Penurias en la ciudad hondureña donde nacen las caravanas

Penurias en la ciudad hondureña donde nacen las caravanas.

En los polvorientos y mal iluminados barrios de San Pedro Sula, todo el mundo conoce las leyes no escritas: hay lugares a los que no se va sin permiso. Al volante, baje las ventanillas para que las pandillas y sus vigías puedan ver quién está dentro. Es más seguro quedarse en casa al anochecer, dejando las calles para pandilleros y traficantes de drogas, que están armados y no tienen reparos en matar.

Es en la segunda ciudad más grande de Honduras donde en los últimos meses se forma caravana tras caravana de migrantes. Las comitivas ponen rumbo al norte, a México y hacia Estados Unidos, para huir de la violencia, la pobreza, la corrupción y el caos. Todas esas realidades son palpables en las calles de la ciudad, que recuerdan por qué miles de personas siguen marchándose pese a los peligros y a la incertidumbre de si podrán quedarse incluso aunque logren entrar en Estados Unidos.

En el distrito norte de San Pedro Sula, donde periodistas de Associated Press acompañaron a la policía en una noche reciente, viven casi 230,000 personas y apenas hay 50 agentes para patrullar sus 189 vecindarios, incluidos los más peligrosos: Planeta, Lomas del Carmen y La Rivera Hernández. El subinspector de policía Wílmer López señaló que en la zona se habían desarticulado dos laboratorios de droga en el último año. Había detenido a pandilleros incluso de nueve años.

Los policías llevan pistola y van acompañados de soldados con rifles de asalto. “Con ellos nos sentimos más seguros”, comentó López, que dirigía la patrulla.

En esa parte de la ciudad operan nueve pandillas diferentes, señaló, incluidas las conocidas Calle 18 y Mara Salvatrucha, o MS-13. Ambas nacieron en Los Ángeles hace décadas y se expandieron a América Central debido a las deportaciones, hasta convertirse en organizaciones transnacionales hiperviolentas que impulsan las altas tasas de asesinatos y otros delitos en los países del Triángulo Norte de Centroamérica –Honduras, El Salvador y Guatemala–. Sus tarjetas de visita se ven en las pintadas que se ven en las casas, así como en los cadáveres que dejan a su paso.
“Algunos se reconocen por su forma de matar, como la mara Batos Locos, que embolsa (a la gente que mata), o los del Barrio 18, que los descuartizan”, dijo López.

Advertencia. Washington ha amenazado a los países el Triángulo Norte con recortar las ayudas humanitarias y de seguridad si no logran cortar el flujo de migrantes.

Esta noche, la patrulla transcurre casi sin incidentes. La policía cachea a los clientes de un billar y comprueba identificaciones pese a sus ebrias protestas. Pero en torno a las 6 de la mañana se encuentra el primer cadáver del día, un joven con el rostro desfigurado que aparece tirado en el barrio de Sinaí justo detrás de la comisaría de Rivera Hernández.

Hace tiempo que los vecinos de San Pedro Sula, que fue la ciudad con peor tasa de asesinatos del mundo durante cuatro años entre 2011 y 2014, no se impresionan por los muertos. Solo la semana pasada hubo al menos 16 muertes violentas en la ciudad. En lo que va de año ha habido al menos 25 homicidios múltiples con tres víctimas o más, según medios locales.

En un restaurante, la televisión emite un noticiero sobre el último asesinato, un hombre en una tienda de reparación de neumáticos. Los clientes miran con curiosidad el cuerpo en la pantalla, pero siguen comiendo.
“A la gente no le conmueve que hayan matado a alguien”, comentó Salvador Nasralla, excandidato de la oposición a la presidencia y que lamenta la normalización de la violencia en Honduras.

Los homicidios han bajado bastante a escala nacional, según la Policía Nacional de Honduras. Desde un pico de 86 asesinatos por 100,000 habitantes en 2011, la tasa cayó el año pasado a 41 por cada 100,000 habitantes, aunque sigue siendo una de las más altas del planeta.

Algunos dicen que la violencia ha remitido un poco en San Pedro Sula desde que unos 800 pandilleros que gestionaban redes de extorsión desde prisión fueron trasladados en 2017 del penal en el centro de la ciudad a un centro de máxima seguridad en las montañas occidentales.

Los asesinatos parecen haber bajado más este año, pero la violencia no es lo único que complica la vida en la localidad.

“La violencia no solo se determina por los homicidios, sino por la amenazas de muerte, las extorsiones, los reclutamientos forzosos de bandas, una serie de atentados contra la propiedad en las zonas de control (de criminales) que el Estado no ha podido recuperar”, explicó Roberto Herrera Cáceres, comisionado nacional de los derechos humanos en el país.

“Una situación de inseguridad mueve a las personas, obliga a desplazamientos forzados internos que luego se tornan en migraciones forzadas”, señaló.

Érick Lara es un ejemplo claro. Él y seis amigos se unieron a la caravana más reciente, que salió en abril con algo menos de 300 personas. Era una comitiva mucho menos numerosa de las que se habían visto antes de que la policía mexicana hiciera una redada contra una caravana anterior y dejara a sus participantes detenidos, deportados o dispersados.

Lara, un albañil de 27 años, se fue de San Pedro Sula a pesar de que tenía un buen trabajo en la obra de construcción de una iglesia porque los pandilleros intentaban reclutarlos a la fuerza a él y a sus amigos. Unirse a las bandas violentas no es voluntario, señaló, y negarse puede costar la vida.

Sin oportunidades. La inseguridad es la causa que ha empujado a comunidades enteras a hacer desplazamientos forzados.

Cuando se forma una nueva caravana migrante, gente de todo el país acude a San Pedro Sula.
También hay un flujo constante de muertos, ya que casi todos los municipios del departamento de Cortés envían sus cadáveres a la morgue de la ciudad. Los parientes en duelo se reúnen en el exterior.

Sentado sobre un tablón de madera, un hombre vestido de negro y con el pelo canoso, que pidió no ser identificado, esperaba a recoger el cuerpo de su hijo asesinado. El hijo, señaló, había salido a beber con unos amigos cuando aparecieron varios hombres armados y le dispararon. Quedó malherido, y unos días después falleció en el hospital. Su padre dijo que aunque ya antes estaba preocupado por su hijo, no tenía idea de quién le había matado ni por qué. Sobre todo parecía resignado a su nueva realidad.

Un coche pasó y dos policías corrieron tras él. Se oyeron dos disparos a algunos bloques de distancia, quizá disparados al aire, y todo el mundo volvió la cabeza. Los agentes volvieron riendo. Nadie preguntó qué había ocurrido, nadie dijo nada.

Muchos hondureños atribuyen los problemas del país al presidente, Juan Orlando Hernández, reelegido en 2018 pese a un veto constitucional a los segundos mandatos y en unas elecciones marcadas por las irregularidades. El mandatario prometió una “vida mejor” en sus lemas campaña, pero no ha podido cumplirlo para los más vulnerables del país.

La oficina de Hernández no respondió a una petición de comentarios. El presidente dijo hace poco: “Mi compromiso es con el pueblo, juré no descansar hasta recuperar la paz y la tranquilidad de los hondureños y eso seguiré haciendo”. La semana pasada dijo que su política económica está funcionando y “vamos bien”.

Washington ha amenazado a los países el Triángulo Note con recortar las ayudas humanitarias y de seguridad si no logran cortar el flujo de migrantes. Pero eso podría tener el efecto contrario si los empleos y los programas contra la pobreza se resienten.

Hace tiempo que los vecinos de San Pedro Sula, que fue la ciudad con peor tasa de asesinatos del mundo durante cuatro años entre 2011 y 2014, no se impresionan por los muertos. Solo la semana pasada hubo al menos 16 muertes violentas en la ciudad. En lo que va de año ha habido al menos 25 homicidios múltiples con tres víctimas o más, según medios locales.

Rolando Lázaro Bautista vive en una calle sin asfaltar salpicada de chozas de madera y metal ondulado con suelo de tierra. Es una zona sin alcantarillado ni conducciones de agua, y cientos de personas se han marchado.
También está a un tiro de piedra de varias torres de apartamentos de lujo, y hace tiempo que las autoridades municipales quieren despejar la barriada. En uno de sus intentos, las casas de varios vecinos de Bautista se incendiaron. Trabajadores de derechos humanos han conseguido una orden judicial que protege el asentamiento por ahora.

Bautista, de 47 años, dijo haber viajado dos veces al norte. Primero en una caravana en enero, pero terminó deportado desde México. Después contrató a un coyote o contrabandista, pero fue capturado y después deportado cuando llevaba tres días caminando en Texas con destino a Houston.

Ya no tiene planes de volver a intentarlo después de la experiencia de verse con insolación, agotado y obligado a esconderse varios días en un almacén y un sofocante piso franco. “Se sufre al aguantar sed y hambre”.
De vuelta a casa, ha encontrado empleo en construcción para esta semana, pero no hay nada seguro para después. Su esposa y él dependen del dinero que envía su hija, que emigró a España y pagó los $7,500 de tarifa del coyote. Entre tanto, cuidan de las dos hijas que dejó su hija en San Pedro Sula.

La socióloga hondureña Jenny Argüello opina que las necesidades alimentarias de una familia media de cinco miembros cuestan el equivalente a $650 al mes, por encima del salario mínimo de unos $400.

En la década de 1990, la mayoría de los emigrantes se marchaban para buscar una vida mejor, señaló Argüello. Sin embargo, “hoy en día es la única alternativa que tienen los hondureños de sobrevivir”.

Policía interviniendo un local en San Pedro Sula
Reducción. Los homicidios han bajado desde un pico de 86 asesinatos por 100,000 habitantes en 2011, a 41 por cada 100,000 habitantes.

La lucha en Costa Rica del exilio nicaragüense más olvidado

Procesos burocráticos. Casi 29,000 personas han recibido el carné de solicitante de asilo en Costa Rica. De estos, solo 8,000 han conseguido permiso de trabajo.

En su ciudad natal tenía casa propia y trabajo, era maestra suplente de primaria y asistente de unos abogados. «Éramos humildes pero la vida es más barata». Ahora, esta mujer que pide ser identificada solo como «la Profe» por miedo a represalias contra su familia en Nicaragua, lamenta tener que mendigar. Pero sin permiso de trabajo no ve otra opción para sobrevivir. «Nunca lo había hecho», dice avergonzada.

