Nilson Cañénguez enfrenta la posibilidad de tener que regresar pronto a su país, El Salvador, tras residir 20 años en Estados Unidos. Pero no se irá con las manos vacías ni molesto.
El padre de tres hijos que llegó a este país prácticamente sin nada volverá como el propietario de una empresa constructora con docenas de empleados, la capacidad de adquirir dos propiedades en su país y jubilarse parcialmente a los 45 años de edad.

“Antes de venir a Estados Unidos, yo estaba pobre”, dijo Cañénguez, un importante empresario de la numerosa comunidad salvadoreña en los alrededores de la capital estadounidense. “Ahora no es que sea millonario, pero sí tengo las comodidades para vivir mejor que como vivía antes”, agrega.
El gobierno de Donald Trump puso fin al estatus migratorio temporal –conocido como TPS, por sus siglas en inglés– de Cañénguez y otros 400,000 inmigrantes de varios países, bajo el argumento de que el beneficio no debía ser permanente.

Desde luego que Cañénguez preferiría permanecer en Estados Unidos, pero dice estar listo para volver voluntariamente a su país un mes antes de que su TPS expire en septiembre de 2019.
“No guardo ningún resentimiento contra Estados Unidos o contra este gobierno. Las leyes están y hay que seguirlas”, dijo.
El fin del TPS para los inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Nepal y Sudán ha generado pánico y desesperación en numerosas familias. Algunas consultan con abogados las opciones que tienen para regularizar su estatus migratorio y permanecer en Estados Unidos, mientras que otros, como Noé Duarte, un albañil salvadoreño de 41 años, planean quedarse sin autorización.

“No digo que El Salvador no está bien, pero no tengo nada allá. Toda mi vida está acá”, señaló Duarte, quien planea mudarse, limitarse a efectuar transacciones en efectivo y deshacerse de un celular inteligente con la esperanza de que un próximo gobierno le permita quedarse legalmente. “Lo que nos queda es huir y escondernos”.

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SIN GENTE EN LOS JARDINES
Ya de por sí afectadas por una grave escasez de mano de obra, las empresas de jardinería que no se dan abasto con la creciente demanda temen que una redada migratoria en la que fueron detenidas más de 100 personas la semana pasada dificultará aún más convencer al Congreso que permita el ingreso de más trabajadores extranjeros a Estados Unidos para empleos de temporada.

Los propietarios de compañías de jardinería cerca de donde se efectuó la redada el martes en la ciudad turística de Sandusky, a orillas del lago Erie y en la cercana Castalia, dirigida contra trabajadores con documentos falsos en una de las mayores acciones policiales en un sitio laboral en años recientes, dijeron que generó amplia preocupación en el sector.
“Creo que la mayor parte de nosotros estamos haciendo las cosas de forma correcta, pero a todas las compañías les preocupará ser blanco de una redada”, dijo Joe Drake, quien dirige la empresa de jardinería JFD Landscapes en Chardon, también en el norte de Ohio.

Drake, quien mantiene jardines desde hace casi 30 años, estuvo en Chicago la semana pasada reuniéndose con otros empresarios que dan empleos por temporada para intentar elaborar una estrategia que convenza al Congreso de que reduzca las restricciones a las visas temporales H2-B, las cuales son para trabajadores extranjeros que asumen empleos de temporada no relacionados con la agricultura.

“No digo que El Salvador no está bien, pero no tengo nada allá. Toda mi vida está acá”, señaló Duarte, quien planea mudarse, limitarse a efectuar transacciones en efectivo y deshacerse de un celular inteligente con la esperanza de que un próximo gobierno le permita quedarse legalmente. “Lo que nos queda es huir y escondernos”.

Aunque muchas empresas turísticas y compañías que contratan por temporadas fueron excluidas del programa este año, las de jardinería resultaron especialmente afectadas porque se apoyan en el programa más que muchos otros sectores para cubrir labores que dicen nadie más desea realizar.
“No estoy consintiendo violar la ley de ninguna forma, pero necesitamos un programa que funcione”, señaló Drake. “¿Cómo piensa que podrá realizarse este trabajo?”
Este año por primera vez una lotería federal determinó qué empleadores recibirían su asignación de visas, que en un principio se decidió sería de 66,000 trabajadores hasta que el Departamento de Seguridad Nacional anunció hace dos semanas que autorizaría otras 15,000 visas adicionales.
Sin embargo, de todas formas eso deja una escasez, tras la eliminación el año pasado de una “exención para trabajadores que regresan” con la que los obreros podían volver a sus puestos de trabajo sin que ello se tomara en cuenta para el número total de visas.

