Gobierno entregó $25 mil a familias para pagar casas en Ciudad Marsella

Familias beneficiarias afirman que fueron llevadas a la residencial sin información. Ahí, recibieron un cheque por $25,300 para comprar, sin opción, las casas a Global Developers. El Gobierno no ha brindado información sobre cómo se negoció la compra de viviendas en Ciudad Marsella para los afectados por las lluvias de 2020.

Fotografías de Julio Umaña y archivo

Ese mismo 19 de diciembre de 2020 por la mañana, los sobrevivientes del derrumbe en la comunidad Los Angelitos II, en Nejapa, aún no sabían que, por la noche, ya podrían ocupar una casa nueva en la residencial Ciudad Marsella. El Gobierno no les quiso informar en la invitación a un evento que les entregó días antes. Tampoco sabían que el Ministerio de Vivienda (MIVI) les haría firmar un cheque por $25,300, que endosaron, inmediatamente y sin opción, por cada casa que la constructora Global Developers S. A. de C. V. está vendiendo.

Ahora, más de un mes después, algunas familias aún no saben con exactitud qué fue todo lo que firmaron esa noche bajo la presión de empleados públicos. No lo saben porque no les entregaron una copia del papeleo. Tampoco saben cómo le harán para subsistir en su nuevo hábitat: no saben qué hacer con sus animales, los terrenos en los que cultivan y las pocas cosas que aún conservan. No saben qué hacer con la vida que tienen que abandonar en Nejapa.

El Gobierno ha dicho que entregó 252 viviendas a igual número de familias afectadas por las tormentas tropicales en 2020. Los ingresos de las familias que fueron reubicadas desentonan incluso con las cuotas mínimas que Global Developers pide para comprar una casa. Algunas personas, por ejemplo, se han dedicado al trabajo agrícola toda su vida y exponen que sus ingresos son menores incluso a los $267 que la constructora pide como pago mensual mínimo.

Hasta la fecha, ningún funcionario ha revelado cuál fue el costo exacto ni el mecanismo a través del cual se compraron las casas en esta residencial privada, ubicada en el kilómetro 32.5, carretera a San Juan Opico. Ciudad Marsella está hecha para personas con ingresos familiares de, al menos, $720. Los precios de las casas varían entre los $30,835.97 y $39,999.94.

Los nuevos habitantes denunciaron que el Gobierno les dio cheques a ellos para que pagaran el costo de la casa en ese lugar. Pero no les permitió conservar ningún documento. Hasta el 25 de enero, el Gobierno anunció, a través de un comunicado, que un primer grupo, compuesto por 45 familias, recibiría pronto escrituras del inmueble que ocupa. Por las casas, las familias no han hecho ningún otro pago y solo se han hecho cargo de la cancelación de servicios básicos. Pero, a partir de octubre, además, tendrán que pagar $25 a la empresa por servicios de recolección de desechos, vigilancia y mantenimiento.

Desde que ocurrió el derrumbe en Nejapa, el Gobierno prometió soluciones para los afectados y los invitó a participar en reuniones para elegir el nuevo asentamiento. Sin embargo, Ramón Sánchez, líder comunal de las familias originarias de Nejapa, confirmó que fueron llevados a ciegas a Ciudad Marsella, que firmaron sin opción el cheque para la constructora y que no les dieron copia del papeleo. Además, agregó que no hubo consulta para acordar que ese sería su nuevo hogar.

El Gobierno había prometido que el traslado sería a un terreno aledaño a la zona del derrumbe. Pero nunca pasó. El alcalde de Nejapa, Adolfo Barrios, dijo que no tuvieron comunicación ni coordinación con el Ministerio de Vivienda, tampoco fueron notificados del traslado de todas las familias. “La alcaldía fue marginada de toda coordinación”, sostiene Barrios en su despacho.

Si el Ministerio de Vivienda entregó esa cantidad de dinero, como lo confirmaron las familias y el líder comunal, entonces, por las 78 casas que el Gobierno dio a los nejapeños en Ciudad Marsella, Global Developers tuvo un ingreso instantáneo de $1,973,400. Sin responsabilidad más que con las familias y sin licitar al Estado. En el caso de que el Gobierno hubiera usado el mismo mecanismo con las otras 104 familias provenientes de la comunidad Nuevo Israel, el monto asciende a los $6,375,600.

Este monto contradice las estimaciones que el Gobierno había anunciado. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, afirmó que se desembolsó cerca de $5.5 millones, $875,600 menos de lo que indican las estimaciones que recibió la empresa. Este dinero, dijo el ministro Zelaya, provino del sobrante de un préstamo adquirido para construir el inconcluso Hospital El Salvador y de una reorientación del Ministerio de Desarrollo Local.