El destino de los cerca de 50,000 nicaragüenses que llegaron de Costa Rica en el último año huyendo de la violencia y la persecución es una pieza clave en el diálogo actual entre el gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica, que reclama garantías para que todos ellos puedan regresar en condiciones de seguridad. La mayoría son estudiantes, defensores de derechos humanos, periodistas o dirigentes sociales, como «la Profe».

Pero mientras los negociadores se esfuerzan por llegar a acuerdos en esta crisis que se ha cobrado al menos 325 muertos y cientos de detenidos, los exiliados que no tienen familia que les apoye ni ahorros de los que vivir luchan cada día por salir adelante, algunos con trabajos precarios, otros casi en la indigencia.

Son «los olvidados de los olvidados», como dice Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, que acaba de visitar Costa Rica. Como muchos otros, «la Profe» huyó de Nicaragua durante la llamada Operación Limpieza, el operativo lanzado por Ortega en julio y al que siguió lo que la ONU describió como una «caza de brujas» contra todo disidente. A su ciudad, Diriamba, llegaron paramilitares «armados hasta los dientes», asegura, que dejaron un rastro de muertos, heridos y hasta lo nunca visto: agresiones a los obispos en una de sus iglesias.

El delito de «la Profe» fue llevar comida y apoyar a los estudiantes en sus protestas. Un día, poco después de dejarles el desayuno, comenzaron a dispararles. «No sé cómo estoy viva», recuerda.

«Estaban agarrando a todos».

Lo único que podía hacer era huir.

Al llegar a Costa Rica solo encontró un lugar para vivir en La Carpio, un asentamiento irregular de San José, destino desde hace décadas de la migración nicaragüense y una barriada donde se mezclan casas de cemento con otras hechas de chapa. Ahí escasea el agua, se acumula la basura y las aguas negras escurren por estrechos pasadizos a cuyos lados se abren cuartos sin ventanas y letrinas en la misma habitación.

Antes de la llegada de la más reciente oleada de refugiados sin recursos, la mitad de los cerca de 18,000 habitantes de La Carpio ya vivían en casas precarias y el 70 % de las familias subsistía con menos de $330 al mes, según un estudio oficial del año pasado.

Algunos días «la Profe» no recauda más de $3, pero sale adelante gracias a la ayuda de iglesias, de gente anónima que le da comida y de la solidaridad de sus vecinos, a veces con tan pocos recursos como ella. Sin embargo, se las arregla para rentar un espacio de 30 metros junto a dos de sus hijos, dos nietos y otras seis personas de otra familia. Afortunados porque el casero en ocasiones les fía, se reparten para dormir entre el suelo de la única habitación y el de la cocina. Un día reciente, en la alacena solo había un paquete de pasta, una biblia y una bandera nicaragüense.

Aunque las leyes costarricenses permiten que los exiliados puedan trabajar legalmente, para poder hacerlo deben primero registrarse, luego conseguir un carné de solicitante de asilo y más tarde tramitar el permiso de trabajo. «La Profe» lleva ocho meses esperándolo.

La llegada masiva de exiliados ha ralentizado toda esta burocracia, y aunque las autoridades reciben a 600 solicitantes a la semana, de las casi 29,000 personas que han recibido el carné, solo 8,000 han logrado el permiso de trabajo y más de 20,000 esperan aún el primer trámite.

La semana pasada, Amnistía Internacional llamó al Gobierno de Costa Rica a que, con el apoyo de la comunidad internacional, active un plan de atención a los refugiados que incluya identificar a los sectores más vulnerables y garantizar su acceso a la salud y la educación, derechos reconocidos por la ley costarricense, pero de los que muchos no disfrutan. El Gobierno de Costa Rica señaló a The Associated Press que el plan ya está listo y solo falta la aprobación presidencial.

El Ejecutivo nicaragüense no respondió a una solicitud de comentario y ha hecho pocas declaraciones sobre los exiliados, pero el presidente Ortega comparó recientemente a todos los opositores con Caín, el personaje bíblico que mató a su hermano por envidia.

El delito de “la Profe” fue llevar comida y apoyar a los estudiantes en sus protestas. Un día, poco después de dejarles el desayuno, comenzaron a dispararles. “No sé cómo estoy viva”, recuerda. “Estaban agarrando a todos”. Lo único que podía hacer era huir.

El actual diálogo entre sus representantes y los miembros de la Alianza Cívica comenzó el 27 de febrero, pero ha estado plagado de interrupciones, avances y retrocesos. El Gobierno excarceló a 160 personas, aunque cientos más siguen tras las rejas a la espera de que se cumpla la promesa del Ejecutivo de liberar a todos los presos políticos. Y aunque el viernes se firmaron dos acuerdos, al día siguiente se incumplió el que garantizaba la libertad de manifestación cuando la policía desalojó un plantón pacífico y un aparente seguidor oficial reaccionó disparando a los opositores que se fueron a refugiar en un centro comercial. Al final, hubo tres heridos de bala.

Además, el Gobierno se ha negado a adelantar las elecciones presidenciales previstas para 2021, otro punto central en las demandas opositoras. Por eso hay mucho escepticismo ante otro texto rubricado ese mismo viernes que decía que todos los nicaragüenses en el exterior «podrían regresar a su país con plenas garantías y seguridad personal y familiar». «En Nicaragua decimos en relación con Ortega: ‘firmar me harás, cumplir jamás’», dice César Gutiérrez, de 63 años, que dejó a su familia y sus negocios –una panadería y unos billares– cuando amenazaron con matarlo y quemarle la casa por apoyar las protestas.

Un año de crisis. Se cuentan al menos 325 muertos y cientos de detenidos. Algunos de los exiliados no tienen familia que los apoye ni ahorros de los que vivir.

Este anciano que luchó en la revolución sandinista es ahora un firme opositor de Ortega. Vive también en La Carpio, aunque en mejores condiciones que «la Profe», su antigua nana, quien emigró de Nicaragua mucho antes, lo acogió y le permite dormir en el salón de su modesta casa donde viven también otras siete personas.

Su rutina actual es participar en todas las reuniones que puede, porque asegura que organizarse es la clave para derrotar a Ortega. Además, aprovecha esas citas para vender quesos que hace una vecina y con lo que saca para vivir.

Cuando se juntan, los exiliados programan actos y protestas dentro y fuera del país, ponen en común noticias que les llegan por internet y siguen muy de cerca el proceso de diálogo entre el Gobierno y la Alianza. Gutiérrez dice que solo empezará a creer en la voluntad de Ortega cuando libere a todos los presos políticos y se garanticen las libertades de expresión, reunión y manifestación. Pero subraya que un punto vital es «desarmar a los grupos paramilitares, porque si no nos van a matonear».

«Luego será el momento de pensar de qué forma volvemos», agrega. Otra de las exigencias de la oposición es eliminar todos los procesos abiertos a raíz de las protestas que comenzaron en abril pasado y suprimir las órdenes de captura de muchos opositores, entre ellos al menos 168 personas que, según cálculos de la Alianza, huyeron de Nicaragua. Sadie Rivas es una de ellas. Originaria de Matagalpa, esta joven era muy activa en las manifestaciones y las barricadas. Cruzó la frontera clandestinamente en agosto después de que la acusaran, como a muchos de sus compañeros, de crímenes más propios del líder de un cártel del crimen organizado que de una estudiante de 19 años: torturas, terrorismo, lavado de dinero, narcotráfico, portación de armas, destrucción de la vía pública y destrucción de la paz en su ciudad.

Su padre, herido por una bala de goma lanzada por las juventudes sandinistas, y su hermano siguen en Nicaragua escondidos entre una y otra casa de seguridad. Su madre se unió a ella en San José cuando emitieron una orden de detención en su contra por cuidar de su hija. El cargo: «encubrimiento de terroristas». Y en esta ciudad conoció en persona a su novio actual, compañero de lucha en Facebook y uno de los jóvenes que sobrevivió a las 20 horas de ataque a una iglesia de Managua.

«Antes pintaba, hacía jabones artesanales, pulseras. Soy artista», dice Rivas. Más afortunada que la gente de La Carpio, ella tuvo el apoyo de empresarios de la Alianza que la ayudaron a costear la renta y la comida durante unos meses. Ahora Rivas y su madre limpian casas o trabajan de meseras con la vista siempre puesta en volver.

«Mis planes son regresar», asegura, pero exige más a la Alianza. «Tienen que ser más exigentes. Los exiliados somos un punto importante».


Verza reportó desde Ciudad de México; los periodistas Carlos González y Javier Córdoba, en San José; y Gabriela Selser, en Nicaragua, colaboraron con esta nota.

Crecen sin techo en Buenos Aires, otro signo de la crisis

En la calle. “Es un día triste”, anunciaron las autoridades gubernamentales el día en que dieron a conocer las nuevas cifras de pobreza.

La pequeña Valentina Alemán corre por la acera entre cajas de cartón, un sofá deshilachado y una heladera en desuso indiferente a los automóviles que pasan a su lado. Su sonrisa delata que no tiene dimensión de los peligros que acechan a quienes viven en la calle.

Una tienda improvisada con paredes de cartón, techo de bolsas y dos colchones instalada a un costado de una transitada avenida de la capital argentina aloja a la niña de dos años, sus cuatro hermanos y sus padres desde hace ocho meses, cuando los ingresos de la familia ya no fueron suficientes para cubrir un alquiler al ritmo de la galopante inflación en Argentina.

Con la profundización de la crisis económica han aumentado las familias como los Alemán asentadas con sus pertenencias en las aceras de las principales avenidas, los accesos a grandes centros comerciales, las paradas de autobuses, los parques o debajo de las autopistas.

Según el último informe del estatal Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el segundo semestre de 2018 la pobreza creció al 32 % desde el 27.3 % del primer semestre. Argentina padeció el año pasado una devaluación del 51 % de su moneda, que en una economía fuertemente atada al dólar se trasladó de inmediato a los precios, con fuerte impacto en los alimentos.

La indigencia en la capital argentina, el distrito más rico del país y uno de los más modernos de América Latina, se duplicó en los últimos tres años a 6.46 % –el equivalente a 198,000 personas–, según datos oficiales del tercer trimestre del año pasado. La alcaldía todavía no ha dado a conocer un relevamiento de fines de 2018 sobre las personas viviendo en la calle, pero organizaciones no gubernamentales estiman que son unas 8,000.