La cifra de visas temporales emitidas cada año tiende a fluctuar con la economía del país. Y aunque el límite no ha cambiado desde principios de la década de 1990, en ocasiones el Congreso ha permitido excepciones que lo superan.

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BÚSQUEDA DE PROGRESO
Los beneficiarios del TPS –quienes se hacen llamar tepesianos– han podido subsistir en Estados Unidos. Y algunos, como Cañénguez, han podido prosperar.

En entrevistas en la sede de su compañía y en la casa que adquirió durante 2004 en los suburbios de Maryland, el empresario explicó que no concibe permanecer en Estados Unidos sin el TPS.
“No puedo quedar preso en el país”, indicó.

José Campos, presidente de la Cámara de Comercio Salvadoreño Americana del área de Washington, dijo que Cañénguez es un ejemplo a seguir para su comunidad.
“Es inspirador para cualquier americano, para cualquier persona”, señaló refiriéndose a quien la cámara nombró en 2015 como empresario del año. “Él es la definición del sueño americano”.
Pero Campos advirtió que un 10 % de los 200 miembros de la cámara son tepesianos y que la pérdida del TPS tendrá un impacto económico sustancial para su comunidad.

Un estudio elaborado por una investigadora de la Universidad de Kansas en mayo de 2017 concluyó que la mayoría de los tepesianos –94 % de los hombres y 82% de las mujeres– tenían empleos; que un tercio vivían en casa propia y que la mitad había incrementado sus estudios en Estados Unidos.

“La idea de que los inmigrantes con TPS son pobres no es así”, dijo Carmen Menjívar, la autora del estudio. “Tienen tiempo aquí, larga experiencia de trabajo y muchos son considerados mano de obra calificada”.

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SIN REEMPLAZO
Joe Schill, presidente de la empresa de jardinería Green Impressions en Sheffield cerca de Cleveland, no recibió ninguno de los 18 trabajadores extranjeros con los que contaba este año, por lo que se vio obligado a rechazar pedidos de trabajo que le habrían permitido a su empresa ganar unos $300,000 tan solo en abril y mayo.
Intentar hallar quién reemplace a los extranjeros ha sido inútil, dijo. Cinco elementos recién contratados renunciaron la semana pasada, y “lo que queda por ahí no puede aprobar un examen de dopaje”.

“No quiero contratar a tipos que estén en el país ilegalmente. Es un gran riesgo”, afirmó. “Pero créame, puedo entender por qué hay personas que querrían seguir ese camino. Puedo comprender totalmente a esos señores que piensan que pueden vencer al sistema”, agregó.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas indicó que espera aplicarles cargos de robo de identidad y evasión fiscal a los 114 trabajadores arrestados la semana pasada en Corso’s Flower & Garden Center, y que el empleador también está siendo investigado.

Corso’s divulgó un comunicado el viernes en el que dice que le exige a sus empleados que tengan sus documentos en regla y se asegura de que paguen impuestos. Señaló también que si alguien utilizó documentos de identificación falsos para obtener empleo, la empresa no estaba al tanto.
Algunas compañías de jardinería hicieron notar rápidamente que los trabajadores no eran de los que tenían visas H2-B, que son sometidos a revisión de antecedentes y cuentan con autorización legal para trabajar.

Un estudio elaborado por una investigadora de la Universidad de Kansas en mayo de 2017 concluyó que la mayoría de los tepesianos –94 % de los hombres y 82% de las mujeres– tenían empleos; que un tercio vivían en casa propia y que la mitad había incrementado sus estudios en Estados Unidos.

Los críticos del programa dicen que muchos empleadores violan el espíritu del mismo al cubrir puestos de trabajo que no son temporales ni de temporada, tales como las empresas de jardinería en estados con climas cálidos.
“Así, es más fácil y en ocasiones más barato contratar a personas con visas H2-B de lo que es hallar a trabajadores estadounidenses disponibles”, dijo Jessica Vaughan, directora de Estudios de Políticas para el Centro de Estudios sobre Inmigración, que está a favor de reducir el número de inmigrantes que ingresan al país.

Pero Tamar Jacoby, presidenta de la coalición empresarial ImmigrationWorks USA, dijo que los empleadores en los sectores de la economía que dependen fuertemente de los inmigrantes se han visto “aplastados por falta de mano de obra a medida que la economía se ha recuperado”. A diferencia de otros sectores, las empresas de jardinería pueden apoyarse en las visas H2-B hasta cierto punto, pero de todas formas les cuesta trabajo hallar gente dispuesta a cubrir los puestos.
“Hace calor allá afuera, está húmedo, hay mosquitos, hay zarzas”, dijo Jacoby.

