Leones matan ganado, hombre mata leones: ¿Ciclo inevitable?

Cambio de vida. Los animales depredadores pierden su hábitat cuando los bosques y sabanas pasan a ser granjas o ciudades.

Saitoti Petro busca señales de la presencia del principal depredador de la sabana africana en un camino de tierra del norte de Tanzania. «Si ves un león», dice, «detente y míralo a los ojos. Nunca salgas corriendo».

Petro detecta la huella fresca de una zarpa. Camina algunos metros observando las huellas como si se tratase de un arqueólogo descifrando jeroglíficos, tratando de encontrar un significado a esas marcas en la tierra. Luego de un momento, anuncia que un león macho, grande, pasó por allí hacía unas dos horas. «Camina lentamente. Ves que de repente saca las garras. Tal vez persigue a una presa o le escapa a algo».

El hombre, alto y delgado, de 29 años, camina con otros cuatro jóvenes que pertenecen a un pueblo seminómada llamado masái. Debajo de su gruesa capa, lleva un machete afilado. Hace pocos años, los hombres de la edad de Petro que perseguían leones seguramente querían matarlos porque habían matado a su ganado.

Pero Petro explica que el problema ahora es que hay muy pocos leones, no demasiados. «Sería una vergüenza si los matamos a todos», asegura. «Sería una gran pérdida si nuestros hijos no ven nunca un león».

Por eso Petro participa de los esfuerzos por proteger a los leones, asegurándose de que no tienen acceso a los animales que podrían matar en busca de comida.

Petro es uno de más de 50 miembros de comunidades masái que patrullan diariamente a pie la zona para ayudar a los pastores a proteger su ganado. Tienen el apoyo de una pequeña organización sin fines de lucro llamada Pueblos y Fauna Africanos. En la última década este grupo ayudó a más de mil familias a construir corrales más seguros, hechos de acacias y cercos metálicos para proteger los animales de noche.

Este tipo de intervención es en cierta medida un gran experimento. La supervivencia de los leones –y de muchas otras especies de la sabana que peligran, desde jirafas hasta elefantes– probablemente dependa de que se encuentre la forma en que personas, ganado y animales salvajes puedan convivir.

En toda África, la cantidad de leones ha mermado más de un 40% en dos décadas, de acuerdo con información difundida en el 2015 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, lo que coloca a los leones en la lista de especies que los expertos consideran «vulnerables» a la extinción. Ya no se los ve en el 94% de las tierras que habitaban.

La principal razón por la que los leones abandonan las tierras es que viejas pasturas están dando paso a campos de cultivos y ciudades. La pérdida de su hábitat es la mayor amenaza que enfrentan los animales salvajes en África y el resto del mundo. Pero en las sabanas que los leones todavía frecuentan, la caza ilegal y las venganzas son su principal peligro.

Los leones son considerados adversarios respetables por la cultura masái. Se dice que todo aquel que lastima a más de nueve está maldito. La matanza de un león para vengar la muerte de una vaca fina, sin embargo, genera respeto, como si se tratase de un duelo para vengar la pérdida de un familiar.

Las venganzas se han tornado más mortíferas en los últimos años, pues los ganaderos ya no persiguen a un animal en particular, sino que dejan animales muertos envenenados, que pueden acabar con una manada entera de leones y con otros animales que coman la misma carne.

En las elevadas llanuras de Tanzania, los pueblos nómadas están acostumbrados a convivir con la fauna silvestre, a hacer pastar vacas, cabras y ovejas en las mismas sabanas donde habitan cebras, búfalos y jirafas, y donde leones, leopardos y hienas se alimentan de otros animales.

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¿Qué pasaría si se previene esta dinámica?

«Nuestros mayores mataban a los leones y casi acaban con ellos», dice Petro. «A menos que cambiemos de mentalidad, se extinguirán».

Es así que Petro recorre la estepa y trata de enseñarle a la gente cómo vivir en paz con grandes depredadores.

Una mañana de julio, se detiene súbitamente y señala hacia un barranco con árboles. Las huellas que seguía se salieron del camino, por lo que supone que el animal se dirigió a un arroyo en el desfiladero. Las huellas parecen recientes ya que no hay asomo de césped en ellas.

Mientras Petro y su gente caminan hacia la hondonada, escuchan las campanas de una vaca. «Tenemos que ir y ver si hay alguien cerca», dice Petro. «Hay que alertarlos». Pronto encuentran dos pastores preadolescentes sentados bajo un árbol de acacia, jugando con unas frutas amarillas que usan como pelotas. Las dos docenas de cabezas de ganado que cuidan se dirigen al barranco.

Petro se arrodilla para saludar a los chicos y les alerta acerca del león. Los hombres ayudan a los muchachos a cambiar la dirección del ganado, usando un silbato que los animales reconocen, y mandándolos a pastar a un sitio más seguro. Petro conoce a la mayoría de las familias de la zona. Más tarde las visitará.

En casi todos los rincones del planeta, la coexistencia del hombre con los grandes depredadores no es fácil. Cuando los bosques y las sabanas dan paso a granjas y ciudades, los animales pierden su hábitat. Y los depredadores permanecen en los alrededores de las tierras cultivadas y a menudo son satanizados o exterminados.

Pero en las elevadas llanuras de Tanzania, los pueblos nómadas están acostumbrados a convivir con la fauna silvestre, a hacer pastar vacas, cabras y ovejas en las mismas sabanas donde habitan cebras, búfalos y jirafas, y donde leones, leopardos y hienas se alimentan de otros animales.

Reducción. La cantidad de leones ha disminuido en un 40 % en las últimas dos décadas en África, según señaló la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en 2015.

Es uno de los pocos sitios de la Tierra donde la coexistencia todavía podría ser posible. Pero el equilibrio es delicado. Y lo que suceda aquí en Tanzania puede ayudar a determinar el destino de esta especie: en Tanzania se encuentra más de un tercio de los 22,500 leones africanos que se cree sobreviven, de acuerdo con informes de la Universidad de Oxford.

Hay indicios de que las medidas recientes están funcionando.

En el 2005, Loibor Siret, un pueblo de 3,000 habitantes en las estepas masái, registró tres ataques de depredadores al ganado por mes. En el 2017, hubo uno al mes. El principal cambio en el ínterin fue que unas 90 familias construyeron corrales reforzados que mantienen a raya a los depredadores.

La protección de los animales cuando están pastando en campo abierto es más compleja, pero los individuos que patrullan la región tuvieron 14 intervenciones exitosas que probablemente hubieran terminado mal, con ganado y leones muertos, de acuerdo con registros de Pueblos y Fauna Africanos.

Si bien la caza de leones está mermando, todavía hay cazadores. En julio, una patrulla informó de una reciente matanza por venganza. Y suministró una foto del león muerto, al que se le habían cortado las cuatro zarpas y la cola, siguiendo un viejo ritual.

A pesas de esos reveses, la población de leones está repuntando.

Un estudio de la organización sin fines de lucro Tarangire Lion Project indicó que en el otoño del 2011 había solo 120 leones en cierta área, comparado con los 220 del 2004. Pero la población aumentó a partir del 2012 y para el 2015 había 160 animales.

«Cuando les das un lugar seguro, se reproducen rápidamente», dice Laly Lichtenfeld, ecóloga y cofundadora de Pueblos y Fauna Africanos.

Craig Packer, biólogo y fundador del Centro de Leones de la Universidad de Minnesota, que no participa del proyecto, dice que «estos esfuerzos para evitar conflictos sin duda ayudan a los leones, aunque sigue vigente el interrogante de si van a durar 20 o 50 años por el crecimiento de la población».

Las reservas para animales salvajes no son suficientes, al menos para las especies habituadas a deambular por grandes extensiones de terreno.

En el Parque Nacional Tarangire de Tanzania, los leones duermen en las riberas de los ríos y trepan los árboles –al final de cuentas, son felinos–, ignorando a menudo los vehículos con turistas que pasan por allí. En el parque están bastante seguros. Pero la parte protegida del parque es tan solo una de las áreas de las que dependen los leones y sus presas. Los animales migratorios grandes se mueven mucho, siguiendo sobre todo las lluvias en las sabanas del África oriental.

Las cebras y los ñúes que pasan los meses secos en el parque se van durante el lluvioso invierno, período en el que comen pasto más nutritivo y se reproducen. Leones, leopardos y chitas se van detrás y deambulan por la estepa masái.

Refuerzo. Los ataques a depredadores de ganados en Loibor Siret, un pueblo masái, han disminuido en los últimos años por la forma en la que sus habitantes han reforzado los corrales.

«Los animales de Tarangire pasan tanto tiempo afuera del parque que nunca podrías poner un cerco a su alrededor, porque impediría las migraciones», dice Parker.

Los científicos se dan cuenta de que en las tierras afuera de los parques nacionales también debe haber estrategias para la conservación de los animales. En un estudio publicado en marzo por la revista Ciencia, los investigadores relacionaron el acceso y el estado de las tierras del famoso ecosistema Serengeti-Mara que rodea el parque con la salud de los animales de adentro. Comprobaron que un pastoreo excesivo y otros factores obligaron a los animales a ocupar espacios más reducidos adentro.

«La forma de pensar actual no funciona», dice Michiel Veldhuis, ecólogo de la Universidad de Leiden, Holanda, y uno de los autores del estudio. Al elaborar estrategias para la conservación, afirma, «tenemos que pensar cómo incluir a los que viven cerca de las áreas protegidas».

Hay quienes se muestran escépticos. Algunos habitantes de las aldeas vecinas no ven con buenos ojos los esfuerzos de Petro.

«No queremos escuchar leones rugiendo cerca de noche», dice Neema Loshiro, una mujer de 60 años que vende anillos, collares y aros hechos a mano en una calle de Loibor Siret. Los únicos animales que quiere cerca son jirafas e impalas, porque «son lindos y no atacan a la gente ni se comen las cosechas».

De todos modos, la gente está cambiando. Petro Lengima Lorkuta, de 69 años, padre de Saitoti Petro, mató su primer león cuando tenía 25 años, clavándole una lanza después de que atacase su toro más grande. En esos días, «si matabas un león demostrabas que eras un guerrero fuerte», comentó.

Desde que su familia se mudó a una hacienda nueva e instaló un corral reforzado hace cuatro años, cuenta, ninguno de sus animales fue víctima de depredadores. «Los cercos modernos ayudan mucho», admite.

«Ahora me encanta ver leones», siempre y cuando no estén muy cerca de su casa, y apoya los esfuerzos de su hijo por educar a los vecinos acerca de cómo evitar situaciones no deseadas.

Petro se sigue levantando todos los días al amanecer para sacar a pastar a su ganado, como hicieron sus ancestros por generaciones. La cultura, no obstante, está cambiando de muchas maneras: En lugar de permitir que su padre arreglase sus matrimonios, como hacen la mayoría de los masái, Petro enamoró a sus dos esposas.

La asfixia a los periódicos nicaragüenses

Fotografías de CONNECTAS

Después de casi 40 años continuos de historia en Nicaragua, El Nuevo Diario publicó el pasado viernes 27 de septiembre la suspensión de su edición impresa. Una decisión que no se había tomado ni en la guerra civil que vivió este país en los años 80, ni en los duros retos de la transición a la democracia. Un editorial, que circuló  a la medianoche en la edición digital, informó al público en general que la decisión ocurre por dificultades “económicas, técnicas y logísticas que hacen insostenible su funcionamiento”.

Casi con las mismas palabras, el diario Metro, asociado del primero, anunció también la suspensión y se despidió de los lectores con un agradecimiento. La medida ocurre nueve meses después de que ellos mismos, el segundo de mayor circulación nacional, cerró también su periódico popular Qhubo. La razón: la asfixia a los principales medios impresos del país impuesta por la Dirección General de Aduanas que retiene el papel, la tinta y otros insumos desde hace más de un año.  La Prensa, el decano del periodismo nacional con sus 93 años de existencia, es la otra víctima notable de este tipo de control.

Fundado en mayo de 1980 por ex trabajadores de La Prensa que se identificaron con la revolución sandinista, El Nuevo Diario desde diciembre del año pasado había dejado de circular los fines de semana para alargar su existencia. Igual redujo su paginaje entre semana. El nueve de julio pasado, la DGA sorpresivamente les entregó 9.6 toneladas de papel, el 20 por ciento del material retenido desde el año pasado. Además 15 barriles de tinta, 6,000 planchas y un cargamento de químicos necesarios para la impresión del rotativo. Sin embargo no fue suficiente y, en medio de la crisis política que vive desde abril del año pasado, fue anunciada la suspensión de la publicación de este rotativo.

Adiós. El reportero gráfico Jorge Ortega salía de las instalaciones del periódico El Nuevo Diario después de conocer que el diario dejaba de circular.

“Estamos conscientes de la importancia de El Nuevo Diario como medio de comunicación clave en la cobertura periodística de varias etapas relevantes en la historia reciente de Nicaragua, desde su fundación”, se lee en el editorial que marca el final de esta etapa en el periódico que se había trasladado en fechas recientes al sector sur de Managua a las instalaciones donde tiene su rotativa para ahorrar recursos.

Bajo el gobierno de Ortega, cuestionado por su autoritarismo y señalado de violaciones a derechos humanos, el diario La Prensa se encuentra también bajo amenaza: su edición es de cuatro páginas cuando en sus mejores tiempos, en administraciones anteriores a la actual, llegó a circular con 96 hojas e incluso 108.

La decisión gubernamental del bloqueo a los medios impresos no ha sido explicada por autoridad alguna. CONNECTAS, la plataforma líder en promover el periodismo colaborativo en la región llamó a la oficina de Aduanas, dirigida por Eddy Medrano Soto, pero no ha respondido la solicitud de una entrevista.

