Durante los últimos cinco meses de 2014, la Unidad de Archivo Central de la Policía Nacional Civil (PNC) pasó sin papel higiénico. Así consta en un expediente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS).

La Dirección General de Previsión Social del MTPS hizo, el 15 de agosto de ese año, una visita técnica a esta instalación policial, ubicada sobre la 1.ª avenida norte, de San Salvador. Le dio 18 recomendaciones a cumplir, porque la PNC estaba violando la Ley General de Previsión de Riesgos en los Lugares de Trabajo. Entre las recomendaciones estaba comprar el papel higiénico, proveerles a los policías agua purificada y comprar cinco escaleras que serían utilizadas para alcanzar documentos.

Hasta el 23 de diciembre de ese año, cuando el expediente contiene la última observación del MTPS, la PNC no había comprado papel higiénico y tampoco había comprado las escaleras.

Tras la primera visita del ministerio, en un intento por solventar las infracciones a la ley, existió un intercambio de correspondencia a nivel interno de la PNC que se prolongó hasta el 24 de octubre. Pero la justificación siempre fue la misma: no había dinero para comprar papel.

Veinte días después de la visita, el 4 de septiembre, la jefa de Administración de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UAC) envió un memorándum al encargado del Fondo Circulante de la PNC en el que le pedía que compraran papel higiénico. La respuesta llegó ese día por parte de la encargada de la caja chica de la UAC que, en resumen, le dijo que los recursos no podían utilizarse para comprar bienes o servicios de carácter urgente, porque así lo establecían las normas de aplicación de fondos circulantes y montos fijos de la institución. “Por lo que la compra de papel higiénico queda sin efecto por ser un recurso planificado y no de carácter urgente”, concluyó en el memorándum.

Desde agosto hasta la última página anexa al documento, fechada en diciembre, no hubo, de parte de la corporación policial, manera de hacer llegar papel higiénico a 60 de sus agentes que laboran la Unidad de Archivo Central, ubicada en la capital.

En 2019, la historia se repite. El MTPS consigna que las faltas a la Ley de Previsión de Riegos persisten, sobre todo en la carencia de un plan de emergencias y evacuación en las instalaciones policiales, algo que está regulado en el artículo 8 de la ley.

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LA CARENCIA

El olor a orín es fuerte en este baño de hombres. Hay pedazos de papel higiénico depositados en un basurero, pero no hay papel limpio para usar, solo han quedado en una pared las señas de un portarrollos. La suciedad se come la taza del inodoro azul, al que, además, le falta la tapa del tanque. Para sustituirla, alguien ha puesto una tabla pintada de verde que se ha mojado y ya tiene hongos. Alguien también ha puesto -al otro lado de la ventana de solaire, que está en la pared derecha de este cuarto- un pedazo de lámina. Es una forma de guardar la privacidad en este lugar que no mide más de dos metros cuadrados.

En la parte izquierda del baño hay un espacio para ducharse. El tragante no tiene tapadera y está en medio de nueve hileras de cerámica celeste y una hilera de ladrillos verdes en forma de L por donde avanza el sarro hasta trepar a las paredes y más en donde está la perilla para abrir el grifo.

El baño es de un puesto policial que funciona en una casa de dos plantas en Mejicanos que, si no fuera por una patrulla y dos motocicletas que esta mañana están estacionadas enfrente, de lejos pasaría como una casa más. De cerca, se distingue porque en la puerta principal tiene el letrero: Departamento de Tránsito Terrestre. Es el puesto de PNC que cubre todos los hechos relacionados con tránsito entre Mejicanos y Ciudad Delgado, el municipio vecino.

Las carencias de recursos en las instalaciones de la PNC no son nuevas y MTPS ya las ha documentado en las visitas técnicas que realiza para verificar si se cumple la Ley de Previsión de Riesgos.

Esta ley, aprobada en 2010, da parámetros de cómo deben ser las condiciones de infraestructura y salud ocupacional en las que tienen que trabajar los colaboradores de instituciones públicas y las empresas. Para su cumplimiento, en teoría, el MTPS realiza inspecciones y da recomendaciones sobre las infracciones leves, graves y muy graves a la ley. Si estas no se solventan, hay multas para el empleador que van desde los cuatro salarios mínimos hasta 28 salarios mínimos.

