Por ley, El Salvador debe hacer un censo cada 10 años. Pero el último lo hizo en 2007. Desde entonces, parte de proyecciones poblacionales para estimar el número de habitantes. Sin un dato actualizado, en el país se planifican a ciegas las políticas públicas y se ignoran las demandas de sectores específicos que, hace 12 años, no figuraban.
Pablo Alvarado es el salvadoreño que en Estados Unidos dirige la National Day Laborer Organizing Network (NDLON), que en español se conoce como Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras. Por ahora, esta asociación cuenta con 70 sedes en donde se tramitan denuncias por falta de pago, así como procesos de deportación. Ha sido reconocido por instituciones como la Fundación Rockefeller como uno de los líderes que buscan soluciones a los retos de las democracias.
El discurso de las autoridades es que quien desaparece por más de tres días está muerto. Pero no hay ningún documento que lo certifique. En ese limbo, las deudas que contrajo una persona que está en paradero desconocido se mantienen vigentes. Las familias, además de la obligación de la búsqueda, se enfrentan a cobradores que les exigen pagos. En Colombia y México hay leyes que mandan a congelar sus créditos y sus bienes no pueden ser embargados. En El Salvador las desapariciones se cuentan por miles, pero no existe ninguna norma especial. Ni siquiera existe un delito acorde a las condiciones en las que en la actualidad ocurre la mayoría de desapariciones.
Desde organizar «baby showers» hasta hacerles entender a las madres que sus hijas sí están diciendo la verdad, que están siendo abusadas. La Unidad de Salud Mental del Hospital Nacional San Rafael se encarga, con sus limitados recursos, de brindar terapia a víctimas de violencia sexual. Las edades de los sobrevivientes del abuso van desde los dos años hasta la adultez. Y los agresores, explica una experta de la unidad, suelen estar cerca de casa.
Ser docente en El Salvador es sinónimo de valentía. Y ser docente de futuros docentes, lo es todavía más. Las condiciones sociales y educativas no están dadas para ejercer esta profesión que en años pasados fue valorada. Una investigación que el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) realizó el año pasado muestra que, lejos de recibir preparación e incentivos, los formadores del magisterio nacional sobreviven con salarios precarios, en medio de inestabilidad laboral y con exceso de trabajo. Viven en un país que no les reconoce.
Durante los últimos tres años, 2,656 niñas y mujeres fueron privadas de libertad en El Salvador, de acuerdo con denuncias hechas ante la Fiscalía General de la República. Las autoridades no brindan información de cuántas han sido encontradas ni en qué estado, –con suerte– algunas son localizadas. Expertos en el tema aseguran que estas desapariciones son, en realidad, la alerta de un feminicidio. Así ocurrió en el caso de Karen Pérez, una niña de 12 años.
Dos mujeres, artistas y terapeutas, se han dedicado durante los últimos años a brindar terapia en El Salvador a través de métodos alternativos. Exploran la creatividad y la ternura como herramienta de cambio. Las dos se formaron en Europa e intentan impulsar diferentes opciones para tratar traumas y otras condiciones de salud. Una de ellas trabaja con animales en una granja; y la otra, con artes plásticas. Aquí cuentan cómo es posible aprender a superar fobias y recibir terapias al lado de caballos, burras y pinturas.
Los peritos de la Policía Nacional Civil son clave para resolver delitos. Se encargan de elaborar informes y presentarlos en los juzgados. De ser necesario, también llegan a declarar a los juicios: les explican a los jueces cómo guardaron las evidencias de los delitos y qué información relevante encontraron en el análisis. La renuncia de un perito afecta la búsqueda de la justicia, porque significa un testimonio menos en un juicio.
Crecieron en épocas diferentes, pero tienen en común que en la infancia nunca faltaron los libros. Más de alguna recuerda a los padres y a los abuelos como el vínculo que las llevó a la literatura. Son escritoras que, desde la intimidad de las palabras, dialogan con ellas mismas. Tan diversas como sus contextos, cada una escribe desde su espacio y tiempo. Cada una carga con sus sueños y sus demonios. A sus 84 años, Maura Echeverría se mantiene viva con la escritura. Carmen González Huguet pensó que moriría en una operación de corazón abierto en 2005, y lamenta que esto no haya pasado. Aída Párraga fue la niña que creció en los pasillos de la librería de Hugo Lindo por el tiempo en que nacía Susana Reyes, la poeta que leyó los primeros versos en plena guerra. Claudia Meyer escribió su primer poema a los seis años, cuando en su colegio le pidieron la descripción de un lugar y la acusaron de plagio. Ana Escoto buscó el anonimato en foros de internet para compartir sus primeros textos. Jeannette Cruz es una narradora que duda vivir del arte en este país. Mientras que Nicole Membreño Chía cree que la literatura se fusiona con su lucha de activista y Ana María Rivas, una escritora noventera, parte del mundo onírico para sus creaciones. Las nueve escritoras invitan a recorrer esos pasillos de la historia de El Salvador que les tocó.
“El territorio del ciprés” es una antología narrativa que reúne el trabajo de ocho personas. “El Taller Literario Palabra y Obra empezó en 2013, en la cafetería del Teatro Nacional de San Salvador. Fue un taller de escritura creativa que evolucionó a ser de poesía y finalmente de narrativa. Las páginas que ahora presentamos constituyen una memoria: el resultado de las sumas y restas de los miembros del taller, los asentamientos territoriales, la itinerancia y, especialmente, las incansables correcciones”, escribe Jeannette Cruz, como nota introductoria. Se publicó el año pasado bajo el sello de Índole Editores. A un costo de $5 está a la venta en Café Luz Negra, Clásicos Roxsil, Tienda MARTE (Museo de Arte), Librería UCA y Los Tacos de Paco.