Eduardo Enríquez, editor principal de La Prensa, explicó en agosto pasado que para afrontar las medidas de Aduanas en el último año el diario realizó cuatro reducciones en su edición impresa, despidos de personal, disminución de gastos administrativos y centraron sus esfuerzos en fortalecer su edición digital. Sin embargo, el tiraje sigue siendo el mismo “a pesar que circulamos con menos páginas”, una situación de la que interpreta que “la gente quiere seguir leyendo el periódico y encuentra que la información que le servimos es útil y que vale la pena aunque sea de una manera reducida”.

El pasado cinco de agosto, la escritora Gioconda Belli, una de las más reconocidas autoras nicaraguenses en lengua española, traducida a más de 14 idiomas, se lamentaba, a través de su cuenta de Twitter, de que a su casa no había llegado este periódico, lo que trastocaba su rutina diaria. “Aunque fueran cuatro páginas, las leía con el café todos los días”, escribió en referencia a la reducción del paginaje de La Prensa. “No puedo imaginar que este Gobierno mate por inanición a este diario, compañero de mis mañanas. ¡Qué tragedia la de este país!”, se quejó la poeta.

Cierre. El Nuevo Diario publicó un editorial confirmando la suspensión de sus publicaciones y agradeciendo a sus lectores.

Belli representa en el país a PEN Internacional, la asociación mundial de escritores que expresó, al conocerse la noticia de El Nuevo Diario, su “consternación” y llamó al gobierno de Ortega a detener la campaña de acoso, intimidación y agresiones contra los medios independientes, aquellos que siguen cuestionando el poder político y no se encuentran bajo el control del gobierno, a quienes la vicepresidenta Rosario Murillo llama “medios sandinistas”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha condenado la retención de papel a los medios de comunicación en Nicaragua y ha reclamado su devolución en junio pasado. Durante su última visita a Nicaragua, el pasado 12 de julio, la SIP instó al Gobierno a terminar con estas “medidas de censura indirecta” en contra de los medios de comunicación.

La situación de la libertad de expresión en Nicaragua es valorada como “uno de los episodios más graves en la región”, según declaró en enero pasado al rotativo  La Prensa Edison Lanza, relator especial de la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La historia de oposición de La Prensa al político sandinista data desde antes que Ortega retomara el poder en enero de 2007. El diario criticó sus posturas antidemocráticas desde los ochenta, cuando el actual presidente era el coordinador de la junta de reconstrucción, un órgano formado tras la caída de Somoza. Siguió siendo crítico durante la primera administración de él entre 1984 y 1990 y en sus años posteriores.  El cierre del diario parece inminente si se ve la bodega, ubicada a metros de la rotativa, donde antes rebosaba de papel y hoy solo se ven unas cuantas bobinas.

La asfixia a los medios contrasta con el discurso gubernamental que enaltece la libertad de expresión. En 2011, cuando era candidato presidencial, Ortega se comprometió a respetar la libertad de expresión al suscribir la declaración de Chapultepec. En el poder, el político sandinista ha atacado todo lo que ha concebido como crítica, sin distinguir entre medios y redes sociales.

En marzo de 2018, en un intento por controlar las redes sociales precisamente, la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del mandatario, dijo que las mismas estaban influenciando negativamente a los nicaragüenses. Su bancada entonces propuso una consulta legislativa supuestamente para encontrar una manera de evitar la propagación de “noticias falsas”.

El 18 de agosto pasado, Ortega sostuvo que existe una absoluta libertad de expresión y religiosa en Nicaragua contra lo que dicen sus críticos. La familia del gobernante tiene un rol protagónico en este sector. Controla un grupo de  medios de comunicación desde donde publican propaganda que circula a nivel nacional y que incluye radios y cuatro televisoras, algunas de ellas dirigidas por hijos del mandatario.

Cristiana Chamorro, directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y vicepresidente de la junta directiva de La Prensa, explicó a NICARAGUA.CONNECTAS.ORG, un espacio para contar el país centroamericano a Latinoamérica,  que “cuando se cierran medios de comunicación, cuando se reduce la información vos te sentís desamparado, te  sentís como que te están quitando el aire, te están quitando el conocimiento, te están quitando tu derecho a saber”.

La situación que ha estado viviendo el país desde abril del año pasado, cuando iniciaron las protestas contra el gobierno, ha sido difícil para los periodistas y los medios. Según un monitoreo de la Fundación Violeta Barrios, se han registrado al menos 1.080 casos de violaciones a la libertad de prensa entre abril de 2018 y 2019, el asesinato del periodista Ángel Gahona, el encarcelamiento de dos periodistas y también se ha dado la confiscación de las instalaciones del diario digital Confidencial y la televisora 100% Noticias. Fue así que apresaron a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda bajo acusaciones de incitación al odio. Ellos fueron liberados en junio tras seis meses de presidio.

Denuncias. El diario La Prensa denunció que, por las presiones de Aduanas durante el gobierno de Daniel Ortega, se podían quedar sin papel.

Mientras en el mundo entero los impresos viven duros momentos de sostenibilidad para sus ediciones con la llegada de la Era Digital, en el caso de Nicaragua, la prolongada agonía de la edición impresa de los periódicos también ha representado un aumento en los costos de producción. Enríquez precisa que en el caso de La Prensa ya “se ha acabado el papel periódico” y la empresa decidió utilizar otro tipo de papel para imprimir el diario, “pero es mucho más caro, lo que implica que hay mucho más costos de producción”. Sin embargo, esta ha sido la única manera que les ha permitido continuar circulando, según el editor.

Enríquez afirma que el diario “va usar hasta el último pedacito de papel que tengamos disponible” para continuar imprimiendo. “Calculamos que eso puede durar todavía varios meses. Es más costoso pero yo creo que podríamos terminar el año” con las reservas existentes.

Desde el 10 de septiembre de 2018, Aduanas mantiene retenidas 92 toneladas de papel a La Prensa, tinta, planchas, y repuestos para la imprenta. Estos materiales están valorados en 180.000 dólares y permanecen en un almacén fiscal desde esa fecha. En noviembre de ese mismo año, el diario apeló ante el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA) que dio lugar a la queja, pero hasta ahora no entregan la mercadería.

El pasado cinco de agosto, la escritora Gioconda Belli, una de las más reconocidas autoras nicaraguenses en lengua española, traducida a más de 14 idiomas, se lamentaba, a través de su cuenta de Twitter, de que a su casa no había llegado este periódico, lo que trastocaba su rutina diaria. “Aunque fueran cuatro páginas, las leía con el café todos los días”, escribió en referencia a la reducción del paginaje de La Prensa.

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Enríquez señala que el Gobierno “no ha dado ningún argumento” sobre la retención de la materia prima. Trabajadores del rotativo se han acercado en múltiples ocasiones a la DGA para tratar de recuperar los materiales y lo único que les contestan los funcionarios “es que no tienen instrucciones para hacerlo, lo cual es un absurdo porque todos los requisitos se han llenado”.

En varias publicaciones, La Prensa ha asegurado que mientras la materia prima no sea entregada por las autoridades de aduanas, no se realizarán nuevas importaciones, ya que hasta ahora ni con el pago de los impuestos, que por ley deben ser exonerados, se ha logrado recuperar los materiales. Actualmente el temor de La Prensa es que los insumos puedan vencerse o dañarse por estar en las bodegas estatales.

Róger Lagos, responsable de compras de esta empresa, explicó en abril pasado en una nota publicada por el rotativo: “Lo que más nos preocupa es el papel, por ser un material más sensible en su almacenamiento: aunque los almacenes puedan fumigar y mantener sus medidas de higiene, el papel puede contaminarse con polillas, plagas, servir de nido de ratas o dañarse con la humedad… Puede ser que una vez que salga (la materia prima) no todo el papel nos sea útil”.

Enríquez considera que la razón del bloqueo aduanero en contra de La Prensa es porque su línea editorial se caracteriza por defender “principios democráticos” y eso no es bien visto por el Gobierno que “a partir de 2018 dejó de ser autoritario y pasó a ser una dictadura sanguinaria”.

Según las cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que una misión vino al país a investigar las denuncias, la represión a los manifestantes causó el asesinato de 328 personas, más de 2.000 heridos y más de 60.000 exiliados, entre ellos unos 68 periodistas. Asimismo centenares de presos políticos que sumaron más de 700 hasta que, por la presión internacional, el gobierno liberó a una gran parte en junio pasado. Quedaron al menos 120 en las cárceles.  El ejecutivo ha negado la represión y ha dicho que fue víctima de un golpe de Estado. Todo lo que se publica en sentido contrario es descrito por funcionarios como “noticias falsas”.

Sin materia prima. En esta portada, el diario nicaraguense con 93 años de existencia, denunciaba que se le agotaba la tinta por la medida del gobierno.

 “Medios, el último reducto de libertad”

Cristiana Chamorro, señala que el bloqueo aduanero contra el diario y también contra El Nuevo Diario es otro ejemplo de esas agresiones gubernamentales. “Aquí hacer periodismo es saber que tu vida está en peligro, es saber que sí, que estás cumpliendo una misión de alto riesgo”, explica. Para ella, el gobierno de Ortega criminaliza el ejercicio del periodismo en Nicaragua.

Chamorro advierte que actualmente en Nicaragua hay “un nivel de represión tan alto, que nadie se puede manifestar” y de alguna manera los medios de comunicación, pese a las limitaciones, se han convertido “en el último reducto de libertad” en este país. El periodismo independiente “se mantiene siempre en la primera fila informando… no los han podido callar”.

Al conocerse el cierre de El Nuevo Diario, Chamorro calificó el día como de “duelo nacional” y llamó dictadura a la administración de Ortega. “Nuestra solidaridad con todos sus trabajadores ahora en desempleo. Y como dijo Pedro Joaquín Chamorro, director asesinado de La Prensa en 1978: “Sin libertad de prensa no hay libertad””, sostuvo.

Editorial La Prensa S.A dejó clara su protesta contra el gobierno de Ortega por el bloqueo del papel y los otros insumos desde enero pasado. El 18 de enero de 2019, cuando se cumplían 20 semanas de retención de los mismos, el diario publicó una portada en blanco solo con la pregunta: “¿se ha imaginado vivir sin información?”.

En marzo de 2018, en un intento por controlar las redes sociales precisamente, la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del mandatario, dijo que las mismas estaban influenciando negativamente a los nicaragüenses. Su bancada entonces propuso una consulta legislativa supuestamente para encontrar una manera de evitar la propagación de “noticias falsas”.

La pregunta estaba dirigida a la ciudadanía nicaragüense, cuya libertad de expresión y libertad de información “enfrentan el asedio de la dictadura”, explicó el diario en un editorial. La portada en blanco le dio la vuelta al mundo y generó un debate sobre la importancia de la libertad de expresión y la libertad de prensa como ejes transversales para la democracia.  Decenas de lectores tomaron el diario y llenaron la página con sus propios titulares, algunos de los cuales eran consignas de la lucha contra Somoza. Así, le dijeron a Ortega: “¡qué se rinda tu madre!”, por ejemplo y las publicaron en sus cuentas en redes sociales.

El compromiso de los reporteros de La Prensa con sus lectores, al dar cobertura a las protestas ciudadanas, fue reconocido el siete de agosto de 2019. La SIP otorgó el Premio a la Excelencia Periodística 2019, en la categoría de Noticias por Internet y la calificó como “valiente y exhaustiva”. El periódico informó, a través de videos, fotografías, tuits, textos, que los periodistas enviaban desde el lugar de los hechos, la mayoría de veces en riesgo para sus propias vidas.

La reportera Leonor Álvarez, de la sección de política de La Prensa y una de quienes cubrió la protesta en las calles, explicó que tenía miedo, adrenalina y unas ganas de que todos supieran lo que estaba ocurriendo en el país centroamericano. Álvarez dijo que ella estaba consciente de que estaba haciendo un trabajo, pero igual en esa situación adversa no podía controlar sus emociones. “Siempre me pongo a temblar cuando estoy en medio de los estallidos y los policías rodeándonos”, recordó.

En medio de la crisis de los medios impresos, la dirección ha rebautizado como la “República Digital”,  recordando que en los años de la censura de Somoza su director Pablo Antonio Cuadra lo llamó la República de Papel. Es un legado que defienden definiéndose como una mesa redonda de opiniones libres, en diálogo permanente, con libertad de crítica e iniciativas. Mientras tanto, el país centroamericano resiente la pérdida de El Nuevo Diario.


*Esta historia hace parte de NICARAGUA.CONNECTAS, la nueva iniciativa para mostrar el país centroamericano en medio de un contexto adverso para la libertad de expresión.

Emigrar o morir: las opciones de los pacientes con VIH en Venezuela

Fotografía de El Universal, México

“Cada vez que me entregaban mis medicamentos era un alivio. El conocer que iba a tener calidad de vida, mientras duraran las pastillas, me llenaba el cuerpo de una felicidad inmensa, aunque fuera por tan solo unos segundos. La incertidumbre del no saber si el próximo mes iba a correr con la misma suerte, me generaba angustia”.

El testimonio de Gabriel, un joven seropositivo al VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), es espejo de miles de pacientes que viven con la misma condición en Venezuela. La dificultad o imposibilidad de adquirir los antirretrovirales para atender este padecimiento los ha llevado a coincidir en la pregunta: ¿me quedo en el país o emigro?

En Venezuela, una amplia parte de su población percibe un salario mínimo de 40 mil bolívares (1 dólar con 82 centavos al cambio de este 29 de septiembre); el Estado, administrado por el gobierno de Nicolás Maduro, es el único que puede comprar y distribuir medicamentos, entre ellos los antirretrovirales, y no lo hace, lo que genera una necesidad de escape, en especial para quien vive con VIH, que ve como única solución salir de su país.

