Las flores se marchitan en nueve días.

Tardan un día en ser trasladadas desde Guatemala a El Salvador. Otros cuatro, pasan con el vendedor. Y los cuatro restantes son del cliente. Hasta que mueren de mano en mano.

Rodolfo Garay tiene 21 años de contemplar el ciclo de las flores que vende en un local del mercado San Miguelito, en San Salvador. En este negocio, hay fechas pico, como el día de los Difuntos, el día de los enamorados y, claro, el día de las Madres. Cada 10 de mayo, Rodolfo suele vender cerca de 70 ramos, mismos que comienza a preparar con antelación, entre prisas y nerviosismo. El San Miguelito es el mercado de las flores.

Rodolfo, sin embargo, no está en su local y lo que tiene en la mano son flores artificiales.

Los efectos sufridos en la economía mundial por el covid-19 pueden compararse con la crisis económica de 1929. En un ámbito más local, durante las dos últimas décadas, la economía salvadoreña había crecido un 2 %, pero está amenazada. El país será el más afectado de Centroamérica, sostiene Ricardo Castaneda, economista sénior del Instituto Centroamericana de Estudios Fiscales (ICEFI) para El Salvador y Honduras.

El panorama que plantean los economistas es oscuro. Pero del plan de rescate económico del gobierno salvadoreño aún no se conoce detalles o forma de ejecución. Hasta el lunes 4 de mayo, comerciantes de flores y dueños de pastelerías todavía creían que el 10 de mayo podía ser una fecha para levantarse económicamente. Rodolfo, como muchos otros, buscó ese lunes emprender su propio salvataje y, en una cochera prestada, a una cuadra del mercado San Miguelito, comenzó a vender flores artificiales. En ese momento, la esperanza le daba para creer que las cosas mejorarían.

Con la plata ganada de las flores artificiales, pensaba comprar flores naturales para hacer, quizá no 70, quizá muchos menos, pero haría ramos y los vendería para agasajar a madres de familia. Al teléfono, tenía a un proveedor esperando confirmación del pedido. “Si recibo la flor, la tengo que pagar. Y si no la vendo, la pierdo”, pensaba. Al final, no compró, decidió esperar los anuncios que el presidente de la República, Nayib Bukele, haría en cadena de medios el martes 5 de mayo por la noche.

El puesto de flores de Rodolfo en el mercado San Miguelito es una herencia de su madre. De ahí ha salido el alimento para varias generaciones, pero hoy, ese puesto está cerrado. Rodolfo no lo pisa desde el domingo 22 de marzo, cuando solo llegó a limpiar el local y a botar el agua de las flores en espera de que, simplemente, se marchitaran. Apenas corrían unas horas de la cuarentena obligatoria y él ya tenía pérdidas. Con esto en mente, Rodolfo prefirió ser cauto.

El ICEFI estima que en 2020, 126,000 salvadoreños del sector formal e informal quedarán desempleados, solo al tomar en cuenta un mes de paro de labores. Una proyección más alta que del Observatorio de Políticas Públicas y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), que habla de 95,000 a 110,000 desempleados. Es el doble del desempleo sufrido por el país con la crisis financiera mundial de 2009 y de la que tardó cuatro años en reponerse.

La cadena presidencial de ese martes 5 de mayo sirvió para anunciar más restricciones. Así, quedaron fuera, de tajo, formas comerciales como la modalidad para llevar de los restaurantes, el transporte público, las panaderías que no fuera artesanales, las pastelerías, el transporte de bebidas alcohólicas y carbonatadas y, entre otros, las floristerías. A Rodolfo le vino una mezcla de alivio y angustia. Ya no podría tener su negocio abierto ni con flores artificiales ni con naturales. Eso sí, tampoco tenía una deuda extra porque no hizo el pedido.

Las nuevas restricciones están contenidas en el decreto ejecutivo 22, que paraliza aún más las actividades económicas y que tendrá vigencia hasta el 21 de mayo. “No estamos pensando en la economía, estamos pensando en la salud específicamente. Y estos 15 días son súper necesarios pasar guardados”, dijo el secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, en una conferencia de prensa.

Rodolfo ha hecho caso. Hoy, no tiene clientes. No tiene flores. No tiene trabajo. No tiene ingresos.

