El poder de las iglesias evangélicas en Latinoamérica

GDA

Los evangélicos en la región han aprovechado ventajas como el no tener que hacer aportaciones tributarias, leyes que en el mejor de los casos son vagas y, en el peor, inexistentes y les permiten actuar con libertad. Aunque hay casos específicos donde se les asocia con algún partido político en particular, estas asociaciones han sabido adaptarse a los cambios y, señalan expertos, su objetivo es acercarse al poder, esté en manos de quien esté.

Su ascenso no ha estado exento de polémica; al contrario, y es apenas el principio. «La iglesia evangélica recién empieza a asomar la cabeza», advierte a El Nuevo Día el doctor Samuel Silva Gotay, profesor distinguido de Historia y Sociología de la Religión en la Universidad de Puerto Rico.

Aunque diversas, las iglesias evangélicas tienen una agenda común que pasa por el No al aborto, la lucha contra los derechos de la comunidad LGBTTQ (en Puerto Rico impulsaron en el Senado un proyecto para aplicar terapias de conversión de menores homosexuales y transexuales que el gobierno frenó) y ganar acceso a los medios de comunicación donde no los tienen son algunos ejemplos.

Ha sido una labor de décadas. En Brasil, uno de los ejemplos más notorios del poder evangélico, estos grupos se consolidaron en la década de 1970, y hoy en día su influencia se ha disparado en el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, cuya candidatura impulsaron.

En México, agrupaciones evangélicas como los protestantes y pentecostales se incrementaron, en poco menos de 10 años, 35 %, al pasar de mil 331 en 2010 a 5 mil 843 en la actualidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En Uruguay, señala El País, aunque sólo 7 % de la población se define como evangélica, según Latinobarómetro (2018), los expertos coinciden en que la cifra subestima la realidad y, desde 2009 un pastor, Jorge Márquez, intentó contender en las elecciones.

Venezuela vivió en 2018 el llamado fenómeno Bertucci, cuando el pastor evangélico Javier Bertucci se lanzó como candidato presidencial y su partido, Esperanza por el Cambio, alcanzó más de un millón de votos, una cifra histórica para una organización política de esa tendencia religiosa, advierte El Nacional. En este país, 17% se declara evangélico o protestante, según Latinobarómetro (2018).

De todo el universo de iglesias evangélicas, destacan por su poder económico y político los pentecostaeles y neopentecostales. En Puerto Rico, suman 840 mil creyentes, de un total de 3 millones de habitantes.

En Uruguay se fundó en 2004 el Consejo de Representatividad Evangélica (CREU), que aglutina a las iglesias de este tipo y representa a más de 700 congregaciones locales en el país. Y aunque no se les asocia al presidente, en las primarias de este año al menos 16 listas electorales fueron encabezadas por pastores evangélicos. Tres legisladores titulares son evangélicos, todos del Partido Nacional.

Un caso particular en México que ha destacado es el de la Luz del Mundo, fundada en 1926 y que afirma contar con más de 600 mil fieles. Tiene empresas filiales de diversos giros comerciales en sectores inmobiliarios, cultural, editorial e informativo. A nivel político, cuenta con tres legisladores y se le ha asociado a diferentes partidos políticos, como el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y el que está actualmente en el poder, MORENA.

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BRASIL, LA MECA

Un caso que cabe destacar es el de Brasil, no sólo por la relación evangélicos-Bolsonaro, sino por la fuerza política, mediática y económica de este grupo.

La Iglesia Universal del Reino de Dios (conocida en México como Pare de Sufrir) es considerada una pionera en la expansión nacional e internacional de la iglesia neopentecostal, indica O Globo. Es propietaria de Radio Aleluia, con más de 90 emisoras y su fundador, el obispo Edir Macedo, es dueño de Grupo Record.

Otro obispo, Marcelo Crivella, fue senador y nominado a ministro de Estado en el gobierno de Dilma Rousseff. Hoy es alcalde de Río de Janeiro.

De las filas de una de las iglesias evangélicas más antiguas de Brasil, la Asamblea de Dios, han salido también pastores que han sido líderes políticos, como Everaldo Pereira. En el censo de 2010, 12.3 millones de personas se declararon fieles de esta iglesia.

En México existe la Cofraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Cofraternice), que agrupa a 7 mil iglesias. La presidente Arturo Farela, quien se declara amigo de años del actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con datos de El Universal, la presencia de los grupos evangélicos se ha incrementado en la administración actual, en la que han solicitado acceso a medios electrónicos de comunicación y han asistido a por lo menos cinco actos públicos del mandatario, quien durante su campaña estableció una alianza con el Partido Encuentro Social, de filiación cristiano-evangélica.

El censo de 2010 identificaba a 8 millones 386 mil mexicanos protestantes, pentecostales, cristianos o evangélicos.

Un caso particular en México que ha destacado es el de la Luz del Mundo, fundada en 1926 y que afirma contar con más de 600 mil fieles. Tiene empresas filiales de diversos giros comerciales en sectores inmobiliarios, cultural, editorial e informativo. A nivel político, cuenta con tres legisladores y se le ha asociado a diferentes partidos políticos, como el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y el que está actualmente en el poder, MORENA.

Gran polémica causó en el país un evento realizado el 5 de mayo en el recinto cultural de Bellas Artes, en la Ciudad de México, para homenajear al líder de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín, García, al que asistieron legisladores morenistas. Naasón está hoy detenido en Estados Unidos, acusado de violación de menores y tráfico de personas, entre otros cargos.

En Colombia, explica El Tiempo, hay dos partidos con personería jurídica y cada uno cuenta con tres senadores. Ambas agrupaciones políticas son cercanas al llamado uribismo, el movimiento de apoyo al expresidente Álvaro Uribe. Uno de ellos es el partido Mira, derivado de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y con presencia en el Congreso colombiano desde el 2000.

En Chile, los últimos 20 años han visto la caída en el número de fieles católicos y el ascenso de los evangélicos. Los primeros pasaron de representar 73% de la población en 1998 a 55% en 2018; por contraparte, los segundos pasaron de 14% a 16%, o un total de 3 millones 57 mil 154 fieles, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas proporcionados por El Mercurio.

Pareciera un número pequeño, pero ha ido aparejado de un aumento en su poder económico: para 2017, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Valores y Seguros, más de 40 distintas iglesias y corporaciones del mundo protestante poseían acciones en empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio.

Los evangélicos pentecostales se han enfocado además en la compra/renta de medios. Tienen dos canales de tv, un centenar de radiodifusoras, como radio Armonía y radio Corporación.

A nivel político, hay siete diputados evangélicos, de un total de 155, y hoy la apuesta es a conformar, ellos mismos, agrupaciones políticas que puedan contender en el futuro.

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EL SALVADOR, CATÓLICOS A LA BAJA

Uno de los ascensos más notorios de los evangélicos se ha dado en El Salvador, donde pasaron de tener 28.70 % de fieles en 2004 a 39.50 % en 2019. Los católicos, primer grupo religioso del país, han sufrido un declive igualmente impactante en el mismo periodo: de 55.10 % a 40.50 %.

Igual que en otros países, se han hecho de medios de comunicación y forman parte de consejos ciudadanos para el diseño de políticas públicas.

No se les asocia con un partido político en particular, sino con el poder, explica LA PRENSA GRÁFICA. Se llevan bien con quien gane. Muestra de ello es que en las tomas de posesión de los últimos cuatro presidentes ha habido presencia de sacerdotes católicos, pero también de pastores, y en la Asamblea Legislativa se han realizado sesiones especiales con motivaciones religiosas.

En Argentina aún no se nota tanto la influencia de los evangélicos, a pesar de que son el segundo grupo religioso más importante, con 3 millones 600 mil fieles, de acuerdo con datos recabados por La Nación, en un país con una población de unos 40 millones.

Una de las razones por las que no son tan influyentes es que no han logrado constituir una organización política que los estructure. Tampoco cuentan con algún candidato político con suficiente trayectoria.

Durante las protestas de este año contra el gobernador Ricardo Antonio Rosselló, Raschke no sólo criticó el Paro Nacional, durante el cual más de 500 mil personas marcharon para exigir la dimisión del gobernante, inmerso en un escándalo por comentarios denigrantes de su parte y otros funcionarios que salieron a la luz, sino también la protesta al ritmo de reguetón denominada “perreo combativo”, cerca de la casa oficial del Ejecutivo, y en la que participaron manifestantes de la comunidad LGBTTTI.

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DE LA CARTILLA MORAL A LA DECLARACIÓN MÉXICO-URUGUAY

El acercamiento de los grupos evangélicos al poder tiene un objetivo particular: impulsar su agenda. Y en algunos países, eso se ha traducido en acciones muy concretas.

Es el caso de México, donde la Cofraternice se encargará de distribuir la cartilla moral impulsada por el presidente López Obrador, con la que busca, según ha declarado, «reconstruir el tejido social» para disminuir la violencia que hay en el país. Será difundida en 7 mil iglesias evangélicas y los pastores planean incluso ir casa por casa.

La Cofraternice busca sumarse, asimismo, a programas «emblema» del gobierno de López Obrador, como Jóvenes Construyendo el Futuro, que otorga becas a personas de entre 18 y 29 años por ser capacitados en empresas, y Sembrando Vida, para impulsar políticas de desarrollo que ayuden a disminuir la migración centroamericana.

En Brasil, los evangélicos se anotaron un gran triunfo en mayo de 2019, cuando a pedido del propio presidente Bolsonaro la Reserva Federal acordó flexibilizar las obligaciones accesorias de las iglesias (sus declaraciones diarias y mensuales de movimientos financieros).

El mandatario causó polémica al advertir que tendrá la oportunidad de nominar a dos ministros para el Tribunal Supremo y que uno de ellos será «terriblemente evangélico».

En Uruguay, el 15 de junio de 2017 fue una fecha clave para los evangélicos. Ese día, 670 parlamentarios de la región, incluyendo tres evangélicos uruguayos, suscribieron la Declaración de México, que se opone a que las resoluciones de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos obliguen a los Estados miembros a modificar sus leyes locales «en asuntos relacionados a la vida, la familia y la libertad religiosa».

En Colombia, estos movimientos mostraron su poder al impulsar el voto por el «No» a los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el plebiscito de 2016, que finalmente se impuso. Tras el fracaso del Sí, el presidente Juan Manuel Santos se reunió con una decena de pastores para escuchar sus planteamientos.

Paso a paso, las iglesias evangélicas han ganado terreno en Latinoamérica. Su cercanía al poder está redibujando la división Iglesia-Estado que solía prevalecer. Y van por más.

Fotografía de referencia

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PERSONAJES POLÉMICOS LIGADOS A LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS

Algunos de los líderes de las iglesias evangélicas más importantes o populares se han visto envueltos en escándalos de corrupción o, incluso, de delitos más graves por los que se encuentran en prisión.

En México destaca el caso del líder mundial de la Iglesia de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, quien fue detenido en junio y está acusado por la fiscalía de California de 26 delitos graves, incluidos pornografía infantil, abuso sexual a menores y tráfico de personas. Se le denegó libertad bajo fianza después de que se dieron a conocer videos sexuales de Joaquín García en los que aparecía un menor; también se detectaron imágenes de pornografía infantil en un teléfono del acusado.

Apenas el 15 de mayo anterior, Naasón recibió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes por su cumpleaños número 50; en el recinto se presentó la ópera El Guardián en el Espejo, en un evento organizado por la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM) y presidido por Rogelio Zamora, padre del senador Israel Zamora y de Alma Zamora, esposa de Joaquín García, menciona EL UNIVERSAL de México.

Al lugar acudieron miembros de la clase política; por ejemplo, el entonces presidente de la Mesa Directiva del Senado, el morenista Martí Batres Guadarrama; el diputado Sergio Mayer Bretón (Morena), presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados; los senadores Ricardo Ahued, Julio Menchaca, Félix Salgado Macedonio, Roberto Moya, Gabriela Benavides, Juan Manuel Fócil y el senador del Partido Verde, Rogelio Israel Zamora, quien gestionó el evento.

Además, Joaquín García tuvo otro homenaje el 22 de mayo a nombre de la Cámara de Diputados por al menos 35 legisladores, sobre todo de Movimiento Ciudadano. El personaje recibió dos reconocimientos, uno tras el concierto en Bellas Artes y costó 7 mil pesos; el otro se lo dieron diputados federales de Jalisco.

Imagen de referencia

En Venezuela causó gran revuelo la candidatura presidencial de Javier Bertucci, pastor de la Iglesia Maranatha Venezuela. Hubo quienes lo acusaron de actuar en complicidad con el presidente Nicolás Maduro, al validar con su participación unas elecciones que no fueron reconocidas por un gran sector de la oposición.

Durante la candidatura de Bertucci salieron a la luz presuntos vínculos con casos de corrupción que fueron expuestos en la filtración de los Panama Papers en 2016. Una investigación de la periodista Katherine Pennacchio mostró que Bertucci fue presidente de Stockwin Enterprises Inc, una compañía creada en Panamá el 3 de enero de 2012 con un capital de 5 millones de dólares dedicada a la compra-venta de insumos, principalmente la importación de materias primas del sector alimenticio. Para importar se necesitaba conseguir una licencia de importación y dólares de Cadivi, pero ninguna de las dos cosas de obtuvieron. Luego de la publicación del reportaje, Bertucci explicó en un comunicado que la iniciativa no se concretó y que no tenía los recursos como para poseer cuentas en paraísos fiscales.

En Puerto Rico, Jorge Raschke, pastor de Asambleas de Dios, presidente del Ministerio Clamor de Dios Internacional y asesor del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha causado más de un revuelo.

En junio de 2018 fue desautorizado por la Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua por apoyar las posturas del cuestionado gobierno de Ortega. Además, ha desatado polémicas por sus posturas conservadoras y ataques contra figuras políticas, de la farándula y líderes activistas.

Durante las protestas de este año contra el gobernador Ricardo Antonio Rosselló, Raschke no sólo criticó el Paro Nacional, durante el cual más de 500 mil personas marcharon para exigir la dimisión del gobernante, inmerso en un escándalo por comentarios denigrantes de su parte y otros funcionarios que salieron a la luz, sino también la protesta al ritmo de reguetón denominada «perreo combativo», cerca de la casa oficial del Ejecutivo, y en la que participaron manifestantes de la comunidad LGBTTTI.

«Las asquerosidades que vimos fuera en la prensa, los videos de gente teniendo sexo en las calles… Eso no se puede permitir. Y Bad Bunny y Ricky Martin (…) y Calle 13, ¿quiénes son ellos? Que no viven ni aquí», declaró el pastor.

En Brasil una figura divisiva es el alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella. En 2018 anunció ante un público de pastores evangélicos que se les daría prioridad a integrantes de la iglesia para cirugías de cataratas y varices en la red hospitalaria pública. Esas declaraciones dieron origen a un pedido de destitución del alcalde, que al final acabó siendo archivado por la Cámara Legislativa Municipal.

Otros escándalos involucran a Damares Alves, pastora evangélica y educadora brasileña, actual ministra de la Mujer, quien causó polémica luego de decir: «Comienza una nueva era. Los niños visten de azul, las niñas de rosa». Posteriormente argumentó que era una metáfora «contra la ideología de género».

En Chile hubo cuestionamientos a los evangélicos en 2017, después de que durante un Te Deum, ceremonia organizada por la Unión de Iglesias evangélicas, la entonces presidenta Michelle Bachelet fue objeto de ataques y gritos que la calificaron de «asesina» y «vergüenza nacional» debido al impulso que daba el gobierno a proyectos como el aborto bajo tres causales o el matrimonio igualitario.


* El GDA está integrado por La Nación (Argentina), O Globo (Brasil), El Mercurio (Chile), El Tiempo (Colombia), La Nación (Costa Rica), El Universal (México), El Comercio (Perú), El Nuevo Día (Puerto Rico), El País (Uruguay), El Nacional (Venezuela) y La Prensa Gráfica (Salvador).

