De precios y gobiernos

No siempre es fácil entender cómo se determinan los precios de los bienes y servicios que consumimos. No siempre es simple oferta y demanda, o la voluntad de quien los vende. La cantidad de factores que influyen puede llegar a ser grande, y los mecanismos para calcular los precios, bastante complejos.

En El Salvador impera, con sus bemoles, un libre mercado. No hay control de precios, a excepción de productos puntuales como el gas propano. Para el resto, es el mercado el que determina los precios, según, como decíamos al principio, por una variedad de factores.

Por ejemplo, no es el Ministerio de Economía el que fija los precios de los combustibles, pese a que cada 15 días publica una tabla con precios de referencia. Son nada más eso: referencias. Estos valores los obtiene con una fórmula que toma en cuenta los costos de los diferentes eslabones de la cadena de los hidrocarburos, hasta que la gasolina o el diésel están puestos en bomba en las estaciones de servicio. Y no son de obligatorio cumplimiento, no se puede multar a una gasolinera por no acatarlos. Sirven, al menos en teoría, para orientar a los consumidores y que busquen abastecerse en lugares que no vendan por arriba de estas referencias.

Con la energía eléctrica pasa algo similar. Las tarifas se calculan con una fórmula que tiene en cuenta toda la cadena de generación, comercialización, interconexión, importaciones, distribución, y son precisamente las distribuidoras las que arman los pliegos, que luego son presentados a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), para que esta las avale y publique. La base es el costo de la energía el trimestre previo, y se cambian los días 15 de enero, abril, julio y octubre de cada año.

En periodos secos, el precio tiende a subir porque se depende más de generación térmica, que es más cara: se obtiene de motores que queman búnker, un derivado del petróleo. Por ello, cuando ha habido alzas fuertes en el petróleo, sube también el costo de la energía eléctrica.

Por otro lado, en periodos con lluvias copiosas, la tarifa tiende a bajar porque las presas que opera la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) tienden a generar más, a un costo menor que las térmicas. Tras meses con mucha lluvia, la energía es más barata.

Los gobiernos tienden a anunciar con mucha pompa las bajas en los precios de estos y otros productos y servicios, y a ser muy precavidos o guardar silencio cuando hay alzas, pese a que poco pueden hacer para controlar estas variaciones.

En el caso de los combustibles, lo que sí tiene una incidencia importante es la cantidad de impuestos que se recargan a su precio. En El Salvador pagamos varios cada vez que compramos un galón de combustible, desde el Fondo de Conservación Vial, hasta el FEFE, aún conocido como «impuesto de guerra», que sirve para financiar el subsidio al gas propano.

El gas es otro producto cuyo precio varía cada mes, allí sí, según anuncio de la Dirección de Hidrocarburos y Minas. El Gobierno además entrega un subsidio de alrededor de $5 mensuales a poco más de un millón de hogares, para que lo compren más barato.

Y es a través, finalmente, de subsidios como este, que el Gobierno sí puede tener incidencia en el costo de la energía para los hogares. De hecho, quienes tienen consumos debajo de 99 kilovatios/hora al mes, aún reciben una tarifa preferencial, que es subsidiada por el Estado.

Pero más allá de quitar o poner impuestos, o aplicar o eliminar subsidios, gobiernos de países como El Salvador poco pueden hacer para influir de forma significativa en las variaciones que tienen los precios de productos como la gasolina, o servicios como la energía eléctrica, principalmente porque somos consumidores netos de hidrocarburos, y los movimientos en los precios de estos, que son los que sí tienen peso para mover la balanza, los determinan fenómenos climáticos y geopolíticos ante los cuales muy poco podemos hacer.