La ministra ‘ad honorem’ de Vivienda y presidenta del Fondo Nacional Vivienda Popular (Fonavipo), Michelle Sol, tampoco ha explicado por qué esas casas, por qué con esa empresa, o por qué no se les dio la opción a los damnificados de elegir su asentamiento. La funcionaria ha repetido que fueron las familias las que escogieron este complejo habitacional, a pesar de que las mismas familias niegan haber sido consultadas. Sánchez lo explica como “una sorpresa que dio la entidad”.

De lo rural a la residencial

Las familias de Nejapa estaban acostumbradas a vivir de la tierra y a espacios amplios con vegetación, pero, desde hace un mes, tienen restricciones hasta en el tipo de plantas decorativas que pueden sembrar frente a sus hogares en Ciudad Marsella. Esto se debe al régimen de condominio, un acuerdo que se acepta al momento de ocupar una de estas viviendas.

“La reubicación debe tener una visión de respeto por la gente. Porque las familias no son sillas. No son muebles. No es que se agarran y se van a poner a otra parte”, señaló Claudia Blanco, directora ejecutiva de la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (Fundasal), el año pasado cuando se discutía el tema de los damnificados por otras tormentas.

La ministra Sol prometió que la reubicación sería en una zona donde pudieran tener espacio para que el estilo de vida de las familias no se viera tan afectado. Al final, las familias fueron reubicadas en una zona ajena a sus costumbres y sin espacio para los animales de granja que algunas tienen. “Los medios de vida y las redes de sostén son muy importantes. Una reubicación debe contemplar que sea en zona segura y que permita conservar los mecanismos que sostienen la vida”, dijo la arquitecta Blanco en su momento.

Pese a los constantes intentos de comunicación, la constructora Global Developers no brindó más información sobre el pago que los nuevos habitantes hicieron. La recepcionista afirmó que no estaba autorizada a brindar información a la prensa y prometió trasladar la solicitud a un vocero autorizado. La promesa aún no se ha cumplido.

La ministra Sol informó que se sometió con los afectados la posibilidad de construir casas en tres terrenos dentro de Nejapa. A pesar de que se enviaron varias solicitudes de entrevista y algunas preguntas al correo institucional que la funcionaria tiene en ambas instituciones, no hubo respuesta sobre el cambio repentino de decisión.

Sánchez, como líder comunal, afirma que esperar la construcción de nuevas viviendas se volvió inviable por el número de personas afectadas que quedaron sin hogar. “Éramos bastantes personas necesitadas de vivienda. En los meses de lluvia íbamos a estar de nuevo sin techo. Por eso se hizo para acá (Ciudad Marsella)”, justifica.

Inseguridad. Algunas familias han decidido mantener sus pertenencias en Nejapa, porque no tienen suficiente espacio en Ciudad Marsella.

Esa noche

Araceli Mercedes y Flor Barrios son de las personas que recibieron una vivienda en Ciudad Marsella. Desde una de las casa en la comunidad Los Angelitos II cuentan cómo fueron llevadas, sin información, a esa residencia donde ahora tienen que vivir a pesar de no sentirse integradas ni cómodas.

“Te invitamos el día sábado (sic) 19 de diciembre a una reunión con el presidente Nayib Bukele, con el fin de resolver la problemática de las afectaciones por el deslave en Nejapa”, dice en la invitación que el Ministerio de Vivienda les dio días antes de la entrega. “PD: Recibirás tu regalo para esta navidad”, concluye.

La salida de Nejapa estaba programada a la 1 de la tarde. Ellas pensaron que el regalo sería una cena o alguna canasta navideña similar a las que el Gobierno aún está entregando. “Pero cuando íbamos camino para San Juan Opico, a mí me comenzó a parecer raro. A nosotros no nos dijeron nada, solo nos subieron al bus sin decirnos nada”, cuenta Flor.

Cuando se bajaron de los buses, ya estaba ahí un representante del Fondo Nacional Vivienda Popular (Fonavipo) que las condujo hacia su nueva casa y les dio la llave. En ese momento se les explicó a cada uno que tenían que formarse frente a la casa para que cuando Bukele llegara, el equipo de prensa y propaganda les tomaran fotos.

Ese día, empleados gubernamentales de comunicaciones ubicaron cámaras dentro de una casa que ya estaba amueblada. Bukele afirmó que los beneficiarios no pagarían nada por recibir estas viviendas.

