Camila Díaz llegó a pedir trabajo a la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh Arcoiris Trans) el martes 29 de enero de este año. Camila quería alejarse del trabajo sexual y Mónica Linares, la directora de esta organización que promueve los derechos de la población LGBTI en El Salvador, recuerda haberle ofrecido que se inscribiera en un programa en el que recibiría clases y, luego, podría comenzar un pequeño negocio. Un camino largo, complicado, que Camila aceptó. Pero que no pudo recorrer. La mataron antes de poder dejar la calle.

A las 11 de la noche del 30 de enero, está narrado en documentos de la Fiscalía General de la República (FGR), Camila estuvo hablando con una amiga a través de notas de voz de Whatsapp. Le contó que había una persona que se llevaba con pandilleros y que la había amenazado con embriagarla y cortarle el pelo, pero que ella, por temor, prefería quedarse callada. “Ahorita, aquí ando ya en estas calles. En estas calles horrendas y fatales, pero aquí ando, ni modo, aguantando a esas niñas chambrosas, peleoneras, venenosas, egoístas. No sé ni cómo llamarlas ya”, le dijo a las 11:21 de la noche.

Horas después, a las 3 de la madrugada, Camila fue privada de libertad por tres policías del 911, entre la 23 calle Poniente y la 25 avenida Norte de San Salvador, cerca del Policlínico de la Policía Nacional Civil (PNC). Los agentes justificaron su presencia diciendo que una persona había llamado al sistema y había reportado que ella estaba haciendo desorden, por eso, personal del policlínico la tenía ya esposada.

Los agentes Luis Alfredo Avelar y Carlos Valentín la subieron a la cama de la patrulla. Jaime Geovany Mendoza manejó el carro, que inició el recorrido desde ese lugar hasta el kilómetro 5/2 de la prolongación del bulevar Constitución, donde, media hora después, Camila fue arrojada de la patrulla en marcha. En el camino, Avelar y Valentín la iban golpeando. Hay escenas que quedaron grabadas en cámaras de videovigilancia y que la fiscalía maneja como pruebas.

Moribunda, Camila fue trasladada al Hospital Rosales, a las 5 de la mañana, luego de que personas que transitaban en carro sobre el bulevar, donde quedó tirada, reportaron que una mujer pedía ayuda desde una acera. La FGR dice que una patrulla del 911 llegó al lugar y también una ambulancia de Fosalud, que llevó a Camila al hospital. Tenía golpes en cara, en abdomen, en piernas y en la espalda. Los golpes que recibió esa madrugada le provocaron hemorragias y, durante tres días, mientras el país se preparaba para las elecciones presidenciales, ella se debatió entre la vida y la muerte.

El domingo 3 de febrero de 2019, el día de las elecciones, Camila murió sola en el hospital, a las 5 de la mañana. Desde la noche su privación de libertad, su mejor amiga, con quien además ella compartía casa, se preocupó porque no había llegado a dormir y comenzó a buscarla, hasta que en una delegación policial le indicaron que en Hospital Rosales había ingresado una persona con las características de Camila.

Esta amiga, dice Mónica, llegó a Aspidh Arcoiris Trans a pedirle que le acompañara al hospital. Hallaron a Camila, su cuerpo ya estaba en la morgue. La amiga se encargó de contactar a la mamá, la única que podía reclamar el cuerpo.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional define los crímenes de odio como actos, que en su mayoría, son realizados con saña y que pretenden causar daño a la integridad de una persona o acabar con su vida. Son motivados por la intolerancia y la discriminación a grupos vulnerables, como la población LGBTI.

De los 22 asesinatos de mujeres trans que la Federación Salvadoreña LGBTI registra desde 2017 a la fecha, el caso de Camila ha sido el único presentado en los juzgados como un homicidio agravado que fue motivado por odio a la orientación sexual, identidad y expresión de género. Esta, y el agravante del delito de amenazas por las mismas razones, fueron dos reformas que la Asamblea Legislativa hizo al Código Penal en septiembre de 2015.

Sin embargo, en el expediente del caso consta que fue el juez Quinto de Paz de San Salvador, Salomón Landaverde, quien en la audiencia inicial contra los tres policías capturados hizo este razonamiento, porque la FGR no lo explicó explícitamente en su acusación.