La reducción de la pobreza es una de las cuentas pendientes del presidente conservador Mauricio Macri que transita su último año de mandato y ha lanzado la campaña para la reelección en los comicios generales de octubre. Cuando asumió en 2015 dijo que su gestión debía evaluarse por la baja de la pobreza –entonces del 30 %– y fijó el lema «pobreza cero» como objetivo de su gobierno.

«Confié en él cuando decía ‘pobreza cero’, creía en él, parecía que iba estar con los pobres», se lamentó Damiana Alemán, de 37 años, con la pequeña Valentina en brazos. «Pero él se refería a descartarnos a los pobres, no a aumentar nuestros valores o economía. Desde mi punto de vista, ‘pobreza cero’ significa que él quiere borrar a los pobres del mapa de Argentina».

Macri sostiene que subestimó los desajustes macroeconómicos heredados del gobierno populista de Cristina Fernández (2007-2015) y que corregirlos le está demandando más tiempo y un alto costo social porque en el medio se interpusieron una sequía récord, que privó al país de millones de dólares, y factores externos que atentaron contra la reactivación económica.

“Cuando uno está en la calle siente que molesta, siente que es culpable y que se lo merece. Sentís todo lo peor sobre vos”, reflexionó Horacio Ávila, psicólogo social y uno de los fundadores de Proyecto 7, una organización no gubernamental que asiste a personas sin hogar. El especialista sostuvo que “todo es extraño, todo es agresivo”.

Pero el creciente descontento social impactó en la popularidad del mandatario mientras crece en las encuestas la líder opositora y expresidenta, quien todavía no oficializó su postulación pero que sus partidarios dan por descontada. La nostalgia por la relativa estabilidad económica y las medidas populistas para alentar el consumo durante su mandato le permitieron a la actual senadora repuntar en las mediciones pese a las numerosas investigaciones judiciales en su contra por supuesta corrupción.

Sin embargo, la mayoría de los sondeos reflejan un escenario de paridad en una eventual segunda vuelta entre ambos.

Los Alemán pagaban entre 4,000 y 5,000 pesos (entre $90 y $112) de alquiler. La economía familiar colapsó cuando en el marco de fuertes aumentos en las tarifas de servicios públicos –77.6 % en el gas, 46.3 % en la electricidad y 26 % en el agua durante el último año– les llegó una boleta de electricidad que duplicaba la renta y el padre, Emilio, perdió el trabajo en una fábrica de muebles que cerró por la crisis.

De los 10 hogares de tránsito y paradores nocturnos que gestiona la ciudad, uno solo es para familias y no da abasto. Los otros también tienen problemas para atender la demanda que se vio potenciada por un nuevo fenómeno: los residentes de los suburbios que vienen a la capital a trabajar y prefieren vivir en la calle de lunes a viernes para no gastar en transporte.

Las familias, por lo general, prefieren instalarse en la calle antes que separarse en diferentes centros de acogida.

No hay plata para comida. La gente no solo tiene problemas para pagar los servicios básicos. Tiene problemas para comprar los alimentos, que han registrado grandes aumentos de precio.

«Cuando uno está en la calle siente que molesta, siente que es culpable y que se lo merece. Sentís todo lo peor sobre vos», reflexionó Horacio Ávila, psicólogo social y uno de los fundadores de Proyecto 7, una organización no gubernamental que asiste a personas sin hogar. El especialista sostuvo: «Todo es extraño, todo es agresivo. Es muy difícil los primeros tres o cuatro días. Después te vas acomodando porque somos animales de supervivencia. Te vas conectando».

Pero el crudo invierno, el calor agobiante, las lluvias, la inseguridad y la indiferencia de los transeúntes pueden volverse desoladores para una madre de cinco. «Estar con ellos acá no es lindo, el principal riesgo es la salud de ellos», apuntó Alemán mientras sus niños se distraían con juguetes usados que les acababan de regalar. «Ellos quisieran mirar tele. El más grande me pregunta por qué no podemos estar en casa, con nuestra tele y en la cama».

Los Alemán dependen del dinero que obtiene el padre por los cartones y desechos reciclables que junta en la calle y la generosidad de los vecinos, aunque también los hay que llaman a la alcaldía y piden que los desalojen de la acera. Se alimentan en comedores populares, originariamente destinados a los adictos pero que en los últimos tiempos atienden a familias y ancianos que no tienen para comer.

En febrero una familia tipo de cuatro integrantes que viven en la capital necesitó 13,319.26 pesos (unos $299) para no caer en la indigencia cuando hace un año ese valor de referencia estaba en 8,559 pesos ($191). Los precios se dispararon al compás de una inflación de 47.6 % en 2018, la más alta desde 1991.

El salario mínimo en Argentina está fijado en 12,500 pesos (unos $280).

De acuerdo con un relevamiento realizado por el privado Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) en capital y sus alrededores a fines de febrero, el 65 % de los 1,523 entrevistados sostuvo que sus ingresos no le alcanzan y 52 % disminuyó la cantidad de comida que consume por esa razón.

«La falta de certezas sobre de cuánto será la boleta de luz y gas amenaza cualquier proyecto personal. Un horizonte de aumentos ininterrumpidos de tarifas con pérdida de poder adquisitivo del salario no hace más que incrementar los miedos», advirtió Matías Barroetaveña, director del CEM.

«Ustedes sigan riéndose que dentro de poco los voy a ver al lado mío», bromea Héctor García a quienes pasan por delante de su tienda hecha con varias capas de tela y plásticos que comparte con María Ortega, de 77 años. El hombre de cabello y barba canosa lleva cuatro años en la acera de un barrio de clase media de Buenos Aires tras quedarse sin empleo. Sobrevive reparando electrodomésticos o desarmándolos para vender sus partes.

«La posibilidad de salir de la calle te la dan por cinco o seis meses, eso no es solución», apuntó García, de 57 años, en referencia a los subsidios habitacionales que ofrece el gobierno.

Aunque antes de asumir Macri había cuestionado duramente las políticas asistencialistas del kirchnerismo, luego aumentó el presupuesto de ayuda social, que demanda el 70 % de los recursos de la administración nacional previstos para 2019. El propio Fondo Monetario Internacional, que aprobó un rescate para Argentina de unos $56,000 millones en 2018, acaba de avalar un aumento en las partidas presupuestarias para subsidios a los pobres.

La asignación universal por hijo, que reciben unos cuatro millones de menores de 18 años de familias sin empleo, se incrementó 46 % en marzo a 2,650 pesos por mes (unos $59). La Alcaldía de Buenos Aires, a cargo de un aliado del presidente, también se comprometió a ampliar la capacidad de los hogares de tránsito.

«Para un lugar peor, me quedo acá. Al menos no llegan las cuentas», ironizó García antes de refugiarse en su morada callejera.

Sin nada. La indigencia en la capital argentina, el distrito más rico del país y uno de los más modernos de América Latina, se duplicó en los últimos tres años y llegó a 198,000 personas.

Tribu amazónica acusa de atrocidades al Ejército de Brasil

Víctimas indígenas. Los fiscales estiman el número de víctimas de waimiri-atroari entre 600 y 3,000.

Bare Bornaldo Waimiri, en ese momento un miembro adolescente de la tribu waimiri-atroari en lo profundo de la Amazonía brasileña, dijo que el día de ese ataque, hace muchos años, fue el último que vio a su familia con vida.

Ahora de edad avanzada, Bornaldo describió la horrible escena la semana pasada durante una audiencia histórica que puso los reflectores sobre el Ejército de Brasil, que niega haber atacado a la tribu. Su testimonio subrayó la tensión constante entre el desarrollo y la conservación en la nación más grande de América Latina, y sucede mientras el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro otorga un papel destacado a los militares en su gobierno y pone fin a las nuevas demarcaciones de tierras indígenas en el Amazonas.

«Perdí a mi padre, a mi madre, a mi hermana y a mi hermano», dijo Bornaldo en voz muy baja, con pantalones cortos y golpeando sus sandalias en el suelo mientras dos traductores escribían sus palabras en portugués.

La audiencia tuvo lugar en una choza de paja con forma de cono donde los waimiri-atroari normalmente celebran festividades coloridas y largas sesiones de oratoria. La semana pasada, durante un día, se transformó en un juzgado sombrío donde seis ancianos le contaron a un juez cómo durante muchos años la dictadura militar de 1964-1985 intentó erradicarlos con armas, bombas y productos químicos.

The Associated Press y un periódico local fueron los únicos medios autorizados para asistir a la audiencia. En general, a los miembros no tribales se les prohíbe ingresar a la reserva en expansión, que es del tamaño de Israel y que se encuentra entre los estados de Amazonas y Roraima.

Los miembros de la tribu y los fiscales dijeron que esta fue la primera vez que se permitió a un juez en las tierras de waimiri-atroari escuchar a los testigos hablar de varios supuestos ataques durante años. Los líderes dijeron que su objetivo era lidiar con el pasado y evitar futuras incursiones.

«Para pasar esta página, todos tenemos que leer el libro», dijo el líder tribal Mario Parwe Atroari.

La mayoría de las tribus indígenas que alegan atrocidades durante la dictadura se muestran reticentes a dar cuenta completa de los incidentes en los juzgados urbanos porque no confían en los pueblos no indígenas. Algunos también temen ser procesados por sus propios ataques contra agentes estatales y misioneros.

Mientras los miembros de la tribu asentían con la cabeza durante el testimonio de Bornaldo, media docena de militares uniformados permanecían en silencio. El coronel retirado Hiram Reis e Silva, vestido con una camisa de cuello blanco y pantalones vaqueros, negó con la cabeza cuando los testigos hablaron. Reis e Silva, quien dijo que trabajó cerca de la reserva después de 1982, estuvo en la audiencia para representar al ejército.

«Mi versión de la historia es muy diferente», dijo Reis e Silva a la AP. «Hay algunas exageraciones. Esperamos que la verdad se restablezca».

«También tengo varios testigos que son los pioneros de la carretera y contrarrestan todo lo que dicen los miembros de la tribu», agregó Reis e Silva, quien se negó a compartir los contactos de cualesquiera de esas personas cuando se le solicitó.

Antes de dictaminar, se prevé que la jueza federal Raffaela Cassia de Sousa esperará a los médicos forenses, lo que podría incluir una determinación de qué producto químico se pudo haber usado en los atentados que los testigos describieron, y posiblemente más testimonios y pruebas.

