacer frente.

La sugerencia que la especialista vascular le hizo a Teresa fue la de buscar un centro asistencial que contara con máquinas de diálisis, un proceso que sirve para hacer la labor de limpieza cuando los riñones presentan daño. Además, recomendó otra placa de tórax, ya que, escuchaba ruido en los pulmones y podía ser otra complicación del cuadro que ya llevaba. “Nosotros evaluamos seguir en lo privado, pero, realmente, escapaba de nuestra capacidad económica, era un gasto bárbaro”, cuenta Teresa.

Sin recursos. Los tiempos de espera por una camilla se han alargado. Una usuaria esperó 12 horas para que hubiera cupo para ingresar a su padre.

No sin antes evaluar el riesgo, Teresa y su familia decidieron seguir la instrucción e ir al hospital Médico Quirúrgico. “Yo me llevé a mi papi protegido con todo lo que teníamos. A ellos (padre y madre) nosotros siempre los cuidamos, no salían, y para entrar a la casa de ellos nos desinfectábamos. Ir a los hospital fue una decisión que tomamos porque ya no había más opción, necesitaba ayuda que solo ahí le podían dar”, cuenta Teresa.

Teresa y su padre llegaron al MQ a las 2:30 de la tarde del viernes 26 de junio. Ahí, le recibieron los papeles, revisaron los exámenes, y el personal médico evaluó la carta con las instrucciones enviadas por la cirujana vascular que remitía al paciente. Pero había muy poco por hacer. Ante la falta de cupo en el centro asistencial, la única opción era esperar.

Teresa acomodó a su padre en una silla de ruedas que le proporcionaron. Desde donde estaba, podía ver a la gente a la que el personal médico acomodaba bajo toldos, a la espera, como ellos, pero con signos de enfermedad respiratoria. Desde ese lugar, pudo ver que el vigilante de la emergencia recibía a la gente de las ambulancias, a los enfermos, a los familiares de los que no podía valerse solos y a todos los atendía apenas protegido con una mascarilla.

Ella misma entró y salió varias veces de Emergencias para preguntar si había cupo, si alguien podía evaluar a su padre, si podían darle algo mejor que una silla de ruedas a un hombre enfermo de más de 80 años. En todas esas veces, nunca le pidieron higienizarse. No había cómo ni con qué. Adentro, relata Teresa, la gente usaba –usa– las mascarillas que puede, unos van con tela. “Y ahí a nadie le andan ofreciendo otra mascarilla o algún otro recurso para protegerse o proteger a los demás”, agrega.

Desde las 2:30 hasta las 6:30 de la tarde, el padre de Teresa estuvo en una silla de metal que tenía el respaldo roto. Si se acostó un rato, fue porque el hermano de Teresa llegó con el carro y, en el parqueo, pudieron colocarlo ahí para que descansara. Alrededor de ellos, había gente con mucho menos recursos, igual de vulnerable, emocionalmente golpeada y en una espera incierta.

En el Plan Anual de Trabajo 2020, una de las metas del ISSS era atender las emergencias en 15 minutos. Y también mejorar la satisfacción de los usuarios para llevarla más allá de una calificación de 7.5. Para cuando el documento fue redactado y publicado, la pandemia de covid-19 era solo un murmullo lejano. Teresa y su padre pasaron 12 horas esperando que hubiera una cama libre. En ese transcurso y ante la insistencia de ella, un médico le ofreció dejarlo en un carro (camilla), en el pasillo, pero le advirtió que era “área covid” y que estaría expuesto. Teresa no aceptó.

Para ese momento, Teresa había detectado una serie de riesgos de contagio en la forma en la que se maneja el flujo de pacientes en este hospital. Y de todas esas grietas, una le llamó mucho la atención. “Yo andaba más protección que el médico que atendió a mi papi“. Señala que el hecho de que diagnóstico con el que entró su padre no era covid-19, no reducía la posibilidad de contagio en un ambiente en el que no se miraba rigor ni separación de áreas.

La cantidad de dinero de las cotizaciones del sector privado, por ejemplo, bajó en un 12 % del primero al cuarto mes del año. Mientras en enero fue de $33 millones, en abril la cantidad de ingresos por cotizaciones fue de $29 millones. Son cuatro millones de dólares menos, sin contar con que, en mayo y junio, la demanda por servicios médicos escaló. El colapso que la pandemia va provocando en el ISSS se deja ver en los reportes financieros, pero se siente en los pasillos de los hospitales, como el emblemático Médico Quirúrgico (MQ).

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El 14 de julio, el Sindicato de Médicos del ISSS (SIMETRISS) hizo una conferencia en la que exigió mejores condiciones laborales para el personal médico de primera línea y, sobre todo, señaló la falta de equipo de protección. Un vocero leyó una serie de reclamos urgentes, entre los que citó la erogación de fondos y salida de insumos que se necesitan para compra de equipo de protección, medicamentos y para más contratación de personal para primera línea. Denunció, además los “errores en la planificación, tanto en la determinación de espacios geográficos adecuados, como de algoritmos de atención para los pacientes sospechosos o confirmados de la enfermedad afectando el derecho a la salud de todos los usuarios y el derecho laboral de los trabajadores”.

El 14 de julio es el día del médico. El vocero, con una mascarilla blanca y acuerpado por otros colegas, leyó en el mismo tono que los “trámites engorrosos para la adquisición y distribución de los equipos de protección personal ha obligado a que sea el trabajador el que asuma el costo económico para obtenerlos”. El vigilante y el médico a quienes Teresa vio mal protegidos en medio de un ambiente desordenado muy probablemente usaban mascarillas compradas por ellos mismos. Lo mismo quienes estaban en la mesa, al frente de la conferencia.

Después de varias horas, ya entrada la madrugada, el padre de Teresa fue ingresado. “Yo fui con él, desinfecté la cama, lo arrope y lo dejé acostado. Vi que una enfermera lo atendió y le colocó un catéter y le pasó suero. Lo dejé ingresado, acostadito“, explica ella. “Al día siguiente, nos llamaron para decirnos que había fallecido”. No pasó ingresado ni 24 horas.

Y, entonces, empezó otro proceso que no se esperaban ni Teresa ni su familia. El hospital registró como causa de la muerte el covid-19. No hubo prueba. A Teresa se limitaron a mostrarle una placa de tórax como muestra de que había indicios de neumonía. “Mi papá tenía anemia y lo que necesitaba era una transfusión, estaba hinchado,pero me di cuenta de que ahí nunca tuvieron la mínima intención de hacerle esa transfusión de sanguínea que urgía y menos de facilitarle diálisis”, indica.

Teresa hizo reclamos, pero la causa de muerte no cambió. Para la institución, el hombre de 84 años que ingresó un viernes por la tarde en busca de una transfusión de sangre y una diálisis murió el sábado a medio día por covid-19. Su cadáver, pese a esta clasificación, se mantuvo por más de cinco horas en la misma cama hospitalaria en la que Teresa lo había arropado horas antes. “Yo pasé, entré hasta ahí y lo vi, estaba solo cubierto con una sábana; y, ahí, había otros pacientes a la par”, cuenta sin esconder la emoción que le provoca el recuerdo.

Ingresos. El desempleo en el sector privado significa que el ISSS recibe menos dinero. Entre enero y abril, más de 61 mil personas dejaron de cotizar.

La tasa de mortalidad del ISSS ha aumentado. El primer semestre del año pasado, la general fue de 3.3 por cada 100 mil egresos. Mientras que en este año, en el mismo periodo, fue de 3.8. Cuando se ve solo a nivel metropolitano, que abarca el hospital MQ, pasó de 4.2, en 2019, a 4.6 por cada 100 mil egresos en 2020.

A Teresa no le entregaron el cadáver de su padre ese sábado. Tampoco el domingo, ni el lunes, ni el martes. Fue hasta el miércoles que el personal del Ministerio de Salud y de la funeraria coincidieron para ejecutar el proceso bajo “protocolo covid“. En medio, Teresa conoció a otras familias con una historia plagada de carencias, como la de ella y su padre.

Que la causa de muerte haya sido covid-19 no ha implicado que se busque nexos epidemiológicos entre la familia. Teresa señala que no descarta abrir un proceso legal por la forma en la que se trató el caso de su padre: “El responsable de que todo en el hospital se haya contaminado es el Estado, el responsable de que no haya protocolos y de que el personal no tenga cómo protegerse es el Estado; esto no es por mi papi, que fue un hombre maravilloso y que ya descansa, es por todas las demás familias que no merecen que les pase los mismo que a nosotros”.

Basura COVID, ¿quema o vertedero?

Fotografías de EFE

Antes de la pandemia, solo un 15 % de los desechos hospitalarios mundiales se consideraban peligrosos: un 10 % por su carga infecciosa y un 5 % por sus componentes químicos o radiactivos, según datos de un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2018.

En España, los más peligrosos, como los medicamentos citoestáticos o citotóxicos, tienen como destino la incineración en plantas especializadas y los infecciosos son normalmente sometidos a esterilización.

La pandemia ha multiplicado exponencialmente el porcentaje de residuos infecciosos en España, no solo generados por hospitales y centros de salud, sino también por residencias de ancianos, hoteles medicalizados y viviendas. En Madrid y Cataluña, las dos regiones más afectadas, solo los residuos del circuito sanitario aumentaron un 300 y 350 %, respectivamente, dijeron fuentes oficiales.

Una orden del Ministerio de Sanidad del 19 de marzo dio prioridad a la incineración para la destrucción de la basura urbana que pueda llevar elementos contagiosos y permitió habilitar almacenamientos temporales o usar hornos de cementeras para ayudar a las empresas que habitualmente gestionan residuos sanitarios a absorber el excedente.

España dispone solo de 11 plantas incineradoras de basura urbana, cuatro de ellas en Cataluña y solo una en Madrid, las dos regiones más pobladas y más afectadas por el covid-19. La primera optó por la quema expeditiva de los residuos hospitalarios y la segunda los sigue acumulando.

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RESPONDIENDO -Y APRENDIENDO- DE LA EMERGENCIA

Cataluña tiene tres plantas de esterilización de basura sanitaria por autoclave (vapor caliente a presión), que absorbían de media 275 toneladas mensuales de residuos. Entre mediados de marzo y mediados de abril, el peor mes de la pandemia en España, la basura de la covid aumentó a 1,200 toneladas en esa región, según datos de la Agencia Catalana de Residuos (ACR).

“Las plantas autorizadas para tratarlos quedan saturadas, no dan abasto con tanta generación como hay en hospitales y hoteles medicalizados. En Cataluña, descartamos el almacenamiento y acordamos que los residuos se incineren en tres plantas de basura urbana”, dijo el director de la ACR, Josep María Tost.

Estas plantas habían incinerado a mediados de abril 700 toneladas de basura covid.

“Las bolsas y cajas con los residuos contagiosos van directamente a la turba que alimenta las parrillas, sin manipulación humana. Se quema a mil grados, lo que elimina cualquier virus”, añadió Tost.

En Madrid, con sus tres plantas de esterilización trabajando 24/7, que son capaces de procesar un total de 50 toneladas diarias, las autoridades autorizaron la quema de una parte de los residuos sanitarios de la región en su única incineradora, a 15 kilómetros de la capital.

La planta de Valdemingómez había quemado para el 29 de abril 430 toneladas de desechos de la covid-19, informó su directora, María José Delgado.

“Otras cantidades se han enviado a plantas de otras comunidades autónomas (regiones) para su esterilización o incineración y a incineradoras francesas” y para el resto se han habilitado seis almacenamientos temporales que “acopiarán los residuos hasta que cese la emergencia y puedan ser tratados” con autoclave, informó el director regional de Economía Circular, Vicente Galván.

Tóxico. Antes de la pandemia, solo un 15 % de los desechos hospitalarios mundiales se consideraban peligrosos, según la de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Madrid y Cataluña reflejan el desigual tratamiento que se le está dando en España al excedente residual contagioso de la covid-19, que ha planteado un reto adicional: los nuevos puntos de generación de esta basura, fuera de los centros hospitalarios.

Equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) han asesorado a más de 350 residencias de ancianos en toda España, la mayoría con visitas presenciales.

“Lo que les enseñamos es muy básico. Lo primero que les pedimos es que localicen un área dentro del centro donde puedan almacenar estos residuos. Antes de sacarlos a los contenedores, le recomendamos que como mínimo les pongan una doble bolsa”, dijo la coordinadora de emergencias de MSF Montserrat Bartuí.

“Y les decimos que la persona que está trabajando en la zona contaminada no sea la misma que llega al contenedor de desechos”.

Los residuos son arrojados al contenedor de mezcla urbana, donde termina la basura que no ha ido a otros contenedores, la llamada “fracción resto”.