A Camila la mataron antes de poder dejar las calles

A Camila la mataron antes de poder dejar las calles

Camila Díaz llegó a pedir trabajo a la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh Arcoiris Trans) el martes 29 de enero de este año. Camila quería alejarse del trabajo sexual y Mónica Linares, la directora de esta organización que promueve los derechos de la población LGBTI en El Salvador, recuerda haberle ofrecido que se inscribiera en un programa en el que recibiría clases y, luego, podría comenzar un pequeño negocio. Un camino largo, complicado, que Camila aceptó. Pero que no pudo recorrer. La mataron antes de poder dejar la calle.

A las 11 de la noche del 30 de enero, está narrado en documentos de la Fiscalía General de la República (FGR), Camila estuvo hablando con una amiga a través de notas de voz de Whatsapp. Le contó que había una persona que se llevaba con pandilleros y que la había amenazado con embriagarla y cortarle el pelo, pero que ella, por temor, prefería quedarse callada. «Ahorita, aquí ando ya en estas calles. En estas calles horrendas y fatales, pero aquí ando, ni modo, aguantando a esas niñas chambrosas, peleoneras, venenosas, egoístas. No sé ni cómo llamarlas ya», le dijo a las 11:21 de la noche.

Horas después, a las 3 de la madrugada, Camila fue privada de libertad por tres policías del 911, entre la 23 calle Poniente y la 25 avenida Norte de San Salvador, cerca del Policlínico de la Policía Nacional Civil (PNC). Los agentes justificaron su presencia diciendo que una persona había llamado al sistema y había reportado que ella estaba haciendo desorden, por eso, personal del policlínico la tenía ya esposada.

Los agentes Luis Alfredo Avelar y Carlos Valentín la subieron a la cama de la patrulla. Jaime Geovany Mendoza manejó el carro, que inició el recorrido desde ese lugar hasta el kilómetro 5/2 de la prolongación del bulevar Constitución, donde, media hora después, Camila fue arrojada de la patrulla en marcha. En el camino, Avelar y Valentín la iban golpeando. Hay escenas que quedaron grabadas en cámaras de videovigilancia y que la fiscalía maneja como pruebas.

Moribunda, Camila fue trasladada al Hospital Rosales, a las 5 de la mañana, luego de que personas que transitaban en carro sobre el bulevar, donde quedó tirada, reportaron que una mujer pedía ayuda desde una acera. La FGR dice que una patrulla del 911 llegó al lugar y también una ambulancia de Fosalud, que llevó a Camila al hospital. Tenía golpes en cara, en abdomen, en piernas y en la espalda. Los golpes que recibió esa madrugada le provocaron hemorragias y, durante tres días, mientras el país se preparaba para las elecciones presidenciales, ella se debatió entre la vida y la muerte.

El domingo 3 de febrero de 2019, el día de las elecciones, Camila murió sola en el hospital, a las 5 de la mañana. Desde la noche su privación de libertad, su mejor amiga, con quien además ella compartía casa, se preocupó porque no había llegado a dormir y comenzó a buscarla, hasta que en una delegación policial le indicaron que en Hospital Rosales había ingresado una persona con las características de Camila.

Esta amiga, dice Mónica, llegó a Aspidh Arcoiris Trans a pedirle que le acompañara al hospital. Hallaron a Camila, su cuerpo ya estaba en la morgue. La amiga se encargó de contactar a la mamá, la única que podía reclamar el cuerpo.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional define los crímenes de odio como actos, que en su mayoría, son realizados con saña y que pretenden causar daño a la integridad de una persona o acabar con su vida. Son motivados por la intolerancia y la discriminación a grupos vulnerables, como la población LGBTI.

De los 22 asesinatos de mujeres trans que la Federación Salvadoreña LGBTI registra desde 2017 a la fecha, el caso de Camila ha sido el único presentado en los juzgados como un homicidio agravado que fue motivado por odio a la orientación sexual, identidad y expresión de género. Esta, y el agravante del delito de amenazas por las mismas razones, fueron dos reformas que la Asamblea Legislativa hizo al Código Penal en septiembre de 2015.

Sin embargo, en el expediente del caso consta que fue el juez Quinto de Paz de San Salvador, Salomón Landaverde, quien en la audiencia inicial contra los tres policías capturados hizo este razonamiento, porque la FGR no lo explicó explícitamente en su acusación.

Aunque la reforma legislativa ya cumplió cuatro años, las organizaciones que conforman la Federación han denunciado que la FGR sigue clasificando los asesinatos de acuerdo a los genitales de las víctimas e invisibiliza su orientación sexual, su identidad y expresión de género.

Mónica señala que ante la ausencia de un registro oficial, históricamente han sido las organizaciones las que se han encargado de sistematizar los crímenes, con la deficiencia que ellas parten de monitoreo de noticias, no de un relato de los hechos como el que hacen las autoridades en otros casos. Desde 1996 a la fecha, cuentan más de 500 crímenes.

Por medio de una solicitud, la Unidad de Acceso a la Información de la FGR dijo que, entre septiembre de 2015 y octubre de 2019, se han judicializado 22 casos de homicidios agravados cometidos contra personas de la población LGBTI. Pero no especificó si este agravante es bajo la reforma legislativa.

La reforma abrió paso para que la FGR investigue los crímenes contra la población LGBTI con los agravantes delictivos agregados, pero todavía no existe una política penal ni un protocolo que sirvan como lineamiento a los fiscales para probarle a los jueces que quienes cometieron los crímenes se basaron en la intolerancia u odio hacia las víctimas.

En el caso de los feminicidios, la creación de una legislación contra la violencia de género, ha permitido que la FGR cuente con lineamientos específicos y con un equipo capacitado para comprobar que entre las características particulares de estos crímenes, previo a la muerte, la víctima sufrió antecedentes de violencia.

El informe Violencia contra las Personas LGBTI en América, publicado en 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que el promedio de vida para una mujer trans en la región es entre 30 a 35 años. Camila tenía 32 años cuando fue asesinada. A ellas, dice la comisión, la violencia, los prejuicios y la discriminación social, aún dentro de las familias, no les permiten acceder a la educación, a la salud a un mercado laboral formal. Todos estos factores las vuelven vulnerables a diversas formas de violencia. A esto se suma la falta de reconocimiento de su identidad de género.

Ante esta carencia de oportunidades e invisibilización social, es difícil que una persona trans en el país pueda acceder a un trabajo o a una educación formal. Por esto es que en el caso de las mujeres trans, como Camila, la única forma de ganarse la vida es a través del trabajo sexual o un negocio, como el que ella hubiese creado después de recibir clases.

El Salvador sigue sin contar con una Ley de Identidad de Género que permita que las personas trans sean reconocidas según su identidad de género y no con el nombre asignado al nacer, que aparece en el DUI y que es usado hasta por las instituciones de justicia cuando abren investigaciones o judicializan crímenes. La exdiputada efemelenista Lorena Peña presentó un anteproyecto de ley, en marzo del año pasado, pero la propuesta sigue engavetada.

Josué Godoy, diputado de ARENA y quien forma parte de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, la que tiene que discutir este anteproyecto, señala que la aprobación de esta ley es importante, pero que su discusión iniciará luego que se discutan reformas a la Ley Especial Integral para Una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. «Creo que es prioritaria desde el hecho que estamos viendo que es una comunidad que está siendo vulnerada de sus derechos, que la están matando. Creo que tenemos que dejar de lado agendas de partidos, o agendas personales, para legislar para todos los salvadoreño», dice Godoy.

El Decreto 56 permitió la creación de la Dirección de la Diversidad Sexual, en 2010, que estaba bajo la Secretaría de Inclusión Social, una secretaría que dependía de la Presidencia. Esta dirección era un vínculo entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones del Ejecutivo, y de esa forma permitía crear acciones a favor de la población LGBTI. Pero en la administración de Nayib Bukele, la secretaría fue eliminada y el gobierno designó sus funciones al Ministerio de Cultura, como parte de la Unidad de Género que ya existía, pero que ahora se llamada Unidad de Género y Diversidad. Una decisión que la Federación Salvadoreña LGBTI ha calificado como un retroceso.

«Con la caída de la dirección hay retroceso. La secretaría, en teoría, queda, pero absorbida por Cultura. Ahora se llama Unidad Género y Diversidad, hasta ahí, pero no dice diversidad sexual. Eso quiere decir que son un montón de temas más, no se está hablando de diversidad sexual. Queda en el limbo, en el aire, con quién vamos a hablar, qué vamos a hacer, qué es lo que podemos hacer», sostiene Mónica.

 

A las 11 de la noche del 30 de enero, está narrado en documentos de la Fiscalía General de la República (FGR), Camila estuvo hablando con una amiga a través de notas de voz de Whatsapp. Le contó que había una persona que se llevaba con pandilleros y que la había amenazado con embriagarla y cortarle el pelo, pero que ella, por temor, prefería quedarse callada. “Ahorita, aquí ando ya en estas calles. En estas calles horrendas y fatales, pero aquí ando, ni modo, aguantando a esas niñas chambrosas, peleoneras, venenosas, egoístas. No sé ni cómo llamarlas ya”, le dijo a las 11:21 de la noche.

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LA INSTITUCIÓN AUSENTE

Entre octubre y noviembre fueron asesinadas tres mujeres trans. Anahí Rivas fue arrastrada desde un carro por el bulevar Los Héroes, la madrugada de sábado 26 de octubre, mientras ejercía el trabajo sexual; el 9 de noviembre, Jade Díaz, una lideresa comunitaria, fue hallada asesinada en el río Torola, en Morazán, tras tres días de estar desaparecida; mientras que el 17 de noviembre, Victora fue asesinada en el barrio San Martín, en el cantón Cara Sucia, en San Francisco Menéndez, Ahuachapán. En todas las escenas, las autoridades encontraron señales de tortura. Hasta el momento no hay personas capturadas.

La Organización de las Naciones Unidas se pronunció sobre estos asesinatos y llamó a las autoridades salvadoreñas a investigarlos. Les recordó que la transfobia es uno de los agravantes que implementó la legislación en 2015. Además, pidió medidas urgentes para prevenir más crímenes basados en odio y prejuicio contra la población LGBTI.

El viernes 29 de noviembre, Jeylyn Beckers, una mujer trans, llevaba dos días de desaparecida. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) confirmó que ella fue vista por última vez a las 3 de la mañana del pasado miércoles sobre el bulevar Los Héroes. Esa noche ella había salido con un grupo de amigos. Hasta el viernes por la tarde, no había sido localizada. La PDDH pidió reportes al Instituto de Medicina Legal (IML) y la PNC, pero estas instituciones no tenían registros de personas con las características de Jeylyn. Amigos de ella tampoco la habían encontrado en tres hospitales de San Salvador.

«Ya se dio una reforma normativa, la del 2015, y no ha pasado nada. Tenés casos de violencia grosera, violencia increíble de odio manifiesto, que no ha sido categorizada como tal en la Fiscalía General de la República», señala Carlos Rodríguez, el procurador adjunto para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales de la PDDH.

La PDDH, dice Rodríguez, ha registrado desde 2009 hasta la fecha, 31 asesinatos contra la población LGBTI. Doce más que los ya contemplados en el informe que la institución publicó en 2017, el Primer Informe Situacional sobre Crímenes de Odio Cometidos en Contra de la Población LGBTI.

La mayoría de las víctimas han sido mujeres trans. Según este informe, el 52.2 % de ellas son víctimas de amenazas de muerte o de violencia basada en la transfobia y en la extorsión que les es impuesta por las pandillas en el trabajo sexual. También, de todos los sectores de la diversidad sexual, son las más afectadas por su expresión de género y porque están expuestas en las calles.

Rodríguez aclara que los casos que conoce la PDDH fueron abiertos de oficio, a través de noticias que monitorearon en medios de comunicación, avisos recibidos por organizaciones LGBTI, aliados de las organizaciones o amigos de las víctimas. En los casos, explica, sobre todo en los crímenes contra las personas trans, las familias no denuncian por la discriminación que las víctimas sufrieron en sus casas por su identidad y expresión de género.

Sin embargo, Rodríguez dice que esta sistematización de casos es una tarea que le corresponde a la FGR, pero no lo hace. En estos 10 últimos años, el reporte de PDDH refleja que hay casos que ya están archivados en la FGR, no trascendieron a judicializarse.

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UNA PLEGARIA

Un grupo de activistas da la bienvenida en el lobby del Teatro de Cámara Roque Dalton. Entre el grupo, una mujer se encarga de preguntarle a cada persona que llega si tiene a un ser querido asesinado. Si la respuesta es sí, pide anotar el nombre de la víctima en una hoja que está sobre una mesa.

En la terraza de este teatro, visibles para los transeúntes, resaltan varias banderas arcoíris y banderas rosadas con celeste, la bandera de la comunidad trans. Aquí, adentro del teatro, las únicas luces encendidas son las del escenario. El ambiente es sereno y poco a poco comienza a llegar la gente. Algunos llegan solos, otros en parejas, en familia o con amigos.

Es sábado 22 de junio y está por comenzar la Plegaria Rosa. Desde 2012, este evento se realiza una semana antes de la marcha por la diversidad sexual, para exigirle al Estado que investigue todos los crímenes impunes contra la población LGBTI.

En el escenario, hay una pantalla que reproduce noticias sobre todos los crímenes cometidos contra esta población. También, en el centro, hay un altar y una rosa sostenida por dos pilares pequeños. No es una flor natural, es de papel. Atrás hay seis velas encendidas.

Entre los puntos de la agenda, una madre que asiste a la Iglesia Anglicana es presentada por un ministro que acaba de dar un mensaje sobre el amor al prójimo. Ella y su hijo suben al escenario. La madre testifica cómo fue su proceso para aceptar a su hijo cuando él le dijo que era gay. Habla de la importancia del amor y la tolerancia en la familia, y también de los prejuicios que existen en torno a la población LGBTI. Los asistentes asienten con la cabeza a sus palabras y cuando termina de hablar, el teatro se llena de aplausos.

Cuando la tarde cae, llega la hora de salir del teatro y tomar en el lobby una vela que será encendida en la terraza. Los asistentes suben a la terraza. Hay personas con encendedores que acercan la llama a las velas envueltas en faroles blancos y morados. Hay abrazos, ojos cerrados y manos tomadas de otras manos. Es el momento de recordar a ese familiar, a ese amigo o ese conocido asesinado, cuyo nombre fue escrito en la página, a la entrada del teatro. A medida que las velas su juntan a la orilla del escenario, la luz aumenta.

Los carros circulan alrededor del teatro. En la calle, aquel acto llama la atención de quienes van de paso. También de un grupo de policías que, desde afuera de una patrulla, observan callados y curiosos. «En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto, mi frío, desaparecerá y descansaré», cantan los congregados. La alabanza termina. Frente a las velas encendidas, que son luz y calor, hay lágrimas. La Plegaria Rosa ha acabado. El nombre de Camila Díaz ya forma parte de la lista de asesinatos.

“La verdad es que estoy muy decepcionada. No sé cómo ese tipo de personas se pueden llamar fiscales, porque él era como ‘ajá… cuénteme’. Como quien dice que ‘me contás para que te desahogués y pensés que te voy a hacer caso, pero no te voy a hacer caso’. Porque esa actitud denotaba”, recuerda Mónica Linares sobre el fiscal que atendió la denuncia por el asesinato de Camila Díaz.

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SIN DÓNDE IR

Luego de la muerte de Camila, Mónica acompañó a su amiga a denunciar su asesinato a la oficina fiscal de Soyapango, donde, dice que el fiscal que les atendió no tomó ni apuntes sobre los datos que le dieron. Mónica le sugirió que, ya que la privación de libertad de Camila había sido en una zona transitada de San Salvador, tendrían que haber cámaras que documentaran lo sucedido, por lo tanto, esta debía ser una de las primeras diligencias de investigación que la institución tenía que hacer antes que los videos se borraran.

«La verdad es que estoy muy decepcionada. No sé cómo ese tipo de personas se pueden llamar fiscales, porque era él como ‘ajá… cuénteme’. Como quien dice que ‘me contás para que te desahogués y pensés que te voy a hacer caso, pero no te voy a hacer caso’. Porque esa actitud denotaba», recuerda Mónica.

