La lucha por los bosques del Quiché La concesión de licencias para la tala de árboles enfrenta al pueblo maya k’iche’ con el Estado de Guatemala

La lucha por los bosques del Quiché

Un reportaje de Èlia Borràs / Augusto Magaña

Fotografías de Èlia Borràs / Augusto Magaña

Fotografías de Èlia Borràs / Augusto Magaña

En Guatemala conviven dos visiones contrapuestas sobre los recursos naturales. La del Estado, que los ve como un recurso al que hay que sacarle rentabilidad económica, y la de los pueblos indígenas, que creen que el medio ambiente es una fuente de vida que se tiene que preservar y defender.

En el departamento del Quiché, en el noroccidente del país, las organizaciones indígenas hace años que luchan contra la concesión de licencias para la tala de árboles. Una lucha que ha costado a las organizaciones sociales amenazas e incluso el exilio de una de sus líderes, Lolita Chávez, una de las fundadoras del Consejo de Pueblos K’Iche’ (CPK), una organización en defensa de los derechos de los pueblos indígenas que nació en 2009

Las consecuencias de la deforestación son muy visibles en el Quiché. «Estamos en temporada de lluvia y es como si estuviéramos en verano. La lluvia ha sido irregular. Eso se debe a la tala inmoderada de árboles», asegura el alcalde de Santa Cruz del Quiché, José Francisco Reyes Pérez. La falta de lluvia ha secado el principal sustento de la población rural guatemalteca: la milpa. Desde el CPK señalan que los nacimientos de agua cercanos a la cabecera del departamento se han secado. También ha cambiado el clima frío que caracterizaba a esta región montañosa, la cual se ha vuelto más calurosa con los años.

Pero desde las instituciones la respuesta siempre es la misma: todo se hace dentro de la ley. En total, el Instituto Nacional de Bosques (INAB) ha autorizado 87 licencias para la tala de árboles en el Quiché. Según el director regional de la institución, Byron Palacios, las licencias no son el problema, ya que en el Quiché la gran mayoría de estos permisos son para áreas de bosque muy pequeñas, de unos 10,000 a unos 20,000 m2. Además, estos permisos se dan solo a los propietarios de las tierras, nunca a empresas, apunta Palacios.

Sin embargo, no siempre son los propietarios los que talan los árboles, sino empresas o terceras personas que pagan a los poseedores de estas licencias para poder explotar sus terrenos. «Hicimos un convenio con un señor: yo le vendí los árboles y el INAB me ayudó a sembrar los pinos», aclara Manuel Batz, el propietario de un terreno que forma parte del Programa de incentivos forestales para poseedores de pequeñas extensiones de tierra (PINPEP), que gestiona el INAB.

Se trata de un terreno empinado y un poco más pequeño que un campo de fútbol. Solo se ven pinos que a duras penas superan los dos metros de alto. Es un rectángulo caluroso y soleado, rodeado por un bosque frondoso y oscuro. El propietario explica que los pinos los habían plantado hace dos años, como parte del programa al que está inscrito. El incentivo que le dan apenas le alcanza para mantener el terreno, afirma Batz, pero aún así no se arrepiente de haber talado los árboles, ya que en unos quince años los pinos que ha plantado valdrán entre 1.500 y 2.000 quetzales cada uno (entre 190 y 260 dólares, aproximadamente). El propietario deja claro que al principio él no quería perder sus árboles, pero que fue la persona que le ofreció el dinero a cambio de la leña quien le sugirió apuntarse al programa del INAB para que pudiera reforestar su terreno. «Pienso volver a hacer negocio con el INAB: que me extienda una licencia o habrá alguna empresa que me compre los pinos y se repite el proceso. El terreno para mí es oro», resalta.

Según un estudio del Sistema de Información Forestal de Guatemala (SIFGUA), el país centroamericano exporta casi 600 millones de dólares en productos forestales. En el departamento del Quiché hay registradas 18 industrias forestales, mientras que no hay ningún vivero forestal. Además, el país produce principalmente pino, la misma especie que el INAB promueve para reforestar los bosques del Quiché y el principal producto forestal de la región, según el mismo estudio de SIFGUA.

Cuando la marcha del Día de los Pueblos Indígenas llega frente a la sede del INAB, las más de 150 personas que participan en la manifestación rodean al director regional de la institución, que ha salido a la calle a recibirles. El encuentro entre manifestantes y representantes del INAB es tenso. Un miembro del CPK grita: “el INAB ya no tendría que estar aquí” y la gente contesta con gritos de “¡fuera, fuera!”, mientras Palacios frunce el ceño.

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¿QUIÉN TIENE LA CULPA DE LA DEFORESTACIÓN?

En la última marcha del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra cada 9 de agosto, unos 150 indígenas k’iche’ se dirigieron a la sede del INAB en Santa Cruz del Quiché, la cabecera departamental. Ahí entregaron un documento en el cual pedían que se dejase de adjudicar licencias para la tala de árboles en el Quiché, una región cuyo nombre significa «muchos árboles» en lengua maya.

Una de las primeras en tomar el megáfono para invitar a las personas del municipio a participar en la manifestación fue Sebastiana Par, una de las nuevas dirigentes del CPK. Tiene solo 38 años, pero en su voz y en sus ojos se presiente una sabiduría ancestral. Es guía espiritual, alcaldesa comunitaria y desde hace un tiempo también forma parte de la dirección del CPK. «A raíz de que conocí a Lolita fue que me involucré en el consejo», recuerda Par. Fueron sus mismas compañeras las que le propusieron entrar a formar parte de la dirección del CPK, pues «sentían bastante la ausencia de Lolita«.