La misma recomendación da la orden de Sanidad del 19 de marzo para todos los hogares españoles con enfermos de coronavirus o en cuarentena: doble bolsa con los desechos y todo ello a la bolsa de la basura de mezcla no separada en domicilios.

Trasladar estas instrucciones a la ciudadanía es, sin embargo, responsabilidad de los Ayuntamientos y no todos han hecho aún campañas divulgativas. El Ministerio español para la Transición Ecológica ha preparado ya un vídeo explicativo y Madrid y Cataluña folletos con dibujos sencillos.

Tost y Bartuí convienen en la necesidad de difundir ampliamente estos mensajes a la ciudadanía para que sepa cómo desechar los ubicuos guantes y mascarillas que, como el virus, han venido para quedarse largo tiempo en la sociedad.

Los responsables de gestión de residuos opinan que será difícil evitar que los guantes terminen en el contenedor amarillo, el primer circuito de selección de basuras implantado en España y destinado genéricamente a envases de toda composición, sea plástica, metálica o de cartón.

La pandemia ha multiplicado exponencialmente el porcentaje de residuos infecciosos en España, no sólo generados por hospitales y centros de salud, sino también por residencias de ancianos, hoteles medicalizados y viviendas. En Madrid y Cataluña, las dos regiones más afectadas, solo los residuos del circuito sanitario aumentaron un 300 y 350%.

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BASURA MEZCLADA

Antes de la pandemia, Europa implantaba un programa de acción para limitar la incineración a los materiales no reciclables y reducir progresivamente lo que se arroja a vertedero, para que solo lleguen a él basuras no recuperables.

“Todo cambio en esta dirección debe ser conforme con la legislación de la UE en materia de residuos, ha de ser necesario y proporcionado para proteger la salud humana y limitarse a los ámbitos y los plazos estrictamente necesarios para responder al riesgo (…) tratando de mantener el objetivo general de la recogida selectiva y el reciclado”, instruyó la Comisión Europea el 14 de abril.

“Cuando los Estados miembros decidan autorizar excepcionalmente procesos de tratamiento alternativos para los residuos médicos (…) deben garantizar que cuando esos procesos presenten un resultado medioambiental menos beneficioso que la práctica habitual, su uso se limite en el tiempo a lo estrictamente necesario para solventar las carencias detectadas en la capacidad de almacenamiento y tratamiento”, demandó.

El conjunto de la UE recuperó en 2016 el 53.3 % de su basura, según datos de Eurostat. España estaba por debajo de esa media, con un 46.4 % de residuos recuperados.

Pero la covid-19 ha obligado incluso a países con mayor capacidad recuperadora como Italia (83 %) a priorizar la quema de los residuos, algo común en epidemias como el ébola en países africanos y aconsejado por la OMS en la primera respuesta a una catástrofe o emergencia.

Al comienzo de la pandemia, se planteó un debate en la asociación europea de gestoras de residuos sobre cómo articular “circuitos diferenciados para los hogares con covid, por ejemplo sacando sus residuos en bolsas rojas o amarillas, pero lo descartamos porque podía ser perjudicial desde el punto de vista de la discreción y generar problemas entre vecinos”, explicó el director de la ACR.

“El sentido común nos pide que seamos prácticos y acordamos el circuito de las tres bolsas”, añadió.

Toda la basura recogida en los contenedores de “fracción resto” durante la pandemia no se podrá separar en las plantas de procesado, donde quedó prohibido por Sanidad abrir las bolsas de plástico y todo cribado que no sea mecánico.

En España, “la gestión de los residuos ya era una asignatura pendiente muy grande” antes de la covid-19: el 82 % de la basura se recogía mezclada “y se recuperaba poquísimo”, dijo Julio Barea, experto en gestión de residuos de Greenpeace-España.

“Lo que se recuperaba de la ‘fracción resto’ antes de la crisis eran fundamentalmente hierros y aluminio, de forma automática con imanes, el resto era inviable recuperarlo. Más del 60 % de la basura se arrojaba a vertedero”.

Explicó que “ahora, con la pandemia, es mucho más porque no está habiendo triaje manual de la basura mezclada, no se está recuperando. Ni siquiera hay datos de cuántas mascarillas, batas, guantes se están generando al día “.

“Nos tememos, y las evidencias nos están llevando a ello, que la mayor parte de estos residuos contaminados por covid están terminando mal gestionados y enterrados en vertederos. No hay capacidad para hacer otra cosa, no estamos preparados”, agregó.

Riesgo. España dispone solo de 11 plantas incineradoras de basura urbana, cuatro de ellas en Cataluña y solo una en Madrid, las dos regiones más pobladas y más afectadas por el covid-19.

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SALUD VS. MEDIOAMBIENTE

Antes de la covid-19, las plantas incineradoras procesaban solo un 10 % de la basura española, según Greenpeace.

Los ecologistas admiten a regañadientes que la emergencia obligue a recurrir a la quema de residuos, una práctica contra la que llevan años luchando.

Greenpeace no está a favor de la incineración de residuos pero, dada la situación de excepcionalidad absoluta y siguiendo lo que recomiendan los expertos, de forma transitoria y para estos residuos en concreto, lógicamente hay que darles una salida”, dijo Barea.

“Lo suyo sería tener suficientes autoclaves para tratar estos materiales, pero no los hay”.

Es más, los ecologistas apuestan por que los materiales esterilizados no acaben triturados y arrojados a vertederos, como sucede con los que procesan las plantas de Madrid y Cataluña, sino reciclados: “Todo lo que se pueda ser reutilizado tiene que serlo. Hay que acabar ya con el usar y tirar, es insostenible”, propuso Barea.

El experto ecologista calculó que “las escorias y las cenizas suponen el 30 % en peso de lo que se quema. Se transforman en un residuo tóxico y peligroso y solo está catalogada una parte de las toxinas que se generan”.

En su último informe “Safe Management of Waste from Health Care Activities“, actualizado en 2018, la OMS advirtió de los riesgos para la salud que entraña un manejo incorrecto de los desechos sanitarios “a través de la liberación al medio de patógenos y contaminantes tóxicos”.

“Si no están bien construidos, los vertederos pueden contaminar el agua de bebida” y, en el caso de la incineración “si no es total o si se incineran materiales que no se prestan a este tipo de tratamiento, se liberan a la atmósfera agentes contaminantes, así como cenizas residuales”.

Cuando los productos quemados contienen cloro, “estos pueden liberar dioxinas y furanos, sustancias que son cancerígenas para el ser humano” y si contienen componentes metálicos, “pueden provocar la dispersión en el medio de metales tóxicos”.

“Solo las incineradoras modernas que operan a temperaturas de entre 850 y 1,100 °C y cuentan con un sistema especial de depuración de gases pueden cumplir las normas internacionales de emisiones por lo que respecta a dioxinas y furanos“, concluyó la OMS.

Desechos. Europa priorizó la incineración de los desechos sanitarios, pero el resto se ha sumado a la mezcla de basura doméstica.

Tanto Madrid como Cataluña aseguran que todo el circuito dispuesto para la quema de los residuos sanitarios de la covid-19 cumple tanto con las medidas de protección de los trabajadores implicados como con los límites de emisiones de sustancias tóxicas a la atmósfera.

Galván aseguró que “la incineradora de Valdemingómez tiene controles en continuo de las emisiones, que se mantienen durante la gestión de los residuos biosanitarios” del coronavirus.

La directora de la planta explicó que la incineradora cuenta con un sistema de depuración “que permite reducir la emisión de gases a la atmósfera hasta valores muy por debajo de los límites legales exigibles” y añadió: “su incineración no produce ninguna sustancia distinta a las que se originan con los residuos domésticos”.

Tost concretó que la basura procesada en las incineradoras de residuos urbanos está compuesta fundamentalmente de equipos de protección (EPI). “Los EPI están hechos de celulosa o polipropileno en el caso de batas, gorros y mascarillas y de látex los guantes. No llevan elementos clorados como el PVC, que es lo que preocupa a los ecologistas”, explicó.

Según el experto de Greenpeace, sin embargo, durante la emergencia acabarán incinerados no solo EPI sino test, tubos, sondas, bolsas, jeringas, respiradores y otros materiales con componentes plásticos y metálicos.

Advirtió, además, de que “no existe tecnología para medir en continuo las dioxinas y furanos. Esto se hace en controles una o dos veces al año, tomando muestras en las chimeneas y llevándolas al laboratorio para analizar”.

Tost concretó que la basura procesada en las incineradoras de residuos urbanos está compuesta fundamentalmente de equipos de protección (EPI). “Los EPI están hechos de celulosa o polipropileno en el caso de batas, gorros y mascarillas y de látex los guantes. No llevan elementos clorados como el PVC, que es lo que preocupa a los ecologistas”, explicó.

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BASURA SIN FRONTERAS

Las plantas incineradoras que producen energía son catalogadas como “plantas de valorización” y los residuos se registran en las estadísticas de Eurostat como “recuperados”.

Así, uno de los principales importadores de basura para incinerar, Alemania, ocupa el segundo lugar por “recuperación” (80.6 %) pese a que solo recicla el 42.7 % de sus residuos. Un 11.3 % son incinerados y el resto se destina a relleno de excavaciones.

La basura ha recibido, durante la pandemia, la consideración de bien esencial y puede cruzar las fronteras internas de la UE como cualquier otra mercancía, según unas guías aprobadas por la Comisión Europea (CE) el pasado 16 de marzo.

Una semana después, una comunicación de la CE estableció “corredores verdes” para mercancías en la que “aclara que los principios relativos al transporte de bienes se aplican mutatis mutandis (cambiando lo que proceda) a los envíos de residuos”.

“Muchos Estados miembros dependen de instalaciones en otros Estados miembros para el tratamiento de sus residuos, pues no disponen en su territorio de todas las instalaciones para gestionar todas las fracciones residuales”, constató la CE.

Para agilizar la burocracia y evitar la propagación del coronavirus en los intercambios de documentos de papel, la Comisión autorizó que estos se efectúen electrónicamente.

Italia, sin embargo, se encontró con “muchas demoras en la frontera con Eslovenia y en algunos casos Eslovenia y Croacia pararon y retornaron envíos de residuos provenientes de Italia”, según comunicó en un documento público a la CE.

En Francia, el Centro Transnacional para el Cruce Transfronterizo de Residuos (PNTTD) dijo que “tiene en cuenta el contexto actual y hace lo posible por facilitar el procedimiento para los nuevos expedientes (de importación) y el seguimiento de las notificaciones ya aprobadas”, antes de la directiva europea.

Una fuente del Ministerio francés de la Transición Ecológica y Solidaria dijo a Efe que el país ha recibido 65 toneladas de residuos españoles entre el 10 y el 31 de marzo, pero matizó que se trató de una transferencia “que no está específicamente vinculada a la crisis del coronavirus, ya que es un proceso que depende de una notificación renovada cada año en el mismo período desde al menos 2015″.

Además de a Francia, España exporta regularmente basura hospitalaria a Portugal.

El 1 % de los residuos que Portugal importó en 2018 para su eliminación -en incineradoras o con tratamientos físico-químicos -, un total de 1.061 toneladas, eran residuos sanitarios. Todos ellos provenían de España, según el último informe “Movimento Transfronteiriço de Resíduos” de la Agencia Portuguesa del Medioambiente, difundido a fines de 2019.

El 53 % de esos residuos españoles eran medicamentos citoestáticos o citotóxicos, la categoría más peligrosa de obligada incineración, pero casi toda la basura sanitaria fue sometida a quema. Solo el 5.2 % (55 toneladas) fue esterilizada.

Carmen Lima, especialista en residuos de la organización medioambiental lusa Quercus, dijo que una empresa de la región de Oporto (norte) procesa residuos procedentes de Galicia, entre ellos también los hospitalarios, que va a recoger in situ.

En esa planta son sometidos a esterilización y, puesto que los gestiona una empresa privada, son compactados y arrojados a vertedero. La obligación de reciclar estos productos una vez esterilizados solo la tienen, en Portugal, las empresas del sector público.

En la calle. Guantes de plástico para manipulación de alimentos, y que ofrecidos por los supermercados a sus clientes, acaban arrojados en un jardín de una iglesia madrileña.

Un falso coronavirus y el porqué del periodismo en África

Fotografía de EFE

Te levantas empapada en sudor y te temes lo peor. Te das una ducha rápida como queriéndote quitar la fiebre, pero sabes que no se irá. Horas después un amigo te deja un termómetro: 39.5 grados. De momento no toses ni te cuesta respirar, pero todo apunta a que podría ser coronavirus y decides aislarte en casa, no tocar a nadie, no poner a otros en riesgo.

Por entonces, la covid-19 no es más que una nebulosa que sobrevuela el continente africano, con la mayoría de sus 54 países con escasos contagios, salvo excepciones como Sudáfrica (210), Burkina Faso (150) y Marruecos (87). Pero el miedo empapa el ambiente y los Gobiernos deciden actuar rápido. No pueden permitirse el mismo derrumbe que ha sobrecogido a Europa.