“Los documentos de esa época muestran que la dictadura militar consideraba a los indígenas un obstáculo para el desarrollo y que su presencia en áreas de interés del Gobierno no podía detener las obras de construcción”.

No hay fecha final para una decisión.

Los fiscales federales, que acusan al Estado brasileño de genocidio en su demanda civil, dijeron que cientos sino miles de miembros de la tribu murieron entre 1968 y 1977, cuando se construyó la carretera BR-174. Las muertes ocurrieron por huelgas militares o por enfermedades que se produjeron después de la construcción contundente de la carretera a través de la reserva, dijeron los fiscales.

Los testigos dijeron que desconocían las fechas de los supuestos ataques. Los waimiri-atroari no miden el tiempo en meses y años, sino que hablan de los acontecimientos en relación con una fase de su vida.

Los fiscales dijeron que creen que el atentado que Bornaldo atestiguó ocurrió después de 1974, año en que se intensificaron las agresiones. La masacre que vio Bornaldo fue uno de los numerosos ataques durante la construcción de una parte de la carretera que conecta las ciudades de Manaus y Boa Vista, según declararon los fiscales y miembros de las tribus.

Los seis miembros de la tribu que testificaron dijeron que las agresiones provenían del Ejército brasileño mientras supervisaba la construcción de 120 kilómetros (75 millas) a través de la reserva waimiri-atroari.

En ese entonces, los líderes militares dijeron que la tribu estaba impidiendo que los empleados del Gobierno construyeran la carretera. Sin embargo, los militares nunca han reconocido haber atacado a la tribu.

«Los documentos de esa época muestran que la dictadura militar consideraba a los indígenas un obstáculo para el desarrollo y que su presencia en áreas de interés del Gobierno no podía detener las obras de construcción», dijo el periodista Rubens Valente, quien asistió a la audiencia y es autor de un libro sobre la relación entre el régimen autoritario de Brasil y las tribus indígenas.

Durante la audiencia de la semana pasada, los abogados del Gobierno sugirieron en sus preguntas que los mineros o los delincuentes locales estuvieron detrás de los ataques, afirmaciones que los miembros tribales rechazaron.

Al explicar el uso de la violencia, waimiri-atroari dijo que ellos solo estaban defendiendo su territorio. Según el libro de Valente, que los fiscales citan, al menos 26 personas, incluidos trabajadores de la construcción, enlaces gubernamentales con grupos indígenas y miembros de misiones religiosas murieron durante la construcción de la autopista.

En comparación con países suramericanos como Chile y Argentina, Brasil ha hecho poco para sacar a la luz las atrocidades a manos de los militares, especialmente contra los pueblos indígenas.

Las acusaciones de los waimiri-atroari suponen un desafío para las fuerzas armadas de Brasil, quienes dicen que su régimen solo reprimió a los adversarios que buscaban una revolución socialista.

Esbelto y de voz baja, Dawuna Elzo Atroari dijo que fue testigo de un ataque contra la tribu en un incidente diferente al descrito por Bornaldo.

«Antes de este camino vivíamos bien y en paz, estábamos sanos», dijo con las manos temblorosas. «Después del camino, murieron personas y fuimos amenazados».

«Tenía un arma apuntando a mi oreja», contó.

Acusación. Los fiscales federales acusan al Estado brasileño de genocidio. Se cree que miles de miembros de la tribu murieron entre 1968 y 1977, cuando se construyó la carretera BR-174.

La vida silvestre es abundante en la región, donde habitan perezosos, monos y jaguares que aparecen con frecuencia. Bayous lleno de flores rosadas que atraen moscas se pueden ver desde la carretera. No lejos de eso, los árboles se vuelven más frondosos y altos.

Los waimiri-atroari cierran la carretera con una enorme cadena cada día a las 6 de la tarde con el fin de proteger la vida silvestre y la tribu en sí. Solo vuelve a abrir a las 6 de la mañana.

El testimonio de los ancianos –todos ellos jóvenes durante la construcción del camino– es clave en la demanda que exige al Estado pagar a la tribu $13 millones en daños, emitir una disculpa oficial en una ceremonia en la tierra waimiri-atroari, construir un museo para recordar las atrocidades y mencionar las violaciones de derechos humanos en su contra en libros de escuelas públicas.

En 2014, una comisión de la verdad dijo que más de 8,000 miembros de tribus indígenas podrían haber sido asesinados a manos de regímenes autoritarios entre 1946 y 1988, la gran mayoría durante la dictadura de 1964-1985.

Los fiscales estiman el número de víctimas de waimiri-atroari entre 600 y 3,000.

A medida que avanzaba la audiencia y los miembros de la tribu acusaban repetidamente al Ejército brasileño de masacre, surgieron noticias que tenían paralelos misteriosos con el pasado: el gobierno federal anunció planes para construir una línea de energía que atravesará la reserva waimiri-atroari, algo que políticos y líderes militares buscan desde la construcción de la BR-174.

Bolsonaro, quien frecuentemente elogia la dictadura y promete abrir el Amazonas a un mayor desarrollo, consideró que la línea de energía que conectará la red del estado de Roraima con el resto de Brasil es un asunto de seguridad nacional. La decisión no obliga a consultar a los waimiri-atroari, como lo exige la ley. Brasil ahora compra energía de Venezuela, un país actualmente en crisis, para abastecer al norte.

Si el proyecto de energía de $600 millones avanza en junio como lo prometió Bolsonaro, habrá más deforestación en las tierras de los waimiri-atroari con la instalación de docenas de torres de electricidad. Se espera una batalla legal.

Independientemente de lo que suceda, Parwe, uno de los líderes de la tribu, dijo que estaba feliz de que las futuras generaciones aprendan más sobre los waimiri-atroari.

«Todos deberían saber lo que sucedió aquí para que nunca vuelva a suceder», dijo Parwe con voz firme, de pie junto al juez y mirando al personal militar que estaba presente.

Cuando productores musicales son acusados de depredadoresa

Nombres. Entre los acusados hay gente que ha recibido los premios más prestigiosos de la música y ha grabado con cantantes de renombre, como el cantante Ryan Adams. Esto ha significado un atraso en la justicia que demandan las víctimas.

J​​​​​​​essie Woo solo quería cantar. Así que cuando la vocalista en ciernes conoció a un productor exitoso que dijo que quería ayudarla, le creyó.

Una noche hace siete años, dijo, el productor la violó.

No fue la única vez que fue acosada por productores a principios de su carrera, dijo Woo, miembro del elenco del programa de VH1 «Love & Hip Hop Miami» y anfitriona de varios programas de BET Networks.

«Estos productores te ponen en las salas que has soñado. Estás en un estudio con artistas como… Lil Wayne, estás viendo a T-Pain, a Beyoncé. Estás viendo a toda esta gente que pasa a saludar», contó. «Entonces piensas, ‘OK, esta persona es un poco espeluznante pero tengo que estar aquí… estoy en el lugar correcto, solo tengo que maniobrar alrededor de esta persona. Tengo que aprender a esquivar la bala’. Y estás esquivando a alguien que pretende abusar de ti».

Otras mujeres que navegan la industria de la música pop han empezado a pronunciarse sobre experiencias similares, luego de que el movimiento #MeToo derribó a hombres poderosos en Hollywood, la política y los negocios. Al igual que en esos ruedos, las mujeres a menudo pueden enfrentar abuso, a veces sexual, en manos de hombres poderosos que tienen la llave de su éxito.

En 2017 Jessie Reyez, la cantante que coescribió los éxitos recientes de Calvin Harris «One Kiss» (con Dua Lipa) y «Promises» (con Sam Smith), lanzó un potente cortometraje con su canción «Gatekeeper». En el mismo describe cómo fue acosada por un productor: «Oh, yo soy el portero/ abre las piernas /confía /podrías ser famosa /si vas a cualquier otra parte, te borraré».

El año pasado, identificó a su atormentador como el productor musical Noel «Detail» Fisher, quien ganó un Grammy por coescribir el éxito de Beyoncé y Jay-Z «Drunk in Love». Reyez dijo que Fisher trató de denigrarla y menospreciarla por no tener sexo con él, y por no tener relaciones sexuales para avanzar en su carrera.

Los intentos por conseguir a Fisher –quien también ha producido éxitos de Lil Wayne, Nicki Minaj, Wiz Khalifa y otros– para obtener declaraciones sobre las acusaciones de Reyez y otras mujeres fueron infructuosos. Llamadas a números telefónicos listados como suyos y de sus parientes no fueron respondidas.

Otras mujeres hicieron eco de las acusaciones de Reyez y pintaron a Fisher como un abusador en serie.

«#MeToo Con razón me conecté con tu canción GateKeepers @jessiereyez», escribió la cantante de 29 años Bebe Rexha en Instagram en mayo de 2018. «Él trató de hacer lo mismo conmigo. Yo tenía apenas 19 años. Salí corriendo del estudio, llorando. Un ser humano espantoso».

Otra cantante, Tinashe, comentó sobre el post de Rexha: «La única sesión hasta el día de hoy de la que he salido por sentirme muuuuuy incómoda. Contenta de que sea expuesto por el arrastrado (grosería) que es. Asqueroso».

Janae Knox presentó una demanda contra Fisher en junio de 2018, y argumentó que luego de que fue contratada como su asistente sufrió «acosos y abusos sexuales severos y perversos por parte de Fisher», según documentos de la corte. La demanda alega que Fisher le pidió a Knox que se duchara con él y le exigió favores sexuales mientras realizaba su trabajo.

«‘Detail’ es un depredador sexual y resulta inquietante que yo haya sido una de sus víctimas. Quiero alentar a otras víctimas a pronunciarse porque, al hacerlo, comenzarán a sanar», dijo Knox en una declaración.

Isabella Mack, otra asistente de Fisher, presentó una queja cuando Knox lo hizo, y argumentó que fue retenida en contra de su voluntad mientras el productor se masturbaba. La demanda dice que Fisher también le exigió que posara desnuda para fotos y videos, y que Mack sufrió angustia emocional extrema como resultado.

«‘Detail’ tiene que ser hecho responsable de sus acciones. También espero que otras víctimas en la industria musical se pronuncien porque es hora de exponer un sistema que permite que los hombres abusen de las mujeres en este negocio», dijo Mack a la AP.

Otra demanda contra Fisher fue presentada en diciembre por la aspirante a músico y modelo Kristina Buch.

Fisher aún no ha respondido a ninguno de los casos presentados en su contra el año pasado, y un abogado que lo representa no pudo ser localizado.