El puesto de flores de Rodolfo en el mercado San Miguelito es una herencia de su madre. De ahí ha salido el alimento para varias generaciones, pero hoy, ese puesto está cerrado. Rodolfo no lo pisa desde el domingo 22 de marzo, cuando solo llegó a limpiar el local y a botar el agua de las flores en espera de que, simplemente, se marchitaran. Apenas corrían unas horas de la cuarentena obligatoria y él ya tenía pérdidas.

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La cuarentena para evitar contagios no aplica solo para El Salvador. El covid-19 tiene al mundo detenido. Y este carácter internacional desencadena problemas económicos complejos. Para el economista Castaneda, el alto desempleo previsto se debe a que El Salvador depende del comercio exterior y de las remesas. De acuerdo con las proyecciones del ICEFI, si los ingresos que llegan desde afuera caen en un 20 %, esto se traducirá en la desaparición de otros 71,000 empleos en el año.

Las remesas representan casi la quinta parte de la producción nacional. Y a esto hay que sumarle a los que ya desde antes de la pandemia, no tenían un ingreso fijo.

Pedro Calderón, para muestra, vivía de hacer malabares en un semáforo de San Salvador y estatuas en los pueblos de la Ruta de las Flores. Su madre vendía billetes de lotería. Hoy es imposible que trabajen de lo suyo.

La última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), realizada en 2018, estableció que 354,119 salvadoreños vivían en pobreza y otros 66,755 en pobreza extrema. Los días, para ellos, pintan peor.

En la desesperación por sobrevivir, Pedro y su mamá pensaron que si el alcohol gel era caro en las farmacias, ellos podían hacer uno casero y venderlo mucho más barato. Él buscó tutoriales en Youtube para prepararlo. Al saber el proceso, compró alcohol 90, glicerina y agua oxigenada.

En horas, tenía armada la receta y su mamá salió a vender el producto en pequeños frascos. La solución fue buena, mientras duró. Porque los materiales se acabaron y, cuando quisieron reabastecerse, los precios de los insumos ya habían aumentado de manera escandalosa. El negocio, así, ya no tuvo cuenta.

Antes de la pandemia, para un sector de los salvadoreños ya era imposible cubrir el precio de la canasta básica: $199 para la zona urbana y $145 para la zona rural, según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de 2019. Pedro y su familia han estado desde siempre en ese límite.

Cuando ya no se pudo se en la fábrica casera de gel alcohol, Pedro compró dos cajas de guantes a un amigo y, juntos, buscaron a un proveedor de mascarillas para revender los productos.

“Si no salimos, nos morimos de hambre. Tenemos deudas que pagar. Alquilamos donde nosotros vivimos. Mi mamá, mis sobrinas y yo necesitamos alimentos. Tenemos que ver qué solución viable podemos agarrar para nosotros”, decía Pedro antes del martes, antes de la cadena nacional, antes del decreto 22.

Pedro tiene una motocicleta y la ocupaba para llevar encomiendas. Anunciaba en sus redes sociales que podía hacer viajes por los que cobraba entre $1 y $3. Su mamá, una señora que padece del corazón, salía, en bus, a las 6 de la mañana a vender mascarillas, porque los guantes se agotaron. Se rebuscaban, pues.

Esta familia sabe que, desde el decreto 22, todo aquello dejó de ser una forma viable para percibir dinero. La principal preocupación es que deben dos meses de alquiler la su casa. Están encerrados y la señora no tiene forma de salir a vender, ya que tampoco hay buses. “Ahorita lo que va a tocar es aguantar estos 15 días o hasta donde podamos”, dice Pedro.

Personas que dependían de una ganancia al día, como la mamá de Pedro, serán las más afectadas en esta pandemia. La EHPM dice que 118,069 salvadoreños que trabajan en el área urbana viven de ingresos diarios. El 42.49 % vive del trabajo informal, casi la mitad. “El impacto para ella va a ser en el día a día. Si una empresa cierra o disminuye sus operaciones, disminuye lo que demanda a sus proveedores, estos proveedores van a tener que hacer lo mismo con la empresa: empezar a disminuir personal o disminuir operaciones”, señala la economista Iris Palma.