Días después, ella dice que cambiaron al fiscal asignado al caso y el que retomó la investigación le envió una carta en la que le pedía que citara en las oficinas de Aspidh Arcoiris Trans a personas que hubiesen sido testigos del crimen de Camila, un trabajo propio de las autoridades. Ella se negó.

Mónica dice que el caso de Camila se ha convertido en simbólico porque hay detenidos y estos son agentes de seguridad pública. Para la PDDH también es un caso «ejemplarizante», porque la institución tiene registros de la violencia a la que Camila fue sometida años antes de su muerte y por la cual las autoridades nunca hicieron nada.

El procurador Rodríguez dice que, cuando la FGR abrió un expediente de investigación por el caso de Camila, decía que su muerte había sido culposa, a causa de un atropellamiento. Sin embargo, los procuradores encargados del caso consultaron con los médicos del Hospital Rosales que la atendieron, y aunque ellos no se atrevían a dar la opinión de un forense, aseguraron que los golpes que ella presentaba no eran propios de un atropellamiento. Fue así que la FGR cambió el delito de homicidio culposo a homicidio agravado.

Semanas después del asesinato, la FGR no tenía a ningún presunto responsable. Pero de acuerdo con la PDDH, desde hace años, Camila era víctima de lesiones, amenazas de violencia por parte de policías, pandilleros y personas particulares, las cuales denunció a la FGR y la PNC, pero nunca recibió un acompañamiento.

Ante este peligro, en 2014, ella migró a México, donde le dieron la residencia en 2015. El 8 de agosto de 2017 cruzó, junto a una amiga, la frontera con Estados Unidos. Se entregó a las autoridades migratorias y, para solicitar asilo, les expuso los antecedentes de violencia que había sufrido en El Salvador, pero ellas se negaron a creerle y Camila estuvo detenida por tres meses en el Centro de Detención Otay Mesa, en San Diego, California. Fue deportada en diciembre de ese año y regresó al país en donde, 13 meses después, la asesinaron. Todos estos hechos forman parte de una resolución que la PDDH está por publicar.

En mayo del año pasado, la FGR creó la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Población LGBTI y otros Grupos en Condiciones de Vulnerabilidad. De acuerdo con Mónica, en la administración de Douglas Meléndez, la Federación Salvadoreña LGBTI nunca tuvo una reunión con él. Tampoco ha tenido reuniones con el actual fiscal general, Raúl Melara, quien solo a través de Twitter se pronunció por la muerte de Anahí y el martes pasado dijo que trabajan en protocolos de investigación para esclarecer los crímenes contra esta población.

El 31 de octubre, cuando la Federación montó una conferencia para pronunciarse por los 20 crímenes contra mujeres trans registrados en los últimos tres años, hasta esa fecha, y la desaparición de la Dirección de Diversidad Sexual, exigió a Melara que aprobara una política penal y un protocolo para atender estos casos. Ambos documentos fueron trabajados desde mayo entre las organizaciones, la FGR, PNC y el IML, con apoyo de un proyecto de cooperación internacional, aseguró una persona cercana a este proceso, pero quien no quiso identificarse.

Ella dijo que el protocolo de investigación aún está en la etapa de validación, pero que la política penal ya está lista y solo está a la espera de la firma de Melara para que se apruebe, ya que se la entregaron hace semanas. La titular de la nueva dirección fiscal, Marina de Ortega, por su parte, confirmó el 8 de noviembre que el grupo de fiscales aún revisando la política y el protocolo antes de remitirlos a Melara.

Contrario a la postura de las organizaciones LGBTI, De Ortega justificó que la dirección, conformada por cuatro fiscales que brindan asistencia técnica, capacita a otros fiscales sobre cómo investigar los delitos bajo los agravantes de las reformas de 2015.

«Estas investigaciones tienen un componente diferente a la investigación tradicional de homicidios en otra modalidad, porque acá nosotros tenemos que buscar ese prejuicio, ese odio a la orientación, a la expresión o identidad de género, la saña con la cual el delito se ha cometido, antecedentes del agresor, el por qué esta persona tiene ese sentimiento de odio para esta persona», dijo. Pero en la relación de los hechos del caso de Camila, la FGR ni siquiera menciona la violencia, documentada por la PDDH, que ella sufrió años previos a su muerte.

Camila tenía 14 años de no vivir con su familia. Cuando su mamá llegó a retirar su cuerpo al Hospital Rosales, lo llevó hasta un municipio de la zona paracentral del país, donde fue su entierro.

«De vez en cuando sueño que llega a la casa y me habla», le ha dicho la señora a un psicólogo forense. A la FGR le ha dicho que no sabe por qué la mataron de esa forma, si Camila no se metía con nadie, pero no descarta que fue por ser una persona diferente.

Juan Guaidó, el presidente insospechado

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela

Juan Guaidó mira todos los días desde su oficina unas fotos del Palacio de Miraflores, la sede del gobierno en Venezuela. El edificio, donde despacha Nicolás Maduro, está en el centro de Caracas, varios kilómetros al occidente de la sede de Guaidó, situada en una torre ejecutiva de aspecto sobrio. Pero allí, sobre su escritorio, el político de 36 años conserva un libro con fotografías del Palacio donde espera vivir y despachar en el corto plazo. Las imágenes, de página completa y a todo color, son un amuleto que le indica cuál es su objetivo. Pero también, cada mañana, ese Miraflores de papel le recuerda que su presidencia sigue siendo simbólica.

El 5 de enero de 2019, Juan Guaidó se convirtió en el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, el último poder público elegido en Venezuela en 2015, cuando la coalición opositora logró la mayoría calificada del Parlamento. Por un acuerdo entre la oposición, el partido Voluntad Popular postuló a Guaidó para presidir la cámara de 2019 a 2020.

El 10 de enero se cumplieron seis años desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia de la república, justo después de que Hugo Chávez se retiró por enfermedad antes de morir en marzo de 2013. Con Guaidó recién elegido en la Asamblea, la oposición argumentó que Maduro empezaba a usurpar el cargo. Guaidó invocó el artículo 233 de la Constitución venezolana, que faculta al presidente del Poder Legislativo para encargarse del Ejecutivo de forma provisional.

Desde entonces, su exigencia, apoyada por la mayoría de los partidos de oposición, se resume en tres pasos: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.

Alrededor de 60 países, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, reconocen a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Este apoyo se logró con un intenso lobby internacional que empezó a fraguarse en diciembre de 2018, poco antes de su ascenso a la presidencia del Parlamento. Aunque aliados como Donald Trump e Iván Duque le han prestado un apoyo esencial al inusitado gobierno de Guaidó, Nicolás Maduro sigue firme en el sillón presidencial. Nueve meses han pasado desde que el líder de la oposición juró su cargo como jefe de Estado frente a miles de venezolanos en las calles de Caracas, pero la criatura de un nuevo poder en Venezuela continúa en gestación.

He hablado con familias cuyos hijos se han ido caminando durante semanas hasta Perú. En Colombia tenemos también a muchos venezolanos. La normalidad en Venezuela se convirtió en una urgencia. Cuando uno tiene una urgencia, ¿qué hace? Lo que sea necesario para resolverla.

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Juan Guaidó es el diputado más joven que ha alcanzado la presidencia del Legislativo en Venezuela. Ingeniero industrial con posgrado en gerencia pública, se formó en la Universidad Católica Andrés Bello, donde empezó su preparación política como activista y líder estudiantil. Guaidó nació y creció en La Guaira, una zona del litoral central de Venezuela ubicada a solo 40 kilómetros de Caracas.

En diciembre de 1999, mientras Hugo Chávez animaba a sus seguidores para que votaran una nueva constitución, un derrumbe provocado por intensas lluvias bajó del cerro y sepultó a miles de víctimas. Hubo alertas y se consideró suspender la elección para evitar riesgos, pero el entonces presidente citó a Simón Bolívar: «Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca». La naturaleza no obedeció, y la cifra de muertos superó los diez mil.

Entonces, a los 16 años, Juan Guaidó empezó a padecer una forma de actuar que se volvería típica durante la hegemonía chavista: primero el poder; después todo lo demás.

Expulsada por ese derrumbe, la familia Guaidó, junto con miles de vecinos, tuvo que abandonar La Guaira para radicarse de forma provisional en casas de algunos familiares. Hoy, el político recuerda que dormía junto a su madre y hermanos hacinados en una misma alcoba. En aquella época, para reconocer las consecuencias de la tragedia, algunos estudiantes recibieron becas, entre ellos Juan Guaidó.

Esos días le generan sonrisas, pero también revive los múltiples esfuerzos que debió hacer para vivir en distintos lugares mientras completaba su carrera universitaria. Durante varios años, en vacaciones, Guaidó viajó hasta el estado Zulia, en el occidente de Venezuela, para visitar a su madre, quien se había mudado a esa zona.

Junto con varios políticos de su edad, Guaidó debutó en la escena pública en 2007, cuando Chávez canceló la licencia de Radio Caracas Televisión, un canal muy crítico hacia su gobierno. Este cierre estimuló protestas, y él, en compañía de otros estudiantes que hoy son diputados, varios de ellos presos o exiliados, lideró protestas que le abrieron un camino en la política nacional.

Juan Guaidó

Con esos colegas y bajo la mentoría de Leopoldo López, otro líder opositor perseguido, Guaidó ayudó a fundar en 2009 el partido Voluntad Popular, que ha sido protagonista en la resistencia frente a Maduro durante estos años. Criado en una familia de clase media baja, Guaidó integra la última generación de venezolanos que pudo ascender en la escala social gracias al estado de bienestar que financió el petróleo. Al mismo tiempo pertenece a la primera generación que creció bajo el chavismo como único sistema de gobierno: el que despojó a millones de jóvenes de una verdadera oportunidad de desarrollo dentro de su país.

El desafío personal de Juan Guaidó contra el régimen de Nicolás Maduro es, en resumen, una cruzada por el derecho al futuro.

Pasa el tiempo, y hay un desgaste de su figura como líder. También es evidente y está medido el desgaste de la gente. ¿Cómo administra la desesperanza?

Tengo una ventaja: yo soy de La Guaira. Soy fanático de los Tiburones de la Guaira, un equipo de béisbol que tiene 30 años sin ganar. Sin embargo, nos mantenemos militantes de la fe y de la esperanza.

¿Y la desesperanza de la gente?

La frustración es un tema latente. Nuestro trabajo es generar certezas, esa es la parte complicada en medio de esta incertidumbre que la dictadura convirtió en algo cotidiano. He hablado con familias cuyos hijos se han ido caminando durante semanas hasta Perú. En Colombia tenemos también a muchos venezolanos. La normalidad en Venezuela se convirtió en una urgencia. Cuando uno tiene una urgencia, ¿qué hace? Lo que sea necesario para resolverla.

¿Existe aún la posibilidad de una intervención militar en Venezuela?

Nosotros estamos pagando los costos de la guerra sin haberla tenido. Hoy, Colombia está sufriendo los embates de una guerra que no existió en Venezuela. Tenemos los indicadores terribles de una guerra, pero sin ella. Aquí ya existe una invasión: de los cubanos, de los rusos, de grupos irregulares como las disidencias de las Farc y el Eln, al que le permiten explotar nuestros recursos y contrabandearlos hacia Colombia. Pero de esa invasión no se habla, y me parece hipócrita. Este dilema no puede ser visto como un dilema de guerra o paz; el dilema es cómo se soluciona el conflicto de la mejor manera en Venezuela. Colombia ha sido absolutamente solidaria con nuestra situación, y nos unen lazos históricos. A Colombia, además, le conviene que Venezuela se recupere, porque es su primer socio comercial. Lo que ha hecho Iván Duque con el caso venezolano es acertado y noble, pero además, inteligente.

Si tuviera que repetir lo que hicieron en la frontera con Cúcuta, ¿lo repetiría o probaría otro modo?

Lo repetiría, sin duda, y buscaría mejores mecanismos para que ingresara más ayuda. Tenemos siete millones de venezolanos en emergencia humanitaria compleja. Y a esos hay que sumar todos los que están fuera del país.

¿Podría explicar sus fotos con miembros de ‘los Rastrojos’?

El impacto de eso en Venezuela fue nulo. ¿Por qué? Porque aquí se entiende la vulnerabilidad que existe hoy no solo en la frontera, sino en muchos sectores del país tomados por el hampa. Ahí, lo que pasó es que el Gobierno venezolano bloqueó la frontera para tratar de impedir el ingreso de la ayuda humanitaria, y nosotros salimos por el lugar que pudimos sin conocimiento de cuáles sectores están bajo el dominio de quién en torno a la frontera. Lo cierto es que esos señores están presos en Colombia, como tienen que estar. La verdad, no tenía idea de quiénes eran. Yo atravesé por un lugar que era el único posible para poder llegar a Colombia.

A las 3 de la mañana tocaron la puerta, y pensé: ‘me vinieron a buscar, llegó la dictadura’

¿Cree que todavía hay músculo de protesta en la gente?

¡Sin duda! Estamos en una sociedad más desgastada por la situación crítica que vivimos; llevamos años en esto. Pero hoy, el dilema en Venezuela es existencial. El dilema es por la propia existencia de la república y de sus ciudadanos. Una y otra vez nos han exigido como sociedad. Durante mucho tiempo, la comunidad internacional vio esto con buenos ojos: le parecía un socialismo simpático. Y trataron de ver esto como un tema de izquierdas y derechas. Y lo advertimos desde siempre: este no es un tema de ideologías; es un tema de derechos fundamentales.

Vamos al inicio de todo. Usted creció junto al mar, ¿cierto?

Sí, tenía la playa a dos cuadras. Y, la verdad, siento que era otra Venezuela, una muy distinta a la que vemos hoy. En esa época, la única preocupación de mi mamá era si me raspaba las rodillas corriendo en la calle, o si peleaba con un amigo o un vecino. Nada más.

¿Tenía algún tipo de conciencia política en esa época?

Me gustaba organizar el salón. Ayudar a organizar los equipos, los intercambios deportivos. Más que conciencia política, tenía mucha conciencia del contexto en el que vivía. Eso sí.

¿Cuándo ocurrieron las primeras aproximaciones a la política?

En la universidad, con ese mismo análisis de contexto: para que la familia esté bien, todos tenemos que estar bien, pensaba en esa época. Porque el bienestar es la suma de responsabilidades y de la conciencia cívica. Empecé por la cultura ciudadana; por la responsabilidad en sociedad, los deberes y los derechos. En esa época entendimos que si no aportábamos todos, nada iba a funcionar. Y fundamos nuestra primera agrupación política, y realizamos nuestras primeras acciones. Los estudiantes eran muy apáticos y estaban muy desconectados de la realidad. Entonces tratábamos de generar conciencia para que participaran en las labores de todos, en el voluntariado, en los centros de estudiantes. Ahí participé porque sentía que los líderes estudiantiles no me representaban, y tenían seis años seguidos siendo electos en cargos que duraban un año. Gracias a ese descontento armamos nuestro grupo.

Siempre le ha tocado enfrentarse a gente que se aferra al poder y no lo suelta.

Y por distintas razones [risas]; pero, ciertamente, nos tocó.

En esa etapa, como estudiante, conoció a varios de sus aliados de hoy.

Sí. Hay dos frases que marcaron a mi generación. La primera: no podemos tener profesionales exitosos en sociedades fracasadas. La segunda: tenemos que ensuciar nuestras manos de realidad. La segunda era de un profesor jesuita, y le dimos muchas vueltas. Porque era entender cómo funcionan la política y los factores de poder para transformar la sociedad. Y además, la constancia. La danza de la lluvia que hacen los indios funciona porque bailan hasta que llueve. Hay que bailar hasta que llueva.

¿Usted pensaba entonces en un destino como político?

No sé en qué momento lo pensé, o lo asumí. Yo veía por televisión a los diputados, a los alcaldes, y me llamaba la atención. «En todo amar y servir», esa frase de san Ignacio de Loyola me marcó. En la universidad hicimos un curso basado en el liderazgo al estilo de los jesuitas. Ahí se inició para mí un proceso de germinación de ideas, de debate político intenso, y la necesidad del aporte en sociedad.

¿Llegó a soñar con la presidencia en esa etapa?