Revista Séptimo Sentido obtuvo, a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública del MTPS, los informes que el ministerio ha realizado a partir de visitas a las instalaciones policiales, entre 2016 y marzo de 2019. Estos dan cuenta de las violaciones la Ley de Prevención de Riesgos, lo que también pone en peligro la salud de los policías.

Aunque las infracciones a la ley que más se repiten son las falta de papel higiénico y la falta de sillas cómodas para trabajar. El ministerio también documentó que en una División de Tránsito Terrestre no había un espacio adecuado para que el policía que trabajaba como guardia en las bartolinas descansara al finalizar su turno.

Mientras que en la delegación central de la PNC, en San Salvador, recomendó que hubiese apilamiento seguro de materiales de trabajo, como el control de evidencias. Estas son las pruebas que los investigadores recopilan en las escenas de delitos para resolver los casos judiciales y que, de dañarse, ya no sirven.

Esta revista solicitó durante un mes, y por diferentes medios, entrevistas con el ministro de Trabajo, Rolando Castro; y con un encargado de Prevención de Riesgos Ocupacionales de la PNC, para conocer qué acciones se están realizando para mejorar la salud ocupacional de los policías. Pero hasta el cierre del reportaje, los equipos de Comunicaciones de ambas instituciones no dieron respuesta.

“Al final, ya estamos acostumbrados a andar empujando los vehículos para que arranquen. Otros ya sabemos que solo dos horas pueden andar encendidos, de ahí tenemos que ir a estacionarlos y ahí esperar media hora para que el vehículo se enfríe y ya lo agarramos”, dice Marvin Orellana, líder de ANPES.

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LA SANIDAD

Los policías, como para advertir que no sirve el tanque del inodoro, han puesto dentro de este una escoba y una botella partida con la que sugieren agarrar agua de la pila que está a un lado. A esta, que es la subdelegación de Rosario de Mora, al sur de San Salvador, el MTPS también le recomendó que hiciera suministro de papel higiénico. Fue en una visita hecha el 13 de noviembre de 2017, pero dos años después, en una mañana de junio, el baño sigue sin papel. Y el inodoro que una vez fue blanco, ya es amarillo.

El artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos dice que los lugares de trabajo deben cumplir con condiciones de estructura (pasillos, paredes, techos, asientos, comedores, dormitorios, servicios sanitarios, instalaciones eléctricas, entre otros) que garanticen la seguridad e higiene ocupacional de los colaboradores ante riesgos de accidentes de trabajo o enfermedades.

También indica que cada institución o empresa que tenga más de 15 trabajadores, o cuando la Dirección General de Previsión Social del MTPS lo sugiera, cuente con comités de Seguridad y Salud Ocupacional, que son los encargados de prevenciones de riesgos.

La PNC, según su Unidad de Comunicaciones, tiene comités en cada una de las instalaciones. Sin embargo, en los informes consultados, el MTPS sugirió conformar estos comités a puestos con más personal policial como la División Central de Investigaciones y la División de Tránsito Terrestre.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebra cada 19 de noviembre el Día del Retrete, porque, sostiene, que este salva vidas al evitar que las heces humanas propaguen enfermedades mortales. Sin embargo, advierte que a nivel mundial hay una crisis de saneamiento. En 2017, la organización presentó el informe “Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene”, realizado por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, que reveló que 6 de cada 10 personas en el mundo no tienen un saneamiento seguro.

El informe, además, señala que la deficiencia de estos servicios y el agua tienen relación con la transmisión de enfermedades como la fiebre tifoidea, el cólera, la disentería y la hepatitis A.

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LA COSTUMBRE

Marvin Orellana es policía desde hace 22 años y es el vocero oficial de la Asociación Nacional de Policías de El Salvador (ANPES), que nació hace un año y se organiza a nivel de redes sociales para exigir los derechos del personal policial. Marvin está claro que la Constitución, en su artículo 47, le prohibe a los policías y a la Fuerza Armada el derecho a asociarse o formar sindicatos.