La abogada Genie Harrison, que representa a Knox y Mack, dijo que sus clientes «decidieron hacer responsable a ‘Detail’» y «mostrarle a otras víctimas que no están solas».

«Sea en la música, el cine o los negocios en Estados Unidos, el abuso de poder para obligar al sexo debe parar. Las valientes víctimas de #MeTooInMusic (#YoTambiénEnLaMúsica) que se pronuncian ayudarán a lograr esta meta», agregó Harrison en un comunicado.

Algunas de estas acusaciones fueron hechas mucho antes del movimiento #MeToo, que comenzó tras las denuncias de violencia sexual contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein. Lady Gaga, de 32 años, dijo que un productor abusó sexualmente de ella cuando tenía 19 años, antes de lanzar su álbum debut en 2008 y convertirse en una superestrella laureada con premios Grammy y Óscar.

«Es algo en mi vida que realmente me ha definido siempre hasta ahora», dijo Gaga a la AP en 2016.

Por años, la cantante pop Kesha ha batallado en las cortes con su exproductor Dr. Luke, a quien acusa de haberla drogado, violado y atormentado psicológicamente. Dr. Luke, quien ha creado éxitos para Katy Perry, Kelly Clarkson, Britney Spears y otras estrellas, ha rechazado estos alegatos.

Y por supuesto está R. Kelly, un superastro multiplatino del R&B, que también ha creado éxitos para Michael Jackson, Celine Dion y Maxwell se ha declarado inocente de cargos de abuso sexual agravado relacionado con cuatro víctimas, incluyendo al menos tres de entre 13 y 17 años.

Para Kelly, estas son solo las más recientes en toda una vida de acusaciones. Enfrentó cargos de pornografía infantil por supuestamente tener sexo con una preadolescente, pero lo absolvieron en 2008. También se casó en secreto con su entonces protegida, la difunta estrella del R&B Aaliyah, cuando ella tenía apenas 15 años; el matrimonio fue después anulado. Kelly ha sido acusado de atraer mujeres con la promesa de ayudarlas en sus carreras musicales, y entonces abusar de ellas. Algunas lo han acusado de mantenerlas como esclavas virtuales. El artista ha negado cualquier denuncia de abuso; su abogado lo llamó un «hombre inocente».

Otras personas continúan pronunciándose con nuevas acusaciones contra hombres poderosos en la industria. A principios de febrero, en un reporte del New York Times, varias mujeres alegaron que Ryan Adams –el aclamado cantautor nominado al Grammy que también trabajó como productor para Willie Nelson, Jenny Lewis y otros– se ofreció a ayudarlas con sus carreras, pero que entonces tornó las cosas sexuales y a veces fue abusivo emocional y verbalmente.

En respuesta, Adams admitió que no era «un hombre perfecto» y que había cometido errores, pero calificó el reporte de inexacto y dijo que contenía historias exageradas y falsedades.

Tras el reporte, más artistas se abrieron sobre sus malas experiencias con el rockero, incluida la cantante y compositora Ruby Amanfu, quien trabaja desde Nashville.

«Hay un álbum que jamás verá la luz que grabamos hace tres años con algunas de las almas más hermosas, honorables y talentosas del planeta. Sufrí mucho y no tengo nada para mostrar. He cargado vergüenza los últimos tres años cuando la gente me ha preguntado, ‘¿Qué pasó con ese álbum que hiciste con Ryan Adams?’ sin poder decir la verdad, que me convirtieron en el peón de un juego enfermo para el que nunca me había apuntado», escribió en su página de Facebook. «Estoy aquí para condenar un comportamiento que no debe esconderse bajo la alfombra. No voy a disuadirme a mí misma de la ira que siento».

«Ya no seré una prisionera», agregó.

Jessie Woo dijo que hizo su historia pública porque otras mujeres se habían quejado del hombre que abusó de ella. No se suele identificar a personas que dicen ser víctimas de violencia sexual a menos que estas lo autoricen, como es el caso de Woo, quien, sin embargo, no ha identificado a su agresor.

«Eso es algo con lo que estoy luchando. Aun sin decir su nombre he tenido tantas respuestas negativas», lamentó Woo.

«Fue muy loco para mí enfrentar todas estas preguntas que me condenaban en vez de que preguntaran ‘¿Quién te violó? ¿Por qué hay hombres violando a mujeres en la industria? ¿Por qué ocurre esto?’ Esa es la pregunta».

Uno de varios. Jessie Woo es una de las cantantes que cuenta cómo fue acosada por un productor. Este es uno de los casos de denuncia por abuso que ha estremecido el mundo de la música.

El servicio de datos cambia el escenario tecnológico de Cuba

Herencia. Las autoridades del régimen temieron que el acceso a herramientas digitales disparara las críticas al Gobierno, una herencia de la Guerra Fría.

Tras el paso de un tornado que devastó media La Habana a fines de enero un hombre se quejó en Twitter de que los funcionarios amenazaban con sacarlo de su finca pese a su resistencia. Una semana después anunció que el Gobierno había cambiado de idea y lo ayudaría a reconstruir su casa.

Otro usuario reclamó asientos para familiares en las salas de espera de un hospital en la cuenta oficial recién abierta de un vicepresidente, al tiempo que un grupo de jóvenes lanzó la aplicación Sube para conectar a clientes con taxistas, en un país con serios déficits de transporte.

Cuba, que alguna vez fue una de las sociedades más desconectadas de internet del continente, está cambiando su escenario tecnológico rápidamente y en dos meses desde que se comenzó a ofrecer el servicio de datos móviles para los celulares, las transformaciones se perciben sutiles pero palpables.

«La vida ha cambiado. Incluso cuando vas caminando por la calle te das cuenta. El otro día estaba mirando desde el techo de mi casa y el vecino tenía datos, la del frente tenía datos y el de más allá. Eso no se veía antes», dijo Alberto Cabrera, un comunicador de 25 años que forma parte del equipo desarrollador de Sube, una aplicación por ahora experimental y sin fines de lucro.

«Estamos en un proceso de aprendizaje sobre cómo usar los datos», indicó Claudia Cuevas, de 26 años, profesora universitaria y compañera de Cabrera. «Antes ibas al parque (las zonas wifi legales) una vez a la semana a comunicarte con la familia… Ahora, en cambio, buscas aplicaciones, Twitter, Instagram. Los estudiantes están haciendo grupos para las tareas. Es más participativo», agregó.

A mediados de enero, en los primeros 40 días de acceso al servicio, 1.8 millón de cubanos –de una población de 11 millones– habían comprado paquetes de datos. Un reporte reciente indicó que unos 6.4 millones de residentes son usuarios de internet e igual cantidad de redes sociales.

La historia de Cuba con la tecnología no estuvo exenta de tensiones desde su apertura en los años noventa. Cuba acusó a Estados Unidos de bloquear su acceso a las fibras ópticas que rodean la isla, obligándola a contar con un servicio satelital caro y lento. Recién en 2011 tuvo acceso a un cable submarino tras una asociación con Venezuela.

Pero tardó hasta 2015 en habilitar el servicio a la población, en general mediante la apertura de puntos wifi en centenares de parques –una modalidad vigente pero menos popular que antaño– y el servicio hogareño sigue limitado.

Para los opositores, el Gobierno no daba cobertura a la ciudadanía por temor a un flujo libre de información y a las críticas adversas a un modelo político que suele exaltar la unanimidad como un valor de defensa ante la hostilidad de Washington.

«Durante un tiempo internet provocó temor en los líderes cubanos y hubo que esperar demasiado», explicó el bloguero y politólogo cubano residente en Estados Unidos Harold Cárdenas. «Un daño colateral de las dinámicas de la Guerra Fría, prolongadas en Cuba durante décadas».

«Institucionalmente, es positivo» que ahora internet se vea «como una herramienta que fortalece transversalmente la sociedad y la economía del país».

«Lo que podemos esperar es más participación ciudadana, incorporación a tendencias digitales globales y retos para la nueva presidencia», explicó Cárdenas. «Que Miguel Díaz-Canel sea un político de su generación con una visión más sofisticada sobre la tecnología es una ventaja… que la burocracia doméstica haya demostrado ser más lenta que el Vaticano para adaptarse al mundo digital es un desafío».

La historia de Cuba con la tecnología no estuvo exenta de tensiones desde su apertura en los años noventa. Cuba acusó a Estados Unidos de bloquear su acceso a las fibras ópticas que rodean la isla, obligándola a contar con un servicio satelital caro y lento. Recién en 2011 tuvo acceso a un cable submarino tras una asociación con Venezuela.

***

Las quedadas

Personas consultadas coincidieron en que el uso de internet a partir de la apertura del servicio de datos se volvió algo cotidiano: muchos han cambiado a la estatal compañía ETECSA de telefonía tradicional por WhatsApp, que es mucho más económico. Otros han modificado el consumo de información y la búsqueda de contenidos –desde noticias a recetas de cocina– y unos cuantos lo han usado como instrumento de acercamiento a los gobernantes.

En tanto, los adolescentes están realizando «quedadas», una suerte de citas virtuales.

Julio Aguirre Lusson, un disyóquey de 25 años que desde hace un año tiene un canal en YouTube en el que prueba y aconseja sobre aplicaciones para móviles, pudo medir en carne propia el impacto del uso de datos entre sus usuarios.

«Antes el país con más suscriptores (actualmente tiene más de 4,000) en mi canal era España, luego Estados Unidos y en tercer lugar Cuba. Ahora, desde los datos, son los cubanos», indicó Aguirre, quien señaló que, sin embargo, persisten las limitaciones para los desarrolladores como la imposibilidad de subir directamente sus productos a Google Play debido a sanciones estadounidenses o vacíos legales en la propia isla.

El aprendizaje sobre el nuevo entorno digital no atañe solo a los usuarios comunes.

El presidente Miguel Díaz-Canel abrió una cuenta en Twitter poco antes de diciembre y recientemente ordenó a todos sus ministros hacer lo mismo, aunque muchos de ellos solo reenvían mensajes oficiales o consignas propagandísticas sin responder inquietudes ciudadanas.

«Creo que hay una contradicción entre lo que dicen públicamente y lo que hacen», expresó Camilo Condis, un emprendedor de 33 años que suele ser muy activo en las redes sociales y quien reportó que una docena de funcionarios lo bloquearon por sus planteos. «Los ha puesto a prueba: una prueba que muchos han suspendido. Otros, incluidos ministros, sí responden ocasionalmente, pero creo que todos escuchan, aunque no lo hagan público».

