La noche del 30 de junio de 2018, Jocelyn Abarca salió con un grupo de amigos. En plena reunión, comenzó a recibir varias llamadas y mensajes de Ronald Urbina, su pareja. Contestó algunos, pero al percibirlo enojado, prefirió ya no seguir contestándole. Él, entonces, insistente en controlarla, llamó a sus compañeros de trabajo, a su familia y a su jefe.

Por esto, ni por noche ni al día siguiente, Abarca regresó a su apartamento, en la colonia Altos del Cerro, en Soyapango, donde vivía con Urbina. Lo que se convirtió en el detonante para que Urbina no parara de discutir. Abarca les había contado a sus amigas que quería separarse de él y había llegado al punto de hacer maletas para marcharse, pero él se había opuesto.

Abarca tenía 26 años y era egresada de la carrera de psicología. Con un crédito había comprado un carro y el apartamento donde vivía. Urbina, un distribuidor de agua embotellada, no toleraba que su pareja se superara, dice la investigación fiscal. Se burlaba del grado académico de Abarca y le decía que su título no le iba a servir para nada. Era, además, quien le autorizaba si se pintaba o se cortaba el pelo.

Las discusiones de aquellos días no eran nuevas. Urbina violentaba a Abarca y ya la había intentado asfixiar. Y, entre la noche del miércoles 4 y la madrugada del jueves 5 de julio, la violencia llegó al límite máximo. Según la FGR, la asesinó de 40 puñaladas en su apartamento y desmembró su cuerpo, del que luego se deshizo entre San Salvador y Antiguo Cuscatlán. Usó el carro de Abarca.

Urbina fue capturado el 11 de julio. Cinco días después, fue llevado a la audiencia inicial al Juzgado 11° de Paz de San Salvador, donde las dos fiscales del caso expusieron al juez Omar Hernández que Abarca fue asesinada porque ya no quería seguir en una relación con Urbina, y que esta relación fue desigual, porque él siempre la como vio un objeto de su pertenencia. Abarca había intentado liberarse.

Entre lo que encontraron los fiscales cuando allanaron el apartamento de Abarca estaba el libro “Violencia intrafamiliar, un grito en el silencio”, con el cual los fiscales llegaron a presumir que Abarca se documentaba sobre lo que vivía en su relación.

El juez Hernández, por tratarse de un feminicidio agravado, la escala más alta del ciclo de violencia género y contemplado entre los 11 delitos de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LIEV), remitió el caso de Abarca al Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer de San Salvador. Pero a cuatro meses que se cumplan los dos años que legalmente Urbina puede estar detenido al ser acusado de un delito grave, todavía no llega la audiencia de instrucción ni hay fecha para realizarla, confirma la FGR.

El equipo con el funciona este juzgado, de acuerdo con información oficial de la CSJ, está conformado por 11 personas: una jueza, un secretario, siete colaboradores judiciales y dos notificadores. Y de los seis Juzgados Especializados de la Mujer que hay en El Salvador, es el más cargado con procesos, porque atiende los siete departamentos de la zona central y paracentral.

En 2018, el tribunal recibió 1,067 casos y 817 más en 2019. El personal labora en una casa que ha sido adaptada para funcionar como un juzgado y como Cámara Especializada de la Mujer, donde las víctimas, los abogados y fiscales que esperan realizar trámites, se sientan en cuatro filas de silla, en una cochera, a la par de una reducida ludoteca.

En este lugar, es imposible que una víctima que lleva un proceso legal no se encuentre con el acusado.

Las flores favoritas de la agente Carla Mayarí Ayala eran los girasoles, estas que sobresalían de entre todas en su entierro, cuando un dispositivo de policías esperó sus restos en un cementerio privado de San Salvador, el 21 de septiembre de 2018.

Ayala había trabajado durante 20 años en la Policía Nacional Civil (PNC), la institución que la despedía sin que hasta entonces, el también colega, Juan Josué Castillo Arévalo, estuviera detenido. Y todavía no lo está.

La agente fue asesinada después de ser privada de libertad en una fiesta navideña del extinto Grupo de Reacción Policial, a finales de diciembre de 2017. El principal sospechoso del crimen es, para la FGR, Castillo Arévalo.

