La muerte prevenible de un cubano que buscaba asilo en EUA

Fotografía de AP

El largo viaje de Roylan Hernández Diaz terminó en una celda de paredes blancas en el ala de confinamiento solitario de una cárcel en Luisiana.

Cerca de él estaban sus últimas pertenencias: un tubo de pasta de dientes, algunos vasos desechables y una hoja de papel que explicaba cómo podía solicitar su liberación del centro de detención de inmigrantes. Pero a él ya le habían negado tres veces la libertad.

El cubano había sido puesto en aislamiento seis días antes porque dijo que rechazaría sus alimentos en protesta por su detención. Los carceleros lo pusieron allí aun después de que el personal médico lo remitió a tratamiento de salud mental tres veces y documentó un trastorno intestinal que le provocaba un dolor insoportable.

Y durante al menos una hora antes de que descubrieran que se había ahorcado, nadie abrió la puerta para revisar si estaba vivo.

Su muerte podría haberse prevenido. Una investigación de The Associated Press en torno a la muerte de Hernández en octubre pasado encontró que hubo negligencia y aparentes violaciones de las políticas gubernamentales por parte de los carceleros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en un momento en el que la detención de inmigrantes ha alcanzado niveles récord y han surgido nuevos cuestionamientos sobre el trato que le da el gobierno de los Estados Unidos a las personas que buscan refugio.

ICE requiere que los inmigrantes detenidos en confinamiento solitario sean observados visualmente cada 30 minutos. El video de vigilancia muestra a una carcelera que pasa dos veces por la celda de Hernández en la hora previa a que fuera encontrado y que escribió en la carpeta guardada en la pared junto a la puerta de la celda. Sin embargo, no levantó la cubierta de la ventana de la puerta de la celda ni trató de mirar dentro. La última persona que miró por la ventana fue un empleado de la cárcel no identificado, 40 minutos antes de que Hernández fuera encontrado.

Una persona que trabaja en la cárcel y que habló con la AP bajo condición de anonimato dice que descubrieron después que Hernández no podía ser visto desde la ventana.

Yarelis Gutiérrez Barrios era la pareja de Hernández. Ella había estado con él desde hacía tres años mientras viajaban a través de Sudamérica y Centroamérica, siempre en busca de la manera de llegar a los Estados Unidos. El hombre que conoció era fuerte, dice, determinado a ganar su solicitud de asilo, no el tipo de hombre que se rendiría fácilmente.

«Creo que lo dejaron morir», dice ella.

Con el propósito de llenar cárceles vacías por la reforma de justicia penal, en las comunidades rurales de Luisiana se llenaron las camas de las cárceles con solicitantes de asilo y otros inmigrantes. En un momento del año pasado, Luisiana tenía unos 8,000 migrantes detenidos, sólo superado por Texas, cifra superior a los 2,000 que tenía al final de la administración Obama.

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Hernández pasó gran parte de sus 43 años en rebelión contra el gobierno comunista a 145 km de los Estados Unidos.

En su juventud, se rehusó a unirse a un grupo de jóvenes. Después se negó al servicio militar obligatorio y protestó contra el régimen de Fidel Castro.

En 1994, cuando tenía 18 años, trató de huir de la isla con su padre y su hermano en un bote, pero fueron capturados y encarcelados.

Hernández estuvo en prisión alrededor de dos semanas. Cuando trató de huir otra vez, en 2001, fue capturado de nuevo y sentenciado a nueve años de prisión. Tras su liberación, se le negaron trabajos y fue acosado por la policía.

En 2016, dejó Cuba para ir a Guyana, un diminuto país en Sudamérica, porque podía viajar hasta allí sin visa. Desde Guyana, se dirigió hacia los Estados Unidos.

Hernández y Gutiérrez se conocieron en Ecuador en 2016. Se encontraban entre un grupo de cubanos que acampaba fuera de la embajada mexicana en Quito, la capital de Ecuador, para demandar visas que les permitieran llegar a la frontera entre México y Estados Unidos para solicitar asilo. México se rehusó a otorgar las visas y Ecuador se movilizó para deportar a los manifestantes a Cuba.

Así que huyeron. Vendieron jugo en un carrito en Argentina, y después vivieron en Perú durante un año.

Tanto en Argentina como en Perú, recuerda Gutiérrez, lucharon para mantenerse y les dijeron que sería casi imposible que se les permitiera establecerse allí de manera permanente.

«Al final, íbamos a venir a los Estados Unidos», dijo ella.

Cruzaron Ecuador y Colombia, y llegaron al Tapón del Darién, la selva que conecta a Sudamérica con Centroamérica. La región no tiene caminos ni ley, y está controlada mayoritariamente por pandillas que se aprovechan de los miles de migrantes que tratan de atravesarla cada año.

La pareja caminó varios días en la luz y la oscuridad antes de llegar a un pueblo en Panamá. Y finalmente se entregaron a las autoridades en un puesto fronterizo.

Pero en la jungla, dice Gutiérrez, Roylan perdió los documentos que había traído consigo desde Cuba y que documentaban su encarcelamiento y problemas políticos —papeles que habrían sido clave para probar su caso de asilo en Estados Unidos—.

Fueron detenidos durante 10 días en Panamá, y después trasladados a un pueblo fronterizo en Costa Rica. Uno por uno, abordaron autobuses y atravesaron puestos de control fronterizo en cada país en el camino: Nicaragua, Honduras, Guatemala, México. Pasaron varios días detenidos en territorio mexicano.

Después de cinco meses, el 18 de mayo de 2019, llegaron al puente fronterizo entre Juárez, México, y El Paso, Texas. Esperaron a que se les permitiera entrar.

Después de dos meses, Hernández solicitó asilo y fue detenido.

Inicialmente, él y Gutiérrez fueron llevados al mismo centro de detención cerca del puente. Los hombres y las mujeres fueron separados y llevados a celdas pequeñas y frías.

Ella lo vio por última vez desde el otro lado del comedor unos días después de que cruzaron. Era la hora de la comida, pero no se les permitía hablar entre ellos.

Gutiérrez fue liberada eventualmente, pero un oficial de la instalación le dijo que Hernández había sido llevado a un centro de detención en Mississippi.

Después de unas semanas, sería trasladado a Luisiana, un estado que para miles de inmigrantes se ha convertido en sinónimo de una detención prolongada. Permaneció encarcelado, aunque una investigación preliminar determinó que su solicitud de asilo era creíble.

Restricción. Bajo el gobierno del presidente Donald Trump, Estados Unidos ha restringido las razones por las que las personas pueden solicitar asilo.

En los últimos días de su administración, el presidente Barack Obama revocó una política conocida como «pies mojados, pies secos» que dio a miles de cubanos un camino para conseguir la residencia permanente en los Estados Unidos y, eventualmente, la ciudadanía.

Bajo el gobierno del presidente Donald Trump, los Estados Unidos han restringido las razones por las que las personas pueden solicitar asilo y ha presionado a los jueces de los tribunales de inmigración para que procesen y rechacen las solicitudes más rápidamente. También ha detenido a miles de solicitantes de asilo a quienes anteriormente se les habría permitido vivir y trabajar en los Estados Unidos mientras sus casos estaban pendientes.

Esos cambios de política ocurrieron después de que Hernández dejó Cuba por última vez, pero dieron forma a los últimos meses de su vida.

El pasado 13 de junio, Hernández llegó al Centro Correccional de Richwood. Ubicado en Monroe, en la parte noreste del estado, Richwood es una de al menos seis cárceles de Luisiana que se convirtieron en centros de detención de inmigrantes durante la administración Trump.

Con el propósito de llenar cárceles vacías por la reforma de justicia penal, en las comunidades rurales de Luisiana se llenaron las camas de las cárceles con solicitantes de asilo y otros inmigrantes. En un momento del año pasado, Luisiana tenía unos 8,000 migrantes detenidos, sólo superado por Texas, cifra superior a los 2.000 que tenía al final de la administración Obama.

Luisiana también se ha hecho famoso por el amplio rango de rechazos de libertad condicional a los migrantes, particularmente a grandes poblaciones de cubanos, venezolanos y personas del sur de Asia. En septiembre, un juez federal dictaminó que la oficina de ICE en Nueva Orleans violaba las propias pautas de la agencia al no darle a cada migrante una determinación, caso por caso, sobre si podían ser liberados.

Poco cambió inmediatamente después de esa decisión, aunque ha habido algunas mejoras. Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), de 345 solicitudes entre el 17 de octubre y el 10 de diciembre, sólo cuatro fueron otorgadas. ICE otorgó libertad condicional a alrededor del 20% de los solicitantes de asilo en enero y febrero, dijo la ACLU de Luisiana, citando datos que ICE ha proporcionado en la demanda federal.

El portavoz de ICE, Bryan Cox, declinó comentar sobre las prácticas de libertad condicional en el estado, pero dijo que «cualquier sugerencia de que la mayoría de las personas arrestadas por ICE son detenidas, es falsa».

Los detenidos en Richwood y otros centros de detención han protestado reiteradamente.

En una cárcel de Luisiana, hombres provenientes del sur de Asia organizaron una huelga de hambre que ha durado 100 días y continúa. En otra, los funcionaros rociaron con gas pimienta a los inmigrantes que organizaron una protesta sentados para exigir libertad.

El año pasado, un recluso de Richwood escribió en una carta publicada por el grupo de defensa Freedom For Immigrants (Libertad para Inmigrantes): «Solo queremos nuestra libertad para proseguir con nuestros casos libremente y dejar este infierno, porque Luisiana es un cementerio de hombres vivos».

“Mi caso es mi caso. Ya he enviado mi evidencia”, dice Hernández, de acuerdo con un traductor que se escucha en la grabación. “He estado detenido aquí. Mis derechos han sido violados. No tengo ningún beneficio. Ya he enviado tres cartas y mi esposa está fuera, en la calle”.

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Por teléfono desde La Habana, un hombre que estuvo detenido en Richwood recuerda una vez que vio a Hernández parado en el patio.

Hernández estaba doblado por el dolor con las manos en el estómago. Estaba pálido. Había comido por accidente algo que tenía azúcar y eso agravó su condición.

De acuerdo con Dariel Hevia León, entonces detenido y hoy deportado, Hernández se quejaba constantemente por el dolor y sentía que el personal médico no lo atendía adecuadamente.

«Me dijo que ‘la cárcel me está matando’», dijo Hevia.

Según un informe de ICE compilado después de su muerte, el personal médico revisó a Hernández cuando llegó y confirmó que tenía síndrome de intestino irritable.

Yarelis Gutiérrez dice que le habían diagnosticado problemas intestinales en Perú y que necesitó ayuda médica en Panamá y México durante su viaje.

Las personas con síndrome de intestino irritable pueden controlar su dolor con medicamentos y dieta. El síndrome también ha sido asociado con la ansiedad y la depresión.

Cuando Hernández llegó a Richwood, rechazó una referencia de salud mental, dice el reporte de ICE. Dos veces fue referido a tratamientos de salud mental, en agosto y septiembre, aunque el reporte no dice por qué. Dice que se negó ambas veces.

Hernández le dijo a Gutiérrez, su pareja, y a otros detenidos en Richwood, que pelearía su caso en el tribunal de inmigración hasta el final. Pero de acuerdo con lo que Hernández dijo a otros después, enfrentaba un reto enorme y tal vez insuperable: la pérdida en la selva de gran parte de los papeles que documentaban su caso.

Llegó desde Richwood a su primera aparición en el tribunal de inmigración, y habló con un juez en Nueva York por video.

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración declinó revelar su grabación de esa audiencia. Según su pareja, el juez le dijo que necesitaba alguna evidencia para para probar su caso. Así que Gutiérrez comenzó a llamar a personas en Cuba y a cubanos que habían dejado la isla, para pedirles que escribieran cartas que apoyaran su afirmación de que fue acosado en el país.

«Apenas le conseguí tres cartas, porque me tomó mucho tiempo obtenerlas ya que la gente en Cuba tiene miedo de hablar», dijo ella. «Tiene miedo de involucrarse en problemas de esta magnitud, pero las conseguí».

El 9 de octubre tuvo la que sería su última audiencia en el tribunal. Según una grabación, el juez le dijo a Hernández que su audiencia final quedaría agendada para el 30 de enero, a más de tres meses de distancia. Hernández responde y dice que no entiende.

«Mi caso es mi caso. Ya he enviado mi evidencia», dice Hernández, de acuerdo con un traductor que se escucha en la grabación. «He estado detenido aquí. Mis derechos han sido violados. No tengo ningún beneficio. Ya he enviado tres cartas y mi esposa está fuera, en la calle».

El juez repitió que su audiencia final era el 30 de enero y dijo que podría tener a un abogado presente si quería. Mientras el traductor se lo explica a Hernández, el juez dice: «Que tenga un buen día». La grabación termina.

Rechazo. Luisiana también se ha hecho famoso por el amplio rango de rechazos de libertad condicional a los migrantes, particularmente a grandes poblaciones de cubanos, venezolanos y personas de Asia.

De acuerdo con Gutiérrez, Hernández la llamó después para decirle que iba a organizar otra huelga de hambre.

«Le dije ‘no lo hagas’, porque temía por su salud, que no la iba a soportar», dice ella. «Se enojó conmigo. Me dijo: ‘voy a hacerla. Apóyame porque es la única manera que tengo de salir de aquí’. En su mente, esa era la única forma».

Al día siguiente, 10 de octubre, el informe de ICE dice que le hicieron una evaluación médica antes de ser llevado a aislamiento por amenazar con una huelga de hambre. Una enfermera encontró que su salud física y mental era normal, «excepto por un estado emocional retraído».

El interior de la celda donde estaba recluido Hernández cuando murió no tenía vigilancia de video, según la Oficina del Sheriff del condado de Ouachita, la agencia de orden público local llamada para investigar poco después de que fuera encontrado muerto.

Pero la Oficina del Sheriff obtuvo un video del pasillo fuera de su celda que captura la última hora antes de que encontraran su cuerpo. Esto es lo que muestra:

-1:19 p.m.: una carcelera camina hasta la puerta de Hernández. Toma una carpeta de la pared junto a la puerta, escribe en ella y regresa la carpeta a la pared. Nunca mira por la ventana de la puerta de la celda de Hernández.

-1:26: un hombre vestido de civil pasa por la celda, se detiene a abrir la cubierta de la ventana en la puerta de la celda y mira al interior. La Oficina del Sheriff dice que el hombre era un empleado de la cárcel, pero no tiene su nombre en sus registros.

-1:54: la carcelera regresa. Una vez más, toma la carpeta, escribe en ella y la pone en su lugar sin mirar dentro de la celda.

-2:04: Tres miembros del personal y quien parece ser un administrador de la cárcel pasan frente a la celda y llenan casi todo el pasillo. Un capitán de la prisión rodea a la pequeña multitud y camina junto a la pared y la puerta de la celda de Hernández. El capitán, identificado por la oficina del sheriff como Gerald Hardwell, dijo después a los investigadores que había notado un «fuerte olor» que emanaba de la celda.

Hardwell se detiene y levanta la cubierta en la puerta de Hernández, como lo hizo el hombre vestido de civil. Comienza a golpear la puerta con la mano izquierda. Más tarde le dijo a la Oficina del Sheriff que no podía ver a Hernández.