Fue un proceso; fuimos cumpliendo pasos. En 2007, cuando Chávez promovió la reforma constitucional que permitió la reelección indefinida, nos dimos cuenta de que había que asumir esto en primera persona. Entendimos que este problema es nuestro, no de un tercero.

Hay que entrar en el juego.

Exacto. Ahí vino un cambio importante para mi generación, que creció en la antipolítica. Somos hijos de esa antipolítica. «Los políticos son malos, son

corruptos, ahí no hay que meterse», decían mucho en ese tiempo. Pues siendo joven yo tomé la decisión de meterme de lleno. En 2008 me gradué y empecé a trabajar como ingeniero industrial; ganaba un salario alto siendo un profesional joven. Pero renuncié a los seis meses porque descubrí que eso no era lo mío. Recuerdo una frase de un amigo que me dijo: «Esto no es un pasatiempo, es una vocación». Y así lo asumí desde ese momento.

Ramón J. Velásquez, quien fue presidente encargado de Venezuela entre 1993 y 1994, dijo que para ser presidente había que nacer.

Buena figura esa. Más que en el destino, yo creo en la preparación. Nos fuimos formando para asumir ciertas responsabilidades. Evidentemente, nadie se forma para encargarse de la presidencia bajo una dictadura que asesina, que persigue y genera la crisis humanitaria más severa en la historia del continente. Pero así fue: nos formamos en dictadura, en la protesta, en la defensa de nuestros derechos, y en formar en paralelo un plan de gobierno. Cuando lo ves en retrospectiva, no sé si es el destino.

¿Cómo es su rutina?

Bueno, siempre ha sido muy laboriosa, desde que tenía que levantarme a las 4 de la mañana para ir a la universidad. Todos los semestres hice cursos de verano para tratar de adelantar lo máximo posible. Trabajaba en vacaciones. Durante los semestres no me daba tiempo porque era una carrera muy exigida. Siempre he tenido una dinámica bien activa. Obviamente, en esta emergencia que estamos atravesando, mucho más. Estamos en una situación totalmente atípica: un presidente encargado en dictadura, reconocido por 60 países. Pero, aun así, el régimen de facto controla mucho el gobierno, entre comillas. Y digo entre comillas porque hoy ya no gobiernan. No ha habido un acto de gobierno real en el último año y medio. Maduro ya no gobierna; es un prisionero del poder.

Con más de 200 militares presos, muchos de ellos torturados, ¿cómo conquistarlos para su causa cuando existe entre ellos tanto miedo?

Nadie está cómodo con lo que está pasando. Ni siquiera la dictadura, y se les nota. Las fuerzas armadas están absolutamente descontentas. Un 80 o quizá 85 por ciento de ellos no está conforme con esta situación. Entonces hay que construir garantías para todos los sectores. Nosotros hablamos de la Ley de Amnistía y Garantías, pero lamentablemente no cuajó. Luego de la mediación de Noruega, nosotros propusimos la conformación de un Consejo de Estado. Si los militares no confían en un Parlamento que pueda respetar sus garantías, que confíen en ellos mismos, y que formen parte de este Consejo. Allí cabrían tres acciones: contener la emergencia humanitaria compleja, reinstitucionalizar el país y generar una elección presidencial libre que genere estabilidad y gobernabilidad. Esa es la propuesta. Tenemos más de 400 presos políticos y más de mil exiliados que debemos ayudar a volver.

¿Planean volver a las negociaciones en Oslo?

Oslo era para nosotros un mecanismo, y no estamos enamorados de ningún mecanismo. Estamos enamorados de la solución. Si es a través de Oslo, bienvenida.

La inmensa presión que ustedes han generado contra el chavismo todavía no produce el desenlace. ¿Qué nuevas estrategias quedan?

Primero, presionar a la dictadura. Vienen más acciones de calle. Y se pueden esperar más sanciones.

Mayor aislamiento político y económico para Maduro y los suyos.

Ya lo tienen, y va a aumentar. Mientras sigan a la defensiva van a tener muchos más problemas. Tienen un problema central que es el económico. Ya no tienen socios, sino acreedores; ya no tienen aliados, sino financistas. Ellos se quedaron solos hace mucho tiempo.

¿Cuánto tiempo antes del 23 de enero de este año se tomó la decisión de asumir la presidencia?

Veníamos construyendo esas capacidades, conversando con los países desde finales del año pasado. Veníamos conversando con los partidos políticos, con los distintos actores sociales. Y logramos reunir todo ese 23 de enero.

Y mucho lobby internacional también.

Claro, mucho lobby internacional, pero ese se hizo todo en diciembre, y el avance final se completó en enero.

Unas navidades y un Año Nuevo muy activos.

Hubo mucho trabajo para mí y toda nuestra gente. Fue muy intenso, y había un factor fundamental que era la gente. Ese 23 de enero, la fecha en que cayó la última dictadura venezolana, tuvimos esa gran manifestación en Caracas y en 56 ciudades de Venezuela. Fue impresionante. Bueno, ahí dijimos: «Aquí ya hay una oportunidad; tenemos el respaldo popular y el respaldo internacional».

Nadie está cómodo con lo que está pasando. Ni siquiera la dictadura, y se les nota. Las fuerzas armadas están absolutamente descontentas.

¿En enero ustedes pensaron que el desenlace estaba más cerca?

En principio, nadie tenía expectativa. Recién juramentado como presidente del Parlamento, mi discurso no fue de agradecimiento; dije más bien que era el momento de rehabilitar y construir capacidades para enfrentar a una dictadura. Había llegado el momento de ejercer la mayoría. No basta solamente con ser mayoría; hay que ejercerla. Sobre todo en una situación como la que estamos viviendo. Entonces, en principio, nadie tenía expectativa, pero la construimos muy rápido. Recuperamos rápido la esperanza. Aún no nos hemos rendido, y el pueblo venezolano tampoco se va a rendir. Por eso digo que la dictadura está derrotada.

servir”, esa frase de san Ignacio de Loyola me marcó. En la universidad, hicimos un curso basado en el liderazgo al estilo de los jesuitas. Ahí se inició para mí un proceso de germinación de ideas, de debate político intenso, y la necesidad del aporte en sociedad.

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¿Por qué no lo han metido preso?

Porque es muy costoso políticamente para ellos, todavía. Digo todavía porque ese riesgo estará siempre latente.

¿Y cómo se prepara para la cárcel?

El día que secuestraron a Roberto Marrero, mi jefe de despacho, yo estaba solo en mi casa. Mi esposa se había ido de gira por Chile, Perú, Estados Unidos. A las 3 de la mañana tocaron la puerta, y pensé: «Me vinieron a buscar, llegó la dictadura». Pero no; venían a avisarme lo de Roberto.

Usted ya ha asumido ese escenario como uno de los posibles.

Sin duda. Nosotros hemos pasado por el escenario de perder la vida en este rol.

¿Cuánto influye Leopoldo López, su mentor, en su trabajo político?

Tenemos los roles muy claros. Leopoldo es el coordinador de Voluntad Popular, nuestro partido; y yo soy el presidente encargado de Venezuela, y presidente del Parlamento.

¿Hablan con frecuencia, lo aconseja?

Hablo con Leopoldo (López), con Henrique (Capriles), con María Corina (Machado). Hablo con todos los jefes de los partidos, con muchas personas de la sociedad civil.

¿Cómo consigue navegar entre los distintos bandos de la oposición y, además, combatir el chavismo?

Diría Steve Jobs: «conectar los puntos». Yo fui jefe de fracción parlamentaria el año pasado en la Asamblea Nacional. Mi trabajo era articularlos a todos para lograr los acuerdos políticos, para mantener la unidad. No fue una tarea fácil, pero sí había buena voluntad de todos.

¿Y cómo está hoy la unidad de la oposición?

Muy sólida. Por primera vez en años trascendimos de una unidad electoral a una unidad de causa. Debemos estar juntos o no vamos a tener país.

¿Usted ha considerado competir por la presidencia?

En esta etapa ese es un debate extemporáneo, porque mi rol ahora mismo es de articulador. Pero lo evaluaría llegado el momento.

¿Cómo espera que lo recuerde la historia de Venezuela?

Como un servidor público que no solo lo intentó, sino que logró recuperar la democracia y la dignidad para su país; que ayudó a sanar la nación. En definitiva, que me recuerden como un servidor de Venezuela.

Juan Guaidó

Las grietas del milagro chileno

Fotografía de Connectas

Los vagones del metro están calcinados. También los tres cajeros automáticos de la estación donde se detuvieron. Los rieles de la línea férrea subterránea destruidos. Todo ahí abajo está completamente cubierto de cenizas. El olor a humo y fierro quemado es penetrante y a ratos cuesta respirar sin toser.

Afuera de la estación, un grupo de jóvenes militares armados impide que ingresen los transeúntes. Dentro se encuentran familias y vecinos del sector de Lo Prado, en la zona poniente de Santiago, la capital chilena. Son unas cincuenta personas que, con palas y sacos, limpian lo que quedó de la estación San Pablo, la última de la línea 1 que cruza la ciudad conectando oriente y poniente.

Rosa Pinto llega temprano con su suegra y sus nietos. Quieren acelerar el proceso de reconstrucción de la estación que fue quemada el sábado 19 de octubre de 2019, en medio de las protestas sociales que estallaron de forma masiva en el país con mejores índices de desarrollo humano de América Latina, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.

Junto a ellos, con guantes gruesos, un delantal azul y el pelo recogido, Gladys Zúñiga, una mujer de 53 años nacida y criada en la comuna, barre indignada el hollín de la estación. Cada cierto rato interrumpe sus quehaceres, mira fijo a la cámara y despotrica, con las manos alzadas, en contra de las razones que la han mantenido por años inconforme y que hoy, en un escenario calcinado, la tienen furiosa. A 12 kilómetros de ahí, Patricia Aravena escucha un helicóptero sobrevolar su casa y recuerda el miedo que sintió de niña cuando los militares también recorrían las calles de su barrio.

Sus relatos dan claves para comprender la rabia que ha estallado en Chile, como lo publica la plataforma de periodismo Latinoaméricano CONNECTAS.

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LAS PROTESTAS EN EL PAÍS SUDAMERICANO estallaron luego de que el presidente Sebastián Piñera -aconsejado por un consejo técnico de expertos- anunciara un alza en el pasaje del metro de 40 centavos de dólar, quedando el precio en 1,17 dólares. Chile ya estaba en el noveno lugar en la lista de 56 países de la OCDE, con el sistema de transporte público más caro.

En rechazo a la medida, los escolares compartieron información y memes en redes sociales, y se organizaron para llamar a una evasión masiva del pago del pasaje. Cientos, algunos usando el uniforme de sus liceos, comenzaron a saltar los torniquetes del tren subterráneo.

Según una minuta reservada del Ministerio del Interior, elaborada con información entregada por Carabineros de Chile, el jueves 17 de octubre una turba de 400 personas rompió los torniquetes de la estación de metro San Joaquín. Al día siguiente, siete estaciones de metro fueron incendiadas. En una, el fuego lo alimentó un televisor plasma, lanzado con furia a los rieles.

Ese viernes el metro cerró progresivamente las 136 estaciones que conectan sus 7 líneas de trenes subterráneos, por las cuales se transportan a diario más de 2,6 millones de personas.

Patricia Aravena es técnica en Enfermería y trabaja en un centro médico en Las Condes, un sector acomodado de Santiago. Por los desmanes, estuvo detenida 45 minutos en un tren del Metro sin poder acceder a la estación. Cuando pudo salir a la calle, no sabía bien dónde estaba ni cómo llegar a su casa.

Eran las 5 de la tarde y hordas de santiaguinos colapsaban las calles.

«Me empecé a angustiar, cuando a una la sacan de su ruta habitual se desconcierta, no sabía qué hacer», cuenta Patricia, quien vive en Recoleta, al norte de la capital.

Las micros iban repletas y había un desconcierto generalizado en medio del caos. Sin la posibilidad de tomar buses, taxis o servicio de Uber, la gente empezó a caminar. Hubo quienes tardaron ocho horas en llegar a su casa, atravesando a pie una ciudad de 7 millones de habitantes.

Un taxista que manejaba con su mujer y su bebé, vio a Patricia parada en la avenida y le ofreció acercarla a su casa. Cuando llegó, su barrio no se veía igual que por la mañana. El supermercado y la farmacia serían saqueados y la estación de metro Zapadores, a dos cuadras de su casa, incendiada.

Esa noche, el edificio corporativo de la empresa multinacional Enel, que produce y distribuye energía eléctrica y gas, también fue incendiado. Testigos llamaron a las radios contando que escucharon una explosión y luego el fuego subió por las escaleras del inmueble de 19 pisos, ubicado en pleno centro de Santiago.

Mientras miles de personas intentaban llegar a sus casas en medio de las manifestaciones, el Presidente Piñera fue a comer a una pizzería en un barrio acomodado para celebrar el cumpleaños de su nieto. Alguien que comía ahí también lo fotografió, subió la imagen a redes sociales y así Patricia y Gladys lo vieron en sus teléfonos móviles.

La indignación se hizo sentir en las calles y de regreso al palacio de Gobierno, el Presidente Piñera decretó estado de Emergencia Constitucional –que implica reducción de libertades de tránsito y reunión-, dejando al General Iturrieta a cargo de mantener el orden público. Él determinó que Santiago tendría toque de queda; el primero desde el retorno a la democracia dictado por protestas sociales y no por una catástrofe natural.

Gladys lo vio por televisión. A una estación del metro San Pablo, en Pudahuel, un supermercado Líder, propiedad de la empresa transnacional Wallmart, era saqueado e incendiado. Corriendo por los pasillos -incluso cuando comenzaron las llamas- adultos, adolescentes y algunos niños y niñas, sacaban mercadería, lavadoras, refrigeradores, televisores plasmas y otros bienes de consumo.

Ya van una semana de protestas en Chile, y en sus 16 regiones se concentra gente cada día en la calle haciendo sonar cacerolas para reclamar cambios a un sistema económico que tiene al país tercero en el índice de desigualdad de ingresos de la OCDE de este año. Las bajas pensiones, el alto costo de salud y educación, y los bajos salarios respecto al costo de la vida, son las principales grietas de un modelo que parece haber agotado la paciencia de los chilenos.

Diez regiones están con toque de queda nocturno. En Santiago, veinte estaciones de Metro fueron incendiadas, 24 buses calcinados y en el país cientos de supermercados y farmacias saqueadas.

A Patricia le da tristeza decirlo, pero cree que son los mismos vecinos los que asaltaron los negocios de su barrio. «Como que quisieron empoderarse de algo», dice, y «se empoderaron de lo primero que tuvieron a mano». Es que «fue de la rabia de ese minuto, no lo pensaron más allá y actuaron no más», intenta explicar.

En algunos sectores, vecinos y vecinas usando chaquetas amarillas se organizaron en la noche para impedir que se vandalizaran sus barrios. Eso no ocurrió donde vive Patricia. «La convivencia se perdió un poco porque estamos divididos por lo malo que se hizo. Porque nuestros mismos vecinos se tomaron estas cosas; y ver todo lo perjudicado que quedamos, lo solos que quedamos en este minuto», lamenta.

Francotiradores posicionados en el techo de la Escuela Militar buscaban intimidar, apuntando sus armas a manifestantes que llegaron por primera vez a protestar a ese sector acomodado de la capital, revelando la transversalidad del descontento ciudadano entre sectores de distintos ingresos como lo publica la plataforma de periodismo Latinoaméricano CONNECTAS.

Hasta ese jueves, el Colegio Médico contabilizaba 3,500 personas heridas en manifestaciones y 45 de ellas habían perdido la visión en alguno de sus ojos por el impacto de un perdigón, un balín o una bomba lacrimógena. 18 personas habían muerto, tres de ellas por impacto de bala de funcionarios militares. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 245 personas habían sido heridas por armas de fuego. El Ministerio del Interior registraba más de 5,300 personas detenidas y 626 funcionarios policiales y militares lesionados. 297 menores de edad habían sido arrestados y el INDH había presentado 59 acciones judiciales; 45 de ellas por apremios ilegítimos o torturas, 9 por violencia sexual y 5 por homicidios de personas que habrían muerto por causa de agentes del Estado. 20 personas estaban hospitalizadas con riesgo vital.

