Por: Stanley Luna

Por el Centro Nacional de Artes han pasado generaciones de teatreros, músicos y artistas visuales. Pero en esta institución estatal, un maestro tiene cinco años sin recibir pliegos de papel bond para enseñar música. Y otro, después de más de una década, ha vuelto a recibir capacitaciones. La falta de apuesta en la formación artística en El Salvador limita el desarrollo del potencial creativo. A este panorama sombrío se suma que la Universidad de El Salvador sigue siendo la única que tiene las credenciales educativas para reconocer legalmente a los artistas en el país.

En 2009, un grupo de científicos descubrió el único pasto marino reportado hasta la fecha en El Salvador. Está en la Bahía de Jiquilisco, en Usulután, y en él viven 27 especies; tiene, además, la capacidad de almacenar dos veces más carbono que un bosque terrestre. Su valía no se pone en duda. Pero no ha habido, desde el Estado, una apuesta para aumentar la protección y la investigación de este ecosistema marino. Quienes lo han estudiado, en su mayoría, han sido científicos independientes.

Un informe de la Corte de Cuentas de la República, con fecha de julio de 2019, señala que los hospitales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social no tenían permisos ambientales para trasladar, en carros institucionales, placentas, amputaciones y otros desechos humanos. La práctica fue una violación sistemática a la legislación que establece cómo manejar estos desechos que, por sus características, son altamente contaminantes.

Renacho Melgar es un dibujante, pintor y muralista, que por hoy, vive a las afueras de La Palma, en Chalatenango. Desde su Estudio Jaguar, rodeado de pinos y silencio, le da vida a sus obras, que van desde la cosmovisión indígena hasta las pandillas. Trabaja entre 12 y 13 horas diarias, si no está pintando, está leyendo o viendo alguna conferencia de su interés. Esta disciplina de crear todos los días no fue fácil, Renacho, a sus 24 años, tuvo que darse cuenta que “no tenía un legado”. Fue cuando le diagnosticaron un tumor cancerígeno.

Las organizaciones que promueven los derechos LGBTI han registrado 22 asesinatos de mujeres trans desde 2017 hasta la fecha. Entre las muertes, hubo amenazas previas, golpes, señales de tortura y largos períodos de desaparición. En 2015, el Código Penal salvadoreño fue modificado para aumentar penas en los homicidios con el agravante de odio. Pero, de los 22 de los que se sabe, solo en un caso se ha podido admitir este agravante. Es el de Camila Díaz, una mujer trans, de 32 años, que murió por los golpes que, según sostiene la Fiscalía General de la República, recibió de policías que la privaron de libertad por media hora.

En Nicaragua, la oposición al régimen Ortega-Murrillo, se consolida y pretende hacerse fuerte en busca de unas elecciones, más parecidas a un plebiscito, que le permitan a la ciudadanía recuperar la democracia en este país de dictaduras, dice en esta entrevista Juan Sebastián Chamorro, el director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, conformada por diferentes sectores de la sociedad nicaragüense con una postura contra el régimen. Estos meses de crisis política, desde abril del año pasado, han dejado más de 300 muertos, cientos de exiliados, incluidos periodistas, y el cierre de medios de comunicación. Lo que pasa, no solo en Nicaragua, sino en la región, es para Chamorro una “reivindicación de los gobernados”.

La hemorragia que pueden sufrir las mujeres durante las 24 horas después del parto es considerada por la Organización Mundial de las Salud como la principal causa de muerte materna en países de bajos ingresos. Dos años antes de que el Ministerio de Salud estableciera, en 2015, un lineamiento para evitar estas muertes en sus hospitales y en los del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el Código Rojo ya era implementado en el Hospital Nacional Santa Gertrudis, en San Vicente, por un equipo multidisciplinario que supo adaptar una estrategia colombiana a realidad salvadoreña y ha logrado atender, en minutos, las hemorragias severas post parto.

El acompañamiento que las instituciones estatales están obligadas a dar a los familiares de desaparecidos debe ser integral y esto incluye el acceso a la salud mental. Las víctimas invierten días, años y meses, en las búsquedas y pocas veces encuentran a un personal que las escuche y les diga que hay profesionales que pueden tratar sus emociones. El Salvador no cuenta con un protocolo para estas atenciones.

Eddie Bocanegra es un hijo de migrantes mexicanos que tiene 11 años dedicándose a la prevención de violencia en las comunidades más vulnerables de Chicago, en Estados Unidos. Hace dos semanas visitó El Salvador para entablar diálogo con diferentes sectores y conocer sobre los esfuerzos de rehabilitación y reinserción que, acá, mínimamente se realizan. En esta entrevista, Bocanegra, un expandillero, deja sus conclusiones de la visita: este país no acepta que las pandillas sean parte de la sociedad, no conoce ni reconoce que quien ha cometido un delito tiene la oportunidad de sanar y que el sistema penitenciario –uno de los más saturados en el mundo- carece de recursos para una verdadera rehabilitación.

El incremento del nivel del mar en El Salvador afecta a las comunidades costeras y sus medios de vida. En la playa El Espino, en Usulután, la línea de la costa retrocedió 144 metros entre 1949 y 2009, y ha provocado el desplazamiento de sus habitantes. Mientras que en la playa El Botoncillo, en San Francisco Menéndez, Ahuachapán, en 2015, el mar de fondo comió más de 200 metros de playa y, sus secuelas, poco a poco van matando a un manglar. Aunque la ciencia dice que el incremento está, en parte, sujeto a fenómenos naturales, no descarta que el país, desde hace años, resiente los efectos del cambio climático. Para el año 2065, los expertos señalan que, en todo el mundo, el mar aumentará entre 24 y 30 centímetros.