Aunque la reforma legislativa ya cumplió cuatro años, las organizaciones que conforman la Federación han denunciado que la FGR sigue clasificando los asesinatos de acuerdo a los genitales de las víctimas e invisibiliza su orientación sexual, su identidad y expresión de género.

Mónica señala que ante la ausencia de un registro oficial, históricamente han sido las organizaciones las que se han encargado de sistematizar los crímenes, con la deficiencia que ellas parten de monitoreo de noticias, no de un relato de los hechos como el que hacen las autoridades en otros casos. Desde 1996 a la fecha, cuentan más de 500 crímenes.

Por medio de una solicitud, la Unidad de Acceso a la Información de la FGR dijo que, entre septiembre de 2015 y octubre de 2019, se han judicializado 22 casos de homicidios agravados cometidos contra personas de la población LGBTI. Pero no especificó si este agravante es bajo la reforma legislativa.

La reforma abrió paso para que la FGR investigue los crímenes contra la población LGBTI con los agravantes delictivos agregados, pero todavía no existe una política penal ni un protocolo que sirvan como lineamiento a los fiscales para probarle a los jueces que quienes cometieron los crímenes se basaron en la intolerancia u odio hacia las víctimas.

En el caso de los feminicidios, la creación de una legislación contra la violencia de género, ha permitido que la FGR cuente con lineamientos específicos y con un equipo capacitado para comprobar que entre las características particulares de estos crímenes, previo a la muerte, la víctima sufrió antecedentes de violencia.

El informe Violencia contra las Personas LGBTI en América, publicado en 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que el promedio de vida para una mujer trans en la región es entre 30 a 35 años. Camila tenía 32 años cuando fue asesinada. A ellas, dice la comisión, la violencia, los prejuicios y la discriminación social, aún dentro de las familias, no les permiten acceder a la educación, a la salud a un mercado laboral formal. Todos estos factores las vuelven vulnerables a diversas formas de violencia. A esto se suma la falta de reconocimiento de su identidad de género.

Ante esta carencia de oportunidades e invisibilización social, es difícil que una persona trans en el país pueda acceder a un trabajo o a una educación formal. Por esto es que en el caso de las mujeres trans, como Camila, la única forma de ganarse la vida es a través del trabajo sexual o un negocio, como el que ella hubiese creado después de recibir clases.

El Salvador sigue sin contar con una Ley de Identidad de Género que permita que las personas trans sean reconocidas según su identidad de género y no con el nombre asignado al nacer, que aparece en el DUI y que es usado hasta por las instituciones de justicia cuando abren investigaciones o judicializan crímenes. La exdiputada efemelenista Lorena Peña presentó un anteproyecto de ley, en marzo del año pasado, pero la propuesta sigue engavetada.

Josué Godoy, diputado de ARENA y quien forma parte de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, la que tiene que discutir este anteproyecto, señala que la aprobación de esta ley es importante, pero que su discusión iniciará luego que se discutan reformas a la Ley Especial Integral para Una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. “Creo que es prioritaria desde el hecho que estamos viendo que es una comunidad que está siendo vulnerada de sus derechos, que la están matando. Creo que tenemos que dejar de lado agendas de partidos, o agendas personales, para legislar para todos los salvadoreño”, dice Godoy.

El Decreto 56 permitió la creación de la Dirección de la Diversidad Sexual, en 2010, que estaba bajo la Secretaría de Inclusión Social, una secretaría que dependía de la Presidencia. Esta dirección era un vínculo entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones del Ejecutivo, y de esa forma permitía crear acciones a favor de la población LGBTI. Pero en la administración de Nayib Bukele, la secretaría fue eliminada y el gobierno designó sus funciones al Ministerio de Cultura, como parte de la Unidad de Género que ya existía, pero que ahora se llamada Unidad de Género y Diversidad. Una decisión que la Federación Salvadoreña LGBTI ha calificado como un retroceso.

“Con la caída de la dirección hay retroceso. La secretaría, en teoría, queda, pero absorbida por Cultura. Ahora se llama Unidad Género y Diversidad, hasta ahí, pero no dice diversidad sexual. Eso quiere decir que son un montón de temas más, no se está hablando de diversidad sexual. Queda en el limbo, en el aire, con quién vamos a hablar, qué vamos a hacer, qué es lo que podemos hacer”, sostiene Mónica.