Díaz-Canel, ingeniero de profesión, reiteró la importancia que le da a internet y al servicio de datos, y aseguró que se están desarrollando plataformas y prestaciones gubernamentales –como pedir un acta de nacimiento o saber el estado de un expediente en línea– e informatizando al sector estatal en el cual se siguen llenando planillas a mano o entregando turnos tras largas filas.

Precisamente el tornado que arrasó a varios municipios de La Habana fue un ejemplo del alcance de las redes sociales en la Cuba actual: en los primeros momentos sirvieron para comunicar el desastre, posteriormente para evaluar el daño y finalmente para organizar la ayuda para los afectados.

La conjunción entre datos y redes sociales «es un canal que la gente va a usar para decir las cosas como están… Es necesario que la población lo vea como una vía directa para expresarse y decir lo que piensa», comentó Cuevas.

Cada vez más. La coordinación para realizar actividades es una de las ventajas que está descubriendo la población cubana. Van desde organizar “quedadas” en parques, a guiar la ayuda tras un desastre natural.

Individuos uniformados perpetran matanza en Haití

Facilitador. Al Gobierno se le acusa no solo de no investigar el hecho, sino que también de haberlo facilitado en favor de una de las pandillas.

Cuando un camión de la Policía que transportaba a hombres uniformados se detuvo en un barrio pobre de la capital haitiana, la gente pensó que se trataba de una operación oficial.

Tal vez las autoridades finalmente habían decidido confrontar a las pandillas que cobran por proteger a la gente en un mercado junto a un sector de casuchas de hormigón y viviendas públicas.

Los hombres, sin embargo, abrieron fuego. Con el apoyo de pandilleros de la zona vestidos de negro, fueron casa por casa portando armas largas y machetes, sacaron a gente desarmada y la mataron de un solo tiro o a golpes de machete, según dijeron testigos a la Associated Press.

“Cuando los vi, pensé que venían a ofrecer garantías, pero pronto me di cuenta de que les estaban disparando a la gente”, expresó Marie-Lourdes Corestan, una residente de la zona de 55 años. “Estaban disparando y salí corriendo para salvar mi vida”.

Testigos, organizaciones de derechos humanos una obra caritativa católica que recogió los cadáveres tras la masacre del 13 de noviembre de 2018 dijeron que al menos 21 hombres fueron asesinados en un lapso de 24 horas en el barrio de La Saline.

Algunos residentes y agrupaciones de derechos humanos locales dicen que los asesinos eran pandilleros que trabajan con policías corruptos para apoderarse de territorios. Pero otros acusan a funcionarios del Gobierno de planear la matanza para desalentar protestas contra la corrupción que a menudo comienzan en ese barrio, un bastión de la oposición.

Lo que es seguro es que la matanza refleja la inseguridad que hay en Haití desde la partida de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, que en octubre de 2017 pusieron fin a su misión, supuestamente porque la situación había mejorado.

Residentes de Puerto Príncipe entrevistados por la AP dicen que la cantidad de barrios inaccesibles, controlados por las pandillas, aumentó a al menos media docena desde que se fue la misión de la ONU.
“Estas zonas anárquicas se están multiplicando”, expresó Marie-Yolene Gilles, directora de una agrupación local de derechos humanos, Fondasyon Je Klere, que estima que hubo 25 muertos.

“Las autoridades no han dicho nada”, sostuvo Giller. “Ni siquiera condenaron la matanza”.
La ONU envió un gran contingente de fuerzas de paz en 2004, tras el derrocamiento del presidente Bertrand Aristide. En 2017 fueron reemplazadas por una misión más pequeña que entrena policías. Las fuerzas policiales cuentan hoy con 15,000 agentes, comparado con los 4,000 que había en la época de Aristide.

La Policía, sin embargo, es considerada una fuerza corrupta, inefectiva y mal equipada para hacer frente a pandillas mejor armadas, que a menudo son las fuerzas de choque de sectores políticos.

Funcionarios de la ONU dicen que esperan completar las investigaciones en algunas semanas.
“Hay episodios de violencia alarmantes en algunos de los barrios más notorios de Puerto Príncipe, zonas donde la autoridad del estado es limitada”, dijo Helen Meagher La Lime, directora de la Misión de la ONU de Apoyo a la Justicia en Haití, que reemplazó a las fuerzas de paz, durante una presentación ante el Consejo de Seguridad el mes pasado. “Se llevan a cabo investigaciones de las autoridades y de organizaciones de derechos humanos, y nuestro servicio de derechos humanos también trabaja para determinar qué pasó”.

Miles de personas viven en La Saline y muchas trabajan en un mercado que se extiende casi 2 kilómetros (más de 1 milla), donde se vende desde verduras traídas en camiones desde las zonas rurales hasta ropa usada importada de la Florida.

Los residentes viven en casuchas de hormigón con techos de chapas de metal, a veces tan pequeñas que apenas si entra un colchón de una plaza. Cocinan en fogatas al aire libre en callejones tan estrechos que dos personas se tocan los hombros si se cruzan.

Pandillas de jóvenes armados controlan los barrios y con frecuencia usan las armas para resolver disputas. Su principal ingreso proviene de la extorsión que hacen a los vendedores del mercado, a quienes cobran para protegerlos, y a importadores que pagan para que no les bloqueen las carreteras de acceso al puerto vecino. Esto hace que el control de La Saline sea un botín valioso.

Las pandillas han comprado o se han robado equipo policial en los últimos años, de modo que no queda claro qué participación tuvieron las fuerzas del Gobierno en la matanza.
El jefe de la Policía Nacional, Michel-Ange Gedeon, dijo que la investigación indica en principio que fue una pelea entre pandillas y que había suspendido a dos agentes acusados por organizaciones de derechos humanos de haber participado.

“Si hay policías involucrados con las pandillas, los vamos a despedir”, afirmó. “Si participaron en violaciones a los derechos humanos, los vamos a entregar a la justicia”.
Uno de los agentes, Gregory Antoine, fue baleado la semana pasada en un incidente atribuido a pandilleros rivales, según dijeron familiares a una radio local.

La oficina del presidente Jovenel Moise no respondió a pedidos de comentarios.
Joel Noel, un hombre de 28 años que se describe como un líder comunitario, declaró que los hombres armados llegaron en un camión que llevaba la insignia de una Unidad Táctica Especial de la policía entrenada por la ONU, creada por el expresidente Michel Martelly, un aliado de Moise.

Corestan dijo que algunos llevaban máscaras de esquí y portaban machetes cuando se presentaron en el barrio a las 3 de la tarde. Indicó que corrió para salvar su vida cuando comenzó la balacera, y dejó atrás a su hijo de 24 años, Edaud-Pierre, quien quería ser DJ y que estaba mezclando canciones. Estaba desarmado. Relató que los vecinos le dijeron que los atacantes mataron a su hijo a sangre fría.

Hay dos estaciones policiales en La Saline y sus alrededores, pero testigos dijeron que ninguna de las dos mandó agentes para que interviniesen.
Gedeon, jefe de la Policía, dijo que los agentes llegaron entrada la noche y rodearon el área, pero no pudieron ingresar al barrio porque estaba muy oscuro. No se han hecho arrestos en el caso, según reveló.
Morelle Lendor, vendedora callejera de 35 años, dijo que estaba escondida en su casa con un hombre que conocía solo como Wuanito cuando dos individuos golpearon la puerta.

Los reconoció. Dijo que eran pandilleros de un barrio vecino, que lucían uniformes negros sin inscripciones, gorras negras y portaban armas largas.
Contó que se llevaron a Wuanito, quien estaba desarmado, y lo mataron de un tiro. Tres semanas después, todavía se veían las manchas de sangre en la pared de su casa.

Otra residente, Miliana Louis, dijo que su hijo de 22 años, James, fue asesinado a machetazos.
“La mayoría de la gente que murió era gente inocente”, afirmó Raphael Louigene, trabajador social de la Fundación San Lucas, una organización caritativa católica que trabaja en los barrios pobres de Puerto Príncipe.

Dijo que él y dos religiosos recogieron los restos de 21 hombres en las calles de La Saline en los días siguientes a la masacre, ya que ni la Policía ni funcionarios judiciales osaban entrar al barrio. Indicó que las víctimas habían sido baleadas o recibido machetazos y que solo se pudieron recuperar ocho cadáveres enteros, ya que la mayoría habían sido quemados o dados a los cerdos como alimento.

Los residentes afirman que podría haber al menos una mujer entre las víctimas. Belande Louis, de 33 años, dijo que su hermana Sandra, de 28, desapareció el 13 de noviembre y algunos vecinos aseguran que fue asesinada a machetazos.

Louigene dijo que la matanza fue probablemente producto de una pugna por el derecho a extorsionar a los comerciantes, luego de que un grupo desplazó a otro.

“El grupo que había sido desplazado volvió en busca de revancha”, manifestó Louigene. “La Policía no tiene los medios para hacerle frente a las bandas”.
Para algunos en La Saline, la explicación es más siniestra todavía.
El presidente Moise enfrenta un creciente malestar porque no investiga denuncias de que su aliado, el expresidente Martelly, se apropió de más de $2,000 millones de un programa venezolano de ayuda al Gobierno haitiano, por el cual recibía petróleo a precios muy inferiores a los del mercado y podía venderlo a precios más altos.

La Saline es desde hace tiempo un punto de encuentro para manifestantes antigubernamentales y la matanza se produjo cuatro días antes de una serie de protestas a escala nacional por las denuncias de corrupción.

Algunos residentes y activistas de los derechos humanos acusan a funcionarios del Gobierno haitiano de promover el ataque por parte de una pandilla rival para intimidar a los residentes de La Saline y evitar las protestas.

“Esta es una batalla política”, sostuvo Noel, el dirigente local. “Cuando ya tenían el control de la zona, entraron a las casas de la gente, la tomaron y la ejecutaron”.

Sin control. La guerra de pandillas por el dominio de territorios es a lo que las ONG apuntan como motivo de la masacre.

EUA aprueba miles de pedidos de novias menores de edad

Frecuente. Si bien es cierto hay restricciones, la mayoría de estados permiten el matrimonio con menores de edad y se registra con frecuencia.