Un minuto después, regresa con un juego de llaves. Usa la mano izquierda para levantar la cubierta en la puerta, la mano derecha para abrir la cerradura y empuja para abrir la puerta.

Hardwell asoma la cabeza dentro de la celda y huye de la celda, y cubre su boca con la mano izquierda.

Había descubierto que Hernández se colgó con una sábana atada al poste de su litera.

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El forense del condado de Ouachita registró la hora de su muerte a las 2:15 p.m. –10 minutos después de que estuviera aparentemente muerto para Hardwell y otros en la cárcel– y dijo que fue visto por última vez a la 1:50 p.m., contó la forense adjunta Joy Davis a la AP. El video muestra que el personal médico permaneció fuera de su celda mucho después de que fue descubierto, y que su cuerpo no fue retirado de la celda sino hasta casi las 4 p.m.

Las fotos tomadas de su cuerpo muestran que Hernández podría haber estado muerto varias horas antes de que se encontró, con base en cómo se había acumulado la sangre en sus manos, según un análisis realizado a petición de la AP por el Dr. Nizam Peerwani, el médico forense de Fort Worth, Texas, y experto forense del grupo de defensa Physicians for Human Rights (Médicos por los Derechos Humanos).

Peerwani descubrió que la cárcel no notó varias señales de advertencia que indicaban que Hernández merecía más atención: una historia bien documentada de problemas intestinales, sus negativas repetidas a recibir tratamiento de salud mental y sus huelgas de hambre. Peerwani dice que la muerte de Hernández no se debe a «la comisión de un acto de violencia perpetrado contra él, sino a la omisión».

Permanece la pregunta de si era necesario que permaneciera en aislamiento. De acuerdo con las pautas del Cuerpo de Servicios de Salud de ICE, en las primeras 72 horas de que fuera aislado por amenazar con una huelga de hambre, un proveedor de atención médica debería haber revisado si se podía mantener allí a Hernández. Esa revisión de 72 horas debió ocurrir a más tardar el 13 de octubre.

No hay referencia a que se realizara ninguna revisión en el informe de muerte de detenidos de ICE. El informe de ICE dice que el día de su muerte y los cuatro días previos, una enfermera observó que Hernández parecía normal y no estaba angustiado.

Y bajo los estándares nacionales de detención basados en el desempeño de ICE, cualquier persona en aislamiento debe ser monitoreada al menos cada 30 minutos.

El video mostrado por el sheriff sólo incluye la hora previa a que Hernández fuera encontrado muerto, así que es imposible determinar cuántas veces fue observado.

El empleado de la cárcel que habló con la AP bajo condición de anonimato dice que Hernández se colgó en una orilla de la celda que no se podía ver a través de la ventana de la puerta. El mismo empleado dijo que era de conocimiento común que los carceleros registraran falsamente las revisiones que se supone debían realizar.

ICE y LaSalle Corrections, la empresa privada que administra la cárcel, se negaron a informar si la carcelera que apareció fuera de la celda de Hernández fue despedida o si algún otro empleado fue considerado responsable.

ICE y LaSalle no respondieron la mayoría de las preguntas para esta investigación.

Scott Sutterfield, ejecutivo de desarrollo de LaSalle, se negó a responder cualquier pregunta «debido a un litigio pendiente». Sutterfield se unió a LaSalle el año pasado después de trabajar como director interino de la oficina local de ICE para la ejecución y remoción en Nueva Orleans; él negó una de las solicitudes de Hernández para ser liberado.

«Puedo decir que LaSalle Corrections está firmemente comprometida con la salud y el bienestar de todos quienes están bajo nuestra custodia», dijo Sutterfield.

«No podemos hablar por un contratista de la agencia», dijo Cox, el vocero de ICE, en un correo electrónico. Y agregó que ICE «obliga a su personal, contratistas incluidos, a mantener los más altos estándares de comportamiento profesional y ético.

Además, aunque cualquier muerte bajo custodia es desafortunada, las muertes bajo custodia de ICE son extremadamente raras y ocurren a una tasa alrededor de 100 veces menor que el promedio nacional para personas en custodia federal y estatal en todo el país», dijo Cox.

Ocho personas han muerto bajo custodia de ICE desde octubre, cuando inició el año fiscal, una menos que las ocho que murieron durante el año anterior. En Richwood, un hombre de Guatemala trato de suicidarse en diciembre mientras estaba detenido en aislamiento, meses después de la muerte de Hernández.

Lorena Perez-McGill, la abogada del hombre, dice que lo había visto más temprano ese día y le avisó al alcalde local que podría hacerse daño. Los guardias lograron evitar que se cortara cinco minutos después de que empezó.

Los carceleros lo llevaron a un hospital local donde le dieron puntos de sutura. Después, dice Perez-McGill, fue regresado a la misma celda de segregación.

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Además de Yarelis Gutiérrez, Hernández dejó a dos hijas y un hijo, además de a su madre y padre. La última vez que se fue de casa, su familia sabía que esperaba llegar a Estados Unidos con la intención de ganar dinero para mantenerlos. Ahora, tienen muchas preguntas sobre su muerte: ¿cómo alguien tan fuerte en sus convicciones pudo quitarse la vida? ¿Qué le pasó en su estancia en la cárcel y por qué?

«Había luchado por llegar a este país porque amaba este país, lo amaba con toda su vida», dijo Gutiérrez. «Dio su vida por este país».

México: universitarias se rebelan contra violencia de género

Fotografía de AP
Fotografía de AP

Las rejas que rodean la facultad de Ciencias Políticas y Sociales están cubiertas parcialmente con pancartas y dejan entrever pintas que adelantan algo de lo que ocurre adentro: «Paro separatista», «Feministas antifascistas».

Todas las puertas están cerradas, algunas bloqueadas con sillas, salvo una que tiene una cadena sin candado. No obstante, los miles que estudian o trabajan aquí saben que no pueden pasar porque la facultad -un complejo de una docena de edificios- está tomada por mujeres.

Desde octubre, las estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han ocupado por la fuerza y de forma no coordinada varias escuelas y facultades para exigir seguridad y mayores castigos a los agresores de mujeres. Son, también, la cara más radical de miles de feministas que han participado en marchas y protestas en distintos puntos del país para mostrar su hartazgo por los feminicidios y la falta de resultados para investigarlos o simplemente para prevenir la violencia de género.

Diez escuelas de la mayor universidad pública de México siguen tomadas, algunas de forma intermitente, y aunque han esquivado la presencia de los medios, de quienes dicen desconfiar, las estudiantes de Políticas autorizaron esta semana a The Associated Press a pasar 24 horas con ellas. Dos condiciones: no dar detalles de cuántas mujeres están y preservar la identidad de quienes así lo solicitaran.

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Al amanecer el frío se mete en los huesos. Las chicas de guardia se desperezan entre las cobijas, algunas tumbadas en unos sofás sacados de las oficinas y colocados junto a la pluma del estacionamiento, el único acceso a las instalaciones y donde hay estudiantes día y noche.

Un puñado de palos y barras metálicas descansan junto a la caseta de vigilancia.

La única presencia oficial son un par de patrullas de la universidad por la noche, pero las autoridades académicas no han hecho amagos por recuperar la instalaciones para evitar tensiones.

Las estudiantes ya no se asustan por las alarmas que suenan inesperadamente de madrugada en los edificios cercanos y que, dicen, son premeditadas para intentar intimidarlas.

Calientan agua en un hornillo sobre una mesa metálica donde se acumula la comida donada por amigos, profesoras o comerciantes que las apoyan.

Las jóvenes se relevan de acuerdo a las necesidades personales: el trabajo, la familia. Ninguna sabe cuánto tiempo estarán ahí.

En un pizarrón están las urgencias logísticas -queso, jamón, cigarros- y el recordatorio de la reunión prevista para el mediodía con representantes de otras facultades. Hay frases como «¿Planes de acción?» o «Revisión art. 98» en referencia al artículo del estatuto de la UNAM que las alumnas exigen modificar para que haya mayores castigos por el abuso y el acoso, un tema que genera problemas porque choca con los derechos laborales de trabajadores y profesores.

También hay propuestas, como hacer un «taller de mamás», porque muchas de sus madres han sido víctimas de la violencia, pero muy pocas han hablado del tema con ellas.

En la UNAM, como en otros muchos espacios públicos o privados de México, las quejas por acosos, abusos o delitos más graves como violaciones, desapariciones o muertes han sido recurrentes desde hace años. Y la exigencia de las mujeres a una vida sin violencia se repite a lo largo del continente de forma diversa: gritando, pintando monumentos, o con huelgas y tomas… como la de Políticas.

Esta mañana recuerdan las protestas más radicales en las que han participado. Las manos se agitan en el aire reviviendo las pintadas, los destrozos, la furia.

De repente, una visita inesperada cambia el ánimo. Una muchacha de otra escuela llega a pedir consejo para organizarse, pero acaba confesando el brutal acoso cibernético del que fue víctima. «Ni siquiera me acuerdo de todo lo que me pidió hacer… Me da mucho asco», dice.

Un nudo en la garganta las asfixia al escuchar los chantajes a los que era sometida y muchas no pueden contener las lágrimas. Ya no son las encapuchadas de las marchas que algunos despectivamente califican de «feminazis«, sólo chicas de entre 18 y 24 años sobrecogidas por el relato de una compañera.

«Las mujeres están despertando», asegura Andrea Ballarte, una alumna de Sociología de 18 años. «No creo que ser feminista sea algo que tengas que elegir. Yo lo vi como necesidad de sobrevivir a este sistema que nos trata como carne, como un saco de basura».

No es una metáfora. Este mes el cuerpo de una niña de 7 años fue hallado en una bolsa de basura al sur de la Ciudad de México y la foto de una joven desollada ha cubierto las portadas de algunos medios. Ambos crímenes detonaron las más recientes protestas.

«Todas tenemos miedo, pero no estamos solas», agrega la joven procedente del Estado de México, una de las regiones del país con mayor índice de feminicidios. «Entre más seamos, más rápido vamos a acabar con esto», confía. «Pero no es fácil».

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Las mujeres y sus reivindicaciones están más vivas que nunca.

Cintia Martínez, exprofesora del Colegio de Filosofía de la UNAM y actual investigadora de la Northwestern University de Chicago, considera que los últimos años ha habido un resurgimiento del feminismo. Hay, dice, «una suma de molestias colectivas» que transformaron a las mujeres «en sujetos políticos reales».

Uno de los escenarios es la UNAM, el mayor centro de estudios de América Latina.

Hace varios años se instalaron botones de pánico en los baños de mujeres de muchas facultades ante las constantes agresiones, también teléfonos amarillos de emergencia que se activan al descolgarlos. Pero en 2017 el asesinato en el campus de Lesvy Berlín marcó un punto de inflexión: el crimen de la joven de 22 años indignó profundamente, no sólo por su muerte, sino porque las autoridades lo calificaron de suicidio. En 2019, la fiscalía tuvo que pedir perdón públicamente y meses después su novio fue condenado por el asesinato. En la cabina telefónica donde la estranguló, hoy puede leerse «ni perdón ni olvido».

El hartazgo tomó nuevas formas cuando las unidades para atender denuncias que se habían puesto en marcha quedaron desbordadas y, o no conseguían pruebas, o archivaban los casos, aunque sí las encontraran. Hubo «tendederos de la vergüenza»: ropa sucia con los nombres de supuestos acosadores; se hicieron «escraches» a profesores o trabajadores a quienes las estudiantes perseguían por las facultades profiriéndoles insultos, y se empapelaron las paredes con las fotografías de supuestos abusadores. Que los trabajadores limpiaran las pintas y murales enojó aún más a las alumnas.

El ambiente se radicalizó. Según Martínez, esto se debió a que mezclaron denuncias inconsistentes con las serias y que ingresó una nueva generación de jóvenes de barrios mucho menos privilegiados que habían vivido la violencia muy de cerca y venían de un activismo más duro.

«Tenemos que empezar a crear caos para que las cosas se vayan moviendo», explica Rebecca Gamero, una estudiante de Sociología de 20 años y 1,80 metros de estatura que participó en la toma de Políticas.

El momento que Gamero recuerda más violento fue un enfrentamiento con alumnos de Ingeniería que se oponían a las feministas. «Las morras (las alumnas) nos dijeron quemen todo, rompan todo», dice y asegura que una de sus reglas es que son las mujeres de cada facultad las que marcan hasta dónde deben llegar las protestas en sus instalaciones.

«Nuestra forma de atacar el sistema es atacar sus espacios», añade. «Un vidrio no tiene la culpa, pero el vidrio está representando un sistema y nosotras no nos vamos a poner a matar diputados como nos matan a nosotras».

Fotografía de universitarias reunidas
En protesta. Rebeca, de 20 años, lee consignas en una de las tomas de la universidad.

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En 2019 fueron asesinadas 3,825 mujeres, aparentemente por el solo hecho de ser mujeres. Es un 7% más que en 2018, según las autoridades federales, aunque tanto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como el de la capital insisten en que se están tomando medidas contra la violencia de género.

López Obrador considera que las protestas feministas son alentadas por sus contrincantes políticos. «Hay un oportunismo de quienes no nos ven con buenos ojos y aprovechan el movimiento para perjudicarnos», afirma.

Las chicas ríen sonoramente cuando se las pregunta sobre las acusaciones de estar manipuladas por críticos del gobierno. «Dicen que el PRI (el opositor Partido Revolucionario Institucional) nos trae cerveza, pero no la veo por ningún lado», bromea una.

Pero varias cosas les preocupan: las críticas de otras estudiantes que ni se han acercado a ellas y se quejan de estar perdiendo muchas clases; que las autoridades las criminalicen o la presencia esporádica de «porros» para amedrentarlas, una especie de fuerzas de choque al servicio de diferentes partidos o grupos de poder que funcionan en México desde hace décadas.

Además, hay un sabor amargo entre alguna que reconocen haber votado por López Obrador, como una michoacana de 20 años que se siente defraudada. «Lo único que ha hecho es desacreditar al movimiento feminista», dice.

Es por la tarde, y después de haber comido unos sándwiches, galletas o sopas instantáneas, alguien da la señal de alarma. Algunas chicas toman un palo o barra, cualquier cosa para taparse la cara y corren hacia el edificio donde temen que alguien se coló. A su paso hay manos color rosa pintadas en el suelo con lemas como «Estamos en todos lados» o «Estado feminicida«.

Días antes, proyectores, luces y alarmas se conectaron inesperadamente, y optaron por tomar algunas precauciones: colocaron precintos para sellar algunas zonas y tener el espacio controlado.

«Quieren aterrorizarnos», dice una de ellas mientras inspecciona los rincones.

Se muestran decididas, aunque no ocultan sus temores. «Las cosas están feas», solloza Andrea Ballarte, la estudiante de Sociología que se reconoce como una niña vulnerable metida en una «armadura de mujer activista y luchadora».

Gamero, que cuida amorosamente a una gatita negra bautizada como Santa Úrsula, subraya la fuerza de las protestas colectivas y anónimas: «Te pones la capucha (y) te vuelves todas», explica. «Se va creando ese enojo colectivo (pero) a la vez se crea esa sanación colectiva».