Hasta hoy, solo algunos concentran los privilegios que trae la bonanza económica. En 2017, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD examinó la brecha social del país. Casi la mitad de los encuestados de sectores socioeconómicos bajos afirmó que con su salario apenas lograba sobrevivir. El estudio concluyó que el 33 % del ingreso que genera la economía chilena lo capta el 1 % más rico de la población.

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«UNA MIERDA LA SALUD AQUÍ EN CHILE, les roban a los profesores, les roban a todos, estos weones sinvergüenza», dice Gladys con rabia. «La AFP son los ladrones más grandes, y eso lo hizo el hermanito del señor Piñera. ¿Por qué no viene el ladrón a dar la cara a todos los chilenos? Despertó Chile, Piñera, despertó, estábamos cansados de dormir y hacer tuto, despertamos, despertamos weón», reclama. Su descontento, es el reflejo de muchos que en su vida cotidiana no han sentido que viven en uno de los países más prósperos de Latinoamérica.

La rabia de Gladys tiene sus orígenes en la inequidad producida por un sistema económico implementado bajo la dictadura de Pinochet en los años 80. El llamado «milagro» de su sistema económico, comenzó cuando un grupo de economistas chilenos que había estudiado en la «Chicago School of Economics» con Milton Friedman, el llamado padre del neoliberalismo, asesoró al dictador Pinochet en la creación e implementación de políticas que permitieron instaurar una economía de libre mercado, privatizar la salud, la educación, el agua, la jubilación y los recursos naturales.

Juan Andrés Fontaine fue uno de los llamados «Chicago Boys», hoy ministro de Economía. Días antes de que las protestas paralizaran la ciudad, y haciendo frente al descontento ciudadano por el alza del pasaje, dijo a la prensa que, para evitar pagar más, la gente podía madrugar y tomar el tren a las 7 de la mañana.

«Un señor dijo que había que levantarse a las 4 de la mañana, para que el metro fuera más barato, qué idiota; oye, han matado a niños por un cigarro, han matado a jovencitas; ¿se tienen que levantar tan temprano para que la tarifa del metro y la micro les salga más barata? Por favor, no estamos, no sé po, en Las Condes, estamos en pueblo de nadie», reclama Gladys.

El modelo económico que Chile instauró, generó un desarrollo que ha sido admirado en América Latina por lograr uno de los crecimientos más rápidos de la región; aunque ello no derivó en mayor igualdad.

Hasta hoy, solo algunos concentran los privilegios que trae la bonanza económica. En 2017, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD examinó la brecha social del país. Casi la mitad de los encuestados de sectores socioeconómicos bajos afirmó que con su salario apenas lograba sobrevivir. El estudio concluyó que el 33 % del ingreso que genera la economía chilena lo capta el 1 % más rico de la población.

«Vamos a tener que ceder nuestros privilegios y compartir con los demás», dijo nerviosa Cecilia Morel, la Primera Dama chilena, en un mensaje privado de voz que envió luego de que estallaran las protestas sociales masivas. Estas le produjeron un desconcierto tan grande que las comparó con una «invasión alienígena».

Patricia también estaba acongojada, aunque su preocupación no era por perder privilegios.

«A mí me asusta porque se ve el comienzo, pero no se ve el fin que esto vaya a tener. Balazos múltiples, el helicóptero que está arriba de mi casa permanentemente, los milicos que pasan a cada rato; nos quedamos sin supermercados, sin farmacia, sin locomoción, sin metro. En este minuto nos sentimos aislados, como en una isla, y sentimos que la propia gente nos está traicionando por decirlo de alguna manera», cuenta.

En las calles. Los cuerpos de seguridad han ocupado también las calles de las principales ciudades de Chile.

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SENTADA EN EL PATIO DE SU CASA, en Lo Prado, Gladys recuerda los años de niña en los que cerca de su calle, las aceras eran chacras donde cosechaba papas, lechugas y tomates. No eran épocas de abundancia, pero nunca faltó el carretón de verduras y el puesto de la feria para vender hortalizas nunca estuvo vacío. Gladys es vendedora informal, una categoría que en la estadísticas oficiales la ubica como empresaria independiente. Su economía depende de las empanadas y pasteles de choclos que es capaz de vender al día en la feria de su barrio. Aquella que se instala muy cerca del metro chamuscado.

Gladys dice que pensó que al volver la democracia en los años 90 su vida iba a ser mucho mejor. «Pero fue peor», lamenta. «Empezaron las alzas, vamos subiendo las cosas», alega.

En un país en que un parlamentario gana mensualmente hasta 13.000 dólares – 31 veces el sueldo mínimo-, cuando Gladys vende 30 empanadas, anda feliz. Pero el entusiasmo dura poco. El ingreso se diluye rápido detrás de facturas de agua, gas y electricidad, que sólo este año ha tenido un alza en la tarifa de un 19 %.

El sueldo mínimo en Chile es de 423 dólares y la mitad de los trabajadores recibe un sueldo igual o inferior a 562 dólares al mes. Es un monto alto para la región, pero el costo de la vida es más caro y el dinero «no alcanza», dice Gladys. El arroz, las papas, el pan, el aceite y los huevos, son más caros en Chile que en cualquier otro país de Latinoamérica, al igual que el alquiler, afirma un artículo de este mes publicado por la BBC Mundo.

«Si en la feria la gente pudiera pagar con tarjeta, acá se comprarían hasta la última papa», dice.

En Chile, las tarjetas de crédito de bancos y casas comerciales son la forma en que las personas pueden acceder a una vida que no siempre pueden financiar. «La gente ya no tiene dinero en los bolsillos, andan todos con las tarjetas», asegura Gladys. Ella tiene la tarjeta de la casa comercial «Corona» y gracias a eso su hijo pudo comprar en cuotas su teléfono móvil.

El año pasado, las deudas de las familias chilenas llegaron a su máximo histórico y el FMI catalogó, en 2017, al país como aquel con los hogares más endeudados de América Latina.

Estudiar ha sido, por décadas, una de las deudas más pesadas.

En pie. Postales de la semana de protestas que remecen al país sudamericano que durante décadas fue elogiado por su modelo económico.

Gladys vive con su hija y sus dos nietas. Le gustaría algún día verlas estudiar en la universidad, dice. Doctora, ingeniera. Pero el sueño es ambicioso. Quizás, si alcanza, sea para una de las niñas y piensa en cómo podría su hija elegir cuál. «No se puede», dice.

En 2015, Chile era el cuarto país con los aranceles universitarios más caros del mundo, según datos de la consultora inglesa Expert Market. Las familias gastaban en promedio 73% de su sueldo en financiar una carrera universitaria, dicen las cifras del estudio citado internacionalmente.

Aún la universidad debe pagarse, incluso en un establecimiento público, ya que este debe autofinanciarse. La educación superior había sido gratuita en el país hasta 1981, cuando Pinochet flexibilizó los requisitos para crear universidades privadas, estas se multiplicaron y fijaron sus propios aranceles.

Fueron las movilizaciones estudiantiles de 2011 las que pusieron en la agenda el acceso a una educación pública gratuita y de calidad como un derecho y no un bien de consumo. Hoy, con la «gratuidad» aprobada, sólo pueden estudiar gratis quienes pertenezcan a familias del 60 % de menores ingresos de la población y hayan ingresado a las instituciones que están adscritas a ese beneficio.

El país tiene también uno de los sistemas de educación escolar más segregados del mundo. 9 de los 10 colegios con mejores puntajes en la prueba de selección universitaria del año 2018 son particular pagados. Sólo uno es municipal y gratuito. Para estudiar en alguno de esos nueve establecimientos durante un año, una familia deberá desembolsar más de 3,400 dólares si quiere inscribir a un hijo en el más barato, y más de 17,600 dólares para incorporarlo al más caro.

Las nietas de Gladys, asegura, jamás podrían asistir a uno de estos establecimientos pagados.

Las condiciones en muchos de los establecimientos públicos no son óptimas. En 2013, cuando Chile crecía al 4.1 % y el presidente Piñera ejercía su primer gobierno, más de mil establecimientos no tenían agua potable de forma constante, y más de 70 tenían sólo letrinas y no baños. Cinco años después, en julio de 2018, los establecimientos educacionales públicos y particulares subvencionados insistían en acceder a recursos para mantener y arreglar su infraestructura.

El entonces ministro de Educación, Gerardo Varela, dijo: «Todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el Ministerio le arregle el techo de un colegio que tiene gotera, o una sala de clases que tiene el piso malo… Y yo me pregunto, ¿por qué no hacen un bingo? ¿Por qué desde Santiago tengo que ir a arreglar el techo de un gimnasio?… La gente no se hace cargo de sus problemas, sino que quiere que el resto lo haga».

Para Gladys, quien antes de ser feriante trabajó en la construcción, limpió departamentos y sacó escombros, los dichos de Varela reflejan la enorme desconexión de la clase política con la ciudadanía.

En las masivas protestas que continúan a lo largo del país no se ven pancartas ni banderas de partidos políticos. A Gladys tampoco le interesa nada de eso. En sus cinco décadas dice haber visto todos los colores, todos los discursos, todas las promesas desfilar delante de ella. Nunca el resultado fue lo que esperaba. Ni en los 23 años de gobierno de la centroizquierda, ni en los 6 años de la derecha.

En julio de este año, el entonces subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, se refirió a las enormes filas en los centros asistenciales de salud, en que la gente llega de madrugada para ser atendida por un médico y debe esperar horas. “Siempre quieren ir temprano a un consultorio, algunos de ellos no solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social, de reunión social”, dijo. Esto le costó el puesto.

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GLADYS ES DIABÉTICA y sus controles médicos los hace a través del sistema de seguro de salud público, el Fondo Nacional de Salud, Fonasa. A veces, imagina que sería bueno vincularse a una Isapre, Institución de Salud Previsional del sistema privado, y así, tal vez, podría acceder de manera más barata a una clínica, también privada, y acortar los tiempos de espera. Si se rompiera una cadera, podría operarse inmediatamente y no pasar por los 469 días de espera promedio que toma una cirugía traumatológica, según datos del Ministerio de Salud. El 42 % de los pacientes de Fonasa que van a ser operados de alguna patología, espera al menos un año para ser tratado. En el sistema público no hay suficientes camas, ni médicos.

En julio de este año, el entonces subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, se refirió a las enormes filas en los centros asistenciales de salud, en que la gente llega de madrugada para ser atendida por un médico y debe esperar horas. «Siempre quieren ir temprano a un consultorio, algunos de ellos no solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social, de reunión social», dijo. Esto le costó el puesto.

Pero Gladys sabe que tener Isapre tampoco es la mejor opción. Sabe que también aquellos que pagan por el sistema privado han salido a la calle a hacer sonar sus cacerolas. Por el alza de precios en los planes de salud, por la baja cobertura, por las preexistencias, por el acceso restringido a centros de salud.

Estallido social. La noche en la que estallaron las manifestaciones, el presidente Piñera cenó en un restaurante.

Como sea, en cualquiera de los dos casos, privado o público, si Gladys compra medicamentos de marca en una farmacia, deberá pagar por ellos más de lo que gastaría en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Perú o en México.

Le angustia pensar en su vejez, ajustada de maneras que no logra imaginar, a una pensión que, en promedio, alcanza los 266 dólares mensuales para las mujeres.

El sistema previsional chileno fue creado en 1980 por José Piñera, hermano del Presidente, y es uno de capitalización individual obligatoria. Esto significa que una persona que percibe una remuneración debe depositar cada mes el 10 % de ella en una cuenta personal que maneja una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP). Estas AFP son privadas y cobran un porcentaje por gestionar la cuenta, independientemente de la rentabilidad o pérdida que tengan.

El sistema ha sido altamente beneficioso para los grupos económicos chilenos. Un estudio de la Fundación Sol concluyó que el 58 % de los dineros de los futuros pensionados, más de 124,336 millones de dólares, es invertido en empresas de los grupos Luksic, Said, Yarur, Saieh, Matte y Solari.

Gladys lo sabe bien y tiene una opinión al respecto: «La AFP (administradoras de pensiones) le está robando a todo el mundo nuestro dinero, y ellos se la trabajan para el bolsillo de ellos, todos esos ladrones ricos, que mandan el país de Chile»

La pensión que reciba cada persona al jubilar dependerá del monto que alcanzó a reunir en su cuenta, de la cantidad de años en que cotizó y de la buena o mala inversión que hizo la AFP con el dinero que el trabajador aportó. Los hombres, por ejemplo, reciben 445 dólares mensuales en promedio.

«Por eso los viejos están enfermos. Se enferman de estrés», dice Gladys.

Los mayores de 80 años tienen la tasa más alta de suicidios con 17.7 casos por cada 100 mil habitantes, según un estudio realizado por Ana Paula Vieira, académica de Gerontología de la U. Católica y presidenta de la Fundación Míranos. Solo entre los años 2010 y 2015, 935 personas mayores de 70 años se suicidaron en el país.

Recuerdos. Gladys Zúñiga con su hijo cuando terminó la educación primaria.

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ES MARTES EN LA NOCHE, han sido cinco días de intensas protestas. Luego de pedir perdón por la «falta de visión» de los problemas del país, el Presidente Piñera anuncia las reformas con las que busca responder al estallido social y mitigar la tensión: un aumento del 20 % a la pensión básica solidaria, la creación de un seguro de enfermedades catastróficas para poner «un techo al gasto de salud de las familias», un ingreso mínimo garantizado de 480 dólares para los trabajadores de jornada completa, un 5 % más de impuestos para las rentas superiores a 11,000 dólares, bajar la dieta parlamentaria, entre otros.

Si el Presidente Piñera hubiese anunciado esos cambios antes del 18 de octubre, quizás hubiese sorprendido a los chilenos; pero ahora, en realidad, Patricia no sabe cómo determinar si eso es un buen punto de inicio. Le molesta que se hable de cambios que esperan en el Congreso hace cinco años, como la rebaja del sueldo parlamentario, que cuando fue propuesta por diputados de un nuevo frente político, estos recibieron burlas de diputados y senadores.

«Hay muchos jóvenes que tienen mucha rabia, que están decididos a todo, a dar la pelea, versus los viejos que estamos esperando que pase no sé qué», dice Patricia. Aunque está asustada, cree que se necesita tener una nueva Constitución, hacer asambleas libres y consultas ciudadanas reales. «Que hubiera gente que realmente nos represente en los partidos, en el Senado, pero yo veo que en este minuto nadie nos representa… ni por la educación, ni por la salud, ni por los viejos. Nos sentimos como a la deriva», lamenta.


Esta colaboración sobre el panorama chileno fue realizada por Paulette Desormeaux y Michelle Carrere para CONNECTAS.

Angélica no migra, huye

Ilustración de Moris Aldana

Angélica recibió la llamada de un investigador de la Policía Nacional Civil (PNC) que le advirtió que ella y su familia estaban en peligro. Alguien los estaba buscando para asesinarlos. Ella, sus dos hijos y su madre huyeron de su hogar con lo que tenían puesto y nada más.

Aquella tarde, Angélica apenas venía de enterrar a sus dos hijas que fueron asesinadas por los mismos que ahora los estaban amenazando. Aún sin poder asimilar la pérdida, la familia escapó sin tener un lugar a donde ir. Era mediados de 2017.

Dos años después, en una mañana de finales junio, Angélica se prepara para migrar. Junto a ella partirán sus dos hijos y su madre. Son alrededor de las 9:30 de la mañana. Hace unas pocas horas, abandonaron una casa de resguardo para la protección de víctimas y testigos de la Unidad Técnica del Sector Justicia (UTE).

Ella empaca, en prisas, lo poco que le queda y se despide de sus hermanas y sobrinas que, cree, nunca volverá a ver. Huye de la delincuencia y de un Estado que no la pudo proteger.

Entre marzo de 2018 y abril de 2019, 634 personas se desplazaron de manera forzada a causa de la violencia de acuerdo con las instituciones estatales. Sin embargo, lo que domina este fenómeno es el subregistro. La gente se va en silencio.