“Primero está mi vida”. La respuesta de Ronald Benítez, de 30 años de edad, fue inmediata. Desde el 2015, año en que fue diagnosticado, supo que a partir de ese momento su prioridad era vivir. Hace dos años y medio emigró a Bogotá, Colombia.

Hasta 2016, Benítez, como el resto de los 77 mil pacientes con VIH -de un total de 220 mil contagiados en el país- que reciben o están inscritos en el programa de obtención de medicamentos por parte del Estado venezolano -de acuerdo a las últimas cifras, del mismo año, aportadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud en Venezuela (MPPS)- pudo contar con los fármacos que controlan su padecimiento.

“Todo iba funcionando bien, luego se tornó a intermitente, para después, sencillamente, no recibir nada”, cuenta este joven de su experiencia en el centro hospitalario, ubicado en Caracas, en dónde le tocaba retirar su cóctel de medicamentos.

La situación obligó a Benítez a tomar la decisión de emigrar. “Llegué a tener un descontrol en mi medicación y eso es un lujo que los pacientes como yo no nos podemos permitir”, reflexionó.

Lo que seguía en la vida de Benítez estaba claro para él. Obligado a abandonar su país, optó por irse a Colombia, que era lo más cerca: “Fui, inicialmente, de vacaciones, y si las cosas funcionaban me quedaba”, pensaba.

Aunque aún no ha podido entrar a un programa que le garantice la adquisición de los antirretrovirales en Bogotá, por no contar con una permanencia legal en territorio colombiano, asegura que en comparación a como estaría en Venezuela, su calidad de vida es mejor en cuanto alimentación y otros factores necesarios para vivir con su condición de una manera digna.

Para Benítez nada ha cambiado ni mucho menos mejorado en el sistema sanitario venezolano. Pese a que todavía está inscrito en el programa del MPPS, sigue sin recibir los antirretrovirales que, por ley, tal como lo consagra la carta magna, le corresponde al Estado otorgarle para garantizar su derecho a la salud.

Desabastecidos. Los anaqueles de una farmacia en el centro de Caracas llevan varios meses vacíos

Así las cosas, fue en el mercado negro que consiguió este venezolano la alternativa para poder seguir con su medicación. Asegura que, por un tiempo, pagó mensualmente $30 a una enfermera en Venezuela que le vendía los antirrotrovirales. Su última compra fue en febrero. Aseguró su tratamiento por 8 meses. Luego de octubre 2019, si no regulariza su situación migratoria en Colombia, la incertidumbre para Benítez volverá.

Las posibilidades que ha tenido Benítez no son las mismas para quien vive con VIH y decide quedarse en Venezuela. En la otra cara de la moneda, la realidad es costosa, además de dura, de mucha paciencia y angustiante a la vez. Todos los sentimientos al mismo tiempo.

Día a día, los hospitales del país amanecen colmados de personas seropositivos que aguardan la esperanza de irse a casa con sus medicinas. El “vuelve después. Cuando lleguen (los antirretrovirales) te llamamos”, son palabras a las que deben hacer frente estos pacientes en medio de su desesperada e infructuosa búsqueda de la medicación.

Es el caso de Freddy Bravo. De los 13 años que lleva diagnosticado, los últimos 3 años han sido de preocupación constante. El no tener acceso al tratamiento que controla el virus en su organismo, ni dinero para comprarlo por su cuenta, lo ha hecho tomar “medidas extremas”.

“A partir 2016, cuando comenzó la falla en la entrega de los antirretrovirales, tuve que ingeniármelas. Comencé a tomarme las pastillas un día sí y otro no, aunque sé que eso estaba mal, o al menos, no era prudente. Mi salario no me alcanza para asumir lo costoso del tratamiento”, contó este hombre de 47 años de edad.

Desde hace ya varios años, desde que se agudizó la crisis en Venezuela, los análisis de carga viral y conteo de linfocitos CD4 dejaron de hacerse en los centros de salud públicos. Estos exámenes se pagan y son inalcanzables para la mayoría de pacientes seropositivos. En las pocas clínicas privadas que los realizan en Caracas, sus costos no son ni siquiera en moneda local: oscilan entre los $30 y $50. solo en algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país, resultan más económicos y permiten que sus precios, aunque dolarizados, sean pagados en bolívares.

“Yo he tenido que vender parte de mis pertenencias para poder hacerme esos exámenes. La situación económica y de salud del país es bastante difícil. He pensado en irme de Venezuela”, confesó Bravo, quien a la fecha ya tiene un año sin hacerse el conteo de sus linfocitos y de carga viral.

A finales de 2018, los pacientes portadores del virus vieron un rayo de esperanza. En reunión con autoridades sanitarias venezolanas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y ONUSIDA diseñaron las guías del Plan Maestro para el reinicio del tratamiento antirretroviral.

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“PLAN MAESTRO”: VIVIR GRACIAS A DONACIONES

Desde 2016, el MPPS a través del Estado venezolano no ha comprado los medicamentos antirretrovirales ni reactivos para realizar los análisis de sangre de detección o seguimiento de la carga viral del VIH. Siendo esta la razón que origina la crisis, muchas han sido las alertas y las denuncias nacionales e internacionales por la falta de atención del gobierno de Nicolás Maduro da a este sector de la población.

Las ayudas han llegado de a poco, conforme el gobierno venezolano lo permite.

A finales de 2018, los pacientes portadores del virus vieron un rayo de esperanza. En reunión con autoridades sanitarias venezolanas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y ONUSIDA diseñaron las guías del Plan Maestro para el reinicio del tratamiento antirretroviral en estas personas.

Para lograrlo, se destinaron casi 34 millones de dóalres que alcanzarán, en un principio, para la atención por tres años del VIH/Sida en Venezuela, con su única prioridad en la entrega de medicamentos.

A partir de febrero de 2019, el MPPS comenzó a distribuir esta donación.

“Yo agradezco que se buscó una solución a este problema, nuestros pacientes merecen estar bien”, expresó la infectóloga Patricia Valenzuela.

Pero aún no se ha resuelto todo, y está lejos de solucionarse. Los laboratorios clínicos siguen sin reactivos para la realización de pruebas diagnósticas, pruebas rápidas, y para la carga viral del VIH, que es el examen más importante que permite llevar el seguimiento a las personas que cumplen con el tratamiento.

“Es muy complicado una condición de salud en Venezuela, debido al desabastecimiento de medicamentos. Son momentos duros y difíciles para los infectólogos venezolanos. Vemos cómo perdemos y se viene abajo el trabajo de años de avance con los pacientes”, deploró la galena.

Valenzuela perdió la cuenta de cuántos de sus pacientes han tenido que emigrar por la falta de medicamentos en Venezuela: “Varias de las personas que atendía desde siempre se fueron marchando poco a poco para recibir los antirretrovirales, y les ha ido bien en esos países que le brindaron la mano”.

Hasta marzo, a la consulta de la doctora Valenzuela llegaban pacientes hasta con 10 meses sin recibir el tratamiento antirretroviral. “Durante ese periodo, hubo una serie de fallecimientos por la reaparición de enfermedades oportunistas, para las cuales no hubo, ni hay todavía tratamiento en el país”, lamentó.

“No es fácil, el paciente sufre y el tratante también”, reflexionó Valenzuela sobre la situación de salud en el país.

Solo de vista. Con lo poco que llegó de medicamentos a una farmacia caraqueña, solo alcanzará para rellenar la vitrina que ve el público. El resto del stock seguirá en números rojos.

Narcos aprovechan flaquezas de Uruguay

Sin ruta. La relaidad en Uruguay es que, pese al aumento de las exportaciones, desde 2009 no existe un plan de lucha contra el narcotráfico.

Dos escándalos consecutivos encendieron las luces rojas.

El 25 de julio se informó que en mayo un avión que había despegado de Uruguay aterrizó en Francia con 600 kilos de cocaína. Una semana después, en agosto, se anunció que 4,600 kilos de la misma droga fueron confiscados en Hamburgo dentro de un contenedor despachado en Montevideo. El director de Aduanas renunció al día siguiente en medio del escándalo y poco después la cadena alemana de noticias Deutsche Welle llamó a Uruguay «nueva bisagra del narcotráfico global», lo cual hizo sonar todas las alarmas nacionales.

Uruguay, un país de apenas de apenas 3,4 millones de habitantes, pocas veces es noticia mundial por temas de narcotráfico. Ahora, sin embargo, las autoridades en ambos lados del Atlántico han notado un cambio en los patrones de tráfico de cocaína desde Uruguay, y para algunos esto podría significar la reapertura de una ruta que se pensó cerrada.

Pero, ¿qué pasó? En Uruguay se cree que la explicación puede ser esta: en un afán por agilizar su comercio y bajar los costos, se descuidaron los controles aduaneros, y el narcotráfico lo comprendió. Las exportaciones uruguayas -que representan un 12.6% del producto interno bruto- son vitales y nadie quiere correr riesgos de que bajen.

«Somos una ruta, como hay otras. Pero es cierto que determinados controles están flaqueando o no están en los niveles que deberían», admitió el fiscal general Jorge Díaz.

Desde que se conocieron los primeros reportes de incautaciones de cocaína este año, se han organizado varias reuniones entre autoridades, despachantes de Aduana y exportadores buscando dónde está el error y cómo solucionar el problema, en medio de un gran hermetismo.

«Lo sucedido fue una conmoción y estamos trabajando muy fuerte para mejorar rápidamente los aspectos que debemos mejorar. Ahora es momento de trabajar y no hacer muchas declaraciones», dijo el viceministro de Economía, Pablo Ferreri.

Leonardo Couto, un despachante de aduana que está participando de las reuniones que buscan mejorar todo el sistema de control de exportaciones, admitió una parte de responsabilidad.

«Todos en la cadena fuimos omisos a no prestarle atención a este fenómeno, por ese afán de bajar y bajar costos, empezamos a relegar controles. No solo el estado. Todos», dijo el despachante que cada mes envía entre 300 y 400 contenedores con productos uruguayos a otras partes del mundo.

Couto explica que el énfasis de la Aduana siempre estuvo puesto en controlar las importaciones, que pagan impuestos mucho más elevados que las exportaciones.

En el puerto de Montevideo, el principal del país, están algunos de los eslabones débiles de la cadena: la terminal tiene un único scanner que es operado por funcionarios que solo trabajan en horario de oficina; jamás de noche. Además, la máquina se dedica en forma exclusiva a controlar importaciones.

Actividad. Cada mes salen entre 300 y 400 contenedores con productos uruguayos a otras partes del mundo.

Como inspeccionar uno por uno a todos los contenedores es imposible por los costos que tendría y las demoras que supondría, un programa informático inteligente –que toma en cuenta cuál es la mercadería, su destino, el empresario y otras variantes– determina cuáles son los pocos que son revisados, que no llegan al 3%.

El contenedor que fue descubierto en Alemania con cocaína era parte de un embarque poco usual: cuatro contendores con soja, un alimento que se suele embarcar en cantidades mucho mayores. El sistema, sin embargo, le dio la luz verde para salir sin ser controlado.

«La soja por lo general se exporta en barcos llenos, sin contenedores. Eso debió llamar la atención. Debió haber saltado que no parece lógico que una empresa exportara ese pequeño volumen de un producto que se vende de otra manera. Falló esa gestión de riesgo, no se hizo bien», dijo Couto.

El fiscal general Díaz ha visto de todo. Cocaína en embarques de carne y de lana; 500 kilos de cocaína disimuladas en redes de pesca que eran enviadas a Vigo y 2.000 kilos embarcados en un yate que se aprestaba a viajar a Serbia. Eso pasó entre 2003 y 2010. Después, comentó, hubo años de calma y se creyó que la ruta estaba cerrada. Pero los últimos hechos le demuestran que se ha vuelto a abrir. Quizás porque se bajó demasiado la guardia.

«Desde 2009 no existe un plan de combate al narcotráfico», dijo Díaz en una entrevista en la emisora Océano FM.

Laurent Laniel, investigador del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), dijo que este año comenzaron a notar embarques de droga desde Uruguay, aunque aún en cantidades menores a otras naciones sudamericanas.

Según el reporte más reciente de la OEDT, en 2017 se decomisaron 140 toneladas de cocaína, toda procedente de las Américas. Y según Laniel, Colombia, Brasil y Ecuador son los principales países desde donde llega la droga.

Sin embargo, una muestra del rol que podría estar jugando el tráfico desde Uruguay es lo que pasa en torno al puerto de Amberes, que de acuerdo con Laniel es el principal puerto de decomiso de cocaína procedente de las Américas.

Este año, entre enero y julio, las autoridades hicieron dos decomisos de cocaína procedente de Uruguay y con destino a esa ciudad belga: uno de 4,6 toneladas el 15 de julio –el ya citado cargamento descubierto en Hamburgo antes de llegar a Amberes– y otro de 1,2 toneladas el 23 de julio en un contenedor que ya estaba en el puerto.

Si uno quiere comparar, en todo 2018 sólo se hizo un decomiso de 120 kilos de cocaína que venía de Uruguay y que también tenían como destino el puerto de Amberes.

Ninguna autoridad señala a algún cartel de las drogas en específico.

Cada año se mueven 750 millones de contenedores en el mundo y apenas el 2% de ellos se abren para ser inspeccionados, dijo Bob Van Den Bergh, experto en aplicación de leyes del Programa de Control de Contenedores de Naciones Unidas y la Unión Mundial de Aduanas.

Uruguay solicitó hace un año sumarse al programa, que opera actualmente en 16 países latinoamericanos. Sin embargo, un paso previo es que un país desarrollado financie la llegada de técnicos internacionales a un nuevo país. Ninguna de las naciones que participa en la región lo hace con dineros propios, dijo Van Den Berghe.