El 25 de marzo, Kenia suspende la entrada y salida de todos sus vuelos internacionales. Veinticuatro horas después, Sudáfrica inicia un rígido confinamiento que impide que millones de “los nadies”, usando la terminología de Galeano, puedan fácilmente llevarse algo a la boca. Ghana, Etiopía y Nigeria se atrincheran, pero ninguna se atreve todavía a encerrar a sus ciudadanos. Como en muchas otras partes del mundo, aquí la sombra del hambre es mucho más alargada que la del coronavirus.

Según estimaciones del Programa Mundial de Alimentos (PMA) se espera que la pandemia casi duplique el número de personas hambrientas en el mundo para finales de año, sumando a los 135 millones de personas que actualmente sufren hambre aguda en 55 países -afectados por la violencia, catástrofes medioambientales y crisis económicas- otros 130 millones de bocas. Ciento treinta millones.

EL FRÍO SE INCRUSTA

La alta fiebre persiste y el cuerpo tiembla de frío. Te castañean los dientes y sientes un poco de miedo. Decides acercarte a un hospital privado, uno de los mejores de Nairobi, y descubres que muchos médicos ya no pasan consulta. “El doctor se encuentra de cuarentena al menos durante dos semanas”, te informa su secretaria.

Finalmente, en Urgencias, unas enfermeras te hacen una analítica y una prueba de la malaria. Todo está bien y regresas a casa durante otro par de días. Pero la fiebre sigue, el miedo aumenta y el frío se incrusta.

26 de marzo. Vuelves al hospital, insistes en que recientemente has viajado a la India y a Somalia, ambos con escala en Etiopía, y esta vez deciden hacerte el test del coronavirus una vez desinfecten una de las pocas salas disponibles para ello. Pagas $130 y dejas que una sanitaria, vestida con el traje aislante y guantes, te extraiga un poco de mucosa.

$130 es el equivalente al salario mínimo mensual en las principales urbes kenianas, donde el 83.6 % de la fuerza laboral está compuesta por trabajadores informales sin protección legal ni subsidio, según la Oficina Nacional de Estadística. Cientos de miles de ellos -mecánicos, empleadas domésticas, vendedores ambulantes- hoy ya han perdido la que era su única vía de ingresos.

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VIOLENCIA POLICIAL

Sudores, cansancio y delirios durante otro par de días. Llamas constantemente al hospital, pero nadie sabe nada sobre el resultado de tu prueba. Finalmente alguien te informa, de manera extraoficial, de que el test ha dado negativo. Crees que deberías alegrarte, pero no estás segura.

Es de noche y hay toque de queda en Nairobi, premisa para que el cuerpo de Policía -con frecuencia asociado a un uso excesivo de la fuerza- actúe con violencia. A fecha de 22 de abril, al menos seis kenianos han perdido la vida por palizas y disparos de las fuerzas de seguridad, según Human Rights Watch, entre ellos un adolescente de 13 años.

A la mañana siguiente un tercer médico se empeña en hacerte las mismas pruebas: otra analítica, otro test de malaria. Todo muestra valores normales y nadie sabe qué te pasa. El miedo crece, y más en un mundo enrocado. No hay vuelos a España, no hay vuelos a ningún sitio: te sientes atrapada.

Lo intentas por cuarta vez con uno de los pocos doctores dispuestos a atenderte. Van a ingresarte.

30 de marzo. Más que en un hospital te sientes en un hotel. Te bloquean de la tarjeta de débito $1,500 para cubrir posibles gastos médicos; aún no lo sabes, pero necesitarás más del doble.

El cuarto es amplio, limpio y todo para ti. Te llegan a la mente flashes desde España: el bullicio de los hospitales de campaña, los cuartos atestados con médicos exhaustos, las miles de familias rotas. Tu habitación es silencio y vacío.

Te colocan una vía intravenosa, te hacen pruebas de rayos X, una ecografía, análisis y más análisis de sangre. Descartada la hepatitis A, la B, el dengue, la tuberculosis. Todo apunta a una infección de hígado cuyas bacterias ya campan a sus anchas por tu flujo sanguíneo. Oyes por primera vez en tu vida la palabra “septicemia”. En Google le acompaña la etiqueta “posiblemente mortal”.

De golpe, la conciencia de la muerte se hace palpable. La fragilidad del organismo humano. Te advierten de que van a cambiar de antibiótico, porque el que te administran no está haciendo efecto. Ya son más de dos semanas a casi 40 grados de fiebre. Temes que el diagnóstico quizá no sea el correcto y que ya sea demasiado tarde.

Con la covid-19 o sin ella, te encuentras sola. Lejos de los tuyos. Forzando alguna que otra sonrisa en esporádicas videollamadas. Quizá, como sugiere la escritora argentina Mariana Enríquez, la muerte masiva y solitaria no sea la excepción, sino la regla.

Quieres justificarles tus decisiones, el haber vivido como periodista en Israel-Palestina y después en Kenia; lejos de ellos, en una ausencia que se convertía en carga. Quieres explicarles que no puedes ni sabes hacer otra cosa. Que siempre serás una privilegiada por poder informar sobre países tan mal entendidos como Etiopía o Somalia, donde un día tu riqueza se mide en cientos de cabezas de reses y, a los pocos meses, las sequías te han dejado sin nada.

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LA VIDA QUE FUE VIDA

Después de cuatro noches ingresada, te dan el alta para continúes el tratamiento con otro antibiótico más fuerte en casa. Regresas al sofá, a las tiritonas y a la fiebre. Por la noche vomitas y lloras. Te preguntas si saldrás de esta y, sobre todo, cómo podrá perdonarte tu familia en caso de no hacerlo.

Comienzas a escribirles mentalmente una carta. Quieres decirles que fuiste feliz y que les amas. Que no quieres lágrimas cuando ya no estés con ellos. Que en una vibrante Ghana y, al otro lado del Atlántico, en México, aprendiste que la muerte no es muerte -tristeza, llanto, despedida- si la vida fue vida.

Quieres justificarles tus decisiones, el haber vivido como periodista en Israel-Palestina y después en Kenia; lejos de ellos, en una ausencia que se convertía en carga. Quieres explicarles que no puedes ni sabes hacer otra cosa. Que siempre serás una privilegiada por poder informar sobre países tan mal entendidos como Etiopía o Somalia, donde un día tu riqueza se mide en cientos de cabezas de reses y, a los pocos meses, las sequías te han dejado sin nada.

Naciones como Mozambique, Congo o Burkina Faso donde la covid-19 es todavía algo secundario; una amenaza más en un avispero de viejas epidemias –ébola, sarampión, malaria-, una juventud desencantada, violencia yihadista en el Sahel y milicias armadas.

Según el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC), solo en 2019 hubo ocho millones de nuevos desplazados en África subsahariana, una región que acoge en torno al 25 % del total de desplazados en el mundo (50.8 millones). Personas que no podrán confinarse en sus casas con un televisor y conexión wifi.

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CINCO CAMAS PARA UN MILLóN

“Si tú puedes, yo puedo”, le dices a tu propio cuerpo.

5 de abril. La fiebre no sube de los 38 grados. El antibiótico, poco a poco, le gana terreno a la infección. Por primera vez en días, lees los periódicos y la pandemia te golpea en la cara. Por el momento, África apenas registra 9,200 casos, pero tanto la OMS como las organizaciones humanitarias sobre el terreno se preparan para una escalada. Un mes después, a fecha de 6 de mayo, el número total de contagios sobrepasa los 50,000.

Sin embargo, siguen faltando mascarillas, personal cualificado, respiradores. En conjunto, los hospitales públicos de 41 países africanos no llegan a 2,000 de estos aparatos, según datos de la OMS del 17 de abril, que advirtió que las UCI de 43 naciones no superan en total las 5,000 camas, esto es, unas cinco camas por millón de personas frente a las 4,000 por millón de Europa.

Tu mente, sin poder evitarlo, salta a España. Te acuerdas de tus padres encerrados en casa y de tus amigas enfermeras, mileuristas obligadas a llevar capa. Te carcomen los muertos y esa incertidumbre que todo lo empaña. Qué sucederá dentro de poco en frica?

Las proyecciones varían. El Gobierno keniano alerta que “en el peor de los casos” fallecerán 30,000 personas por coronavirus en este país. La ONU dice que en “el mejor de los casos” morirán al menos 300,000 personas en todo el continente, el cual podría convertirse en el nuevo epicentro de esta pandemia con hasta diez millones de contagios en seis meses. Por el momento, los fallecidos, oficialmente, no llegan a los 2,000.

“Si tú puedes, yo puedo”, te recuerdas. Que los vecinos se lo digan los unos a los otros desde sus balcones, que los padres se lo digan a sus hijos y los nietos se lo repitan a sus abuelos. Que las médicas se lo exclamen a sus pacientes y los pacientes, a quienes más quieran. Sean quienes sean, sean de donde sean. Estamos juntos en esto.

Two diseases on deathly collusion path a story of Jiquilisco, El Salvador

Photography by Maynor Lovo

In countries that are part of the so called developed (or “first” world), Chronic Kidney Disease (CKD) has close medical links to previous health conditions, such as diabetes or hypertension. This means that the deterioration of the purifying function of the kidneys comes as a consequence of the previous failure of other bodily processes. In those countries, it is a disease that represents a serious health problem for researchers and medical experts concerning themselves with diagnosis. It implies – for patients and for health systems – a treatment that is complex and expensive. In these countries, education against a sedentary lifestyle and diets high in fat and sugar, form part of what health authorities need to do.

Not so in Jiquilisco. Jiquilisco is a municipality of 429.99 km2, with a population of almost 50,000 inhabitants and located 103 kilometers from the capital, San Salvador. Julio Pérez lives here. And the disease that lives in his house, with its dirt floors, walls made from dried sticks, and pieces of plastic; is the same kidney disease having the same consequences, yet, only highlights the lack of any abundance; any comforts. Kidney disease in developing countries – or the “third” world – thrives in agricultural communities, among the poorest population.

Julio is 41 years old and no longer remembers how old he was when he started working. It isn’t an anniversary to which attention is paid in this rural area of Jiquilisco, on the coast of the Department of Usulután, in the eastern Salvadoran area. Here, in the very rural canton Roquinte, almost all economic activity is either agriculture or fishing, and there is no age marking when young boys or girls start out in a life mapped by hard, manual labour.

“I carried bricks, in the mangrove swamps, I pulled out curiles (crabs). I learnt masonry and worked in cornfields and quite a bit in sugarcane fields,” he remembers. The list of what Julio has done is extensive; the same applies to the amount and type of chemicals he applied or was exposed.

The disease that has been advancing in the municipality of Jiquilisco for two decades is the same one that has been devastating agricultural communities in Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, and Panama, cutting deathly swathes through agricultural communities in Central America. Chronic kidney disease of non-traditional causes, is like macro cultures: rooted in the depths of the poor communities on the Pacific Coast of this region. The impaired kidney function of people like Julio, is very different from what the United States or the United Kingdom reports. “Our” CKD finds its causes in environmental pollution, limited access to clean drinking water, unsafe working conditions with laborers in frequent and direct contact with agrochemicals, but, more fundamentally: poverty.

Patient. Julio Pérez is 41 years old and, 14 years ago, he was diagnosed with Chronic Kidney Disease. He is one of those affected by this disease in Jiquilisco, Usulután.

For Carlos Orantes, a Salvadoran nephrologist who has dedicated most of his professional life to conducting international research into this disease, the classification that CKD deserves for non-traditional causes – like poverty – has been clear for years. Combined with the strong and clear occurrence within a specific geographical area, he has crystal clear thoughts on CKD.

Doctor Orantes began directing studies in 2009 in the Bajo Lempa, Jiquilisco is in this area. Orantes points out that this is not an “individual” phenomenon; it’s a “population phenomenon” and should be recognized as a pandemic because it is present in more than five countries amongst thousands of workers presenting similar characteristics.

A pandemic is defined as an epidemic disease that spreads to many countries or that attacks almost all individuals in a locality or region. “But, the problem is that we are used to speak about the phenomenon of pandemics only when referring to transmissible diseases,” explains doctor Orantes. The transmissible are those that are passed from one human to another through vectors, as is the case with COVID-19 or HIV/Aids.

In terms of the availability of medical services, Jiquilisco belongs to a micro-network consisting of health units and hospitals. It is in one of these health units where nephrologist, Denis Calero, works. “In the five years I’ve been here, this has always been the micro-network with the highest prevalence of CKD in the country. Both for the number that we handle of already diagnosed cases, as well as for the new ones that are appearing,” he says. Doctor Calero is the director of the Community Specialized Family Health Unit “Monsignor Oscar Arnulfo”.

