El éxodo de los venezolanos que buscan refugio para retomar sus terapias contra el VIH
Los pacientes con VIH huyen de una Venezuela sin antirretrovirales: decenas han emigrado a Ecuador, Perú, Colombia y República Dominicana en busca de acceso a medicinas para salvar su vida.
Una tarde de septiembre de 2016, un empleado del Ministerio de Salud venezolano llamado Antonio regresó a su casa sin el antialérgico que necesitaba su esposa. Después de largas horas de recorridos por farmacias vacías en el estado de San Francisco de Apure, solo tuvo una certeza: ambos tenían que abandonar el país. El estrés por la escasez permanente de alimentos y medicinas estaba minando sus defensas y su situación se complicaba al ser ambos pacientes con VIH. Era urgente que retomaran sus terapias, pero en una Venezuela sin reservas de antirretrovirales ni pastillas tan básicas como para tratar una gripe o una infección, la incertidumbre de la espera resultaba tan nociva como la propia enfermedad. La pareja no podía saberlo entonces, pero su lucha por salvar su vida los llevaría a hacer un largo viaje por tres países de América Latina para recibir atención médica y los fármacos vitales para controlar el virus del sida. La última estación sería Perú.
Antonio y Pamela viven en Lima con su hija pequeña desde hace nueve meses. Se instalaron en una habitación alquilada al norte de la capital del único país donde pudieron encontrar un empleo para cubrir sus gastos básicos. “Necesitábamos retomar nuestras terapias, pero sobre todo vivir sin angustia. Eso ayudó mucho a disminuir nuestra carga viral”, dice Antonio, un hombre de mediana estatura y gestos pausados, sentado en el local de una organización civil que vigila el abastecimiento de antirretroviral.
Esta familia forma parte de una oleada de siete mil venezolanos que consiguieron permisos de permanencia temporal en el país este año, con facilidades dadas por el Gobierno, según datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Aunque no hay estadísticas oficiales sobre el número específico de personas que llegaron de Venezuela por razones de salud, desde noviembre de 2016, la ONG Grupo Impulsor de Vigilancia Sobre Abastecimiento de Medicamentos Antirretrovirales (GIVAR) ha registrado 20 casos de venezolanos con VIH que vinieron con el objetivo específico de retomar sus terapias para controlar esta enfermedad. “Nos siguen llegando correos de personas que piden que las ayudemos para que reciban aquí los medicamentos de manera gratuita”, explica Marlon Castillo, coordinador de este colectivo ubicado en San Martín de Porres, un extenso distrito al norte de Lima.
En realidad, Perú no es la primera opción de los venezolanos que emigran por razones de salud. Antes buscan ayuda en las ciudades ecuatorianas de Quito y Guayaquil, a las que llegan tras un agotador viaje por tierra que cruza San José de Cúcuta, Colombia, la zona más próxima al Puente Internacional Bolívar, colindante con Ecuador. Los migrantes eligen ir primero a Ecuador porque los trámites para que los ciudadanos extranjeros accedan a los servicios de salud y al tratamiento antirretroviral de manera gratuita son rápidos –ciertamente más que en Perú. Solo necesitan presentar un carnet de identificación, su historia clínica y acudir a algunas charlas de orientación. “El problema allá es otro. No encontramos trabajo y nos quedamos sin dinero”, cuenta Pamela, una mujer de 36 años, voz alegre y manos expresivas, quien era profesora en una escuela pública de su país. Ahora trabaja como vendedora en una tienda de ropa en el centro de Lima. Antonio, que también era empleado público, ha conseguido un oficio como ayudante en una fábrica de polos del emporio textil de Gamarra.
Antes de ingresar a Perú, la pareja recibió atención en el Hospital de Infectología de Guayaquil por unas semanas, pero tomó la decisión de venir al país cuando se enteró de las facilidades migratorias dispuestas por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Hasta hace unos meses, los venezolanos debían obtener un permiso de estancia como refugiados, pero en enero de 2017 el Gobierno aprobó un permiso temporal de permanencia exclusivamente para ciudadanos de ese país. Este documento, que tiene una vigencia de un año, les permite estudiar, trabajar y atenderse en un servicio de salud aunque carezcan de seguro médico. “Este apoyo es humanitario, por la situación que está pasando Venezuela. Es una forma de devolver lo que antes ellos hicieron por los peruanos en la época del terrorismo”, dice un vocero de la Superintendencia Nacional de Migraciones.
Hasta fines de 2016, el Sistema Integral de Salud (SIS) ya tenía registrados 2,667 ciudadanos con carnet de extranjería, lo que les permite recibir atención médica en calidad de asegurados. La situación de los migrantes venezolanos es distinta porque muchos de ellos aún no tienen este documento. “Este caso está siendo estudiado para ver cómo vamos incorporándolos al seguro con una contribución mínima”, dice María Cecilia Lengua Hinojosa, médica encargada de la gerencia de riesgos y evaluación de las prestaciones del SIS.