El Banco Central de Reserva estima que, con el covid-19, la economía salvadoreña caerá -0.4 %, pero el Fondo Monetario Internacional estima que la caída será del -5.4 %. Estos datos, de acuerdo con el análisis realizado por la UFG, representan aumento de la pobreza. Entre 100,000 y 110,000 hogares van a empobrecer.

“Ante un escenario en el cual la política pública no dé respuesta, lo que vamos a ver son aumentos sustanciales de la pobreza, pero también del hambre”, sostiene Castaneda.

Ese martes en que Rodolfo se debatía entre si comprar o no las flores y mientras Pedro pensaba en cómo sacarle el máximo a su motocicleta para hacer mandados, El Salvador entero amaneció con más deuda.

En la madrugada, 56 diputados del bloque de derecha le aprobaron al gobierno un préstamo de $1 mil millones, que se suma a otro aprobado en marzo por $2 mil millones. Entre los objetivos planteados por el Ejecutivo para la utilización del dinero está la reactivación económica del país, pero públicamente no se ha anunciado cómo funcionarán las iniciativas.

El ICEFI indica que, antes del covid-19, los niveles de deuda del país eran del 72 % del Producto Interno Bruto (PIB), pero plantea que, con la aprobación de los dos últimos préstamos, la deuda será del 90 %. Y aunque existan deudas aprobadas, no necesariamente el dinero podrá obtenerse en el mercado internacional.

La agencia de riesgo Fitch Ratings advirtió el mes pasado que El Salvador había bajado la calificación crediticia a negativa. Esto se traduce en que carece de confianza para pagar la deuda a los inversionistas.

En la cadena nacional del pasado martes por la noche, Bukele no explicó nada sobre los últimos préstamos ni sobre la ejecución de las medidas económica. Se limitó a coaccionar a las personas para que no salieran de sus casas y condicionó la reactivación económica de diferentes rubros al comportamiento de la curva del covid-19 en estos 15 días.

El encierro es lo que le ha tocado a Rodolfo y a la familia de Pedro. Y ninguno fue beneficiado con el bono de $300 que el gobierno entregó a manera de compensación a familias de comerciantes informales o desempleados afectados por la cuarentena y, para lo que se dijo, había un fondo de $450 millones. El beneficio debía alcanzar a un millón y medio de familias.

“Seguramente se van a ver nuevas expresiones de migración. Mucha gente, al no ver oportunidades en el país, va a decir arriesgarse, pero también se ponen en riesgos indicadores como la gobernabilidad democrática o el mismo tema de inseguridad”, apunta Castaneda.

El préstamo aprobado el martes tiene entre sus iniciativas el destino de $100 mil millones para la creación de un programa de financiamiento productivo para empresarios del sector informal, pero si Rodolfo o la familia de Pedro quieren solicitar la ayuda estatal, deben tener un crédito, en categoría de riesgo A o B, en el sistema financiero nacional o cooperativo.

“Mucha de esta gente recurre, por ejemplo, a usureros. Ahí es donde la política pública, en su formulación, es muy probable que no responda a su práctica. Estas son como las letras pequeñas que pueden modificarse para que sea una política pública eficaz, es decir, que llegue a quien tiene que llegar”, menciona Nayda Acevedo, especialista en políticas públicas, quien tuvo acceso al documento de medidas económicas días antes de que la Asamblea Legislativa las aprobara.

El sector informal, agrega Acevedo, es variado en rubros. En él trabajan personas que nunca han accedido a créditos. Sin embargo, la especialista ve esta iniciativa como una oportunidad para que el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) comience mecanismos de diálogo, coordinación y organización para ayudarle, principalmente, a las mujeres. De esa forma no se gestiona la pobreza, sino que se fortalece la capacidad económica de los salvadoreños.

“Es el famoso enfoque de derechos en una política pública: no les des el pescado, enséñales a pescar”, insiste Acevedo.

“Si no salimos, nos morimos de hambre. Tenemos deudas que pagar. Alquilamos donde nosotros vivimos. Mi mamá, mis sobrinas y yo necesitamos alimentos. Tenemos que ver qué solución viable podemos agarrar para nosotros”, decía Pedro antes del martes, antes de la cadena nacional, antes del decreto 22.