Jiquilisco’s residents are fighters. Literally for decades, workers here have been fighting a relentless battle against a disease that counts amongst the most deadly and affects the majority of people living this coastal municipality: poverty. Severe poverty is present in 44.5% of households, according to a report of the Procuraduría de Derechos Humanos (El Salvador’s Human Rights Attorney’s Office). Homes like the one Julio shares with his wife, mother, and other family members, are examples of households revered to by Procuraduria de Derechos Humanos. They live in an adobe house – made from mud and straw – that barely stands up and is next to a ravine through which murky waters pass. Santos, Julio’s mother, says that she was able to buy this land with loans that she paid, little by little, with the money left to her by selling tortillas.

To this already precarious and thin life lines, the threat of contagion of COVID-19, is almost too much to bare. The conversation here is not about viruses and contagion. Most people here, are physically and socially so vulnerable, because the prevalence of CKD ensures that contracting COVID-19, feels like a death sentence. Poverty ensures that people here are already disadvantaged because of the cronic lack of food, the fact that people don’t have the resources to travel to collect medicine, and in certain areas don’t even have access to basic services, such as clean water.

“It’s complicated. In the hospital, they used to give us what we need, but now we went to hospital and it was full. We were turned away,” Julio explains from a corridor where a hammock hangs. He recalls there was nowhere to sit and that it was thanks to his mother, Santos, who carried a couple of plastic chairs, that they were able to rest a little while they were waiting. “We’re lending them to other older people also waiting – it’s the right thing to do,” Julio recalls leaning heavily on his cane.

The Ministry of Health were clear: patients with CKD has to be provided with all the materials to continue on continuous outpatient peritoneal dialysis in their homes. But these were mere words for Julio. He should, every four hours, walk to the only room with a brick floor and smooth painted walls, that the house has. This space was built with a lot of sacrifices and is reserved exclusively for him to receive his treatment.

Dr. Calero, in his health unit, has tried to shorten the period patients has to spend at hospital and has continued making house visits personally bringing care to those who need him most. He acknowledges: “We are taking extreme action against COVID-19, but perhaps we are neglecting these patients who suffer this other disease that has been here a long time and which is also one of the leading causes of death in the country,” he says.

For what is strictly limited to the renal unit he is in charge of in Jiquilisco, Dr. Calero confirms that, so far in the mandatory quarantine, three people have died from complications or progress of CKD. Three victims of the two pandemic crossing paths.

The disease that has been advancing in the municipality of Jiquilisco for two decades is the same one that has been devastating agricultural communities in Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, and Panama, cutting deathly swathes through agricultural communities in Central America. Chronic kidney disease of non-traditional causes, is like macro cultures: rooted in the depths of the poor communities on the Pacific Coast of this region.

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FOR THE PAST 20 YEARS, the advance of CKD from non-traditional causes in El Salvador has been unstoppable. In one month – between January and December 2019, 5,133 patients with CKD were diagnosed according to a Ministry of Health’s Institutional Operational Plan assessment report. All those tested, were found to be in stage 5 – the most advanced stage. Stage five this is when people are one step away from depending on renal substitution therapy treatment. Their kidneys do not work, and the cleaning function is performed with hoses and machines.

Of the cases discovered last year, only 10% had access to substitute therapies, according to the report. This means that only 544 of more than 5000 cases, had access to renal substitution therapy treatment, like dialysis (treatment at home with hoses and rehydration solution) or hemodialysis (hospital treatment with a blood filter machine). These numbers don’t paint the entire picture:  numbers do not include the National Hospital Rosales –  the hospital chain with the highest capacity to diagnose and treat kidney patients.

The assumptions medical professionals and health officials made about the causes of CKD, suggest that it is multi-causal and includes among its factors issues that are not medical, but rather social. The 2015 National Non-Communicable Disease Survey says: “The disease (CKD) is caused by occupational exposure to agrochemicals used indiscriminately by unprotected people during agricultural activity and, also, by environmental exposure to substances present in the soil, water, air, and food.” The document continues: “Such exposures enhanced by an intense work activity, developed under high temperatures and inadequate hydration and associated with social determinants – mainly poverty.”

Photography by Maynor Lovo

On the table infront of Julio is a bottle of alcohol gel and he is wearing a mask. Santos, Julio’s mother, explains that 14 years ago when he presented the first symptoms, the first thing they thought was that he was going mad. Fevers made him insane, and his behavior was severely affected.

By then, 2006 (14 years ago), scientific and government discussion about CKD in farming communities, was just beginning. Farmers and their families became sick and died within a matter of weeks, at most, months. Dialysis and hemodialysis treatments, which replace kidney function, were barely known in the community then. Julio was afraid of treatment. “He was convinced that the treatment will kill him because at that time, four of our neighbors died, one after the other,” recalls Santos. For the past 12 years he has been on ambulatory peritoneal dialysis, which means that every four hours, he is confined to his sterile room, and, there, he connects himself to two “hoses”: liquid enters his body through the one and leaves through the other.

Julio has not only been there when his co-workers die. He has also seen his neighbors die of the same disease that affects him. When he was diagnosed, four of his friends died in quick succession.  Throughout his treatment, more friends died. There have been so many… “I don’t even remember.”

The mortality rate for Chronic Kidney Disease in El Salvador grew by 3.3 points in just one year. By 2019, it reached to 56.3 points. In this country, this disease leads to death of more people than cervical cancer or hypertension.

Julio, like his neighbors, has no other health conditions – only CKD. According to the Noncommunicable Diseases Survey, of the total cases of CKD detected in El Salvador, 30% of patients have no high blood pressure, diabetes mellitus, or albuminuria. 30 out of 100 people sick with CKD, contracted the disease because of where they live, the conditions under which they work, the weather, and the kind of work they do exposing them to chemicals.

Lack of quality. 25 % of the Salvadoran housing stock has a poor ceiling, walls or floors, according to a study that, in other institutions, Habitat for Humanity signs.

In Jiquilisco, cases of COVID-19 have already been reported. The highly contagious virus, is already circulating in this community. Due to the risk posed by COVID-19, CKD patients have been encouraged to stay at home and medical consultations suspended to avoid crowding at health centers and hospitals.

Doctors and medical officials are looking for ways to make sick patients stay home and receive their treatment there. Healthy family members are encouraged to collect supplies on behalf of patients. But even these measures, announced to “protect” the vulnerable, carries a death sentence confining patients to their homes: Homes that is radically inadequate to guarantee most people with CKD hygienic and save surroundings to receive medical care.  Most sick people in Jiquilisco can simply not afford this.

In El Salvador, 75% of housing is defective and of poor quality. Among the most presentable of homes, 3.5% do not even meet the minimum requirements established as acceptable for a home, according to the State of Housing in Central America report, supported by Habitat for Humanity, among other institutions.

Doctor Orantes began directing studies in 2009 in the Bajo Lempa, Jiquilisco is in this area. Orantes points out that this is not an “individual” phenomenon; it’s a “population phenomenon” and should be recognized as a pandemic because it is present in more than five countries amongst thousands of workers presenting similar characteristics.

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Santos, Julio’s mother, admits that she bought the land where they live although she was told that the previous owners left because it was not deemed healthy to live there. Santos’ property is one piece of land – of 24% of all land in this area – where families live in homes that is not safe. Taking building materials into account, 25% of all Salvadoran housing has weak ceilings, walls, and/or floors. The floor where Julio is standing, is made of hard-pressed dirt.

Covid-19 and CKD share one health recommendation: frequent and rigorous hand washing. As in many other diseases, personal hygiene is key to forming a barrier between the virus or disease and people. In the case of COVID-19, clean hands can prevent contagion. In CKD, clean, washed bodies, can prevent infections. A major obstacle in this area however, is that 27 out of 100 households have only sporadic access to clean water.

Doctor Calero indicates that he cares for between 600 to 800 patients just in Jiquilisco. His patients are at different stages of the disease. But the patients in stage 5 who are already depending on therapy – either dialysis at their homes or with hemodialysis at a hospital – are the cases most worrying. It is potentially lethal if one of these patients go undetected and untreated during this time. “They can’t be overlooked… There are fears of going to a hospital or health unit because of this quarantine thing. In the renal patient, this is serious; if we don’t control them, it can get complicated, it can get very uremic, or it can get to suffer from pulmonary edema.”

Recently, in one day, Dr Calero, had to visit eight patients in homes so far apart and so difficult to reach, it took him late into the night. Dr Calero uses his own resources to do this. He knows that state hospitals and systems are not designed to accommodate this level of care.

Problem. Macrocrops require a lot of care and resources. Agrochemicals raise production, but deteriorate the health of workers and residents of the area.

The Ministry of Health’s top officials, issued no exceptional guidance for patients with CKD or those suffering from any other chronic non-communicable disease, except, in general, to stay at home to reduce the possibility of contagion.

In an article he published in this newspaper a couple of weeks ago, Dr. Carlos Orantes, nephrologist and researcher, made the point about the risk of this vulnerable sector of the population: “Patients on dialysis are particularly vulnerable to this coronavirus, especially those who don’t receive a proper dose of dialysis,” he explained. The reason is “that it has an impact on a decreased immune state that increases the risk of presenting the most severe form of COVID-19.”

Julio knows he must stay home. But the circumstances in which he and his family must comply with this state directive of social isolation, escapes any social media cliché. There are no books here, no TV or online movie services, and no home delivery of groceries. Santos, Julio’s mother, stopped making tortillas, and now the one who owns the business is her daughter-in-law. They live from what they get selling tortillas. Going out to sell the tortillas, however, is itself risky business. When movement restrictions intensify, as has happened in other municipalities, there will no longer be customers. There will be no income. They will be left alone in their house of badly manufactured bricks and metal sheets, trying to survive two pandemics.


Glenda Girón, Bertha Fellow 2019-2020

Sobrevivir a la pandemia y al agresor

Ilustración
Ilustración de Moris Aldana

Elena aprovechó la única oportunidad que tuvo para salir de su casa y denunciar la violencia que sufría de parte de su pareja. En otras circunstancias, esto quizá tampoco hubiera sido fácil por las represalias que él podría haber tomado, pero esta vez se sumaba otro miedo: que los policías o militares la detuvieran por salir a la calle en medio de la cuarentena obligatoria y el estado de excepción.

Así que, el 30 de marzo, el día que miles de salvadoreños acudieron a las sedes del Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios para saber si cumplían con los requisitos para ser beneficiarios de los $300 del gobierno, Elena se contactó con su familia y pudo llegar a un juzgado para denunciar a su pareja por violencia intrafamiliar y solicitar medidas de protección.

El Salvador vivió del 14 de marzo al 13 de abril un estado de excepción ante la emergencia del covid-19. El Ejecutivo buscó prolongarlo sin encontrar consenso en la Asamblea Legislativa, porque uno de los puntos que lo diputados discutieron fueron los abusos atribuidos a la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada (FAES) en las calles.

La noche del 21 de marzo, el presidente Nayib Bukele decretó la cuarentena obligatoria para todo el país y luego la extendió por 15 días más. Esta cuarentena ordena que, a excepción de funcionarios públicos, periodistas y trabajadores de ciertos rubros, solo un miembro de la familia tiene permitido salir de casa para realizar compras. Pero no siempre es la misma persona la que puede hacerlo.

Elena –que no necesariamente se llama Elena- dijo en el juzgado que, con el encierro, estaba prácticamente privada de libertad y que la violencia que ya sufría por parte de su pareja había aumentado. Tras el trámite, logró irse con su familia y salir de aquel lugar que se le había vuelto más hostil.

Con la limitación para circular en las calles, a ORMUSA le tocó convencer a encargados de servicios de mudanzas para que les ayudaran a cambiar de domicilio a dos mujeres que sufrían violencia. A la PNC también le pidieron permiso, para que no les detuvieran en la vía pública, sino que les acompañara en la mudanza. En otro caso, lograron que una mujer fuera recibida en la casa de un amigo.

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LA NECESIDAD OBLIGÓ a Silvia Yesenia Menjívar a no quedarse en casa. El pasado 31 de marzo salió de la casa de un familiar, donde trabajaba cuidando niños, y regresaba a la suya.

Fue la última vez que la vieron con vida en Carasque, en Nueva Trinidad, Chalatenango, el cantón en el que ella vivía. Al día siguiente, su cadáver apareció en un predio de esta zona rural.

Menjívar tenía 25 años, y aunque nunca denunció el acoso sexual constante que sufría de Francisco Alberto, la titular de la Dirección Nacional de la Mujer de la Fiscalía General de la República (FGR), Marina de Ortega, dice que hay pruebas para acusarlo de su feminicidio agravado.

Alberto fue capturado tres días después del crimen y ya fue enviado a prisión preventiva.

En el periodo de emergencia por el covid-19, el caso de Menjívar es el único tipificado como feminicidio, pero han sido asesinadas otras tres mujeres. Los asesinatos se investigan bajo el protocolo de este delito, apunta De Ortega.

