Buzón

Después de un drama de represión, las sociedades tienen derecho a saber la verdad con documentos fehacientes sobre lo ocurrido.

Memoria histórica indocumentada

Después de un drama de represión, las sociedades tienen derecho a saber la verdad con documentos fehacientes sobre lo ocurrido, es de justicia que las víctimas y los sobrevivientes conozcan en qué circunstancias acontecieron los aciagos incidentes y para eso es necesario tener registros que den fe sobre la verdad que subyace en algún rincón. “La masacre de la que no hay registro”, de Valeria Guzmán, reporta esa tendencia siempre a olvidarse de quienes sufrieron las fechorías del pasado, aunque a veces es adrede por intereses ocultos, esconder siempre es mala señal.

En cuanto a los sucesos de 1932 en la ciudad de Izalco y demás pueblos del occidente alzados en armas, la información que pudiéramos encontrar es muy poca o nula, por la desidia de las administraciones municipales en custodiar celosamente los archivos, debido a la cultura de la ignorancia de los alcaldes. Las crónicas de un conflicto casi siempre son escritas por los vencedores, por supuesto a su conveniencia, generalmente manipulando la verdad y, si es posible, desapareciendo vestigios de excesos cometidos, con eso también se evita resarcir daños.

Aún las narraciones de protagonistas cuando llevan una dosis de emociones, tuercen algunos renglones. Es lamentable la escasez de documentos de ese hecho histórico, donde además se perdieron costumbres y tradiciones e idioma, dejando traumas, fobias e intimidaciones por el descontento indígena desde que perdieron sus tierras. Como nación no poseemos una historia enciclopédica, cronológica y holística, para ello hace falta un centro de memoria histórica como en otros países, para generar un mosaico de documentos de lo que aún queda del eslabón perdido de nuestro pasado. Sería una manera de reivindicar nuestra memoria histórica indocumentada.

Como dice la carta editorial, son seres únicos las personas como Benjamín Arucha, encargado del archivo de la Alcaldía de Izalco, que se preocupan por cuidar las reliquias, mientras que otros alcaldes destruyen mamotretos que consideran viejos y creen que carecen de utilidad a sabiendas de que son partidas de defunción de fusilados durante el episodio de sublevación que comentamos.

Otra inexactitud que se engendra cuando la información va de generación en generación, va en dirección a cambiar detalles. Así, en ese evento muere un militar de un pueblo y en su partida de defunción reza que fueron los sublevados, quienes no portaban armas de fuego, hoy después se sabe que fue otro militar el que lo aniquiló en aquel río revuelto.

Julio Roberto Magaña
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Masacres ocultas

A propósito del reportaje principal de la revista Séptimo Sentido del domingo pasado, que se titula “La masacre de la que no hay registro”, su editora comenta los múltiples intentos de censura de los acontecimientos acerca de la masacre de 1932, en regiones de la zona occidental del país. Termina diciendo que “el país necesita hacer un ejercicio de empatía y reconocimiento de sus heridas”.Al respecto del ocultamiento de sucesos que han dañado al país con heridas profundas, debo decir que en épocas más tempranas y concretamente durante la guerra civil que costó al país más de 70,000 vidas, la negación a esas dolorosas masacres tuvo que esperar muchos años para ser superada.

Supimos, por ejemplo, de la masacre de El Mozote hasta que diarios norteamericanos la denunciaron, a pesar de que el embajador de ese tiempo negó en Washington la realización del hecho; aunque, al parecer, el exdiplomático pidió perdón sobre el ocultamiento de la horrible masacre, considerada en el exterior como “uno de los peores atentados contra civiles perpetrado por un ejército en América Latina en tiempos modernos”.

Pero hablando de ocultamientos a la población sobre las masacres del pasado, el común de la gente solo ha oído hablar de la masacre antes apuntada; sin embargo, algunas universidades y grupos de defensa de los derechos humanos tienen registradas muchas masacres ignoradas por la población. Un sitio especializado en estos temas nos informa de más de 27 masacres.

En el caso de la masacre de 1932, he preguntado por qué en Guatemala existe una gran población indígena y en El Salvador no. La respuesta más clara que me han dado es que los indígenas fueron eliminados casi en su totalidad por el régimen de Martínez. Esto fue porque la escala de la represión del Gobierno, al fallar la rebelión indígena, no tuvo precedente alguno en la historia del país. El ejército, la policía, la Guardia Nacional y las fuerzas privadas de los propietarios de las haciendas emprendieron una orgía de sangre durante una semana entera y días posteriores. Los líderes de la insurrección, que incluían a Agustín Farabundo Martí y Feliciano Ama, entre otros, fueron ejecutados en el acto de su captura por las cuadrillas. Del primer levantamiento campesino liderado por Anastasio Aquino en 1833, en los Nonualcos, hay muy escasa documentación y estudio histórico sistemático, dado el bajo nivel científico e intelectual de entonces.

Miguel Martínez
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