Los pacientes extranjeros con VIH reciben sus medicinas sin pago alguno, ya que el tratamiento antirretroviral es de acceso universal y gratuito en todo el mundo. Sin embargo, aquellos que carecen de seguro médico en Perú deben pagar por los chequeos clínicos una tarifa que puede ser evaluada en los servicios de asistencia social de los hospitales.
Esos datos aparecían en grupos en Facebook creados por otros migrantes venezolanos para ayudarse a seguir la ruta hacia Perú. Los esposos Pamela y Antonio se convencieron así de que esta era una oportunidad. Entonces, cruzaron en automóvil el pueblo fronterizo de Huaquillas (Ecuador) con dirección hacia Zarumilla (Perú), pernoctaron unos días en Tumbes y luego tomaron un bus interprovincial que los condujo finalmente hasta Lima. “Volver a empezar no fue fácil, pero hemos tenido mucha suerte. Ahora recibimos atención en el hospital San José del Callao”, dice Pamela.
Una pandemia fuera de control
La tarde del 3 de mayo pasado, Caracas se quedó sin electricidad y el activista Jonathan Rodríguez, presidente de la ONG StopVIH, no tuvo otra opción que recurrir a la batería de su auto para recargar su celular y seguir nuestra entrevista por un canal de WhatsApp. “Hay personas que se mueren todos los días por la escasez de medicamentos e insumos hospitalarios en Venezuela”, escribió mortificado. “El Gobierno solo muestra indiferencia”, añadió.
La organización de Rodríguez ha documentado 66 graves episodios de desabastecimiento de 25 antirretrovirales desde noviembre de 2009 hasta la fecha. Esta situación ha puesto en riesgo la vida de las más de 65 mil personas con VIH que dependen de las medicinas que compra el Estado venezolano para mantenerse con vida. Sin tratamientos oportunos o debido a problemas que los empujan al abandono, muchos pacientes corren el riesgo de hacerse resistentes a los medicamentos y su pronóstico se complica.
“Lo que está sucediendo en Venezuela va en contra de todos los esfuerzos globales para controlar la pandemia. Que no haya tratamiento antirretroviral sostenible en un país va a traer consecuencias graves para su población: habrá más enfermos debilitados, más casos de nuevos infectados y más muertos. Ahora, con el problema migratorio, está el riesgo también de llevar virus mutados resistentes fuera de las fronteras venezolanas, lo que empeorará la situación del VIH en el mundo”, dice Jesús Aguais, director de la organización civil Aid for Aids, con sede en Estados Unidos.
En 2012, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya advertía que Venezuela era el país con más problemas de abastecimiento de antirretrovirales en América Latina, una situación que se agudizó en los últimos dos años y que ahora impide mantener bajo control esta enfermedad. Las cifras disponibles de ONUSIDA revelan que las muertes relacionadas al VIH/Sida en este país se han incrementado. “En 1997 no superaban las mil; en 2015 llegaron a los 3,300 casos”, indica Michela Polesana, oficial de Comunicaciones de este organismo de Naciones Unidas para la región. Este no es el único problema: en Venezuela viven también 44 mil personas infectadas con VIH que desconocen su diagnóstico y cada año se suman un promedio de 5,600 nuevos enfermos.
Pese a este desolador panorama, el Ministerio de Salud venezolano no agilizó las acciones de prevención del virus y las compras de las medicinas para los pacientes infectados. En 2014 el Gobierno reconoció que de las 30 medicinas para el VIH de su lista de compras, solamente estaban cubiertas 14. Menos aún garantizó las provisiones de otros medicamentos esenciales, como cicatrizantes y anticoagulantes.
StopVIH ha documentado 66 episodios de desabastecimiento de 25 antirretrovirales que ha puesto en peligro la vida de más de 65 mil pacientes de VIH.
A comienzos de 2017, la situación llegó al límite: el 90 % de las medicinas de alto costo, en su mayoría antirretrovirales y oncológicos, no llegó a las farmacias de los hospitales en Venezuela. Las importaciones de fármacos están trabadas debido a que el Estado no tiene suficiente presupuesto para cubrirlas. Según datos del sector farmacéutico en Venezuela, recogidos para The Big Pharma Project, el Ministerio de Salud mantiene desde 2014 una deuda de $4,000 millones con laboratorios proveedores. Ese año, el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (FFV), Freddy Ceballos, dijo que el régimen recuperaría la confianza del sector si liquidaba el 60 % de la deuda. Pero no hay indicios de que se haya cumplido esta condición.