“Las mujeres están despertando”, asegura Andrea Ballarte, una alumna de Sociología de 18 años. “No creo que ser feminista sea algo que tengas que elegir. Yo lo vi como necesidad de sobrevivir a este sistema que nos trata como carne, como un saco de basura”.

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En un momento de la jornada, la atención se va al auditorio de la facultad, donde representantes de diversas facultades celebran una asamblea. Sentadas en círculo debaten y toman acuerdos. Su estructura es horizontal y democrática, sin líderes, pero también excluyente: no aceptan hombres.

En algunos planteles se han hecho paros o tomas mixtas, pero las alumnas de Políticas y todas las ahí congregadas defienden el separatismo.

Hablan de cómo afrontar las propuestas de diálogo de la rectoría y de próximas acciones.

La presión de las estudiantes logró en los últimos meses algunos avances, pero para Márgara Millán, profesora de Sociología, el malestar siguió porque solo hubo respuestas a casos concretos y no una política generalizada.

Apenas el viernes, el rector de la UNAM, Enrique Graue, anunció una ambiciosa batería de propuestas para enfrentar la violencia de género: unidades de atención de denuncias en todas las escuelas (ahora solo funcionan en algunas), incorporar materias obligatorias sobre género e igualdad y la creación de una coordinación general que trate el tema.

«Son buenas noticias, fruto del trabajo de muchos años y del movimiento actual de paros y tomas», asegura Millán. La académica considera, sin embargo, que poner en práctica todas esas medidas no será sencillo porque todavía hay «mucha oposición» dentro de la UNAM. Y recuerda que queda pendiente decidir el destino de directivos que han sido acusados por las estudiantes de encubrir a acosadores.

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Antonia Avilés se ha pasado la noche pintando. Después de dormir unas horas en una tienda de campaña, toma un sándwich de frijoles y queso que le ha preparado una compañera y sale corriendo a su trabajo en una tienda de ropa. La joven menuda de 19 años volverá por la noche para acabar un mural: la «virgen abortista».

«Mi mamá sufría mucha violencia», dice subida a una mesa en uno de los pasillos de la facultad mientras colorea de verde el pañuelo que cubre la cara de la virgen. «Me harté de no tener voz y un día decidí involucrarme, actuar. El feminismo me salvó».

Por eso, aquí nadie suena dispuesta a tirar la toalla.

«Si me pasa algo no van a ser las autoridades las que actúen», afirma Avilés. «Pero ellas estarán ahí para quemarlo todo si no aparezco».

Por lo pronto, la toma de Políticas continúa mientras se analizan las propuestas del rector.

Activistas universitarias con el rostro cubierto
Sin fecha. La toma de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, o UNAM, en la Ciudad de México es de carácter indefinido.

La nueva vida de refugiados nicaragüenses en Costa Rica

Fotografía de AP
Volver. Incluso con todo el esfuerzo que han invertido para hacer que la tierra produzca en Costa Rica, muchos de los refugiados en el campamento dicen que regresarían a Nicaragua mañana, si la situación lo permitiera.

En el norte de Costa Rica, varios cientos de refugiados nicaragüenses sobreviven a fuerza de machetes y de la convicción de que podrían ser encarcelados o asesinados si regresan a su país.

En octubre del año pasado una pequeña avanzada de campesinos nicaragüenses se instaló en unas 117 hectáreas alquiladas que no habían sido cultivadas desde hacía 40 años. El objetivo era subsistir de la única forme en que saben hacerlo y contar con un sitio seguro donde esperar que se acabe la represión del presidente nicaragüense Daniel Ortega.

Dormían en el piso bajo toldos, se despertaban entre víboras y trabajaban desde la salida del sol hasta el anochecer despejando la tierra para plantar bananas, frijoles, yuca y maíz.

Son un pequeño porcentaje de los aproximadamente 75,000 nicaragüenses que han pedido asilo en Costa Rica desde que Nicaragua se hundió en una crisis política en abril del 2018, aunque las autoridades creen que esa cifra podría llegar a 125,000 -más del 2% de la población costarricense- hacia fin de año. Su espíritu emprendedor, el empeño que ponen en su trabajo y su objetivo de ser autosuficientes han llamado la atención de las Naciones Unidas y generado el respeto de los costarricenses.

Al frente de esta comunidad de refugiados está Francisca Ramírez, una abuela de 43 años conocida como «Doña Chica». Campesina y activista de la localidad nicaragüense de Nueva Guinea, tiene contactos con Washington y Bruselas que explota cada vez que puede para mejorar la situación de los refugiados. Cuando el secretario de estado estadounidense Mike Pompeo visitó Costa Rica en enero, Ramírez se reunió con él.

Doña Chica y su gente se instalaron en un terreno de cultivo que parecía una selva y han surgido asentamientos en otras partes del norte de Costa Rica. Producen la comida que consumen y generan dos cosas que Ramírez dice son vitales para cualquier refugiado: Una fuente de comida confiable y la dignidad del trabajo.

«He visto gente llorar porque para conseguir una enchilada, un plato de comida, se tienen que sacar una foto», dijo Ramírez, aludiendo a los protocolos de algunas organizaciones de ayuda. «Es algo duro. Es importante buscar mecanismos, si es que hay alguno, para que la gente haga lo que sabe hacer».

Lo que Ramírez y otras 57 familias de aquí saben hacer es cultivar. Las plantas de frijoles que se extienden hasta el horizonte son prueba de ello. Todos los días recibe llamadas de nicaragüenses que desean sumarse a una de esas comunidades. Ha tenido que rechazar esos pedidos. Dice que no pueden aceptar más gente hasta que tengan una cadena de suministro de comida afianzada.

La seguridad de estas comunidades es una preocupación. Ramírez ha sido una piedra en el zapato de Ortega por años y ha demostrado que es capaz de movilizar a la gente. A menudo es comparada con la ambientalista hondureña Berta Cáceres, quien fue asesinada. Las personas nuevas son aprobadas después de una investigación de antecedentes en la que usa su red de contactos adentro y afuera de Nicaragua.

“He visto gente llorar porque para conseguir una enchilada, un plato de comida, se tienen que sacar una foto”, dijo Ramírez, aludiendo a los protocolos de algunas organizaciones de ayuda. “Es algo duro. Es importante buscar mecanismos, si es que hay alguno, para que la gente haga lo que sabe hacer”.

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La mayoría de los refugiados que están con Ramírez provienen del sur de Nicaragua y tienen contactos con su Movimiento Campesino. Cuando se rebelaron en abril del 2018 para apoyar a los estudiantes universitarios cuyas protestas estaban siendo reprimidas violentamente, los campesinos eran veteranos con años de persecución del gobierno por su oposición al ambicioso proyecto de Ortega de construir un canal interoceánico, el cual jamás se hizo realidad. Hubiera conectado el océano Pacífico y el mar Caribe y hubiera requerido la confiscación de mucha tierra cultivable.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comprobó que 325 personas murieron en esas protestas, que Ortega describió como un intento fallido de golpe. El gobierno tilda de terroristas a quienes bloquean carreteras. Las matanzas de personas siguen sin ser resueltas y organismos de derechos humanos las atribuyen a agrupaciones paramilitares que trabajan para el gobierno.

Ramírez dejó su granja, su ganado y una flota de camiones que transportaban sus productos a los mercados el 15 de septiembre del 2018 y caminó cinco días, hasta entrar a Costa Rica por un sector no vigilado de la frontera. Dijo que su vida corría peligro y que, en el mejor de los casos, hubiera sido arrestada junto con cientos de personas. Pidió asilo, paró un tiempo en la capital y trabajó en un mercado en otra ciudad.

Igual que la mayoría de los refugiados, le costó salir adelante en un nuevo país. Costa Rica ha brindado una buena acogida a los refugiados y algunos costarricenses ayudaron mucho su causa, según Ramírez.

Un conocido, por ejemplo, le sugirió que alquilase tierra arable y le prestó el dinero para comprar un camión. Otro se ofreció como garante del alquiler de la tierra. Un tercero le facilitó un chiquero. El gobierno agilizó el proceso para permitir que los hijos de refugiados se inscriban en las escuelas. La mayoría de los refugiados de su comunidad ya han pedido asilo.

De todos modos, subsistir mientras esperan la primera cosecha no ha sido fácil. En Costa Rica, la comida, el alquiler y el transporte cuestan entre el doble y el triple que en Nicaragua. Se saltean comidas. El alojamiento sigue siendo precario. Lo mismo que el acceso a atención médica.

«Hay miles de nicaragüenses en diferentes partes de Costa Rica que no tienen ni dónde acampar», dijo Ramírez. «Se decidieron pues hemos hecho este impulso para buscar mecanismos de que la gente pueda tener siquiera dónde dormir y dónde trabajar»

Ha tratado de establecer más asentamientos para refugiados, incluidos uno para artistas y una granja lechera que produce queso al estilo nicaragüense.

En febrero, Kelly Clements, funcionaria de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, visitó la comunidad campesina de Ramírez. El organismo aportó semillas y herramientas a los refugiados para que plantasen 20 hectáreas de frijoles.

«Estas no son donaciones humanitarias», dijo Clements. «Se trata de suministrar las herramientas y las instalaciones para que la gente pueda cultivar, mantener a sus familias, reconstruir sus vidas».

Patria. Una bandera nacional nicaragüense cuelga de un poste mientras los niños juegan dentro de su refugio en la comunidad de refugiados, en Upala, Costa Rica.

Lograr la autosuficiencia, por otro lado, aliviaría la carga de las comunidades que reciben a los refugiados, señaló. Eso es importante en un país con una tasa de desempleo por encima del 12% y una oposición que presiona al gobierno para que les cierre las puertas a los refugiados.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados lanzó un programa piloto en coordinación con el sistema de bienestar social de Costa Rica que permitirá a 6,000 personas que piden asilo recibir la misma atención médica que los costarricenses.

Una tarde reciente, Francisco Urbina Hernández estaba instalando un toldo para él y su hijo de 15 años. Había sido liberado hacía poco tras cumplir 15 meses de su condena a cinco años de prisión por participar en protestas antigubernamentales.

A los pocos días de ser excarcelado escuchó rumores de que planeaban matarlo, de modo que partió hacia Costa Rica.

Julio César González, de 55 años, se vino con sus dos hijos para pedir asilo en Costa Rica. Su oposición a Ortega se remonta a los días en que apoyó a los «contras» que trataban de voltear al gobierno sandinista en la década de 1980. Todavía habla en tono reverente de Ronald Reagan, el presidente estadounidense que respaldó a los contras.

González participó junto con Ramírez en las protestas en torno al canal y también apoyó a los estudiantes en el 2018. Si bien la tierra no es suya, dice que poder cultivar en Costa Rica lo ha ayudado mucho. Su hijo mayor ya está estudiante agronomía orgánica en una universidad costarricense.

«No venimos a ser una carga para el gobierno», afirmó.

González y otros dicen que regresarían a Nicaragua mañana mismo si la situación lo permitiese. Los alimentos que cultivan no son solo para satisfacer sus necesidades. Planean guardar una parte para poder subsistir mientras esperan la primera cosecha cuando regresen a su país.

Mientras tanto, González trata de aprovechar la capacitación que ofrecen a los refugiados, que podría serle útil para volver a Nicaragua.

«Lo importante son los conocimientos que estamos incorporando», manifestó. «Significa que a Nicaragua vamos a llegar diferentes».

La lucha por los bosques del Quiché

Fotografías de Èlia Borràs / Augusto Magaña

En Guatemala conviven dos visiones contrapuestas sobre los recursos naturales. La del Estado, que los ve como un recurso al que hay que sacarle rentabilidad económica, y la de los pueblos indígenas, que creen que el medio ambiente es una fuente de vida que se tiene que preservar y defender.

En el departamento del Quiché, en el noroccidente del país, las organizaciones indígenas hace años que luchan contra la concesión de licencias para la tala de árboles. Una lucha que ha costado a las organizaciones sociales amenazas e incluso el exilio de una de sus líderes, Lolita Chávez, una de las fundadoras del Consejo de Pueblos K’Iche’ (CPK), una organización en defensa de los derechos de los pueblos indígenas que nació en 2009

Las consecuencias de la deforestación son muy visibles en el Quiché. «Estamos en temporada de lluvia y es como si estuviéramos en verano. La lluvia ha sido irregular. Eso se debe a la tala inmoderada de árboles», asegura el alcalde de Santa Cruz del Quiché, José Francisco Reyes Pérez. La falta de lluvia ha secado el principal sustento de la población rural guatemalteca: la milpa. Desde el CPK señalan que los nacimientos de agua cercanos a la cabecera del departamento se han secado. También ha cambiado el clima frío que caracterizaba a esta región montañosa, la cual se ha vuelto más calurosa con los años.

Pero desde las instituciones la respuesta siempre es la misma: todo se hace dentro de la ley. En total, el Instituto Nacional de Bosques (INAB) ha autorizado 87 licencias para la tala de árboles en el Quiché. Según el director regional de la institución, Byron Palacios, las licencias no son el problema, ya que en el Quiché la gran mayoría de estos permisos son para áreas de bosque muy pequeñas, de unos 10,000 a unos 20,000 m2. Además, estos permisos se dan solo a los propietarios de las tierras, nunca a empresas, apunta Palacios.

Sin embargo, no siempre son los propietarios los que talan los árboles, sino empresas o terceras personas que pagan a los poseedores de estas licencias para poder explotar sus terrenos. «Hicimos un convenio con un señor: yo le vendí los árboles y el INAB me ayudó a sembrar los pinos», aclara Manuel Batz, el propietario de un terreno que forma parte del Programa de incentivos forestales para poseedores de pequeñas extensiones de tierra (PINPEP), que gestiona el INAB.

Se trata de un terreno empinado y un poco más pequeño que un campo de fútbol. Solo se ven pinos que a duras penas superan los dos metros de alto. Es un rectángulo caluroso y soleado, rodeado por un bosque frondoso y oscuro. El propietario explica que los pinos los habían plantado hace dos años, como parte del programa al que está inscrito. El incentivo que le dan apenas le alcanza para mantener el terreno, afirma Batz, pero aún así no se arrepiente de haber talado los árboles, ya que en unos quince años los pinos que ha plantado valdrán entre 1.500 y 2.000 quetzales cada uno (entre 190 y 260 dólares, aproximadamente). El propietario deja claro que al principio él no quería perder sus árboles, pero que fue la persona que le ofreció el dinero a cambio de la leña quien le sugirió apuntarse al programa del INAB para que pudiera reforestar su terreno. «Pienso volver a hacer negocio con el INAB: que me extienda una licencia o habrá alguna empresa que me compre los pinos y se repite el proceso. El terreno para mí es oro», resalta.

Según un estudio del Sistema de Información Forestal de Guatemala (SIFGUA), el país centroamericano exporta casi 600 millones de dólares en productos forestales. En el departamento del Quiché hay registradas 18 industrias forestales, mientras que no hay ningún vivero forestal. Además, el país produce principalmente pino, la misma especie que el INAB promueve para reforestar los bosques del Quiché y el principal producto forestal de la región, según el mismo estudio de SIFGUA.

