A 27 años de la firma de los Acuerdos de Paz, en El Salvador hay gente que no aparece. Hace solo dos años, y por insistencia de las familias de los desaparecidos, el segundo gobierno del FMLN, la exguerrilla, creó una comisión para la búsqueda de las víctimas adultas. Hasta hoy, sin embargo, carece de presupuesto. Así ha sido la búsqueda de las personas a las que el conflicto no dejó ni vivos ni muertos: una soledad.
No existen cifras exactas sobre cuántas personas se desplazan de manera forzada a causa de la violencia en El Salvador. Lo que hay son datos parciales de los casos que son denunciados ante instancias estatales u organizaciones sociales. Entre 2018 e inicios de 2019 se habla de 1,198 víctimas, que en su mayoría, solicitaron resguardo dentro de un albergue de emergencia debido a la falta de recursos para habitar un nuevo hogar. Sin embargo, el Estado no cuenta con un lugar para proteger a las víctimas.
Sin una línea presupuestaria y con al menos 12 mil privados de libertad sin participar, el modelo Yo Cambio intenta ser una herramienta de reinserción para un sistema penitenciario saturado. De 28 centros penales, 15 no cuentan con el modelo penitenciario en su totalidad. Actualmente, los reos que están en los centros de máxima seguridad, que en su mayoría son pandilleros, son quienes menos participan en el programa.
Allan Barrera fue el ganador de la VII edición del Premio Centroamericano Carátula de Cuento Breve, destinado para narradores jóvenes. Es el segundo salvadoreño en ganar de forma consecutiva este galardón. Además de escritor fue miembro de la Secretaría de Cultura del FMLN, el partido del que se considera exmilitante y que ayer entregó el Gobierno después de 10 años, y después de una derrota histórica en las elecciones presidenciales de febrero. Él estuvo en el equipo encargado de elaborar la Ley de Cultura, aprobada en agosto de 2016, pero señala que no se destinaron los recursos para echarla a andar.
Si las cifras sobre desaparecidos en El Salvador son inexactas, el panorama se complica todavía más si quien desaparece lo hace en ruta migratoria. El Salvador, pese a que cuenta con una Ley Especial para la Protección de la Persona Migrante y su Familia, no ha sabido dar con un procedimiento de denuncia efectivo. Tampoco ha encontrado cómo financiar programas de apoyo a los familiares.
Mi nombre es María Estela Valladares. Busco a mi hijo: William Ernesto Quinteros. Se fue el 22 de julio de 2006. Y llegó a Estados Unidos el 25 de agosto.
Mi nombre es Santos Paulino. Y ya no busco, porque, lastimosamente, ya encontré fallecida a mi esposa. Ella viajó en 2006 para Estados Unidos.
Mi nombre es Omar Jarquín. Yo busco a David Alexánder Jarquín Pineda, mi hijo. Se fue en mayo de 2014, a los 24 años. Hoy tendría 29 cumplidos.
Más de 21 millones de personas en todo el mundo son afectadas por la esquizofrenia. El 50 % no está recibiendo una atención apropiada. En El Salvador, 14,052 pacientes se encontraban registrados en el sistema de salud con este diagnóstico en 2018. Hay, sin embargo, más personas que están fuera de una red de salud que, si bien tiene aprobada una Ley de Salud Mental, no cuenta con presupuesto asignado para ejecutarla.
Por ley, El Salvador debe hacer un censo cada 10 años. Pero el último lo hizo en 2007. Desde entonces, parte de proyecciones poblacionales para estimar el número de habitantes. Sin un dato actualizado, en el país se planifican a ciegas las políticas públicas y se ignoran las demandas de sectores específicos que, hace 12 años, no figuraban.