Inmigrantes sin abogados: difícil que se haga justicia

Inmigrantes sin abogados: difícil que se haga justicia

Faltaban 3 horas para que saliese el sol una frígida mañana de octubre cuando la abogada de inmigración Aissa Olivarez se subió a su Honda CR-V y se fue de su departamento en Madison.

Manejó una hora y 40 minutos hasta Elgin, Illinois, donde se montó en un tren. Llegó a las 9 de la mañana al Tribunal de Inmigración de Chicago, encargado de procesar a unas 300 personas de un centro de detención de migrantes de Wisconsin.

Olivarez viaja a Chicago hasta dos veces a la semana. Es una de dos abogados de inmigración del condado de Dane que representan a inmigrantes sin cobrar, parte de un programa nacional piloto que busca ofrecer asistencia legal gratis a los inmigrantes sin recursos.

Su cliente, un latinoamericano que vivía en Estados Unidos desde hacía 18 años y cuyos hijos son todos estadounidenses, tenía cinco arrestos por manejar borracho. Ella sabía que sus posibilidades de que quedase libre bajo fianza no eran buenas.

Aunque tenía algo a su favor. En 2018, aproximadamente dos tercios de los inmigrantes presos a la espera de que se procesase su posible deportación no tenían abogados, lo que aumentaba enormemente sus posibilidades de que permaneciesen presos y fuesen deportados, de acuerdo con un análisis de Wisconsin Watch.

Tras analizar información de la Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, Wisconsin Watch comprobó que, de los presos cuyos casos comenzaron a ventilarse entre 2010 y 2015, aquellos con abogados tenían seis veces más posibilidades de que se les permitiese permanecer en el país que los que no estaban representados. Casi el 55 % de los que tenían abogados pudo quedarse, comparado con el 9 % de los que no.

La situación es muy parecida a escala nacional: los inmigrantes sin abogados tenían menos del 8 % de esperanzas. Los casos iniciados después de 2015 fueron ignorados en el análisis porque muchos de ellos no se han decidido.

Olivarez trabaja para el Centro Comunitario Legal sobre Inmigración (sus siglas en inglés son CILC), un programa financiado parcialmente por los contribuyentes basado en Madison que ofrece servicios legales gratis o de bajo costo a algunos inmigrantes detenidos en Wisconsin.

Se trata de personas que cocinan en los restaurantes, trabajan en granjas lecheras, limpian oficinas, cuidan jardines y techan las casas, entre otras cosas. Pueden haber cometido algún delito desde infracciones menores hasta cosas graves o no. Su única infracción puede haber sido ingresar ilegalmente a Estados Unidos, lo que conlleva desde una multa pequeña hasta seis meses de cárcel.

El condado de Dane es una de 13 jurisdicciones de todo el país seleccionadas para un nuevo programa piloto que ofrece a los inmigrantes acceso a un abogado. Los individuos que enfrentan una deportación tienen derecho a representación legal, si es que pueden costearla. Aproximadamente la mitad de los inmigrantes de toda la nación con problemas legales no tiene abogados.

«Te enfrentas con el Departamento de Seguridad Nacional, que está dispuesto a tirarte encima un montón de cosas… y no tienes idea de lo que está pasando», declaró Olivarez, en alusión a los inmigrantes sin representación legal.

En la audiencia, el cliente de Olivarez rindió testimonio desde la cárcel, a través de una videollamada. Se dispuso que permaneciese preso hasta una vista para decidir sobre su deportación, pautada para enero. En esa vista, se rechazó su argumento de que correría peligro si es devuelto a su país. Olivarez apeló esa decisión.

Quienes son arrestados y luego liberados pueden vivir legalmente y también trabajar –legalmente o no– por años. La información disponible indica que un factor importante en la batalla por permanecer en Estados Unidos es tener un abogado. Grant Sovern, presidente de la junta del CILC, dijo que el programa emplea “las leyes que aprobó el Congreso para darles a los inmigrantes la oportunidad de defenderse de una deportación”.

Más de un millón de inmigrantes y de personas que piden asilo tienen pendientes procesos de deportación, incluidas 3,700 en Wisconsin. A escala nacional, unos 50,000 inmigrantes están presos, una cifra récord, según The Daily Beast.

Olivarez dijo que la mayoría de los inmigrantes detenidos en Dodge, la instalación de la que se ocupa mayormente, es gente que no fue arrestada por la Patrulla de Fronteras, sino que se quedó en el país después de que expiró su visa o que tenía permiso de residencia y fue condenada por delitos que pueden hacer que los deporten.

El gobierno de Donald Trump cambió sus prioridades y ahora incluye entre ellas a los inmigrantes que están en el país ilegalmente y que fueron acusados de algún delito, pero que todavía no han sido condenados. En respuesta, el sheriff del condado de Milwaukee, Earnell Lucas, dijo que dejará de alertar a las autoridades federales sobre el estatus inmigratorio de personas bajo su custodia, diciendo que «no está bien lo que hacen».

Quienes son arrestados y luego liberados pueden vivir legalmente y también trabajar –legalmente o no– por años. La información disponible indica que un factor importante en la batalla por permanecer en Estados Unidos es tener un abogado. Grant Sovern, presidente de la junta del CILC, dijo que el programa emplea «las leyes que aprobó el Congreso para darles a los inmigrantes la oportunidad de defenderse de una deportación».

Cuando recuperan la libertad, se une la familia, quienes trabajan pueden seguir haciéndolo y resulta más fácil conseguir un abogado, lo que aumenta las probabilidades de que puedan permanecer en el país.

El esposo de Marigeli Román, Erick Gamboa, fue detenido en septiembre de 2018 durante una redada en Wisconsin en la que fueron arrestadas 83 personas, la mayoría de ellas de México. Unos dos años antes, Gamboa fue arrestado manejando el auto de su jefe por razones laborales, sin saber que tenía las placas suspendidas. Le tomaron las huellas digitales, lo que facilitó su arresto por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (conocido por sus siglas en inglés, ICE) más adelante.

En soledad. El sistema, señalan expertos, está diseñado para que la gente renuncie a su derecho a tener una representación legal en el proceso.

Dado que había sido pillado en la frontera con México años atrás, se le podía aplicar una orden de «deportación acelerada», sin que se le hiciese una vista para analizar su libertad bajo fianza. Por más que Román le consiguió un abogado, sus esperanzas eran muy limitadas.

«El abogado dijo que tenía un 99 % de probabilidades de perder. Yo respondí que un 1 % era suficiente para que diésemos pelea», relató Gamboa.

Al final de cuentas salió airoso y en diciembre se dejó en suspenso su deportación por las amenazas que había recibido de su propio padre en México. Fue liberado en febrero, después de pasar seis meses preso.

Román, quien vive en Milwaukee, dijo que la detención de su marido fue una experiencia que «cambió mi vida» y la de sus hijos. Los primeros meses fueron particularmente duros. «No quería salir de la cama, no quería comer, no quería atender a mis hijos», expresó.

Además tuvo que enfrentar los retos típicos de la vida como madre soltera. Ante la ausencia de su marido, esta mujer que era un ama de casa que cuidaba a tres hijos tuvo que buscar trabajo y conseguir alguien que llevase a sus hijos a la escuela. Su madre se hizo cargo de su hijo de dos años.

«Te altera el mundo de muchas maneras, emocionalmente, mentalmente, físicamente y económicamente», dijo Román, quien se acogió al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que otorga ciertos derechos a los inmigrantes sin permiso de residencia que fueron traídos al país de niños.

Fabiola Hamdan también experimentó el impacto. Trabaja como especialista en asuntos inmigratorios del condado de Dane, un cargo creado después de la elección de Trump. Hamdan dijo que el repentino arresto y la ausencia de un padre pueden ser algo «traumático» para un niño.

Cuando Gamboa fue detenido, su familia hizo el viaje de casi 65 kilómetros (40 millas) desde Milwaukee al Centro de Detención del Condado de Kenosha para visitas semanales de media hora. Podían hablar con Gamboa por teléfono, del otro lado de una ventana de plexiglass.

Román dijo que vio el cambio en sus hijos, todos ciudadanos estadounidenses, durante esos meses. Él era el que los ayudaba con sus tareas y los llevaba a las prácticas de fútbol.

«No querían seguir jugando. No querían seguir viviendo. El mayor tuvo pensamientos suicidas», manifestó. El niño tiene 10 años.

Hamdan trabajó hace poco con una mujer con cuatro hijos cuyo esposo, quien tenía tarjeta verde de residente permanente, fue arrestado durante cinco meses por una condena que según el Gobierno justificaba su deportación. Durante su detención, dijo Hamdan, la mujer dio a luz, pero tuvo que seguir trabajando para pagar las cuentas.

«Fue algo desgarrador», expresó Hamdan. «En lugar de disfrutar de su bebé, tienen que tratar de llevar comida a la mesa». Hamdan ayudó a la familia usando un fondo del condado para alquileres, servicios, pañales y alimentos. También la conectó con Olivarez, que ganó el caso aduciendo que el tipo de delito –que Olivarez no quiso revelar– no lo hacía deportable.

El Gobierno está apelando el fallo, pero el marido fue liberado. Sin esa ayuda, dijo Hamdan, la familia probablemente hubiera perdido la casa.

Cuando los presos son liberados, sus casos pasan a un «tribunal de excarcelados» que tiene más de un millón de casos pendientes. Hay quienes dicen que los inmigrantes que son liberados con casos pendientes de resolución nunca se presentan a sus audiencias.

«La realidad es que cuando esta gente es excarcelada, se le cita para determinada fecha y muchos de ellos no se presentan», expresó Dave Gorak, director ejecutivo de la Midwest Coalition to Reduce Immigration, citando un análisis del Centro de Estudios para Reducir la Inmigración, que impulsa restricciones a la inmigración.

Esa información indica que entre 1996 y 2015, el 37 % de los excarcelados no se presentó. En 2017, el último año del que hay información, esa cifra subió al 41 %, lo que implica que el 59 % sí se presentó ante el tribunal.

Olivarez y Erin Barbato, director de la Immigrant Justice Clinic de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin, son los dos únicos abogados que representan inmigrantes detenidos sin cobrarles.

Su trabajo es financiado por recaudaciones de fondos y un subsidio del Vera Institute of Justice. El condado de Dane y la ciudad de Madison aportan asimismo dinero a través de un Fondo de Asistencia al Inmigrante de la Madison Community Foundation.

Sovern dijo que el sistema no está pensado para acomodar grandes cantidades de inmigrantes con abogados. Después de un arresto, se pide al inmigrante que firme un documento aceptando ser deportado.