Él trabaja como investigador en la subdelegación policial del barrio San Jacinto, una subdelegación en la que trabajan aproximadamente 120 policías. A diferencia de otras instalaciones policiales, a simple vista, en esta las condiciones de infraestructura parecen variar: los escritorios y las sillas están en buen estado, el baño está aseado, e incluso, hay aire acondicionado. Y dentro de la delegación hay una cafetería y una dispensadora de bebidas.

La subdelegación San Jacinto cubre este barrio de la zona sur de San Salvador y su competencia llega hasta los límites de la ciudad capital con Panchimalco, San Marcos y Soyapango, y cierta parte del Centro Histórico, del lado del bulevar Venezuela. Para hacerlo tienen asignadas cinco patrullas, pero de estas, solo una “medio funciona”, dice Orellana, por eso también hacen los patrullajes a pie. Otro de los problemas a los que él se refiere esta tarde de junio es que si las agentes, quienes tienen su dormitorio en la segunda planta de la subdelegación, no se bañan a las 3:30 de la mañana, no logran agarrar agua y les toca acarrearla desde la primera planta.

“Al final, ya estamos acostumbrados a andar empujando los vehículos para que arranquen. Otros ya sabemos que solo dos horas pueden andar encendidos, de ahí tenemos que ir a estacionarlos y esperar media hora para que el vehículo se enfríe y ya lo agarramos”, dice.

Según Orellana, los policías no reciben un inmueble en malas condiciones para laborar, sino que el cuido depende del personal. Para él, en la institución existen otras preocupaciones, como la falta de aumentos salariales, la falta continua de ascensos a otras categorías policiales y el acceso a una pensión digna.

El último aumento que recibieron los policías fue de $50 dólares, en 2007, cuando también se incorporó a la Ley de la Carrera Policial (LCP) el escalafón que reciben cada cuatro años. La cantidad del escalafón varía según el nivel al que pertenezcan. Un policía que recién ingresa a la institución recibe un salario de $424 menos los descuentos. Según la ley, su escalafón representa el 6 % de este monto, que equivale a $28, menos descuentos.

En marzo de 2016, durante la gestión de Salvador Sánchez Cerén, los policías y soldados que realizan funciones de seguridad pública, y custodios de penales comenzaron a recibir un bono trimestral de $150, este se ha ido en aumento, de $200, $300 y hoy es de $400. Sin embargo, el problema que Orellana ve con los bonos es que estos no le dan garantía a un agente que vive entre pandillas y quiere comprar una casa en otra zona, porque el dinero no forma parte de su salario. Igual sucede, dice, con el régimen de disponibilidad, el dinero que los policías reciben para alimentación, que es entre $130 y $190.

Días antes que Nayib Bukele ganara la Presidencia, en enero, se reunió con representantes del Movimiento de Trabajadores de la Policía. El secretario general de este movimiento, Marvin Reyes, confirma la reunión y muestra dos hojas con 16 puntos que Bukele firmó. Entre estos está su compromiso con la mejora de la infraestructura de las instalaciones policiales, el aumento del salario de los policías y la promoción de ascensos. De esto, dice Reyes, aún no hay nada.

Según la Dirección General de Estadísticas y Censos, el precio de la canasta básica en El Salvador es de $200 para la zona urbana y de $144 para la zona rural. Con ingresos como los que recibe un policía en la categoría de agente, el puesto más bajo dentro de la PNC, este no puede costearse los recursos que la institución le adeuda en su trabajo, por ejemplo, papel higiénico por cinco meses.

Aunque las infracciones a la ley que más se repiten son las falta de papel higiénico y de aseo en los baños, así como la falta de sillas cómodas para trabajar y la infiltración de agua lluvia en las instalaciones policiales a causa de goteras; el ministerio de Trabajo también documentó que en una División de Tránsito Terrestre no había un espacio adecuado para que el policía que trabajaba como guardia en las bartolinas descansara al finalizar su turno.