Ilustración de Moris Aldana

De acuerdo con los datos consolidados por la FGR, desde el 16 de marzo hasta el 6 de abril, las sedes fiscales recibieron un total de 198 denuncias. Dos son por intentos de feminicidio y las restantes por cuatro de los 11 delitos regulados en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres (LEIV). El 88 % de los casos es por expresiones de violencia.

La FGR también reporta 75 denuncias por violencia intrafamiliar, un delito regulado en el Código Penal y que se convierte en un riesgo para la vida de las mujeres que tienen que estar obligadamente con su agresor, porque buscar un refugio como el que buscó Elena, en esta pandemia, no es posible para todas.

En situaciones de riesgo y desastres, la LEIV obliga al Ministerio de Gobernación, del que depende el Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, a tomar medidas de atención y prevención de violencia hacia las mujeres por su condición de vulnerabilidad.

El sistema tiene una comisión nacional encabezada por el ministro de Gobernación, en este caso, Mario Durán, y la componen directores de instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC). Además de comisiones departamentales, municipales y comunitarias, para operar a nivel nacional, y que involucran a gobernadores, alcaldes y líderes comunitarios.

A casi un mes de la cuarentena, y a casi un año de un nuevo gobierno que se presentó como paritario, en El Salvador sigue sin existir un plan o una política pública para atender a las víctimas de violencia de género en la emergencia del covid-19. La ausencia de esta atención especializada y obligatoria para el Estado tampoco ha llevado a que la entidad rectora de la LEIV, que es el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), la demande, al menos públicamente.

Lo que sí ha hecho ISDEMU es lo mismo que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil: una campaña en redes sociales para que las mujeres denuncien si sufren violencia, por medio de números telefónicos o por chat de Whatsapp. Y ofrece asesorarlas y darles acompañamiento psicológico o legal.

“El Ejecutivo, a través del ISDEMU, debe prever estas situaciones, debe crear mecanismos eficaces para que la mujer víctima de violencia denuncie. El 911 probablemente no le sea eficaz, porque la policía probablemente llegue o no llegue”, asegura una jueza Especializada de Instrucción de la Mujer que prefirió no identificarse.

La jueza insiste en que debe existir mayor comunicación entre las instituciones estatales e informar sobre las casas de acogida para las mujeres que sufren violencia, un programa coordinado y supervisado por el ISDEMU. No deja de lado que el Órgano Judicial también debe innovar para que, si un juzgado ya ha terminado su jornada laboral, pero una mujer necesita medidas de protección, estas puedan ser otorgadas de forma inmediata.

El decreto de emergencia nacional, que los diputados aprobaron el 14 de marzo y extendieron por 15 días más el pasado jueves, suspende algunas labores en las sedes judiciales, pero permite que los juzgados den a las mujeres medidas de protección por casos de violencia. Ellas pueden llegar a pedirlas a los Juzgados Especializados de Instrucción de la Mujer, ubicados en San Salvador, San Miguel y Santa Ana; y en los juzgados de paz de cualquier municipio.

El principal problema de los juzgados especializados es que están saturados de trabajo. Mientras que, aún en días normales, hay juzgados de paz se niegan a otorgarles las medidas de protección a las víctimas.

Entre las denuncias que ha recibido la Colectiva Amorales, cuatro están relacionadas con delitos cibernéticos. La fiscal Marina de Ortega señala que, entre el 16 de marzo y el 6 de abril, han recibido 10 denuncias por el delito de divulgación de material ilegal y 7 por difusión de material pornográfico. Ambos delitos están contemplados en la LEIV.

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EL 8 DE ABRIL, EL ALCALDE DE SAN MARCOS, Fidel Fuentes, publicó una foto con María Antonia Sánchez, en su cuenta personal de Facebook. Sánchez sonreía al lado del alcalde.

Ella era una lideresa del cantón Casa de Piedra, de ese municipio, y la foto donde aparecía era para denunciar su asesinato, ocurrido cerca de su casa. A ella se le pudo llamar por su nombre, quienes la quisieron pudieron contar su historia con ella.

Pero, horas antes de la publicación del alcalde, apareció el cuerpo de otra mujer. Ella, a diferencia de María Antonia, no fue identificada por falta de documentos. El cadáver fue encontrado en el kilómetro 3 de la carretera Troncal del Norte, en Ciudad Delgado. La víctima, dijo la PNC, tenía señales de estrangulamiento.

El 7 de abril fue encontrado el cadáver de otra mujer en un barranco, sobre la carretera a Talnique, en La Libertad. La víctima tampoco portaba documentos y no fue identificada.

El último informe sobre hechos de violencia contra las mujeres, con datos de enero a junio de 2019 y elaborado por el Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contras las Mujeres, dice que durante ese periodo hubo 21 casos de violencia física y 17 casos de violencia sexual por día y sumaron 3,138 en el semestre. En un 49.1 % fueron cometidos en domicilios particulares y 67 % de las víctimas fue menor de edad.

“En emergencias suele elevarse la violencia, precisamente por este control que tienen los agresores sobre las víctimas. Porque a mayores periodos de convivencia, mayores prácticas de abuso. Esta es como un medición matemática que han dado los periodos vacacionales y los fines de semana”, sostiene la abogada Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).

ORMUSA tiene un observatorio de violencia y un Centro de Atención Legal que ha activado en esta emergencia para recibir denuncias. Desde el 17 de marzo hasta el 13 de abril, recibió 149 denuncias por hechos como violencia intrafamiliar, violencia física, psicológica, sexual y laboral. En un mes normal, señala Juárez, la organización reporta 30 denuncias, lo que significa que durante el encierro hay un incremento de más del 70 % en menos de un mes.

La organización ha monitoreado el trabajo de los juzgados Especializados de Instrucción de la Mujer y los juzgados de paz. Los primeros, dice Juárez, han recibido denuncias, e incluso, la jueza del tribunal ubicado en San Salvador y que puede conocer casos de siete departamentos del país, ha activado un número para Whatsapp y notifica documentos por correo electrónico. Sin embargo, hay juzgados de paz que se han resistido a tomar denuncias.

Con la limitación para circular en las calles, a ORMUSA le tocó convencer a encargados de servicios de mudanzas para que les ayudaran a cambiar de domicilio a dos mujeres que sufrían violencia. A la PNC también le pidieron permiso, para que no les detuvieran en la vía pública, sino que les acompañara en la mudanza. En otro caso, lograron que una mujer fuera recibida en la casa de un amigo.

La FGR informó el 7 de abril que las denuncias por violencia de género habían bajado en la institución. Juárez enumera tres razones por la que esto pasa: por el miedo que tienen las mujeres a ser detenidas por la PNC si salen de sus casas; las mujeres piensan que aunque logren denunciar, la denuncia no va a ser relevante en medio de la emergencia; además de pensar que las instituciones donde pueden denunciar están cerradas.

Durante la cuarentena obligatoria, Argentina lanzó el 1 de abril una campaña contra la violencia de género. Se llama “Barbijo Rojo” y consiste en una línea de emergencia que las farmacias activan cuando una mujer llega y pide una mascarilla roja, lo que se traduce en una ayuda para interponer una denuncia.

Ilustración de mano con símbolo de la mujer
Ilustración de Moris Aldana

En El Salvador hay instituciones con servicios irregulares para atender las denuncias, como la Procuraduría General de la República y la FGR. No ha sido el caso de las sedes de la Unidad Institucional de Atención Especializada a las Mujeres en Situación de Violencia (UNIMUJER), de la PNC, según Juárez. Lo que ha permitido que sea la PNC la que se desplace a la casa de la víctima para tomar una denuncia o para movilizarla a que la haga.

Juárez destaca la falta de un plan de seguridad para las mujeres que salen a las calles, cuando culturalmente ellas son las delegadas a salir por comida o trabajar. Y ahora, dice, se enfrentan a territorios solitarios en los que, a veces, tienen que caminar largos tramos, lo que las vuelve vulnerables. Como ocurrió con Silvia Yesenia Menjívar.

Por esto, la abogada cita el caso de Panamá, que también ha ordenado una cuarentena obligatoria, pero ha asignado días para que los hombres o las mujeres salgan a las calles. “Es una situación extrema, pero, la verdad, es que en situaciones extremas, aplican medidas de esta naturaleza, sabiendo las condiciones de vulnerabilidad que las mujeres tienen”, señala.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) reportó, del 21 de marzo hasta el pasado lunes, 149 casos de detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza cometidos por la PNC y la FAES.

Las falta de planes y protocolos de atención para las mujeres en la emergencia por el covid-19 y las denuncias por los hechos de violencia contra las mujeres han sido constantes en las redes sociales por parte del movimiento feminista y defensoras de derechos humanos. El 9 de abril, a las 6 de la noche, hubo una convocatoria para escribir mensajes en Twitter por medio de la etiqueta #ElFeminicidioNoEstáEnCuarentena.

El pasado 22 de marzo también la activista Morena Herrera preguntó, en Twitter, al presidente Bukele sobre los datos de homicidios y feminicidios, luego que él publicara un mapa mundial que mostraba la propagación del covid-19 e indicara que ya había iniciado la Tercera Guerra Mundial.

“¿No hay? “¿No se cuentan?”, cuestionó Herrera sobre los crímenes. Bukele retomó su tuit y dijo que marzo llevaba las cifras más bajas de homicidios en la historia del país. “Si no he tuiteado sobre eso, es porque enfrentamos una amenaza mucho más grande en estos momentos. Una amenaza que muchos no han logrado comprender”, le contestó.

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EN LAS PRIMERAS DOS SEMANAS de la cuarentena obligatoria, ORMUSA intentó referir dos casos de violencia al ISDEMU, pero no pudo, porque las llamadas a la línea de atención no salieron. La organización se enteró, no por el instituto, sino por otra persona, de que, para entonces, la línea había tenido fallas técnicas, recuerda Silvia Juárez.

Los servicios de ISDEMU son los que menos ocupa ORMUSA, cuenta, ya que el instituto se limita a asesorías. La organización se respalda más de las UNIMUJERES, ya que estas acompañan a las víctimas en trámites de denuncias y, si es posible, hasta al Instituto de Medicina Legal.

Juárez agrega que otra de las preocupaciones en esta cuarentena obligatoria son las menores víctimas de incesto que están viviendo en el mismo lugar con su agresor.

En ORMUSA envían boletines con información dosificada sobre el comportamiento de la violencia de género a las lideresas que están organizadas en los territorios y que saben qué mujeres están vulnerables a la violencia en estos lugares. Lo hacen a través de Whatsapp para que ellas repliquen con otras los mensajes, tomando en cuenta las implicaciones que traería para las mujeres que viven junto a un agresor si estos se enteran que ellas atienden llamadas o ven videos con esta información.

Mariana Moisa es antropóloga y trabaja en la Colectiva Feminista y en la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, dos organizaciones que han habilitado un teléfono para atender denuncias y brindarles a las víctimas atención psicológica y jurídica.

Hasta el 8 de abril, tras dos semanas de haber habilitado el teléfono, ya contaban 15 denuncias por hechos de violencia intrafamiliar y violencia psicológica, cuando, por lo regular, en un solo mes, atienden un aproximado de 30 casos. Moisa señala que han recibido avisos de mujeres que dicen que en la FGR no están tomando denuncias, con la excusa de que están en una emergencia. “Lo que vemos es violencia estructural. Es más evidente en este momento y es más evidente frente a la nula política con enfoque de derechos humanos, quitale enfoque de género. De derechos humanos, lo más básico”, indica la antropóloga.

Revista Séptimo Sentido solicitó estadísticas sobre el número de denuncias recibidas en la emergencia por el covid-19 en el ISDEMU, pero al cierre de esta edición, no hubo respuesta de la encargada de Comunicaciones. Tampoco hubo respuesta del secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, a la solicitud de entrevistar al ministro de Gobernación, Mario Durán; y a la presidenta de la Junta Directiva del ISDEMU, María Soledad Briones.

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UNA JOVEN ESCRIBIÓ DESESPERADA a la página de la Colectiva Amorales para denunciar la divulgación de fotos íntimas suyas en una página de internet. A ella le habían robado el teléfono y sabía quién había subido las fotos. La colectiva le dio asesoría jurídica, pero cuando la víctima llegó a uno de los juzgados Especializados de Instrucción de la Mujer, ahí le dijeron que solo estaban recibiendo denuncias por casos más graves, dice la abogada Lissania Zelaya.

“¿Cómo calificás un caso grave? La violencia contra las mujeres nunca ha sido un caso grave. Hasta que ya te ven muerta es un caso grave”, cuestiona la abogada.

