Entre 2006 y 2018, el gobierno de Evo Morales entregó 1,7 millones de hectáreas de tierras estatales a nuevos comunarios en el departamento de Santa Cruz. Esta investigación revela que muchas tierras fueron dadas a dirigentes sindicales, productores de coca, partidarios de la sigla política MAS e incluso a profesionales de zonas urbanas, en vez de llegar a manos de los indígenas y campesinos locales y de escasos recursos como manda la legislación boliviana. Además, la supuesta revolución agraria se vio plagada de denuncias de cobros ilegales, dotaciones a dedo y manejo político de la tierra. Un escándalo más sumado a los que ya enfrenta Morales desde Argentina mientras su partido se alista para las próximas elecciones presidenciales.

Los piratas de la tierra en Bolivia

Un reportaje de Nathalie Irriarte, Connectas

Fotografías de Connectas

Fotografías de Connectas

En 2006, cuando asumió como el primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales anunció una Revolución Agraria que “beneficiaría a los campesinos e indígenas del país que necesitaran tierras para trabajar” y que “aseguraría la soberanía alimentaria”. Catorce años después, el presidente de la Pachamama no solo les quedó debiendo, sino que los utilizó para fortalecer su proyecto político. Los indígenas y campesinos de Santa Cruz no recibieron la tierra prometida, mientras que dirigentes sindicales se llenaron los bolsillos con cobros ilegales a costa del sueño de que la tierra sería para quien la trabajara. Así lo revela esta investigación de Nathalie Iriarte, en alianza con CONNECTAS, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ), como parte de la iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas.

En 2014, luego de ocho años de fallidos intentos, la anunciada Revolución tuvo uno de sus capítulos más notorios cuando en el departamento de Santa Cruz, motor de la agroindustria en Bolivia, se cuadruplicó la entrega de tierras del Estado en relación con los años anteriores. Durante la presidencia de Evo Morales, solo en Santa Cruz se entregaron 1,7 millones de hectáreas de tierras estatales a nuevos comunarios campesinos, es decir, casi el 70 por ciento de los 1,8 millones de hectáreas dotadas en 25 años.

Pero lejos de ser una medida que favoreció a los sectores más pobres, dicha revolución agraria benefició a miembros de una sola organización, la (CSUTCB) que se llevaron la mayoría de toda la tierra a través de dirigentes que habrían generado comunidades fantasmas, realizado cobros ilegales por los trámites y creado asentamientos que destruyen reservas naturales. El actual gobierno de transición investiga si conformaron especies de mafias para extorsionar a quienes reclamaban ser los dueños legítimos de las tierras y una serie de irregularidad en los trámites de dotación.

No hay acuerdos sobre el número real de comunidades y comunarios asentados. Según datos oficiales, hay 912 comunidades, pero según la Fundación Tierra este número asciende a 1.400. Lo cierto es que entre 31.000 y 50.000 nuevos colonos obtuvieron permisos del gobierno para asentarse y en 2015 cada uno de ellos obtuvo permiso para talar 20 hectáreas. El impacto ambiental, social y cultural de esta medida sin duda es enorme.

La investigación publicada en Página Siete, El Día y Los Tiempos de Bolivia, en alianza con la plataforma periodística regional CONNECTAS, revela cómo Juan Carlos León, el exdirector nacional del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) junto con dos dirigentes de la CSUTCB también de apellido León serían los más influyentes en los procesos al punto de prácticamente ostentar el poder a nivel nacional de repartir tierras a quienes señalaban. Este trío de temidos hombres proviene de un pequeño pueblo de Chuquisaca llamado Padilla y se conoce como “El clan de los Leones”. Ellos, además de compartir apellido, también tenían en común una ferviente y pública militancia con el partido de Evo Morales.

Juan Carlos León fue viceministro de Tierras en 2017, puesto que dejó a fines de 2018 para ser director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). A los cuatro meses de estar en el cargo que le daba el poder máximo de la asignación de tierras en Bolivia, se vio acorralado luego de que salieran a la luz casos de asentamientos de cocaleros en reservas naturales, autorizados por esta entidad. Pero esto no bastó para que el partido de Evo Morales lo alejara de su cúpula, al contrario, fue devuelto a su anterior cartera de viceministro de Tierras, donde permaneció hasta el final del gobierno de Morales en noviembre de 2019.

El otro es Adolfo León, secretario departamental de la CSUTCB en Santa Cruz entre los años 2014 y 2018, cuando se emitió la mayor cantidad de autorizaciones de asentamientos en los últimos 25 años en la historia de Bolivia. Este León fue un ferreo defensor de la postulación indefinida de Evo Morales como presidente, llegando a amenazar públicamente con movilizar campesinos si el tribunal electoral no otorgaba este privilegio a Evo Morales, a pesar de que la Constitución lo prohíbe.