Las autoridades sanitarias han comprado antirretrovirales a través del Fondo Estratégico de Medicamentos de la OPS en 2015 y 2016. Sin embargo, Antonieta Caporales, una de los tres ministros de Salud que ha tenido Venezuela en los últimos seis meses, dijo en abril pasado que no se pudieron realizar a tiempo las adquisiciones de este año por problemas administrativos. “Conocimos que todo el lote costaba alrededor de $12 millones y el Gobierno no tenía liquidez”, sostiene Alberto Nieves, de la ONG Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI) en una entrevista para este reportaje.
El peligro de la resistencia
Cuando Elvis Ortuño partió de Valencia, la ciudad más poblada del estado venezolano de Carabobo, tuvo que desprenderse de su familia, su pareja y su último año de carrera de Educación. Era marzo de 2016, se había enterado de que los antirretrovirales no estaban garantizados para los próximos meses y tuvo miedo por su vida. Llevaba apenas un mes intentando asimilar la noticia de que estaba infectado con el VIH y sus pruebas de carga viral advertían que sus valores de CD4 (un tipo de células que ayudan a combatir las infecciones) ya estaban por debajo de lo normal. “Si me quedaba, corría el riesgo de generar resistencia al tratamiento y sería incapaz de combatir el virus”, explica este joven de 35 años que ahora vive en la ciudad de Trujillo, al norte de Perú.
Al igual que varios de sus compatriotas, Elvis Ortuño exploró en internet las alternativas que había en el extranjero y emprendió un viaje por tierra hacia Guayaquil, Ecuador. El camino no fue sencillo. Le habían advertido que pasaría por continuas revisiones de oficiales de la Guardia Nacional en la zona de Caramuca, en el estado venezolano de Barinas, antes de seguir la ruta hacia su destino. “Nos hicieron bajar del autobús y revisaron nuestros equipajes. Pude ver que se llevaron a dos personas a las que supuestamente les habían encontrado una mercancía ilegal, pero las denuncias de que los propios guardias te siembran cosas son constantes”, relata.
El problema de Ortuño empezó en el puesto migratorio del fronterizo municipio colombiano de San José de Cúcuta, donde los oficiales le impidieron continuar su camino. La única manera para dejarlo pasar era que mostrara un boleto aéreo de retorno a su país, como una especie de constancia de que no se quedaría en Colombia. Durante un día y medio, buscó diversas formas de cruzar la frontera: rogó por horas a los policías y le pidió a un médico que le facilitara un certificado de viaje por razones de salud, pero nada de eso funcionó. Solo cuando mostró la reserva del boleto de avión que le había expedido una agencia de viajes ecuatoriana a la que contactó por teléfono, su pasaporte fue sellado y cruzó la frontera.
“Sabía que al pasar el puente Internacional Bolívar mi vida iba a cambiar. Fue como un signo de esperanza”, cuenta. Elvis Ortuño solo tenía $120 en el bolsillo, su último kit de antirretrovirales para un mes y una maleta pequeña de ropa. Debía continuar el viaje en autobús desde Colombia hacia Ecuador.
Luego de 36 horas de recorrido, este joven venezolano de contextura delgada y piel tostada llegó al puente Internacional de Rumichaca, por donde finalmente ingresó a Ecuador. Su destino era el Hospital de Infectología de Guayaquil y tuvo que hacer más conexiones con servicios de transporte interprovincial para cumplir su objetivo. Por fortuna, en este servicio de salud recibió la atención que esperaba: le dieron los antirretrovirales con solo mostrar su historia clínica y no tuvo inconvenientes para acceder a los chequeos médicos en forma gratuita. El problema llegó siete meses después, cuando no logró hallar un empleo que le permitiera sostenerse. Con esa preocupación volvió a indagar en internet una segunda opción de destino, y esta vez se comunicó por correo con el colectivo GIVAR para que lo ayudara a recibir tratamiento antirretroviral en Perú.
En octubre de 2016, Elvis Ortuño cruzó la tercera frontera para salvar su vida. No llegó a Lima, se quedó a medio camino, en la ciudad de Trujillo, donde consiguió integrarse al programa de tratamiento antirretroviral gratuito del hospital de Belén y se empleó como mozo en un restaurante. Ahora se siente tranquilo, pues sus exámenes clínicos muestran que no se ha hecho resistente a las medicinas pese a que tuvo que interrumpir algunas veces su terapia.
“Si hay muchos pacientes que incrementan su carga viral y se vuelven resistentes a su terapia, la epidemia se descontrolará”, explica el médico Eduardo Sánchez Vergaray.