En el puerto de Montevideo, el principal del país, están algunos de los eslabones débiles de la cadena: la terminal tiene un único scanner que es operado por funcionarios que solo trabajan en horario de oficina; jamás de noche. Además, la máquina se dedica en forma exclusiva a controlar importaciones.

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Mediante el programa, los técnicos viajan a los países y enseñan a los funcionarios locales a reconocer indicadores de riesgo en documentos comerciales, a percibir las manipulaciones de sellos y precintos, a detectar espacios ocultos en las estructuras del contenedor.

«Buscamos evitar que se abran contenedores sin razón, porque no queremos retrasar la cadena del comercio y perjudicar a empresas y puertos. Buscamos menos inspecciones con más resultados», dijo Van der Berghe. «Antes de que un policía o un aduanero abra un contenedor, tienen que estar casi seguros de que allí hay un problema».

En el puerto brasileño de Santos, luego de la implementación del programa, las incautaciones de droga aumentaron un 30%, aseguró.

En 2018, en los puertos de América Latina y el Caribe donde trabaja el programa, se incautaron más de 53 toneladas de cocaína y en 2019 ya van 44. También requisaron armas y municiones, precursores químicos, fauna, flora y maderas protegidas.

Para Laniel, el experto del OEDT, el tráfico tampoco puede entenderse sin la corrupción.

El fiscal Díaz está de acuerdo: «los sobornos detectados son la punta del iceberg. Para llegar a ese nivel de descaro tiene que haber muchos otros». Y el ministro de Defensa, José Bayardi, dijo a la AP que la presencia de narcomafias le preocupa porque cuando prosperan «terminan por generar la desestructuración de la institucionalidad del país».

Las autoridades no han detectado ningún caso específico de corrupción en el puerto de Montevideo, pero respecto al avión que aterrizó en Francia con 600 kilos de drogas, la justicia ya envió a la cárcel a un cabo de la Fuerza Aérea que cobró 30.000 dólares por hacer la vista gorda cuando las valijas con la droga pasaron por el scanner.

Claire Georges, portavoz de la agencia policial europea, Europol, dijo a la AP que desde 2018 han visto reportes en «fuentes abiertas» -como medios de comunicación- del uso creciente de Uruguay para enviar cocaína a Europa, aunque los países del viejo continente le han dado poca información concreta sobre eso.

Uruguay, con todo, está lejos de ser el epicentro del tráfico de América a Europa.

El caso de Uruguay, dijo Laniel, «es una cosita que acaba de surgir. Vamos a ver si toma más amplitud».

Fachada. A Alemania llegaron cuatro contenedores con soja que, en realidad, llevaban droga.

Violencia sexual en la represión

La Policía de Nicaragua ha sido señalada de abusos a los derechos humanos. Según la CIDH, 328 murieron tras la represión del gobierno contra las manifestaciones que surgieron en abril de 2018. Fotografía de Carlos Herrera.

Byron Cruz Calderón fue llevado en agosto de 2018 a las celdas de la Policía en Pueblo Nuevo, al norte de Nicaragua, en el departamento de Jinotega. Ahí fue acuchillado en el estómago y en sus genitales. Cruz dio su testimonio cuando se encontraba en el hospital, mientras sus familiares acudieron para hacer la denuncia a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), un organismo fundado hace 41 años que ha recibido las acusaciones de ciudadanos víctimas de la represión oficial con las que el gobierno de Daniel Ortega buscó frenar las protestas que surgieron el 18 de abril de ese año.

En la denuncia se señala a la Policía y civiles armados de atrapar a Cruz en su casa, en el sector de El Dorado. De agredirlo. El día de su captura, estaba tranquilo cuando llegaron a buscarlo. Él quiso escapar y para llevárselo le dispararon en la rodilla izquierda. Su caso se sumó a la lista de los 2.000 heridos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta entidad también da cuenta de 328 muertos.

La historia Cruz, de 31 años, inició con las acusaciones de un oficial sobre su participación en las protestas de acuerdo con esta investigación de CONNECTAS, la plataforma líder de periodismo colaborativo en la región. Agentes y parapoliciales actuaron contra los manifestantes antigubernamentales que levantaron barricadas para defenderse del operativo que las autoridades bautizaron como “operación limpieza”, y que fue desarrollado hasta julio de ese año.

El uso excesivo de fuerza de las autoridades policiales, el ataque de grupos de choque del gobernante Frente Sandinista -algunas veces coordinado con los oficiales- o de civiles armados contra opositores son parte de lo vivido por Nicaragua desde entonces, de acuerdo con organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales.

Las golpizas a los opositores cuando son detenidos son algunas de las denuncias realizadas contra oficiales de la Policía Nacional. Ilustración de Luis González

Al menos 25 casos de presos políticos, cuyas historias han sido publicadas en los diarios de Nicaragua, Estados Unidos, o los han entrevistado organismos de derechos humanos, han permitido identificar un patrón de vejámenes cometidos contra los opositores detenidos: golpizas, desprendimientos de uñas y dientes, choques eléctricos, derrames de ácidos en el cuerpo, asfixia, quemaduras con cigarro, maltrato psicológico, abusos sexuales y violaciones.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por la OEA y que investigó lo ocurrido en el país entre el 18 de abril y 30 de mayo, fueron expulsados en diciembre de Nicaragua horas antes de la presentación de su informe. Denunciaron la comisión de delitos de lesa humanidad y pidieron una investigación contra Daniel Ortega y la cúpula policial, lo que contradijo la versión oficial que sostiene que fueron víctimas de un golpe de Estado.

“Se ha registrado una gran cantidad de detenciones arbitrarias en el contexto de las protestas, incluyendo a decenas de adolescentes. Existen evidencias de malos tratos y abuso de la fuerza al momento de concretar las aprehensiones y durante los traslados de detenidos. Asimismo, existe información sobre condiciones inhumanas de detención en unidades policiales y penitenciarias y denuncias de torturas que será necesario investigar cuando existan las condiciones”, reveló el GIEI.

Los abusos sexuales contra mujeres y hombres son una manera de sometimiento a los opositores, señala una experta. Ilustración de Luis González

Nicaragua es uno de los países signatarios de la convención interamericana para prevenir y castigar las torturas, adoptada en el seno de la OEA en 1985. En ese documento se explica lo que se entiende por tortura, según el artículo dos, en que se describe que la misma se da cuando intencionalmente se inflige a una “persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin”.

El gobierno negó que practicara torturas contra los detenidos por las manifestaciones. En noviembre de 2018, el viceministro Luis Cañas sostuvo a la Voz de América que “si nosotros nos pusiéramos a atender esas noticias falsas, les aseguró que no trabajaríamos sólo en estar atendiendo esas noticias, no solo falsas, sino que malintencionadas”. Cañas es de Gobernación, órgano a cargo del sistema penitenciario y trabaja en coordinación con la Policía.

Ana Quiroz, directora del organismo no gubernamental de derechos humanos, Centro de Información y Servicio de Asesorías de Salud (Cisas), al que el Estado de Nicaragua le canceló la personería jurídica de ese organismo en noviembre pasado, informó que lograron documentar los abusos cometidos por las autoridades a ocho mujeres.

Quiroz narra que a las opositoras detenidas las obligaron a desnudarse, a hacer sentadillas ante agentes impasibles según este relato publicado en NICARAGUA.CONNECTAS.

Eso ocurre en las estaciones locales de la Policía como en El Chipote, que es la dirección de Auxilio Judicial adonde las autoridades trasladan a personas sujetas de investigación; en La Modelo, que es la cárcel de hombres, y La Esperanza, la de mujeres, ubicadas estas últimas al norte de la capital.

“La mayoría de las personas que han sido abusadas o violadas han salido del país”, dijo Quiroz. “Le decían a la gente: ¿qué preferís? ¿Qué te mate o que te viole, que te siga golpeando o que te viole?” -según ella- “poniendo en la responsabilidad de la mujer en este caso el ser víctima de violación”.

Marcos Carmona, director ejecutivo de la CPDH, asegura que ha recibido nueve denuncias de mujeres que han sido violadas por policías y por “paramilitares”. Entre los casos documentados por este organismo, está el de una joven de 21 años que fue violada por 18 policías y parapoliciales, en el departamento de Matagalpa.

Según los testimonios, además de policías, en la represión participaron civiles encapuchados. Ilustración de Luis González

Las denuncias expuestas ante este organismo de derechos humanos revelan que las víctimas han sido abusadas y violadas cuando han estado detenidas en la Policía. Sus casos poco se conocen. Carla, de 19 años, participó en las protestas. La capturaron en Managua el 13 de junio de 2018 oficiales y hombres vestidos de civil y encapuchados que se movilizaban en cuatro camionetas. Después de varias horas de interrogatorio, tenía frío y dolor de cabeza. Estando en El Chipote, ingresó un hombre encapuchado y vestido de civil para continuar.

“Me dijo: o te dejas coger (violar) o te turqueo (golpear). Mi respuesta fue: vos crees que tengo opción. Y pasó lo que pasó”, relató. El caso de ella ha sido documentado por la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras (IND), y Amnistía Internacional.

Los abusos cometidos por las autoridades contra presos políticos han ocurrido también en los centros de penitenciaría. Freddy Navas, líder del Movimiento Campesino y excarcelado el pasado 13 de junio tras ocho meses de encierro, relató que en el Sistema Penitenciario La Modelo, en Tipitapa, supo de violaciones. “Compañeros de celdas fueron violados (penetrados) con fusiles AK-47. Conocí dos casos: los golpearon hasta dejarlos inconscientes”, denunció. Según su relato, a las víctimas ni siquiera les atendieron médicamente.

En un caso parecido, la madrugada del 15 de mayo de 2018, dos líderes estudiantiles fueron abusados sexualmente. Varias camionetas con civiles armados y Policías sitiaron las barricadas cercanas al hospital San Juan de Dios, en Estelí, al norte del país. Ahí capturaron a un joven quien pidió anonimato a CONNECTAS para contar su historia.

Lo llevaron a la estación de la localidad y lo trasladaron finalmente a la capital, a las celdas de El Chipote, con otro de sus compañeros de lucha. Los mantuvieron desnudos hasta que los violaron con la punta de los fusiles AK-47. “Perdí el conocimiento del dolor, me quedé a oscuras, se me fue todo (la conciencia), es un dolor que nunca había sentido, sentía los minutos largos”, narra.

Sus agresores vestían de negro y se cubrieron el rostro con pasamontañas mientras los torturaban. Les hacían preguntas sobre quién pagaba las protestas, cómo se habían organizado, quién les daba las órdenes. Con tanto dolor, perdieron la noción del tiempo. Seis días después de su detención, ellos fueron liberados hasta que sus captores se convencieron de que no tenían información de su interés.

Los jóvenes fueron adonde el médico Josmar Briones, quien los atendió y contó meses después su historia al organismo Human Rights Watch, cuya sede está en Washington, capital de Estados Unidos. Briones es uno de los más de 200 médicos nicaragüenses que debieron salir al exilio por su seguridad en el contexto de las protestas. Muchos días después, el neurocirujano recuerda los rostros de las víctimas cuando llegaron a su clínica y no podían caminar.

Para la activista Ana Quiroz, la violación es la última forma de sometimiento, de ejercer el poder sobre las personas y de demostrarles en su concepción quienes son los que mandan. “Entonces para nosotras el uso de la violación, en primer lugar, es una forma de tortura; y en segundo, es una forma de someter a la persona quitándole hasta lo último de su dignidad. El uso de la violación es una forma de decirle aquí tu voluntad, tu integridad no vale nada y voy a destruirte en lo más íntimo, el tema de tu sexualidad”.

Una especialista en medicina que prefirió no ser identificada para este reportaje sostiene que el torturador persigue con la violación sexual crear terror y obtener información que el gobierno considera esencial. “Es el acto más cruel e inhumano que existe”.

Entre las agresiones denunciadas están el acoso sexual; amenazas de violación; encierro en ropa interior; golpes, quemaduras con cigarros y derramamiento de químicos en los genitales; así como choques eléctricos, mutilación, violación o violación sexual múltiple.

“Entonces para nosotras el uso de la violación, en primer lugar, es una forma de tortura; y en segundo, es una forma de someter a la persona quitándole hasta lo último de su dignidad. El uso de la violación es una forma de decirle aquí tu voluntad, tu integridad no vale nada y voy a destruirte en lo más íntimo, el tema de tu sexualidad”, Ana Quiroz, activista.

Abusos también fueron manosear a los familiares de presos políticos durante las requisas que ordenaban previo a la visita de estos a los reos de conciencia, pero la lista de atropellos empezó incluso antes de que las cárceles se llenaran con 700 presos políticos por la manipulación del sistema de justicia según los parientes de estos.

El asesinato de Carlos Antonio Flores, de 19 años, prueba este tipo de vejámenes. “A él me lo degollaron, en la cabeza me le dieron varios machetazos atrás, sus manitos, las dos manos, me le volaron su cosita (genitales), fue horrible esa muerte, él no era ningún vago, era estudiante”, dice Gioconda Ríos, la madre.

El muchacho se dirigía a unas prácticas de boxeo en el municipio de Ciudad Sandino, ubicado a 11 kilómetros al oeste de Managua. Era el 22 de abril de 2018 cuando lo asesinaron. Día de su cumpleaños. Él es otro de los fallecidos en el contexto de las protestas en Nicaragua. Era estudiante de secundaria y se preparaba para una pelea que tenía programada para el 14 de mayo de 2018, según su progenitora.

La entrada de El Chipote, en Managua, señalado como un centro de torturas de la Policía de Nicaragua. Fotografía de Carlos Herrera.

Se dirigía a la plaza del municipio para ejercitarse cuando fue atacado por un grupo de delincuentes y miembros de la Juventud Sandinista, explicó ella al hacer su denuncia ante la CPDH, que convocó a una rueda de prensa, en la que la progenitora habló de espaldas a las cámaras por temor a represalias.