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EL DESENCANTO

Aarón recuerda que aquel jueves 20 de junio, el día que comenzó el de Seguridad del nuevo Gobierno, el Plan de Control Territorial (PCT), lo sacaron de la subdelegación donde trabajaba y lo llevaron a una delegación policial de la zona central del país, donde se reunió con policías de otras subdelegaciones y de áreas como la Unidad de Mantenimiento del Orden, de la División de Cumplimiento de Disposiciones Judiciales y de la División de Armas y Explosivos. Antes de ese día, él no sabía nada de lo que tendría que hacer, la explicación que les dio un jefe policial fue simple: los habían llamado para formar parte del nuevo plan de seguridad, pero de una vez les advirtió que no los quería ver durmiendo en la delegación.

“Ningún ‘cuilio’ voy a permitir que duerma en la delegación”, cuenta Aarón, vía teléfono, que les sentenció el jefe. No tenían dónde dormir, así que tuvieron que esperar hasta las 11:30 de la noche que un camión llevara, desde San Salvador, colchonetas. Esa noche, y durante otras dos semanas, ocuparon la casa comunal del cantón donde hoy están destacados, pero fueron sacados de ahí, dice, porque los lugareños necesitaban usarlo para otras actividades propias de la comunidad.

Desde entonces, el grupo que comenzó con 90 policías y soldados, y hoy ya sobrepasa los 100, planteó tomarse alguna casa abandonada para establecerse, también fue ilusionado por sus superiores con que la alcaldía del municipio le pagaría el alquiler de casas. Nada de eso se concretó y el personal comenzó a segresarse en subgrupos: un grupo vive en dos casas que ya eran utilizadas por la PNC, pero estaban abandonadas; otro alquila una casa que es pagada de su dinero, incluidos los recibos de agua y luz; a un tercer grupo, un señor les ha dado donde vivir sin cobrarles nada. Lo mismo sucede con el lugar donde está Aarón: una empresa les ha permitido a él y a otros cinco colegas instalarse en un cuarto con sus colchonetas.

El 4 de julio la Asamblea Legislativa le aprobó al Gobierno la reasignación de $31 millones para implementar la primera fase del PCT. La propuesta que el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, presentó a los diputados fue que de esa cantidad, $3 millones serían destinados para la alimentación de 2,500 policías y otros $6,048,000 para la de los 5,040 soldados que participan del plan. Cada uno tendría que recibir, mensualmente y hasta diciembre, $200 para su alimentación.

Lo que ha pasado es que, mientras los soldados reciben los $200, a los policías el Gobierno les ha dado un complemento al régimen que ya recibían. Es decir, que si recibían $130 o $190, les ha dado solo $70 o $10.

Esto lo confirman el agente Orellana y Aarón, que accedió a hablar a cambio que no se revele su nombre. A él, dice, solo le dieron $70 y todavía no sabe cuándo le darán completo el dinero que un día le prometieron.

Lejos del discurso oficial sobre la funcionalidad del PCT, los policías y soldados que fueron desplegados a la misma zona que Aarón, todavía esperan los catres que las autoridades les prometieron un día. Duermen en el suelo, sobre una colchoneta, que, de tanto usarla, se está desgastando, cuenta el policía.

Orellana dice que así como en el caso de Aarón, los policías que fueron seleccionados de delegaciones, subdelegaciones u otras áreas policiales para el PCT, llegaron a otras instalaciones en las que ya no había cupo para más personal y eso ha generado condiciones precarias, pero ellos necesitan esos espacios para dormir, bañarse y hacer sus necesidades fisiológicas.

“Es obvio que va a ser una lucha, porque no nos vamos a dejar”, adelanta, desde la delegación de San Jacinto, Orellana cuando habla de violaciones laborales a las que se ven sometidos y el temor de sus colegas a organizarse por la prohibición constitucional que existe. Lo que pasa con los policías que forman parte del plan de seguridad es, dice, solo una “bomba de tiempo”, porque ya hay algunos que se están quejando y que hablan de manifestarse.