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Esta mañana es la primera vez, en un año y medio, que Angélica sale con un poco de libertad. Camina apurada y mira para todos lados desconfiada. Se ha bajado de un vehículo en el que, como mínimo, le ha dado unas cinco vueltas a la cuadra. Los pandilleros, los que mataron a sus hijas y luego amenazaron al resto de su familia, aún la buscan.

Antes de partir, Angélica ha decidido conversar sobre lo que la ha obliga a migrar. Solo tiene una hora para hablar. Dentro de poco, su vuelo despegará.

En una oficina que se ha acomodado como un salón de entrevistas, Angélica cuenta que, a mediados de 2017, perdió a sus hijas.

Angélica aún lo cuenta incrédula, sin poder comprender el porqué. Explica que la tarde en que desaparecieron, ellas salieron de estudiar y se reunieron con una amiga que les regalaría un par de pantalones y camisas. Luego de eso, no supo más.

Fabiola, una niña de ocho años y Marcela, de 20, estuvieron desaparecidas. Pero antes de que Angélica pudiera hacer una denuncia para iniciar la búsqueda, ella se enteró por la noticias que una niña y una joven con las características de sus hijas, habían sido localizadas por la PNC en un predio baldío.

Angélica entró en negación. No quiso creer que la noticia estuviera relacionada con la desaparición de sus hijas. Así que marcó y marcó el número de celular de su hija mayor.

La hermana de Angélica, al ver las noticias, se movilizó al lugar para saber si aquella dos personas eran, en verdad, sus sobrinas. Unas cuantas horas después, regresó con la confirmación de que las de las noticias sí eran Fabiola y Marcela.

«Todavía se me revuelven las tripas de solo recordar. No podía creer que fueran ellas. Esa misma noche, salí para el Instituto de Medicina Legal. Ahí me tocó reconocer a mis hijas», dice Angélica.

Así que, cuando el investigador llamó y los alertó de que los pandilleros «venían por ellos», Angélica no dudó en tomar lo que estuviera al alcance y marcharse junto con hijos y madre.

El Estado respondió, pero hasta ocho meses después. Antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo que emitir medidas cautelares para Angélica y su familia.

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Cuando la familia huyó, dejaron casa, ropa, mascotas, trabajo; como la mayoría de víctimas de desplazamiento forzado. Sin hogar y con miedo, Angélica acudió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y a la Fiscalía General de la República (FGR) por ayuda.

Ante la petición, la FGR solo le dio la garantía de custodiar su hogar con agentes de seguridad, mientras ellos iniciaban las investigaciones por el asesinato de sus dos hijas. Ante el riesgo de que la vigilancia les diera más problemas. Angélica se negó a aceptar esta opción. Buscó ayuda de organizaciones sociales y solo interpuso la denuncia por los asesinatos.

Según la PDDH, las víctimas de desplazamiento forzado interno prefieren permanecer en un estatus «invisible» y pasar con la mayor discreción posible.

El Informe Preliminar de Registros sobre desplazamiento forzado de la PDDH, de 2017, detalla que «es muy común que la denuncia ocurra solo hasta después de haber agotado los recursos personales, familiares y las redes de relaciones sociales de las víctimas».

Angélica también agotó sus recursos. Junto a sus dos hijos y su madre se mantuvieron nómadas entre cuartos de hotel que costearon organizaciones sociales. Luego, durante siete meses, permanecieron en un albergue temporal hasta que decidieron que era tiempo de que el Estado respondiera por su calidad de desplazados.

El Estado respondió, pero hasta ocho meses después. Antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo que emitir medidas cautelares para Angélica y su familia.

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Esta mañana, Angélica ha venido a la entrevista acompañada de uno de sus hijos, un joven de 24 años que desea platicar sobre los abusos que recibieron de parte del Estado cuando fueron «protegidos» en el programa de víctimas y testigos de la UTE.

Angélica y Mario recuerdan que, meses atrás, sin medidas cautelares, la UTE solo ofreció proteger a quien realizó la denuncia, ningún otro miembro de la familia podía ingresar al programa. La Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos (LEPVT), no incluye a las víctimas en general, solo considera a las personas que son parte de un proceso judicial.

Al conocer las medidas de la CIDH, sin embargo, la UTE tuvo que hacer una excepción.

Cuando la familia ingresó al programa, en noviembre de 2017, Mario tenía 22 años, estaba recién graduado de bachillerato e iniciaba su vida laboral.

Su otro hermano tenía apenas seis años. Estaba a meses de iniciar su preparatoria y su abuela, una mujer de 74 años, se dedicaba a cuidar de sus nietos pequeños mientras Angélica trabajaba.

Mario asegura que antes de aceptar ser protegidos por la UTE, «ellos se la pintaron bonito», le aseguraron que contaban con todo lo necesario para protegerlos, pero no fue así.

En el resguardo, su hermano cumplió los ochos años y nunca recibió un refuerzo escolar. No tuvo la oportunidad de cursar ningún grado académico. A pesar de que la LEPVT, en su artículo 13 literal I, dice que se debe facilitar a víctimas y testigos la permanencia en el sistema educativo.

En cambio, Mario solicitó ser parte de talleres de formación técnica vocacional para contar con otras acreditaciones, pero no fue posible. La UTE no respondió a sus solicitudes. Esto a pesar de que la UTE y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) tienen un acuerdo, desde 2018, para que las personas dentro del régimen de protección a víctimas y testigos sean parte de procesos de capacitación profesional.

«Ahí, en la UTE, no están cumpliendo con protección. A uno, de víctima, solo le dan seguridad», asegura Angélica.

Hace énfasis en lo insalubre de la comida que recibían. «Si no estaba crudo, lo servían descompuesto». En los almuerzos, cuenta, era común el pollo;, pero, en toda su estancia, no recuerda ni una sola vez que la comida se sirviera en buen estado.

Además, en la semana, a la familia se entregaba un garrafón de agua, uno que debían racionar porque debían compartir la mitad con otras personas del hogar.

La atención médica tampoco era la adecuada. La familia debía esperar horas para trasladarse a un centro asistencial u hospital. No importaba la emergencia. En una ocasión, la madre de Angélica tuvo que esperar desde la 1:30 pm hasta 5:00 pm para que la llevaran a un hospital. Ese día, la gravedad fue tal, que la señora quedó ingresada.

La familia también solicitó en varias ocasiones, atención psicológica, pero no la recibieron. La psicóloga que los visitaba unas cuanta veces al mes, respondió a su petición y les dijo que ella solo estaba designada para realizar talleres generales y no para dar terapias o consultas a las víctimas o testigos.

Ante las condiciones, Mario denunció en tres ocasiones, a través de escritos, la situación que vivía el resguardo.

«Me quedé con esas notas que mandamos. Cada denuncia llevaba unas 2 o 3 páginas detallando los abusos», recalca Mario.

Lo que terminó por agravar su situación fue que, dentro del espacio, no solo habían víctimas de desplazamiento forzado. La familia convivió con testigos criteriados que podían, todavía, tener vínculo con la pandilla que los perseguía.

Un testigo criteriado, es una persona que confiesa su participación en un delito y aporta pruebas testimoniales o documentales que ayudan a establecer responsabilidades de otros implicados, a cambio de una reducción de pena o el beneficio de libertad.

«La UTE lo que hace es revolver a la gente. Ahí, un corre peligro. Al principio, estuvimos en una casa sola; pero, luego, fueron llegando más. Metieron a un señor que era un criteriado. Lo supimos porque él mismo contaba las cosas», reitera Mario.

Julio Magaña, Coordinador Nacional de Litigio Estratégico de Cristosal, una organización que trabaja con las víctimas de desplazamiento forzada, asegura que el sistema está creado para proteger testigos y no víctimas. «Esto es un gran vacío en la ley. No pueden estar mezclados víctimas y testigos en un mismo resguardo».

LAS MEDIDAS CAUTELARES

Antes de acudir a la CIDH, la familia también agotó los recursos legales y presentó una demanda de amparo, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde señalaron una serie de omisiones atribuidas a instituciones del Estado para su protección y garantía de justicia.

El amparo fue admitido hasta que la CIDH dictó medidas cautelares, en noviembre de 2017. Tres meses después de que se presentó el recurso.

La CIDH, luego de conocer el caso de Angélica, en octubre de 2017, concluyó que ella y su familia enfrentaban una situación de urgencia y gravedad frente al asesinato de sus dos hijas, las amenazas de la pandilla, la falta de un espacio seguro y medidas efectivas de protección por parte del Estado.

«Los integrantes de la familia se encuentran una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo. El grupo familiar habría abandonado su residencia habitual, y buscando protección en diversos albergues para evitar un atentado en contra de sus vidas. Se solicita al Estado de El Salvador que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad del grupo familiar», detalla el comunicado de la CIDH sobre las medidas.

Sin un decreto legislativo, el Estado respondió a la medidas y acopló la LEPVT y el programa de Protección a Víctimas y Testigos, que está a cargo de la UTE, para proteger a Angélica y su familia.

A pesar de ello, en el informe de seguimiento que presentó el Estado salvadoreño a la CIDH, a solo un mes de aplicar las medidas cautelares, el gobierno solicitó a la Comisión levantar las medidas al asegurar que la «institucionalidad se encontraba operativa y que el Estado se mantenía supervisando a las instituciones responsables para cumplir las disposiciones».

Sin embargo, hasta la fecha, las medidas cautelares aún siguen activas de parte de la CIDH.

Norma Fernández, representante legal de víctimas de desplazamiento forzado de Cristosal, asegura que la lentitud en el estudio de la ley provoca que los desplazados internos sigan sin un respaldo para su protección.

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De historia en historia, aquella mañana, Angélica y Mario llegaron a la misma conclusión: los pandilleros siempre los busca y el Estado siempre les falla.

En ese año y medio, el gobierno nunca les dio una opción para su reubicación, tampoco les propuso otra sola solución, aparte del encierro, y no les dio garantía de justicia por el asesinato de sus familiares.

«Hasta esta fecha, junio de 2019, no hay justicia. Mis hijos no han podido estudiar y yo no he podido trabajar. Queremos retomar nuestras vidas por duro que sea, pero ya no puede ser acá. Aquí no tenemos ninguna garantía», concluyó Angélica.

En El Salvador, por el momento, el único mecanismo de protección al que pueden recurrir las víctimas de desplazamiento forzado es la LEPVT. No hay otro respaldo. El Estado sigue sin crear una política pública, a favor de los desplazados.

Recientemente, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa ha retomado el estudio de la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en condición de desplazamiento forzado, luego de que la Sala de lo Constitucional emitiera la sentencia 411- 2017 y ordenara al Estado reconocer el fenómeno y crear políticas a favor de las víctimas.

La discusión sobre la ley, sin embargo, es lenta. Los diputados llevan cuatro lunes, desde el mes de agosto, reescribiendo apartados de los primeros cinco artículos. Los parlamentarios aún deben revisar y aprobar 64 artículos.

En una de esas sesiones de la Comisión, los diputados discutían y concluían que para tener una propuesta de ley especial ‘pasaría un tiempo’ y no podían tomárselo a la ligera. Aunque ya ha pasado un año desde que la Sala emitió la sentencia.

Entre los diputados que conforman la Comisión están: Mario Tenorio, de Gana; Alejandrina Castro, Bonner Belloso y Ricardo Velásquez Parker, de Arena; Jorge Uriel Mazariego, del PDC; Eileen Romero y José Antonio Almendáriz, del PCN y Cristina Cornejo, del FMLN.

Norma Fernández, representante legal de víctimas de desplazamiento forzado de Cristosal, asegura que la lentitud en el estudio de la ley provoca que los desplazados internos sigan sin un respaldo para su protección.

«Es preocupante no tener una legislación especial que brinde los lineamientos y garantías para los desplazados internos. La vulneración que sufren las víctimas del fenómeno es más grande ya que no hay restitución de derechos fundamentales», expresa Fernández.

Por su parte, la Mesa de la Sociedad Civil contra el desplazamiento forzado a causa de la Violencia (MCDF), a 100 días del gobierno de Nayib Bukele, ha solicitado que el Presidente se pronuncie a favor de una ley para las víctimas del fenómeno y que tipifique el delito de desplazamiento forzado, de acuerdo con las normas y estándares internacionales.

De aquella mañana, ya han pasado dos meses. Angélica partió ese mismo día de El Salvador. Se marchó sin la esperanza de volver y migró porque el Estado no le supo responder.

La moribunda economía venezolana se toma un respiro

Venezuela. El FMI estima que la economía se ha reducido a su nivel más bajo en siete décadas y caerá otro 35 % este año.

Errol Irausquin ha encontrado un rentable nicho de negocio con su boyante restaurante Fat Panda, en la capital de Venezuela, pese al colapso económico que ha hecho que millones de personas abandonen su maltrecho país. Aprovechando el éxito que tenía vendiendo comida desde una camioneta, Irausquin llevó su menú de influencia asiática a un nuevo restaurante, donde ofrece emparedados picantes que gotean por los brazos de los clientes en un rincón acomodado de Caracas.

Pronto abrirá un segundo local, un atisbo de prosperidad en la pesadilla económica venezolana. “Parte de la población que decidió quedarse en el país”, comentó Irausquin. “Esa población necesita actividades. Esa población necesita salir, necesita socializar. Necesita estar al aire libre”.

El empresario no es un caso aislado. En aparente desafío a las apocalípticas predicciones de Washington sobre la inminente implosión económica, varios restaurantes y tiendas de moda llenas de productos de importación, desde Fruit Loops a iPhones, han brotado en Caracas en los últimos meses. Lo que impulsa ese resurgir es la decisión que tomó el pasado mayo el presidente, Nicolás Maduro, que pasó bastante desapercibida en su momento de suavizar los estrictos controles de la divisa introducidos 16 años antes. Eso permitió a los bancos comprar y vender dólares a cualquier cambio para facilitar que los empresarios operen en una moneda aceptada a escala internacional.

Al mismo tiempo, las autoridades socialistas están mirando a otro lado conforme el dólar sustituye a la moneda local, el bolívar, como una forma aceptada de pago incluso para pagar una porción de pizza. Algunos incluso señalan que ante el creciente aislamiento del país, los empresarios con buenos contactos, algunos de ellos sujetos a sanciones, están repatriando ganancias ilícitas obtenidas con contratos del Gobierno y por la venta ilegal de oro y drogas para financiar la construcción de nuevos edificios de oficinas y negocios.

El resultado es una dosis de adrenalina poco habitual para una economía que agonizaba. Por primera vez en años, la inflación que sigue entre las más altas del mundo ha perdido velocidad, los supermercados están surtidos y el instinto capitalista se está poniendo en marcha. Los economistas advierten que el inesperado rebote es muy limitado y es improbable que dure. Es probable que las amplias sanciones estadounidenses, endurecidas la semana pasada cuando el gobierno de Donald Trump amenazó con perseguir a empresas extranjeras que hicieran negocios con el Gobierno de Venezuela, agraven el declive económico iniciado hace años.

Sin embargo, para la menguante élite venezolana es un alivio tras años de pasear entre estantes vacíos en las tiendas y ver que sus restaurantes favoritos habían cerrado. En un sábado reciente había un ambiente de fiesta en una feria callejera, donde camionetas restaurante ofrecían comida junto a un pequeño parque, mientras el cielo se despejaba tras un chaparrón tropical. La música en vivo y las luces atrajeron a una multitud, dando la impresión de que la vida había vuelto a la normalidad. La división entre los pudientes y los pobres se torna más dramática conforme avanza la crisis, señaló Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanalisis, con sede en Caracas.

La principal línea divisoria es el acceso a dólares estadounidenses. Mientras que un adinerado quinto de la población disfruta de sus ahorros en bancos extranjeros y salarios de compañías extranjeras, cada vez más venezolanos dependen de los $4,000 millones en remesas enviadas por los 4 millones de compatriotas que han dejado el país en los últimos años.

El regreso de unas pocas comodidades tras años de escasez subraya la eficacia limitada de las sanciones para derrocar a Maduro, señaló León. Las protestas lideradas por Juan Guaidó, reconocido como mandatario legítimo del país por Estados Unidos y más de 50 países, se han ido diluyendo en la capital, aunque mantienen una alta participación en el interior, donde la situación económica es tan desesperante como siempre. “Vas a tener un país destruido y una burbuja que logra sobrevivir sin que el problema real termine por ser resuelto”, dijo León.