Tras meses de estar desaparecida, las osamentas de Ayala fueron encontradas en septiembre de 2018 en el caserío Los Ríos, del cantón Los Hornos, en San Francisco Javier, en Usulután, el municipio en el que vivía Castillo Arévalo.

Durante el entierro, el exdirector de la PNC, Howard Cotto, cerró su discurso con una promesa para la madre de la víctima y familiares: llevar ante la justicia a los responsables del asesinato. Sin embargo, el caso fue judicializado en junio de 2018, y entre los detenidos nunca ha estado Castillo Arévalo.

En este proceso de feminicidio agravado son acusadas 13 personas, entre familiares de Castillo Arévalo y agentes señalados de haber sido cómplices del crimen. Tres de los acusados salieron de la cárcel el 18 de diciembre pasado, cuando el Juzgado Especializado de Sentencia de San Salvador realizó una audiencia especial, porque estaba próximo a vencerse el plazo de su detención. Y aunque el juicio ya estaba programado para una semana antes, la juzgadora no lo instaló, porque tuvo que responder escritos presentados por abogados defensores que estaban inconformes con que sus clientes hayan sido enviados a sentencia.

“Muchos de los casos que llegan a sentencia, sobre todo a Sentencia San Salvador, ya llegan con el plazo a punto de vencerse. Imagínese lo que implica dejar en libertad a alguien que está siendo procesado, por ejemplo, por un feminicidio, porque se ha vencido el plazo de la detención provisional sin que tengamos una sentencia. Entonces, ahí ni modo”, sostiene una fuente de Órgano Judicial, que no quiso identificarse, pero que se encargada de tramitar procesos en los Juzgados Especializados de la Mujer.

La última Encuesta del Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM), de 2018, a cargo de la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, dice que en el país hay 3,516,910 mujeres, lo que representa el 52.9 % de la población.

Desde 2015 hasta junio de 2019, hay cinco informes sobre hechos de violencia contra las mujeres elaborados por el Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra Las Mujeres (SNDVM), que retoman cinco indicadores de las instituciones de seguridad y justicia, y del Ministerio de Trabajo: violencia feminicida, física, patrimonial, sexual y laboral.

Todos los informes suman más de 93 mil denuncias, precisa Silvia Juárez, abogada de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), y al menos el de 2019, fue construidos a partir de encuestas que contestaron mujeres mayores de 15 años, de las cuales, 6 de cada 100 dijeron haber denunciado los hechos de los que eran víctimas.

“Si pensáramos que, en realidad, la mayoría atendieran a las campañas famosas de ‘renuncia al silencio’, el sistema estaría colapsado”, advierte Juárez.

Con base en el SNDVM, ORMUSA ha determinado que entre enero y junio de 2019, solo 26 % de estas denuncias alcanzaron condenas. En el mismo periodo de 2018, el año en el que Jocelyn Abarca fue asesinada y que fue judicializado el caso de Carla Ayala, la impunidad alcanzó el 77 % de los casos.

La organización ha establecido estos datos a través de la medición de sistema de cargas: cuántos casos ingresaron al sistema en ese tiempo y cuántos el sistema fue capaz de resolver en el mismo periodo.

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Las autoridades encontraron el cuerpo de Abarca. Estaba desmembrado en seis partes, en una ribera del río Acelhuate, entre la 17 ° avenida sur y la calle Gerardo Barrios, en San Salvador. Era el 6 de julio de 2018. Cuatro días después, su cabeza apareció en una quebrada de Antiguo Cuscatlán.

Hasta el 5 de julio, Urbina, la pareja de Abarca, se hizo pasar por ella para comunicarse con su familia a través de Whatsapp. Pero él ya la había matado, dijo en su momento la FGR. Al recibir mensajes poco usuales, la familia de Abarca denunció su desaparición y esta denuncia terminó con la captura de Urbina.

En el allanamiento de la casa de Abarca, la FGR también encontró rastros de sangre, que ya se sometieron a prueba científica, lo que ha fortalecido la hipótesis investigativa de que Urbina fue quien asesinó a la joven en su propio apartamento, sostiene la Coordinadora Nacional de la Mujer de la FGR, Gabriela Sagastume. Pasado más de un año y medio desde que comenzó la investigación, la FGR solo está a la espera que haya una fecha para la audiencia preliminar.