Un hombre de 49 años solicitó el ingreso de una niña de 15 para mantener con ella una relación de pareja. Y todo en esta operación es legal: la ley de inmigración y nacionalización no impone una edad mínima. Y al estudiar cada petición para una cónyuge o novia, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) solo tiene en cuenta si el matrimonio es legal en el país de origen y si sería legal en el estado donde reside el solicitante.

Pero los datos generan el interrogante de si el sistema inmigratorio hace posible el matrimonio forzado y si las leyes estadounidenses agravan el problema a pesar de los intentos de poner coto al casamiento forzado y de menores. El casamiento entre un menor y un adulto no es infrecuente en Estados Unidos, y la mayoría de los estados permiten el casamiento de menores, con algunas restricciones.

Hubo más de 5,000 peticiones de adultos para menores y casi 3,000 casos de menores que buscaban traer cónyuges o prometidos adultos, de acuerdo con datos de 2017 de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado incluidos en el informe.

Algunas víctimas del matrimonio forzado dicen que la atracción de un pasaporte estadounidense combinada con la laxitud de las leyes de matrimonio en Estados Unidos fomentan esas peticiones.

«Mi pasaporte arruinó mi vida», dijo la estadounidense-paquistaní Naila Amin, quien creció en Nueva York.

A los 13 años la obligaron a casarse en Pakistán y solicitar documentos para que su esposo de 26 viniera al país.

«La gente se mata por venir a Estados Unidos», dijo. «Para él yo era un pasaporte. Todos lo querían aquí y esa era la manera de lograrlo».

En casi todos los casos, la persona menor en la relación era la niña. En 149 casos, el adulto era mayor de 40 años y en 28 casos era mayor de 50, según la comisión. Algunos ejemplos: en 2011, se aprobó la solicitud de una niña de 14 para su esposo jamaiquino de 48 años. La solicitud de un hombre de 71 años para su esposa guatemalteca de 17 fue aprobada en 2013.

Amin, quien ahora tiene 29 años, dijo que la comprometieron con su primo Tariq cuando ella tenía ocho años y él 21. La petición fue anulada cuando ella escapó del hogar. Eso le costó su infancia, afirmó. Vivió en numerosas familias de acogida y asilos, y le llevó años encarrilar su vida.

«Yo era una niña. Pregunto: ¿por qué no sonaron las alarmas? ¿Los encargados de procesar las solicitudes no las leen? ¿No piensan?»

El proceso para obtener la visa de inmigrante y la residencia tiene dos pasos. Primero, USCIS evalúa la solicitud. Si la aprueba, pasa al Departamento de Estado. Entre 2007 y 2017 se recibieron 3.5 millones de solicitudes.

En ese lapso, se aprobaron 5,556 solicitudes de quienes querían traer cónyuges o prometidos menores de edad y se aprobaron 2,926 solicitudes de menores que querían traer cónyuges adultos, según los datos. Además, se aprobaron 204 de menores para menores. Las solicitudes pueden ser presentadas por ciudadanos o residentes.

«Esto apunta a un problema. Apunta a una rendija que debemos cerrar», dijo a la AP el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, el republicano Ron Johnson.

En casi todos los casos, la persona menor en la relación era la niña. En 149 casos, el adulto era mayor de 40 años y en 28 casos era mayor de 50, según la comisión. Algunos ejemplos: en 2011, se aprobó la solicitud de una niña de 14 para su esposo jamaiquino de 48 años. La solicitud de un hombre de 71 años para su esposa guatemalteca de 17 fue aprobada en 2013.

No hay estadísticas nacionales sobre el matrimonio de menores, pero los datos de algunos estados indican que dista de ser excepcional. Las leyes estatales fijan los 18 años como la edad mínima para contraer matrimonio, pero en todas hay excepciones. La mayoría de los estados permiten que una persona de 16 o 17 años se case con el consentimiento de sus padres, y varios estados –como Nueva York, Virginia y Maryland– lo permiten para menores de 16 años con la autorización de un tribunal.

Fraidy Reiss, quien realiza una campaña contra el matrimonio forzado como dirigente del grupo Unchained at Last (libre de cadenas por fin) estudió los datos de su estado, Nueva Jersey. Halló que casi 4,000 menores, en su mayoría niñas, se casaron en entre 1995 y 2012. Entre estas uniones, 178 eran de menores de 15 años.

«Este es un problema nacional y de inmigración», dijo.

Reiss, quien asevera que su familia judía ortodoxa la obligó a casarse con un hombre abusador cuando tenía 19 años, dijo que en los casos de matrimonio infantil por vía del consentimiento de los padres suele intervenir la coerción para obligar a la niña a casarse contra su voluntad.

«Están sujetas a toda una vida de servidumbre doméstica y violación», dijo. «Y el Gobierno es más que cómplice: le pone el sello de aprobación y le dice, adelante».

Los datos fueron solicitados en 2017 por Johnson y la entonces senadora Claire McCaskill, la demócrata de mayor jerarquía en la comisión. Johnson dijo que les tomó un año obtener la información, prueba de que se necesita mejorar el sistema de rastreo y aprobación de las solicitudes.

«Es posible que nuestro sistema inmigratorio proteja involuntariamente el abuso de mujeres y menores», sostuvieron los senadores en su carta.

USCIS no sabía cuántas solicitudes aprobó el Departamento de Estado, pero en general se rechaza apenas el 2.6 % de las presentadas a favor de cónyuges o prometidos.

Por otra parte, los datos revelan que 4,749 cónyuges o prometidos menores de edad recibieron la residencia permanente en ese mismo decenio.

El titular de USCIS, L. Francis Cissna, dijo en una carta a la comisión que el pedido había provocado interrogantes y discusiones en la agencia acerca de qué se puede hacer para impedir los casamientos forzados de menores. Se descubrieron defectos en la recolección de datos y se los remedió. Además, se creó un sistema de alerta que obliga a verificar la fecha de nacimiento cuando se detecta a un menor.

El país de donde provinieron más pedidos fue México, seguido por Pakistán, Jordania, República Dominicana y Yemen. Los ciudadanos de países del Medio Oriente tuvieron el mayor porcentaje de aprobaciones.

Electrónicos para el hogar cada vez más vivos… y metidos

Críticas a la tecnología. Algunas personas afirman que los electrónicos inteligentes “son una droga poderosa que ayuda a la gente a olvidarse del hecho de que la están espiando”.

Va a llegar el día en que encontrar un horno que simplemente cocina sus platos preferidos va a resultar tan difícil como dar con un televisor en el que solo hay que cambiar de canal.

La tecnología conectada a la internet está en todos lados: automóviles, refrigeradoras, termostatos, juguetes y todo lo que hay en su casa. Los últimos productos, incluido un horno que se coordina con sus recetas y un inodoro que se activa con un comando hablado son exhibidos esta semana en una feria electrónica en Las Vegas.

Y con cada aparato adicional que llega a su casa, las empresas pueden reunir más detalles de su vida diaria, que pueden ser usados para que otros productos se enfoquen en usted de una forma mucho más precisa que si la única fuente de datos es su teléfono multiusos.

«Es una vigilancia descentralizada», dijo Jeff Chester, director ejecutivo del Centro para la Democracia Digital, organismo de Washington que promueve la privacidad digital. «Vivimos en un mundo en el que estamos atados a un servicio en línea que furtivamente recaba información sobre nosotros».

Los consumidores, no obstante, parecen felices con todos estos productos. La firma de investigaciones IDC calcula que en 2022 se venderán 1,300 millones de estos aparatos en todo el mundo, dos veces lo que se vendió en 2018.

Las empresas dicen que dan a estos aparatos esas funciones no para husmear en la vida de los demás sino por conveniencia, aunque Amazon, Google y otras firmas pueden usar la información que reúnen para ofrecer servicios y publicidad hechos a la medida de una persona.

“Es una vigilancia descentralizada”, dijo Jeff Chester, director ejecutivo del Centro para la Democracia Digital, organismo de Washington que promueve la privacidad digital. “Vivimos en un mundo en el que estamos atados a un servicio en línea que furtivamente recaba información sobre nosotros”.

Whirlpool, por ejemplo, está ensayando un horno con una puerta con imágenes. El cocinero podrá ver lo que hay adentro, y el vidrio puede mostrar el sitio ideal para colocar el pavo.

El horno puede a su vez sincronizarse con su calendario digital y recomendar recetas dependiendo del tiempo que tiene para cocinar. Puede ayudar a coordinar varias recetas de modo que no cocine de más los acompañantes, si se enfoca demasiado en el plato principal. Una cámara adentro del horno permite ver de cerca si el queso de la lasaña se ha dorado lo suficiente sin necesidad de abrir la puerta del horno.

En cuanto al inodoro, el Numi de Kohler responderá a comandos hablados para subir o bajar la tapa, o para vaciar el inodoro. Y también lo puede hacer desde una aplicación. La firma dice que el objetivo es ofrecer opciones que no impliquen el uso de las manos en un entorno muy personal. El inodoro se calienta y puede ofrecer música y noticias a través de parlantes.

Predicciones. Se calcula en 2022 se venderán 1,300 millones de estos aparatos inteligentes en todo el mundo, el doble de lo que se vendió el año pasado.

Kohler tiene, además, una bañadera que ajusta la temperatura del agua según sus preferencias y una canilla de cocina que suelta la cantidad justa de agua para su receta.

El consumidor no pide estas funciones, pero las empresas «tratan de ser innovadoras y ofrecer cosas que los clientes ni saben que necesitan», según dice el portavoz de Samsung Louis Masses.

Whirlpool dice que el simple hecho de observar cuántas veces una persona abre el horno para ver cómo va la comida, y deja escapar el calor, suministra datos útiles.

Samsung tiene varios productos que responden a comandos hablados, incluido un refrigerador que tiene una aplicación que permite ver lo que hay adentro mientras uno está en el supermercado. Y este año está ofreciendo máquinas de lavar ropa que alertan al televisor cuando la ropa está lista.

Otras funciones que ofrecen los aparatos conectados a la web:

–una caña de pescar que permite armar un mapa en línea de los sitios donde atrapó más peces

–un cepillo de dientes que recomienda dónde cepillar más

–un aerosol aromático que permite controlar cómo huele su casa desde una aplicación de su teléfono.

Ya hay en el mercado productos como cámaras de seguridad, cerraduras y termostatos conectados a la internet. Estos últimos permiten ajustar la temperatura de la casa automáticamente desde cualquier sitio.