La inmensa mayoría de los venezolanos vive en una profunda pobreza sin ayuda del exterior. En torno al 80 % depende de comida subvencionada por el Gobierno y gana un salario mínimo en bolívares equivalente a $3.50 mensuales, que mengua cada día bajo una inflación que alcanzó el millón por ciento el año pasado, según el Fondo Monetario Internacional. El FMI estima que la economía se ha reducido a su nivel más bajo en siete décadas y caerá otro 35 % este año.

Los economistas advierten que el inesperado rebote es muy limitado y es improbable que dure. Es probable que las amplias sanciones estadounidenses, endurecidas la semana pasada cuando el gobierno de Donald Trump amenazó con perseguir a empresas extranjeras que hicieran negocios con el Gobierno de Venezuela, agraven el declive económico iniciado hace años.

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Todo esto en un país que estuvo entre los más prósperos de América Latina, productor de riqueza gracias a las reservas de crudo más grandes del mundo. Los detractores culpan a dos décadas de gobierno socialista por la caída en picada de la producción de petróleo en un país que se desmorona. Pese al sombrío panorama, hay empresarios que aprovechan la oportunidad de cubrir la demanda de consumidores acomodados. Una de las tiendas de importación más exclusivas de Caracas ofrece servicio de aparcacoches. Dentro, asistentes personales cargan las canastas de los clientes desde el momento que entran hasta que están listos para pagar.

Pueden elegir entre una amplia variedad de artículos, como cerveza con sabor a sandía y sal baja en sodio, todo con precios en dólares. Otras tiendas venden cigarrillos electrónicos, limpiador facial de Neutrogena y cápsulas de Caffe Verona de Keurig Starbucks, la clase de objetos que llevan mucho tiempo desaparecidos en Venezuela. No todo son costosos artículos de lujo; también se ofrecen productos básicos, antes abundantes, de los que Venezuela ya no produce suficiente –como harina y aceite de cocinar– de modo que incluso familias con bajos ingresos pueden en ocasiones ahorrar para comprar unas pocas cosas.

Entre los que aprovechan el repunte económico está Daisy Romero. Harta de ver un descenso en las ventas de su tienda de modo, convirtió hace poco su pequeño local en una tienda de alimentación que ofrece paquetes de bienes importados que envía su hijo en Estados Unidos. El negocio va bien, señaló, indicando que los clientes entran entusiasmados en su tienda. “¡Wow! Pero qué tantos cereales hay aquí. Tenía años que no los veía”, dijo, repitiendo una reacción habitual entre los clientes.

“¿Qué cuesta? Dame uno, dame el otro”. El médico Jorge Hoegl entró en una nueva tienda de importación, donde había golosinas como helado Haagen-Dazs, que fue habitual en las tiendas venezolanas antes de que la crisis empeorara en los últimos cinco años. Aunque estas tiendas venden algunos medicamentos sin receta, la mayoría de la gente con enfermedades crónicas como la diabetes sigue teniendo problemas para conseguir los fármacos. Hoegl no cree que estos nuevos negocios sean la respuesta a los problemas de Venezuela.

“De pronto ves los bodegones y podrías pensar que todo podría cambiar o mejorar la economía”, dijo. “Sin embargo, yo creo que este tipo de cosas no van a mejorar una situación. Es un problema progresivo crónico que probablemente lleve más tiempo normalizar acá”.

Economía. Los detractores culpan a dos décadas de gobierno socialista por la caída en picada de la producción de petróleo en un país que se desmorona.

Feminicidios: los crímenes que oculta el socialismo

Ilustraciones de CONNECTAS

La primera asesinada del año se llamaba Leydi Laura García Lugo y tenía 21 años. Pero es probable que no haya sido la primera. Tal vez por la conmoción que causó el hallazgo de su cadáver a un costado de la autopista nacional que conduce desde Santa Clara a Ranchuelo, y la inusitada confirmación del Ministerio del Interior, la suya sea la única cara visible del 2019, de varias mujeres que han muerto. Otras tantas fueron sepultadas por el silencio de la prensa oficial, que durante décadas ha tratado de fortalecer el postulado de que en Cuba no hay violencia de género y menos feminicidio. “Un efecto de la Revolución”, en palabras de la directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), Mariela Castro Espín. Hija de Raúl, sobrina de Fidel, quien habló para esta investigación realizada por Jorge Enrique Rodríguez para el Diario de Cuba y difundido por la plataforma periodística CONNECTAS.

Leydi Laura había hablado por teléfono con su madre la mañana del sábado 30 de marzo. Acababa de terminar la guardia en el Hospital ginecobstétrico Mariana Grajales del municipio de Santa Clara, provincia de Villa Clara, como parte del servicio rotativo que debía cumplir en su cuarto año de Medicina. Le había anunciado que llegaría antes del medio día. Se encontraba sola, en la carretera, haciendo “botella” o como se conoce popularmente en la isla a la acción de pedir un aventón al primer vehículo que aparezca. Nunca llegó. Esa misma tarde, la familia denunció la desaparición y empezó una búsqueda desesperada por redes sociales que terminó trágicamente tres días después.

Eran las 11:00 del martes cuando el cuerpo de la joven fue hallado en medio de un cañaveral. Llevaba pantalones azules, de los que usan los médicos, calzado deportivo de igual color y una blusa manga corta blanca. “Tenía hematomas en la cara y abdomen”, según recoge el medio alternativo Tremenda Nota, así como “claras señales de violencia extrema”. Tanto que las autoridades no permitieron que su familia la vea y fue sepultada esa misma tarde en el cementerio local de Ranchuelo. Aunque se declaró que murió por estrangulamiento, nunca se esclareció si fue abusada sexualmente, y, como prácticamente todos los crímenes contra mujeres en Cuba, a falta de información los vecinos comenzaron a especular sobre las causas. Venganza familiar o feminicidio, se ubicaron como las principales motivaciones.

Ilustración de Connectas

El feminicidio es un término identificado por la ONU como el asesinato de una mujer por razón de su género que “ocurre en el ámbito familiar o en el espacio público y puede ser perpetrada por particulares o ejecutada o tolerada por agentes del Estado”. Un término del que se habla en voz baja en la isla y no es reconocido por la legislación cubana ni autoridades policiales ni tribunales, explica la jurista Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal CUBALEX. “La negativa a reconocer el feminicidio, en parte es ideológica, para llamarlo de alguna forma. El proceso revolucionario supuestamente tuvo en cuenta la progresividad de los derechos de la mujer y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) reafirmó esa idea”, sostiene.

“La violencia de género, según el Estado cubano en sus informes presentados al Comité para la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) por sus siglas en inglés, es un problema intrafamiliar, sabes… ‘entre marido y mujer, nadie se debe meter’, así la mate a palo, a puñalada o a machetazo”, indica Laritza Diversent. “La relación social entre el hombre y la mujer es de sentido de pertenencia y subordinación, una mujer puede ser atacada por su pareja por simples rumores de infidelidad o porque no quiere regresar a la relación”, añade la jurista y recalca: “La violencia intrafamiliar no es parte del derecho a la intimidad”.

Mientras que en la mayoría de países de la región las legislaciones avanzan en la protección de la mujer con acciones como la tipificación del feminicidio, en Cuba la tendencia es contraria, afirma esta investigación del Diario de Cuba y difundida por CONNECTAS. Poco cuenta la considerable presencia de mujeres a nivel estatal y político, que según cifras oficiales representan el 46 por ciento de la fuerza laboral del sector público-civil y el 65 por ciento de profesionales y técnicos del país. Mientras que en las últimas elecciones del Poder Popular se eligió a un 40 por ciento de delegadas y a un 30 por ciento de presidentas de asambleas municipales.

“El Estado propicia la plena participación de la mujer en el desarrollo del país y la protege de cualquier tipo de violencia”, dicta el último inciso del artículo 45 de la nueva Constitución cubana, aprobada en referéndum el 26 de febrero pasado. Un precepto constitucional que ha levantado expectativas en la isla, en el debate sobre la violencia machista y el feminicidio que es un fenómeno tangible aunque no se lo llame por su nombre. Pero para la abogada Diversent, aquello es letra muerta si no trae como mínimo cambios al Código Penal y al Código de la Familia.

Tirado como si fuese un desecho, también fue encontrado el cuerpo de Yulismeidys Loyola Fernández cerca de Camino Jorobao, al oeste de la localidad de Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Tenía 16 años, era hija única y estaba por empezar el último año de bachillerato. La hallaron con los pantalones abajo y la blusa desgarrada. Transcurría la penúltima semana de agosto de 2018. La adolescente fue apuñalada salvajemente. Tenía una estocada en la pierna, dos en la espalda que le atravesaron los pulmones y estaba degollada. El culpable, según reveló la policía y reprodujeron los medios estatales, era uno de los jóvenes con los que había departido esa noche. El móvil, un intento de violación. Aunque familiares dudan de la versión oficial y piensan que el abuso sexual sí se perpetró.

En este caso también hubo alarma y desinformación entre los lugareños, hasta que las autoridades se pronunciaron al noveno día. Un hecho insólito en cuanto a asesinatos de mujeres en Cuba, que han sido sucedidos por un silencio ensordecedor durante los últimos años. Todos, a excepción de tres casos: el crimen de Leydi Laura, el de Yulismeidys y el de Leydi Maura Pacheco de 18 años, quien fue secuestrada, violada y asesinada a finales de septiembre de 2017 en la localidad de Junco Viejo, provincia de Cienfuegos.

Pero otros crímenes atroces como los de Daylin Navarro Causse, de 36 años, y su madre Tomasa, de 64, perpetrados también en Cienfuegos, en el municipio cabecera a mediados de mayo de 2017, no merecieron ninguna declaración oficial ni cobertura de los medios del Estado.

Ocultamiento de feminicidios, una política de Estado

Luis Mario, como se identifica este instructor de policía, asegura que acumula más de quince años de experiencia en procesos de investigación penal. Desde su apacible domicilio familiar de Ciego de Ávila dice sentirse más cómodo para hablar de un tema catalogado como confidencial. Confiesa que es la primera vez que accede a conversar con la prensa independiente. Acto seguido, advierte que esto podría costarle el cargo y acarrearle represalias.

Según el relato del policía, las investigaciones de crímenes de mujeres en Cuba nunca tienen un enfoque de género ni se realizan de forma cabal. “No existe un empeño real más allá de identificar al autor y establecer la existencia del delito y los elementos básicos que lleva un expediente penal”, sostiene y reconoce que existe una política de Estado que tiene a ocultar un fenómeno que ni al Ministerio del Interior ni al partido le interesa confrontar.

Esto lleva a que los procesos judiciales se sigan por homicidio, que según el Código Penal cubano contempla penas que van desde los siete a los quince años de privación de libertad. En lugar de que se sigan por asesinato, que se castiga con penas desde los quince a treinta años y amerita la incidencia de agravantes como la premeditación, el aumento del sufrimiento de la víctima, su imposibilidad de defenderse y su relación familiar o conyugal con el perpetrador. Agravantes que suelen ser comunes en los crímenes contra mujeres en la isla.

“Es válido señalar también que existe cierta impunidad que las leyes del país ofrecen a los hombres agresores de mujeres”, reflexiona Luis Mario. “Las condenas de cárcel no corresponden muchas veces con la naturaleza del delito, ya sea maltrato físico, mutilación o muerte. Por ejemplo, no existe ningún castigo contra los agresores que violan las órdenes de restricción o las actas de advertencia. En muchos casos de muertes de mujeres, su homicida incumplió las medidas impuestas por los Tribunales o cumple sentencias leves por lesiones o maltratos”, reconoce el instructor de policía.


*Este reportaje es realizado por Jorge Enrique Rodríguez para el Diario de Cuba y difundido gracias a un acuerdo de republicación de contenidos con CONNECTAS.

El arte de restaurar tejidos comunales

Clown. Jónathan Marroquín tiene como personaje a Filo; un nombre inspirado en la terminación del nombre de su mejor amigo, Quiófilo. Desde 2016 es facilitador de talleres de teatro en Quezaltepeque y cuenta con un grupo, Malak-tes Teatro.

El clown que nació en una fiesta navideña

La primera vez que Jónathan Marroquín se vistió de payaso fue cuando tenía 23 años. Lo hizo para una fiesta navideña en una comunidad de Quezaltepeque, porque su mejor amigo, Quiof, se lo había pedido. Era el 25 de diciembre de 2008.

Jónathan ya sabía que quería hacer teatro, pero no había encontrado el momento para hacerlo ni sabía cómo. Su infancia y juventud las había dedicado a vender pan, ropa y reparar celulares, buscando alguna forma de generar ingresos para su casa.

Dos tíos de Quiof lo maquillaron. Le pintaron los labios y se los delinearon. Le dibujaron las chapetas en las mejillas, una lengua en la cara y le hicieron cejas coquetas. Era la primera vez que dejaba de ser él para pasar a ser un personaje.

Su amigo lo había convencido de que lo acompañara, que le siguiera el juego, que se divirtieran. El show consistió en hacer varias dinámicas, en la mayoría Jónathan le llevaba la contraria a Quiof, y eso despertaba la risa de los 200 niños que asistieron.

Diez años después, Filo es el personaje clown encarnado en Jónathan, que merodea las calles principales de Quezaltepeque esta mañana de abril. Lleva una maleta roja y negra, cuadriculada, que contrasta con su camisa. La maleta tiene plasmada la palabra «Malak-tes».Filo es un payaso elegante: viste con medias rayadas, un chaleco, un pantalón y un sombrero gastado. Lo distingue su nariz y sus chapetas en las mejillas. Su nombre proviene de la terminación de Quiófilo, la forma en que Jónathan llamaba a su amigo.

De Quiof, Filo tiene mucho, dice, el dinamismo y la aventura. Y la camisa que él lleva puesta.

“Sin él creo que no hubiera conocido el payaso o tal vez lo hubiera conocido después, pero quizá no con esa esencia del lado humano que hoy reconozco en el personaje”, se sincera.

***

EL MAREO

A través de dos amigos, Jónathan llegó en 2010 al elenco de teatro de la Universidad Evangélica. Fue su primer acercamiento a la formación teatral. En cinco años con ese grupo, escribieron y montaron una obra que habla de la desesperanza de buscar a un desaparecido. Se llamaba «Después del mareo», y fue dirigida por el actor y profesor de teatro Mauricio González Nieto.

La obra fue un proceso de sanación. Quiof desapareció el 30 de julio de 2014. Jónathan lo buscó por todos lados, en el casco urbano de Quezaltepeque, en las quebradas, en zonas donde nadie se atreve a llegar así por así. Bajo el sol y la lluvia. Difundió la noticia por redes sociales, pero nunca lo encontró. Años después, confiesa que hay algo en él que le dice que estuvo a punto de hallarlo.

Cuando cuenta esto, Filo desvía la mirada, como pensando en la imagen de la lluvia cayendo una noche de agosto, cuando por primera vez salió a buscar a ese amigo que vino de Guatemala a vivir con su familia materna, cuando sus papás, una pareja de circenses, murieron. Ese amigo con el que compartió sueños y hasta una casa.

«Sin él creo que no hubiera conocido el payaso o tal vez lo hubiera conocido después, pero quizá no con esa esencia del lado humano que hoy reconozco en el personaje», se sincera.

MALAK-TES

Un año antes del montaje universitario, Jónathan intervino con un grupo de amigos varios espacios públicos en Quezaltepeque, el lugar de donde es originario. Se vistieron de clown y se apropiaron de la ciudad. El grupo se llamaba Malak-tes Clown, pero desapareció rápido. Sus integrantes se dedicaron a otras cosas, Jónathan fue terco y la propuesta volvió a surgir en 2016.

Tras abandonar el teatro universitario, comenzó a trabajar en un proyecto municipal que consiste en llevar teatro a centros escolares públicos y privados de Quezaltepeque. De esas clases nació un grupo independiente que se llama Malak-tes Teatro, conformada por 26 jóvenes que hacen clown y que constantemente realizan actividades artísticas en la ciudad.