El único freno que existe en un juzgado para extender por un año más la detención de un acusado es cuando ya hay una sentencia y un tribunal superior, en este caso la Cámara Especializada de la Mujer, interviene, mientras los abogados o los fiscales están habilitados a presentar recursos y a esperar su respuesta. De lo contrario, si todavía no hay una sentencia, por ley, los jueces están obligados a liberarlo e imponerle medidas que garanticen que siempre siga siendo parte del proceso judicial. Esto incrementa el riesgo de fuga, dice la fuente judicial que está vinculada a tramitar procesos en los Juzgados Especializados de la Mujer

Agrega que en el tiempo que la Cámara Especializada de la Mujer tiene de funcionar, desde el 3 de enero de 2018, ha atendido hasta el 25 de febrero de este año, menos de 10 casos con detenciones vencidas cuando aún no hay una condena. Esto representa menos del 0.3 % de casos por mes, pero advierte que se convierte en un indicador de que no se está llevando justicia en los plazos legales.

Para respaldar lo que dice, la fuente se refiere a que en la cámara hay denuncias de fiscales y abogados contra los juzgados de instrucción de Santa Ana y San Salvador por demorarse en dar resoluciones. La cámara ha intervenido y, en el 98 % de los casos, ha dado la razón de los atrasos. Ha pedido un informe de lo que sucede a los juzgados, pero de estos, solo ha recibido respuesta del tribunal de la capital, que también envía al mismo tiempo la resolución por cuya demora fue denunciado. No ha habido respuesta por parte de Santa Ana, un juzgado que el año pasado recibió un total de 309 casos.

La Oficina de Información y Respuesta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) da cuenta de que entre enero de 2018 y julio 2019, hubo 83 denuncias en la cámara porque los jueces tardaron en entregar resoluciones. En julio de 2018 fue presentada más de la tercer parte de las denuncias.

Tres de estas denuncias las ha presentado la FGR por el caso de Abarca, asegura la fiscal Sagastume, ya que esta es la única alternativa legal para que el Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer en San Salvador programe una fecha para la audiencia preliminar antes que se venza el plazo de la detención provisional de Urbina. Pero, dice, la jueza de este tribunal ha manifestado que no puede hacerlo, porque está saturada de trabajo.

“No es culpa de la jueza. ¿Cómo se le ocurre a la Corte hacer solo un juzgado de instrucción para que tenga competencia de siete departamentos del país, la mitad del país, y aparte de eso, de un tema que ellos tenían estadísticas del ingreso de violencia de la mujer y sabían que eran estadísticas elevadas?”, cuestiona Sagastume.

La fiscal menciona que las juezas de instrucción, por la carga laboral, han llegado a remitir los expedientes desde sus juzgados hasta los de sentencia, a los 23 meses que un proceso ha iniciado. Es decir, la FGR y los defensores solo tienen mes para llegar a una sentencia, antes de que al acusado se le venza la detención provisional.

“Muchos de los casos que llegan a sentencia, sobre todo a Sentencia San Salvador, ya llegan con el plazo a punto de vencerse. Imagínese lo que implica dejar en libertad a alguien que está siendo procesado, por ejemplo, por un feminicidio, porque se ha vencido el plazo de la detención provisional sin que tengamos una sentencia. Entonces, ahí ni modo”, sostiene una fuente de Órgano Judicial, que no quiso identificarse, pero que se encargada de tramitar

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La jueza ha tenido que venir a trabajar los fines de semana para salir con todo el trabajo que tiene. Es una de las tres juezas Especializadas de Instrucción que hay a nivel nacional, pero prefiere no identificarse. Es la 1 de la tarde de un viernes y acaba de almorzar, pero antes tuvo que juzgar.

Todas las mañanas, esta jueza ha ideado una mecánica de trabajo: programa las audiencias intrafamiliares, de las que tiene más casos, entre las 8:00 de la mañana a 9:30, para luego quedarse con otras audiencias.

“Hemos hecho lo humanamente imposible para que no exista un desbordamiento de la jurisdicción aquí. El personal ha sido muy sensibilizado en la materia y pues ha dado hasta más de lo que puede dar un empleado”, dice, pero acepta que su despacho tiene mora en los casos.

Los primeros dos Juzgados Especializados de la Mujer, de instrucción y sentencia, nacieron en San Salvador, en julio de 2017. Fue hasta enero de 2018 que comenzaron a funcionar dos más de instrucción y sentencia, en San Miguel y Santa Ana, autorizados para atender procesos de los cuatro departamentos de la zona oriental y los tres de la zona occidental, respectivamente.

