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Conversaciones urgentes

Atender el flagelo de la desigualdad económica ha sido continuamente postergado por diferentes administraciones que han beneficiado solo a un número reducido de la población.

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Activista

El agua del Río Copapayo cubrió la mitad del cuerpo a Beatriz, quien reside en el Caserío El Tigre, en Sacacoyo. Su casa de lámina se inundó hasta el nivel de las ventanas. Tuvo que dormir por dos días en un pedazo de cartón. A María, que reside en una de las comunidades que están dentro del Cementerio Municipal «La Bermeja», un alud de tierra la puso en peligro de muerte. Tuvo que trasladarse a un albergue. A Pedro, del cantón El Ángel, en Teotepeque, un deslave de tierra le dañó la casa, y las de un centenar de personas más.

Estos pequeños testimonios son de personas que tienen como denominador común la pobreza, que habitan en asentamientos precarios y a las que les faltan o tienen limitantes para acceder a servicios básicos. Pero el universo de la población en situación en pobreza es mucho más grande. Los datos de la Encuesta de Hogares de Propósito Múltiples de 2019 revelan que el 23.5% (455,032) de los hogares en El Salvador vive en situación de pobreza. De estos, el 80.27% (365,291 hogares) vive en condiciones de pobreza relativa y el 19.72% (89,741 hogares) en condiciones de pobreza extrema.

Si algo ha demostrado la crisis sanitaria generada por la pandemia, junto con el inicio de la temporada de lluvias, es la enorme brecha de desigualdad que existe en nuestro país. Por otro lado, estas personas dependen del comercio informal y, ante la poca respuesta del gobierno para apoyar a estas familias, o de iniciar la reapertura de la economía, las personas han decidido colgar banderas blancas fuera de sus casas. Salen a las carreteras, en medio de la lluvia y con sombrillas, a ondear las banderas y a esperar que alguien se detenga para darles un poco de comida. El hambre no conoce de encierros obligatorios y tampoco le importan las lluvias.

Atender el flagelo de la desigualdad económica ha sido continuamente postergado por diferentes administraciones que han beneficiado solo a un número reducido de la población y, según estudios de OXFAM, específicamente a «160 millonarios que concentran el 87% de la riqueza en el país». Generar esta discusión, y resolverla, es cuestión de humanidad y de asegurar derechos para todas las personas, sobre todo, las más vulnerables. Si algo nos enseña la defensa de los derechos humanos, es que ningún derecho está sobre otro, todos son fundamentales, y uno no puede existir sin el otro.

Ahora, si queremos resolver este problema, no se puede hacer atendiendo una sola problemática. Debe ser de forma integral. Si se pretende resolver, se deben atender las diferentes problemáticas, como implementar impuestos progresivos, aumentar en el Presupuesto General de la Nación lo que se destina a educación, salud y acceso al agua, dignificar las viviendas, «regularizar» el comercio informal y asegurar no un salario mínimo, sino un salario digno para la clase trabajadora.

Frenar la creciente desigualdad ya no puede seguirse postergando. La realidad nos obliga a tener esta conversación de forma urgente y llegar a consensos. Pero, ¿quienes toman decisiones en nuestro país estarán listos? ¿Nuestras élites económicas estarán listas para hablar de distribución de riqueza? ¿Podremos mantener un diálogo cuyo objetivo primordial sea beneficiar a las grandes mayorías? Yo esperaría que sí.

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