«¡Mire, ahí va el río, entubado! ¡Es una mierda! Allí es pura piedra, ¡mire! Por ahí va el agua en los túneles de Florentino», grita la líder indígena Ana Rutilia Ical mientras llora frente al alambre de púas que prohíbe el acceso al río Cahabón. Un río que ya no es un río. Al menos en este tramo de su caudal, donde el agua pasa por unos canales de cemento que agujerean las montañas de San Pedro Carchá, un municipio de la zona central de Guatemala. Aquí, el color turquesa que caracteriza el Cahabón no existe. Desde la distancia, sólo se distinguen piedras de color marrón.

Ana Rutilia pertenece a la etnia maya q’eqchi‘, una de las más de veinte etnias que conviven en Guatemala, y por eso viste cada día su huipil, un vestido elaborado con bordados propios de la cultura maya, y una trenza color azabache. Para el pueblo q’eqchi‘, el Cahabón no es sólo un río: es una fuente de vida y un lugar ceremonial.

«¿Dónde está el agua?», grita con rabia la líder q’eqchi‘ desde la ventana del coche en el que viaja, mientras este pasa justo delante de una de las centrales de la hidroeléctrica Renace. Le gustaría salir del vehículo para mirar más de cerca lo que han hecho con su río, pero no puede, por motivos de seguridad.

El 2017, Ana Rutilia, abrió un proceso judicial para desmantelar Renace, un megaproyecto que afecta las cerca de 29,000 personas que viven en los alrededores de sus centrales. Además, es una de las hidroeléctricas más grandes de Guatemala y Centroamérica. Se ha encargado de la construcción el multimillonario Florentino Pérez, presidente de la empresa española Grupo ACS (ACS) y del Real Madrid Club de Fútbol. Desde entonces, la líder q’eqchi’ ha recibido amenazas y ha sido víctima de campañas de deslegitimación, por defender el río de sus antepasados.

El Cahabón recorre 195 kilómetros sobre el territorio guatemalteco y abastece de agua a las comunidades que viven aisladas en las montañas del municipio de San Pedro Carchá. Para el pueblo q’eqchi‘ el río también ha sido históricamente un lugar espiritual y quedarse sin este espacio atenta contra la «recreación y la salud mental y física de las personas», asegura Ana Rutilia y añade: «Aquí lo que está en juego es la vida», mientras observa el caudal vacío. Pero, ¿quién se ha quedado con el río Cahabón?

Los propietarios de Renace, las familias Bosch-Gutiérrez y Gutiérrez-Mayorga, dos de las familias más ricas del país, tienen derecho a utilizar el agua del río Cahabón para producir energía durante 50 años. Pero, si bien Renace genera el 16 % de la electricidad que se necesita en el país centroamericano, los habitantes de la zona rural de San Pedro Carchá no tienen luz en casa. Para iluminar sus hogares (hechos de madera y láminas de aluminio) deben utilizar placas solares, los que lo pueden pagar, o velas.

El encargado de construir los túneles que conectan las cuatro fases de Renace ha sido el magnate presidente del Real Madrid. La hidroeléctrica funciona en «cascada», o sea, que el agua que entra en Renace I, pasa por las diferentes fases y vuelve a su caudal natural después de pasar por la sala de máquinas de Renace IV.

El agua se transporta gracias a unos canales de cemento que recorren las montañas tanto por encima como por debajo de la tierra; los cuales fueron obra de la empresa COBRA Instalaciones Hidráulicas, del Grupo ACS de Florentino Pérez, y operan a lo largo de 30 kilómetros sobre el río. Y, tal como indica el único cartel que está escrito en la lengua propia del pueblo q’eqchi‘ aquella zona es «A naajej ain Wank aj Echalar«, que significa propiedad privada. Estas tierras, sin embargo, no siempre han sido propiedad de la hidroeléctrica.

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EL APROVECHAMIENTO DE LA POBREZA
El 83.1 % de la población del departamento de Alta Verapaz (donde se encuentra San Pedro Carchá) vive en la pobreza. Es la tasa más alta de todo el país. Pero lo más preocupante es que el 53.6 % de la población de esta región se encuentra en pobreza extrema, más del doble de la media nacional. Los más afectados son los indígenas, que representan el 93 % de toda la población del departamento. En un contexto como este, donde casi la mitad de la población es analfabeta y la media de escolaridad es de 4 años, las empresas como Renace pueden penetrar fácilmente en el tejido social prometiendo puestos de trabajo, aunque estos sean precarios, y supuestas mejoras en sus condiciones de vida, aunque este progreso no se materialice.

La Procuradoría de los Derechos Humanos (PDH) es la institución estatal encargada de velar por los Derechos Humanos en Guatemala. El delegado departamental de esta institución en Alta Verapaz, Carlos Alberto Guillermo, asegura que los conflictos entre la población q’eqchi’ y la hidroeléctrica comenzaron cuando la empresa les compró parte de sus terrenos. «Existió una manipulación engañosa, porque nunca dijeron que compraban las tierras para hacer una central hidroeléctrica», señala Guillermo.

La empresa les decía que utilizarían aquellos terrenos para lo que siempre se han utilizado: para cultivar maíz, café o cardamomo. Y, además, les cotizaban las propiedades a precios muy superiores a su valor real. Mucha gente vio en la venta de las tierras una oportunidad para salir de la pobreza, pero sin conocer las consecuencias. «Esto, para mí, es lo que yo llamo el aprovechamiento de la pobreza», dice Guillermo.