Son los tres Juzgados Especializados de Instrucción, donde aún está el caso de Abarca, los que, de acuerdo con información oficial de la CSJ, tienen mayor carga laboral. Y es que ellos fueron creados para recibir diferentes tipos de procesos.

En su decreto de creación, la Asamblea Legislativa estableció que estos tres juzgados conocieran los 11 delitos especiales de la LEIV, que como el de Abarca y Ayala, fueron presentados por la FGR en un juzgado no especializado y luego fueron remitidos a los tribunales de la mujer.

Los juzgados también conocen cinco delitos específicos del Código Penal y casos en los que existe un delito del Código Penal mezclado con los 11 delitos de la LEIV. Por ejemplo, una mujer que haya sufrido de lesiones, pero que antes de ser lesionada también haya sido víctima de expresiones de violencia. De forma similar también funciona aquí la Ley de Delitos Informáticos.

A esto se suma que la posibilidad que tienen estos tribunales para procesar hechos de violencia intrafamiliar, decretar medidas de protección a las víctimas e imponer y dar seguimiento a medidas cautelares cuando exista discriminación a la mujer motivada por el género. Esta última función de los juzgados está basada en la Ley de Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, de la que todavía no hay un procedimiento como tal.

Es toda esta cantidad de procesos que están aptos para recibir lo que diferencia a los Juzgados Especializados de Instrucción de la Mujer con los de sentencia. Los últimos conocen los casos penales que le envían los Especializados de Instrucción de la Mujer. También pueden hacerlo los juzgados comunes de instrucción, solo cuando los jueces analizan que un caso que llega a sus tribunales, hasta entonces, no ha sido considerado violencia de género, pero sí lo es.

Aunque el decreto de creación de los Juzgados Especializados de la Mujer estableció que estos estaban facultados de conocer casos relacionados con la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar cuando la víctima fuera mujer y esto no implicara un delito, la jueza de instrucción dice que los juzgados de familia y de paz de la zona donde trabaja, que ya conocían de estos hechos, comenzaron a mandarles todos los casos a su tribunal con la idea de que fuera ella quien los resolviera.

No pasó solo en esa zona, Juárez conoce de casos de mujeres que fueron remitidas desde los juzgados de paz de la zona central y paracentral y desde los juzgados de familia, para el especializado de instrucción de San Salvador, con la excusa que en esta sede las atenderían mejor.

Esto hizo que la CSJ, el 20 de octubre de 2018, enviara una circular a los jueces de familia y de paz, en la que les indicó que después de un estudio había determinado que, gran parte de la saturación de los Juzgados Especializados de Instrucción de la Mujer, se debía al envío de las denuncias por violencia intrafamiliar, cuando ellos también eran responsables de no solo recibirlas, sino de tramitarlas hasta que el proceso terminara.

Más allá de las competencias de los juzgados, Juárez señala lo que esto significa para la realidad de una mujer que sufre violencia y necesitaba ayuda del juzgado más cercano. “¿Qué va a pasar? Ella va a ir a un juez de paz, le va a pedir auxilio, él le va a decir que no. Sencillamente va a regresar a la casa y va a favorecer la impunidad”, dice, y asegura que ante la carga laboral, las juezas de instrucción priorizan los casos donde todavía no hay un hecho consumado y se enfocan en aquellos en donde hay un potencial riesgo feminicida, pero no debería ser así.

El informe de 2018 de la SNDVM señala que ese año, los juzgados emitieron 3,483 medidas de protección para que los victimarios no se acercaran a la casa, al lugar de trabajo o de estudio de las víctimas. Este acercamiento, que representa un 8 % del total de causas de la aprobación de las medidas, significa riesgo para un feminicidio, pero es la medida que menos otorgan los jueces, apunta Juárez.

La abogada, además, se refiere a la EHPM de 2017, que arrojó que el 94 % de las víctimas de violencia dijeron no confiar en el sistema, porque este fue incapaz de detectar la violencia por sí solo, cuando le corresponde de oficio, pero lo hace hasta cuando ya hay denuncias.

