Los familiares de desaparecidos a menudo son revictimizados. Llegan a instituciones que no están capacitadas ni actualizadas y que ponen en tela de juicio cualquier denuncia antes de procesarla.
Carta Editorial
El Salvador, por medio de empresas ligadas a ALBA, ha formado parte de esta red en la que no solo se transó dinero, sino que también poder.
Un estadounidense de 50 años de edad puede solicitar el ingreso de una guatemalteca de 13 o 15 años para unirse a ella de forma legal, sin levantar alarmas, sin que ninguna institución se oponga en nombre de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Entre las pérdidas más sensibles está la educación. Al limitarla, se reducen las posibilidades de desarrollo en todo sentido.
Hay niñas que han conocido más la cárcel que la escuela y eso nos describe bien como una sociedad injusta y desigual.
Con historias como las de ellos, los adultos nos asomamos al país que hemos construido: uno que secuestra infancias.
En la región falta asimilar que llegar al poder popular no es un blindaje, es lo contrario, es quedar expuesto al escrutinio público sin tregua ni cuartel.
Cuando se habla de educación en sexualidad, en El Salvador hace falta partir de que en la niñez y en la adolescencia hay un déficit de información.
Juana es una superviviente que lleva 36 años esperando que las instituciones pongan atención a su dolor y al crimen del que fueron víctimas cerca de 200 personas.
Es necesario decirnos a nosotras y decirles a nuestros niños que ningún nombre, sentimiento, reputación o cargo vale la integridad física y emocional de una persona. Ninguno.