Cuando la marcha del Día de los Pueblos Indígenas llega frente a la sede del INAB, las más de 150 personas que participan en la manifestación rodean al director regional de la institución, que ha salido a la calle a recibirles. El encuentro entre manifestantes y representantes del INAB es tenso. Un miembro del CPK grita: “el INAB ya no tendría que estar aquí” y la gente contesta con gritos de “¡fuera, fuera!”, mientras Palacios frunce el ceño.

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¿QUIÉN TIENE LA CULPA DE LA DEFORESTACIÓN?

En la última marcha del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra cada 9 de agosto, unos 150 indígenas k’iche’ se dirigieron a la sede del INAB en Santa Cruz del Quiché, la cabecera departamental. Ahí entregaron un documento en el cual pedían que se dejase de adjudicar licencias para la tala de árboles en el Quiché, una región cuyo nombre significa «muchos árboles» en lengua maya.

Una de las primeras en tomar el megáfono para invitar a las personas del municipio a participar en la manifestación fue Sebastiana Par, una de las nuevas dirigentes del CPK. Tiene solo 38 años, pero en su voz y en sus ojos se presiente una sabiduría ancestral. Es guía espiritual, alcaldesa comunitaria y desde hace un tiempo también forma parte de la dirección del CPK. «A raíz de que conocí a Lolita fue que me involucré en el consejo», recuerda Par. Fueron sus mismas compañeras las que le propusieron entrar a formar parte de la dirección del CPK, pues «sentían bastante la ausencia de Lolita«.

Esta es la primera manifestación que convocan desde que Lolita se fue del país en 2017, tras haber sido perseguida por hombres armados que protegían un camión maderero al que miembros del CPK habían retenido. Según la organización son demasiados los camiones que salen de la ciudad cargados de madera. Sobre todo porque en 2011 se celebró en las 97 comunidades del municipio una consulta en la que 28.000 personas votaron en contra del desarrollo de megaproyectos hidroeléctricos, mineros y madereros en la región.

Este tipo de consultas están respaldadas por el Convenio 169 de la OIT, que el Estado de Guatemala ratificó en 1996. Pero el CPK asegura que no se ha respetado el resultado de su consulta, ya que siguen otorgando licencias para la tala de árboles. «Cuando hacemos consultas no le dan seguimiento. Estamos en un Estado racista y excluyente, esa es la sencilla razón», argumenta Sebastiana.

El INAB, sin embargo, defiende que ellos se ciñen a lo que dice la Ley Forestal. El director regional de la institución asegura que el gran problema de Guatemala es que el 81% de la población consume leña y en el mayor de los casos la recogen directamente ellos del bosque, de una forma desordenada y sin mecanismos de reforestación. Un argumento que no convence a las organizaciones indígenas.

Cuando la marcha del Día de los Pueblos Indígenas llega frente a la sede del INAB, las más de 150 personas que participan en la manifestación rodean al director regional de la institución, que ha salido a la calle a recibirles. El encuentro entre manifestantes y representantes del INAB es tenso. Un miembro del CPK grita: «el INAB ya no tendría que estar aquí» y la gente contesta con gritos de «¡fuera, fuera!», mientras Palacios frunce el ceño. «Tenemos que tener claro que los bosques los usamos todos», les responde Palacios, quien también los cuestiona con un ejemplo: «Esos carteles que ustedes traen… ¿de dónde viene ese papel?». Los manifestantes responden con gritos y abucheos. «¡Renuncie! ¡Qué vergüenza!», le grita un hombre de la multitud.

Protesta. La marcha del Día de los Pueblos Indígenas en Santa Cruz del Quiché encabezada por una pancarta del CPK.

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CAMBIAR LA LEY PARA FRENAR LA SEQUÍA

Tanto el alcalde como las organizaciones indígenas coinciden en que para frenar la deforestación hay que modificar la Ley Forestal, para evitar que se sigan dando más licencias para la tala de árboles. Esta es una de las peticiones de la marcha del Día de los Pueblos Indígenas, que termina en la sede de la Gobernación Departamental del Quiché. Frente a los manifestantes, el Gobernador, Carlos Samayoa, prometió llevar la petición ante el presidente y también ante el Congreso: «La ley hace mucho que se aprobó y creo que es hora que se actualice», aseguró.

Sin embargo, el INAB cree que la Ley Forestal ha funcionado desde su aprobación en 1996. «En la década de los noventa, Guatemala perdía unas 130.000 hectáreas de bosque al año; mientras que hoy en día esta pérdida está por debajo de las 20.000 hectáreas anuales», destaca Palacios. El director regional del INAB achaca esta reducción de la deforestación a los programas de incentivo forestal, como el que tiene y defiende Manuel Batz. Solo en el Quiché invierten unos 67 millones de quetzales al año en estos programas (más de ocho millones y medio de dólares), que benefician a unas 400.000 familias, según el INAB.

Pero las organizaciones indígenas como el CPK aseguran que el mal ya está hecho y que no se frenará las consecuencias de la tala hasta que el INAB no deje de conceder licencias. El alcalde de Santa Cruz del Quiché también considera que se están extendiendo licencias para la tala de árboles sin supervisión y asegura que detrás de ellas no hay personas individuales, como defiende el INAB, ya que «cualquier persona necesita coordinarse con una empresa para botar los árboles y llevarse la madera en camiones».

Dirigente. Sebastiana Par, autoridad indígena y miembro del Consejo de Pueblos K’iche’.

Días después de la manifestación organizada por el CPK, visitamos junto a Sebastiana Par una de las comunidades del municipio que ella asegura que están más afectadas por la tala. Ahí nos encontramos con vestigios de que se habían talado árboles: varios tocones donde antes hubo pinos y un suelo cubierto completamente por aserrín, con cortezas y ramas tiradas. «Antes aquí era muy oscuro el bosque y ahora ya no, porque hay menos árboles y los que hay son nuevos», apunta Par.

En el terreno aún quedan algunos pinos de pie, pero se les han cortado las ramas y marcado con una equis, listos para ser talados. En el camino hay varias trozas apiladas e incluso vemos que en una de las casas de la comunidad hay unas tablas de madera secándose contra un muro. En un momento, un señor aparece por el camino. Su nombre es Miguel Ángel y empieza a contar que su milpa se está muriendo porque no hay agua. Este hombre asegura que es culpa de que se está talando demasiados árboles, pues eso está provocando que no llueva.

«La defensa de la tierra no debería ser solo una lucha de los indígenas», apunta Par. Pero, aunque las consecuencias de la deforestación la sufre toda la población, los indígenas son los únicos que están luchando frontalmente para detener la catástrofe, al menos en el Quiché. «Aquí así estamos. Tenemos que velar por nosotros mismos», sentencia Par.


*Este reportaje forma parte del proyecto ‘L’Aigua és Vida’, de AlterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes, que ha recibido el apoyo de la Beca DevReporter 2019, impulsada con financiación del proyecto Frame, Voice, Report! de la Unión Europea, LaFede.cat, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y el Ayuntamiento de Barcelona.

El miedo avanza más rápido que el coronavirus

Fotografía de AP

Tal vez escuchó por ahí que el miedo al coronavirus se esparce más rápidamente que el propio virus.

De boca de funcionarios que tratan de calmar a la gente al ver que cunde el pánico. De su esposa. De sabelotodos que hablan de las distintas formas en que uno puede morir: por el cigarrillo, en accidentes de autos, por una gripe.

Nada de esto parece importar.

A medida que aumentan los casos -ya hay más de 76,000- el miedo avanza con la fuerza de un tsunami. Y no solo en los alrededores de la ciudad china de Wuhan, epicentro del brote.

Los trenes subterráneos de Tokio y Seúl parecen pasillos de hospitales, en los que personas con mascarillas miran mal a cualquiera que tosa o estornude. El propietario de un restaurante de un barrio chino sudcoreano dice que la clientela bajó en un 90%.

A esta altura uno tiene más probabilidades de ganar la lotería que de conseguir una mascarilla en partes de Asia. Se están cancelando conferencias y otros eventos en todos lados, desde Beijing hasta Barcelona y Boston. Hay peleas en Japón, desmanes en Ucrania. Rumores de que se puede usar papel higiénico y servilletas para armar mascarillas hicieron que se agotasen esos productos en Asia oriental.

«El miedo es una emoción muy fuerte y el temor al coronavirus hace que la gente haga cosas irracionales», dijo Bernie Huang, de 31 años, maestro de una escuela de Taipéi, Taiwán.

En realidad, a lo largo de la historia el pánico ha ido siempre de la mano de las pandemias. La plaga que devastó Atenas en el siglo 5 antes de Cristo. La Muerte Negra que erradicó buena parte de la población de Europa en el siglo 14. Y, más recientemente, los brotes de AIDS, ébola, SARS, MERS, gripe aviar e influenza porcina.

Científicos, expertos en estadísticas y todo aquél alejado de las zonas afectadas pueden burlarse de estos temores, pero el miedo, que se propaga de boca a boca y a través de la internet, es real.

«El miedo puede causar más daño que el virus», dijo el primer ministro de Singapur Lee Hsien Loong en respuesta a la compra desenfrenada de papel higiénico, comida enlatada y fideos instantáneos que hubo después de que el gobierno subió el nivel de alarma por el nuevo virus.

Ese temor se siente más que nada en los sitios donde se junta mucha gente: iglesias, centros comerciales y escuelas.

En las Filipinas, casi la mitad de los bancos de muchas iglesias estaban vacíos en las misas dominicales más recientes. En una iglesia protestante de Seúl se dispuso ofrecer servicios por la internet cuando se supo que se le había detectado el virus a una persona que había ido a una misa antes de saber que estaba infectada.

La enorme tienda por departamentos Lotte de Seúl cerró por varios días para ser desinfectada luego de que se supo que allí había estado un turista chino al que se le detectó el virus. Se calcula que perdió unos 16.9 millones de dólares en ingresos.

El temor, y un sentido del humor macabro, pueden explicar ciertos comportamientos extraños. Hay imágenes de personas que usan cáscaras de naranja como máscaras y de niños en cochecitos envueltos en lo que parecen ser bolsas de tintorerías.

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Una importante feria de telefonía móvil fue cancelada en Barcelona. Sony, fabricante del PlayStation, se retiró de una conferencia de videojuegos en Boston por temor al virus. Los organizadores dijeron que la conferencia se hará como estaba programada y que se tomarán medidas especiales de limpieza.

En Namdaemun, el mercado tradicional más grande de Seúl, las ventas bajaron enormemente al informarse que una persona contagiada con el virus había estado allí el mes pasado.

El ministerio de educación de Corea del Sur recomendó a las universidades que posterguen el inicio del semestre en marzo por temor a que estudiantes chinos puedan traer el virus.

El presidente sudcoreano Moon Jae-in expresó su preocupación de que un «temor exagerado» perjudique la economía al suspender el consumo y las actividades de distracción.

También reina la incertidumbre en torno a los esperados Juegos Olímpicos del 2020 en Tokio, a pesar de que los organizadores aseguran que todo se hará como está programado.

«Noto que el temor se esparce más rápido que el virus. Es importante atenuar el miedo», sostuvo Craig Spence, vocero del Comité Internacional Paralímpico.

En Japón, el miedo y el virus forman un potente cóctail en un crucero anclado en el puerto de Yokohama, donde miles de pasajeros y tripulación permanecen en cuarentena por dos semanas en vista de que cientos de personas a bordo contrajeron el virus.

Un pasajero en cuarentena colgó un cartel que dice: «No hay información. Muy tensos. Muchos rumores malos».

La internet facilita la propagación de esos rumores.

Cuando se supo que un periodista que informa desde la casa de gobierno de Japón había estado en contacto con un chofer que portaba el virus, una edición digital del Weekly Post afirmó: «El coronavirus estremece la oficina del primer ministro».

Protección. Después de varias muertes y contagios, el personal médico mejoró el sistema de protección como trajes especiales y ambulancias exclusivas.

El temor, y un sentido del humor macabro, pueden explicar ciertos comportamientos extraños. Hay imágenes de personas que usan cáscaras de naranja como máscaras y de niños en cochecitos envueltos en lo que parecen ser bolsas de tintorerías.

En Taiwán el temor hizo que la gente comprase papel higiénico y servilletas, tras circular el rumor de que podían ser usados para fabricar mascarillas que contienen el virus, según Yang Bo-ken, subdirector de la Oficina de Desarrollo Industrial del gobierno.

En Kobe, Japón, fueron robadas 6,000 mascarillas de un hospital.

Varios cientos de personas que temían haber sido infectadas en Ucrania protagonizaron enfrentamientos con la policía porque bloquearon una carretera que llevaba a un edificio donde había más de 70 personas evacuadas de China que debían permanecer allí en cuarentena.

Dos pasajeros en un tren subterráneo de Fukuoka, Japón, discutieron luego de que un individuo que no tenía mascarilla empezó a toser. Un hombre que estaba allí activó la alarma para emergencias, según la agencia noticiosa Kyodo.

Las autoridades municipales dijeron que recomendarán un código de conducta y el uso de mascarillas.

En Hong Kong, donde la gente tiene que hacer colas para comprar cosas básicas, tres personas con puñales robaron un cargamento de papel higiénico de un camión que hacía entregas de ese producto a un supermercado.

Los gobiernos no siempre saben cómo manejar las cosas.

A ocho ciudadanos de Samoa se les impidió el ingreso a su país y fueron enviados de vuelta a Fiji porque dijeron que habían estado en Singapur, que el gobierno considera una nación de «alto riesgo», de acuerdo con el Samoa Observer.

«¿Dónde está el agua, Florentino?»

Fotografías de proyecto ‘El Agua es Vida’

«¡Mire, ahí va el río, entubado! ¡Es una mierda! Allí es pura piedra, ¡mire! Por ahí va el agua en los túneles de Florentino», grita la líder indígena Ana Rutilia Ical mientras llora frente al alambre de púas que prohíbe el acceso al río Cahabón. Un río que ya no es un río. Al menos en este tramo de su caudal, donde el agua pasa por unos canales de cemento que agujerean las montañas de San Pedro Carchá, un municipio de la zona central de Guatemala. Aquí, el color turquesa que caracteriza el Cahabón no existe. Desde la distancia, sólo se distinguen piedras de color marrón.

Ana Rutilia pertenece a la etnia maya q’eqchi‘, una de las más de veinte etnias que conviven en Guatemala, y por eso viste cada día su huipil, un vestido elaborado con bordados propios de la cultura maya, y una trenza color azabache. Para el pueblo q’eqchi‘, el Cahabón no es sólo un río: es una fuente de vida y un lugar ceremonial.

«¿Dónde está el agua?», grita con rabia la líder q’eqchi‘ desde la ventana del coche en el que viaja, mientras este pasa justo delante de una de las centrales de la hidroeléctrica Renace. Le gustaría salir del vehículo para mirar más de cerca lo que han hecho con su río, pero no puede, por motivos de seguridad.

El 2017, Ana Rutilia, abrió un proceso judicial para desmantelar Renace, un megaproyecto que afecta las cerca de 29,000 personas que viven en los alrededores de sus centrales. Además, es una de las hidroeléctricas más grandes de Guatemala y Centroamérica. Se ha encargado de la construcción el multimillonario Florentino Pérez, presidente de la empresa española Grupo ACS (ACS) y del Real Madrid Club de Fútbol. Desde entonces, la líder q’eqchi’ ha recibido amenazas y ha sido víctima de campañas de deslegitimación, por defender el río de sus antepasados.