El Grupo de Expertos Independientes, de la OEA, aseguró que el cadáver permaneció durante horas en la vía pública, a pesar de que sus familiares llamaron a la Policía para que iniciara las investigaciones y al Instituto de Medicina Legal para que trasladara el cuerpo para la autopsia. El croquis se hizo hasta tres semanas después de ocurrido el crimen.

Cuando la familia recibió el cuerpo, ellos notaron que tenía una herida en el cuello, las dos manos le fueron amputadas, tenía quemaduras y la mutilación genital. Al final, sus agresores lanzaron el cuerpo ensangrentado a la calle. Fue una vecina quien pidió llevárselo antes que “los victimarios le prendieran fuego”. Así Carlos fue una víctima más de la violencia sexual en la represión contra quien piensa distinto, un capítulo inédito de lo que ha ocurrido en Nicaragua desde las protestas del año pasado.


*Esta historia hace parte de NICARAGUA.CONNECTAS, la iniciativa para mostrar el país centroamericano en medio de un contexto adverso para la libertad de expresión.

Parques para casas rodantes acogen a inmigrantes en Colorado

Fotografías de AP

El Aspens Mobile Home Village se encuentra entre la autopista I-70 y el río Eagle, en una zona montañosa cerca de Vail. Es fácil pasarse de largo entre tanta carretera, árboles, cercos y remolques que circulan antes de que asome el cartel azul de la salida 167, anunciando un Burger King, un Subway y un Fiesta Jalisco.

Aspens es un lugar discreto, como le gusta a la gente que generalmente no vive en casas rodantes, y esto lo distingue del parque más grande del condado que se encuentra a 10 minutos de carretera en Edwards. Ese parque, el Eagles River Village, ha generado titulares por un problema persistente, que aún no ha sido resuelto, con la calidad del agua. Fila tras fila de remolques viejos emergen casi desde el río y se internan en las colinas llenas de casas de un millón de dólares y campos de golf de la Cordillera.

Estos son dos de los 31 parques para casas rodantes que hay en el condado de Eagle. Las comunidades tienen distintos tamaños y un total de 1,248 viviendas, casi todas ocupadas por gente que trabaja en la industria hotelera, de servicios y la construcción. En un condado de viviendas y alquileres caros, las casas rodantes son una necesidad económica pues ofrecen un techo a trabajadores con salarios bajos, que limpian las habitaciones de los hoteles y cuidan los campos de golf de localidades montañosas que viven del turismo.

Aspens Mobile Home Village tiene cabida para 159 remolques y actualmente hay un solo lugar vacío. El parque funciona desde hace casi 50 años y está bien mantenido. Los remolques son bastante nuevos y hay plazas en las que juegan los hijos y nietos de trabajadoras domésticas, pintores, campesinos, jardineros, cocineros y niñeras.

Igual que en otros parques de casas rodantes, los residentes son propietarios de los remolques y alquilan espacios para instalarse por unos $1,100 por mes. Esto no incluye el gas, la luz ni la televisión por cable. Su administradora es Agustina del Hoyo, quien desde el 2008 combina tareas de jefa que se ocupa de que todo funcione y de madre. Dice que no sabe cuánta gente vive en Aspens, pero una noche hizo la cuenta y sumó 525 vehículos.

«Hemos recibido gente de todos lados. De Rusia, de Bulgaria, de Jamaica, de Honduras, incluso vietnamitas. Pero el 75 % aproximadamente son latinoamericanos», expresó.

La mayoría son inmigrantes. Algunos llegaron a Estados Unidos legalmente, otros no. Vinieron por un par de años y ya llevan 12, 15 o 20. Para ellos Aspens es su casa, por más que se nieguen a admitirlo y añoren la tierra de su infancia, donde viven o están enterrados sus padres. Dicen que su casa es la que construyeron o están construyendo en Aguascalientes, Chihuahua o Guerrero, que pagaron con el dinero que ganan haciendo camas y limpiando alfombras.

En sus años en Avon, se han casado y tuvieron hijos. Remodelaron sus viviendas, agregando ventanas, porches, pisos de madera, mesadas de granito y Corian. Cuando una mujer le dijo a su familia que tal vez era hora de comprar una casa -ya habían pasado casi 20 años desde que vinieron de México-, sus dos hijas protestaron y lloraron, según cuenta. Después de todo, vivieron toda su vida aquí.

«Tengo el corazón dividido», dice otra madre, que lleva casi 22 años en Avon, los últimos cinco en Aspens. Cruzó la frontera ilegalmente, dejando atrás a sus padres, la mayoría de sus hermanos, sus sobrina y sobrinos, «la gente que quiero», en Aguascalientes. Ha pasado casi la mitad de su vida en esta hermosa localidad de montaña, pero dice que cuando ella y su esposo terminen de arreglar el remolque, terminarán de construir una casa en México. Tal vez algún día regresen. O tal vez no.

Aquí, un remolque es más que una casa, es una metáfora que resume la vida de los inmigrantes, un lugar temporal, bien tenido, pero sin raíces.

Desigualdad. La diferencia entre la vida que se lleva en los remolques y la que se lleva en las casas es grande. La brecha incluye acceso a servicios básicos.

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UN NUEVO RITMO

Los obreros de la construcción y los jardineros parten temprano en caravanas de automóviles y camiones y trabajan cuantas horas pueden antes de que venga la nieve. Ganan dinero durante el verano. El invierno es para las empleadas domésticas y los trabajadores de los hoteles que reciben a los aficionados al esquí. Ganan de 11 a 17 dólares la hora. Durante la mañana se escucha el barullo de los niños que van a la escuela con sus mochilas, sus capuchas y su almuerzo. Los ancianos los ven pasar desde sus porches mientras se dirigen a la parada de autobuses en la entrada del parque. A la noche se repite todo, solo que en sentido inverso. Y se siente el olor de cebollas, carne y tortillas que la gente lleva a sus casas.

Hace cinco meses, los jueves por la noche, las mujeres empezaron a reunirse para lo que del Hoyo describe como una sesión Entre Mujeres. Organizó ese grupo porque con frecuencia las mujeres que iban a su oficina a pagar el alquiler se quedaban allí y le contaban sus problemas con el trabajo, los hijos y sus maridos. Le decían que extrañaban sus casas, sus madres, sus hermanos y sus amigos.

Del Hoyo, quien es hija de inmigrantes mexicanos, sintió que tenía una conexión con estas mujeres. Ella también había dejado atrás a su familia, en California, en busca de lo desconocido.

«Todos los días, las 24 horas, estas mujeres están trabajando. Trabajan en sus empleos y en sus casas. Necesitan una hora a la semana para ser ellas mismas», dice del Hoyo. «Aquí piensan solo en ellas mismas. Necesitan ayuda, apoyo. Yo les digo, ‘cuando hablas con una amiga, es como una medicina. Cuando nos juntamos todas, es como una farmacia’».

La voz se corre rápidamente en el parque. Si un auto desconocido se mueve muy lentamente, de inmediato alguien llama a Agustina. Un funcionario del servicio de flora y fauna ve un oso en las inmediaciones y alguien llama a Agustina. La puerta del salón de reuniones permanecía cerrada, de modo que al principio poca gente asistió a las charlas. Pero pronto fueron animándose y un jueves reciente había unas dos docenas de mujeres que habían llevado pollo, pasta, sandías, tamales, buñuelos, ensaladas y dulces.

No es fácil mostrarse vulnerable, pero comparten sus historias, que son las mismas de la mayoría de las madres de cualquier parte: cómo les va a sus hijos en la escuela, los problemas en el trabajo, las cuentas que hay que pagar, padres enfermos, la ausencia de seguros médicos, el cansancio. «Cada día de mi vida es un sacrificio», dice una mujer, y las otras asienten.

Pero hay otro nivel de vulnerabilidad aquí: Vivir en Estados Unidos sin papeles es vivir con una incertidumbre constante, con una ansiedad permanente. Dicen que las cosas empeoraron desde que Donald Trump llegó a la presidencia. Hablan de eso, del miedo que no las deja, dicen que tratan de no pensar en ello y al mismo tiempo se preocupan de cómo preparar a sus hijos para la eventualidad de que un día no vuelvan a casa. «La migra te puede detener en cualquier sitio», dice la madre con el corazón destrozado. «En tu casa, en la escuela, en el trabajo, en un negocio».

A pesar del miedo, dicen que se sienten agradecidas por la vida que llevan, por el trabajo, por el sueldo, por las escuelas y los parques, y tienen la convicción de que este es un sitio mucho más seguro que sus países. «Me iré a casa si Trump me obliga, pero espero que no lo haga», dice una mujer de Aguascalientes que vino con una visa de trabajo y se quedó. «Allí no hay trabajo. No hay nada».

“Tengo el corazón dividido”, dice otra madre, que lleva casi 22 años en Avon, los últimos cinco en Aspens. Cruzó la frontera ilegalmente, dejando atrás a sus padres, la mayoría de sus hermanos, sus sobrina y sobrinos, “la gente que quiero”, en Aguascalientes. Ha pasado casi la mitad de su vida en esta hermosa localidad de montaña, pero dice que cuando ella y su esposo terminen de arreglar el remolque, terminarán de construir una casa en México. Tal vez algún día regresen. O tal vez no.

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A NO ENCARIÑARSE DEMASIADO

Hay una mujer en Aspens que vino de la Ciudad de México. Tiene dos años de universidad y se enamoró de un hombre que venía todos los veranos a Estados Unidos para trabajar en jardinería. Su padre no aprobaba la relación. «Esa vida es una locura», le dijo. Su madre falleció y su padre crió solo a sus tres hijos. «Seré tu madre y tu padre de ahora en más», recuerda que le dijo. «Tendrás que ser fuerte». Ella tenía ocho años.

Partió a Estados Unidos con su futuro esposo. No le dijo nada a su padre y cruzó la frontera ilegalmente. Caminó dos días y una noche por el desierto, según cuenta. Llamó finalmente a su padre desde una casa en Tucson. El padre le dijo que para él estaba muerta y que no lo volviese a llamar. Su prometido le dijo que tenía que olvidarse de su vida en México. Que eso era historia.

La mujer encontró un trabajo en un negocio de Avon. Ella y su marido tuvieron dos hijos. Se las arreglaron para no tener que contratar una niñera. Tenían un trabajo cada uno. Decidieron no recibir primos ni amigos con tal de olvidarse de México.

Cuando se mudaron a Aspens hace seis años, ocuparon un remolque que no usaba nadie y lo remodelaron. Piso de madera, gabinetes de madera y electrodomésticos y mesones nuevos. Pusieron una pantalla plana en la pared y una foto de Jesús arriba de la mesa de la cocina. Las pocas veces que ella está sola en la casa, se sienta en un extremo de la mesa y disfruta de la vista de las montañas.

A su padre se le pasó el enojo después de un año. Con su nueva esposa y sus tres hijos pequeños, el menor de cuatro años, cruzó también el desierto. Eso fue hace 15 años. Dice que, al igual que tantos inmigrantes que conoce, su padre tomó dos trabajos, trabajó todo el tiempo y ahorró dinero. «Mantenía sus casas en México y pagaba impuestos aquí, pero no tuvo vida».

Eso no le pasará a ella, asegura.

Se está dando cuenta de que, luego de vivir 18 años como esposa, madre y empleada, «lo más triste es que me olvidé de mí misma».

Ahora trabaja como voluntaria en varias organizaciones y asiste a los encuentros con las otras mujeres del parque. Todas comparten el mismo estado indefinido de no ser necesariamente propietarias de una casa pero tampoco tienen el típico alquiler. Ya no están en sus países pero tampoco se sienten en casa. Trata de mantener un delicado equilibrio, echando algunas raíces, aunque sin apegarse demasiado al lugar donde reside. Su familia tiene una casa en México y si algún día pasa algo, no será el fin del mundo. «Vinimos a este mundo sin casas y nos iremos sin ellas», comenta.

«No quiero vivir pensando en lo que podría pasar», manifestó. «Quiero la vida que tengo frente a mí».

A poca distancia. Una de las ventajas que ofrece el parque de casas rodantes es que jardineros y obreros de la construcción encuentran empleo cerca. La gente que habita en los remolques ubicados en estas zonas por lo general ha migrado en situación irregular.

Fentanilo y el dinero fácil: No toma mucho hacerse rico

Víctima. Rod y Tonya Meldrum sostienen el retrato de su hijo Devi, en Provo, Utah. Él fue víctima de una sobredosis después de ingerir una sola pastilla de fentanilo.

Las pastillas llegaban de a miles a buzones de todo el país, rojas y azules, con el sello de oxicodona estampado en ellas.

Los fiscales dirían más adelante que eran «veneno», píldoras falsas con fentanilo, un potente opioide sintético que está escribiendo un capítulo mortal en la historia de la epidemia de opioides en Estados Unidos. Habían sido enviadas desde suburbios de Salt Lake City.

Fue allí que un joven de 29 años que no terminó la universidad llamado Aaron Shamo se hizo rico, construyendo un imperio de tráfico de fentanilo tan solo con su computadora y un par de amigos.

Durante tres semanas este verano, esos millenials suburbanos declararon en el juicio que se les siguió y contaron cómo fentanilo comprado y vendido a través de la internet transformó el comercio de las drogas ilegales. No fue el testimonio de sanguinarios capos del narcotráfico ni nada que pueda frenar un muro en la frontera con México. Shamo se describió a sí mismo como un «traficante de guante blanco», que buscó la colaboración de viejos compañeros de trabajo en eBay a los que bombardeó con mensajes con emojis sonrientes. Su abogado dijo que era un «tonto», no lo suficientemente inteligente como para ser un capo del narcotráfico.