Desde ORMUSA se apuesta a tener centralizado un sistema de alerta temprana, para presentarlo a la PNC y así esta institución pueda identificar cuando un hombre esté incumpliendo medidas de protección a la víctima. “La apuesta de ORMUSA es que haya mujeres vivas, que no las asesinen”, dice Juárez.

La jueza de instrucción que habló con la Revista Séptimo Sentido sostiene que la violencia de género no se está atacando, porque la realidad demuestra que la violencia intrafamiliar puede terminar con la muerte de una mujer. Pero ella apunta a la falta de preparación de los fiscales para representar a las víctimas. “La Fiscalía está en deuda con las víctimas de violencia de género. La Fiscalía no investiga, y sé que tienen una saturación de carga increíble, que las de la Unidad de la Niñez, Adolescencia y la Mujer son unas unidades que tienen un sin fin de casos, pero si se judicializa uno se deben realizar todas las diligencias para que no se le mande un mal anuncio a la sociedad: pegarle a una mujer y aquí no pasó nada”, aclara la juzgadora.

Cuenta que su tribunal ha estado inconforme, dos veces, con decisiones que han tomado fiscales, avaladas por sus superiores, que dejan en desventaja a las víctimas ante el sistema. Una de ellas está relacionada con la petición de sobreseimiento definitivo en un caso de lesiones, que por el vínculo entre la víctima y el victimario, debieron ser agravadas, pero no fue así.

En este caso, la FGR dijo que la víctima ya no deseaba continuar con el proceso, pero desde la institución que tiene el monopolio investigativo en el país, no se analizó el círculo de la violencia que ella sufría y que, por aquel momento, la víctima estaba en la etapa de luna de miel y había perdonado a su victimario, señala la juzgadora.

Uno de los problemas que ORMUSA ha identificado en los juzgados especializados, específicamente en los de San Salvador, es que su carga laboral no les permite que haya calidad en sus resoluciones, como la hubo cuando iniciaron a funcionar: fundamentadas bajo una perspectiva de género y desde el derecho antidiscriminatorio, y con la aplicación de estándares internacionales de protección a derechos humanos. Además, a criterio de Juárez, hay resoluciones de la Cámara Especializada de la Mujer que favorecen la impunidad, porque revierten decisiones de los tribunales aplicando las leyes comunes y no enfocadas en la violencia de género.

En esto coincide Sagastume. “Yo sí he visto resoluciones de la Cámara Especializada que me las podría haber hecho cualquier cámara penal. Sin perspectiva de género, sin ver la vulnerabilidad de la víctima”, aduce.

Según Sagastume, en algunos casos no han podido hacer uso de cámaras Gesell, necesarias para que la víctima se sienta en un ambiente agradable para declarar y no esté viendo a su victimario. Lo hacen, dice, basados en el artículo 57 de la LEIV, que establece que la víctima puede dar su testimonio en condiciones especiales y de protección, con el objetivo de evitar el sufrimiento de las víctimas, quienes a veces pasan hasta dos años en los procesos judiciales por la carga de los juzgados.

Pero para la fiscal, el tribunal superior entiende que esto se trata de una prueba anticipada que la FGR pide y deja entrever que el ministerio público no va a tener disponible a la víctima durante el proceso. Les ha llegado a pedir como requisito que la solicitud del uso de la cámara Gesell esté amparado en el peritaje psicológico de las víctimas, cuando muchos de estos peritajes ni siquiera lo valoran como una opción para que la víctima declare.

El 18 de enero de 2018, la mamá de Carla Ayala llegó a Casa Presidencia para entregarle una carta al expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, en la que exigió esfuerzos para encontrar a su hija y que esto no fuera un caso más sin respuesta.

La PNC, en septiembre de ese año, dijo, todavía sin base científica, que los restos encontrados en el caserío Los Ríos eran de Ayala. Oficialmente la institución también señaló que había sido la misma madre de Ayala que había reconocido prendas de ella en la escena.

Estas declaraciones hicieron que, un sábado, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) montara una conferencia de prensa, en la cual su director, José María Tojeira, calificó de show y poco responsable lo que la policía estaba haciendo. Arnau Baulenas, abogado de este instituto, insistió en que no era justo para la familia de Ayala que se estuvieran haciendo especulaciones.

El IDHUCA es el acusador particular en el caso de Ayala y ha pedido a la PNC que indemnice a la familia de la agente. Ya el 20 de noviembre del año pasado, Baulenas advertía que era alarmante que el caso de Ayala todavía no terminara.