«Todo el sistema está diseñado para gente que no tiene abogado», manifestó Sovern. «Lo primero que hacen es tratar de convencerte de que renuncies a tus derechos».

Esencial. Una persona a la que se excarcela tiene derecho a continuar con su vida. Un resultado de estos está muy influenciado por contar con un abogado.

Mujeres aymaras luchan contra la violencia desde el teatro

De ellas para ellas. La atención se centra en un grupo de vendedoras convertidas en actrices que relatan historias de violencia de género en el teatro municipal de La Paz, Bolivia.

El bullicio de los mercados callejeros de los barrios populares se apodera del principal teatro de La Paz. Las luces del escenario se encienden y varias vendedoras comienzan a contar sus historias.

De pronto una de ellas da a luz a una niña. En medio de las celebraciones se escuchan voces disidentes: «Es una mujercita», «¡ay, solo viene a sufrir!», «¿y su padre dónde está?» Pero pese a la presión de la sociedad la madre promete cuidar y proteger a su hija, mientras las otras vendedoras bailan por el nacimiento.

La escena es un fragmento de la obra «Kusisita» («Felicidad» en aymara), que cada vez que se presenta llena el teatro de colegiales, mujeres que han sufrido la violencia de género y público en general.

«He sufrido esta discriminación desde que nací. Mi mamá era muy humilde y salió de su pueblo escapando de la violencia. Para algunos es normal y queremos mostrar que no debe ser así», dijo a The Associated Press la actriz María Luque, de 56 años.

Durante mucho tiempo Luque fue golpeada por el padre de sus cuatro hijos, lo que le produjo una parálisis en la mitad del cuerpo. Le llevó más de un año recuperarse y después de una década aún le cuesta mover la mitad del rostro, pero eso no le impidió cumplir su sueño de actuar.

Luque es una de las 22 mujeres indígenas, entre vendedoras y artesanas, que crearon el grupo teatral Kory Warmis (mujeres de oro) unos cinco años atrás. Sus historias inspiraron el guion de sus obras más famosas «Kusisita» y «Deja Vu, el corazón también recuerda», con las cuales se convirtieron en un movimiento artístico y social que a través del teatro busca ayudar a que otras bolivianas puedan reflexionar y se animen a romper la cadena de la violencia.

Ambas obras también buscan revalorizar la lengua aymara de las comunidades indígenas, donde se concentra el 48 % de las denuncias por violencia de género, según un informe del Instituto Nacional de Estadística presentado en 2017.

«Yo antes era callada, sumisa, pero en el escenario se me olvidó. El teatro es ahora mi vida», contó Luque sonriente. Antes de entrar a escena se trenza el cabello, deja su pollera colorida y se la cambia por una blanca, se maquilla y se adorna con bisutería que vende en un mercado callejero de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.

La actriz vive en esa ciudad al igual que la mayoría de sus compañeras que migraron desde zonas rurales en busca de oportunidades.

Cuatro años atrás, una de sus amigas desapareció. La buscaron durante varios días sin suerte, hasta que vio a sus cinco hijos llorando. Los niños le contaron que la policía había encontrado el cuerpo de su mamá al norte de La Paz. “Estaba como dormida, la movieron y tenía la marca en el cuello de una cuerda con la que su esposo la había asfixiado”, rememoró Mamani. “Yo lucho contra esto”.

De acuerdo con un informe presentado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, 40 % de los casos policiales de Bolivia son por violencia intrafamiliar.

El país tiene la mayor tasa de feminicidios en América del Sur con dos por cada 100,000 mujeres, según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de 2018 que incluyó a 19 países de Latinoamérica más España.

Sin embargo, el Gobierno asegura que el país ocupa el tercer lugar con 128 feminicidios después de Brasil y Colombia.

La experta de Oxfam, Damaris Ruiz, dijo a la AP que Latinoamérica es una de las regiones más violentas del mundo para las mujeres, lo que explica las altas tasas de feminicidios a pesar de los avances jurídicos.

Crecimiento. El grupo de teatro, que fue fundado en 2014, se encuentra ganando audiencia a medida que las oleadas de mujeres se movilizan para combatir la violencia de género en el mundo.

La ola liberadora que impulsan las mujeres también las ha expuesto más a la cultura machista, según Ruiz. «El 60 % de las víctimas es menor de 25 años», dijo.

«Uno no entiende cómo el hombre al que entregas tu vida, es quien te la quita», reflexionó Gumercinda Mamani, que se unió al grupo hace cuatro años. Antes fue dirigente de las mujeres campesinas y ahora confecciona polleras y cuida de sus ovejas y vacas en la localidad rural de Pucarani, unos 60 kilómetros al oeste de La Paz.

Recordó que, cuatro años atrás, una de sus amigas desapareció. La buscaron durante varios días sin suerte, hasta que vio a sus cinco hijos llorando. Los niños le contaron que la policía había encontrado el cuerpo de su mamá al norte de La Paz. «Estaba como dormida, la movieron y tenía la marca en el cuello de una cuerda con la que su esposo la había asfixiado», rememoró Mamani. «Yo lucho contra esto».

«No podemos esperar a que nos maten o nosotros nos queramos quitar la vida por la desesperación que deja la violencia», dijo la actriz Carmen Aranibar, de 46 años, mamá de dos varones y vendedora de pañales.

Aranibar soportó durante más de 10 años los golpes de su pareja hasta que se enteró de que tenía una novia joven. «Casi me suicido. Yo le aguanté todo por miedo a que me dejara. Después me di cuenta de que no valía la pena, me fui. Y aquí estoy feliz y es lo que cuento en la obra», agregó.

Érika Andia, directora del grupo y afamada actriz boliviana, explicó que fue difícil enseñarle a actuar a mujeres que durante mucho tiempo habían sido sumisas y calladas. Pero su fuerza de voluntad lo hizo posible.

«Ese era el objetivo, descubrir su potencialidad, lograr que se desinhiban y aumentar la autoestima», añadió.

Para Paola Ricalde, de la Dirección de Políticas de Igualdad de la Alcaldía de La Paz, el movimiento artístico –que colma el teatro en cada una de sus presentaciones– ayuda a reflexionar y educar con mensajes directos con los que la gente se identifica y que a su vez generan debates dentro de las familias.

En Bolivia los movimientos contra la violencia de género no han tenido el impacto que tuvieron #NiUnaMenos, en Argentina, o #MeToo, en Estados Unidos.

Para la experta de Oxfam, Argentina ha liderado el movimiento más importante de la región, llegando a movilizar mujeres a escala internacional.

Las Kory Warmis son por ahora un movimiento nacional que lleva el teatro a las calles, colegios y pueblos. Pero en junio tendrán su primera presentación internacional en un festival de teatro en Perú.

«No pensábamos haber llegado hasta aquí. No hay límites en lo que hacemos, cada año crecemos más. Es la alegría después del dolor», dijo orgullosa la directora del elenco.

De oro. El cuerpo actoral está formado por 22 mujeres indígenas que lanzaron el grupo de teatro Kory Warmis o mujeres de oro.

Macron se ve obligado a rebajar sus ambiciones para Europa

Presidente. Macron ya ha visitado 20 de los 28 países en la UE en sus dos años en el cargo. Reconoce los problemas de la UE y quiere arreglar el bloque en lugar de desmontarlo.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ve a sí mismo como el salvador de Europa, y a las elecciones de este 26 de mayo al Parlamento Europeo como un momento decisivo para la asediada Unión Europea.

Pero Macron ya no es la cara nueva que logró una inesperada victoria electoral enarbolando la bandera de la UE hace dos años. Su estrategia a favor del bloque ha chocado con intereses nacionales y populistas en todo el continente. Y en su país, sus medidas han dado pie a las combativas protestas de los “chalecos amarillos” contra las políticas de liberalización económica de su gobierno.

Macron quería que las elecciones europeas del 23 al 26 de mayo fueran un momento clave para defender sus ambiciones de una Europa más fuerte. Pero en lugar de eso, nacionalistas y populistas que critican al bloque de 28 naciones, podrían obtener un éxito sin precedentes.

Estas voces discrepantes alegan que los líderes de la UE no han logrado gestionar la inmigración en el continente y siguen desconectados de las preocupaciones de los trabajadores corrientes.

“Tenemos una crisis de la Unión Europea. Esto es un hecho. En todas partes en Europa, cuando miras a los últimos cinco o seis años, en nuestro país, pero (también) en muchos países, todos los extremos, las extremas derechas, están creciendo”, dijo Macron el 16 de mayo en una inesperada llamada a la unidad de Europa durante una visita a una feria de tecnología.

“En moneda, en digital, en medidas climáticas, necesitamos más Europa”, dijo. “Quiero que la UE proteja más nuestras fronteras en lo referente a la inmigración, el terrorismo y demás, pero creo que si se fragmenta Europa no hay posibilidad de tener una Europa más fuerte”.

En persona, Macron, de 41 años, se muestra como un sincero convencido de Europa. Es un político centrista que se siente cómodo al citar a dramaturgos griegos, pensadores alemanes o economistas británicos. El presidente más joven de Francia creció en la UE, ha utilizado el euro durante toda su vida adulta y ve la moneda única europea como la única posibilidad de que el continente se mantenga en el juego económico mundial.

Macron ya ha visitado 20 de los 28 países de la UE en sus dos años en el cargo, y si bien reconoce los problemas de la UE, quiere arreglar el bloque en lugar de desmontarlo.

El mandatario ganó las elecciones presidenciales de 2017 ante la líder antiinmigración y de ultraderecha Marine Le Pen, con la promesa de hacer una Europa más fuerte para afrontar la competencia global de Estados Unidos y China. Desde entonces ha tenido que alcanzar compromisos con otros líderes de la UE y chocado con algunos países con gobiernos populistas, como Polonia o la vecina Italia.

Cuatro meses después de ganar las elecciones, Macron presentó su visión para Europa en un discurso en la Universidad Sorbona de París en el que pidió un presupuesto conjunto, unas fuerzas armadas compartidas y concordancia fiscal.

Pero con el Brexit en el horizonte y un auge del nacionalismo, Macron ha tenido que reconsiderar sus ambiciones. Describió su estrategia política con otros líderes de la UE como una “confrontación productiva”.

“Tenemos una crisis de la Unión Europea. Esto es un hecho. En todas partes en Europa, cuando miras a los últimos cinco o seis años, en nuestro país pero (también) en muchos países, todos los extremos, las extremas derechas, están creciendo”, dijo Macron el 16 de mayo en una inesperada llamada a la unidad de Europa durante una visita a una feria de tecnología.