Es tan potente, tan fácil de transportar, que los traficantes en gran escala ya no necesitan redes sofisticadas, según Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA. Lo único que hace falta es un buzón, acceso a la internet y gente que consuma opioides. .

La forma en que él y sus amigos lograron inundar el país con medio millones de pastillas falsas de oxicodona revela la facilidad con que el fentanilo recorre el mundo, amenazando con llevar la epidemia fuera de Estados Unidos. Un polvo hasta 100 veces más fuerte que la morfina era comprado en un laboratorio de China y llegaba a Utah por correo. Era envasado en réplicas perfectas de pastillas de oxicodona en el sótano de la casa de Shamo y vendido por la internet, con entregas, nuevamente, por correo.

Todo esto ocurre en momentos en que la demanda civil más grande de la historia pone a prueba hasta qué punto la industria farmacéutica debería ser considerada responsable de inundar el país con analgésicos, generando adicciones masivas. Purdue Pharma, fabricante de la popular OxyContin, llegó a un principio de acuerdo por 12,000 millones de dólares esta semana con la mitad de los estados y unas 2,000 administraciones locales. El mes que viene comenzará otro juicio a otras farmacéuticas en el que las comunidades argüirán que la intensa comercialización de analgésicos desencadenó una epidemia.

La crisis empezó en la década de 1990, en que los opioides recetados dieron paso a la heroína, la cual a su vez despejó el camino al fentanilo. Esta droga ha causado la muerte de decenas de miles de personas desde su aparición en las calles en el 2013. Hay dos fuentes de abastecimiento: Los carteles mexicanos y paquetes enviados directamente por correo desde China, donde es producida masivamente, sin controles del gobierno. Hay muchos traficantes nuevos como Shamo, según las autoridades. Estadísticas de confiscaciones indican que su uso se expande rápidamente por todo el mundo. En el 2013 solo cuatro países reportaron confiscaciones. En el 2016, lo hicieron 16 naciones.

Es tan potente, tan fácil de transportar, que los traficantes en gran escala ya no necesitan redes sofisticadas, según Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (conocida por sus siglas en inglés, DEA). Lo único que hace falta es un buzón, acceso a la internet y gente que consuma opioides. Las tasas de consumo aumentan en todos lados, desde Asia hasta Europa y América Latina, como consecuencia de la intensa promoción de los analgésicos que hacen las farmacéuticas.

Potencia. Una pastilla de fentanilo es hasta 100 veces más adictiva que la oxicodona.

El margen de ganancias que deja el fentanilo ilegal es irresistible. La DEA calcula que un kilo sintetizado por unos pocos miles de dólares puede generarle a un traficante más de un millón de dólares.

«Cualquier idiota puede ser un traficante grande de fentanilo», afirmó Vigil. «Cualquiera con un coeficiente intelectual de menos 100 puede hacerse rico de la noche a la mañana».

Cuando un paquete sospechoso proveniente de China hizo que los investigadores se interesasen en Shamo, ya había producido al menos 458,946 pastillas potencialmente venenosas, según el gobierno. Encontraron $1.2 millones en el cajón de las medias y en una caja fuerte, y más dinero en criptodivisas.

Shamo empezó su negocio con su viejo amigo Drew Crandall.

Ambos comenzaron a vender Adderall, una medicina recetada para el déficit de atención, usando buscadores especiales no regulados. Hay mercados digitales clandestinos en los que se venden armas y drogas y se cambia dinero anónimamente mediante criptodivisas. Fue así que se expandieron, ofreciendo también la droga popular en los clubes nocturnos MDMA, hongos alucinógenos, drogas que los hombres usan para dormir y violar a mujeres, y cocaína sin salir prácticamente de sus casas. Compraron una máquina que fabrica píldoras y produjeron versiones falsas de xanax, una medicina para la ansiedad.

Un traficante local le comentó a Shamo que podría ganar fortunas vendiendo oxicodona falsa hecha con fentanilo. Crandall se fue del país y Shamo reclutó a otro amigo, Jonathan Luke Paz, para que lo ayudase a producir oxicodona.

Vendía las pastillas tanto a individuos como a traficantes, quienes luego la ofrecían en la calle. Cuando la policía interceptó los envíos de un solo día, contó 34,828 pastillas de fentanilo destinadas a direcciones de 26 estados. Algunas eran ofrecidas en la internet como fentanilo, otras no, sino que eran vendidas como 30 miligramos de oxicodona.

Los fiscales afirman que decenas de clientes suyos murieron, pero lo acusan solo en conexión con una muerte, la de Ruslan Klyuev, de 21 años, quien falleció en su habitación en Daily City, California. Junto a su cadáver se encontró un sobre en el que había recibido pastillas provenientes de Utah.

Shamo fue condenado por 12 cargos, incluido el de desarrollar actividades delictivas en forma continuada, el cargo reservado generalmente para gente como el «Chapo» Joaquín Guzmán, que conllevan condenas fijas de por vida. El jurado no llegó a un acuerdo en torno a una 13ra acusación, la relacionada con la muerte de Klyuev.

El día que Shamo fue condenado, un mercado digital clandestino tenía miles de ofertas de cosas presentadas como oxicodona. No había forma de saber si venía de una farmacia o del sótano de una casa.

Redada. En noviembre de 2016, dos hombres dos hombres con trajes protectores salen de una residencia mientras las agencias policiales locales y federales responden a una redada de drogas en Cottonwood Heights, Utah.

Daniel Ortega «vuelve» a la escuela

Fotografías de Óscar Navarrete/CONNECTAS

T​​​​​​​iene 12 años, estudia quinto grado en un colegio público de Managua y mete tres libros en su bolso para ir a la escuela. Uno es de Matemáticas, uno de Lengua y Literatura y otro de Convivencia y Civismo, pasta dura azul y blanco y con el mapa de Nicaragua en el centro. Cuando abre el último para estudiar, lee historias como esta:

«–Mamá, dice, ahora tenemos un Gobierno que se preocupa por las dificultades que tiene el pueblo, por eso a doña Lupe le hicieron su casa, destruida por el terremoto, a doña Lola le dieron zinc para cambiar el techo que era de plástico, a la Juana le entregaron su bono productivo alimentario, para que le diera vida a su parcela y saliera de la pobreza, multiplicando los animales recibidos y cultivando la tierra con las semillas, a la Panchita la beneficiaron con el préstamo de Usura Cero, para ampliar su fritanga, y a nosotras las agricultoras el Banco de la Producción nos da préstamos para el cultivo de café y granos básicos».

Ella dice que en su centro de estudios el único libro que le regalan es este de Convivencia y Civismo, cuyas ediciones tienen un capítulo que se llama «Bien Común», en la que explican todos los programas del gobierno de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua desde 2007, y su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta desde 2017 y secretaria del consejo de comunicación y ciudadanía en períodos anteriores. Los libros pueden descargarse con facilidad de la página electrónica del Ministerio de Educación (Mined).

Esta investigación de Nicaragua.Connectas, la nueva iniciativa para conversar sobre lo que pasa en el país centroamericano, descubrió que en la Nicaragua de hoy, no solo es que se mencione a la familia presidencial en estos textos escolares, sino que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presupuestó para la elaboración de los mismos en 2019 un total 650,257 dólares. Desde 2013 hasta la fecha, la inversión en este rubro ha sido de 1.3 millones de dólares. La publicidad estatal es mostrada además en los murales de los colegios, junto a la figura del poeta Rubén Darío. En el mismo espacio se exalta también a mártires del partido de gobierno, entre ellos Carlos Fonseca, el fundador del FSLN; el hermano de Ortega, Camilo, y al poeta sandinista Leonel Rugama, mientras la bandera rojinegra es colocada siempre a la par de la azul y blanco como si una fuese la sombra de la otra.

A diferencia de años electorales, si alguien visita los centros educativos en el país centroamericano, no se encontrará las papeletas con la imagen de la pareja presidencial en las paredes. Sin embargo, la propaganda llega a través de los libros a diario, en las lecciones que los niños leen. Dentro del presupuesto del Mined tampoco existen asignaciones presupuestarias a la propaganda partidaria. No obstante, el especialista, Alex Bonilla, investigador con una maestría en administración y gestión de la educación, explicó que el gobierno hace llegar esos insumos a través de su tendido político, como la Juventud Sandinista y los gabinetes de los barrios, que son los que colocan afiches y banderas rojinegras en los colegios con la anuencia de las mismas autoridades.

El discurso político, que se encuentra de manera subrepticia en las aulas, va dirigido a casi un millón y medio de estudiantes y sus familias en un país con índices de analfabetismo que hasta hace tres años llegaba al 15.8 %. Además el gobierno invierte $118.82 por estudiante de secundaria y $180 por alumno de primaria; cuando en países como Costa Rica, alcanza hasta $2,246.7 por cada joven. Es decir, los costarricenses invierten 19 veces más por cada niño, según datos del Banco Mundial hasta 2017.

La difusión de esta clase de mensajes en las aulas de Nicaragua provoca inconformidad entre los especialistas. Josefina Vijil, miembro del Centro de Investigación y Acción Educativa y Social (CIASES), un organismo privado de investigación y análisis de políticas educativas, dijo para este reportaje que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo utiliza los libros de textos para reproducir su discurso.

«Han usado el sistema educativo como una red a través de la cual quieren enviar su mensaje partidario para seguirse manteniendo en el poder, y esto atenta contra todos los principios de educación», valora Vijil que lo considera además violatorio a la «constitución y a las leyes».

«Una mala educación es funcional para regímenes autoritarios como el de Daniel Ortega, que quiere convertir a los ciudadanos en clientes», sostiene la especialista. El exministro Carlos Tünnermann, quien dirigió la cartera de educación entre 1979 y 1984, destaca que todo esta propaganda se difunde mientras el sistema tiene carencias, entre ellas el hecho que los maestros reciben los salarios más bajos de la región: $238 mensuales.

El oficialismo defiende, no obstante, el «humanismo» con que enseñan. El diputado sandinista José Antonio Zepeda, dirigente de la Asamblea Nacional de Educadores (Anden), se excusó de dar declaraciones para CONNECTAS; pero, en junio de este año, aseguró a los medios del FSLN que la docencia está centrada y promovida en prácticas y en valores.

«Hoy sí tenemos que celebrar, tenemos que celebrar ese compromiso que ha sido reconocido por la política educativa del gobierno que dirige nuestro Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo», afirmó Zepeda a esta investigación un 29 de junio cuando, a nivel nacional, se celebra el día del maestro.

El contenido propagandístico hace recordar a algunos padres de Nicaragua su experiencia de los años ochenta, durante el primer gobierno sandinista, cuando Ortega dirigió por primera vez el país entre 1984 y 1990; tiempos en que los chavalos recibían y aprendían sobre la Asociación de Niños Sandinistas en los libros «los Carlitos».

Cuarenta años después, el ejecutivo cuenta también su versión de la historia de la nación centroamericana y su protagonismo en ésta, a través de los libros escolares. Connectas, la plataforma lider de las Américas en periodismo colaborativo revisó 25 libros de primaria y secundaria de colegios públicos de este gobierno: 9 de Estudios Sociales, 11 de Lengua y Literatura y 5 de Convivencia y Civismo, en los que encontró 35 fotos del caudillo sandinista junto a alusiones constantes a los beneficios que dejan los proyectos gubernamentales.

Cuando los niños leen ahora estos textos pueden encontrar a los aliados políticos de la pareja presidencial como Evo Morales o referentes ideológicos para ellos como Hugo Chávez, Ernesto Che Guevara o Fidel Castro, así como organismos de la misma tendencia ideológica, tal como la Alianza Bolivariana para los Pueblo de Nuestra América (ALBA) o exaltaciones a proyectos que nunca se concretaron como el Canal Interoceánico.

En el libro de Estudios Sociales de séptimo grado, se retrata la historia del país centroamericano desde 1979, pero se insiste en que, a partir de que Ortega tomó el poder tras las elecciones de 2006, a la nación le va mejor. «Nicaragua estaba en un estado lamentable: con apagones todos los días, con un alto índice de desempleo, con la educación privatizada y con una alta tasa de analfabetismo…», empieza diciendo.

Según el texto de Estudios Sociales, el resultado de las políticas gubernamentales es que en «Nicaragua se viva en libertad y democracia, las autoridades son respetuosas de la ley y de las instituciones públicas. Sin persecución política ni presos políticos, ni torturas en las cárceles, sin exiliados ni golpes de Estado, sin represión militar o policiaca».

Ese escenario contrasta con las denuncias por concentración de poder y violaciones a derechos humanos contra Ortega, el aparato represivo del Estado y paramilitares desde abril del año pasado. Según organismos internacionales, entre ellos la OEA y Naciones Unidas, el uso excesivo de la fuerza provocó 328 personas asesinadas, más de dos mil heridos y el éxodo de 70 mil personas.

Las críticas no hacen mella en el esfuerzo gubernamental por proyectar a la familia presidencial. Otro ejemplo es la vicepresidenta Rosario Murillo. Los capítulos del texto de segundo grado de Convivencia y Civismo y el de décimo grado de Estudios Sociales son encabezados por imágenes de los Árboles de la Vida, que son estructuras metálicas de 21 metros que forman parte del ornato de Managua y que se atribuyen a la voluntad de la funcionaria. También se destaca junto a nombres como la premio nobel de la Paz Rigoberta Menchú, la ex presidenta de Brasil Dilma Rouseff y la exmandataria de Chile, Michelle Bachelet. La nueva historia económica de Nicaragua es tan autorreferencial que se destaca la «entrañable amistad» de Murillo con Hugo Chávez, a quien ella escribió unas líneas como homenaje que son reproducidas en el libro de octavo grado de estudios sociales.

«Usted, libertador. Usted, constructor. Usted, Comandante Presidente, comunicador.