El Cahabón recorre 195 kilómetros sobre el territorio guatemalteco y abastece de agua a las comunidades que viven aisladas en las montañas del municipio de San Pedro Carchá. Para el pueblo q’eqchi‘ el río también ha sido históricamente un lugar espiritual y quedarse sin este espacio atenta contra la «recreación y la salud mental y física de las personas», asegura Ana Rutilia y añade: «Aquí lo que está en juego es la vida», mientras observa el caudal vacío. Pero, ¿quién se ha quedado con el río Cahabón?

Los propietarios de Renace, las familias Bosch-Gutiérrez y Gutiérrez-Mayorga, dos de las familias más ricas del país, tienen derecho a utilizar el agua del río Cahabón para producir energía durante 50 años. Pero, si bien Renace genera el 16 % de la electricidad que se necesita en el país centroamericano, los habitantes de la zona rural de San Pedro Carchá no tienen luz en casa. Para iluminar sus hogares (hechos de madera y láminas de aluminio) deben utilizar placas solares, los que lo pueden pagar, o velas.

El encargado de construir los túneles que conectan las cuatro fases de Renace ha sido el magnate presidente del Real Madrid. La hidroeléctrica funciona en «cascada», o sea, que el agua que entra en Renace I, pasa por las diferentes fases y vuelve a su caudal natural después de pasar por la sala de máquinas de Renace IV.

El agua se transporta gracias a unos canales de cemento que recorren las montañas tanto por encima como por debajo de la tierra; los cuales fueron obra de la empresa COBRA Instalaciones Hidráulicas, del Grupo ACS de Florentino Pérez, y operan a lo largo de 30 kilómetros sobre el río. Y, tal como indica el único cartel que está escrito en la lengua propia del pueblo q’eqchi‘ aquella zona es «A naajej ain Wank aj Echalar«, que significa propiedad privada. Estas tierras, sin embargo, no siempre han sido propiedad de la hidroeléctrica.

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EL APROVECHAMIENTO DE LA POBREZA
El 83.1 % de la población del departamento de Alta Verapaz (donde se encuentra San Pedro Carchá) vive en la pobreza. Es la tasa más alta de todo el país. Pero lo más preocupante es que el 53.6 % de la población de esta región se encuentra en pobreza extrema, más del doble de la media nacional. Los más afectados son los indígenas, que representan el 93 % de toda la población del departamento. En un contexto como este, donde casi la mitad de la población es analfabeta y la media de escolaridad es de 4 años, las empresas como Renace pueden penetrar fácilmente en el tejido social prometiendo puestos de trabajo, aunque estos sean precarios, y supuestas mejoras en sus condiciones de vida, aunque este progreso no se materialice.

La Procuradoría de los Derechos Humanos (PDH) es la institución estatal encargada de velar por los Derechos Humanos en Guatemala. El delegado departamental de esta institución en Alta Verapaz, Carlos Alberto Guillermo, asegura que los conflictos entre la población q’eqchi’ y la hidroeléctrica comenzaron cuando la empresa les compró parte de sus terrenos. «Existió una manipulación engañosa, porque nunca dijeron que compraban las tierras para hacer una central hidroeléctrica», señala Guillermo.

La empresa les decía que utilizarían aquellos terrenos para lo que siempre se han utilizado: para cultivar maíz, café o cardamomo. Y, además, les cotizaban las propiedades a precios muy superiores a su valor real. Mucha gente vio en la venta de las tierras una oportunidad para salir de la pobreza, pero sin conocer las consecuencias. «Esto, para mí, es lo que yo llamo el aprovechamiento de la pobreza», dice Guillermo.

Renace. El megaproyecto que afecta a las casi 29,000 personas que viven en los alrededores de sus centrales. Es una de las hidroeléctricas más grandes de Guatemala y Centroamérica.

La realidad es que las condiciones de vida de las comunidades de San Pedro Carchá no han mejorado desde la llegada de Renace. Menos de la mitad de la población tiene acceso a agua en sus hogares y en muchas ocasiones ni siquiera hay una fuente pública de agua en la que la gente pueda abastecerse. Y aunque Alta Verapaz es el departamento con más hidroeléctricas de toda Guatemala (hay 32), el acceso a la energía eléctrica es prácticamente nulo en las zonas rurales, donde vive el 75 % de la población de esta región.

La actividad de la hidroeléctrica, además, está afectando la biodiversidad del río Cahabón, ya que sólo dejan pasar el 10 % del agua por el caudal natural. Todo ello a cambio de trabajos precarios, temporales y rotativos, que se van turnando entre las 29 comunidades que se encuentran en lo que la empresa llama su «zona de influencia». Trabajos como dar direcciones con una banderola en los caminos de tierra y piedra de las comunidades de San Pedro Carchá a cambio de aproximadamente 90 quetzales al día (unos 12 dólares). Este medio ha intentado ponerse en contacto con Renace para tener su versión de los hechos, pero al cierre de esta pieza aún no había recibido respuesta. La empresa, sin embargo, asegura en su página web que genera hasta 15,000 puestos de trabajo en la zona y tiene la aceptación de todas las comunidades.

En el fondo del conflicto está el hecho de que la población q’eqchi‘ no fue consultada sobre si querían o no una hidroeléctrica en sus comunidades. El Convenio 169 de la OIT establece en su artículo 32 que los Estados deben consultar a los pueblos indígenas antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus territorios, particularmente si tiene que ver con la explotación de recursos naturales. Este convenio, ratificado por el Estado guatemalteco en 1996, no se cumplió en el caso de Renace. En 2017 Ana Rutilia presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pidiendo la retirada de Renace por no haber consultado al pueblo q’eqchi‘. La CSJ le dio la razón en julio del año pasado, pero aún así la actividad de la hidroeléctrica no se detuvo.

El 83.1 % de la población del departamento de Alta Verapaz (donde se encuentra San Pedro Carchá) vive en la pobreza. Es la tasa más alta de todo el país. Pero lo más preocupante es que el 53.6 % de la población de esta región se encuentra en pobreza extrema, más del doble de la media nacional. Los más afectados son los indígenas, que representan el 93 % de toda la población del departamento.

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ORGANIZANDO LA CONSULTA
Acompañamos a Ana Rutilia hasta Pansamalá, la última de las comunidades de San Pedro Carchá, a la que se llega después de más de cuatro horas en coche por medio de las montañas. La esperan frente a la escuela unas 150 personas, venidas desde diversas comunidades. Hombres con botas de hule manchadas de barro, mujeres con sus bebés en brazos, ancianos, niños y niñas. Todos esperan impacientes las buenas noticias de Ana Rutilia, que ha venido a explicarles la sentencia de la CSJ, la cual obliga al Ministerio de Energía y Minas a hacer una consulta a las comunidades que viven en los alrededores de Renace.

Pero la abogada y líder q’eqchi‘ no se encuentra del todo satisfecha con el resultado de la acción judicial. «Nosotros pedimos que se suspendieran los proyectos hidroeléctricos porque se había v ulnerado el derecho del pueblo q’eqchi‘», subraya. Es por este motivo que Ana Rutilia presentó un recurso de apelación ante la Corte de constitucionalidad (CC), el último estamento del poder judicial guatemalteco. En este recurso piden no sólo que se haga la consulta, sino también que Renace deje de funcionar. La primera vista pública ante la CC se celebró a finales de octubre. A Ana Rutilia la acompañaron representantes de las diversas comunidades que se encuentran en resistencia contra la hidroeléctrica. «Esto no es un juego», nos recuerda la abogada.

Resistencia. A través de la líder Ana Rutilia, las comunidades presentaron un recurso de apelación a la Corte Constitucional en el que pidieron que Renace deje de funcionar.

Así como en Pansamalá, Ana Rutilia hará asambleas en las diversas comunidades de San Pedro Carchá a lo largo del año. En su tiempo libre, visitará las cerca de 400 comunidades del municipio para organizar un consejo de coordinación de la consulta, con representantes de las diversas comunidades, con el objetivo de evitar que el Gobierno y la empresa organicen la consulta a la su manera, como ha ocurrido en otras ocasiones. «Nosotros la diseñaremos y decidiremos quién se sentará en la mesa», señala la líder q’eqchi‘.

En estas reuniones, Ana Rutilia se toma el tiempo de responder a las dudas de la gente. Las asambleas se hacen en lengua q’eqchi‘, pero en todas se distinguen algunas palabras en castellano: amparo, Corte Suprema y Florentino Pérez, a quien la gente de todas estas comunidades señalan como el culpable de la construcción de esta hidroeléctrica. «Aquí lo que está en juego es la vida, no sólo de los seres humanos, sino de todo el pueblo q’eqchi‘», afirma la abogada.


*Este reportaje forma parte del proyecto ‘El Agua es Vida’, de la ONG AlterNativa, que ha recibido el apoyo de la Beca DevReporter 2019, impulsada con financiación del proyecto Frame, Voice, Report! de la Unión Europea, el Ayuntamiento de Barcelona y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.

La isla de los baches

Auto parqueado a la orilla de una calle llena de baches
La isla de los baches

Las cifras son contundentes: cada 55 minutos hay un accidente de tránsito en Cuba y cada 13 horas fallece una persona como resultado de ello. Además de la indisciplina vial y la escasa percepción del riesgo, una de las razones que más pesa son las pésimas condiciones de las vías, así lo muestra esta investigación de El Toque en alianza con CONNECTAS, la plataforma líder de periodismo investigativo de la región.

Los datos, aportados por el periódico Granma, el 5 de diciembre de 2019, no distan mucho de los de 2018, año en el que el país tuvo, en promedio, dos fallecidos, 21 lesionados y 29 accidentes cada día, según explicó el coronel Roberto Rodríguez Fernández, Jefe de la Dirección Nacional de Tránsito, en el programa televisivo Mesa Redonda, el 5 de junio del pasado año. Rodríguez Fernández enumeró los rasgos de la situación operativa en el tema accidentes. El primero fue: los “altos niveles de indisciplina vial y escasa percepción del riesgo tanto por peatones como por conductores”, y el segundo: la “deficiente infraestructura vial y de señalización”.

La situación en la Isla suma a lo que según la Organización Mundial de la Salud es un problema de toda América Latina donde cada año, los accidentes en las vías causan la muerte de aproximadamente 154.000 personas. Según la misma organización, la seguridad vial es una asignatura pendiente para muchos gobiernos de la región y un importante problema de salud pública, particularmente para los países de bajos y medianos ingresos.

Según la Ley 109 Código de Vialidad, aprobado por el Parlamento en 2010, “la obligación de proteger y mantener en buen estado las vías” corresponde a “la autoridad administrativa” que las atiende, “de acuerdo con la clasificación basada en su interés socioeconómico”, “y en tal sentido planifica en su presupuesto los recursos requeridos para ello”. ¿Cuál es esta autoridad en cada caso?

Al Ministerio del Transporte (Mitrans) corresponden las vías nacionales; al Consejo de la Administración Provincial del Poder Popular, las provinciales; al Consejo de la Administración Municipal, las municipales; y a la entidad determinada [empresas, otros ministerios, etc.] las vías de interés específico, detalla la legislación.

Aunque no salga en “La letra del año”, (importante ceremonia religiosa de adivinación y pronóstico de los principales temas) o en los horóscopos, la reparación de viales en el país podría ser un tema importante en el año que inicia, a juzgar por el énfasis y la reiteración de ciertas declaraciones según las cuales el gobierno “prevé destinar este año más de 174 millones de pesos al programa vial y ejecutar 31 inversiones fundamentalmente en el sector del turismo, la Zona Especial de Desarrollo Mariel y otras obras de interés económico y social”.

La prensa estatal anunció que se concentrarán esfuerzos en la rehabilitación de autopistas, carreteras y puentes y se atenderá “la necesidad de hacer uso de todas las tecnologías de que dispone el país para el mantenimiento y reparación” de estas arterias. Tal y como evaluó el Presidente, Miguel Díaz-Canel, se tendrán en cuenta “las estrategias locales que puedan ponerse en práctica y permitan dar respuestas desde la comunidad a sus propios problemas”.

Accidente de tránsito en Cuba
Constancia. Cada 55 minutos hay un accidente de tránsito en las calles de Cuba.

7,6 DE CADA 10 CALLES EN REGULAR O MAL ESTADO

De acuerdo con datos ofrecidos por el diario Granma —que usa como fuente Mitrans— la red vial de la Isla “abarca 71.138 km. De ese total, el 24 por ciento se evalúa en buen estado, el 37 por ciento se encuentra en condiciones regulares y el 39 por ciento en mal estado”. O sea, 7,6 de cada 10 calles están en regular o mal estado.

En el programa televisivo Mesa Redonda del 26 de enero de 2012 el entonces director del Centro Nacional de Vialidad, Carlos Bárcena Ramos, manifestó que de las vías de Interés Nacional, el 58 por ciento estaba en buen estado en 2011, con lo cual se comprende que a pesar de los proyectos y esfuerzos declarados y/o acometidos, la picada en ese renglón ha sido indetenible.

Tratándose entonces de una crisis que lleva décadas, la gente común lo ha incorporado a su cotidianidad, como casi siempre sucede entre cubanos, con resignación y humorismo. Al rastrear en Youtube puede encontrarse audiovisuales del último lustro donde los comediantes más populares del momento echan leña a la interminable hoguera de las sendas agujereadas. Uno de ellos comentaba que ya la calle Línea/Avenida 31 de La Habana tiene un escalón más alto que el resto del pavimento, porque cada vez que arriba a la nación un significativo visitante —los dos últimos papas, Barack Obama, etc.— la asfaltan nuevamente, para que pasen por allí, mientras las demás permanecen con sus inamovibles cráteres.

La Habana, que vivió el fasto de sus 500 años con miles de fuegos artificiales, tiene también miles de grietas en sus vías públicas esperando por soluciones. En diciembre de 2018, el semanario Tribuna de La Habana se refería a “las avenidas que presentan la vulnerabilidad de décadas sin mantenimiento”.

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LA “NOVELA” HISTÓRICA

Una búsqueda rápida por la web permite comprobar cómo el asunto de los viales se torna una “novela” en cada territorio cubano. Con más o menos sistematicidad aparecen textos, reveladores de las angustias locales y globales al respecto, de sus causas y consecuencias.

“Si la situación del mal estado de algunas vías principales continúa, a Sancti Spíritus, en lugar de reconocerla por su emblemático río Yayabo, dentro de poco la identificarían como la ciudad de los baches”, se dolía la periodista Xiomara Alsina, el 29 octubre de 2018 en el semanario Escambray.

Ocho meses más tarde, en el propio medio, la reportera Delia Proenza comenzaba otro trabajo de la siguiente forma: “Heridas aquí, heridas allá. Casi siempre largas, sin cicatrizar. Ásperas huellas que hacen brincar los ciclos y vehículos automotores. A veces, oquedades que provocan accidentes; furnias inadvertidas o, en el mejor de los casos, con un palo y un trapo rojo en el extremo superior, colocado a modo de aviso”. Se trataba, obviamente, del mismo perro con distinto collar.