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MACRON INTENTÓ GANAR APOYOS
“En Europa, lo que se espera de Francia es que diga claramente lo que quiere, sus objetivos, sus ambiciones y que después pueda alcanzar un compromiso con Alemania para seguir hacia delante” con otros países europeos, dijo Macron la semana pasada.

El presidente hizo hincapié en que pese a sus reparos iniciales, la canciller de Alemania, Angela Merkel, aceptó el año pasado crear un presupuesto de la eurozona que esperan impulse la inversión y ofrezca un mecanismo de seguridad para los 19 países que utilizan el euro como moneda.

En marzo, Macron intentó ganar apoyos para una Europa de “libertad, protección y progreso” pidiendo a los votantes de 28 países que rechacen a partidos nacionalistas que “no ofrecen nada”.

También propuso definir un calendario de objetivos para la UE a finales de este año, en una conversación con todos los estados miembros y un comité de ciudadanos.

“Habrá discrepancias, pero ¿es mejor tener una Europa estática o una Europa que avanza, en ocasiones a ritmos diferentes, y que está abierta a todos?”, preguntó.

Francia y Alemania son los dos pesos pesados del bloque, y Macron también puede contar con cooperación de gobiernos proeuropeos en Bélgica, Holanda, España, Portugal y otros estados miembros.

Sin embargo, ha evitado explícitamente visitar Hungría o Polonia, dos países con líderes populistas a los que Macron acusó el año pasado de “mentir” a sus ciudadanos sobre la UE.

Francia también se ha visto inmersa en una grave crisis diplomática con Italia en torno a la inmigración en Europa. El ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, contrario a la inmigración, ha criticado varias veces a Macron y apoyado al Frente Nacional de Le Pen en las elecciones de esta semana, en las que se adjudican los 751 escaños del Parlamento Europeo.

Macron tiene pocas posibilidades de repetir en Europa lo que hizo en Francia: transformar el mapa político construyendo un potente movimiento de centro que debilitó a la izquierda y la derecha tradicionales.
La campaña del Partido República en Marcha de Macron está liderada por la exministra de Asuntos Europeos Nathalie Loiseau bajo el lema “Renacimiento”. El partido quiere asociarse con la alianza liberal ALDE para crear un grupo centrista en la cámara.

Pero en todo el continente, las expectativas son que los centristas no terminen ni de lejos en primer lugar, sino terceros o incluso más abajo, por detrás de los dos grandes grupos tradicionales del Parlamento, el conservador Partido Popular Europeo y el izquierdista Socialistas y Demócratas.

Ni siquiera en su país es seguro que Macron pueda atribuirse una victoria en los comicios europeos. Los sondeos indican que su formación estaría entre las dos más votadas en las elecciones, que en Francia se celebran hoy.
Pero su principal rival, el Frente Nacional de extrema derecha, está decidido a vengarse de la clara derrota que Macron asestó a Le Pen en 2017.

Los rivales políticos de Macron en todo el espectro político han pedido a los votantes galos que aprovechen las elecciones europeas para mostrar su rechazo a las políticas del gobierno.

Aunque en 2017 ganó con el 64% de los votos, las encuestas francesas indican ahora que la popularidad de Macron ha sido en torno a la mitad de eso en el último año.

Tocó mínimos el pasado otoño con el estallido del movimiento de los “chalecos amarillos”, que reclaman alivio ante los altos impuestos y salarios estancados para los trabajadores franceses, y después subió ligeramente cuando los episodios de violencia en las protestas de los “chalecos amarillos” les costaron apoyo público, especialmente en París.

Aun así, los “chalecos amarillos” no han desaparecido. El día de las elecciones han convocado nuevas protestas contra Macron y su gobierno.

Elecciones. En las elecciones para el Parlamento Europeo, Macron ya no es cara nueva.

Operación tortilla: un molino que defiende al maíz mexicano

Tortillas. Hace décadas, antes de las tortillas empacadas, solía verse en los barrios mexicanos a abuelas o a niños comprando tortillas. Hoy ya no es así.

Aunque afuera duermen las calles de México, en la diminuta cocina del Molino El Pujol un par de manos hábiles ya empieza a darle cuerpo a las primeras tortillas del día.

En este, el último espacio que el chef más famoso del país abrió en la capital, las mesas y los decorados elegantes no existen. Aquí los clientes hacen fila ante un mostrador para realizar sus pedidos y comen de pie o en bancas metálicas frente a una modesta barra de madera. Desde que la vida de este local arranca a las 5 de la mañana y se extingue pasadas las 5 de la tarde, el único protagonista es el maíz. Las tortillas se preparan diariamente, cuando el pecho ronco del molino transforma varios kilos de granos en masa caliente y una vez que están listas permiten saborear trozos de campo e historia local.

En esta nación que hace 10,000 años dio origen al cereal con el que se producen, las tortillas son parte de la vida cotidiana, pero para algunos chefs y expertos en alimentación su calidad ha mermado debido a procesos de industrialización que han afectado la pureza de sus ingredientes mediante la utilización de conservadores o transgénicos. Además, aseguran, muchos mexicanos desconocen cómo se elaboran las tortillas tradicionales y la variedad de maíces que ofrece esta tierra, por lo que un puñado de organizaciones y expendios privados como Molino El Pujol buscan difundirlo.

Hace un año, Enrique Olvera inauguró su molino en la Condesa, un barrio capitalino de clase media alta y la propuesta despertó curiosidad. Su restaurante Pujol suele tener todas sus mesas ocupadas en una zona lujosa de la ciudad y alcanza el sitio número 20 en la lista de The World’s 50 Best, mientras que Cosme –que abrió en Nueva York hace cuatro años– ha atraído a personalidades como Barack y Michelle Obama, quienes lo visitaron una noche para cenar. ¿Por qué, entonces, la estrella más brillante de la gastronomía mexicana decidió abrir una tortillería?

El chef de 43 años dice que se trató de un paso lógico dado que ya había dedicado tiempo a respaldar a productores nativos y ofrecer sus productos en sus restaurantes, pero para Amado Ramírez –un ingeniero agrónomo que ayuda a Olvera en la selección de granos del estado de Oaxaca, en el sur del país– el nacimiento del molino tuvo que ver con la nostalgia. “Para él la tortillería es recuperar su pasado”, asegura. “Reconocer los tiempos en los que iba por su colonia a recoger tortillas y las llevaba bajo el brazo”.

“Con una mala tortilla vamos a tener un mal desempeño. La tortilla toca la cultura, la identidad nacional, la producción, la gastronomía”, Rafael Mier, director de Fundación Tortilla, que se preocupa por visibilizar los beneficios de producir, vender y consumir tortillas de calidad para la dieta e industria.

Para miles de mexicanos, ese recuerdo que ata el corazón del chef a su molino es compartido. Hasta hace unas décadas, antes de que se popularizaran las tortillas empacadas, era común observar en los barrios populares a niños que hacían fila en solitario o tomados de la mano de sus abuelas cerca de amas de casa que también esperaban para comprar. Aquella tradición no ha desaparecido, pero es menos frecuente y hay quien afirma que los ingredientes de las tortillas se han degradado.

“México dio por sentado su maíz”, dice Rafael Mier, director de Fundación Tortilla, que se preocupa por visibilizar los beneficios de producir, vender y consumir tortillas de calidad para la dieta e industria. Según el experto, este alimento tiene una importancia vital porque es el más consumido por la población y al prepararse con masa libre de añadidos es una gran fuente de energía y proteína. “Con una mala tortilla vamos a tener un mal desempeño. La tortilla toca la cultura, la identidad nacional, la producción, la gastronomía”, agrega.

La iniciativa de Molino El Pujol y otros pocos expendios similares podría parecer simbólica dado que su cadena de distribución se limita a clientes capitalinos de clase media o media alta y restaurantes del mismo espectro. Sin embargo, no desisten ante su idea de volver a mirar la tierra propia para contribuir a su desarrollo a pesar de que sus costos son elevados y compiten con gigantes nacionales como Maseca, que distribuye harina empacada para hogares y algunas tortillerías a precios accesibles, o Bimbo, que ofrece tostadas embolsadas en tiendas.

Al entusiasmo de los expendios se suman organizaciones con intereses afines como la que encabeza Rafael Mier y otras como Alianza por Nuestra Tortilla, que propone un decálogo entre cuyos puntos destaca la exigencia de tortillas nixtamalizadas –aquellas que se elaboran únicamente mezclando maíz, cal y agua–, transparencia en el sistema de suministro para clarificar las características y origen de los productos, y el impulso de maíces regionales que al pagarse a un precio justo detonen bienestar campesino y una conexión emocional con el patrimonio cultural.
Sin embargo, hay muchos mexicanos para quienes el costo de tortillas hechas de maíz como el que ofrece el molino de Enrique Olvera resulta demasiado elevado. Concepción Reyes, una mujer de 84 años que compra en un local popular capitalino del barrio San Rafael, dice que jamás pagaría 60 pesos (unos $3) por 1 kilo, porque las que acostumbra adquirir no rebasan los 13 pesos (poco más de medio dólar). En contraste, hay un puñado de personas que sí se animan a visitar expendios como el del chef sin importar los precios y entre ellos es común observar a extranjeros que se dicen felices de haber probado un producto local.

En Molino El Pujol, donde las mañanas transitan en medio de aire caliente y olor a maíz, los clientes no parecen tardar mucho en dejarse seducir. Algunos giran los ojos hacia el cielo cuando dan el primer sorbo a su atole –una cocción dulce de maíz en agua– y otros dejan escapar un gemido cuando el primer pedazo de tamal –masa rellena de frijol con una hierba local– vuela hasta su boca desde la punta de un tenedor.
De una pared cuelgan ilustraciones de mazorcas –las espigas en las que crecen los granos que luego se muelen con piedra para hacer masa– y el único menú es un pizarrón tras el mostrador que ofrece una decena de platos para desayunar o comer. Aquí el color de los granos puede variar de un día a otro –amarillo, negro, rojo– porque nunca sabe qué ofrecerán los proveedores en los cargamentos de hasta 300 kilos de producto que surten dos veces por semana, pero siempre hay una constante: el entusiasmo de los cinco empleados que atienden el local como si su bandera fuera el maíz.
Aunque apelan a un pequeñísimo sector de la población, muestran un entusiasmo desbordado al pensar que su contribución podría beneficiar al país. Por lo pronto, solo piden confianza y paciencia para volver al origen, cuando tantos mexicanos como el chef Olvera hacían fila para comprar sus tortillas y tras abrir su envoltura de papel tomaban la primera a la vista para enrollarla en un taquito y devorarla con una pizca de sal.

Variación. Los colores del maíz con el que es preparado el producto pueden variar. A veces, hay granos amarrillos, negros o rojos. En el local atienden cinco personas.