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Andrea Córdova cerró su salón de belleza el miércoles 18 de marzo. Desde temprano, junto a una de sus empleadas, estuvo esperando a dos clientas. Una quería un alisado de cabello y la otra un pedicure con esmaltado permanente. Ninguna llegó. Ninguna le avisó que no llegaría. Tampoco hubo más clientes que la buscaran por redes sociales.

“Al final, ese día, nosotras estuvimos esperando hasta como las cuatro y media para ver si salía alguna clienta y no, para nada, ya era en vano el esfuerzo de movernos. Más era la exposición, el gasto. Ya no me escribían ni por cerca para decirme: ‘mire, quiero cortarme el pelo’, cuenta.

Las ventas ya venían malas. Así que antes de cerrar el negocio, Andrea acordó con sus tres empleadas que no irían juntas al salón, porque ya no había demanda. Bastaría con que se turnaran para que solo una la acompañara. El plan se acabó ese 18 de marzo.

Por no tener ingresos, Andrea dejó de alquilar la casa en la que vivía y se mudó con su mamá. Es madre soltera de una niña y no podía sostener los gastos. Debe el alquiler del local que usaba como salón y los dueños le están cobrando el arriendo.

Andrea intentó, como Rodolfo y como Pedro, impulsar su propio plan de rescate. Así, ideó vender servicios a futuro. Creó certificados de belleza como regalo para las mamás, que podrían canjear para “cuando todo volviera a la normalidad”. A inicios de la semana, todavía abrazaba la esperanza de venderlos y, el domingo, enviarlos a domicilio, a manera de regalo sorpresa. El decreto 22 desbarató, también, este plan.

La Encuesta Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 2017, a cargo de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), establece que de las 317,795 unidades económicas tomadas en cuenta, el 60.76 % se cataloga microempresas, negocios, al igual que el de Andrea, compuestos por entre 1 y 10 personas.

Solo tras solicitarlo dos veces, Andrea fue beneficiada con el bono de $300 que dio el gobierno, pero no todos en su rubro corrieron con esa suerte. Representantes de los salones de belleza se reunieron con Rolando Castro, el ministro de Trabajo, y le pidieron que les ayudara con el bono, pero Castro les dijo que ya no había dinero. Lo que sea que quede del fondo de $450 millones ya no está disponible para gente como los colegas de Andrea.

También le pidieron canastas básicas, ayuda económica para los empleados y acceso a créditos con procesos simplificados. La reunión fue a finales de abril y nada de lo solicitado se ha cumplido aún.

El gremio está a la espera de qué podrá hacer con el plan económico aprobado al gobierno. Para optar a este beneficio, Andrea tramitó esta semana el registro de su salón como micro empresa.

La Cámara de Comercio e Industrias de El Salvador hizo una encuesta, a inicios de abril, para tener un diagnóstico de la situación de 1,009 empresas. El 43.8 % de las empresas encuestadas eran micros.

De todas las empresas que participaron, el 94.70 % dijo que sus ventas habían disminuido por la cuarentena obligatoria. 37.9 % respondió que sus ventas habían caído totalmente y un 23 % aseguró que, si la cuarentena seguía desde esa fecha hasta cuatro semanas más, decidiría suspender operaciones o reducirlas.

Las empleadas de Andrea esperan encontrar su trabajo después de la cuarentena. Ella no sabe cómo van a estar las ventas cuando abra el salón. Quiere reponerse ofreciendo servicios de belleza a domicilio.

“Todos los días hay despidos, obviamente, es normal en la empresa. Pero nunca, me atrevo a decir, hemos visto en los últimos 10-15 años, una amenaza tan grande para las empresas para cerrar operaciones. Y no va a ser por un tema de modelo de negocios, va a ser un tema de ‘no logré sobrevivir a la pandemia’. Y muchas empresas, lamentablemente, se van a ir por ese lado”, advierte Palma.

La economista señala que las características de informalidad de las micros y pequeñas empresas las vuelve vulnerables a morir rápido, a diferencia de una mediana o gran empresa.

Una parte del paquete medidas económicas que la Asamblea Legislativa le aprobó al gobierno es la Ley de Protección al Empleo Salvadoreño, que establece la creación de un programa de subsidios para las micros, pequeñas y medianas empresas afectadas por el covid-19 y cuyos patrones estén registrados en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)

En el ISSS cotizan 1,030,865 personas, según la última actualización de patronos y trabajadores, que es de diciembre de 2019.