Esta es la primera manifestación que convocan desde que Lolita se fue del país en 2017, tras haber sido perseguida por hombres armados que protegían un camión maderero al que miembros del CPK habían retenido. Según la organización son demasiados los camiones que salen de la ciudad cargados de madera. Sobre todo porque en 2011 se celebró en las 97 comunidades del municipio una consulta en la que 28.000 personas votaron en contra del desarrollo de megaproyectos hidroeléctricos, mineros y madereros en la región.

Este tipo de consultas están respaldadas por el Convenio 169 de la OIT, que el Estado de Guatemala ratificó en 1996. Pero el CPK asegura que no se ha respetado el resultado de su consulta, ya que siguen otorgando licencias para la tala de árboles. «Cuando hacemos consultas no le dan seguimiento. Estamos en un Estado racista y excluyente, esa es la sencilla razón», argumenta Sebastiana.

El INAB, sin embargo, defiende que ellos se ciñen a lo que dice la Ley Forestal. El director regional de la institución asegura que el gran problema de Guatemala es que el 81% de la población consume leña y en el mayor de los casos la recogen directamente ellos del bosque, de una forma desordenada y sin mecanismos de reforestación. Un argumento que no convence a las organizaciones indígenas.

Cuando la marcha del Día de los Pueblos Indígenas llega frente a la sede del INAB, las más de 150 personas que participan en la manifestación rodean al director regional de la institución, que ha salido a la calle a recibirles. El encuentro entre manifestantes y representantes del INAB es tenso. Un miembro del CPK grita: «el INAB ya no tendría que estar aquí» y la gente contesta con gritos de «¡fuera, fuera!», mientras Palacios frunce el ceño. «Tenemos que tener claro que los bosques los usamos todos», les responde Palacios, quien también los cuestiona con un ejemplo: «Esos carteles que ustedes traen… ¿de dónde viene ese papel?». Los manifestantes responden con gritos y abucheos. «¡Renuncie! ¡Qué vergüenza!», le grita un hombre de la multitud.

Protesta. La marcha del Día de los Pueblos Indígenas en Santa Cruz del Quiché encabezada por una pancarta del CPK.

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CAMBIAR LA LEY PARA FRENAR LA SEQUÍA

Tanto el alcalde como las organizaciones indígenas coinciden en que para frenar la deforestación hay que modificar la Ley Forestal, para evitar que se sigan dando más licencias para la tala de árboles. Esta es una de las peticiones de la marcha del Día de los Pueblos Indígenas, que termina en la sede de la Gobernación Departamental del Quiché. Frente a los manifestantes, el Gobernador, Carlos Samayoa, prometió llevar la petición ante el presidente y también ante el Congreso: «La ley hace mucho que se aprobó y creo que es hora que se actualice», aseguró.

Sin embargo, el INAB cree que la Ley Forestal ha funcionado desde su aprobación en 1996. «En la década de los noventa, Guatemala perdía unas 130.000 hectáreas de bosque al año; mientras que hoy en día esta pérdida está por debajo de las 20.000 hectáreas anuales», destaca Palacios. El director regional del INAB achaca esta reducción de la deforestación a los programas de incentivo forestal, como el que tiene y defiende Manuel Batz. Solo en el Quiché invierten unos 67 millones de quetzales al año en estos programas (más de ocho millones y medio de dólares), que benefician a unas 400.000 familias, según el INAB.

Pero las organizaciones indígenas como el CPK aseguran que el mal ya está hecho y que no se frenará las consecuencias de la tala hasta que el INAB no deje de conceder licencias. El alcalde de Santa Cruz del Quiché también considera que se están extendiendo licencias para la tala de árboles sin supervisión y asegura que detrás de ellas no hay personas individuales, como defiende el INAB, ya que «cualquier persona necesita coordinarse con una empresa para botar los árboles y llevarse la madera en camiones».

Dirigente. Sebastiana Par, autoridad indígena y miembro del Consejo de Pueblos K’iche’.

Días después de la manifestación organizada por el CPK, visitamos junto a Sebastiana Par una de las comunidades del municipio que ella asegura que están más afectadas por la tala. Ahí nos encontramos con vestigios de que se habían talado árboles: varios tocones donde antes hubo pinos y un suelo cubierto completamente por aserrín, con cortezas y ramas tiradas. «Antes aquí era muy oscuro el bosque y ahora ya no, porque hay menos árboles y los que hay son nuevos», apunta Par.

En el terreno aún quedan algunos pinos de pie, pero se les han cortado las ramas y marcado con una equis, listos para ser talados. En el camino hay varias trozas apiladas e incluso vemos que en una de las casas de la comunidad hay unas tablas de madera secándose contra un muro. En un momento, un señor aparece por el camino. Su nombre es Miguel Ángel y empieza a contar que su milpa se está muriendo porque no hay agua. Este hombre asegura que es culpa de que se está talando demasiados árboles, pues eso está provocando que no llueva.

«La defensa de la tierra no debería ser solo una lucha de los indígenas», apunta Par. Pero, aunque las consecuencias de la deforestación la sufre toda la población, los indígenas son los únicos que están luchando frontalmente para detener la catástrofe, al menos en el Quiché. «Aquí así estamos. Tenemos que velar por nosotros mismos», sentencia Par.


*Este reportaje forma parte del proyecto ‘L’Aigua és Vida’, de AlterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes, que ha recibido el apoyo de la Beca DevReporter 2019, impulsada con financiación del proyecto Frame, Voice, Report! de la Unión Europea, LaFede.cat, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y el Ayuntamiento de Barcelona.

 


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