Penurias en la ciudad hondureña donde nacen las caravanas

Penurias en la ciudad hondureña donde nacen las caravanas.

En los polvorientos y mal iluminados barrios de San Pedro Sula, todo el mundo conoce las leyes no escritas: hay lugares a los que no se va sin permiso. Al volante, baje las ventanillas para que las pandillas y sus vigías puedan ver quién está dentro. Es más seguro quedarse en casa al anochecer, dejando las calles para pandilleros y traficantes de drogas, que están armados y no tienen reparos en matar.

Es en la segunda ciudad más grande de Honduras donde en los últimos meses se forma caravana tras caravana de migrantes. Las comitivas ponen rumbo al norte, a México y hacia Estados Unidos, para huir de la violencia, la pobreza, la corrupción y el caos. Todas esas realidades son palpables en las calles de la ciudad, que recuerdan por qué miles de personas siguen marchándose pese a los peligros y a la incertidumbre de si podrán quedarse incluso aunque logren entrar en Estados Unidos.

En el distrito norte de San Pedro Sula, donde periodistas de Associated Press acompañaron a la policía en una noche reciente, viven casi 230,000 personas y apenas hay 50 agentes para patrullar sus 189 vecindarios, incluidos los más peligrosos: Planeta, Lomas del Carmen y La Rivera Hernández. El subinspector de policía Wílmer López señaló que en la zona se habían desarticulado dos laboratorios de droga en el último año. Había detenido a pandilleros incluso de nueve años.

Los policías llevan pistola y van acompañados de soldados con rifles de asalto. “Con ellos nos sentimos más seguros”, comentó López, que dirigía la patrulla.

En esa parte de la ciudad operan nueve pandillas diferentes, señaló, incluidas las conocidas Calle 18 y Mara Salvatrucha, o MS-13. Ambas nacieron en Los Ángeles hace décadas y se expandieron a América Central debido a las deportaciones, hasta convertirse en organizaciones transnacionales hiperviolentas que impulsan las altas tasas de asesinatos y otros delitos en los países del Triángulo Norte de Centroamérica –Honduras, El Salvador y Guatemala–. Sus tarjetas de visita se ven en las pintadas que se ven en las casas, así como en los cadáveres que dejan a su paso.
“Algunos se reconocen por su forma de matar, como la mara Batos Locos, que embolsa (a la gente que mata), o los del Barrio 18, que los descuartizan”, dijo López.

Advertencia. Washington ha amenazado a los países el Triángulo Norte con recortar las ayudas humanitarias y de seguridad si no logran cortar el flujo de migrantes.

Esta noche, la patrulla transcurre casi sin incidentes. La policía cachea a los clientes de un billar y comprueba identificaciones pese a sus ebrias protestas. Pero en torno a las 6 de la mañana se encuentra el primer cadáver del día, un joven con el rostro desfigurado que aparece tirado en el barrio de Sinaí justo detrás de la comisaría de Rivera Hernández.

Hace tiempo que los vecinos de San Pedro Sula, que fue la ciudad con peor tasa de asesinatos del mundo durante cuatro años entre 2011 y 2014, no se impresionan por los muertos. Solo la semana pasada hubo al menos 16 muertes violentas en la ciudad. En lo que va de año ha habido al menos 25 homicidios múltiples con tres víctimas o más, según medios locales.

En un restaurante, la televisión emite un noticiero sobre el último asesinato, un hombre en una tienda de reparación de neumáticos. Los clientes miran con curiosidad el cuerpo en la pantalla, pero siguen comiendo.
“A la gente no le conmueve que hayan matado a alguien”, comentó Salvador Nasralla, excandidato de la oposición a la presidencia y que lamenta la normalización de la violencia en Honduras.

Los homicidios han bajado bastante a escala nacional, según la Policía Nacional de Honduras. Desde un pico de 86 asesinatos por 100,000 habitantes en 2011, la tasa cayó el año pasado a 41 por cada 100,000 habitantes, aunque sigue siendo una de las más altas del planeta.

Algunos dicen que la violencia ha remitido un poco en San Pedro Sula desde que unos 800 pandilleros que gestionaban redes de extorsión desde prisión fueron trasladados en 2017 del penal en el centro de la ciudad a un centro de máxima seguridad en las montañas occidentales.

Los asesinatos parecen haber bajado más este año, pero la violencia no es lo único que complica la vida en la localidad.

“La violencia no solo se determina por los homicidios, sino por la amenazas de muerte, las extorsiones, los reclutamientos forzosos de bandas, una serie de atentados contra la propiedad en las zonas de control (de criminales) que el Estado no ha podido recuperar”, explicó Roberto Herrera Cáceres, comisionado nacional de los derechos humanos en el país.

“Una situación de inseguridad mueve a las personas, obliga a desplazamientos forzados internos que luego se tornan en migraciones forzadas”, señaló.

Érick Lara es un ejemplo claro. Él y seis amigos se unieron a la caravana más reciente, que salió en abril con algo menos de 300 personas. Era una comitiva mucho menos numerosa de las que se habían visto antes de que la policía mexicana hiciera una redada contra una caravana anterior y dejara a sus participantes detenidos, deportados o dispersados.

Lara, un albañil de 27 años, se fue de San Pedro Sula a pesar de que tenía un buen trabajo en la obra de construcción de una iglesia porque los pandilleros intentaban reclutarlos a la fuerza a él y a sus amigos. Unirse a las bandas violentas no es voluntario, señaló, y negarse puede costar la vida.

Sin oportunidades. La inseguridad es la causa que ha empujado a comunidades enteras a hacer desplazamientos forzados.

Cuando se forma una nueva caravana migrante, gente de todo el país acude a San Pedro Sula.
También hay un flujo constante de muertos, ya que casi todos los municipios del departamento de Cortés envían sus cadáveres a la morgue de la ciudad. Los parientes en duelo se reúnen en el exterior.

Sentado sobre un tablón de madera, un hombre vestido de negro y con el pelo canoso, que pidió no ser identificado, esperaba a recoger el cuerpo de su hijo asesinado. El hijo, señaló, había salido a beber con unos amigos cuando aparecieron varios hombres armados y le dispararon. Quedó malherido, y unos días después falleció en el hospital. Su padre dijo que aunque ya antes estaba preocupado por su hijo, no tenía idea de quién le había matado ni por qué. Sobre todo parecía resignado a su nueva realidad.

Un coche pasó y dos policías corrieron tras él. Se oyeron dos disparos a algunos bloques de distancia, quizá disparados al aire, y todo el mundo volvió la cabeza. Los agentes volvieron riendo. Nadie preguntó qué había ocurrido, nadie dijo nada.

Muchos hondureños atribuyen los problemas del país al presidente, Juan Orlando Hernández, reelegido en 2018 pese a un veto constitucional a los segundos mandatos y en unas elecciones marcadas por las irregularidades. El mandatario prometió una “vida mejor” en sus lemas campaña, pero no ha podido cumplirlo para los más vulnerables del país.

La oficina de Hernández no respondió a una petición de comentarios. El presidente dijo hace poco: “Mi compromiso es con el pueblo, juré no descansar hasta recuperar la paz y la tranquilidad de los hondureños y eso seguiré haciendo”. La semana pasada dijo que su política económica está funcionando y “vamos bien”.

Washington ha amenazado a los países el Triángulo Note con recortar las ayudas humanitarias y de seguridad si no logran cortar el flujo de migrantes. Pero eso podría tener el efecto contrario si los empleos y los programas contra la pobreza se resienten.

Hace tiempo que los vecinos de San Pedro Sula, que fue la ciudad con peor tasa de asesinatos del mundo durante cuatro años entre 2011 y 2014, no se impresionan por los muertos. Solo la semana pasada hubo al menos 16 muertes violentas en la ciudad. En lo que va de año ha habido al menos 25 homicidios múltiples con tres víctimas o más, según medios locales.

Rolando Lázaro Bautista vive en una calle sin asfaltar salpicada de chozas de madera y metal ondulado con suelo de tierra. Es una zona sin alcantarillado ni conducciones de agua, y cientos de personas se han marchado.
También está a un tiro de piedra de varias torres de apartamentos de lujo, y hace tiempo que las autoridades municipales quieren despejar la barriada. En uno de sus intentos, las casas de varios vecinos de Bautista se incendiaron. Trabajadores de derechos humanos han conseguido una orden judicial que protege el asentamiento por ahora.

Bautista, de 47 años, dijo haber viajado dos veces al norte. Primero en una caravana en enero, pero terminó deportado desde México. Después contrató a un coyote o contrabandista, pero fue capturado y después deportado cuando llevaba tres días caminando en Texas con destino a Houston.

Ya no tiene planes de volver a intentarlo después de la experiencia de verse con insolación, agotado y obligado a esconderse varios días en un almacén y un sofocante piso franco. “Se sufre al aguantar sed y hambre”.
De vuelta a casa, ha encontrado empleo en construcción para esta semana, pero no hay nada seguro para después. Su esposa y él dependen del dinero que envía su hija, que emigró a España y pagó los $7,500 de tarifa del coyote. Entre tanto, cuidan de las dos hijas que dejó su hija en San Pedro Sula.

La socióloga hondureña Jenny Argüello opina que las necesidades alimentarias de una familia media de cinco miembros cuestan el equivalente a $650 al mes, por encima del salario mínimo de unos $400.

En la década de 1990, la mayoría de los emigrantes se marchaban para buscar una vida mejor, señaló Argüello. Sin embargo, “hoy en día es la única alternativa que tienen los hondureños de sobrevivir”.

Policía interviniendo un local en San Pedro Sula
Reducción. Los homicidios han bajado desde un pico de 86 asesinatos por 100,000 habitantes en 2011, a 41 por cada 100,000 habitantes.

La lucha en Costa Rica del exilio nicaragüense más olvidado

Procesos burocráticos. Casi 29,000 personas han recibido el carné de solicitante de asilo en Costa Rica. De estos, solo 8,000 han conseguido permiso de trabajo.

En su ciudad natal tenía casa propia y trabajo, era maestra suplente de primaria y asistente de unos abogados. «Éramos humildes pero la vida es más barata». Ahora, esta mujer que pide ser identificada solo como «la Profe» por miedo a represalias contra su familia en Nicaragua, lamenta tener que mendigar. Pero sin permiso de trabajo no ve otra opción para sobrevivir. «Nunca lo había hecho», dice avergonzada.

El destino de los cerca de 50,000 nicaragüenses que llegaron de Costa Rica en el último año huyendo de la violencia y la persecución es una pieza clave en el diálogo actual entre el gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica, que reclama garantías para que todos ellos puedan regresar en condiciones de seguridad. La mayoría son estudiantes, defensores de derechos humanos, periodistas o dirigentes sociales, como «la Profe».