Muchas compañías de jardinería se encuentran en un círculo vicioso porque no pueden hallar suficiente mano de obra en el país, dijo Amy Novak, abogada de inmigración que radica en Colorado y se especializa en visas para trabajadores temporales.

“Realmente no tienen otra opción que disminuir los contratos de negocios que aceptan o usar a trabajadores indocumentados, y esa no es una buena decisión”, señaló.
Las medidas enérgicas para controlar la inmigración podrían darle al Congreso la impresión de que los empleadores intentan aprovecharse del sistema al contratar a trabajadores sin autorización para vivir en el país, señaló Novak, o podrían ayudar al mostrar que los empleadores no logran encontrar a los trabajadores que necesitan. “Debido a la inmigración, la H2-B se ha convertido en una pelota de fútbol política”, dijo Jerry Schill, copropietario de la empresa de jardinería Schill Grounds Management en la ciudad de North Ridgeville, no lejos de Sandusky.

Las empresas que contratan a personas que están ilegalmente en el país solo ayudan a incrementar la percepción negativa que se tiene de los trabajadores temporales, señaló.
“Dificulta mucho más nuestra batalla”, señaló Schill. “Cuando te enfrentas a la adversidad, ello no te da licencia para hacer trampa”, agregó.

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HACER LA VIDA LEJOS
Cañénguez se crio en San José El Naranjo, un pueblo al noreste de la capital salvadoreña, donde sus padres se afincaron para huir de la violencia generada por la guerra civil que sacudió a la nación centroamericana entre 1980 y 1992. Finalizó la educación secundaria y emigró al Norte.

Con la ayuda de un coyote entró a Estados Unidos. Llegó primero a Los Ángeles y luego a Washington, hogar de la segunda comunidad más numerosa de salvadoreños.
Con conocimientos casi nulos de inglés –idioma que aún le da problemas–, se empleó casi inmediatamente en una constructora y legalizó su estatus cuando Washington determinó que los inmigrantes salvadoreños en Estados Unidos merecían el TPS tras un devastador terremoto ocurrido en enero de 2001. Su esposa y sus tres hijos se reunieron con él posteriormente.
El TPS incluye permisos de trabajo renovables cada dos años y, aunque no desemboca en una residencia permanente –también llamada greencard–, sus beneficiarios pueden explorar alternativas para regularizar su estatus.

Cañénguez asegura que consultó a seis abogados diferentes a un costo superior a los $60,000, sin éxito.
Al dedicarse a la construcción, Cañénguez participó en la reconstrucción del Pentágono tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y en la construcción del centro de visitantes del Congreso estadounidense en 2003. Posteriormente logró reunir el capital necesario para lanzar en 2011 su empresa constructora, que en la actualidad emplea a 250 personas y tiene sede en las inmediaciones de la base Andrews de la fuerza aérea en Maryland.

Quality Construction Logistic Inc. no contrata a personas sin autorización para vivir en el país, tal como Cañénguez estuvo alguna vez, porque la empresa participa en E-Verify, una base de datos del Departamento de Seguridad Nacional que permite a los patronos verificar que sus empleados tienen la autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

Cañénguez sostiene que se le ha hecho más difícil conseguir trabajadores porque los estadounidenses nativos suelen preferir otros empleos.
“Siento que el Gobierno tiene que hacer algo para resolver este problema porque no es pequeño”, indicó.

El empresario de hombros anchos supo que podría tener que marcharse cuando Trump resultó electo a la Casa Blanca. Entonces comenzó a construir dos propiedades en El Salvador, una en la capital y otra en su pueblo, y planea celebrar allá su 25.º aniversario de boda cuando regrese junto a su esposa.

Sus tres hijos adultos asumirán las riendas de la empresa constructora. Una hija es residente permanente, mientras que otra hija y el hijo están protegidos de la deportación gracias a un programa para inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños que el entonces presidente Barack Obama lanzó en 2012 y que Trump ha buscado terminar.
Cuando regrese a El Salvador, solicitará una visa estadounidense con la intención de regresar. De no poder, Cañénguez buscará oportunidades económicas en su país y disfrutará de una jubilación anticipada.

“Sigo respetando y admirando siempre a Estados Unidos por la oportunidad que nos da”, dijo.