En Malí, la violencia no da tregua

Los desplazados internos siguen aumentando. El Consejo Noruego para los Refugiados advierte de que la situación humanitaria empeorará si sigue la tendencia actual, y defiende que la solución no puede ser solo militar.

Fotografías de Agencias
Bloqueo. Las agencias de la ONU dedicadas a la alimentación denunciaron el bloqueo de la ayuda humanitaria como uno de los factores que contribuyen al aumento del hambre en los países en conflicto.

El número de desplazados internos en Malí se duplicó en el segundo semestre de 2018 y no parece que vaya a disminuir a la luz de cómo ha empezado este año, con una persistencia de la violencia tanto a manos de los yihadistas, como la de carácter intercomunitario y la ocasionada por la acción de las fuerzas de seguridad, según advierte el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), que sostiene que la solución a esta crisis no llegará solo por la vía militar.

Según los últimos datos de la ONU, a finales de 2018 había en Malí unos 120,300 desplazados internos, un 92 % más de los 62,600 que había a finales de junio. El aumento ha sido acusado especialmente en la región de Mopti, en el centro del país y una de las más afectadas por la violencia, donde en un año los desplazados han pasado de unos 2,000 a 56,500 a finales de 2018. En total, 3.2 millones de personas necesitan ayuda.

«Desde principios de año no hemos notado ningún signo de disminución de la violencia, sino más bien lo contrario», subraya el director del NRC en Malí, Hassane Hamadou. «Si la tendencia de crecientes ataques y desplazamiento de 2018 continúa, la situación humanitaria probablemente empeorará», vaticina en declaraciones a Europa Press.

El desplazamiento en el norte y el centro de Malí viene motivado por «varias fuentes de violencia como las operaciones militares, los ataques de grupos armados contra localidades y civiles, así como enfrentamiento entre elementos armados pertenecientes a distintas comunidades», explica.

El país vive sumido en una crisis continuada a raíz de la rebelión separatista tuareg de 2012, pronto secuestrada por grupos islamistas y que provocó la intervención militar francesa. El acuerdo de paz de 2015 no ha resuelto la situación y el norte sufre con frecuencia las acciones del Grupo para el Apoyo del Islam y los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en árabe), una alianza bajo la égida de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y que engloba a Ansar Dine, el Frente de Liberación de Macina y Al Murabitún, que lidera el destacado yihadista argelino Mojtar Belmojtar.

Además, el centro del país también se ha visto arrastrado en esta espiral de violencia, en su caso obra principalmente del Frente de Liberación de Macina, liderado por el predicador radical Amadou Koufa, muerto el pasado 23 de noviembre en una operación del Ejército francés.

A las acciones de los grupos yihadistas se ha sumado una creciente violencia intercomunitaria en general por los recursos entre las comunidades agrícolas y los pastores, siendo estos últimos principalmente fulani, a los que se suele identificar con los yihadistas, ya que algunos de ellos han engrosado las filas de estos grupos.

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Huir sin nada

Quienes huyen de esta violencia «a menudo lo hacen dejando todo atrás, incluidos sus medios de subsistencia», por lo que «dependen de la asistencia y la generosidad de las comunidades de acogida», subraya el responsable del NRC. Estas personas, añade, necesitan comida, agua, cobijo y acceso a atención sanitaria.

Llegar hasta ellos no es tarea fácil para las organizaciones humanitarias. «Acceder a las personas necesitadas en el norte y el centro es un gran reto», admite Hamadou. Llegar hasta quien necesita ayuda suele llevar más tiempo de lo normal debido a la inseguridad, «lo que ralentiza la repuesta y la entrega de ayuda». Todo ello ha creado «un peligroso y estresante entorno para los trabajadores humanitarios y de la salud», precisa.

Pero no solo la falta de acceso es un problema en Malí, también lo es la falta de fondos. «La comunidad humanitaria carece de los recursos para responder de forma adecuada y eficiente», resalta Hamadou. En 2018 solo recibieron la mitad de los $330 millones solicitados. Para este año, la ONU ha solicitado $296.5 millones.

Y en este contexto, como suele ocurrir en la mayoría de las crisis humanitarias, los niños son los que más sufren. Actualmente hay más de 1.6 millones de niños necesitados de ayuda. Además, a finales de diciembre pasado había más de 800 escuelas cerradas, el 62 % de ellas en la región de Mopti, debido a la violencia y la inseguridad.

Llegar hasta ellos no es tarea fácil para las organizaciones humanitarias. “Acceder a las personas necesitadas en el norte y el centro es un gran reto”, admite Hamadou. Llegar hasta quien necesita ayuda suele llevar más tiempo de lo normal debido a la inseguridad, “lo que ralentiza la repuesta y la entrega de ayuda”. Todo ello ha creado “un peligroso y estresante entorno para los trabajadores humanitarios y de la salud”, precisa.

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Niños sin acceso a educación

«El acceso a la educación es un derecho básico, no un privilegio y por eso es crucial que los niños continúen con sus estudios», defiende el responsable del NRC. «Sin educación, los niños carecen de las capacidades y el conocimiento que necesitan para sus vidas adultas, para apoyar a sus familias y prepararse para su futuro», subraya.

Ir a la escuela también «les da un sentido de normalidad y es crucial para su desarrollo», añade, y lamenta que los miles de niños que se han quedado sin clase han sido relegados «a los márgenes de la sociedad, vulnerables y enfrentados al riesgo de la explotación laboral y el reclutamiento por parte de grupos armados, mientras que las niñas podrían verse obligadas a matrimonios tempranos».

«El NRC hace de la educación de niños y jóvenes una prioridad en sus programas», explica Hamadou. En este sentido, imparte clases de recuperación para niños que no van a la escuela, «para darles la oportunidad de regresar al sistema educativo formal», indica.

También apoya el aprendizaje a escala comunitaria en aquellas zonas donde las escuelas no funcionan, y ofrece formación profesional a jóvenes vulnerables con el fin de que «puedan ganarse la vida», añade el responsable del NRC. La ONG noruega también ofrece formación a los profesores del sistema formal, y distribuye material escolar como libros de texto y lápices.

En lo que se refiere a los desplazados, además de ofrecer ayuda de emergencia como puede ser comida o bienes de primera necesidad como mantas, mosquiteras o jabón, también promueve actividades generadoras de ingresos como pueden ser los huertos comunitarios o las asociaciones de préstamo.

Además, explica Hamadou, el NRC ofrece «asistencia legal a las personas afectadas por el conflicto para que puedan conseguir documentación civil, como carnés de identidad y certificados de nacimiento» y ayuda a los desplazados y retornados a «acceder a sus tierras y derechos de propiedad cuando han perdido su documentación o la propiedad es contestada».

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Malí merece más atención

Ante la «tibia atención» que está recibiendo la crisis humanitaria en Malí, el responsable del NRC llama a los donantes a incrementar sus esfuerzos con el fin de que «los actores humanitarios puedan responder adecuadamente a las crecientes necesidades del país».

Asimismo, reclama a las distintas fuerzas y actores armados en el país que «respeten el espacio humanitario, y permitan que los trabajadores humanitarios respondan donde quiera que estén las necesidades sin ver comprometidas su independencia y neutralidad».

Por último, Hamadou advierte de que «las causas en la raíz de la inestabilidad en Malí requieren más que una respuesta militar para ser abordadas».

Labor de cooperación. La Cruz Roja, ha sido una de las instituciones que ha hecho mediaciones para acercar a las personas víveres y artículos de primera necesidad.
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