Zelaya también se refiere al caso de una joven que se enteró, en esta emergencia, que su pareja, quien vive en su misma colonia y con quien tiene una hija, difundió fotos suyas en una página web, porque estaba enojado con ella. La víctima, expone Zelaya, quiso denunciarlo, pero al llamar a UNIMUJER y al ISDEMU, no obtuvo respuesta.

Entre las denuncias que ha recibido la Colectiva Amorales, cuatro están relacionadas con delitos cibernéticos. La fiscal Marina de Ortega señala que, entre el 16 de marzo y el 6 de abril, han recibido 10 denuncias por el delito de divulgación de material ilegal y 7 por difusión de material pornográfico. Ambos delitos están contemplados en la LEIV.

“En pandemia pueden aumentarse estos casos por el confinamiento. Muy probable es que se capten fotografías y luego existan rupturas (entre las parejas)”, aclara la jueza que habló con esta revista, para quien la FGR necesita peritos idóneos para resolver los delitos cibernéticos contras las mujeres y así encontrar los nexos entre quienes conforman estas redes.

A las denuncias por delitos cibernéticos que la Colectiva Amorales ha recibido, el 13 de abril se sumó una por el allanamiento ilegal de morada que sufrió una joven por un grupo de siete policías y militares, la noche del 13 de abril.

Ese día el gobierno publicó el Decreto Ejecutivo 19, que avala que personal del Ministerio de Salud, no de seguridad, entre a las casas para que evalúen las medidas sanitarias por el covid-19. El decreto ya ha sido rechazado por algunos grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa y por la PDDH, pero el Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, dijo que sustituye al régimen de excepción.

Zelaya señala que, en una sociedad diversa como la salvadoreña, hay condiciones de vulnerabilidad para las mujeres de todas las edades, pero que para atender necesidades específicas de toda una población existe un gabinete de gobierno que también puede estar en comunicación con el ISDEMU y así crear los mecanismos de atención. Sin embargo, es algo que por hoy no existe.

Todavía faltan dos semanas para que termine la cuarentena obligatoria. Con el encierro habrá más mujeres intentando sobrevivir a la pandemia y al agresor que tienen a su lado. Y no todas tendrán la oportunidad para denunciarlo como lo hizo Elena.

Más de 60 sacerdotes muertos: la tragedia que impacta al clero italiano

Fotografía de archivo

Dicen en Italia que muchos sacerdotes católicos caminan como si fueran zombis.

Con mascarilla, gorra, guantes, sotana y extrañas gafas, decenas de ellos andan soñolientos entre féretros, enfermeros exhaustos, quejidos y lágrimas de moribundos que no solo tienen temor a la muerte, sino que además les aterra cerrar sus ojos sin haber visto por última vez el rostro de sus seres queridos. Se sienten solos, espiritualmente consternados y, al final de la carrera, sedientos de escuchar que su Dios los perdona y que el llanto de ahora se convertirá en gozo en un anhelado más allá.

Por eso los zombis con sotana se han resistido a dejarlos solos. En muchos casos, los ministros han puesto de primero sus obligaciones pastorales antes que su propia vida y al final han terminado compartiendo el mismo destino que sus “hijos espirituales”: han muerto en soledad, sin parientes a quienes decir adiós y, paradójicamente, sin funerales, esas ceremonias religiosas que en vida oficiaron centenares de veces.

Es la realidad, pero parece una ficción; en Italia el nuevo coronavirus (covid-19) se ha cobrado la vida de al menos 69 sacerdotes. Son números oficiales que, incluso, podrían ser más abultados, pues en ellos se registran los decesos de ministros diocesanos pero no con precisión a los pertenecientes a comunidades religiosas.

El 15 de marzo, aproximadamente, las noticias comenzaron a abrumar al clero. En medio de la emergencia sanitaria, que ha cobrado más de 11,000 víctimas en Italia, los medios oficiales de la iglesia y otros de carácter local encendieron las alarmas en las parroquias.

“Cinco muertes de sacerdotes de la diócesis de Parma, dos en Milán y Cremona, una en Brescia, sin contar los numerosos sacerdotes contagiados, algunos en cuidados intensivos”, publicó en sus páginas el diario local L’Eco di Bérgamo, citado por la Deutsche Welle en un reportaje especial sobre el tema.

Pero ese dato solo significó el zarpazo inicial. El número de muertos se consolidaría con el paso de los días en el norte de Italia, un sector que como bien lo apunta Deutsche Welle es “particularmente creyente”.

Un ejemplo de eso es la ciudad de Bérgamo -la más golpeada por el virus en toda Italia-. En ese lugar las tradiciones católicas son el corazón cultural del pueblo y sus sacerdotes sus queridos protagonistas. El pontífice Juan XXIII, mejor conocido como el “Papa bueno” por su recordado carisma, era originario de esa provincia, perteneciente a la región de Lombardía. Por eso, cuando el covid-19 comenzó a cobrar sus primeras víctimas, los sacerdotes de esa región salieron de sus sacristías sin reparo. ¿Acaso había opción? El pueblo clamaba por ellos y su vocación los llamaba a la acción.

“Los sacerdotes nunca se jubilan. Por eso, el virus los cazó. Porque su vida estaba inmersa en la de sus comunidades, y es probable que algunos de ellos se infectaran, sin darse cuenta o conscientes del peligro mortal, para ofrecer la extrema unción a un enfermo o simplemente atenderle en sus necesidades. Por ejemplo, confesarle”.

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LAS VÍCTIMAS, SUS HISTORIAS

Según el diario L’Avvenire, con sede en Milán, la mayoría de sacerdotes fallecidos en Italia eran mayores de 70 años. Eso sí, el más joven de la lista era un padre de 45 años, perteneciente a la Diócesis de Salerno.

Suena lógico. Se sabe que el covid-19 se ensaña sobre todo con los adultos mayores, pero ¿acaso no estaban estos padres jubilados?

No estaban retirados. Tal como lo recordó la periodista e historiada italiana Lucetta Scarafia -famosa por ser una recurrente critica al sistema eclesiástico de Roma y por haber denunciado en L’Osservatore Romano los abusos sexuales cometidos contra monjas por parte de religiosos-, “la misión del sacerdote es una elección vital, que nunca termina”.

“Los sacerdotes nunca se jubilan. Por eso, el virus los cazó. Porque su vida estaba inmersa en la de sus comunidades, y es probable que algunos de ellos se infectaran, sin darse cuenta o conscientes del peligro mortal, para ofrecer la extrema unción a un enfermo o simplemente atenderle en sus necesidades. Por ejemplo, confesarle”, expresó Scarafia en su blog Desde el último banco, de la revista Vida Nueva Digital.

“El dolor que todos sentimos al ver que tantas personas enfermas mueren solas, sin consuelo espiritual, incluso ahora sin funerales, deja en claro cuán importante es la presencia de un sacerdote al final de su vida, y también cómo los sacramentos y los rituales ayudan. Quizás cuando volvamos a la vida normal, puede que la presencia de los sacerdotes en los hospitales ya no se considere algo desafortunado”, finalizó la periodista.

En esa línea, medios católicos, como la agencia Vatican News, mencionan que muchos de los sacerdotes ancianos que murieron en Italia se mantenían activos de distintas maneras en sus pueblos, muchas veces para compensar una realidad que afecta a la Iglesia católica en todo el mundo: la disminución del clero, pues cada día menos jóvenes optan por ingresar al seminario.

Por ese motivo habría muerto de coronavirus el sacerdote Mario Cavalleri, que con 104 años de edad es el mayor de la lista. Se suma el caso de los sacerdotes gemelos Mario y Giovanni Boselli, de 87 años, y llama poderosamente la atención la perdida de 13 miembros de una comunidad de misioneros javerianos, en Parma.

Sin embargo, uno de los casos que más ha conmovido al mundo es el de Giuseppe Berardelli. Este sacerdote de 72 años, perteneciente a la diócesis de Bérgamo, fue contagiado con el covid-19 y falleció después de renunciar al respirador que sus feligreses le habían comprado.

Fe. Los sacerdotes en Italia han servido de soporte emocional a una población muy religiosa que, pese a sus creencias y costumbres, debe permanecer en casa acatando cuarentena.

Según ABC, de España, Berardelli donó su respirador a un paciente más joven, que él consideró tenía mayores posibilidades de sobrevivir. Su comunidad, que recuerda a Berardelli como un tipo bonachón, al que le encantaba trasladarse con una vieja moto para atender a sus feligreses y charlar con sus amigos del mercado, no lo pudo ni siquiera despedir.

Al padre Berardelli se lo llevaron al hospital y más nadie lo volvió a ver. Para honrarlo, lo único que pudieron hacer sus feligreses fue apostarse frente a su casa y dedicarle un sonoro aplauso. “Era un sacerdote que escuchaba a todos, sabía escuchar, quien se dirigía a él sabía que podía contar con su ayuda”, dijo a la ABCClara Poli, quien fue alcaldesa de Fiorano, una comunidad a la que sirvió el presbítero hace varios años.

“Gracias a Berardelli se llegó a abrir un centro de ayuda para las familias en situación de vulnerabilidad. Cuando se le veía pasar era siempre alegre y lleno de entusiasmo. Ha regalado paz y alegría a nuestra comunidad”, agregó Poli.

Otros sacerdotes fallecidos por covid-19 son Monseñor Angelo Moreschi, salesiano misionero que sirvió por muchos años en Etiopía, y el padre Cirillo Longo, de 95 años, quien según el sitio Aleteia.orgse habría despedido de este mundo con la siguiente frase: “¡Nos vemos en el Paraíso, recen el rosario!”.

El saludo de Francisco y la “fantasía” pastoral

No por nada el Papa Francisco tomó una tarde el teléfono y llamó extremadamente preocupado al obispo de Bérgamo, Monseñor Francesco Beschi. Enterado de la complicada situación, el pontífice se quiso solidarizar extendiendo un mensaje de aliento a los sacerdotes en riesgo, pero también a sus feligreses.

“El Santo Padre ha sido muy cariñoso mostrando su cercanía paternal, conmigo, con los sacerdotes, con los enfermos, con los que los cuidan y con toda nuestra comunidad. Quería preguntar detalles sobre la situación que vive Bérgamo, sobre la que estaba muy bien informado”, comunicó Monseñor Beschi.

Francisco dijo a Beschi que llevara su cercanía a los enfermos, a las familias dolientes y a todos aquellos que de diferentes maneras están haciendo un trabajo heroico por el bien de los demás. Sin embargo, hubo un detalle adicional que llamó la atención, pues en su mensaje el Papa mencionó estar conmovido por la “fantasía pastoral con la que los sacerdotes se inventan toda forma posible de cercanía a las familias, los ancianos y los niños, un signo de la propia cercanía de Dios”.

Efectivamente, tras los trágicos acontecimientos, las autoridades de salud de Italia han ordenado a los sacerdotes evitar riesgos que puedan poner en peligro su vida. Ante el restrictivo panorama, muchos presbíteros han desoído los ordenamientos, pero otros se las han ingeniado para seguir sirviendo a sus feligreses con “fantasía pastoral”.

Es el caso de fray Aquilino Apassiti, de 84 años, quien en el corazón del Hospital Juan XXIII, de Bérgamo, tiene que convivir todos los días con la muerte de decenas de pacientes por el covid-19. Conocedor del sufrimiento de los enfermos y de sus familiares por no poder llorar a sus muertos, se las ha arreglado para suavizar la triste situación. “Los familiares de los fallecidos me llaman, pongo mi móvil sobre los cuerpos de sus seres queridos y rezamos juntos”, contó Apassiti a InBlu Radio, la cadena de radio católica de la Conferencia Episcopal Italiana.

Pero Fray Apassiti no se conforma con eso. Camina por los pabellones del hospital y, donde no lo dejan entrar por restricciones médicas, realiza oraciones especiales desde las puertas.

La bendición de los cadáveres es otro doloroso ritual realizado por el padre Apassiti. Con agua bendita en una jarra y un aspersor, el fray riega las bendiciones sobre el féretro a sabiendas que posiblemente es la única despedida religiosa que podrán tener. Lo hace en soledad, pues, aunque los familiares de la víctima desearían estar en ese momento, la cuarentena se los impide.

“El otro día una señora, incapaz de despedirse de su difunto marido, me pidió que hiciera este gesto. Bendije el cuerpo de su esposo, hice una oración, y luego ambos comenzamos a llorar por teléfono. Uno experimenta dolor en el dolor. Es un momento de gran prueba”, dijo Apassiti a InBlu Radio.

La “fantasía pastoral” lleva a otros sacerdotes a celebrar misas, horas santas y bendiciones especiales con el Santísimo en Youtube o en las redes sociales. Otros, un poco más osados, salen de sus casas y organizan misas en plazas circundadas por unidades de apartamentos, a sabiendas de que los feligreses en cuarentena saldrán por las ventanas a escuchar la ceremonia.

