Gabriel Baracatt, director ejecutivo de Fundación Avina, lidera una iniciativa para que Latinoamérica tenga acceso equitativo a las vacunas contra covid-19, a través de datos transparentes sobre el proceso.
Las agricultoras de Sonsonate se han enfrentado a retos que reducen la posibilidad de negocio, desde la falta de créditos hasta el cambio climático. En 2020, sin embargo, las lluvias y la cuarentena domiciliaria obligatoria terminaron por destruir los cultivos que ya solo servían para su propia subsistencia.
El colapso del sistema de salud ha obligado a muchos a responder a su propia emergencia por covid-19. Familias como las de Reynaldo, Sonia, Antonio y Néstor se han visto en la necesidad de instalar una especie Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en sus hogares. Un cuarto que ha sido provisto con uno o dos tanques de oxígeno medicinal, cánulas nasales, reguladores, aguas destiladas y humidificadores para asistir a sus enfermos con dificultades respiratorias.
El Instituto salvadoreño del Seguro Social da cobertura en salud al 27 % de la población. Lo hace, en buena parte, con el dinero que aportan patronos y trabajadores. La pandemia ha colocado a la institución contra las cuerdas. Por un lado, el covid-19 aumentó de forma exponencial la demanda de atención médica y, por otro, la cuarentena redujo las actividades comerciales e industriales, lo que derivó en desempleo y menos cotizaciones. Este es el relato de una usuaria en un hospital en crisis.
En el pico de la pandemia de la covid-19 Mascarillas, guantes y otra basura contagiosa de hospitales y hogares generada por miles de toneladas en España ha socavado las cadenas de reciclaje y desbordado las capacidades de las plantas procesadoras de esos residuos.
Una periodista española relata cómo ha sido presentar un cuadro febril, en plena pandemia por covid-19, en un país como Kenya, en donde males añejos siguen sin ser resueltos. Uno de los más duros es tener un sistema de salud público muy débil que obliga a un gasto significativo en el sector privado si se quiere ser atentido.
Patients with chronic kidney disease are amongst the most vulnerable sectors of the population and research shows more vulnerable to contracting the worst effects of COVID-19. In Jiquilisco, a coastal municipality of Usulután, El Salvador, the two diseases have merged in its deadly dance within a population that is also battling chronic and multidimensional poverty. The mandatory quarantine – called lockdown in other parts of the world – left this part of the population without the possibility of generating income and confined to houses not fit for allowing isolation.
En la emergencia y el estado de excepción por el covid-19, el gobierno omitió crear mecanismos de atención para las mujeres que sufren de violencia, pese a que la Ley Especial Integral para Una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres lo obliga a hacerlo en situaciones de riesgo como la que vive El Salvador. Hay mujeres que han tenido que vivir en encierros forzosos con sus victimarios y, con calles militarizadas, no han podido salir a denunciarlos. En las primeras tres semanas de la cuarentena obligatoria, la Fiscalía General de la República recibió 75 denuncias por violencia intrafamiliar y, desde el 1 de abril, cuatro mujeres han sido asesinadas. A la fecha, solo uno de estos crímenes ha sido tipificado como feminicidio.
En Italia, el deceso de presbíteros católicos es un drama que no se detiene. Exponerse al virus por imponer los santos óleos a los moribundos, confesarlos o, simplemente, convertirse en su única compañía a la hora de partir de este mundo, los habría colocado en la línea de fuego.
Más de 3,000 salvadoreños varados en el extranjero tras el cierre del Aeropuerto Internacional, por la emergencia del COVID-19, piden ser repatriados. El gobierno no avisó con tiempo sobre la suspensión de vuelos comerciales y hoy tampoco tiene iniciativas de vuelos humanitarios. Por esto es que, desde el extranjero, un grupo logró presentar un amparo en la Sala de lo Constitucional para volver y someterse a la cuarentena obligatoria. Propone, incluso, comprar las pruebas del coronavirus y hacerse los exámenes en El Salvador, para así reducirle costos al Estado. Los diputados aprobaron un decreto transitorio para el retorno de los salvadoreños, mientras ellos paguen su regreso, pero el decreto aún no es avalado por el Ejecutivo.