Daño. La deforestación afecta varias áreas protegidas y territorios indígenas. Aquí, comunidades asentadas en Ñembiguasu.

El último hombre en esta trama es Henry León, quién fungía como dirigente regional de la organización campesina en Pailón, uno de los tres municipios que conforman la provincia de Chiquitos. Él manejaba “la llave de Pailón, que es la puerta de entrada a la Chiquitania, por ende, de la repartija de las tierras más valiosas y productivas de Santa Cruz”, relata para la investigación, Álvaro la Torre, abogado especialista en temas agrarios.

Una historia que deja en evidencia el entramado de estos piratas de la tierra en la Presidencia de Morales, es la de Anacleto Aguirre, campesino de Pailón: “Tengo un familiar, Nilo Aguirre, que nos llamó a mí y a mis hermanos y nos dijo que había tierras para nosotros. Yo, que nunca tuve terreno, me emocioné y nos fuimos para allá a asentarnos”. Una parcela había salido a su nombre con autorización del INRA, pero la sonrisa se le fue rápido cuando el mismo Nilo le pidió 500 dólares como comisión para el INRA y los dirigentes. Ese sería solo el primer pago que les demandarían a él y a otros beneficiarios por mantener su nombre en la comunidad. Negarse al pago tenía un costo: la expulsión. Anacleto fue sacado del predio junto con otras tres personas de su familia que tenían parcelas a su nombre y encima fue amenazado por los dirigentes.

La repartición de tierras benefició mayormente a migrantes de tierras altas, más que a campesinos e indígenas locales. El MAS dotó de tierras a cocaleros que ya contaban con parcelas en Cochabamba, a citadinos en vez de a pobladores rurales e incluso a profesionales con grado de licenciatura y con recursos económicos muy superiores a los de un campesino que aspira a ser un pequeño productor, como se documenta en esta investigación periodística que comenzó meses antes de la salida de Morales del poder.

Esta repartición a dedo también ocasionó una serie de conflictos entre comunarios locales que se vieron avasallados en su territorio y cultura por los nuevos colonos que fueron mandados como piratas a tomar por la fuerza lo que el INRA marcaba con una equis en el mapa. Para varios líderes indígenas de tierras bajas, el gobierno de Evo Morales puso por encima los intereses de sindicatos de campesinos cocaleros y de quienes lo apoyaron políticamente y no veló por sus hermanos indígenas, como les había prometido. “Este fue un intento de colonizarnos por razones políticas, trayendo gente para ganar alcaldías —decía Fernando Rojas, cacique de los cabildos indígenas de San Ignacio de Velasco, provincia chiquitana—. Encima depredaron el bosque y quisieron acallar nuestra cultura”.

Luego de la renuncia de Evo en noviembre pasado, el nuevo gobierno de transición de Jeanine Añez comenzó, a partir de diversas auditorías, una revisión de las tierras dotadas por el INRA en la anterior administración. Las comunidades que no cumplan con la función económico-social indicada por ley podrían ser revertidas al Estado. La revisión comenzó, especialmente, en los municipios donde la CSUTCB tuvo el poderío a través de Juan Carlos León, Adolfo León y Henry León. Estos fueron los tres reyes de la selva que crearon su propio imperio de irregularidades ante las que la ley boliviana parecía tener un parche en el ojo. Pero el botín de oro verde que vieron en los bosques de Santa Cruz parece habérseles acabado. El nuevo gobierno está investigando a estos tres personajes y a otras exautoridades por tráfico de tierras.

Según analistas del tema como Alcides Vadillo, de la Fundación Tierra en Bolivia, la herencia de estos años de “piratería terrestre” tendrá un grave impacto ambiental, social y cultural. “Esto implica a 1.400 comunidades. Solo con un cálculo de 35 personas por comunidad, estamos hablando de alrededor de 50 mil beneficiarios de tierras en la Chiquitania. Si van con la pareja y dos hijos, estamos hablando arriba de 200 mil personas que se están metiendo en la Chiquitania. Este era el objetivo político, cambiar el mapa electoral y buscar el control político de la región. Entonces, estamos prediciendo un nivel de avasallamiento y de destrucción de las culturas chiquitanas”, explica el experto que lleva más de 10 años investigando el tema.

Probablemente, esto también venga con un alto costo político para Evo Morales y su movimiento cuya principal promesa política fue una Revolución Agraria ahora muy cuestionada. Morales deberá defenderse desde el exilio en Argentina y en medio de numerosos escándalos y acusaciones mientras recarga baterías para que su partido compita (esta vez sin él como candidato) en las elecciones generales, cuando la crisis del coronavirus permita convocarlas.

 


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