Pero mientras los negociadores se esfuerzan por llegar a acuerdos en esta crisis que se ha cobrado al menos 325 muertos y cientos de detenidos, los exiliados que no tienen familia que les apoye ni ahorros de los que vivir luchan cada día por salir adelante, algunos con trabajos precarios, otros casi en la indigencia.

Son «los olvidados de los olvidados», como dice Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, que acaba de visitar Costa Rica. Como muchos otros, «la Profe» huyó de Nicaragua durante la llamada Operación Limpieza, el operativo lanzado por Ortega en julio y al que siguió lo que la ONU describió como una «caza de brujas» contra todo disidente. A su ciudad, Diriamba, llegaron paramilitares «armados hasta los dientes», asegura, que dejaron un rastro de muertos, heridos y hasta lo nunca visto: agresiones a los obispos en una de sus iglesias.

El delito de «la Profe» fue llevar comida y apoyar a los estudiantes en sus protestas. Un día, poco después de dejarles el desayuno, comenzaron a dispararles. «No sé cómo estoy viva», recuerda.

«Estaban agarrando a todos».

Lo único que podía hacer era huir.

Al llegar a Costa Rica solo encontró un lugar para vivir en La Carpio, un asentamiento irregular de San José, destino desde hace décadas de la migración nicaragüense y una barriada donde se mezclan casas de cemento con otras hechas de chapa. Ahí escasea el agua, se acumula la basura y las aguas negras escurren por estrechos pasadizos a cuyos lados se abren cuartos sin ventanas y letrinas en la misma habitación.

Antes de la llegada de la más reciente oleada de refugiados sin recursos, la mitad de los cerca de 18,000 habitantes de La Carpio ya vivían en casas precarias y el 70 % de las familias subsistía con menos de $330 al mes, según un estudio oficial del año pasado.

Algunos días «la Profe» no recauda más de $3, pero sale adelante gracias a la ayuda de iglesias, de gente anónima que le da comida y de la solidaridad de sus vecinos, a veces con tan pocos recursos como ella. Sin embargo, se las arregla para rentar un espacio de 30 metros junto a dos de sus hijos, dos nietos y otras seis personas de otra familia. Afortunados porque el casero en ocasiones les fía, se reparten para dormir entre el suelo de la única habitación y el de la cocina. Un día reciente, en la alacena solo había un paquete de pasta, una biblia y una bandera nicaragüense.

Aunque las leyes costarricenses permiten que los exiliados puedan trabajar legalmente, para poder hacerlo deben primero registrarse, luego conseguir un carné de solicitante de asilo y más tarde tramitar el permiso de trabajo. «La Profe» lleva ocho meses esperándolo.

La llegada masiva de exiliados ha ralentizado toda esta burocracia, y aunque las autoridades reciben a 600 solicitantes a la semana, de las casi 29,000 personas que han recibido el carné, solo 8,000 han logrado el permiso de trabajo y más de 20,000 esperan aún el primer trámite.

La semana pasada, Amnistía Internacional llamó al Gobierno de Costa Rica a que, con el apoyo de la comunidad internacional, active un plan de atención a los refugiados que incluya identificar a los sectores más vulnerables y garantizar su acceso a la salud y la educación, derechos reconocidos por la ley costarricense, pero de los que muchos no disfrutan. El Gobierno de Costa Rica señaló a The Associated Press que el plan ya está listo y solo falta la aprobación presidencial.

El Ejecutivo nicaragüense no respondió a una solicitud de comentario y ha hecho pocas declaraciones sobre los exiliados, pero el presidente Ortega comparó recientemente a todos los opositores con Caín, el personaje bíblico que mató a su hermano por envidia.

El delito de “la Profe” fue llevar comida y apoyar a los estudiantes en sus protestas. Un día, poco después de dejarles el desayuno, comenzaron a dispararles. “No sé cómo estoy viva”, recuerda. “Estaban agarrando a todos”. Lo único que podía hacer era huir.

El actual diálogo entre sus representantes y los miembros de la Alianza Cívica comenzó el 27 de febrero, pero ha estado plagado de interrupciones, avances y retrocesos. El Gobierno excarceló a 160 personas, aunque cientos más siguen tras las rejas a la espera de que se cumpla la promesa del Ejecutivo de liberar a todos los presos políticos. Y aunque el viernes se firmaron dos acuerdos, al día siguiente se incumplió el que garantizaba la libertad de manifestación cuando la policía desalojó un plantón pacífico y un aparente seguidor oficial reaccionó disparando a los opositores que se fueron a refugiar en un centro comercial. Al final, hubo tres heridos de bala.

Además, el Gobierno se ha negado a adelantar las elecciones presidenciales previstas para 2021, otro punto central en las demandas opositoras. Por eso hay mucho escepticismo ante otro texto rubricado ese mismo viernes que decía que todos los nicaragüenses en el exterior «podrían regresar a su país con plenas garantías y seguridad personal y familiar». «En Nicaragua decimos en relación con Ortega: ‘firmar me harás, cumplir jamás’», dice César Gutiérrez, de 63 años, que dejó a su familia y sus negocios –una panadería y unos billares– cuando amenazaron con matarlo y quemarle la casa por apoyar las protestas.

Un año de crisis. Se cuentan al menos 325 muertos y cientos de detenidos. Algunos de los exiliados no tienen familia que los apoye ni ahorros de los que vivir.

Este anciano que luchó en la revolución sandinista es ahora un firme opositor de Ortega. Vive también en La Carpio, aunque en mejores condiciones que «la Profe», su antigua nana, quien emigró de Nicaragua mucho antes, lo acogió y le permite dormir en el salón de su modesta casa donde viven también otras siete personas.

Su rutina actual es participar en todas las reuniones que puede, porque asegura que organizarse es la clave para derrotar a Ortega. Además, aprovecha esas citas para vender quesos que hace una vecina y con lo que saca para vivir.

Cuando se juntan, los exiliados programan actos y protestas dentro y fuera del país, ponen en común noticias que les llegan por internet y siguen muy de cerca el proceso de diálogo entre el Gobierno y la Alianza. Gutiérrez dice que solo empezará a creer en la voluntad de Ortega cuando libere a todos los presos políticos y se garanticen las libertades de expresión, reunión y manifestación. Pero subraya que un punto vital es «desarmar a los grupos paramilitares, porque si no nos van a matonear».

«Luego será el momento de pensar de qué forma volvemos», agrega. Otra de las exigencias de la oposición es eliminar todos los procesos abiertos a raíz de las protestas que comenzaron en abril pasado y suprimir las órdenes de captura de muchos opositores, entre ellos al menos 168 personas que, según cálculos de la Alianza, huyeron de Nicaragua. Sadie Rivas es una de ellas. Originaria de Matagalpa, esta joven era muy activa en las manifestaciones y las barricadas. Cruzó la frontera clandestinamente en agosto después de que la acusaran, como a muchos de sus compañeros, de crímenes más propios del líder de un cártel del crimen organizado que de una estudiante de 19 años: torturas, terrorismo, lavado de dinero, narcotráfico, portación de armas, destrucción de la vía pública y destrucción de la paz en su ciudad.

Su padre, herido por una bala de goma lanzada por las juventudes sandinistas, y su hermano siguen en Nicaragua escondidos entre una y otra casa de seguridad. Su madre se unió a ella en San José cuando emitieron una orden de detención en su contra por cuidar de su hija. El cargo: «encubrimiento de terroristas». Y en esta ciudad conoció en persona a su novio actual, compañero de lucha en Facebook y uno de los jóvenes que sobrevivió a las 20 horas de ataque a una iglesia de Managua.

«Antes pintaba, hacía jabones artesanales, pulseras. Soy artista», dice Rivas. Más afortunada que la gente de La Carpio, ella tuvo el apoyo de empresarios de la Alianza que la ayudaron a costear la renta y la comida durante unos meses. Ahora Rivas y su madre limpian casas o trabajan de meseras con la vista siempre puesta en volver.

«Mis planes son regresar», asegura, pero exige más a la Alianza. «Tienen que ser más exigentes. Los exiliados somos un punto importante».


Verza reportó desde Ciudad de México; los periodistas Carlos González y Javier Córdoba, en San José; y Gabriela Selser, en Nicaragua, colaboraron con esta nota.

Crecen sin techo en Buenos Aires, otro signo de la crisis

En la calle. “Es un día triste”, anunciaron las autoridades gubernamentales el día en que dieron a conocer las nuevas cifras de pobreza.

La pequeña Valentina Alemán corre por la acera entre cajas de cartón, un sofá deshilachado y una heladera en desuso indiferente a los automóviles que pasan a su lado. Su sonrisa delata que no tiene dimensión de los peligros que acechan a quienes viven en la calle.

Una tienda improvisada con paredes de cartón, techo de bolsas y dos colchones instalada a un costado de una transitada avenida de la capital argentina aloja a la niña de dos años, sus cuatro hermanos y sus padres desde hace ocho meses, cuando los ingresos de la familia ya no fueron suficientes para cubrir un alquiler al ritmo de la galopante inflación en Argentina.

Con la profundización de la crisis económica han aumentado las familias como los Alemán asentadas con sus pertenencias en las aceras de las principales avenidas, los accesos a grandes centros comerciales, las paradas de autobuses, los parques o debajo de las autopistas.

Según el último informe del estatal Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el segundo semestre de 2018 la pobreza creció al 32 % desde el 27.3 % del primer semestre. Argentina padeció el año pasado una devaluación del 51 % de su moneda, que en una economía fuertemente atada al dólar se trasladó de inmediato a los precios, con fuerte impacto en los alimentos.

La indigencia en la capital argentina, el distrito más rico del país y uno de los más modernos de América Latina, se duplicó en los últimos tres años a 6.46 % –el equivalente a 198,000 personas–, según datos oficiales del tercer trimestre del año pasado. La alcaldía todavía no ha dado a conocer un relevamiento de fines de 2018 sobre las personas viviendo en la calle, pero organizaciones no gubernamentales estiman que son unas 8,000.

La reducción de la pobreza es una de las cuentas pendientes del presidente conservador Mauricio Macri que transita su último año de mandato y ha lanzado la campaña para la reelección en los comicios generales de octubre. Cuando asumió en 2015 dijo que su gestión debía evaluarse por la baja de la pobreza –entonces del 30 %– y fijó el lema «pobreza cero» como objetivo de su gobierno.

