La agrícola Jutiapa se queda sin abono
Durante casi un año, Hacienda no transfirió el FODES a las 262 alcaldías del país. Esta fue una acción intencional, explicó la Corte de Cuentas de la República, porque dicha institución decidió priorizar otros gastos. Así, Hacienda pasó de largo de lo establecido en la Ley de Presupuesto y en la Constitución de la República. Además, dejando entrever su interés político, el ministro de hacienda, Alejandro Zelaya, dijo que esta transferencia se haría, tal vez, después de las elecciones legislativas. De este modo, el gobierno central logró ahogar a los municipios que necesitan de este ingreso para no dejar de operar. Ahí, los afectados no fueron los alcaldes, fue la población.
La casa es de lámina, madera y, en lo poco, de ladrillo. Al espacio lo llena el olor a tortillas y el eco de las palmas de doña Nicolasa. Tortea, redondea las orillas con paciencia y tira a un comalito que se sostiene en una cocina de leña. Eso que, ahora, ella moldea viene de la milpa que sus hijos y esposo cultivaron. Lo hicieron no para vivir, sino para sobrevivir durante todo el año. Este día, como casi siempre, hay para comer tortillas y frijoles. Aquí, en Jutiapa, muchas familias sobreviven con un poco más de $1.00 al día.
En el cantón Las Marías tienen claro qué es el FODES. Aquí, como en el resto del municipio, su ausencia agravó la vulneración de derechos humanos. Este ingreso les hizo falta, lo sintieron, porque en Jutiapa hay poco de todo. Poco comercio, poco para sembrar y también pocas personas: 6,216, según la Estimación y Proyección de Población Nacional de la DIGESTYC.
El territorio es pequeño pero grande en carencias, explica su alcalde, Adrián Castellanos. La recaudación de impuestos es “casi nula”. En promedio, el presupuesto anual de la municipalidad es de $1.4 millones. De eso, más de $1.39 millones corresponden al FODES. Los ingresos propios son, aproximadamente, $4,000 anuales. En este lugar, el FODES representa el 99.7 % del presupuesto. En años anteriores, Jutiapa llegó a posicionarse en el top 10 de municipios en extrema pobreza, y como el municipio con menor desarrollo humano del país. “Si encuentra una farmacia en Jutiapa, siéntase dichoso. Lo mismo si encuentra aspirina. Si busca un agroservicio, no hay. Tenemos una sola ferretería, un molino y como cuatro o cinco tiendas. Quiere decir que la situación de ingresos propios de la municipalidad es casi inexistente”, comenta.
La familia de Nicolasa cultiva, al año, una manzana. Esto, cuando hace buen tiempo, se convierte en 100 quintales de maíz. De aquí, una parte va para el dueño del terreno, porque en Las Marías casi nadie tiene tierras propias. Otra, la más grande, se les va en pagar las deudas: el dinero que les prestan para poder cultivar. Y una más la destinan para el autoconsumo y la venta. En el municipio, como dice Castellanos, las personas no tienen dónde comprar abono, un básico para la agricultura.
“Antes, la alcaldía nos daba bastantita ayuda. Nos daba el abono y el herbicida. Nos ahorrábamos como $34. Pero con eso de que no ha recibido ese dinero, no nos lo pudo dar. Ahorita, no hay apoyo para el agricultor. Y como este pueblo tan pobre que es, uno siempre tiene que vender una parte de lo que cosecha. Los precios de los granos están bien bajos. El quintal de maíz no pasa de $10 o $12”, cuenta Alba, una de las hijas de doña Nicolasa.
Si esta familia vendiera toda la cosecha que le queda como ganancia, con suerte, reuniría $500 al año. Esto, al mes, se traduce en $41. Y, al día, en $1.36. Claro, con suerte. En 2020, la canasta básica para el área rural llegó a costar $146.49. Es decir, 3.5 veces más dinero del que este grupo familiar de cinco personas dispone para un mes. Esto, considerando que no gaste, por ejemplo, ni en productos para el hogar, como jabón, papel higiénico o shampoo, ni en pasaje de transporte público. Esta es la realidad de la mayoría de pobladores de la zona, a quienes la inseguridad alimentaria les ronda todos los años.
En el municipio, el impago del FODES también sumó a la vulneración de otros derechos. Por ejemplo, el acceso a la salud y a la educación. Así lo explica Antonio García, presidente de la ADESCO: “Acá se tenía un programa de atención a las emergencias. Siempre, para todos los cantones y caseríos, había un transportista encargado de llevar a los enfermos a los centros hospitalarios. No importaba la hora. Eso, en todos estos meses, lo perdimos”.