Cuando los niños leen ahora estos textos pueden encontrar a los aliados políticos de la pareja presidencial como Evo Morales o referentes ideológicos para ellos como Hugo Chávez, Ernesto Che Guevara o Fidel Castro, así como organismos de la misma tendencia ideológica, tal como la Alianza Bolivariana para los Pueblo de Nuestra América (ALBA) o exaltaciones a proyectos que nunca se concretaron como el Canal Interoceánico.

Usted, consagrado, ¡ahora más que nunca consagrado! Usted, alegría, entrega. Usted, generosidad. Usted, inteligencia brillante ¡qué inteligencia! ¡qué estudioso! ¡qué capacidad! Usted, articulado. Usted, risa, sonrisa ¡siempre bromeando! Siempre encontrando el lado bonito de la vida. Usted, en todo lo lindo que hacemos y seguiremos haciendo. Porque su legado, Comandante-Presidente, es esa bandera que ondea en alto de todos nuestros corazones, y en la América Nuestra».

Paradójicamente, este gobierno que exalta a sus líderes políticos en el poder, vive una situación económica marcada por una reducción del presupuesto de inversión de 18.6 millones, lo que impide la construcción o remodelación de 56 escuelas, donde estudian 800 mil estudiantes. Aunque el presupuesto general de educación es de 430 millones de dólares, una de las realidades de Nicaragua es que el 92 % se destina al pago de salarios y mantenimiento de oficinas según los datos del Ministerio de Hacienda.

Hasta julio pasado, los niños que estudian en el colegio público de Chiquilistagüa, en la parte rural de Managua, les entregaban sus calificaciones en una hoja de papel desde el año pasado. Todos los meses llevaban un córdoba ($0.03) para que la maestra le sacara una fotocopia y colocara con el lapicero las notas del parcial. Solo al final del año les entregaban los resultados finales en su boleta, pero la espera se acabó con la evaluación de semestre. El argumento de no entregar el boletín es que se trataba de una medida administrativa.

Proselitismo. Estudiantes caminan en Carretera Sur de Managua en noviembre de 2008, en período de elecciones municipales.

«La gestión del Mined es de las más ineficientes de todo el Estado», dijo Alex Bonilla, especialista en educación. «La mayoría de recursos se utiliza para el pago de planillas y las pocas inversiones se destinan a proyectos de infraestructura y materiales escolares», agregó.

El Mined prioriza dar plazas de trabajo a los militantes del FSLN para que estos sirvan como agentes y así controlar e influir en las escuelas. De modo que una parte de los 61,433 trabajadores de este ministerio, entre ellos directores y profesores, forman parte de la base del partido que hace tareas políticas: marchas progubernamentales, adoctrinamiento en las escuelas y reuniones del tendido electoral según Bonilla.

De las inversiones presupuestadas de este año, un poco más del 50 por ciento será con financiamiento externo, que, a raíz de la crisis de abril del año pasado, está en peligro o se ha estancado porque muchos países y organismos multilaterales han suspendido su cooperación con el gobierno de Nicaragua por ser señalado de cometer crímenes de lesa humanidad.

Varios funcionarios, entre ellos la vicepresidenta de Nicaragua, fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Además, en junio se activó una ley de sanción conocida como Nica Act contra el gobierno de Nicaragua en el país norteamericano que conmina al gobierno de Donald Trump, que participa en las multilaterales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), a no aprobar préstamos al país centroamericano si no se respetan los derechos humanos y los principios democráticos.

El impacto de las medidas globales se hicieron sentir desde hace algunos meses en Nicaragua. A través de una reforma presupuestaria le quitaron 18.6 millones de dólares al Mined, que fue el recorte más grande que hizo Hacienda si se compara con los realizados a todos los ministerios. De estos fondos restados a educación, $6.8 millones provenían de préstamos del BM y donaciones externas que no fueron desembolsadas.

En el libro de Estudios Sociales de séptimo grado, se retrata la historia del país centroamericano desde 1979, pero se insiste en que, a partir de que Ortega tomó el poder tras las elecciones de 2006, a la nación le va mejor. “Nicaragua estaba en un estado lamentable: con apagones todos los días, con un alto índice de desempleo, con la educación privatizada y con una alta tasa de analfabetismo…”, empieza diciendo.

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VIGILANCIA POLÍTICA EN COLEGIOS

La libertad de expresión está en riesgo en todos los niveles del sistema educativo. La tarde del dos de julio pasado, las autoridades del colegio experimental México de Bello Horizonte prohibieron a CONNECTAS entrevistar a tres estudiantes de secundaria previamente citados y, al explicar su decisión, mostraron el control que ejerce el gobierno tanto a alumnos, profesores y directores a través de la vigilancia política.

«El cuestionario tiene que ser enviado a nosotros para que se pueda aprobar», dijo Marisol Pineda, subdirectora del Experimental México. En la dirección de este centro, cerca de una bandera rojinegra del Frente Sandinista, Pineda habló durante 15 minutos sobre los programas educativos promovidos por «el gobierno de reconciliación y unidad nacional». «Muchos estudiantes quizás no le puedan responder pero yo sí, porque ellos no conocen a profundidad todos los programas que hemos venido ejecutando».

Pineda afirmó que después de la crisis política de 2018, en los colegios de todo el país hay delegados del Mined que bajan las directrices del ejecutivo al resto de miembros de la comunidad educativa. «El cuestionario de preguntas lo mira el delegado y este lo pasa al ministerio para que después sea aprobado», dijo Pineda, quien de inmediato mostró a uno de los delegados, de camisas celestes y el emblema del gobierno en el pecho. «Lo que pasa es que ya hubo un problema por una información que salió de aquí, y ellos, los delegados, controlan todo», se excusó Pineda.

Las autoridades del colegio Experimental México tampoco permitieron entrevistas con profesores de este centro. Sin embargo, en el sistema educativo a nivel nacional hay profesores que desafían al gobierno. El maestro Antonio Chávez, de un colegio de Masaya, una ciudad a 25 kilómetros de la capital, dijo que el control de los delegados del Mined en las escuelas públicas de todo el país se ha incrementado a raíz de la crisis política.

«El adoctrinamiento en las escuelas se sostiene desde otras instancias del gobierno, de la estructura partidaria», dijo el especialista en educación, Alex Bonilla, y confirmó que estos colegios, como el Experimental México, sirven para reuniones o capacitaciones del tendido político del partido que es donde ejecutan estrategias de proselitismo.

En mayo de 2019 circuló en redes sociales un video en que estudiantes del colegio Maestro Gabriel, uno de los más grandes del país con una matrícula de 2,500 estudiantes, se quejaban de que las autoridades de este centro los estaban obligando a ver un documental hecho por Juventud Presidente (JP), del aparato propagandístico estatal, en que exculpan al Ejecutivo de las violaciones a los derechos humanos cometidas desde el año pasado.

El documental muestra la posición del gobierno sobre uno de los hechos más graves de la crisis de derechos humanos: la quema de una familia en el barrio Carlos Marx, en que murieron seis personas calcinadas, entre ellos dos niños de menos de tres años de edad y en el que sobrevivientes señalaron a paramilitares de cometer el crimen. La nueva versión señala que fueron los manifestantes, inconformes con el gobierno, los responsables.

En el video los estudiantes aseguran que la presentación del video estaba a cargo de la subdirectora del centro. Sin embargo, el director José Villegas alegó que «no sabía» y que no podía dar información.

«Por favor, vaya a pedir la información al Ministerio de Educación. Yo no estoy autorizado para hablar de eso», dijo Villegas, un tanto nervioso, a la par de dos oficiales de la Policía Nacional que escuchaban todo.

Además de la vigilancia política de comisarios del FSLN y de devengar salarios bajos por su trabajo, falta formación y perfeccionamiento de los maestros , explicó el exministro de educación, Carlos Tünnermann Bernheim.

El salario oficial de los docentes de primaria es de 8,000 córdobas ($238 al mes). A nivel centroamericano, los maestros nicaragüenses son los que reciben los salarios más bajos, según un estudio realizado por el organismo CIASES con base a datos de los institutos de los países en 2016. Un maestro nicaragüense gana un salario nueve veces menor que uno de Costa Rica, y seis veces menor que los de El Salvador y Honduras.

«Los salarios de los profesores no los dejan ni siquiera pagar los productos de la canasta básica. Por eso la carrera del magisterio no es atractiva porque a pesar de tener una profesión, siguen siendo pobres», dice Tünnermann.

«En el gremio le llaman los «pobresores» como seudónimo de profesores», sostiene el educador.

Lecciones. Una niña en Nicaragua lee uno de los libros escolares en los que se rinde culto a Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

Una de las banderas del FSLN para hablar de los avances en educación es el supuesto aumento de la matrícula escolar en el período del gobierno de Daniel Ortega. La matrícula de este año, sin embargo, se redujo en 100 mil estudiantes con respecto al año pasado y 40 mil niños menos se matricularon de la meta que había proyectado el Mined para 2019: 1.74 millones de estudiantes.

Para 2006, antes que Ortega llegara al poder, el analfabetismo rondaba el 22.04 % y la última cifra reportada oficialmente fue de 15.8 % en 2016. El experto Alex Bonilla dijo que en los últimos cinco años se ha dedicado mayores esfuerzos en aumentar la escolarización. «Se han planteado que todo mundo vaya a las escuelas». Sin embargo, también en esto ve una estrategia política del Estado. «Lo que hay es un adoctrinamiento más cercano. Entonces ha sido una política clientelista», agrega.

Bonilla explica sus tesis de la siguiente manera: el gobierno destina bonos escolares a la gente en el campo, pero designa a sus delegados políticos su distribución. «De modo que hay una distribución inequitativa porque quienes tienen la potestad lo entregarán de acuerdo a su operación política, como una forma de chantaje», afirma.

El 17 de mayo en varios colegios del país se celebró el natalicio del general Augusto C. Sandino, en quien se inspiró el partido de gobierno. Ese día, en el colegio público que lleva su nombre en Ciudad Sandino, una ciudadela en el oeste de Managua, la directora Mayra Bermúdez en medio de una cancha de basquetbol gritaba frente a un micrófono «viva a Sandino», mientras los estudiantes a su alrededor respondían «viva». Con la mano derecha en alto, la profesora seguía «Viva el comandante Daniel Ortega», y los alumnos contestaban «viva». En el centro del lugar, con el bullicio alrededor, dos niños seguían sosteniendo la bandera del partido en el poder.

En otro video reciente, publicado en las redes sociales, puede verse también a una profesora enseñándole a deletrear a unos niños las iniciales FSLN del partido en el poder. Los niños repiten cada letra, mientras la profesora hace énfasis en que la letra F es «como (la palabra) Fuerte»; la S como el «Sol que nos ilumina», y la L es la «luz de libertad», otra imagen del sistema educativo nicaragüense.


*Esta historia hace parte de NICARAGUA  CUENTA, la nueva iniciativa para mostrar el país centroamericano en medio de un contexto adverso para la libertad de expresión.

Exrebeldes colombianos lucen reacios a retomar las armas

Cotidianidad. Un exrebelde de las FARC corta su cabello en Icononzo, el poblado del que ahora forma parte.

Junto a un camino de tierra en las montañas colombianas, un nuevo pueblo creado por excombatientes rebeldes está cobrando vida: cultivan maíz, hacen ropa con estampados de estilo hawaiano e incluso venden su propia cerveza artesanal.

Abundan las muestras de su lucha por reintegrarse a la vida civil.

Tal vez lo más llamativo es que los postes de servicios públicos instalados por el gobierno hace muchos meses todavía no están conectados a la red eléctrica, lo que los deja totalmente a merced de un generador a gasolina. Los cables sin vida cuelgan por encima de sus casas con techo de hojalata, un duro recordatorio de que permanecen desconectados del mundo al que intentan unirse.

«Somos como nómadas. Aquí no tenemos nada», dijo Rubén Darío Jaramillo, un exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que dirige una empresa que fabrica cerveza artesanal a la que él y un puñado de camaradas llamaron «La Roja».

Son exguerrilleros como estos a los que un puñado de excomandantes del ejército rebelde más grande de Colombia están instando a retomar las armas, acusando al gobierno de no cumplir con su compromiso de implementar el acuerdo de paz de 2016, cuyo objetivo es poner fin a la confrontación armada de mayor duración en América Latina.

Por ahora, varios exrebeldes que viven en el campamento de desmovilización Antonio Nariño, a unas cuatro horas de la capital de Colombia, dicen que están comprometidos con el acuerdo de paz, pero al menos uno dijo que no podía prometer que nunca volvería al campo de batalla si las cosas empiezan a ponerse feas.

«No puedo decir sí ni no», dijo Gonzalo Beltrán, de 43 años, quien lidera un grupo de excombatientes que fabrican camisas con estampados florales en colores brillantes y que se venden por el equivalente a 10 dólares cada una. «Uno no sabe… qué pueda suceder, porque si en este momento que estamos aquí llega una arremetida contra nosotros, pues habría que tomar alguna alternativa, porque de brazos cruzados no nos podemos quedar», agregó.

El frágil proceso de paz de Colombia dio un giro precario el jueves, cuando Luciano Marín, que en su día fue uno de los principales defensores del acuerdo, anunció que él y un grupo de rebeldes de línea dura de las FARC se estaban rearmando para una «nueva fase» del conflicto.

En un video de 32 minutos publicado en YouTube, Marín denunció a las autoridades de Colombia por no haber implementado plenamente el acuerdo y acusó al presidente Iván Duque de quedarse de brazos cruzados mientras cientos de excombatientes y activistas de izquierda eran asesinados.