«Confié en él cuando decía ‘pobreza cero’, creía en él, parecía que iba estar con los pobres», se lamentó Damiana Alemán, de 37 años, con la pequeña Valentina en brazos. «Pero él se refería a descartarnos a los pobres, no a aumentar nuestros valores o economía. Desde mi punto de vista, ‘pobreza cero’ significa que él quiere borrar a los pobres del mapa de Argentina».

Macri sostiene que subestimó los desajustes macroeconómicos heredados del gobierno populista de Cristina Fernández (2007-2015) y que corregirlos le está demandando más tiempo y un alto costo social porque en el medio se interpusieron una sequía récord, que privó al país de millones de dólares, y factores externos que atentaron contra la reactivación económica.

“Cuando uno está en la calle siente que molesta, siente que es culpable y que se lo merece. Sentís todo lo peor sobre vos”, reflexionó Horacio Ávila, psicólogo social y uno de los fundadores de Proyecto 7, una organización no gubernamental que asiste a personas sin hogar. El especialista sostuvo que “todo es extraño, todo es agresivo”.

Pero el creciente descontento social impactó en la popularidad del mandatario mientras crece en las encuestas la líder opositora y expresidenta, quien todavía no oficializó su postulación pero que sus partidarios dan por descontada. La nostalgia por la relativa estabilidad económica y las medidas populistas para alentar el consumo durante su mandato le permitieron a la actual senadora repuntar en las mediciones pese a las numerosas investigaciones judiciales en su contra por supuesta corrupción.

Sin embargo, la mayoría de los sondeos reflejan un escenario de paridad en una eventual segunda vuelta entre ambos.

Los Alemán pagaban entre 4,000 y 5,000 pesos (entre $90 y $112) de alquiler. La economía familiar colapsó cuando en el marco de fuertes aumentos en las tarifas de servicios públicos –77.6 % en el gas, 46.3 % en la electricidad y 26 % en el agua durante el último año– les llegó una boleta de electricidad que duplicaba la renta y el padre, Emilio, perdió el trabajo en una fábrica de muebles que cerró por la crisis.

De los 10 hogares de tránsito y paradores nocturnos que gestiona la ciudad, uno solo es para familias y no da abasto. Los otros también tienen problemas para atender la demanda que se vio potenciada por un nuevo fenómeno: los residentes de los suburbios que vienen a la capital a trabajar y prefieren vivir en la calle de lunes a viernes para no gastar en transporte.

Las familias, por lo general, prefieren instalarse en la calle antes que separarse en diferentes centros de acogida.

No hay plata para comida. La gente no solo tiene problemas para pagar los servicios básicos. Tiene problemas para comprar los alimentos, que han registrado grandes aumentos de precio.

«Cuando uno está en la calle siente que molesta, siente que es culpable y que se lo merece. Sentís todo lo peor sobre vos», reflexionó Horacio Ávila, psicólogo social y uno de los fundadores de Proyecto 7, una organización no gubernamental que asiste a personas sin hogar. El especialista sostuvo: «Todo es extraño, todo es agresivo. Es muy difícil los primeros tres o cuatro días. Después te vas acomodando porque somos animales de supervivencia. Te vas conectando».

Pero el crudo invierno, el calor agobiante, las lluvias, la inseguridad y la indiferencia de los transeúntes pueden volverse desoladores para una madre de cinco. «Estar con ellos acá no es lindo, el principal riesgo es la salud de ellos», apuntó Alemán mientras sus niños se distraían con juguetes usados que les acababan de regalar. «Ellos quisieran mirar tele. El más grande me pregunta por qué no podemos estar en casa, con nuestra tele y en la cama».

Los Alemán dependen del dinero que obtiene el padre por los cartones y desechos reciclables que junta en la calle y la generosidad de los vecinos, aunque también los hay que llaman a la alcaldía y piden que los desalojen de la acera. Se alimentan en comedores populares, originariamente destinados a los adictos pero que en los últimos tiempos atienden a familias y ancianos que no tienen para comer.

En febrero una familia tipo de cuatro integrantes que viven en la capital necesitó 13,319.26 pesos (unos $299) para no caer en la indigencia cuando hace un año ese valor de referencia estaba en 8,559 pesos ($191). Los precios se dispararon al compás de una inflación de 47.6 % en 2018, la más alta desde 1991.

El salario mínimo en Argentina está fijado en 12,500 pesos (unos $280).

De acuerdo con un relevamiento realizado por el privado Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) en capital y sus alrededores a fines de febrero, el 65 % de los 1,523 entrevistados sostuvo que sus ingresos no le alcanzan y 52 % disminuyó la cantidad de comida que consume por esa razón.

«La falta de certezas sobre de cuánto será la boleta de luz y gas amenaza cualquier proyecto personal. Un horizonte de aumentos ininterrumpidos de tarifas con pérdida de poder adquisitivo del salario no hace más que incrementar los miedos», advirtió Matías Barroetaveña, director del CEM.

«Ustedes sigan riéndose que dentro de poco los voy a ver al lado mío», bromea Héctor García a quienes pasan por delante de su tienda hecha con varias capas de tela y plásticos que comparte con María Ortega, de 77 años. El hombre de cabello y barba canosa lleva cuatro años en la acera de un barrio de clase media de Buenos Aires tras quedarse sin empleo. Sobrevive reparando electrodomésticos o desarmándolos para vender sus partes.

«La posibilidad de salir de la calle te la dan por cinco o seis meses, eso no es solución», apuntó García, de 57 años, en referencia a los subsidios habitacionales que ofrece el gobierno.

Aunque antes de asumir Macri había cuestionado duramente las políticas asistencialistas del kirchnerismo, luego aumentó el presupuesto de ayuda social, que demanda el 70 % de los recursos de la administración nacional previstos para 2019. El propio Fondo Monetario Internacional, que aprobó un rescate para Argentina de unos $56,000 millones en 2018, acaba de avalar un aumento en las partidas presupuestarias para subsidios a los pobres.

La asignación universal por hijo, que reciben unos cuatro millones de menores de 18 años de familias sin empleo, se incrementó 46 % en marzo a 2,650 pesos por mes (unos $59). La Alcaldía de Buenos Aires, a cargo de un aliado del presidente, también se comprometió a ampliar la capacidad de los hogares de tránsito.

«Para un lugar peor, me quedo acá. Al menos no llegan las cuentas», ironizó García antes de refugiarse en su morada callejera.

Sin nada. La indigencia en la capital argentina, el distrito más rico del país y uno de los más modernos de América Latina, se duplicó en los últimos tres años y llegó a 198,000 personas.

Tribu amazónica acusa de atrocidades al Ejército de Brasil

Víctimas indígenas. Los fiscales estiman el número de víctimas de waimiri-atroari entre 600 y 3,000.

Bare Bornaldo Waimiri, en ese momento un miembro adolescente de la tribu waimiri-atroari en lo profundo de la Amazonía brasileña, dijo que el día de ese ataque, hace muchos años, fue el último que vio a su familia con vida.

Ahora de edad avanzada, Bornaldo describió la horrible escena la semana pasada durante una audiencia histórica que puso los reflectores sobre el Ejército de Brasil, que niega haber atacado a la tribu. Su testimonio subrayó la tensión constante entre el desarrollo y la conservación en la nación más grande de América Latina, y sucede mientras el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro otorga un papel destacado a los militares en su gobierno y pone fin a las nuevas demarcaciones de tierras indígenas en el Amazonas.

«Perdí a mi padre, a mi madre, a mi hermana y a mi hermano», dijo Bornaldo en voz muy baja, con pantalones cortos y golpeando sus sandalias en el suelo mientras dos traductores escribían sus palabras en portugués.

La audiencia tuvo lugar en una choza de paja con forma de cono donde los waimiri-atroari normalmente celebran festividades coloridas y largas sesiones de oratoria. La semana pasada, durante un día, se transformó en un juzgado sombrío donde seis ancianos le contaron a un juez cómo durante muchos años la dictadura militar de 1964-1985 intentó erradicarlos con armas, bombas y productos químicos.

The Associated Press y un periódico local fueron los únicos medios autorizados para asistir a la audiencia. En general, a los miembros no tribales se les prohíbe ingresar a la reserva en expansión, que es del tamaño de Israel y que se encuentra entre los estados de Amazonas y Roraima.

Los miembros de la tribu y los fiscales dijeron que esta fue la primera vez que se permitió a un juez en las tierras de waimiri-atroari escuchar a los testigos hablar de varios supuestos ataques durante años. Los líderes dijeron que su objetivo era lidiar con el pasado y evitar futuras incursiones.

«Para pasar esta página, todos tenemos que leer el libro», dijo el líder tribal Mario Parwe Atroari.

La mayoría de las tribus indígenas que alegan atrocidades durante la dictadura se muestran reticentes a dar cuenta completa de los incidentes en los juzgados urbanos porque no confían en los pueblos no indígenas. Algunos también temen ser procesados por sus propios ataques contra agentes estatales y misioneros.

Mientras los miembros de la tribu asentían con la cabeza durante el testimonio de Bornaldo, media docena de militares uniformados permanecían en silencio. El coronel retirado Hiram Reis e Silva, vestido con una camisa de cuello blanco y pantalones vaqueros, negó con la cabeza cuando los testigos hablaron. Reis e Silva, quien dijo que trabajó cerca de la reserva después de 1982, estuvo en la audiencia para representar al ejército.

«Mi versión de la historia es muy diferente», dijo Reis e Silva a la AP. «Hay algunas exageraciones. Esperamos que la verdad se restablezca».

«También tengo varios testigos que son los pioneros de la carretera y contrarrestan todo lo que dicen los miembros de la tribu», agregó Reis e Silva, quien se negó a compartir los contactos de cualesquiera de esas personas cuando se le solicitó.

Antes de dictaminar, se prevé que la jueza federal Raffaela Cassia de Sousa esperará a los médicos forenses, lo que podría incluir una determinación de qué producto químico se pudo haber usado en los atentados que los testigos describieron, y posiblemente más testimonios y pruebas.

“Los documentos de esa época muestran que la dictadura militar consideraba a los indígenas un obstáculo para el desarrollo y que su presencia en áreas de interés del Gobierno no podía detener las obras de construcción”.

No hay fecha final para una decisión.

Los fiscales federales, que acusan al Estado brasileño de genocidio en su demanda civil, dijeron que cientos sino miles de miembros de la tribu murieron entre 1968 y 1977, cuando se construyó la carretera BR-174. Las muertes ocurrieron por huelgas militares o por enfermedades que se produjeron después de la construcción contundente de la carretera a través de la reserva, dijeron los fiscales.

Los testigos dijeron que desconocían las fechas de los supuestos ataques. Los waimiri-atroari no miden el tiempo en meses y años, sino que hablan de los acontecimientos en relación con una fase de su vida.