“El acompañamiento es determinante, porque no es solamente estar ahí al lado de la mujer, sino que la mujer siente como ese apoyo, porque se va a enfrentar con la persona en un medio en que muchas veces es intimidante: una mesa donde está un juez, está el denunciado que le ha propiciado violencia, que puede ser por años”, dice Marta Bessy Chacón, la Coordinadora Nacional de la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres de la Procuraduría General de la República (PGR).

La PGR es una de las instituciones estatales que dan acompañamiento psicológico y legal a las mujeres que son víctimas de violencia, además de prestarles el servicio de representación legal en los procesos. Hasta el momento cuenta con 50 personas, entre psicólogos, trabajadores sociales y abogados, que forman equipos especializados para brindar este servicio en las 15 de las 18 procuradurías auxiliares que hay a nivel nacional.

La PGR puede remitir a mujeres que sufren violencia a los tribunales especializados, cuenta la socióloga Beraliz Argueta.

Argueta, la única en su rama dentro del único equipo multidisciplinario que trabaja para estos juzgados, habla que no dan abasto con todas sus responsabilidades por la carga que hay en los tribunales. El grupo, que además, está conformado por cuatro psicólogos, un educador y tres trabajadores sociales, fue contratado por la CSJ con la idea que ayudaran a los juzgados, entre otras responsabilidades, haciendo diferentes tipos de informes que, no son pruebas en los procesos judiciales, pero que les ayuda a las juezas a analizar el contexto en el que vive una mujer que es víctima de violencia.

Parte de sus funciones también consiste en verificar la necesidad de medidas de protección que piden las mujeres a los juzgados y verificar que, una vez otorgadas, el hombre denunciado las cumpla. Pero esto requiere tiempo y recursos, y el equipo estaba atendiendo solo hasta el 17 de febrero la tercera parte de todos los casos que trabajaron en 2019. Son más de 60 casos que tienen que atender los psicólogos y trabajadores sociales, cinco casos por semana.

En papel ha quedado la existencia de más equipos multidisciplinarios que estableció el decreto de creación de los juzgados especializados. Ante esta carencia, la jueza de instrucción a la que entrevistó esta revista, se auxilia de trabajadores sociales de los juzgados de familia. Ellos, sin embargo, comenzaron trabajando peritajes sin ningún enfoque de género, dice.

Argueta señala que el gobierno de Nayib Bukele no ha dado prioridad a las mujeres víctimas de violencia. Para explicarlo mejor, se refiere al despido de la mayoría de los colaboradores de las Oficinas Locales de Atención a las Víctimas, que es parte del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y de donde ellos remitían a mujeres para que contaran con asesoría legal.

Juárez retoma el SNDVM de 2018, que revela que la inversión del todas las carteras de Estado para las mujeres es de menos del 1 % del Presupuesto General de la Nación, por lo que considera que esto se trata de un problema masivo y sistemático.

El Órgano Judicial es el órgano que más dinero dispone del presupuesto, alcanzando el 6 %. El monto para operar en el 2020 es de $302, 250,265. Más de la mitad de está destinado a la administración de justicia. De acuerdo con la magistrada presidenta de la Sala de lo Penal de la CSJ, Doris Luz Rivas Galindo, el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador contará con una jueza interina que recibirá los nuevos procesos, al tiempo que la actual jueza atienda los ya ingresados. Esto, asegura la Unidad de Comunicaciones de la institución, será a partir del 1 de abril.

La funcionaria también dice que se tiene previsto que, en agosto, haya dos juzgados más de instrucción en San Salvador, y dependiendo del flujo de procesos, se cree otro de sentencia.

“Creo que si se lograra capacitar a todos los jueces con enfoque de género, el fenómeno (la saturación) se erradicaría”, señala la jueza de instrucción entrevistada, y habla esfuerzos desde la CSJ y el Consejo Nacional de la Judicatura para capacitar a los jueces.

El juicio sobre el caso de la agente Carla Ayala está programa para que inicie el 16 de marzo. En el caso de Jocelyn Abarca, todavía es incierto cuándo será la audiencia preliminar. Mientras, más mujeres que están siendo víctimas de violencia se avocan a un sistema saturado, que no está a la altura del problema.