Si, durante los meses que no se hizo la transferencia del FODES, alguien en la casa de Alba y Nicolasa se enfermaba de gravedad, tenían que destinar lo de un mes de alimentación para pagar un carro que los llevara al hospital. Casi la misma cantidad de dinero que gastaron en comprar el abono y el herbicida para la cosecha del año pasado.
Alba está recostada en la pared del fondo de la casa. Desde ahí anuncia que si alguien llega a tener una emergencia médica en este momento, “se muere”. Ellos, cuenta, no tendrían forma de ir al hospital por sus propios medios. En la zona, dice García, “si busca un particular en horas del día para trasladar a un paciente de aquí hasta Ilobasco, que son como 45 minutos, usted debe tener $40”. Y, ante eso, Alba agrega: “Ahí está bien mal el gobierno. Yo creo que a los alcaldes que ayudan a los enfermos no se les debería quitar esa ayuda”. Porque lo que reúnen de la agricultura apenas les da para comer. La salud se vuelve un privilegio.
La Corte de Cuentas de la República dijo que el gobierno retuvo el FODES de manera premeditada. Y que priorizó otros gastos, evadiendo lo que ya está definido en la Ley de Presupuesto y en la Constitución de la República. La institución expresó que esta deficiencia “permitió que las municipalidades no tuvieran fondos para atender los compromisos económicos y tampoco se dispuso de recursos para el combate contra la pandemia del Covid-19”.
Alejandro Zelaya, cabeza del Ministerio encargado de transferir este dinero, gana al mes $2,773.72, más $571.43 en concepto de gastos de representación. Eso suma $3,345.15. Este ministro recibe en 30 días lo que la alcaldía del municipio recauda en un año, que es un poco más de $4,000. Una familia de Jutiapa, como la de Nicolasa, tendría que trabajar por más de seis años para reunir esta cantidad de dinero.
Desde el impago del FODES, los habitantes de Jutiapa también resienten la pérdida de la cobertura de servicios fúnebres que brindaba la alcaldía. Porque, aquí, algunas familias no tienen ni para velar y enterrar a sus muertos.
Caja, flores, pan dulce y café, enumera Alba. “Con eso se beneficiaban bastantes personas. Y hoy que no se han tenido fondos, ¿cómo nos va a apoyar el señor alcalde?”, dice sin cambiar el tono de su voz, que es suave pero con preocupación.
El Salvador es el segundo país de Centroamérica, después de Honduras, con menor penetración de internet en los hogares, indica el informe “Conectividad Rural en América Latina y el Caribe: Un puente al desarrollo sostenible en tiempo de pandemia”. Y, según la CEPAL, El Salvador es uno de los países en los que “más del 90 % de los niños de los hogares más pobres viven en hogares no conectados”.
Con el FODES, la alcaldía también pagaba un transporte escolar. Pero, ahora que se ha vuelto a las clases presenciales, los niños, niñas y adolescentes solo pueden llegar a la escuela si caminan. No a todos les queda cerca. “A algunos la escuela les queda como a 12 kilómetros. Por eso esos niños ya no vienen a estudiar”, cuenta Alba. A algunos alumnos el centro escolar les queda a dos horas si van a pie.
La dificultad para desplazarse hacia los centros escolares ha hecho que muchos padres opten por llevarse a sus hijos a las milpas. A trabajar. “A la familia no se le paga”, explica García. Y, en esta zona con tan pocos recursos, el trabajo infantil ha aumentado. Esta situación fue anunciada por la UNICEF y por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para evitarlo, dijeron, era necesario asegurar educación de calidad, servicios de protección social y mejores oportunidades económicas. Claro, en Jutiapa, esto no fue posible. A la alcaldía el dinero no le alcanzó ni siquiera para pagar el salario de sus empleados.
Antonio, parte del comité de protección de derechos del municipio, pregunta: “¿Cómo vamos a garantizar el acceso a salud y educación a la niñez y adolescencia si no tenemos ni con qué transportarlos?”. Indignado, agrega: “Es el gobierno el que tiene que velar por eso. Yo felicitaría a cualquier gobernante que le pusiera fin a la delincuencia y a la corrupción, pero que eso se haga sin llevarnos entre los pies a los pobres y desprotegidos”.