La realidad es que las condiciones de vida de las comunidades de San Pedro Carchá no han mejorado desde la llegada de Renace. Menos de la mitad de la población tiene acceso a agua en sus hogares y en muchas ocasiones ni siquiera hay una fuente pública de agua en la que la gente pueda abastecerse. Y aunque Alta Verapaz es el departamento con más hidroeléctricas de toda Guatemala (hay 32), el acceso a la energía eléctrica es prácticamente nulo en las zonas rurales, donde vive el 75 % de la población de esta región.

La actividad de la hidroeléctrica, además, está afectando la biodiversidad del río Cahabón, ya que sólo dejan pasar el 10 % del agua por el caudal natural. Todo ello a cambio de trabajos precarios, temporales y rotativos, que se van turnando entre las 29 comunidades que se encuentran en lo que la empresa llama su «zona de influencia». Trabajos como dar direcciones con una banderola en los caminos de tierra y piedra de las comunidades de San Pedro Carchá a cambio de aproximadamente 90 quetzales al día (unos 12 dólares). Este medio ha intentado ponerse en contacto con Renace para tener su versión de los hechos, pero al cierre de esta pieza aún no había recibido respuesta. La empresa, sin embargo, asegura en su página web que genera hasta 15,000 puestos de trabajo en la zona y tiene la aceptación de todas las comunidades.

En el fondo del conflicto está el hecho de que la población q’eqchi‘ no fue consultada sobre si querían o no una hidroeléctrica en sus comunidades. El Convenio 169 de la OIT establece en su artículo 32 que los Estados deben consultar a los pueblos indígenas antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus territorios, particularmente si tiene que ver con la explotación de recursos naturales. Este convenio, ratificado por el Estado guatemalteco en 1996, no se cumplió en el caso de Renace. En 2017 Ana Rutilia presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pidiendo la retirada de Renace por no haber consultado al pueblo q’eqchi‘. La CSJ le dio la razón en julio del año pasado, pero aún así la actividad de la hidroeléctrica no se detuvo.

El 83.1 % de la población del departamento de Alta Verapaz (donde se encuentra San Pedro Carchá) vive en la pobreza. Es la tasa más alta de todo el país. Pero lo más preocupante es que el 53.6 % de la población de esta región se encuentra en pobreza extrema, más del doble de la media nacional. Los más afectados son los indígenas, que representan el 93 % de toda la población del departamento.

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ORGANIZANDO LA CONSULTA
Acompañamos a Ana Rutilia hasta Pansamalá, la última de las comunidades de San Pedro Carchá, a la que se llega después de más de cuatro horas en coche por medio de las montañas. La esperan frente a la escuela unas 150 personas, venidas desde diversas comunidades. Hombres con botas de hule manchadas de barro, mujeres con sus bebés en brazos, ancianos, niños y niñas. Todos esperan impacientes las buenas noticias de Ana Rutilia, que ha venido a explicarles la sentencia de la CSJ, la cual obliga al Ministerio de Energía y Minas a hacer una consulta a las comunidades que viven en los alrededores de Renace.

Pero la abogada y líder q’eqchi‘ no se encuentra del todo satisfecha con el resultado de la acción judicial. «Nosotros pedimos que se suspendieran los proyectos hidroeléctricos porque se había v ulnerado el derecho del pueblo q’eqchi‘», subraya. Es por este motivo que Ana Rutilia presentó un recurso de apelación ante la Corte de constitucionalidad (CC), el último estamento del poder judicial guatemalteco. En este recurso piden no sólo que se haga la consulta, sino también que Renace deje de funcionar. La primera vista pública ante la CC se celebró a finales de octubre. A Ana Rutilia la acompañaron representantes de las diversas comunidades que se encuentran en resistencia contra la hidroeléctrica. «Esto no es un juego», nos recuerda la abogada.

Así como en Pansamalá, Ana Rutilia hará asambleas en las diversas comunidades de San Pedro Carchá a lo largo del año. En su tiempo libre, visitará las cerca de 400 comunidades del municipio para organizar un consejo de coordinación de la consulta, con representantes de las diversas comunidades, con el objetivo de evitar que el Gobierno y la empresa organicen la consulta a la su manera, como ha ocurrido en otras ocasiones. «Nosotros la diseñaremos y decidiremos quién se sentará en la mesa», señala la líder q’eqchi‘.

En estas reuniones, Ana Rutilia se toma el tiempo de responder a las dudas de la gente. Las asambleas se hacen en lengua q’eqchi‘, pero en todas se distinguen algunas palabras en castellano: amparo, Corte Suprema y Florentino Pérez, a quien la gente de todas estas comunidades señalan como el culpable de la construcción de esta hidroeléctrica. «Aquí lo que está en juego es la vida, no sólo de los seres humanos, sino de todo el pueblo q’eqchi‘», afirma la abogada.

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*Este reportaje forma parte del proyecto ‘El Agua es Vida’, de la ONG AlterNativa, que ha recibido el apoyo de la Beca DevReporter 2019, impulsada con financiación del proyecto Frame, Voice, Report! de la Unión Europea, el Ayuntamiento de Barcelona y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.