Otros presbíteros organizan procesiones con el Santísimo por las calles o confiesan a varios metros de distancia a sus feligreses. Esto no solo pasa en Italia, en Costa Rica ya hemos visto varias procesiones de este tipo, mientras que en Maryland, Estados Unidos, un sacerdote llamado Scott Holmer se va para la calle, se sienta en una silla y escucha los pecados de algunos conductores de ‘larguito’, sin que tengan que bajarse de su auto. Es algo así como ir al autoservicio de un restaurante de comida rápida, solo que el combo no trae papitas fritas, sino una ración de consuelo en tiempos convulsos.

“Vamos a estar aquí el tiempo que la gente nos necesite”, dijo el padre Scott al diario español La Vanguardia. “La emoción que la gente más expresa es la gratitud. Poder venir y ver a un sacerdote les da sensación de estabilidad en un momento en que todo es inestable”, agregó.

***

¿DÓNDE ESTÁ DIOS?

El sacerdote costarricense Gerardo Rodríguez es, desde hace dos años y medio, el capellán del Hospital Spallanzani, de Roma. Rodríguez contó su experiencia a la agencia de noticias Rome Reports, pues Hospital Spallanzani es uno de los centros italianos dedicados, casi exclusivamente, a enfrentar la pandemia.

“En estos días, me sucede muy a menudo que tengo que dar yo solo la bendición con un ataúd. Solo estamos el difunto y yo. A lo mejor con un operador sanitario haciendo un video para la familia que está en la casa y no puede estar”, comentó Rodríguez, poniendo como ejemplo a una mujer de 28 años que había dado a luz hace apenas dos meses y que finalmente murió sin nadie conocido a la par.

Otro caso dramático fue el de un hombre infectado que pidió un sacerdote antes de morir. Narra Rome Reports que, por evitar el contagio, Rodríguez tuvo que comunicarse con él de lejos y casi a los gritos.

“Le pedí al enfermo que hiciera algún movimiento pequeño de la mano, para asegurarme que me estaba escuchando. Le di la absolución de los pecados y le he recordado el amor que Dios le tiene y que posiblemente ya estaba apunto de entregar su alma al creador. El movía sus manos e incluso sus pies”, narró el padre, que en medio de tanta angustia no pudo evitar hacerse una pregunta existencial.

-¿Dónde está Dios en todo esto?- se cuestiona el padre, para un segundo después auto responderse.

“Pues bueno, para mi Dios estaba en ese enfermo, para él, seguramente, Dios estaba en ese momento en mi persona. Eso es lo más difícil de hacer en este momento, hacer entender a las personas que Dios no los ha abandonado”, reflexionó el costarricense, que desde el vidrio de una ventana tiene que comunicarse con un amigo suyo que también está internado en el hospital. El covid-19 no hace distinciones.

El diario italiano Corriere della Sera también recogió en sus páginas el testimonio del padre Rodríguez, quien contó como da la comunión con tantas restricciones.

“He tomado por sorpresa a más de un paciente. A más de uno, preocupado porque no se ha confesado, le respondo que no se preocupe, que confesaremos con el tiempo”, narró el padre.

Pero las precauciones para dar la hostia son muchas. El sacerdote debe dejar el plato con la hostia en una antesala, y el paciente, si puede levantarse, va y lo toma con sus propias manos.

“Entonces hacemos una oración común y damos la bendición. El otro día mi fue cumpleaños y muchos pacientes hicieron la comunión. Yo leí eso como un regalo de Dios. Cuando llegué a casa puse música y me canté feliz cumpleaños. Solo…”, finalizó conmovido.

Esa es la fe, en tiempos de la pandemia.

Edad. El riesgo que corren los sacerdotes se ve incrementado por la edad promedio de los mismos. Son una población de riesgo alto.

Volver a El Salvador aún no es una posibilidad

Ilustración de Moris Aldana

Ernesto viajó el 28 de febrero a San José, la capital de Costa Rica, porque de su trabajo lo mandaron a capacitar a personal de cocina para una cadena de bares. Él es jefe de cocina en un bar de San Salvador e iba por un mes y medio a enseñar nuevas recetas. Luego, le alargaron su estadía.

La empresa le daba viáticos y también le pagaba un hotel, pero con la declaratoria del COVID-19 como pandemia y su avance por Centroamérica, el local costarricense donde estaba Ernesto paró operaciones. Así que, de un día para otro, le dijeron que volviera a su país, pero El Salvador ya había prohibido el ingreso de vuelos comerciales por el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y la entrada terrestre en sus fronteras.

A pesar de que la empresa le buscó alojamiento en la casa de un compañero, Ernesto dejó de recibir viáticos y hoy ya no sabe cómo volver el 25 de abril, cuando tenía programado su vuelo. Su compañero está por mudarse y, al menos, le ha dicho que puede seguir alojándolo en la casa de su mamá.

Cuando supo que tenía que mantenerse por su cuenta en el extranjero, Ernesto, desesperado, gastó los $30 que le quedaban de viáticos para comprar provisiones -que no le alcanzaron para mucho por lo cara que es la vida en Costa Rica- y ya se acabó sus ahorros para sobrevivir. “Tenía un poco ahorrado, ya no tengo nada de eso. Ya me toca quizá prestar en El Salvador, tal vez mi esposa puede rebuscarse”, dice en una llamada.

Si no recibe ayuda de su empresa para comprar un boleto de regreso, tiene que buscar de dónde sacar el dinero. No pide volver en avión, está dispuesto a viajar 23 horas en bus con tal de estar de nuevo en el país. Acá no tiene garantizado su sueldo. Parte del equipo de la empresa que lo envió como capacitador, está sin trabajar por la emergencia y algunos compañeros le contaron que no recibieron su última quincena.

Sin pensarlo y en cuestión de horas, una pandemia hizo que Ernesto se quedara sin país. Ha pasado lo mismo con miles de salvadoreños que están varados por el mundo, después de que el 17 de marzo, el presidente Nayib Bukele anunciara el cierre, sin avisar con tiempo, el Aeropuerto Internacional para los vuelos comerciales. Seis días antes, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al COVID-19 una pandemia, ya había comenzado a restringir el paso por las fronteras.

Desde entonces, los salvadoreños que no pudieron volver han tenido que pedir alojamiento donde amigos o conocidos, gastar sus ahorros o prestar dinero. Los gastos de algunos de los que viajaron por trabajo están siendo asumidos por sus empresas o instituciones. Otros ya ni siquiera tienen trabajo y no pueden costearse alquileres.

Los hipertensos y diabéticos no tienen forma rápida de comprar medicinas en el extranjero y no pueden darse el lujo de dejar de tomarlas, como para esperar que les sean enviadas desde la Cancillería de la República. Hay padres pensando en sus hijos, hijos pensando en sus padres o abuelos que viven solos la emergencia en El Salvador.

Ninguno de los que salió imaginó que la ropa que traían para unos días, se convertiría en la ropa que repetirán por semanas. Que la cargarían sucia hasta encontrar un lugar donde lavarla o donde les prestaran mudadas, porque si no era el caso, había que comprar más. Se alejaron del clima tropical y se han enfrentado a cambios de estaciones climáticas, que también exigen cambios de ropa y medicamentos para las alergias.

Ilustración de Moris Aldana

A comienzos de marzo, nadie advertía una pandemia en los aeropuertos de América. Tampoco las aerolíneas advertían sobre los riesgos de viajar. Lo que sí se advertía era a mucha gente con mascarillas intentando estar lejos de otras mientras esperaban vuelos, y afiches del COVID-19 en los pasillos de los aeropuertos.

Para los salvadoreños que viajaron, el virus aún estaba lejano, pero se iba expandiendo. No pensaron que el contagio sería veloz en América y que al terminar un tour, un taller o la visita donde un familiar, deberían asumir las consecuencias de la pandemia en países ajenos, en los que no existen. En un países donde los hospitales ya están abarrotados por enfermos de COVID-19 o donde contagiarse implica mucho dinero para gente que está con lo justo o simplemente ya no tiene cómo sobrevivir.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó el 27 de marzo que 3,450 salvadoreños habían solicitado ser repatriados. Este ministerio ha publicado en sus redes sociales un formulario en el que pide los datos de los varados y las principales necesidades que tienen, pero la información solo sirve para hacer un censo.

Hay embajadas que, a partir del formulario, comenzaron a contactar a los salvadoreños y los metieron a grupos de Whatsapp, como la de El Salvador en Argentina. A los 16 salvadoreños en el grupo nos han ofrecido alojamiento en su sede y, si es necesario, colaboración para medicinas o alimentos.

Argentina está en cuarentena obligatoria desde el 20 de marzo y la ha prorrogado hasta el 13 de abril. Las calles de su capital, Buenos Aires, están vacías y la policía las patrulla a toda hora. Si no hay forma de justificar por qué uno anda en la calle, lo llevan detenido. Solo están abiertas las tiendas, las ventas de comida, farmacias y supermercados.

Los salvadoreños varados en este país, estamos en cuarentena, y al llegar allá estamos conscientes que tenemos que cumplir la cuarentena obligatoria en albergues y someternos a la prueba del COVID-19. Son casi dos meses los que estaremos lejos de nuestras casas, uno en retornar, si el aeropuerto abre cuando termine la emergencia. Otro en pasar en un albergue, si el gobierno no reduce los días de aislamiento.

La de Argentina no es la única embajada que se ha acercado a los varados. La semana pasada, la Embajada de El Salvador en México tuvo una reunión con el grupo de más de 70 salvadoreños que no pudo salir de ese país.

Los salvadoreños plantearon dos formas de volver: por medio de un vuelo humanitario desde México a El Salvador o hasta Guatemala. Si llegan a Guatemala, pidieron que sea el gobierno salvadoreño que los traslade por tierra y ellos se someterán a la cuarentena obligatoria.

“No tenés idea de la envidia de ver que otros países están reaccionando (con vuelos humanitarios). No tenés idea lo que nos duele que nuestros propios hermanos, cuando hay iniciativas, cuando la gente comienza a pedir que hay que repatriarnos, dicen que vamos a llevar la peste”, lamenta Francisco Torres, en una llamada, con la voz quebrada.

Él es uno de los cuatro salvadoreños que fueron delegados para reunirse con el embajador y exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, quien se comprometió en hacer llegar las peticiones a El Salvador. No hubo resultados, pero sí lograron recibir los kits de limpieza y comida que, hasta el pasado martes, no les eran ofrecidos.

Lo que más les preocupa a los varados en México es que los hoteles pequeños y baratos están cerrando por la pandemia y que, al igual que Nicaragua, el gobierno mexicano no ha tomado las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19 y los contagios pueden expandirse. El viernes había 1,500 contagiados.

Lo único que todos tenemos claro al cierre de esta edición es que no hay vuelos humanitarios desde El Salvador. El aeropuerto sigue cerrado para vuelos comerciales, lo que no ha impedido que países como España y Estados Unidos ya mandaran a repatriar a sus ciudadanos.

Entre los decretos que la Asamblea Legislativa aprobó en la plenaria del paso miércoles estaba uno transitorio para permitir el regreso de los salvadoreños por vía terrestre, aérea o marítima, de acuerdo con la capacidad en los albergues y protocolos de atención y protección elaborados por el Ministerio de Salud.

El decreto establece que El Salvador facilitará el retorno de los varados, sin importar su condición migratoria, pero los diputados señalaron que son ellos quienes deben pagarse el regreso.

Bukele ya dijo el jueves que los decretos aprobados en la plenaria no tienen su sanción. “ACLARACIÓN: NINGUNA de las reformas o decretos aprobados ayer por la @AsambleaSV cuentan con mi sanción y por lo tanto NO TIENEN VIGENCIA. Cualquiera que, basado en información tendenciosa, intente violar la ley ‘amparándose´ en un decreto no vigente, será sancionado”, publicó en Twitter.

El viernes, la canciller de la República, Alexandra Hill Tinoco, canceló una reunión ya acordada con los diputados para discutir el tema. Sin embargo, desde su cuenta de Twitter se limitó a mencionar al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, y decirle que no tenía sentido reunirse, porque la Asamblea Legislativa había aprobado el decreto sobre los varados sin la opinión técnica de Cancillería y que esta seguirá coordinando con el Centro de Operaciones para la Asistencia Consultar Remota -el centro en el que les atienden- . Ahí, dijo Tinoco, los diputados “pueden llegar”.

El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, Federico Anliker, dijo esta semana que el Aeropuerto Internacional recibirá vuelos comerciales con pasajeros hasta el 19 de abril, fecha en ya estaría levantada la cuarentena obligatoria. Sin embargo, Anliker dijo que deberá esperarse la evolución del COVID-19 y qué decisiones tome el gobierno.

Ante la falta de respuesta, los varados comenzaron a buscar soluciones para volver, a través del grupo de Whatsapp que se llama “Salvadoreños en el exilio” y que suma más de 230 miembros. En el grupo se difundió la iniciativa de presentar un amparo a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para poder retornar, y mientras hay un fallo, ya coordinan gestiones de retorno.