Para el subsidio, administrado por Bandesal, serán destinados $140 millones y el banco podrá darle a las empresas hasta $500 por empleado.

Andrea y sus tres empleadas no cotizan en el ISSS, y para este beneficio del gobierno, las empresas deben tener registradas en el seguro a 100 empleados, o menos, en el plazo que abarca de diciembre del año pasado a febrero de este año. También deben haber reportado ingresos anuales menores o hasta por $7 millones, entre 2018 y marzo de 2020.

A Castaneda la parece que con esta propuesta CONAMYPE tuvo que haber jugado un rol protagónico para identificar a las empresas y no dejar de lado a las empresas del sector informal. “(Pudieron) establecer no solo líneas de crédito, sino fondos no reembolsables que pudieran haber sido en unas cuantías muy pequeñas, porque recordemos cómo funciona el sector informal en nuestro país, las cantidades que manejan son cantidades muy pequeñas”, detalla Castaneda.

Aunque esto puede significar ayuda para algunas empresas, Palma sostiene que las medidas económicas llegaron tarde, porque la gente puede abrir sus negocios cuando se levante la cuarentena obligatoria, pero no hay garantías de que comiencen a operar. Tendrán que hacer la solicitud de crédito a Bandesal, si es el caso, y esperar a que les aprueben los fondos.

“Yo entiendo que la prioridad es la salud, pero, realmente, de hambre también la gente muere”, precisa.

Lilibeth inició, en febrero, con una venta de comida sobre el bulevar Los Héroes. Para montarla invirtió sus ahorros y ya comenzaba a tener clientes. La pandemia la obligó a cerrarla y también a cerrar un puesto de comida que tenía afuera de la Universidad de El Salvador. Sin oficinas funcionando y sin estudiantes que le compraran, era imposible sostenerse, y lo será hasta que termine la cuarentena.

“Hay personas que necesitan ingresos o que su dinámica de consumo y de gastos depende de ingresos continuos, aunque bajos, pero continuos con el tiempo”, explica Saira Barrera, economista y docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

Barrera señala que desde un inicio de la cuarentena no fue claro el tiempo de su duración, pero que El Salvador pudo haber atendido la extensión a partir de la experiencia de otros países que atraviesan la pandemia. No haberlo pensado, dice la economista, puede reducir la efectividad de algunas medidas que el gobierno piensa implementar o la ampliación para que lleguen a sectores que, quizá, en otros momentos no habrían necesitado de ayuda. Hubo empresas que podrían parar operaciones 15 días o un mes. No más.

Lilibeth también es actriz y el de los artistas es otro de los sectores más afectados por la cuarentena. Con espacios artísticos cerrados y la prohibición de la aglomeración de personas, no devenga nada del arte.

Ella está gastando los pocos ahorros que le quedan para sobrevivir y consume parte de los insumos que compró para sus negocios. Las deudas, sin embargo, no paran. Tiene que pagar recibos y adeuda el alquiler del local donde montó el comedor. La dueña de este local ha sido consciente y no le ha cobrado el alquiler en el tiempo que tiene sin trabajar. Pero esto no es una condonación, más adelante, tendrá que liquidar.

Barrera espera que la Asamblea Legislativa haya contado con un plan o un mapeo de los montos destinados a cada uno de los programas propuestos por el gobierno, para que así se justifique por qué el dinero va a estos rubros y no a otros. Porque con base a los datos de cotizantes del ISSS, dice, los sectores donde hay más empleadores son las maquilas, restaurantes, comercio, agencias de empleo y el sector de enseñanza.

Lilibeth no sabe qué hacer cuando la cuarentena termine. Hay gente que le aconseja que busque otras opciones de venta, como la entrega de comida a domicilio. Al valorarlo, esto significa más costos y un riesgo de inversión.

“Es preocupante, porque digo: ‘tengo que tomar decisiones en cuanto a qué se va a hacer’, porque no es que levanten la cuarentena y todo va a regresar a la normalidad”, dice.

Y, por ahora, todo un ejército de comerciantes está en las mismas. Lilibeth, sus colaboradores y proveedores – así como también Rodolfo, Pedro y Andrea- están haciendo malabares con un pie en el desempleo y otro en el hambre.