En sus páginas, el plan Control Territorial hacía una importante apuesta contra la impunidad y la corrupción. En ese marco, también prometía trabajos coordinados entre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), la FGR y la PNC. Una promesa que el gobierno decidió truncar cuando las sospechas de corrupción comenzaron a rodear a sus propios funcionarios.
De las familias que habitan el área metropolitana de San Salvador, solo el 1.5% puede costearse una vivienda en altura, una opción de solución a la falta de espacio. Los precios de contado de los apartamentos en esta, la zona más densamente poblada del país, están arriba de los $100,000. Este tipo de oferta no está acorde a la demanda de vivienda de interés social. El desbalance obliga a un buen número de familias a instalar viviendas informales en zonas de alto riesgo.
El experto en seguridad pública, Luis Enrique Amaya, analiza el Plan control Territorial y cuestiona el que este explique la baja de homicidios. Al documento lo describe como un collage de políticas públicas anteriores, como el Plan Súper Mano Dura (de Arena) y el Plan El Salvador Seguro (del FMLN). Para estudiar su efectividad, dice, es necesario que el Gobierno informe sobre la implementación del mismo.
Inés Flamenco fue una de las beneficiadas con una de las casas en Residencial Marsella. La regresó: no podía costearse la vida en la residencia ni trabajar.
Hasta ahora, el Gobierno no ha implementado ninguna de sus promesas del Plan Control Territorial para combatir la violencia de género. Por momentos, su inoperatividad alcanza el absurdo: un Ejecutivo que se apoya en hombres que se ensañan contra mujeres de forma misógina propuso en papel —y no ha hecho— una campaña contra el machismo y un programa contra el ciberacoso.
Un consultor extranjero se radicó en El Salvador para armar el Plan Control Territorial, pagado por Casa Presidencial. Un año después, terminó por crear una oenegé dedicada a la “prevención de violencia, seguridad ciudadana, justicia y derechos humanos en América Latina”. Él confirma la fundación, pero asegura que no tiene nexos con el Gobierno.
La política pública de seguridad del Gobierno de Bukele es un documento elaborado por dos asesores extranjeros que retoma apuestas de gobiernos anteriores y que desentona con las acciones represivas y la militarización de la seguridad de los últimos dos años y medio. Presentado hace un año a organismos internacionales, mandos policiales y sociedad civil, expertos advierten que en el PCT no está detrás de la caída drástica de los homicidios.
La principal política pública de seguridad ha existido mayoritariamente en las redes de comunicación oficial del gobierno. Dos copias del Plan Control Territorial indican que el gobierno no ha cumplido sus propios proyectos y, peor aún, los ha dinamitado a través de operativos policiales más represivos, invisibilización de víctimas y complicidad con conductas misóginas desde el Estado.
El ministro de Agricultura y Ganadería pagó más de $8.3 millones en sobreprecio a dos empresas extranjeras por la importación de latas de pollo, atún y bolsas de leche en polvo para elaborar los paquetes del Programa de Emergencia Sanitaria (PES). Los productos comprados a empresas internacionales, además, no están en el registro sanitario ni cumplen con lo anunciado en su información nutricional.
De esta región, todos los días parte gente que migra hacia algún país del norte de América. ¿Cuántos de ellos llegan? No todos. Algunos mueren y sus familiares tienen la suerte de poder identificarlos. Otros, desaparecen. ¿Cuántos? No se sabe con exactitud. Ningún gobierno de los países involucrados los cuenta. La Organización Internacional de las Migraciones calcula de más de 3,000 desde 2014 a la fecha. A los migrantes desaparecidos en ruta solo los buscan sus familias organizadas, la sociedad civil.