Sin embargo, esta angustia la viven miles de sus compatriotas infectados que permanecen aún en Venezuela. “Si un paciente con VIH deja de tomar sus medicamentos cuando se encuentra entre el sexto y noveno mes de terapia, su carga viral se incrementará y el fármaco dejará de hacer efecto. Si hay muchos pacientes que se encuentran en esta situación, obviamente la epidemia se descontrolará”, explica el médico Eduardo Sánchez Vergaray, presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas de Perú.
Solo este año se han presentado cinco episodios de escasez de antirretrovirales en Venezuela: desde enero no hay zidovudina en jarabe para niños, y desde febrero tampoco se encuentran reservas de Complera, un comprimido que contiene rilpivirina, emtricitabina y tenofovir. Tan grave como esta situación es que hay pocas posibilidades de medir correctamente los niveles de resistencia de los pacientes con VIH porque no hay insumos para hacer las pruebas. Han pasado tres años desde que se hizo el último examen de genotipo en la población venezolana y desde hace seis meses no hay reactivos para los análisis de cargas virales que cada paciente debe realizarse cada tres o cuatro meses. “No sabemos cómo estamos”, manifiesta Elia Sánchez, infectóloga y expresidenta de la Sociedad Venezolana de Epidemiología.
El VIH era una de las enfermedades a las que el Estado venezolano le dedicó mayor presupuesto desde que se creó el programa nacional para controlar la epidemia en 1999. Sin embargo, el Ministerio de Salud ahora no le da prioridad. “Los esquemas de tratamiento están compuestos de medicinas antiguas. El país no cuenta con terapias modernas porque estas son muy costosas”, dice Sánchez.
Donaciones retenidas
En Venezuela, el Estado es el único responsable de importar los medicamentos para abastecer las farmacias y hay dos organizaciones no gubernamentales que cuentan con un banco de fármacos proveniente de donaciones: Cáritas Venezuela y la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA), a través del programa Acción Minoritaria de Venezolanos, que se abastece de los donativos enviados por compatriotas en el extranjero. Sin embargo, los envíos son cada vez más restringidos y limitados. Alberto Nieves, de la ONG Acción Ciudadana Contra el Sida, denuncia que ha sido testigo de cómo las autoridades se quedaron con lotes de medicinas que llegaron del exterior y que no fueron distribuidas a los beneficiarios.
Además, en 2016, Cáritas Internacional intentó enviar 75,000 unidades de medicinas esenciales, pero las autoridades decomisaron la carga en el aeropuerto. Según voceros de esta organización contactados para este informe, el Gobierno puso restricciones incomprensibles para el ingreso de los lotes de medicamentos.
Si bien en Caracas una parte de pacientes con VIH sobrevive con las últimas reservas de medicinas del Ministerio de Salud, estas no llegan a los estados del interior como Valencia, Maracaibo y Barquisimeto, donde se han reportado casos de niños y adultos con más de cuatro meses sin terapia antirretroviral. Por esta razón, son cada vez más las personas que como Antonio, Pamela y Elvis deciden hacer un largo viaje por América Latina para conseguir los medicamentos y salvar su vida.
En 2016, Cáritas Internacional intentó enviar 75,000 unidades de medicinas esenciales, pero las autoridades decomisaron la carga en el aeropuerto.
Los servicios de salud de Colombia, República Dominicana y Panamá también han reportado grupos de venezolanos con VIH que han ingresado en los últimos dos años a sus programas gratuitos de terapia antirretroviral. No hay datos disponibles sobre el número específico de migrantes con esta condición, pero el éxodo de pacientes preocupa a algunas ONG en Venezuela: temen que llegue el momento en que los sistemas de salud de otros países vean afectados sus presupuestos y reservas de medicinas y empiecen a restringir la cobertura para migrantes. En República Dominicana, por ejemplo, se estimó que el gasto por atenciones a pacientes extranjeros con VIH llegó a $1,480,790 en 2016. La mayoría de los atendidos eran haitianos y venezolanos. “Esta situación se evitaría si el Gobierno reconociera el grave problema de salud pública que tenemos y aceptara sin complicaciones la ayuda humanitaria internacional”, dice Alberto Nieves, de Acción Ciudadana Contra el Sida.
El desabastecimiento generalizado de medicinas desencadenó en mayo una masiva marcha de pacientes y profesionales de salud en Caracas, quienes resistieron las bombas lacrimógenas y la represión de la Guardia Nacional que intentó sin éxito impedir que llegaran hacia el Ministerio de Salud. Las personas enfermas que salieron a las calles tenían un lema: “si no salimos, igual nos morimos por falta de medicamentos”.
*Este reportaje elaborado por Fabiola Torres y Mayté Ciriaco para Ojo Público es parte de The Big Pharma Project y es republicado por LA PRENSA GRÁFICA gracias a un acuerdo de difusión de contenidos con CONNECTAS.