Realidad Virtual.

Chester sostuvo que el consumidor a menudo se siente impulsado a comprar estos aparatos porque el vecino ya los tiene y no quiere ser menos. Los electrónicos «son una droga poderosa que ayuda a la gente a olvidarse del hecho de que los están espiando».

Los aparatos que responden a comandos hablados no transmiten información alguna a los servidores de las firmas hasta que alguien usa palabras como «Alexa» o «OK Google«. Pero a veces captan mal conversaciones inocuas que consideran comandos legítimos y pueden divulgar conversaciones privadas.

Incluso cuando funcionan bien, los comandos pueden ser almacenados indefinidamente y las empresas pueden usar la información para ofrecer experiencias, y avisos, a la medida. Las conversaciones, por otro lado, pueden ser grabadas y captadas por un háker o surgir de la nada en juicios o investigaciones.

Saber lo que cocina uno o lo que tiene en la nevera puede parecer inocuo. Pero si las aseguradoras obtienen esa información, pueden cobrar más porque uno tiene una dieta poco saludable, por ejemplo, según Paul Stephens, de Privacy Rights Clearinghouse de San Diego. También se puede descifrar el origen étnico de una persona a partir de lo que consume.

Los fabricantes destacan las cosas positivas, como el hecho de que la cantidad de agua usada en una canilla permite a una aplicación de Kohler ofrecer información útil acerca de cómo se consume el agua en una casa.

El consumidor puede desactivar estas funciones o simplemente no comprar estos productos.

«Soy un firme creyente en la noción de que cuanto más sencillo, mejor. Si no necesita estos aparatos llenos de funciones nuevas, no los compre», dijo Stephens. «¿Necesitas realmente una nevera que lleva la cuenta de todo lo que tienes y te avisa si te estás quedando sin leche?».


*Los reporteros Joseph Pisani, Matt O’Brien (ambos desde Las Vegas) y Frank Bajak (Boston) colaboraron en este despacho.

Crisis de los opioides se siente con fuerza en Puerto Rico

Adicción mortal. La crisis de opioides mató a 48,000 personas en Estados Unidos el año pasado.

José Carlos Laviena vació sus bolsillos, se quitó los zapatos y esperó la muerte.

Se acababa de inyectar un nuevo tipo de heroína que le recomendó su abastecedor y la sensación fue tan intensa que Laviena pensó que había incurrido en una sobredosis. El hombre de 35 años dio por sentado que se moriría y planeó la forma en que quería que encontrasen su cadáver.

«Es algo que de verdad es súperfuerte«, comentó, aludiendo a lo que cree fue una heroína mezclada con fentanilo. «Esa vez sentí la muerte».

La experiencia casi fatal de Laviena en un vagón abandonado en el sudeste de Puerto Rico es uno de varios indicios de que la isla no se ha librado de la crisis de opioides que estremece a Estados Unidos, y el problema parece haber aumentado como consecuencia del devastador huracán María.

Al Gobierno le cuesta salir adelante y no ha solicitado a Estados Unidos millones de dólares, que según activistas, hubieran podido salvar vidas.

En 2017 se reportaron más de 600 sobredosis que incluyeron fentanilo y 60 muertes, la mayoría de ellas antes del paso del huracán. Esa cifra representa un fuerte aumento respecto las 200 sobredosis y ocho muertes del año previo. Si bien es una crisis menos severa que la de algunos estados estadounidenses, activistas y expertos dicen que el problema parece estar expandiéndose rápidamente a medida que aumenta el uso de fentanilo, un opioide al que se atribuye buena parte del problema en Estados Unidos.

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos y organizaciones locales sin fines de lucro dicen que la información oficial no refleja el verdadero alcance de la situación, porque el Gobierno de la isla no lleva una cuenta apropiada de las muertes y las sobredosis.

A pesar de todo esto, este territorio estadounidense nunca solicitó al Congreso un fondo de $7.8 millones disponibles para tratar a la gente. El dinero fue repartido entre otros estados.

«Es absurdo. Es un dinero muy necesario», expresó Carmen Dávila, enfermera que asiste a drogadictos en zonas rurales de Puerto Rico. Dávila teme que la cantidad de sobredosis aumente y pone en duda la cifra de 612 sobredosis reportadas por el Gobierno el año pasado. «Yo diría que, siendo conservadora, es tres veces más que eso basado en los testimonios de personas que hemos servido».

Julissa Pérez, portavoz de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción de Puerto Rico, dijo que era muy difícil para esa pequeña dependencia –escasa de personal debido a recortes presupuestarios– solicitar el dinero al tiempo que coordina el trabajo usando programas y fondos previos.

«Estoy sumamente preocupado, porque representa una epidemia no reconocida», declaró el senador local José Vargas Vidot, un médico que ha asistido por años como voluntario a los drogadictos de la isla. «Nunca en 30 años que llevo en las calles había visto cómo en un solo sector, en una sola calle, murieran tres a cuatro personas semanales… Cambió exageradamente el panorama después de María».

Vargas dijo que la fuerte presencia policial en la isla después del paso del huracán de categoría 4, el 20 de septiembre de 2017, combinada con una prolongada parálisis de todos los medios de transporte usados por los traficantes, obligó a los vendedores a sustituir la heroína importada con fentanilo, que estaba disponible en los hospitales porque es producido en Puerto Rico. Indicó que a él y otros médicos les llegó información de que los delincuentes estaban amenazando al personal de los hospitales con lastimarlos o incluso matarlos, si no les entregaban el fentanilo.

Muchos pacientes, por otro lado, no tuvieron acceso a servicios médicos básicos por semanas tras el paso del huracán y las farmacias empezaron a vender la droga sin recetas médicas en un gesto humanitario, según dijo. En medio de todo esto, se exacerbaron los trastornos mentales debido a María, y hubo personas que tuvieron que esperar un año para que se restableciese el suministro de agua y electricidad.

«Hubo un boom de trastornos de ansiedad y de suicidios», manifestó Vargas. «Todas esas cosas contribuyeron a que el fentanilo y otras drogas estuvieran mucho más de moda».

Además del fentanilo producido en la isla, las autoridades dicen que está circulando una versión menos controlada traída de contrabando de China y la India, la cual es mezclada con heroína e incluso con cocaína y marihuana. Las autoridades informaron de una serie de sobredosis en Mayagüez, en la costa occidental, seguida de más sobredosis en una cárcel vecina en Aguadilla. De allí, afirman los activistas, se expandió el uso de fentanilo ilegal y de otros opioides a todas las ciudades, incluida la capital.

En Humacao, al sudeste, un grupo de adictos a la heroína y la cocaína se reunieron recientemente en torno a una mesa de plástico en una casa abandonada y se inyectaron entre sí. Uno de ellos se puso un dedo en la boca y sopló hacia afuera, haciendo que se agrandase la vena del cuello para poder inyectarse. En la mesa había decenas de agujas sucias, pequeñas botellas de agua y calentadores (cookers).

Personal de un programa de intercambio de agujas, llamado Intercambios Puerto Rico, se acercó al grupo, recogió las agujas usadas y colocó un pedazo de papel en un par de cookers. Minutos después apareció una raya roja, indicio de que se había detectado la presencia de fentanilo.

El director del programa, Rafael Torruella, aseveró que notó un aumento en las sobredosis después del paso de María y que su organización empezó a hacer análisis en los calentadores en busca de fentanilo. Ahora casi todos dan positivo.

Laviena fue uno de los adictos que encontraron los trabajadores sociales ese día. Dejó allí 140 agujas usadas, recogió cookers limpios y luego de una pausa relató su experiencia casi fatal antes de desaparecer del lugar.

«En Puerto Rico se habla bien poco de este problema, como si no existiera», dijo Torruella, quien instruye además a personal de servicios de emergencia sobre cómo tratar a una persona con una sobredosis. «El fentanilo está aquí y hay que hacer algo al respecto».

Eso no es sencillo en una isla sumida en una recesión que ya lleva 12 años, con fuertes recortes presupuestarios forzados por la bancarrota del Estado.

“Estoy sumamente preocupado, porque representa una epidemia no reconocida”, declaró el senador local José Vargas Vidot, un médico que ha asistido por años como voluntario a los drogadictos de la isla. “Nunca en 30 años que llevo en las calles había visto cómo en un solo sector, en una sola calle, murieran tres a cuatro personas semanales… Cambió exageradamente el panorama después de María”.

La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción de Puerto Rico confirmó 40 muertes por fentanilo hasta marzo de este año, pero no se pudo confirmar otras posibles 75 ocurridas desde entonces por recortes presupuestarios.

«Ahora mismo tenemos serias limitaciones», expresó Suzanne Roig, quien supervisa la agencia.

A las autoridades les preocupa la legalidad de los analgésicos recetados. El gobernador, Ricardo Rosselló, dispuso un estado de alerta el año pasado relacionado con las sobredosis, y dijo que el Gobierno estaría pendiente del uso de opioides legales como el fentanilo y la hidrocodona. En los siete meses que pasaron desde entonces, las autoridades contabilizaron unas 60 recetas por cada 100 personas. Eso equivale a un año de empleo de esas drogas en todo Estados Unidos.

«Hay un gran problema de adicción a medicamentos legalmente obtenidos», dijo Roig.

La crisis de Puerto Rico no alcanza los niveles epidémicos de Estados Unidos, pero las autoridades creen que puede llegar a equipararse en el futuro. La crisis de opioides mató a 48,000 personas en Estados Unidos el año pasado, 5,400 por sobredosis tan solo en Pensilvania, que tuvo las cifras más altas de todos los estados. Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos dicen que el fentanilo fue responsable del mayor porcentaje de sobredosis fatales en 2016, seguido por la heroína y la cocaína.

Activistas se quejan de que Puerto Rico no ha respondido al problema con seriedad, y no solo porque no pidió fondos al gobierno federal.

Varios legisladores han promovido por más de dos años una medida que permitiría a personal no médico y no especializado en emergencias suministrar naloxona, que puede revertir las fallas respiratorias derivadas de las sobredosis de opioides. El senado isleño envió el año pasado un nuevo proyecto a un comité, donde languideció por meses.

Antes de la tragedia. En 2017 se reportaron más de 600 sobredosis que incluyeron fentanilo y 60 muertes, la mayoría de ellas antes del paso del huracán María.

La reportera de la Associated Press especializada en temas de medicina Carla K. Johnson colaboró en este despacho.