La Habana, que vivió el fasto de sus 500 años con miles de fuegos artificiales, tiene también miles de grietas en sus vías públicas esperando por soluciones. En diciembre de 2018, el semanario Tribuna de La Habana se refería a “las avenidas que presentan la vulnerabilidad de décadas sin mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción, debido a las carencias de recursos imprescindibles para asumir un programa de miles de millones de dólares en medio del recrudecimiento del bloqueo impuesto a Cuba por el gobierno de los Estados Unidos”.

El caso de Moa, en la oriental provincia Holguín, es bastante significativo. Siendo un sitio que ha aportado grandes dividendos a la nación, por la riqueza del níquel en su suelo, las circunstancias de vida allí dejan mucho que desear.

En una reunión donde participó el mandatario Díaz-Canel, en septiembre de 2018, la presidenta del Consejo de la Administración Municipal moense, Gisela Mendoza Sierra, señaló que el mal estado de los viales y del fondo habitacional eran precisamente los temas más complejos de la localidad.

Al occidente de la Isla, el artemiseño municipio Bahía Honda vio cómo a inicios de octubre de 2018 le fue retirado el servicio de Ómnibus Nacionales que enlaza con la capital del país porque la carretera se encontraba dañada por el huracán Michael, según denunció en un comentario televisivo la periodista Gisela García Rivero. Curiosamente, reseñaba la analista, Artemisa fue la provincia más beneficiada con acciones de asfaltado en ese año, de acuerdo con datos del Ministerio de la Construcción (Micons), entidad que junto al Mitrans ejecuta obras de este corte.

Angustias similares han experimentado los vecinos de Manzano de Majaguabo, en el municipio santiaguero de San Luis, según narró en carta a Juventud Rebelde Jesús Cabrera Arguelles, el 24 de enero de 2019. Los sendas que unen a la comunidad con otros asentamientos están llenas de huecos, zanjas y desvíos, refería en su misiva el santiaguero.

Y agregaba: «Pobres de los operados y enfermos que por necesidad deben ser trasladados por allí […]. Parte de esa odisea ocurre en el tramo de San Luis hasta el central Chile, donde único se observa lo poco que queda del pavimento de antaño. El resto del recorrido hasta el Paraíso y más, casi parecido, pero sin rastro de lo que fue. Cuando llega la temporada de lluvias es un infierno viajar con los atasques de los carros cargados de mercancías. Y lo más importante: las vidas humanas que se han visto en grandes apuros».

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CAUSAS Y ABSURDOS

En 1989 el Micons producía 2`200.000 toneladas de mezcla asfáltica, con lo cual se le podía dar mantenimiento a más de 4.400 kilómetros de carreteras anualmente, en acciones de bacheo, recape, resane. Era una situación muy favorable, refirió en la citada Mesa Redonda de enero de 2012, Calixto Galiano Ramírez, en ese momento director de Ingeniería del Ministerio.

Luego del derrumbe soviético y de Europa del Este y el mazazo económico que ello representó para la Isla caribeña, nunca más se han recuperado aquellos niveles de producción de asfalto.

Si bien esta resalta como la causa principal de que el ritmo de mantenimiento y reconstrucción de las sendas se haya desfasado tanto en la Mayor de las Antillas, hay otros factores no despreciables.

El Código de Vialidad es muy preciso al indicar que “el autorizado a realizar obras en la vía está obligado a restablecerla a su estado original y cumplir los requerimientos técnicos y de calidad establecidos”, y que “los consejos de la administración provinciales y municipales del Poder Popular, conforme a sus respectivas competencias, supervisan la ejecución de las obras” […] y garantizan la necesaria coordinación entre los ejecutores de trabajos de vialidad y labores en redes soterradas.

Sin embargo, pululan los ejemplos de malas prácticas y descoordinación: “Duele ver cómo, después de pavimentada una vía, se autoriza romperla con el pretexto de las instalaciones de agua; pero luego no se fiscaliza su terminación hasta lograr el sellado correcto”, respondía a Escambray en 2018, Yosvel Salvador Pérez, director de Servicios Comunales en el municipio Sancti Spiritus.

En un comentario para la revista Haciendo Radio, en 2014, el periodista Francisco Rodríguez Cruz expresaba: “Podría poner ejemplos de lugares donde se rehabilitaron unas calles y otras contiguas y de similar importancia no se han tocado; e incluso hasta de una misma carretera en la cual se reparó un pedazo, y el otro quedó tal y como estaba. O de chapucerías en las reparaciones que dejan desniveles en la vía o no resuelven los problemas que dan origen a los baches, y por tanto al poco tiempo los huecos vuelven a resurgir sin remedio”.

En septiembre de 2019, de un total de 29 inversiones de viales a ejecutarse, 15 reportaban atrasos “por carencia de recursos, tales como áridos, cemento, acero, líquidos asfálticos y combustible” y por “problemas de capacidad constructiva y afectaciones climatológicas”, detalló un reportaje del Noticiero Nacional de Televisión.

En el caso de los puentes, cuya reparación es más compleja porque demanda personal y recursos especializados, muchas veces su nivel de caducidad no se corresponde con situaciones climatológicas adversas, de las que frecuentemente afectan al país. De ahí que terminen colapsando.

Una palabra que no deja de repetirse en informes, textos de prensa, declaraciones, proyectos relacionados con los viales es “sostenibilidad”. No obstante, al parecer en este sector los empeños no son sostenibles. Equipos y maquinarias de trabajo obsoletos, malas condiciones de labor para una tarea que por lo general se realiza en condiciones de desgaste: intemperie, sol, altas temperaturas, materiales abrasadores; remuneración insuficiente… Son muchos los agujeros de la vieja carretera.

Cuadrilla de trabajadores recarpeteando una avenida de la Habana,Cuba
Integrados. Los baches ya hacen parte del paisaje cubano, eludirlos es parte de la tarea de conducir en la isla.

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AUTOPISTA, CENTRAL Y PROYECCIONES

La única vía que conecta al país, pasando por todas las cabeceras provinciales, excepto Cienfuegos, es la vetusta Carretera Central, terminada a inicios de la década de 1930 y carente de mantenimientos oportunos. El flamante proyecto de la Autopista que conectaría modernamente la nación, se quedó a medias —hasta Taguasco, Sancti Spíritus— con la crisis iniciada en 1990.

Si bien el sueño de terminar esta vía expresa de varios carriles ya es casi una quimera inalcanzable en el sentir de muchos, la añeja Central demanda atenciones urgentes. En 2017, el periodista Daniel Valero, comentaba al respecto: “El reducido ancho de la ruta es otro motivo de inquietud. Al ser inaugurada, sus más de seis metros bastaban para dar cabida a cuánto vehículo necesitara transitarla; hoy cualquier cruce entre dos transportes de cierto tamaño demanda de sus conductores toda la sangre fría de un corredor de Fórmula Uno.

“En el Plan del 2019 y hasta el 2030 se mantienen como inversiones priorizadas las asociadas al desarrollo de la cayería norte del país y de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, así como obras de interés turístico y otras en el ámbito económico-social. Además, se pone énfasis en el mejoramiento de la señalización en las vías y continúan las actividades relacionadas con el sellado de grietas, pavimentación, fresado y reparación de puentes y alcantarillas, fundamentalmente en la Autopista Nacional y la Carretera Central”, reseñaba Cubadebate, en junio último.

Desde el Presidente, pasando por el actual ministro de Transporte, hasta los funcionarios de menor jerarquía, se ha hecho mucho hincapié como se ha reseñado en las publicaciones oficiales, en la necesidad de descentralizar un tanto esta tarea y que cada territorio encuentre fórmulas viables para reparar sus arterias. ¿Se logrará en este año? ¿Se desatarán al fin las autonomías locales?

En 2012, el Ingeniero Oscar del Toro, inspector general del transporte, informó en la Mesa Redonda que el país había aprobado dos años antes la Estrategia Nacional de Seguridad Vial y una de sus metas era “alcanzar en un término de cinco años que las vías de interés nacional tengan un estado bueno en un 80 por ciento, y el restante 20 por ciento tenga un estado regular”.

La realidad, ya sabemos, ha sido bastante distinta. Y los datos no dejan de zumbar: Cada 13 horas, un fallecido; cada 55 minutos, un accidente…


Este reportaje fue realizado por Jesús Arencibia para El Toque, en alianza con CONNECTAS

La terrible historia de Aaron Hernández: ¿víctima o victimario?

Aaron Hernández:

«Por qué». Esa frase es recurrente en la mente del espectador durante las poco más de tres horas en que la miniserie de Netflix Killer Inside: The Mind of Aaron Hernández (La mente de un asesino: Aaron Hernandez) retoma la turbulenta vida de quien apenas frisando la mayoría de edad se convirtió en una de las estrellas de fútbol americano más destacada y prometedora de Estados Unidos.

En el 2010, cuanto tenía solo 20 años, Aaron Hernández se convirtió en ficha de los Patriots de Nueva Inglaterra, el equipo más ganador de la era; tres años más tarde, en el 2012, firmó con ese conjunto de la liga profesional de fútbol americano (NFL por sus siglas en inglés) un contrato por $40 millones.

Estaba destinado a brillar, hacía una dupla perfecta con el mariscal de campo Tom Brady y pronto eclipsó a los medios de comunicación, sabedores de que era una estrella en ascenso quien, además, era dueño de un impresionante atractivo físico.

Sin embargo, tras toda la parafernalia y la millonada de dólares que estaba obteniendo el jugador de ascendencia puertorriqueña e italiana, había una especie de doble vida marcada por los vicios, episodios súbitos de matonismo, amistades peligrosas y actos totalmente irracionales, entre ellos tres supuestos homicidios, aunque solo fue condenado por uno de fue ellos: el asesinato de su amigo Odin Lloyd, también jugador de fútbol americano –aunque de menor ralea– y novio de la hermana de la prometida de Hernández, Shayanna Jenkins. Es decir, eran concuños.

El cuerpo de Lloyd apareció tiroteado y abandonado en una zona agreste cerca de la casa de Hernández la madrugada del 17 de junio del 2013. Apenas unos días después, el 26 de junio, Estados Unidos y el resto del mundo presenciaban en las noticias el arresto en vivo de Aaron, como sospechoso del crimen de Odin, por el cual sería sentenciado a cadena perpetua tres años después.

La serie de Netflix muestra una historia reconstruida con testimonios de amigos, jugadores y expertos. También ofrece imágenes exclusivas de la corte, las llamadas telefónicas de Hernández desde la prisión y entrevistas con quienes conocieron tanto a Hernández como a Lloyd.

«Examina meticulosamente la tormenta perfecta de factores que condujeron al juicio, la condena y muerte de un atleta que aparentemente lo tenía todo», dice Netflix.

Estrenada hace un mes, hasta la fecha La mente de un asesino: Aaron Hernandez sigue planteando un sin fin de «por qués», más allá de los tres asesinatos que se le atribuyeron, pues a lo largo de la reconstrucción de su corta vida (Hernández se suicidó en prisión en abril del 2017) el malogrado deportista incurre, a todas luces, en actitudes erráticas e incomprensibles. Sobra decir que este texto está repleto de spoilers, por aquello de que prefiera ver la serie antes de conocer parte de su contenido de antemano.

Encierro. Aaron Hernández se convirtió en ficha de los Patriots de Nueva Inglaterra cuando solo tenía 20 años. El éxito parecía estar asegurado, hasta que un crimen lo llevó a la cárcel.

Las alertas de que algo no andaba bien en la mente del exjugador, nacido en Connecticut, Estados Unidos, empiezan a saltar desde el primer episodio, cuando por ejemplo se escuchan grabaciones de sus conversaciones con sus amigos, pareja y abogados, ya estando en prisión. En varias ocasiones, Aaron banaliza totalmente su situación, lo cual no es tema menor si se toma en cuenta que pasó de vivir en una enorme mansión de casi dos millones de dólares a una pequeña celda en el Souza-Baranowski Correctional Center, una cárcel de máxima seguridad en Lancaster, Massachusetts.

Por ejemplo, en una conversación con su prometida Shayanna Jenkins, madre de su entonces pequeña hija, Avielle Janelle, Hernández le dice algo así: «Para mí es lo mismo estar afuera que estar aquí adentro, me evita tener que tomar decisiones, lo único que extraño mucho es a la bebé». Igual estupefacción genera, a lo largo del seriado, observar su impasible actitud durante los juicios que enfrentó acusado de tres asesinatos que, a la fecha, no tienen explicación.

Dirigido por Geno McDermott, el documental reconstruye la infancia, juventud, auge y estrepitosa caída del exastro, revela su supuesta homosexualidad y muestra la cadena de absurdos en su errática conducta, incluso a la hora de cometer los asesinatos que se le atribuyeron, en los que no se cuidó en absoluto y dejó evidencias de todo tipo y por todas partes.

El caso conmocionó a Estados Unidos: el afable y atractivo hombrón, idolatrado por millones y quien se mostraba como un joven afable y carismático en las entrevistas con presentadores estrella ¿acusado de homicidio? ¿Cómo pudo suceder? Las comparaciones con el caso de O.J. Simpson también están presentes, en el sentido de que se trata de dos astros del fútbol americano caídos en desgracias. Sin embargo, la gran diferencia es que Aaron parece, a lo largo del documental, no consciente de la gravedad de sus actos.

Poco a poco, el programa va infiriendo que algo pasa con el cerebro de Aaron. En una seguidilla de escenas reproduce jugadas en las que Hernández sufre fuertísimos golpes, típicos en el fútbol americano, y el mismo jugador comenta luego, durante las comunicaciones privadas que trascendieron tras su muerte, que aguantaba el dolor por los golpes gracias a la medicación que recibía con tal de que terminara el partido.

De hecho, el título del documental es realmente un juego de palabras que, en principio, dan a entender que escudriñarán una mente asesina. En realidad, el centro de toda la recopilación es analizar la (posiblemente dañada) mente de Hernández producto de los golpes recibidos en su carrera deportiva. El caso es desolador, por decir lo menos. Y con un desenlace tan atroz como irónico: entre sus últimas voluntades, Aaron plasmó que donaría su cerebro a la ciencia con el fin de que lo examinaran para detectar el grado de daño que posiblemente se producía en el cerebro de los jugadores de este deporte de alto impacto.

Netflix logró su cometido, pues los principales medios del mundo han enfocado su mirada hacia la polémica que siempre ha rodeado la rudeza de este deporte, solo que siempre se ha manejado con un perfil relativamente bajo… hasta ahora.

La BBC, por ejemplo, describe en un artículo reciente los hallazgos tras la autopsia: «Colocado sobre una mesa de laboratorio, horas después de su muerte, el cerebro de Aaron Hernández ofrecía una apariencia saludable. A fin de cuentas se trataba de una persona joven, de 27 años, que vio truncada su carrera en el mundo del fútbol americano tras ser condenado por el asesinato de uno de sus amigos en 2013. Pero lo que en principio parecía un cerebro sano, escondía debajo de su superficie un secreto que sorprendió a los científicos que llevaron a cabo la autopsia del jugador: El órgano mostró un estado de encefalopatía traumática crónica (CTE, por sus siglas en inglés) similar al de alguien afectado por esa enfermedad cerebral degenerativa de 60 años», explica el citado medio.