La madrugada del jueves, el abogado José Ascencio Marinero presentó el amparo en nombre de casi 200 varados. Pidió que el gobierno gestione vuelos o formas alternas de retorno, por medio de sus consulados. Aunque solicitó vuelos humanitarios, aclaró que los salvadoreños están dispuestos a pagar su vuelo.

Expuso también que los varados se someterán a la cuarentena obligatoria y, de ser necesario y si el gobierno lo autoriza, pueden comprar las pruebas del COVID-19. Una opción para hacerlo es en un laboratorio de Miami, Estados Unidos, donde la prueba Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés), cuesta aproximadamente $35.

“No tenés idea de la envidia de ver que otros países están reaccionando (con vuelos humanitarios). No tenés idea lo que nos duele que nuestros propios hermanos, cuando hay iniciativas, cuando la gente comienza a pedir que hay que repatriarnos, dicen que vamos a llevar la peste”, lamenta Francisco Torres, en una llamada, con la voz quebrada.

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Romeo Esquivel está a cinco horas de El Salvador, esperando a que abran las fronteras para regresar desde Guatemala. Pero espera que, al volver, los 30 días de cuarentena obligatorias impuestos por el gobierno en los albergues, se reduzcan.

Hace años, Romeo tuvo un accidente y perdió el bazo, un órgano que tiene entre sus funciones combatir infecciones en el cuerpo. Él sabe que el COVID-19 no es una bacteria, pero sí provoca neumonía, y a esto le tiene miedo. “No puedo correr el riesgo de pasar 30 días esperando a infectarme”, dice en una videollamada, en la que explica a detalle lo que una infección pulmonar podría provocarle, ya conoce de casos que se han agravado y que las personas han muerto por infecciones. Tener una salud vulnerable lo ha llevado a investigar sobre la pandemia y cómo otros países la están tratando.

Romero alquila un pequeño apartamento en Guatemala. No sabe hasta cuándo podrá costeárselo, porque es el único que trabaja en su familia y el dinero significa un sacrificio que todos en su casa hacen por su salud. Donde se aloja nada más sale, con mascarilla y guantes, a proveerse de comida.

El 10 de marzo, un día antes de que El Salvador obligara a quienes volvieran del extranjero a ir a albergues a cumplir la cuarentena, Romeo viajó por trabajo y ya no pudo volver. Un grupo de amigos lo hizo, pero fue llevado al albergue de Jiquilisco, en Usulután, uno de los primeros habilitado por el gobierno, desde donde se hicieron varios reportes sobre condiciones de insalubridad y hacinamiento.

Una persona contagiada de COVID-19 puede pasar hasta 14 días sin presentar síntomas, de acuerdo con OMS. Así es como Romeo cuestiona por qué la gente que ya dio negativa en la prueba sigue en los albergues y no es enviada a su casa.

Cuba es un país que acumula más de 3,000 pruebas de COVID-19, pero Bukele aceptó públicamente en una conferencia de prensa que el gobierno salvadoreño solo tiene capacidad de hacer 100 pruebas diarias y, hasta la fecha, hay casi 4,000 personas en cuarentena, en los albergues habilitados. En el sitio que el gobierno ha creado para publicar información sobre el COVID-19, las autoridades sanitarias tampoco indican cuál es la cantidad actual de pruebas que realizan por día.

“Es importante tomar pruebas”, insiste Romeo. Lo hace con la esperanza de que alguien entienda su problema de salud.

 

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MANUEL CARRAZA ES EL PRESIDENTE de la revista Derecho y Negocios. Está varado en Ecuador, pero desde allá fue el enlace para coordinar con abogados salvadoreños la propuesta del amparo en la Sala de lo Constitucional.

Ecuador es el país que encabeza el número de muertos por coronavirus en Latinoamérica. Hasta el pasado jueves habían fallecido 93 personas por la pandemia y otras 2,798 estaban contagiadas. Uno de los lugares más afectados es Guayaquil, la capital de la provincia de Guayas, de la que en los últimos días comenzaron a hacerse virales imágenes de cadáveres abandonados en las calles. No se sabe cuántas de estas personas fueron víctimas del coronavirus.

Manuel explica a la revista Séptimo Sentido que están coordinando bases de datos para que los salvadoreños varados informen cuáles son las tres opciones de aeropuertos cercanos que tienen y quiénes tienen dinero para pagarse el vuelo de regreso. De no tenerlo, el gobierno es el que debe tomar una decisión por ellos, dice, aunque hay una agencia de viajes que podría aceptar vuelos con millas, vuelos que sean pagados con 12 cuotas a tasa cero o posiblemente pueda financiar vuelos.

Entre el grupo que gestiona el regreso, según Manuel, hay personas que tienen la posibilidad de hacer gestiones con aerolíneas y por esto urge saber la cantidad de varados y dónde están. Así se determinan los tipos de aviones que pueden utilizarse para el traslado.

La necesidad de volver que tienen los varados también llevó al partido Nuestro Tiempo a proponer un plan que ya presentaron a la canciller Tinoco y que implica que exista una reducción en salarios de funcionarios que ganan arriba de $3,000.

El plan consiste en que el Ministerio de Relaciones Exteriores identifique a los más de 3,000 salvadoreños varados y clasifique su riesgo de acuerdo con una escala determinada por el país de procedencia, para así garantizar una repatriación y las pruebas del COVID-19.

Además, el partido propone que a los salvadoreños que regresen se les asignen albergues especiales, según su las condiciones de riesgos que establezcan los epidemiólogos. Y que, después de 14 días, los que den negativo en las pruebas puedan realizar una cuarentena domiciliar.

Esto último no solo lo pide Romeo, lo piden cientos de varados: condiciones salubres al volver.

A ella le han llegado testimonios de todo tipo: una enfermera que quedó varada en Estados Unidos, que padece de alergias, no encuentra medicamentos y fue despedida de su trabajo; una actriz que viajó por dos semanas a España para capacitarse y quedó varada; una joven que ahorró para pagarse un viaje a Panamá y ya no pudo volver.

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CLAUDIA NO DEJA DE PENSAR EN SU ABUELA, de 98 años, a la que cuida en El Salvador. Vulnerable por su edad, la abuela ha quedado sola con Jagger, el perro de la casa. Hay vecinos que están pendientes de ella, pero Claudia sabe muy bien que no es lo mismo a que, en medio de una pandemia, su nieta esté ahí para todo lo que necesite.

Fernando y Claudia ahorraron para ir de vacaciones con su hija de un año a Houston. Estarían una semana, pero un accidente de tránsito alargó su estadía y la emergencia por el COVID-19 los dejó afuera de El Salvador sin ningún plan para volver y sin el dinero necesario para seguir sobreviviendo. Ya casi acaban sus ahorros, han tenido que prestar ropa y se han quedado sin trabajo.

El 12 de febrero, un día después de que llegaran a Estados Unidos, un pick up impactó el sedán del motorista de Uber en el que viajaban. Fueron llevados de emergencia a un centro asistencial, porque Fernando tuvo lesiones musculares y su hija pasó en shock nervioso durante tres días. No comía y pasaba llorando por las noches.

Para entonces, alquilaban un hotel, pero solo pudieron seguir haciéndolo una semana, mientras Fernando asistía a las terapias que Uber le pagó. Contactaron al consulado de El Salvador en Houston y este les gestionó la estadía en la casa de una familia salvadoreña, una familia que les ayudó mucho y no les cobró ningún tiempo de comida. Pero, por después, decidieron alojarse en casa de una tía política de Claudia, donde todavía están.

Lesionado y sin computadora, Fernando ya no pudo seguir asesorando a clientes con los que trabajaba y perdió su empleo. Claudia tampoco pudo volver al país para continuar con las consultorías de ingeniería que tenía a su cargo, ni continuar buscando trabajo. Ahora ya no solo les preocupa volver, sino saber si, con la crisis económica que deje el COVID-19, van a encontrar empleo.

El día en que el gobierno cerró el Aeropuerto Internacional, Fernando salió con Claudia a hacerse una resonancia magnética en la que le diagnosticaron inflamación en una vértebra y en el cuello. Con este resultado, Fernando ya podía regresar a El Salvador, porque le dijeron que las terapias podía continuarlas acá.

Ilustración de Moris Aldana

Llegaron a la casa de la tía de Claudia y cuando quisieron comprar boletos para volver, la aerolínea les dijo que Bukele había ordenado el cierre del Aeropuerto Internacional ese día. “Lloramos con mi esposa. Lo primero que dijimos fue ‘nos vamos a gastar el dinero de los boletos. ¿De qué vamos a comer?’”, cuenta en una videollamada. Y se preguntaron por qué antes de cerrar el aeropuerto, el gobierno no avisó.

Fernando es amante de los perros. En 2016, introdujo a El Salvador el canicross, que consiste en correr junto a un perro que está, con un arnés, atado a la cintura del humano. Extraña a Jagger, que, en los primeros días de su ausencia, dejó de comer de depresión. “Es como mi hijo”, dice.

La familia está dispuesta a volver, pero les preocupa que, con una bebé de un año, no tengan las condiciones mínimas de salud para estar en un albergue. Lo más importante para ellos es contar con agua, comida y que haya forma de esterilizar pachas.

Eneyda Ramos pide el mismo trato desde República Dominicana, donde quedó varada. La emergencia por el COVID-19 y la obligación de ir a un centro de cuarentena al volver del extranjero le agarró desprevenida a ella y también a una compañera de trabajo.

El 5 de marzo viajaron al municipio El Cercado, al sur de República Dominicana. Fueron delegadas a conocer sobre las iniciativas de un proyecto comunitario y pretendían volver el 14 de marzo, pero en su organización les aconsejaron que se quedaran esperando afuera, por las condiciones de hacinamiento e insalubridad en los albergues.

Lograron cambiar el vuelo para el 2 de abril, a la espera de que terminara la emergencia por el coronavirus, pero tampoco pudieron volver, porque el aeropuerto cerró. La organización les dio viáticos para el viaje, pero al verse imposibilitadas de regresar, tuvieron que pedir más dinero.

En República Dominicana han tenido la suerte de haber sido acogidas en una casa, por gente que trabaja en la organización que fueron a visitar. Están en la capital y no pagan su estadía. A veces les regalaran comida, pero, para evitar que la familia gaste en ellas, prefieren comprar sus provisiones y cocinar. Les han prestado ropa y ellas tienen que lavar seguido las pocas mudadas que llevaron.

Eneyda cree que el dinero con el que cuentan les alcanza hasta mediados de abril, cuando volverán a recurrir a la organización. Pero no saben si, con la pandemia, la organización tendrá las condiciones económicas para seguirles ayudando. Entonces, van a tomar dinero de su salario o a pedir apoyo a sus familias.

La Embajada de El Salvador en República Dominicana les ha dicho a ellas, y a los 20 salvadoreños que están en un grupo de Whatsapp, lo que ya han dicho otras: que pueden apoyarles con medicamentos y hospedaje, pero que los vuelos humanitarios no están disponibles.

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CADA DÍA SE SUMAN MÁS al grupo de “Salvadoreños en el exilio” y los varados están creando otros grupos, según el país donde estén. En el grupo se insiste en hacer presión al gobierno salvadoreño en redes sociales para el retorno.

En Twitter, se ha creado la etiqueta #VaradoSV y algunos varados han modificado sus nombres de usuarios en esta red social, para identificarse como lo que son por hoy: varados. Gente que está sin país en medio de una pandemia.

Luciana Villavicencio, una emprendedora salvadoreña que está en Estados Unidos, insiste en visibilizar las historias de la gente que salió del país y ya no puede regresar. Ella se ha encargado de publicar videos en sus redes sociales, en los que cuenta los testimonios de algunos salvadoreños. Es la madre de una niña de 9 años y la encargada del tratamiento de insuficiencia renal de su madre en El Salvador.

A ella le han llegado testimonios de todo tipo: una enfermera que quedó varada en Estados Unidos, que padece de alergias, no encuentra medicamentos y fue despedida de su trabajo; una actriz que viajó por dos semanas a España para capacitarse y quedó varada; una joven que ahorró para pagarse un viaje a Panamá y ya no pudo volver.

Luciana dice que no están varados por ser ricos. Hay casos de salvadoreños que, como ella, salieron por trabajo.

A los varados les queda esperar que el gobierno decida abrir el aeropuerto. Ya descartan los viajes humanitarios y hay quienes están dispuestos a pagar el regreso. Pero el dinero para sobrevivir en el extranjero se acaba y en unos países el COVID-19 avanza más rápido que en otros. Las aerolíneas y los aeropuertos siguen cerrados, y lo que menos quieren es seguir a la deriva. Necesitan su país.