 

A las 11 de la noche del 30 de enero, está narrado en documentos de la Fiscalía General de la República (FGR), Camila estuvo hablando con una amiga a través de notas de voz de Whatsapp. Le contó que había una persona que se llevaba con pandilleros y que la había amenazado con embriagarla y cortarle el pelo, pero que ella, por temor, prefería quedarse callada. “Ahorita, aquí ando ya en estas calles. En estas calles horrendas y fatales, pero aquí ando, ni modo, aguantando a esas niñas chambrosas, peleoneras, venenosas, egoístas. No sé ni cómo llamarlas ya”, le dijo a las 11:21 de la noche.

***

LA INSTITUCIÓN AUSENTE

Entre octubre y noviembre fueron asesinadas tres mujeres trans. Anahí Rivas fue arrastrada desde un carro por el bulevar Los Héroes, la madrugada de sábado 26 de octubre, mientras ejercía el trabajo sexual; el 9 de noviembre, Jade Díaz, una lideresa comunitaria, fue hallada asesinada en el río Torola, en Morazán, tras tres días de estar desaparecida; mientras que el 17 de noviembre, Victora fue asesinada en el barrio San Martín, en el cantón Cara Sucia, en San Francisco Menéndez, Ahuachapán. En todas las escenas, las autoridades encontraron señales de tortura. Hasta el momento no hay personas capturadas.

La Organización de las Naciones Unidas se pronunció sobre estos asesinatos y llamó a las autoridades salvadoreñas a investigarlos. Les recordó que la transfobia es uno de los agravantes que implementó la legislación en 2015. Además, pidió medidas urgentes para prevenir más crímenes basados en odio y prejuicio contra la población LGBTI.

El viernes 29 de noviembre, Jeylyn Beckers, una mujer trans, llevaba dos días de desaparecida. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) confirmó que ella fue vista por última vez a las 3 de la mañana del pasado miércoles sobre el bulevar Los Héroes. Esa noche ella había salido con un grupo de amigos. Hasta el viernes por la tarde, no había sido localizada. La PDDH pidió reportes al Instituto de Medicina Legal (IML) y la PNC, pero estas instituciones no tenían registros de personas con las características de Jeylyn. Amigos de ella tampoco la habían encontrado en tres hospitales de San Salvador.

“Ya se dio una reforma normativa, la del 2015, y no ha pasado nada. Tenés casos de violencia grosera, violencia increíble de odio manifiesto, que no ha sido categorizada como tal en la Fiscalía General de la República”, señala Carlos Rodríguez, el procurador adjunto para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales de la PDDH.

La PDDH, dice Rodríguez, ha registrado desde 2009 hasta la fecha, 31 asesinatos contra la población LGBTI. Doce más que los ya contemplados en el informe que la institución publicó en 2017, el Primer Informe Situacional sobre Crímenes de Odio Cometidos en Contra de la Población LGBTI.

La mayoría de las víctimas han sido mujeres trans. Según este informe, el 52.2 % de ellas son víctimas de amenazas de muerte o de violencia basada en la transfobia y en la extorsión que les es impuesta por las pandillas en el trabajo sexual. También, de todos los sectores de la diversidad sexual, son las más afectadas por su expresión de género y porque están expuestas en las calles.

Rodríguez aclara que los casos que conoce la PDDH fueron abiertos de oficio, a través de noticias que monitorearon en medios de comunicación, avisos recibidos por organizaciones LGBTI, aliados de las organizaciones o amigos de las víctimas. En los casos, explica, sobre todo en los crímenes contra las personas trans, las familias no denuncian por la discriminación que las víctimas sufrieron en sus casas por su identidad y expresión de género.

Sin embargo, Rodríguez dice que esta sistematización de casos es una tarea que le corresponde a la FGR, pero no lo hace. En estos 10 últimos años, el reporte de PDDH refleja que hay casos que ya están archivados en la FGR, no trascendieron a judicializarse.

***

UNA PLEGARIA

Un grupo de activistas da la bienvenida en el lobby del Teatro de Cámara Roque Dalton. Entre el grupo, una mujer se encarga de preguntarle a cada persona que llega si tiene a un ser querido asesinado. Si la respuesta es sí, pide anotar el nombre de la víctima en una hoja que está sobre una mesa.