Los fiscales dijeron que creen que el atentado que Bornaldo atestiguó ocurrió después de 1974, año en que se intensificaron las agresiones. La masacre que vio Bornaldo fue uno de los numerosos ataques durante la construcción de una parte de la carretera que conecta las ciudades de Manaus y Boa Vista, según declararon los fiscales y miembros de las tribus.

Los seis miembros de la tribu que testificaron dijeron que las agresiones provenían del Ejército brasileño mientras supervisaba la construcción de 120 kilómetros (75 millas) a través de la reserva waimiri-atroari.

En ese entonces, los líderes militares dijeron que la tribu estaba impidiendo que los empleados del Gobierno construyeran la carretera. Sin embargo, los militares nunca han reconocido haber atacado a la tribu.

«Los documentos de esa época muestran que la dictadura militar consideraba a los indígenas un obstáculo para el desarrollo y que su presencia en áreas de interés del Gobierno no podía detener las obras de construcción», dijo el periodista Rubens Valente, quien asistió a la audiencia y es autor de un libro sobre la relación entre el régimen autoritario de Brasil y las tribus indígenas.

Durante la audiencia de la semana pasada, los abogados del Gobierno sugirieron en sus preguntas que los mineros o los delincuentes locales estuvieron detrás de los ataques, afirmaciones que los miembros tribales rechazaron.

Al explicar el uso de la violencia, waimiri-atroari dijo que ellos solo estaban defendiendo su territorio. Según el libro de Valente, que los fiscales citan, al menos 26 personas, incluidos trabajadores de la construcción, enlaces gubernamentales con grupos indígenas y miembros de misiones religiosas murieron durante la construcción de la autopista.

En comparación con países suramericanos como Chile y Argentina, Brasil ha hecho poco para sacar a la luz las atrocidades a manos de los militares, especialmente contra los pueblos indígenas.

Las acusaciones de los waimiri-atroari suponen un desafío para las fuerzas armadas de Brasil, quienes dicen que su régimen solo reprimió a los adversarios que buscaban una revolución socialista.

Esbelto y de voz baja, Dawuna Elzo Atroari dijo que fue testigo de un ataque contra la tribu en un incidente diferente al descrito por Bornaldo.

«Antes de este camino vivíamos bien y en paz, estábamos sanos», dijo con las manos temblorosas. «Después del camino, murieron personas y fuimos amenazados».

«Tenía un arma apuntando a mi oreja», contó.

Acusación. Los fiscales federales acusan al Estado brasileño de genocidio. Se cree que miles de miembros de la tribu murieron entre 1968 y 1977, cuando se construyó la carretera BR-174.

La vida silvestre es abundante en la región, donde habitan perezosos, monos y jaguares que aparecen con frecuencia. Bayous lleno de flores rosadas que atraen moscas se pueden ver desde la carretera. No lejos de eso, los árboles se vuelven más frondosos y altos.

Los waimiri-atroari cierran la carretera con una enorme cadena cada día a las 6 de la tarde con el fin de proteger la vida silvestre y la tribu en sí. Solo vuelve a abrir a las 6 de la mañana.

El testimonio de los ancianos –todos ellos jóvenes durante la construcción del camino– es clave en la demanda que exige al Estado pagar a la tribu $13 millones en daños, emitir una disculpa oficial en una ceremonia en la tierra waimiri-atroari, construir un museo para recordar las atrocidades y mencionar las violaciones de derechos humanos en su contra en libros de escuelas públicas.

En 2014, una comisión de la verdad dijo que más de 8,000 miembros de tribus indígenas podrían haber sido asesinados a manos de regímenes autoritarios entre 1946 y 1988, la gran mayoría durante la dictadura de 1964-1985.

Los fiscales estiman el número de víctimas de waimiri-atroari entre 600 y 3,000.

A medida que avanzaba la audiencia y los miembros de la tribu acusaban repetidamente al Ejército brasileño de masacre, surgieron noticias que tenían paralelos misteriosos con el pasado: el gobierno federal anunció planes para construir una línea de energía que atravesará la reserva waimiri-atroari, algo que políticos y líderes militares buscan desde la construcción de la BR-174.

Bolsonaro, quien frecuentemente elogia la dictadura y promete abrir el Amazonas a un mayor desarrollo, consideró que la línea de energía que conectará la red del estado de Roraima con el resto de Brasil es un asunto de seguridad nacional. La decisión no obliga a consultar a los waimiri-atroari, como lo exige la ley. Brasil ahora compra energía de Venezuela, un país actualmente en crisis, para abastecer al norte.

Si el proyecto de energía de $600 millones avanza en junio como lo prometió Bolsonaro, habrá más deforestación en las tierras de los waimiri-atroari con la instalación de docenas de torres de electricidad. Se espera una batalla legal.

Independientemente de lo que suceda, Parwe, uno de los líderes de la tribu, dijo que estaba feliz de que las futuras generaciones aprendan más sobre los waimiri-atroari.

«Todos deberían saber lo que sucedió aquí para que nunca vuelva a suceder», dijo Parwe con voz firme, de pie junto al juez y mirando al personal militar que estaba presente.

Cuando productores musicales son acusados de depredadoresa

Nombres. Entre los acusados hay gente que ha recibido los premios más prestigiosos de la música y ha grabado con cantantes de renombre, como el cantante Ryan Adams. Esto ha significado un atraso en la justicia que demandan las víctimas.

J​​​​​​​essie Woo solo quería cantar. Así que cuando la vocalista en ciernes conoció a un productor exitoso que dijo que quería ayudarla, le creyó.

Una noche hace siete años, dijo, el productor la violó.

No fue la única vez que fue acosada por productores a principios de su carrera, dijo Woo, miembro del elenco del programa de VH1 «Love & Hip Hop Miami» y anfitriona de varios programas de BET Networks.

«Estos productores te ponen en las salas que has soñado. Estás en un estudio con artistas como… Lil Wayne, estás viendo a T-Pain, a Beyoncé. Estás viendo a toda esta gente que pasa a saludar», contó. «Entonces piensas, ‘OK, esta persona es un poco espeluznante pero tengo que estar aquí… estoy en el lugar correcto, solo tengo que maniobrar alrededor de esta persona. Tengo que aprender a esquivar la bala’. Y estás esquivando a alguien que pretende abusar de ti».

Otras mujeres que navegan la industria de la música pop han empezado a pronunciarse sobre experiencias similares, luego de que el movimiento #MeToo derribó a hombres poderosos en Hollywood, la política y los negocios. Al igual que en esos ruedos, las mujeres a menudo pueden enfrentar abuso, a veces sexual, en manos de hombres poderosos que tienen la llave de su éxito.

En 2017 Jessie Reyez, la cantante que coescribió los éxitos recientes de Calvin Harris «One Kiss» (con Dua Lipa) y «Promises» (con Sam Smith), lanzó un potente cortometraje con su canción «Gatekeeper». En el mismo describe cómo fue acosada por un productor: «Oh, yo soy el portero/ abre las piernas /confía /podrías ser famosa /si vas a cualquier otra parte, te borraré».

El año pasado, identificó a su atormentador como el productor musical Noel «Detail» Fisher, quien ganó un Grammy por coescribir el éxito de Beyoncé y Jay-Z «Drunk in Love». Reyez dijo que Fisher trató de denigrarla y menospreciarla por no tener sexo con él, y por no tener relaciones sexuales para avanzar en su carrera.

Los intentos por conseguir a Fisher –quien también ha producido éxitos de Lil Wayne, Nicki Minaj, Wiz Khalifa y otros– para obtener declaraciones sobre las acusaciones de Reyez y otras mujeres fueron infructuosos. Llamadas a números telefónicos listados como suyos y de sus parientes no fueron respondidas.

Otras mujeres hicieron eco de las acusaciones de Reyez y pintaron a Fisher como un abusador en serie.

«#MeToo Con razón me conecté con tu canción GateKeepers @jessiereyez», escribió la cantante de 29 años Bebe Rexha en Instagram en mayo de 2018. «Él trató de hacer lo mismo conmigo. Yo tenía apenas 19 años. Salí corriendo del estudio, llorando. Un ser humano espantoso».

Otra cantante, Tinashe, comentó sobre el post de Rexha: «La única sesión hasta el día de hoy de la que he salido por sentirme muuuuuy incómoda. Contenta de que sea expuesto por el arrastrado (grosería) que es. Asqueroso».

Janae Knox presentó una demanda contra Fisher en junio de 2018, y argumentó que luego de que fue contratada como su asistente sufrió «acosos y abusos sexuales severos y perversos por parte de Fisher», según documentos de la corte. La demanda alega que Fisher le pidió a Knox que se duchara con él y le exigió favores sexuales mientras realizaba su trabajo.

«‘Detail’ es un depredador sexual y resulta inquietante que yo haya sido una de sus víctimas. Quiero alentar a otras víctimas a pronunciarse porque, al hacerlo, comenzarán a sanar», dijo Knox en una declaración.

Isabella Mack, otra asistente de Fisher, presentó una queja cuando Knox lo hizo, y argumentó que fue retenida en contra de su voluntad mientras el productor se masturbaba. La demanda dice que Fisher también le exigió que posara desnuda para fotos y videos, y que Mack sufrió angustia emocional extrema como resultado.

«‘Detail’ tiene que ser hecho responsable de sus acciones. También espero que otras víctimas en la industria musical se pronuncien porque es hora de exponer un sistema que permite que los hombres abusen de las mujeres en este negocio», dijo Mack a la AP.

Otra demanda contra Fisher fue presentada en diciembre por la aspirante a músico y modelo Kristina Buch.

Fisher aún no ha respondido a ninguno de los casos presentados en su contra el año pasado, y un abogado que lo representa no pudo ser localizado.

La abogada Genie Harrison, que representa a Knox y Mack, dijo que sus clientes «decidieron hacer responsable a ‘Detail’» y «mostrarle a otras víctimas que no están solas».

«Sea en la música, el cine o los negocios en Estados Unidos, el abuso de poder para obligar al sexo debe parar. Las valientes víctimas de #MeTooInMusic (#YoTambiénEnLaMúsica) que se pronuncian ayudarán a lograr esta meta», agregó Harrison en un comunicado.

Algunas de estas acusaciones fueron hechas mucho antes del movimiento #MeToo, que comenzó tras las denuncias de violencia sexual contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein. Lady Gaga, de 32 años, dijo que un productor abusó sexualmente de ella cuando tenía 19 años, antes de lanzar su álbum debut en 2008 y convertirse en una superestrella laureada con premios Grammy y Óscar.