Flor y Araceli son enfáticas en decir que la única casa que estaba amueblada era la que los comunicadores gubernamentales fotografiaron. Las otras viviendas estabanvacías. Además, Bukele aseguró que estas familias no pagarían por los servicios en Ciudad Marsella durante dos años. Pero todos los habitantes consultados coinciden en que este beneficio dura solo diez meses.

La residencial cobra $25 al mes por el mantenimiento de las áreas verdes, tren de aseo y por la vigilancia, a estas cuentas se les debe sumar las de los servicios de electricidad y agua potable. $25 para las familias de Nejapa no es poca cosa, muchas son familias con varios integrantes y con trabajos inestables en los que mensualmente no ganan ni el mínimo. Desde octubre de 2021, esos $25 correrán por cuenta de cada familia.

“Al ver la situación, me dije que si no la acepto, me voy a quedar sin nada”, dice Flor encogiéndose de hombros. Y quedarse sin nada a las puertas de otra temporada lluviosa tampoco es opción.

“Se tienen que ir adaptando y que se integren a una condición diferente”

Carolina Recinos, Comisionada Presidencial

Cambio brusco

Cuando el presidente Bukele terminó su intervención y se fotografió en el set de la casa amueblada, los empleados del Ministerio de Vivienda comenzaron a pasarle el papeleo a las familias. Firma aquí. Firma allá. Flor y Araceli reconocen que saben leer, pero no lo hacen rápido. Ese día, presionadas por el tiempo y por la prisa que los empleados públicos llevaban, firmaron varios documentos que no leyeron ni saben qué eran.

“¿Mire, y esto qué es?”, cuenta Flor que preguntaba. “Es el contrato de su casa. No se preocupe, no es nada malo”, afirma que le respondieron. “Allá estaba ya oscuro, ellos (empleados públicos) con celular estaban alumbrando. Yo quise comenzar a leer, pero me dijo: ‘Firme aquí que ya es tarde’”, agrega Araceli.

Así, las familias de Nejapa recibieron una casa de dos cuartos, un baño, sala, comedor y una combinación de lavadero, tendedero y menos de un metro cuadrado de jardín. En esa comunidad casi nadie tiene vehículo, pero la casa tiene espacio para dos carros.

Flor cuenta que los empleados del MIVI le preguntaron de cuánto era su salario. No supo qué decir. Ella explica que no tienen cosecha ni animales, a veces le salen trabajos de ir a lavar a casa ajena y así se mantiene.

Muchas familias dejan atrás una vida arraigada al campo. El coordinador de desarrollo territorial de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Enrique Merlos, señala que el Gobierno falló en no tomar en cuenta el choque cultural que esta reubicación tendría en las familias.

“A pesar de que son personas con escasos recursos económicos, tenían amplio espacio, veían bosque, y de repente los llevan a una vivienda donde el espacio es pequeño y están más encerrados, porque en esa residencial hay normas que cumplir y restricciones de ingreso y, obviamente, no se puede cultivar. Es un choque cultural”, explicó Merlos el 21 de enero por llamada telefónica.

Ese choque cultural se hizo voz el 15 de enero. En una conferencia de prensa, dentro de la Alcaldía de Nejapa y con el apoyo del alcalde Adolfo Barrios, un puñado de familias denunció discriminación en Ciudad Marsella y solicitó otra reubicación.

Las restricciones que la residencial privada tiene son, por ejemplo, que no se pueden sembrar plantas decorativas que los habitantes gusten, pues tienen que ser plantas aprobadas por la constructora para no alterar el repetitivo paisaje. Hay familias que tenían ingresos gracias a tiendas que funcionaban al interior de sus casas, eso es impensable en Ciudad Marsella.

A pesar de la súplica de algunos desplazados, el 18 de enero, la comisionada presidencial para operaciones de gabinete, Carolina Recinos, tachó de “deplorables” sus antiguas viviendas y sentenció que “se tienen que ir adaptando (…) y que se integren a una condición diferente y que la población que vive alrededor de ellos los acepte”. La funcionaria incluso reconoció que muchos de ellos son agricultores, pero, sin dar una solución ni explicar cómo lo harán, se limitó a decir que ayudarán a la reinserción social de las familias en esa residencial.

Los beneficiarios reconocen y agradecen que tienen un nuevo hogar, pero la marginación y las dificultades que representan pasar de una casa rural a una residencia privada es un choque del que no fueron advertidos. “Es como que hubiéramos pasado del penal de Apanteos a Mariona”, sentenció Miguel Eduardo Soto en la conferencia en la Alcaldía de Nejapa.

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