En el año agrícola 2014/2015, La Libertad llegó a producir cerca de 295,000 quintales de frijol. Seis años después, la producción cayó a 136,000 quintales. El desplome del 54 % de la producción de uno de los granos básicos en la dieta salvadoreña también se llevó consigo sueños cooperativistas. En Tamanique, la agricultura amenaza con desaparecer por falta de políticas públicas, cambio climático y el desgano de los más jóvenes.
Los salvadoreños consumen, en promedio, 23 millones de quintales de granos básicos al año, según una gremial de agricultores. Estadísticas oficiales dan cuenta de que el país ya no es capaz de producir esa cantidad de comida: Ya suman seis años a la baja en maíz, frijol, arroz y maicillo. Solo en esta cosecha hay 3.2 millones de qq de granos menos de los que se consumen. Agricultores deben enfrentar al cambio climático y a otros desafíos como a las pandillas sin mayor apoyo estatal.
Desde que el juez Jorge Guzmán reabrió el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños en 2016, los obstáculos no han faltado. Y los ataques personales, tampoco. Esta es, sin embargo, la primera vez que se logra apartarlo del caso. Un decreto inconstitucional ha hecho que, pese a su compromiso con la búsqueda de la verdad, sea cesado de su cargo. Este relato da cuenta del último día que Guzmán se presentó al tribunal, antes de que se consumara lo que él mismo llamaría días después: “Una masacre al Órgano Judicial”.
En El Salvador, los niños están desprotegidos: más de 100 mil alertas de amenazas o vulneraciones a los derechos de la niñez y la adolescencia recibieron las juntas de protección entre 2012 y 2020. Los que en algún momento son rescatados de padrastros que abusan o parientes que torturan, con frecuencia, regresan a esas circunstancias porque el Estado es incapaz de garantizar protección y un entorno libre de violencia. De 10 mil niños bajo custodia institucional en 2010, la cifra se redujo a 3 mil en 2020. Se ha devuelto a cientos de niños a hogares de abuso. Esta es la historia de Alejandra, Nicolás, Claudia, José, Alejandro, y de un sistema que los abandonó.
El soldado Ernesto Sigüenza fue señalado por el testigo criteriado Estévez como el responsable de cuatro asesinatos, incluyendo el de su hijo. Así está consignado, al menos, hasta el 8 de junio. Pero esta acusación ha variado: el día de su captura, investigadores informaron a su familia que se le responsabilizaba de cinco. 10 días después, su abogado les comunicó que solo se le acusaba por dos: el de su hijo y el de su expareja. Esto, a pesar de que ya hay otra persona acusada del feminicidio de esta última.
Una mujer cercana a Osorio lo presentó con Cindy Mendoza. Fue 10 días antes del hallazgo de los cuatro cadáveres en la casa 11. Le prometió llevarla a Estados Unidos. Ella, ahora, está acusada de homicidio agravado.
Tres horas antes de que los vecinos de la Colonia Las Flores escucharan el grito que encendió todas las alarmas sobre lo que ocurría en la casa 11, Hugo Osorio acosó a Lidia, una joven de 19 años que prefiere mantener el anonimato. La invitó a salir. Le dijo que estaba “buena” para llevársela a Estados Unidos. Y la siguió.
Hugo Osorio intentó venderle una casa a Francisco Sarceño, pero no hubo trato. Este es, según familiares y vecinos, el único vínculo entre el asesino confeso y Francisco, de 58 años, ahora acusado de feminicidio agravado.
Los acusados no son los únicos que enfrentan las consecuencias de una investigación poco robusta. En sus casas, madres y esposas esperan, algunas en la miseria, que alguien les lleve alguna noticia sobre sus familiares.
Tres días antes de su captura, Alberto tuvo varios encuentros con las autoridades, sin que ninguna le explicara por qué querían hablar con él. Estuvo en la delegación de El Refugio, en la de Chalchuapa, en el propio lugar de las excavaciones y, finalmente, regresó a la de Chalchuapa. Fue aquí donde le notificaron a su madre que quedaba detenido. No le explicaron la razón.