Reportaje Nacional

A casi tres años de la creación de los Juzgados Especializados para la Mujer, aún hay un sistema que no es capaz de responderle a todas las víctimas en los plazos legales y desde un enfoque especializado. En San Salvador está el tribunal más saturado de los seis que funcionan a nivel nacional, que ha llegado al punto de postergar audiencias mientras corre el tiempo y acusados de delitos graves, como feminicidios, pueden recuperar su libertad. La organización ORMUSA indica que, solo en el primer semestre de 2019, la impunidad en los casos denunciados fue mayor al 70 %.

Al menos el 90% de las personas diagnosticadas con Enfermedad Renal Crónica en Costa Rica se dializa en casa. El objetivo de todo el sistema sanitario es lograr que los hospitales no se saturen con gente que debe pasar en tratamiento depurador varias horas al día, y de tres a cuatro veces por semana. Esto obliga a construir o adecuar un cuarto estéril. La medida implica un gasto importante para familias que ya viven en la línea de la pobreza y a las que, además, esta enfermedad deja sin ingresos, ya que los ingenios, avalados por el gobierno, hacen pruebas de daño renal antes de contratar personas. Si encuentran resultados alterados, no las emplean. Los casos se concentran en una de las provincias con más peso agrícola: Guanacaste.

En el Archivo General de la Nación hay 12 millones de folios que no pueden ser evaluados. No se sabe si se pueden rescatar o si ya el tiempo los dañó tanto que resultan insalvables. La situación de este ente encargado de preservar el acervo documental del país es precaria. Apenas cuenta con un restaurador a medio tiempo. En 2018, el AGN no restauró ni un solo documento por la falta de material y de personal.

Por el Centro Nacional de Artes han pasado generaciones de teatreros, músicos y artistas visuales. Pero en esta institución estatal, un maestro tiene cinco años sin recibir pliegos de papel bond para enseñar música. Y otro, después de más de una década, ha vuelto a recibir capacitaciones. La falta de apuesta en la formación artística en El Salvador limita el desarrollo del potencial creativo. A este panorama sombrío se suma que la Universidad de El Salvador sigue siendo la única que tiene las credenciales educativas para reconocer legalmente a los artistas en el país.

11 centros de salud a cargo de Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOSF) cerraron. Fue a finales de 2019 y se debió a la falta de personal y problemas de seguridad, según una contraloría del Foro Nacional de Salud. La función de estos entes era brindar asistencia médica a comunidades con difícil acceso y escasos recursos. Los cierres han afectado a unas 4,000 personas en zonas de alto riesgo y a unos 14 caseríos catalogados con una tasa de extrema pobreza.

La costa centroamericana del Pacífico está plagada de comunidades en donde la gente vive marcada por la enfermedad renal crónica. A este diagnóstico numerosos estudios le han agregado dos palabras: no tradicional. Quiere decir que no está precedida por otras enfermedades de base y, además, aparece a edad más temprana. Los afectados coinciden en trabajar en actividades agrícolas y en residir como vecinos de cultivos masivos. Por esta enfermedad se muere gente pobre, con baja escolaridad y de zonas rurales. Es el primer capítulo de una serie de cinco que abordará el fenómeno en toda la región. Este es el de Honduras.

En 2009, un grupo de científicos descubrió el único pasto marino reportado hasta la fecha en El Salvador. Está en la Bahía de Jiquilisco, en Usulután, y en él viven 27 especies; tiene, además, la capacidad de almacenar dos veces más carbono que un bosque terrestre. Su valía no se pone en duda. Pero no ha habido, desde el Estado, una apuesta para aumentar la protección y la investigación de este ecosistema marino. Quienes lo han estudiado, en su mayoría, han sido científicos independientes.

Andrés Mckinley es especialista en temas de agua y minería desde hace 15 años. Desde esta experiencia advierte sobre la necesidad de progeter el recurso y, a la vez, hacerlo un derecho de acceso universal.

Un informe de la Corte de Cuentas de la República, con fecha de julio de 2019, señala que los hospitales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social no tenían permisos ambientales para trasladar, en carros institucionales, placentas, amputaciones y otros desechos humanos. La práctica fue una violación sistemática a la legislación que establece cómo manejar estos desechos que, por sus características, son altamente contaminantes.

Cada vez que la Fiscalía General de la República abre una fosa clandestina gracias a la información de un testigo criteriado, por lo general, no encuentran solo a la víctima que el criteriado identifica, hallan más. Pero, con esas otras osamentas, no se abre investigación, no se cotejan muestras de ADN ni se entregan características a familiares de desaparecidos. Solo se almacenan en cajas de cartón. Y ahí, esperan.