«Es algo en mi vida que realmente me ha definido siempre hasta ahora», dijo Gaga a la AP en 2016.

Por años, la cantante pop Kesha ha batallado en las cortes con su exproductor Dr. Luke, a quien acusa de haberla drogado, violado y atormentado psicológicamente. Dr. Luke, quien ha creado éxitos para Katy Perry, Kelly Clarkson, Britney Spears y otras estrellas, ha rechazado estos alegatos.

Y por supuesto está R. Kelly, un superastro multiplatino del R&B, que también ha creado éxitos para Michael Jackson, Celine Dion y Maxwell se ha declarado inocente de cargos de abuso sexual agravado relacionado con cuatro víctimas, incluyendo al menos tres de entre 13 y 17 años.

Para Kelly, estas son solo las más recientes en toda una vida de acusaciones. Enfrentó cargos de pornografía infantil por supuestamente tener sexo con una preadolescente, pero lo absolvieron en 2008. También se casó en secreto con su entonces protegida, la difunta estrella del R&B Aaliyah, cuando ella tenía apenas 15 años; el matrimonio fue después anulado. Kelly ha sido acusado de atraer mujeres con la promesa de ayudarlas en sus carreras musicales, y entonces abusar de ellas. Algunas lo han acusado de mantenerlas como esclavas virtuales. El artista ha negado cualquier denuncia de abuso; su abogado lo llamó un «hombre inocente».

Otras personas continúan pronunciándose con nuevas acusaciones contra hombres poderosos en la industria. A principios de febrero, en un reporte del New York Times, varias mujeres alegaron que Ryan Adams –el aclamado cantautor nominado al Grammy que también trabajó como productor para Willie Nelson, Jenny Lewis y otros– se ofreció a ayudarlas con sus carreras, pero que entonces tornó las cosas sexuales y a veces fue abusivo emocional y verbalmente.

En respuesta, Adams admitió que no era «un hombre perfecto» y que había cometido errores, pero calificó el reporte de inexacto y dijo que contenía historias exageradas y falsedades.

Tras el reporte, más artistas se abrieron sobre sus malas experiencias con el rockero, incluida la cantante y compositora Ruby Amanfu, quien trabaja desde Nashville.

«Hay un álbum que jamás verá la luz que grabamos hace tres años con algunas de las almas más hermosas, honorables y talentosas del planeta. Sufrí mucho y no tengo nada para mostrar. He cargado vergüenza los últimos tres años cuando la gente me ha preguntado, ‘¿Qué pasó con ese álbum que hiciste con Ryan Adams?’ sin poder decir la verdad, que me convirtieron en el peón de un juego enfermo para el que nunca me había apuntado», escribió en su página de Facebook. «Estoy aquí para condenar un comportamiento que no debe esconderse bajo la alfombra. No voy a disuadirme a mí misma de la ira que siento».

«Ya no seré una prisionera», agregó.

Jessie Woo dijo que hizo su historia pública porque otras mujeres se habían quejado del hombre que abusó de ella. No se suele identificar a personas que dicen ser víctimas de violencia sexual a menos que estas lo autoricen, como es el caso de Woo, quien, sin embargo, no ha identificado a su agresor.

«Eso es algo con lo que estoy luchando. Aun sin decir su nombre he tenido tantas respuestas negativas», lamentó Woo.

«Fue muy loco para mí enfrentar todas estas preguntas que me condenaban en vez de que preguntaran ‘¿Quién te violó? ¿Por qué hay hombres violando a mujeres en la industria? ¿Por qué ocurre esto?’ Esa es la pregunta».

Uno de varios. Jessie Woo es una de las cantantes que cuenta cómo fue acosada por un productor. Este es uno de los casos de denuncia por abuso que ha estremecido el mundo de la música.

El servicio de datos cambia el escenario tecnológico de Cuba

Herencia. Las autoridades del régimen temieron que el acceso a herramientas digitales disparara las críticas al Gobierno, una herencia de la Guerra Fría.

Tras el paso de un tornado que devastó media La Habana a fines de enero un hombre se quejó en Twitter de que los funcionarios amenazaban con sacarlo de su finca pese a su resistencia. Una semana después anunció que el Gobierno había cambiado de idea y lo ayudaría a reconstruir su casa.

Otro usuario reclamó asientos para familiares en las salas de espera de un hospital en la cuenta oficial recién abierta de un vicepresidente, al tiempo que un grupo de jóvenes lanzó la aplicación Sube para conectar a clientes con taxistas, en un país con serios déficits de transporte.

Cuba, que alguna vez fue una de las sociedades más desconectadas de internet del continente, está cambiando su escenario tecnológico rápidamente y en dos meses desde que se comenzó a ofrecer el servicio de datos móviles para los celulares, las transformaciones se perciben sutiles pero palpables.

«La vida ha cambiado. Incluso cuando vas caminando por la calle te das cuenta. El otro día estaba mirando desde el techo de mi casa y el vecino tenía datos, la del frente tenía datos y el de más allá. Eso no se veía antes», dijo Alberto Cabrera, un comunicador de 25 años que forma parte del equipo desarrollador de Sube, una aplicación por ahora experimental y sin fines de lucro.

«Estamos en un proceso de aprendizaje sobre cómo usar los datos», indicó Claudia Cuevas, de 26 años, profesora universitaria y compañera de Cabrera. «Antes ibas al parque (las zonas wifi legales) una vez a la semana a comunicarte con la familia… Ahora, en cambio, buscas aplicaciones, Twitter, Instagram. Los estudiantes están haciendo grupos para las tareas. Es más participativo», agregó.

A mediados de enero, en los primeros 40 días de acceso al servicio, 1.8 millón de cubanos –de una población de 11 millones– habían comprado paquetes de datos. Un reporte reciente indicó que unos 6.4 millones de residentes son usuarios de internet e igual cantidad de redes sociales.

La historia de Cuba con la tecnología no estuvo exenta de tensiones desde su apertura en los años noventa. Cuba acusó a Estados Unidos de bloquear su acceso a las fibras ópticas que rodean la isla, obligándola a contar con un servicio satelital caro y lento. Recién en 2011 tuvo acceso a un cable submarino tras una asociación con Venezuela.

Pero tardó hasta 2015 en habilitar el servicio a la población, en general mediante la apertura de puntos wifi en centenares de parques –una modalidad vigente pero menos popular que antaño– y el servicio hogareño sigue limitado.

Para los opositores, el Gobierno no daba cobertura a la ciudadanía por temor a un flujo libre de información y a las críticas adversas a un modelo político que suele exaltar la unanimidad como un valor de defensa ante la hostilidad de Washington.

«Durante un tiempo internet provocó temor en los líderes cubanos y hubo que esperar demasiado», explicó el bloguero y politólogo cubano residente en Estados Unidos Harold Cárdenas. «Un daño colateral de las dinámicas de la Guerra Fría, prolongadas en Cuba durante décadas».

«Institucionalmente, es positivo» que ahora internet se vea «como una herramienta que fortalece transversalmente la sociedad y la economía del país».

«Lo que podemos esperar es más participación ciudadana, incorporación a tendencias digitales globales y retos para la nueva presidencia», explicó Cárdenas. «Que Miguel Díaz-Canel sea un político de su generación con una visión más sofisticada sobre la tecnología es una ventaja… que la burocracia doméstica haya demostrado ser más lenta que el Vaticano para adaptarse al mundo digital es un desafío».

La historia de Cuba con la tecnología no estuvo exenta de tensiones desde su apertura en los años noventa. Cuba acusó a Estados Unidos de bloquear su acceso a las fibras ópticas que rodean la isla, obligándola a contar con un servicio satelital caro y lento. Recién en 2011 tuvo acceso a un cable submarino tras una asociación con Venezuela.

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Las quedadas

Personas consultadas coincidieron en que el uso de internet a partir de la apertura del servicio de datos se volvió algo cotidiano: muchos han cambiado a la estatal compañía ETECSA de telefonía tradicional por WhatsApp, que es mucho más económico. Otros han modificado el consumo de información y la búsqueda de contenidos –desde noticias a recetas de cocina– y unos cuantos lo han usado como instrumento de acercamiento a los gobernantes.

En tanto, los adolescentes están realizando «quedadas», una suerte de citas virtuales.

Julio Aguirre Lusson, un disyóquey de 25 años que desde hace un año tiene un canal en YouTube en el que prueba y aconseja sobre aplicaciones para móviles, pudo medir en carne propia el impacto del uso de datos entre sus usuarios.

«Antes el país con más suscriptores (actualmente tiene más de 4,000) en mi canal era España, luego Estados Unidos y en tercer lugar Cuba. Ahora, desde los datos, son los cubanos», indicó Aguirre, quien señaló que, sin embargo, persisten las limitaciones para los desarrolladores como la imposibilidad de subir directamente sus productos a Google Play debido a sanciones estadounidenses o vacíos legales en la propia isla.

El aprendizaje sobre el nuevo entorno digital no atañe solo a los usuarios comunes.

El presidente Miguel Díaz-Canel abrió una cuenta en Twitter poco antes de diciembre y recientemente ordenó a todos sus ministros hacer lo mismo, aunque muchos de ellos solo reenvían mensajes oficiales o consignas propagandísticas sin responder inquietudes ciudadanas.

«Creo que hay una contradicción entre lo que dicen públicamente y lo que hacen», expresó Camilo Condis, un emprendedor de 33 años que suele ser muy activo en las redes sociales y quien reportó que una docena de funcionarios lo bloquearon por sus planteos. «Los ha puesto a prueba: una prueba que muchos han suspendido. Otros, incluidos ministros, sí responden ocasionalmente, pero creo que todos escuchan, aunque no lo hagan público».

Díaz-Canel, ingeniero de profesión, reiteró la importancia que le da a internet y al servicio de datos, y aseguró que se están desarrollando plataformas y prestaciones gubernamentales –como pedir un acta de nacimiento o saber el estado de un expediente en línea– e informatizando al sector estatal en el cual se siguen llenando planillas a mano o entregando turnos tras largas filas.

Precisamente el tornado que arrasó a varios municipios de La Habana fue un ejemplo del alcance de las redes sociales en la Cuba actual: en los primeros momentos sirvieron para comunicar el desastre, posteriormente para evaluar el daño y finalmente para organizar la ayuda para los afectados.

La conjunción entre datos y redes sociales «es un canal que la gente va a usar para decir las cosas como están… Es necesario que la población lo vea como una vía directa para expresarse y decir lo que piensa», comentó Cuevas.

Cada vez más. La coordinación para realizar actividades es una de las ventajas que está descubriendo la población cubana. Van desde organizar “quedadas” en parques, a guiar la ayuda tras un desastre natural.