Opinión desde allá

por Héctor Silva Ávalos, La ciudad de la furia

 

Héctor Silva Ávalos
Investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos de American University en Washington, D. C.

Sobreseimiento

El jueves recién pasado a las 3:45 de la tarde, el juez Cruz Antonio Pérez Granado, del tribunal de Sentencia de Santa Tecla, dictó sobreseimiento definitivo en mi favor en el caso por difamación y calumnia que el empresario Enrique Rais, hoy prófugo de la justicia, interpuso en mi contra el año pasado.

Por recomendación de mis abogados tenía preparadas unas líneas para, si era necesario, hacer uso de mi derecho al uso de la última palabra durante la audiencia de presentación y aceptación de pruebas, que fue lo que se llevó a cabo el jueves.

Considero que este fallo judicial es una victoria importante para el periodismo salvadoreño que hace suya la convicción de que este oficio cumple una función social muy importante, sobre todo en una sociedad que como la salvadoreña vive carcomida por la corrupción y el abuso de poder: la de denunciar a quienes abusan y a quienes corrompen. Por ello me permito reproducir aquí algunos párrafos de lo que escribí:

“Entiendo, como siempre lo he dicho, que este caso se trata de un ataque al derecho a la información y al libre ejercicio del periodismo, ambos garantizados por nuestras leyes primaria y secundarias. Este no es, como pretender hacer ver los abogados de mi acusador, el caso de la victimización de un particular; es, simplemente, el caso de un empresario acostumbrado a usar su poder económico y sus influencias políticas para hacer que el sistema de justicia juegue a su favor.

“He ejercido el periodismo durante 23 años y a lo largo de esa carrera he confrontado decenas de veces la incomodidad del poder, económico y político, ante los señalamientos hechos desde mi oficio por conductas sospechosas de corrupción, de uso ilegal del recurso público o de connivencia con el crimen común y organizado. Enfrenté esa incomodidad, traducida algunas veces en amenazas y acoso contra mí o mi grupo familiar, cuando investigué, por ejemplo, la complicidad de los más altos mandos de la Policía Nacional Civil con el narcotráfico durante la década 2000; cuando señalé la connivencia de unidades especializadas de la Fiscalía General de la República con contrabandistas del oriente del país a finales de la década de los 90; y, más recientemente, cuando publiqué artículos exponiendo la corrupción existente en la Fiscalía General durante la gestión del ex fiscal general, el licenciado Luis Martínez, quien actualmente se encuentra detenido y enfrenta tres procesos judiciales por delitos relacionados con la corrupción y otras conductas ilícitas.

“Siempre entendí el periodismo como una forma de traer luz a los rincones de la vida nacional que las élites económicas y políticas pretenden dejar en la oscuridad con el fin de salvaguardar sus intereses o, en el peor de los casos, sus actuaciones que riñen con los marcos legales que rigen a nuestra sociedad. Entiendo el periodismo, sí, como un ejercicio de denuncia de los abusos del poder.

“Dice el académico estadounidense Bruce Bagley que el crimen organizado y quienes se alían a él desde el poder son como las cucarachas: buscan siempre esos rincones sucios y oscuros. El periodismo pretende, dije, echar luz sobre ellos.

“Fue con estos principios en mente que, como he emprendido decenas de investigaciones durante mis dos décadas de carrera, emprendí una investigación periodística encaminada a determinar si existían abusos de poder y corrupción en la Fiscalía General dirigida por Martínez. Y fue, en el marco de esa investigación, que surgió el nombre del empresario que hoy me acusa, el señor Enrique Rais.

“Es importante, su señoría, que el tribunal entienda que la investigación periodística empezó teniendo al centro a un funcionario público, porque como dije antes, una de las principales misiones del periodismo es investigar a quienes ejercen el poder y denunciarlos si están actuando ilegalmente o en forma anti ética, sobre todo si son funcionarios públicos bajo cuya administración el soberano ha encomendado el buen uso del recurso público o la potestad de la investigación criminal”.


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