En la terraza de este teatro, visibles para los transeúntes, resaltan varias banderas arcoíris y banderas rosadas con celeste, la bandera de la comunidad trans. Aquí, adentro del teatro, las únicas luces encendidas son las del escenario. El ambiente es sereno y poco a poco comienza a llegar la gente. Algunos llegan solos, otros en parejas, en familia o con amigos.

Es sábado 22 de junio y está por comenzar la Plegaria Rosa. Desde 2012, este evento se realiza una semana antes de la marcha por la diversidad sexual, para exigirle al Estado que investigue todos los crímenes impunes contra la población LGBTI.

En el escenario, hay una pantalla que reproduce noticias sobre todos los crímenes cometidos contra esta población. También, en el centro, hay un altar y una rosa sostenida por dos pilares pequeños. No es una flor natural, es de papel. Atrás hay seis velas encendidas.

Entre los puntos de la agenda, una madre que asiste a la Iglesia Anglicana es presentada por un ministro que acaba de dar un mensaje sobre el amor al prójimo. Ella y su hijo suben al escenario. La madre testifica cómo fue su proceso para aceptar a su hijo cuando él le dijo que era gay. Habla de la importancia del amor y la tolerancia en la familia, y también de los prejuicios que existen en torno a la población LGBTI. Los asistentes asienten con la cabeza a sus palabras y cuando termina de hablar, el teatro se llena de aplausos.

Cuando la tarde cae, llega la hora de salir del teatro y tomar en el lobby una vela que será encendida en la terraza. Los asistentes suben a la terraza. Hay personas con encendedores que acercan la llama a las velas envueltas en faroles blancos y morados. Hay abrazos, ojos cerrados y manos tomadas de otras manos. Es el momento de recordar a ese familiar, a ese amigo o ese conocido asesinado, cuyo nombre fue escrito en la página, a la entrada del teatro. A medida que las velas su juntan a la orilla del escenario, la luz aumenta.

Los carros circulan alrededor del teatro. En la calle, aquel acto llama la atención de quienes van de paso. También de un grupo de policías que, desde afuera de una patrulla, observan callados y curiosos. “En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto, mi frío, desaparecerá y descansaré”, cantan los congregados. La alabanza termina. Frente a las velas encendidas, que son luz y calor, hay lágrimas. La Plegaria Rosa ha acabado. El nombre de Camila Díaz ya forma parte de la lista de asesinatos.

“La verdad es que estoy muy decepcionada. No sé cómo ese tipo de personas se pueden llamar fiscales, porque él era como ‘ajá… cuénteme’. Como quien dice que ‘me contás para que te desahogués y pensés que te voy a hacer caso, pero no te voy a hacer caso’. Porque esa actitud denotaba”, recuerda Mónica Linares sobre el fiscal que atendió la denuncia por el asesinato de Camila Díaz.

***

SIN DÓNDE IR

Luego de la muerte de Camila, Mónica acompañó a su amiga a denunciar su asesinato a la oficina fiscal de Soyapango, donde, dice que el fiscal que les atendió no tomó ni apuntes sobre los datos que le dieron. Mónica le sugirió que, ya que la privación de libertad de Camila había sido en una zona transitada de San Salvador, tendrían que haber cámaras que documentaran lo sucedido, por lo tanto, esta debía ser una de las primeras diligencias de investigación que la institución tenía que hacer antes que los videos se borraran.

“La verdad es que estoy muy decepcionada. No sé cómo ese tipo de personas se pueden llamar fiscales, porque era él como ‘ajá… cuénteme’. Como quien dice que ‘me contás para que te desahogués y pensés que te voy a hacer caso, pero no te voy a hacer caso’. Porque esa actitud denotaba”, recuerda Mónica.

Días después, ella dice que cambiaron al fiscal asignado al caso y el que retomó la investigación le envió una carta en la que le pedía que citara en las oficinas de Aspidh Arcoiris Trans a personas que hubiesen sido testigos del crimen de Camila, un trabajo propio de las autoridades. Ella se negó.

Mónica dice que el caso de Camila se ha convertido en simbólico porque hay detenidos y estos son agentes de seguridad pública. Para la PDDH también es un caso “ejemplarizante”, porque la institución tiene registros de la violencia a la que Camila fue sometida años antes de su muerte y por la cual las autoridades nunca hicieron nada.