«Cuando firmamos el acuerdo de La Habana lo hicimos con la convicción de que era posible cambiar la vida de los humildes y los desposeídos», dijo Marín, que usa el nombre rebelde «Iván Márquez». «Pero el Estado no ha cumplido ni con la más importante de sus obligaciones, que es garantizar la vida de sus ciudadanos y particularmente evitar el asesinato por razones políticas», agregó, vistiendo un uniforme verde oliva y rodeado por unos 20 insurgentes fuertemente armados y rostros serios.

Luego de su declaración inicial, los rebeldes publicaron el sábado una carta en la que pidieron a los exguerrilleros que ahora viven en 24 campamentos de desmovilización en todo el país que continúen la lucha desde dondequiera que estén y de la manera que su situación lo permita. El gobierno «no deja otra alternativa», escribieron los insurgentes.

En el campamento, que lleva el nombre de un ideólogo independentista colombiano, los exguerrilleros dijeron que respetaban la posición adoptada por sus exlíderes, pero que ellos siguen comprometidos a continuar el proceso de paz por su cuenta.

«Son decisiones de cada uno», dijo Viviana Nariño, de 40 años, quien se unió a la guerrilla de las FARC a la edad de 14 años y que ahora es jefa de una asociación de mujeres. «Cada uno responde por lo suyo», añadió.

Pero ella cree que pocos, si es que hay alguno, atenderán el llamado, renuentes a volver a una vida de evadir bombas y balas.

El campamento se encuentra a una hora de distancia de la ciudad de Icononzo, donde muchas personas todavía tienen recuerdos traumáticos del conflicto de cinco décadas en el que participaron guerrilleros izquierdistas, paramilitares de derecha y el Estado.

Después de la firma del acuerdo en 2016, poco más de 300 rebeldes fueron transportados aquí, a la zona de desmovilización rural en una de las regiones cafeteras de Colombia, para que comenzaran una nueva vida como civiles.

La gente de Icononzo recibió a los rebeldes con vacilación. Muchos temían por tener tan cerca a personas acusadas de secuestros y atentados terroristas; pero la realidad ha sido, más bien, una coexistencia tranquila.

En la actualidad, un supermercado frente a la plaza central del pueblo anuncia con orgullo que vende cerveza «La Roja». Pocos pobladores saben quién de ellos fue un rebelde. Muchos nunca han estado en el campamento.

«Ya son trabajadores, igual que uno», dijo Norma Yara, de 59 años, que fue desplazada por otro grupo armado ilegal hace años.

Ella recuerda vívidamente los días en que los ataques con bomba eran comunes en toda Colombia.

«Mucha gente murió sin tener nada que ver. Eso me asusta que vuelva a pasar», afirmó.

Ingresos. La Roja es el nombre de la cerveza artesanal que exmiembros de las FARC están comercializando.

El gobierno de Colombia dice que la mayoría de los casi 13,200 excombatientes de las FARC están firmemente en el camino hacia la reintegración. Dice que una encuesta reciente de más de 10,000 exrebeldes mostró que el 77 % son optimistas acerca de su futuro.

Solo una cuarta parte de los excombatientes permanecen en las zonas de desmovilización, pues muchos se han ido a reunirse con familiares o a buscar trabajo. Menos del 10% están desaparecidos, aunque los analistas dicen que eso no es necesariamente una indicación de que se hayan unido a los disidentes.

A pesar de sus críticas al acuerdo de paz, el gobierno de Duque ha incrementado constantemente el número de proyectos de desarrollo económico en los que participan exrebeldes. El gobierno apoya ahora unas 30 iniciativas en las que participan unas 2,000 personas.

Sin embargo, el gobierno ha sido lento en implementar las disposiciones del acuerdo de paz o no ha puesto en marcha algunas de ellas, particularmente las que prometen una mejor infraestructura y recursos para las comunidades rurales pobres y descuidadas desde hace mucho tiempo por el Estado.

«Lo más difícil ha sido el incumplimiento del gobierno», dijo Beltrán, de la empresa que confecciona camisas.

Dijo que su cooperativa de costura ha tenido dificultades para expandirse porque el generador de electricidad de la comunidad, que funciona con gasolina, les permite operar solo un pequeño número de máquinas. Fabrican camisas y pantalones ligeros similares en material a la que fue alguna vez su ropa de combate, pero ahora con flores de colores. Ellos venden la mercancía en una página de Facebook.

Los observadores dicen que es crucial para el gobierno de Colombia implementar plenamente el acuerdo y reconstruir la confianza con los antiguos rebeldes, pero es una tarea inevitablemente difícil para un país con recursos limitados que también se enfrenta a una crisis sin precedentes de migrantes que llegan desde la vecina Venezuela y a una explosión del cultivo de coca para la producción ilícita de cocaína.

La gente de Icononzo recibió a los rebeldes con vacilación. Muchos temían por tener tan cerca a personas acusadas de secuestros y atentados terroristas; pero la realidad ha sido, más bien, una coexistencia tranquila.

Juan Carlos Garzón, investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz, dijo que existe el riesgo de que algunos exrebeldes se vean atraídos por sus antiguos comandantes con la idea de regresar al campo de batalla, pero es poco probable que la mayoría de ellos acepten. «Lo que pensamos es que eso no va a resultar en una desbandada «, dijo.

En el campamento de Antonio Nariño, los exrebeldes solo pudieron recordar a un camarada que había decidido abandonar el proceso de paz. Se llamaba Edgar Mesías, alias Rodrigo Cadete, quien se marchó en un coche perteneciente a una unidad gubernamental responsable de proteger a los líderes sociales y políticos en riesgo. Apareció muerto en un ataque con bomba a principios de este año.

«Allá los compañeros continuaron con las armas, nosotros continuamos con el proceso de paz», dijo Jaramillo.

La comunidad está dividida en cuatro barrios con nombres como «Vientos de Paz» y en los edificios se han pintado imágenes de ídolos revolucionarios de izquierda como el Che Guevara. Muchos excombatientes tienen ahora hijos e incluso han abierto una guardería infantil en el lugar, con un patio de recreo al aire libre.

El marco jurídico de las 24 zonas de desmovilización expiró a mediados de agosto, pero las autoridades han prometido seguir dando refugio a los exrebeldes, aunque algunos de los campamentos podrían cerrarse y consolidarse con otros más desarrollados.

En el campamento cerca de Icononzo, los rebeldes ven su estancia como permanente.

«Ya tomamos la decisión», dijo Viviana Nariño. «Nosotros de acá no nos vamos».

Presidencia de López Obrador comienza a desgastarse

Un año. Entre manifestaciones culturales, López Obrador celebró el primer aniversario de su elección.

La guerra contra las drogas en México arde de nuevo, la economía está estancada, el sistema de salud se tambalea y el presidente Andrés Manuel López Obrador, enfrentando presiones de Estados Unidos, ha tomado medidas enérgicas contra los migrantes centroamericanos. Sin embargo, López Obrador, otrora conocido por su discurso furioso e irascible tras años de fallidas candidaturas presidenciales, ahora casi nunca pierde su sonrisa en las conferencias de prensa que celebra casi todas las mañanas desde que asumió el cargo el 1 de diciembre.

En su primer informe de gobierno, de cierta forma, la suya se perfila como una presidencia de teflón: nada malo se le pega a López Obrador, porque él siempre sonríe y dice «amor y paz» a sus adversarios. Le ayuda el hecho de que la oposición está tan desacreditada, descorazonada y desorganizada sobre la mayoría de los temas que su voz ni siquiera se escucha sobre las palabras diarias del presidente.

Pese a sus frases joviales, «abrazos, no balazos», como forma de combatir a los cárteles de las drogas, una sombría realidad se está asomando, como con el asesinato de 28 personas en un incendio provocado en un club nocturno en la ciudad de Coatzacoalcos, situada en el estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México.

El presidente se ha mostrado presto a atribuir la culpa a sus subordinados. Cuando un subsecretario de Gobernación fue a reunirse con grupos de civiles armados, muchos de los cuales están vinculados con bandas del crimen organizado, López Obrador dijo que desaprobaba las visitas, pese al hecho de que él ha respaldado ideas como diálogo y amnistía para algunos.

Su gobierno está dispuesto a declarar victoria y desentenderse de algunos problemas. El presidente lanzó su gobierno con una ofensiva contra los ladrones de combustibles y declaró el problema 95% erradicado, aunque el número de tomas ilegales en los oleoductos se ha mantenido constante y la cantidad de gasolina legal vendida no ha aumentado, algo que sería de esperarse si el mercado negro desapareciese.

López Obrador se las ha arreglado para centrar las noticias en sí mismo, usando sus conferencias de prensa diarias tanto como Donald Trump usa Twitter. Hay un mensaje central de los primeros nueve meses de López Obrador en el cargo: Él está cerca del pueblo y lo escucha. Sus conferencias matutinas son seguidas usualmente por visitas vespertinas a hospitales en pueblos pequeños, y los canales de televisión transmiten imágenes de muchedumbres fervientes, o a López Obrador comiendo en restaurantes locales.

«Este señor nos da mucha confianza», dijo Eduardo Calvillo, que tiene un puesto en un mercado en un barrio pobre de la Ciudad de México, en el que Calvillo dice que hay nuevas lámparas de alumbrado público desde que López Obrador y un gobierno aliado local asumieron el mando. «Este señor se baja a ver dónde está el problema, a dónde está el conflicto y piensa algo para solucionarlo». Fernando Hernández, un promotor inmobiliario de la capital del país, entiende las divisiones de clases, la furia ante la corrupción y la necesidad de cambio que le dieron a López Obrador la victoria en las elecciones.

López Obrador se las ha arreglado para centrar las noticias en sí mismo, usando sus conferencias de prensa diarias tanto como Donald Trump usa Twitter. Hay un mensaje central de los primeros nueve meses de López Obrador en el cargo: Él está cerca del pueblo y lo escucha.

Él es oriundo del estado de López Obrador, Tabasco, en la costa del Golfo de México. Pero, dijo: «Realmente yo pensaba que iba a haber más coherencia en el cambio, más estudio, más capacidad». En lugar de ello, dice, López Obrador se ha mostrado renuente a escuchar críticas, sugerencias o consejos de expertos. El presidente dice a menudo «yo tengo otros datos» cuando se le pide que explique discrepancias.

López Obrador es obstinado y odia gastar dinero. Incluso redujo drásticamente los gastos del gobierno y los salarios de una forma que habría sido muy difícil para gobiernos conservadores. Los recortes dejaron brevemente sin quimioterapia a niños enfermos de cáncer, lo que causó una manifestación en el aeropuerto de la capital. «Lo que estoy viendo es que se están haciendo los recortes a machetazos», dijo Hernández. «La medicina pública está devastada por los recortes». «Él es muy obstinado, él es muy bueno en lo que hace. Es un gran político, pero necesita oír, necesita enfocarse más en lo que le dicen».

A López Obrador le gustaría ser juzgado por su principal promesa de campaña: combatir la corrupción, pero, incluso en ese terreno, pese a su positiva reputación personal, la cantidad de contratos sin ofertas conferidos en los primeros nueve meses de su gobierno es similar a las de sus predecesores, dijo Ricardo Alvarado, investigador para el grupo cívico Mexicanos Contra la Corrupción.

López Obrador describe a muchos grupos no gubernamentales como el de Alvarado como fachadas de intereses conservadores y de negocios. Mexicanos Contra la Corrupción ha lanzado una serie de impugnaciones legales contra uno de los proyectos favoritos de López Obrador: convertir una base de la fuerza aérea en un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, en parte porque el presidente canceló un proyecto más costoso para un aeropuerto cuya construcción ya estaba en curso y que grupos empresariales dicen tiene más sentido.

«Es una actitud política lo que le llevó finalmente a la presidencia. Desechar todo proyecto que no sea el suyo», dice Alvarado. Como Trump con su muro fronterizo, López Obrador está obsesionado con su gran proyecto de infraestructura: un tren que haga un recorrido turístico alrededor de la Península de Yucatán y que la mayoría de los expertos dice no tiene sentido financiera ni ambientalmente. Otro de sus proyectos favoritos es la recién creada Guardia Nacional, una mezcla de soldados y policías que él espera pueda combatir a los cárteles de la droga y delitos del fuero común.

Grupos de derechos humanos expresan preocupación de que las fuerzas armadas mexicanas, que han sido implicadas en abusos en el pasado, tengan ahora carta blanca. «Hemos tenido un gobierno que ha sido pendular, que ha tenido al menos dos caras en esta materia» de derechos humanos, dice Santiago Aguirre, que dirige el centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro. Por un lado, López Obrador ha tratado de excarcelar a «prisioneros políticos» y de tomar más seriamente la búsqueda de los 40,000 desaparecidos en el país, pero por otro lado, ha relajado la supervisión civil de las agencias policiales.

Más que nada, a los expertos les preocupa que la estrategia contra la delincuencia no vaya a funcionar y que López Obrador, como sus dos predecesores, pase a la historia como alguien que no pudo ganar contra los cárteles de drogas. «El problema de fondo hacia adelante es que la estrategia se reduce a poner botas en el terreno, a cubrir territorio», dijo el analista de seguridad Alejandro Hope. Dijo que, incluso si la Guardia Nacional consigue sus objetivos de reclutamiento, tendría apenas un agente por cada 1,000 habitantes el año próximo. «No da para mucho», dijo.

Para muchos mexicanos, la fascinación de López Obrador con el pasado lo limita. A él le gustan los viejos baluartes de México: la industria del petróleo, el ejército y la agricultura a pequeña escala. También le llevó a llamar a su gobierno «la Cuarta Transformación», comparándolo con la guerra de Independencia de 1810, el movimiento de reforma de 1857 y la Revolución de 1910. De acuerdo con Hope, el problema para un país que necesita desesperadamente soluciones nuevas para problemas como el crimen, es que «no hay nada particularmente transformador en la Cuarta Transformación».