Como si este caso no estuviera provisto de suficiente asombro, la muerte de Aaron decantó otras situaciones que parecen surrealistas. En lo que la prensa llamó «la operación cerebro», una vez que se trascendió el hecho, 24 horas después del suicidio de Hernández (quien usó una sábana para colgarse en su celda) su cerebro fue llevado en sumo secreto al hospital de la Universidad de Boston, en un acuerdo al que llegaron familiares y abogados del exdeportista, convencidos de que su comportamiento era totalmente anormal.

Como se comprobaría meses después, Hernández padecía la mayor Encefalopatía Traumática Crónica (CTE, por sus siglas en inglés) jamás analizada por científicos en una persona de su edad, según anunciaron investigadores de la Universidad de Boston.

Víctima. Hernández fue encontrado culpable porel asesinato de amigo Odin Lloyd, también jugador de fútbol americano y novio de la hermana de la prometida de Hernández, Shayanna Jenkins.

Los doctores explicaron que el exfutbolista de los Patriots fue diagnosticado con CTE nivel 3 –el 4 es el más severo–, un hecho que no había sido descubierto hasta ahora en el cerebro de una persona menor de 46 años, según declaró Ann McKee, líder de la Unidad del CTE de la universidad, en entrevista con The Washington Post.

El cerebro de Hernández, que McKee definió como «una de las mayores aportaciones a nuestro trabajo», tenía sobre todo daños en el lóbulo frontal, lo que afecta la capacidad de la persona para tomar decisiones y tener un comportamiento moderado.

Durante la conferencia en la que se anunciaron estos resultados, los especialistas proyectaron imágenes del cerebro del jugador comparándolo con el de una persona que no ha sufrido tal daño. El cerebro de Hernández mostraba manchas oscuras, así como zonas deterioradas y de menor tamaño que no están presentes en un órgano sano. Asimismo, tenía una gran pérdida de tejido y evidencia de microhemorragias.

Los análisis de la experta fueron detallados en el tercer y final episodio de la serie. «No podemos tomar la patología y explicar el comportamiento», afirmó McKee. «Pero podemos decir colectivamente, con nuestra experiencia colectiva, que los individuos con CTE –y con CTE de esta gravedad– tienen dificultades para controlar los impulsos, tomar decisiones, inhibir los impulsos de agresión, la volatilidad emocional, los comportamientos de ira», agregó.

En su momento, la cadena Univisión citó los resultados de una investigación en la revista médica JAMA, la que concluyó que el 99% de los cerebros de jugadores de fútbol americano que fallecieron y cuyo órgano fue donado para la investigación científica padecían de encefalopatías traumáticas crónicas.

De los 202 casos de atletas muertos considerados en esta investigación –que jugaban en bachillerato, en la universidad o en la liga profesional NFL– 177 tenían CTE. Esto equivale a tres de cada 14 estudiantes de secundaria, 48 de cada 53 estudiantes universitarios y 110 de cada 111 exjugadores de la NFL, citó el mencionado medio.

Al ofrecer los resultados de su estudio, McKee mostró su inquietud porque, según dijo, «hay una preocupación en el hecho de que estamos viendo la enfermedad en estado avanzado en jóvenes atletas», como en el caso de Hernández. «Sea porque juegan de manera más agresiva o porque empiezan (a jugar) a edades más tempranas, no lo sabemos».

Con Aaron fallecido, las dudas de lo que pudo ocurrirle permanecerán en el plano hipotético, posiblemente, para siempre.

Pero ¿cuáles fueron los hechos más visibles de una conducta atípica y que, lamentablemente, terminó en la muerte de tres personas, aunque Hernández solo fue condenado a cadena perpetua por uno de los homicidios de los que se le acusó.

Estrenada hace un mes, hasta la fecha La mente de un asesino: Aaron Hernandez sigue planteando un sin fin de “por qués”, más allá de los tres asesinatos que se le atribuyeron, pues a lo largo de la reconstrucción de su corta vida (Hernández se suicidó en prisión en abril del 2017) el malogrado deportista incurre, a todas luces, en actitudes erráticas e incomprensibles. Sobra decir que este texto está repleto de spoilers, por aquello de que prefiera ver la serie antes de conocer parte de su contenido de antemano.

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DE LA GLORIA A LA CAÍDA LIBRE

De acuerdo con una semblanza publicada por El Comercio, de Perú, Aaron Josef Hernández nació el 6 de noviembre de 1989 en Briston, Connecticut y fue hijo de Dennis Hernández y Terri Valentine, quienes trabajaban en una escuela. En el 2010 decidió apostarlo todo al fútbol americano y dos años más tarde firma un contrato de 5 años con los Patriotas por más de $40 millones.

Sin embargo, su prometedora carrera empezó a derrumbarse el 17 de junio del 2013 cuando hallaron el cuerpo de Odin Lloyd, de 27 años y también jugador de fútbol americano, con heridas de bala en un parque industrial en North Attleboro, Massachusetts. La policía pronto estableció que Lloyd, quien era concuño de Hernández (novio de la prometida de Aarón) había sido visto a las 2:30 a.m. junto a la estrella de los Patriots y sus amigos, Carlos Ortiz y Ernest Wallace, en un auto plateado rentado.

A las autoridades les bastaron unos cuantos días para recopilar pruebas de todo tipo, incluso hallaron el ADN de Hernández en el lugar del homicidio, así que pronto, el glorioso jugador fue acusado de asesinato en primer grado, además de que levantaron cargos en su contra por portar armas y lo relacionaron con un doble homicido ocurrido en Boston en julio del 2012 y en el que murieron a tiros Daniel de Abreu y Safiro Furtado, quienes habían tenido un leve incidente en una discoteca de esa ciudad al derramar accidentalmente una bebida en la camisa de Aaron.

Luego de la detención de Hernández por el homicidio de Odin, las autoridades se enfocaron en el doble homicidio del 2012 y empezaron a recabar pruebas. Entretanto, tras casi tres años de investigación y procesos judiciales, el 15 de abril de 2015 Aaron Hernández fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Odin Lloyd y sentenciado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.

Irónicamente, días antes de que Aaron se quitara la vida, un jurado de Massachusetts declaró inocente al exjugador por el doble homicidio tras 37 horas y media de deliberación en seis días. De todas maneras, ya estaba condenado a prisión perpetua.

De acuerdo al portavoz del Departamento de Correccionales, Christopher Fallon, el deportista se ahorcó utilizando una sábana que amarró a una ventana de la celda, e intentó bloquear la puerta con varios objetos.

José Baez, el abogado de Hernández, reveló que el exjugador había dejado tres notas de suicidio: una a su hija, una a su prometida y una a su abogado, misivas que comprueban que sufría de una enfermedad que de haber sido diagnosticada y tratada podría haber cambiado las cosas.

La serie documental de Netflix repasa de un tirón todos los hechos, pero es imposible no reparar que fue apenas 10 años atrás, en el 2010, que Aarón Hernández fue reclutado por el cuadro del mítico mariscal de campo, Tom Brady, y su ascenso parecía imparable. Incluso, había firmado un contrato por $40 millones poco antes de ser encarcelado.

Fuerza. Así era tacleado Aaron Hernández en 2012, cuando jugaba para los New England Patriots.

ABUSO SEXUAL Y GOLPES

En medio de todo el interés que ha generado el caso por cuenta de Netflix, la cadena CNN trajo a colación los resultados de una investigación realizada hace dos años por el equipo periodístico Spotlight, del diario The Boston Globe, que entrevistó a personas muy cercanas a Aaron, quienes confirmaron que a menudo fue golpeado por su padre, que fue abusado sexualmente de niño y que tenía una relación sexual con su mariscal de campo de la escuela secundaria.

La investigación se basó en decenas de entrevistas, miles de registros judiciales y gubernamentales, y grabaciones de cerca de 300 llamadas telefónicas a la cárcel entre Hernández y otras personas, publicó.

Las confesiones más vehementes las dio Jonathan Hernández, hermano mayor de Aaron, quien ratificó que su padre era implacable y que ellos le tenían terror, aunque Aaron también sentía un gran amor por él.

No se consignó en la investigación por parte de quien habría sufrido Aaron el abuso sexual.

El objetivo final, como se dijo al principio de esta nota, fue tratar de explicar la pregunta constante, y tal vez sin respuesta, sobre Hernández: ¿Por qué? ¿Por qué una talentosa estrella del fútbol con un contrato de 40 millones de dólares mató a Odin Lloyd en junio de 2013? ¿Por qué se suicidó en la cárcel pocos días después de haber sido absuelto en un juicio por doble asesinato?

Daño importante. La lesión cerebral que tenía Hernández es la más extensa de su tipo que se haya podido estudiar hasta el momento.

HABLA LA PROMETIDA

Cuando se estrenó la serie en Netflix, la prometida de Aarón, Shayanna Jenkins, se pronunció en Instagram para agradecer las muestras de solidaridad que le habían llegado por esa red social, y anunció que se retiraría unas semanas para procesar todo lo que estaba viviendo.

Por fin, la semana pasada Shayanna habló sobre su relación con el exjugador de la NFL.

En medio de lágrimas se refirió a la sexualidad de Aaron Hernández, ya que no le pareció justo que se mostrara la bisexualidad del jugador.

«No puedes describir la sexualidad de alguien sin haber estado ahí, es más, aunque tuve un hijo con él (Hernández), sigo sin poder decirles cómo se sentía realmente», declaró a ABC News.

Jenkins también habló sobre si el exjugador de los Patriotas algún día le confesó su supuesto gusto por los hombres, algo que se menciona mucho en el programa de Netflix.

De hecho, en el documental habla Dennis SanSoucie, compañero de Aaron en la secundaria y quien afirma que tuvieron encuentros sexuales y que Hernández le confesaba sentir temor a que se llegara a saber su orientación sexual.

Netflix logró su cometido, pues los principales medios del mundo han enfocado su mirada hacia la polémica que siempre ha rodeado la rudeza de este deporte, solo que siempre se ha manejado con un perfil relativamente bajo… hasta ahora.

«Me hubiera gustado que me lo dijera, realmente lo hubiera deseado. Eso no hubiera cambiado nada, lo hubiera seguido amando igual», dijo Shayanna.

Hernández y Jenkins mantuvieron una relación estable antes de que fuera ingresado a prisión. Su matrimonio no se pudo concretar debido al suicidio del exfutbolista de la NFL.

Como si todo lo anterior no fuera suficiente para conferirle un tenor casi de incredulidad a toda esta historia, en agosto del 2018 José Báez, el abogado y a la postre amigo muy cercano de Aaron, publicó un libro en el que reveló el contenido de tres cartas que dejó Aarón, dirigidas a su abogado, a su prometida y a su hijita.

En la misiva que dirigió a su abogado se infiere la relación fraternal que habían establecido los dos hombres a lo largo de la batalla legal que enfrentaron.

«Bueno, escribo esta carta después de mi absolución y quiero darle voz a cómo me siento y dejar que otra gente cuya música me ha ayudado a pasar los malos momentos, sepa que lo hizo. Bien o mal -quién sabe- solo quiero seguir mi instinto y que me guíe», se puede leer en la carta escrita para Báez.

La que le escribió a su prometida, Shayanna Jenkins, estaba llena de cariño y amor.

«Siempre has sido mi alma gemela y quiero que ames la vida y que sepas que siempre estoy contigo. Te amo mucho y eres un ángel. ¡Nos dividimos en dos para venir a cambiar el mundo! Cuenta mi historia completa, pero nunca dejes de pensar lo mucho que te amo. Este era el plan del todopoderoso, no mío. NO TENGO MUCHO TIEMPO. ¡ESTOY SIENDO LLAMADO!», escribió el deportista.

La última, dirigida a Avielle, su hijita, es un poco confusa, pero obviamente le declama su gran amor.

«¡Papi nunca te abandonará! Estoy entrando a un reino sin tiempo en el cual puedo cambiar a cualquier forma porque todo puede pasar o no, puedo ver todo al mismo tiempo. La vida es eterna, créelo. Te veré en los cielos esperándote con el mismo amor. Nunca temas, ámame, estoy contigo».

En la cárcel, Aaron se hizo ferviente lector de la Biblia. Los guardas que hallaron su cuerpo sin vida narrarían después que Hernández se había escrito en la frente la cita bíblica «Juan 3:16».

Procesado. Hernández mientras atendía el jucio por doble homicidio en su contra en abril de 2017, en Boston.

Cinco minutos en el corazón de la catástrofe

Fotografía de EFE

Ese es el tiempo que se puede permanecer en la sala de control número 4 de Chernóbil, congelada en el tiempo desde la madrugada del 26 de abril de 1986. Fue aquí donde una cadena de errores humanos y fallos de diseño desencadenó el mayor accidente nuclear de la historia.

Es difícil sustraerse al miedo que provoca el escenario de la catástrofe, sentimiento que crece a medida que uno se despoja de sus pertenencias y se cubre con varias capas de ropa esterilizada, consulta los dos dosímetros que cuelgan del cuello y recorre pasillos kilométricos en semioscuridad hasta llegar al corazón del desastre.

La tenue iluminación de la sala no impide ver un polvo grisáceo por doquier. Parte de esa capa de polvo es aún altamente radiactiva y está mezclada con productos químicos rociados después de la avería para mitigar su peligrosidad.

Todo lo que queda son paneles incompletos, consolas vacías y cables arrancados con prisas en los días que siguieron a la explosión para minimizar los efectos de la radiación. Casi no queda ni rastro de los cientos de botones que servían para controlar el funcionamiento de la central. El único sonido que se escucha es el de los propios pasos. No hay tiempo para detenerse. Todo son prisas y nervios.

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NI UN PASO EN FALSO

Las autoridades ucranianas aseguran que la visita es segura. Insisten en que la dosis «posible» de exposición a la radiación es de un máximo de 0.1 milisieverts, una cantidad mil veces inferior a la considerada como dañina por la Comisión Internacional de Protección Radiológica.

La entrada a menores y mujeres gestantes o lactantes está prohibida y el visitante debe firmar varios formularios y aceptar una docena de estrictas normas de seguridad.

Nada más comenzar, hay que someterse a una medición de la radiación en todo el cuerpo supervisada por dos enfermeras. Un monitor cuelga del cuello durante toda la visita, al que se le añade un segundo dosímetro en las inmediaciones del reactor número 4.

Hay una decena de controles con detectores distribuidos a lo largo del recorrido. Cada detector muestra un diagrama con las áreas a escanear.

«Las mediciones cubren prácticamente todo el cuerpo, incluyendo la cara, las manos, la espalda y las piernas», explica Yulia Marusich, representante del departamento internacional de la central nuclear. Cinco segundos después, la máquina emite el veredicto: no contaminado.

La vestimenta para la visita se compone de dos juegos de pantalones, camisa, calcetines, guantes y gorro de tela, que se complementan con un casco y una mascarilla contra el polvo radiactivo.

Yulia conoce a la perfección los pasillos laberínticos de la central. Lleva 22 años recorriéndolos. Las puertas blindadas de acceso a los cuatro reactores durmientes se abren ante ella gracias a una combinación de llaves, claves de seguridad y llamadas de teléfono en circuito cerrado.

El tiempo y los movimientos en cada sala están controlados al milímetro. Un paso en falso puede implicar la interrupción de la visita. Dejar el bolso o la cámara en el suelo supone un riesgo de contaminación que, en caso de superar los límites establecidos, obligaría a un proceso de descontaminación e incluso en la destrucción de las pertenencias.