El procurador Rodríguez dice que, cuando la FGR abrió un expediente de investigación por el caso de Camila, decía que su muerte había sido culposa, a causa de un atropellamiento. Sin embargo, los procuradores encargados del caso consultaron con los médicos del Hospital Rosales que la atendieron, y aunque ellos no se atrevían a dar la opinión de un forense, aseguraron que los golpes que ella presentaba no eran propios de un atropellamiento. Fue así que la FGR cambió el delito de homicidio culposo a homicidio agravado.

Semanas después del asesinato, la FGR no tenía a ningún presunto responsable. Pero de acuerdo con la PDDH, desde hace años, Camila era víctima de lesiones, amenazas de violencia por parte de policías, pandilleros y personas particulares, las cuales denunció a la FGR y la PNC, pero nunca recibió un acompañamiento.

Ante este peligro, en 2014, ella migró a México, donde le dieron la residencia en 2015. El 8 de agosto de 2017 cruzó, junto a una amiga, la frontera con Estados Unidos. Se entregó a las autoridades migratorias y, para solicitar asilo, les expuso los antecedentes de violencia que había sufrido en El Salvador, pero ellas se negaron a creerle y Camila estuvo detenida por tres meses en el Centro de Detención Otay Mesa, en San Diego, California. Fue deportada en diciembre de ese año y regresó al país en donde, 13 meses después, la asesinaron. Todos estos hechos forman parte de una resolución que la PDDH está por publicar.

En mayo del año pasado, la FGR creó la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Población LGBTI y otros Grupos en Condiciones de Vulnerabilidad. De acuerdo con Mónica, en la administración de Douglas Meléndez, la Federación Salvadoreña LGBTI nunca tuvo una reunión con él. Tampoco ha tenido reuniones con el actual fiscal general, Raúl Melara, quien solo a través de Twitter se pronunció por la muerte de Anahí y el martes pasado dijo que trabajan en protocolos de investigación para esclarecer los crímenes contra esta población.

El 31 de octubre, cuando la Federación montó una conferencia para pronunciarse por los 20 crímenes contra mujeres trans registrados en los últimos tres años, hasta esa fecha, y la desaparición de la Dirección de Diversidad Sexual, exigió a Melara que aprobara una política penal y un protocolo para atender estos casos. Ambos documentos fueron trabajados desde mayo entre las organizaciones, la FGR, PNC y el IML, con apoyo de un proyecto de cooperación internacional, aseguró una persona cercana a este proceso, pero quien no quiso identificarse.

Ella dijo que el protocolo de investigación aún está en la etapa de validación, pero que la política penal ya está lista y solo está a la espera de la firma de Melara para que se apruebe, ya que se la entregaron hace semanas. La titular de la nueva dirección fiscal, Marina de Ortega, por su parte, confirmó el 8 de noviembre que el grupo de fiscales aún revisando la política y el protocolo antes de remitirlos a Melara.

Contrario a la postura de las organizaciones LGBTI, De Ortega justificó que la dirección, conformada por cuatro fiscales que brindan asistencia técnica, capacita a otros fiscales sobre cómo investigar los delitos bajo los agravantes de las reformas de 2015.

“Estas investigaciones tienen un componente diferente a la investigación tradicional de homicidios en otra modalidad, porque acá nosotros tenemos que buscar ese prejuicio, ese odio a la orientación, a la expresión o identidad de género, la saña con la cual el delito se ha cometido, antecedentes del agresor, el por qué esta persona tiene ese sentimiento de odio para esta persona”, dijo. Pero en la relación de los hechos del caso de Camila, la FGR ni siquiera menciona la violencia, documentada por la PDDH, que ella sufrió años previos a su muerte.

Camila tenía 14 años de no vivir con su familia. Cuando su mamá llegó a retirar su cuerpo al Hospital Rosales, lo llevó hasta un municipio de la zona paracentral del país, donde fue su entierro.

“De vez en cuando sueño que llega a la casa y me habla”, le ha dicho la señora a un psicólogo forense. A la FGR le ha dicho que no sabe por qué la mataron de esa forma, si Camila no se metía con nadie, pero no descarta que fue por ser una persona diferente.