“Lo que ocurrió en este lugar supera a la ficción”, sentencia Ana Korolevska, una historiadora que lleva 28 años al frente del museo dedicado a la catástrofe, quien recuerda que durante mucho tiempo se habló de “los héroes del incendio de Chernóbil” para evitar llamarlo “accidente nuclear”.

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TENSIÓN EN EL REACTOR 3

Una vez que se deja atrás la sala de control número cuatro, la tensión no disminuye. Tampoco lo hacen las medidas de seguridad. La siguiente parada es, ni más ni menos, que el reactor número 3, donde los niveles de radiación en determinadas zonas son incluso superiores a los de la fatídica sala de control.

Los pasillos que conducen hasta él carecen de iluminación y el resto del camino se hace en la oscuridad, alumbrado tan sólo por la pantalla del teléfono móvil de la guía. «Por favor no toques nada e intenta no tropezar», insiste mientras avanzamos bajo un circuito de tuberías oxidadas.

Resultaría casi imposible hacer el camino de vuelta en solitario. La desorientación, la oscuridad y las numerosas compuertas incrementan el miedo al fantasma de la radiación.

Encontrarse cara a cara con el corazón del reactor número 3 intimida. Uno puede acercarse a tan solo unos centímetros y ver la parte superior de los cientos de columnas verticales hechas de grafito que sirvieron en su día para canalizar el combustible nuclear.

«Estás en lo alto del reactor. No se te ocurra dar un paso en falso,» advierte Yulia. A unos metros del reactor, la guía advierte que a día de hoy la radiación gamma puede alcanzar 500 milisieverts. Instintivamente, uno retrocede.

El reactor 3 fue puesto en marcha por última vez en el año 2000. La sala donde se encuentra el mosaico de láminas de grafito, con una altura de un edificio de cinco plantas, sigue severamente afectada por la radiación.

Caos. Este desastre humano desencadenó una serie de daños de los cuales todavía hay repercusiones. La radioctividad sigue presente en la planta nuclear.

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2,500 ROENTGENS POR HORA

De aquellos que estuvieron en primera línea tras el accidente sólo quedan vivos unos 1,500, según los datos del Museo Nacional de Chernóbil en Kiev.

Alexander Logachev e Iliá Susnov son dos de los más de 4,000 liquidadores que trabajaron las primeras semanas para mitigar los efectos del accidente.

Sobre las tres de la mañana del 26 de abril, una hora y media después de la explosión, Alexander recibió una llamada urgente para acudir a la central. A sus 27 años, este oficial del regimiento de defensa civil de Kiev fue la primera persona en elaborar un mapa detallando los niveles de radiación en las instalaciones.

«Durante cuatro días y sin apenas dormir realizamos el reconocimiento tanto de la central como de la ciudad vecina de Prípiat, el núcleo urbano más afectado por la radiación», relata.

El mapa muestra niveles de hasta 2,500 roentgens por hora en las salas aledañas al reactor número 4, donde se produjo la explosión.

El roentgen es una de las unidades estándar para medir la radiación, y se considera letal a partir de los 400 roentgens por hora.

«Trabajábamos incomunicados la mayor parte del tiempo, casi a ciegas. La radio deja de funcionar a partir de los 1,000 roentgens«, explica.

El mapa radioactivo fue usado por las autoridades para justificar la evacuación masiva de la zona, que tuvo lugar dos días después de las primeras mediciones.

Con 25 años, Iliá Susnov se presentó como voluntario y trabajó durante dos meses para levantar un primer muro de contención alrededor del reactor dañado. «Quise verlo con mis propios ojos. Me fascinaba la idea de ser testigo de lo que había pasado», recuerda. Cada día de los que estuvo allí recibió un nivel de radiación diez veces superior a lo permitido. Desde entonces cobra una pensión de 10 euros al mes como compensación.

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2,800 OPERARIOS ACTIVOS

Actualmente, trabajan 2,800 operarios en la central nuclear de Chernóbil. Muchos de ellos llegan cada día en tren desde Slavutich, una ciudad dormitorio construida a toda prisa para albergar a los evacuados y los involucrados en las labores de liquidación. Trabajan en un entorno de radiación ionizante que en algunas áreas supera en miles de veces las dosis permitidas.

Circulan de un extremo a otro de la central enfundados en uniformes blancos. Cada jueves revisan los protocolos de seguridad y practican simulacros de evacuación.

El día de la explosión, los cuatro reactores RBMK operativos, o reactores de condensador de alta potencia, suministraban el 10 % de la energía eléctrica de lo que hoy se conoce como Ucrania. La planta estaba destinada a ampliar su capacidad con hasta ocho reactores más y convertirse así en la instalación nuclear más potente de Europa.

La fiabilidad de este tipo de reactores para las autoridades soviéticas estaba fuera de toda duda. «Se pensaba que este tipo de reactor era tan seguro que era imposible que estallase», señala Vladímir, un ingeniero de 55 años que trabaja en la central.

La explosión esparció el equivalente a 500 bombas atómicas como la lanzada en Hiroshima en 1945, y la radiación sigue afectando a los habitantes de las zonas aledañas de Ucrania, Bielorrusia y Rusia.

El accidente causó unos daños valorados en 8,000 millones de rublos soviéticos, unos 18,000 millones de euros de hoy, según los datos de la administración de la central.

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DISTRIBUIDOR DE ELECTRICIDAD

Ya no hay reactores funcionando en la central. Los miles de trabajadores que acuden a diario a la misma se dedican a su desmantelamiento paulatino, al almacenaje de combustible radiactivo y al mantenimiento de las instalaciones. La limpieza nuclear se completará en 2065. Al día de hoy, la radiación gamma ha disminuido a la mitad desde el día del accidente.

La central no produce energía desde el año 2000, pero continúa siendo parte del sistema eléctrico de Ucrania. Desde la sala de control número 1 se gestiona la transmisión de potencia eléctrica de las otras cuatro plantas nucleares y 15 reactores del país.

Vladímir hace turnos de 12 horas en la sala de control número 1. «Muchos no lo saben, pero desde Chernóbil nos aseguramos de que la electricidad llegue a todas partes de Ucrania, hasta el consumidor», cuenta mientras observa con atención los paneles junto a sus dos compañeros de turno.

Todo es analógico en la sala, desde los botones a los paneles de control hasta los medidores y parámetros que miden el pulso a la central.

Un nuevo sarcófago de contención, una barrera física tan grande como cuatro estadios de fútbol, ha reducido 10 veces la radiación gamma alrededor de la central. Está diseñado para durar 100 años y ha costado 1.500 millones de euros.

Explosión. La explosión ocurrió el 28 de abril de 1986 en la sala de control número 4 de Chernóbil.

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TURISMO CONTRA EL MIEDO

«Lo que ocurrió en este lugar supera a la ficción», sentencia Ana Korolevska, una historiadora que lleva 28 años al frente del museo dedicado a la catástrofe, quien recuerda que durante mucho tiempo se habló de «los héroes del incendio de Chernóbil» para evitar llamarlo «accidente nuclear».

El museo expone unos 9,000 objetos de los más de 100,000 que se acumula en sus fondos. «Muestra aspectos de la tragedia silenciados por la KGB durante años», destaca la responsable.

El Gobierno ucraniano quiere revertir la imagen negativa de la central nuclear, y una de las vías para lograrlo es el turismo. Está impulsando viajes a la zona y pretende crear una especie de «corredor verde».

En realidad, el lugar nunca ha dejado de atraer a curiosos. Hace 13 años la aparición de S.T.A.L.K.E.R, un videojuego ambientado en la Zona de Exclusión que recrea las consecuencias de una segunda explosión nuclear causada por un grupo de científicos soviéticos, dio un primer empujón al turismo.

Durante el último lustro, el número de turistas se ha multiplicado por 12. Y la serie «Chernóbil«, producida por HBO, ha renovado el interés por la catástrofe.

Más de 100,000 turistas han visitado el lugar en 2019, según el organismo estatal ucraniano para la Gestión de la Zona de Exclusión, área que abarca unos 30 kilómetros alrededor de la central. La mitad son extranjeros.

«Éste es un tipo de turismo único y asumimos altos riesgos. Como negocio, tenemos que lidiar con estrictos controles de seguridad, numerosas normas y permisos», advierte Konstantin Vlasov, director de Chernobyl Exclusive Tours, una de las doce agencias turísticas acreditadas que operan en la zona de exclusión.

Junto a las visitas que se pueden efectuar ahora a sala de control número 4, la central de Chernóbil prepara ya nuevas rutas en barco y en helicóptero. Por ahora se han aprobado cinco rutas acuáticas y tres aéreas en la zona de exclusión que comenzarán a operar este año.

Mona, una estudiante eslovaca de 22 años no consigue sobreponerse de la visita. «Siento emociones muy fuertes aquí, no puedo evitarlo. Creo que todo el mundo debería ver este lugar», cuenta.

«El llanto y la risa nerviosa son reacciones comunes», remarca Yulia. «La gente perdió todo aquí: su salud, su hijos, su vida».

Los otros cuidadores del clima

Vida. La sabiduría de las comunidades mayas resiste a través del tiempo. Consideran que la tierra es la proveedora de la vida y por esto es importante cuidarla.

La sabiduría de los indígenas mayas lacandones dice que cuando un árbol cae, cae una estrella del cielo, y con esa filosofía los pueblos descendientes de la antigua civilización mesoamericana mantienen hoy en día un concepto de sostenibilidad basado en el cuidado a la naturaleza.

Los actuales mayas, asentados en comunidades a lo largo de cuatro países centroamericanos – Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice-, además del sur de México, guardan celosamente el legado de sus ancestros, para quienes la madre tierra era la fuente proveedora de vida, y por eso la respetaban.

Un respeto al que se intenta regresar ahora, cuando los efectos del cambio climático se dejan notar en el mundo, y suponen una amenaza para la subsistencia de estos pueblos, donde los meses de lluvias se han visto acortados por periodos de fuertes sequías que amenazan sus cosechas.

LA MILPA, EL CULTIVO SOSTENIBLE

En cada uno de los países que forman el Mundo Maya, las comunidades mantienen como forma de cultivo la milpa, un término derivado del náhualt que significa «lo que se siembra encima de la parcela», y que consiste en una porción de tierra en la que se plantan distintos tipos de semillas, como maíz, frijol o calabaza, que constituyen su dieta básica.

«Hacer milpa» significa realizar todo el proceso productivo, desde la selección del terreno hasta la cosecha, usando los conocimientos de la naturaleza, entre ellos la influencia de la luna sobre la tierra para la recolección, o los tiempos de lluvia para la siembra, «aunque eso con el cambio climático ha variado mucho», explica a Efe Juan Diego Ramos, de la comunidad tzutujil maya de San Juan La Laguna, en Guatemala, situada a los pies del lago Atitlán.

En esa localidad, la asociación Rupalaj Kistalin viene desarrollando desde 2005 un plan de educación destinado a crear conciencia en las nuevas generaciones sobre la importancia de respetar el entorno natural en el que viven. Y lo hacen mediante proyectos de recolección de semillas de árboles nativos, que pasó luego a un vivero especializado en el cuidado de las plantas.

Desde entonces se han sembrado 30,000 árboles, de los cuales el 50 % se ha destinado a la reforestación del área circundante a los nacimientos de agua, mientras que la otra mitad se entrega a la cooperativa de café de la comunidad para crear parcelas demostrativas de ese cultivo.

«De los árboles del bosque se hace un censo y se identifican y no todos se pueden extraer, tan solo uno por hectárea y tienen que haber cumplido su ciclo de vida, es decir tienen que tener unas dimensiones específicas. También hay algunos que son maderables pero que se dejan para cumplir la labor de semilleros», indica Juan Ariel Pop.

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EL XATE Y LA MADERA

En Uaxactúm, a 25 kilómetros al norte del impresionante sitio arqueológico de Tikal, sus 963 habitantes censados viven fundamentalmente de la producción del Xate, una planta decorativa que exportan a Estados Unidos, y de la madera.

Esta comunidad, ubicada en el corazón de la Reserva de la Biosfera Maya, es una de las beneficiarias de las 9 concesiones forestales -la más grande- que el Gobierno de Guatemala ha repartido en el área del de Petén. 83,558 hectáreas de bosque que permanece intacto desde hace 100 años.

«El bosque nos da vida y hace que nos mantengamos acá de una manera sostenible y también para las futuras generaciones», señala a Efe Melvin Barrientos, representante legal de organización encargada del manejo y la conservación del bosque.

La comercialización del Xate constituye «el pan diario» para los habitantes de Uaxactúm, indica Juan Ariel Pop, guía y coordinador de la comisión de turismo de la zona, y ha supuesto una oportunidad laboral para las mujeres y los jóvenes de la comunidad, que trabajan en la planta de producción en turnos rotatorios para pagarse los estudios.

Esos jóvenes son también los encargados de llevar a cabo la reforestación del Xate cada año, con el cultivo de 40,000 nuevas semillas.

La caoba y el cedro son dos de las maderas que se trabajan en el aserradero de la comunidad, pero «siempre de una manera sostenible«, remarca Pop, porque la tala de los árboles se realiza en un área específica durante cinco años, y luego se reforesta.

«De los árboles del bosque se hace un censo y se identifican y no todos se pueden extraer, tan solo uno por hectárea y tienen que haber cumplido su ciclo de vida, es decir tienen que tener unas dimensiones específicas. También hay algunos que son maderables pero que se dejan para cumplir la labor de semilleros», indica.

Reforestación. En San Juan La Laguna, en Guatemala, se han sembrado 30,000 árboles de los cuales el 50 % se destina a la reforestación del área cercana a nacimientos de agua.

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LOS LACANDONES, CUIDADORES DE LA SELVA

En el estado mexicano de Chiapas, los indígenas que conforman la Comunidad Lacandona decidieron en asamblea prohibir la actividad pecuaria en la zona para evitar la desforestación de su selva.

Ellos sienten una «simbiosis con la selva» y por eso la comunidad lucha para que no se divida y reparta. «Todo es comunitario y no se puede vender», señala a Efe Enrique Chankin, indígena lacandón que regenta con su familia el centro de ecoturismo Top Ché.

Pocos kilómetros más allá, junto al río Usumacinta, se establecieron los Choles, a quienes el Gobierno mexicano dio tierras de cultivo para asentarse, y que ahora trabajan en el mantenimiento del entorno agrupados en una cooperativa mediante el programa gubernamental «Sembrando vida».

Sin embargo, «si llega otro Gobierno y no le da seguimiento al proyecto de nada servirá», señala Pascual Sánchez, presidente de la cooperativa Nueva Alianza, quien alerta también de la gravedad de la desforestación de la selva.

«Si no hay árboles se incrementa el calor y la lluvia es torrencial», advierte, pero los apoyos para evitarlo «deben llegar directos al pueblo».

«Son las ONG las que trabajan para eso, pero al pueblo llega un tanto por ciento muy pequeño de las ayudas. Sólo una quinta parte. Hay que aportar de forma directa, para que también el cambio sea directo», concluye.

Efectos. Los efectos del cambio climático ya se hacen sentir en esta región, donde existen mayores períodos de sequía.