El año pasado, parte de ese grupo, escribió y montó con Mauricio González Nieto la obra «En el cuello», que trata sobre las dificultades para superarse en El Salvador. Una temática que se acoplaba a la situación que vivían varios de los integrantes de la obra, que estaban por finalizar su bachillerato y no contaban con los recursos para seguir estudiando.

Tres de los jóvenes del elenco hoy estudian el Diplomado de Teatro en el Centro Nacional de Artes (CENAR); y uno, una carrera técnica. Todos viajan hasta San Salvador de lunes a viernes y sus gastos son patrocinados por personas que se han sumado a la iniciativa.

Uno de esos estudiantes, junto con Jónathan, también será parte del rodaje de una producción que realizará el cineasta Alfonso Quijada.

Desde el 27 de abril, Malak-tes Teatro también contará con su propio local, una casa ubicada en los alrededores del mercado de Quezaltepeque, que pretende llevar más arte a los hijos de vendedores.

Filo. Jónathan Marroquín es Filo, un clown que nació después de que en 2008 su mejor amigo lo invitara a que se vistiera de payaso para una fiesta de niños, en una comunidad de Quezaltepeque.

Malabares en Las Palmas

Lidy Serpas nació y creció en Las Palmas, una comunidad ubicada en la colonia San Benito, en San Salvador. Su vida artística había transcurrido afuera de este lugar: era parte de un colectivo de mujeres malabaristas y hacía malabares enfrente de la Universidad de El Salvador, donde inició estudios de Sociología.

Esto cambió un domingo de 2013, cuando una amiga la invitó a que asistiera a una reunión del colectivo VacilArte, una iniciativa que recién nacía y que es liderada por 11 jóvenes de la comunidad. Ahí conoció a vecinos, que como ella, estaban interesados en el arte y en enseñar a las personas de la comunidad lo que sabían hacer.

Lidy desconocía que dentro de Las Palmas había gente organizada con el fin de desarrollar proyectos, por eso decidió quedarse con ellos.

Las Palmas, pese a estar alrededor de espacios y actividades culturales, no contaba para entonces con intervenciones artísticas. Con el paso de los años, esta realidad ha cambiado. La Casa de la Cultura y la plaza Bambú, la plaza pública de la comunidad, se han vuelto puntos de reunión donde VacilArte organiza batucadas y diferentes talleres, que van desde malabares hasta serigrafía y reúne a niños, jóvenes y adultos, cuenta Lidy.

Artista. Lidy Serpas es una artista que nació y creció en la comunidad Las Palmas, en la colonia San Benito, en San Salvador. Desde 2013 pertenece al colectivo VacilArte.

Con la comunidad se han apropiado de los espacios que le pertenecen. Antes no era así, cuando el colectivo quería ensayar salían a hacerlo frente al CIFCO o en el patio de La Casa Tomada, ambos en la colonia San Benito. Una vez hablaron con la junta directiva de la comunidad y comenzó la toma de los espacios.

“No es lo mismo decir a ‘mí me gusta el arte’, viviendo en Las Palmas, que decir a ‘mí me gusta el arte viviendo aquí mismo’, al otro lado de Las Palmas”, dice Lidy, sentada en una banca de La Casa Tomada; una calle la divide de la comunidad de donde ella es originaria. A un lado tiene tres clavas con las que practica malabares.

Para Lidy, los habitantes de las comunidades creen que no tienen derecho a la cultura y al arte, porque internalizan lo que se habla alrededor de ella. Es testigo de lo que cuesta de apropiarse de los espacios artísticos. Por eso desde VacilArte han organizado otras actividades que consisten en realizar visitas guiadas con niños y jóvenes a los museos de la colonia San Benito, el Museo de Arte y el Museo Nacional de Antropología, donde han conocido sobre historia y arte.

La malabarista también se convirtió en el enlace entre La Casa Tomada y Las Palmas para un proyecto financiado por la Unión Europea, que tenía entre sus ejes llevar arte a la comunidad. Se llamó “Cultura para todos y todas”.

ROMPER LA BURBUJA
Lidy se considera una mujer privilegiada. Tiene 30 años, dos hijos y es la última de cinco hermanos. Su papá es un motorista y su mamá tiene una tienda en su casa, antes cocinaba en casas ajenas.

Sus padres tuvieron las posibilidades de pagarle el estudio en colegios privados, nunca le faltó nada. Cuando estaba en sexto grado inició estudios en el centro escolar de la comunidad, lo hizo porque ya no tenían con quién viajar al colegio y sus padres no confiaban que anduviera en bus. Sin embargo, ese momento fue para ella como romper la burbuja en la que había vivido y comenzó a conocer de cerca la realidad de Las Palmas.

“No es lo mismo decir a ‘mí me gusta el arte’, viviendo en Las Palmas, que decir a ‘mí me gusta el arte viviendo aquí mismo’, al otro lado de Las Palmas”, dice Lidy, sentada en una banca de La Casa Tomada.

Era una niña inquieta. Le interesaba el arte, pero no había nadie que la llevara al Centro Nacional de Artes (CENAR), uno de los pocos espacios formativos que conocía. Tenía un vecino que estudiaba pintura en esa institución y ella curioseaba sus trabajos. Se armó de paciencia para llegar a un proceso artístico formativo, se apaciguó cantando, bailando y dibujando.

En 2009 comenzó haciendo malabares. Recuerda que fue una idea de tres, un amigo, su pareja y ella. Se bautizaron como Los Malakalle. El amigo dejó de hacer malabares y solo quedó con su pareja. Con él hacían presentaciones frente a la UES. No era de todos los días, tampoco por varias horas. A veces era una hora antes de que entrara a clases.

“Tenés el público más difícil, porque es alguien que no te espera y que no te quiere ver. Entonces te lo tenés que ganar ensayando un buen número, haciendo buen show y mostrarle a la gente”, cuenta. Una de las formas que utilizaron para llamar la atención de ese público era hacer pases con los malabares, porque el espectáculo visual es lo que le gusta a la gente, dice.

Comenzó a estudiar Sociología en la UES, y junto con otras ocho mujeres malabaristas crearon el colectivo La Buruca Colectiva. Por la demanda de tiempo que le implicaban sus actividades artísticas, abandonó la carrera, pero quiere estudiar Antropología. Actualmente Lidy es la encargada del proyecto “Espacios”, ejecutado por la Alcaldía de San Salvador, que consiste intervenir diferentes comunidades con el arte.

Clavas. Las clavas es el tipo de malabar que Lidy, Malakalle, prefiere hacer. Dice que el público más difícil es el que está en los semáforos.

Pájaros en movimiento

Talleristas. Los talleristas en el polígono de la residencial Altavista son jóvenes originarios de la zona que buscan cambiar su realidad. La idea es crear una red nacional de teatro comunitario.

El susurro que, al moverse con el viento, provocan todos los árboles del Polideportivo de Altavista, en Tonacatepeque, apenas deja que la voz de Misael Arias sea audible. Camina en la acera, a un costado de una cancha de fútbol, sube unas gradas y llega a una cancha de básquetbol. En ese lugar lo espera su amigo de infancia, y de una de las entradas de la cancha aparecen dos jóvenes, cargan cuadros de pinturas; y uno de ellos lleva una bocina pequeña que conecta a “bluetooth” para cantar hip hop.

Misael se para a unos metros de una mesa donde han colocado las pinturas, la mayoría consisten en colaje que han hecho niños de la comunidad. A un costado hay una ceiba joven y atrás, un mural con grafitis. “Para mí siempre ha sido la educación uno de los factores más importantes de esta sociedad. Y uno de los factores de por qué esta sociedad está tan mal es porque ha sido muy maleducada”, dice.

En el lugar donde está cuenta que antes impartía talleres de formación política y nuevas masculinidades para jóvenes de Altavista. Por ahora, junto al grupo de amigos que lo espera sentado en otras de las mesas del polideportivo, atienden a un grupo de niños y jóvenes que provienen del Centro Escolar Altavista, la institución se observa al otro lado de la cancha de fútbol. Dan talleres de hip hop, danza, pintura y expresión corporal.

En el centro escolar, Misael llegó a impartir clases de artes marciales, un deporte que ha estudiado. Esto lo llevó a crear hace un mes un comité ecológico para apostarle a la educación ambiental. También le sirvió para convencer a las autoridades del centro escolar de que permitieran que por las tardes, a las 5:30, los niños asistieran a los talleres los días lunes, miércoles y jueves.

Misael cuenta que los talleres comenzaron el año pasado, en las vacaciones de fin de año para los estudiantes. Los talleres duraron dos meses y medio, y comenzaron con expresión corporal para que los niños decidieran si querían seguir aprendiendo cómo usar su cuerpo para crear arte, hacer hip hop o bailar, clases que hasta hoy imparten.

A estas iniciativas primero se le sumó Alexis Hernández, el joven que ya lo esperaba en la cancha de básquetbol cuando Misael recorría el polideportivo. Alexis es su compañero en la Compañía de Teatro del Instituto Nacional de la Juventud, y los dos forman parte del equipo de producción de “Cámara Negra”, el proyecto de la actriz Dinora Alfaro que ganó el Premio Ovación 2018 y que consiste en un canal de YouTube para hablar de teatro.

“Para mí siempre ha sido la educación uno de los factores más importantes de esta sociedad. Y uno de los factores de por qué esta sociedad está tan mal es porque ha sido muy maleducada”, dice Misael.

“Me gusta pintar, dibujar, pero yo nunca me especialicé en eso. Sí tenía ciertos conocimientos, he recibido ciertos talles acerca de tipo de dibujos y quise aprovecharlo dentro de la comunidad”, confiesa Alexis; y explica que entre las técnicas usadas por los niños para pintar está el colaje. Entre los trabajos que los jóvenes han llevado para mostrar, hay un colaje que tiene palabras de titulares de noticias pegados sobre imágenes de Michael Jackson, Shakira y la madre Teresa de Calcula. “Migrantes”, “Tijuana”, “Muere”, se lee.

OKUPA
Basados en el movimiento okupa, que consiste en intervenir lugares abandonados para ocuparlos, entre otras cosas, como espacios culturales, Misael y Alexis se apropiaron el año pasado de una casa que tenía ocho años de estar abandonada y que está aledaña al sitio donde a mediados de julio de 2016 ocurrió una masacre que dejó seis víctimas. La casa queda cerca de la escuela y se desplazaban hasta ahí con los niños para impartir los talleres.
Sin embargo, Misael cuenta que un joven intentó hacer partidario el proyecto. A esto se sumó que consideraron la zona peligrosa y desistieron de seguir utilizando ese lugar, por eso se movieron al polideportivo.

“Nosotros lo que estamos haciendo es aprovechando lo poco que nosotros sabemos e impartirle al prójimo. Lo que queremos es que la convivencia sea mutua y que vayamos creciendo poco a poco”, sostiene Gustavo Paniagua, el joven entró a la cancha de básquetbol con la grabadora. Él es estudiante de bachillerato y es el encargado de dar las clases de hip hop.

Artes marciales. El trabajo comunitario en Altavista lleva dos años. Inició cuando uno de los talleristas llegó al Centro Escolar Altavista a impartir clases de artes marciales.

Mientras que Marcos Guardado, el encargado de las clases de danza, dice que no tiene preferencia por un tipo de género musical en específico. Además de impartir talleres, Marcos se encarga de enseñar la coreografía para los 15 años que se celebran en la residencial Altavista, para este mes tenía cuatro encargos. Y toca el melófono en la banda del Centro Escolar Altavista.

“La misión es eso, alejar a los jóvenes a través de la danza, de violencia, de pandillas, cosas que no te van a llevar a nada bueno y el tiempo que ocupás para eso lo podés ocupar para danzar y expresarte”, dice alegre.
El grupo se llama Ulin Tutut, que en náhuat significa “pájaros en movimiento”. Misael espera que de este esfuerzo nazca una red nacional de teatro comunitario.


Pintar a la sombra del Chinchontepec

San Vicente. Miriam Muñoz y Julio De la O son parte de los creadores de la Fundación Casa de los Sueños, que busca llevar el arte a niños y jóvenes en la ciudad de San Vicente.

La idea nació de tres amigos que tenían gustos artísticos en común y que pretendían llevar talleres a los niños de San Vicente. Fue así que Miriam Muñoz, Mónica Valladares y Julio César De la O comenzaron a preguntar en la gobernación de esa ciudad cuáles eran los pasos para constituir una fundación. Y nació la Fundación Casa de los Sueños, que desde 2014 imparte talleres de lectura crítica, grabado, pintura y dibujo.

De momento se han enfocado en atender a 20 niños que viven en el barrio Concepción, un barrio donde 90 % de las familias son agricultoras y suben a cosechar al volcán Chinchontepec, dice Miriam. Ella es de es de ese barrio y cuenta que las familias suben al volcán a las 4 de la mañana para bajar antes de que anochezca.

En el barrio Concepción está la calle que lleva al volcán y el Centro Escolar Concepción de María. Desde esta escuela se observa el Chinchontepec. Es aquí donde todos los sábados, desde el año pasado, Miriam y Julio atienden a un grupo de 20 niños. Julio da talleres de lectura crítica y Miriam se encarga del taller de dibujo y pintura. Al proyecto le llaman “Coloreando nuestras almas”.

No es casualidad que los niños reflejen en sus creaciones a grafito la realidad en la que viven. Desde una computadora, en su taller de pintura, Miriam muestra las fotografías de dibujos donde se observa a un sol en medio de las dos elevaciones del volcán vicentino.

Material de trabajo

“No es solo irles a enseñar la técnica, sino darles algunos elementos para su desarrollo integral, y por eso es que a partir de este año incluimos el taller de lectura comprensiva”, cuenta Julio. Él es contador de profesión, pero durante un tiempo perteneció a un círculo literario que se desarrolla en la Casa de la Cultura de San Vicente y eso ha hecho que también tenga vocación para las letras.

Entre la semana trabaja en el área de Pagaduría en la Departamental de Educación de San Vicente y también da clases de contaduría en una universidad privada. Los sábados los dedica al taller. Para conocer sobre metodología y preparar las sesiones del taller, Julio asistió a un taller de educación popular y también retoma herramientas didácticas de UNICEF.

El objetivo es que también los niños conozcan de memoria histórica, señala Julio. Es por eso que otro de los ejercicios que hicieron es conocer sobre “el árbol de los lamentos” o “el árbol de los cerdos”, un árbol que está en el centro de San Vicente, contiguo a la iglesia El Santuario, y donde, según la historia, se comercializaban esclavos, aunque con el pasar del tiempo, dice Julio, se ha intentado decir que se comercializaban cerdos.

“No es solo irles a enseñar la técnica, sino darles algunos elementos para su desarrollo integral, y por eso es que a partir de este año incluimos el taller de lectura comprensiva”, cuenta Julio.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
“Algo que hablamos hace días es que en esa escuela, por la zona donde está, los niños son muy cohibidos”, cuenta Miriam. Sin embargo, también destaca que a medida han impartido el taller los niños comienzan a interactuar entre ellos, incluso, llevan comida para compartirla.

Es por ello que la fundación también piensa en un futuro contar con psicólogos, para que a través de los dibujos que los niños realicen puedan ir más allá e interpretar su comportamiento.

Mónica trabaja como pintora. Desde el año pasado alquila un local en San Vicente para dar clase privadas de pintura y trabajar en sus propias creaciones. Comenzó pintando por su cuenta y asistió a talleres en esa ciudad. Luego se inscribió por un año al Diplomado de Dibujo y Pintura en el Centro Nacional de Artes (CENAR), que duró dos años, y hoy estudia en un taller de grabado en esa institución.

El proyecto, dice, comenzó con talleres por cuatro meses de pintura, danza, artesanía y teatro en el Centro Escolar Victoriano Rodríguez, en el centro de San Vicente. Continuaron en el parque Antonio José Cañas, en coordinación con la Unidad de Turismo. Después pasaron a la escuela del barrio Concepción, cuyo taller estaba programado para un año, pero se extendió porque recibieron la donación de materiales de Bill Gentry, un estadounidense que pertenece a un proyecto artístico llamado Color of Cambodia.

El material les alcanza para un año más, y según Julio, Gentry también les ha propuesto que los trabajos más destacados de los niños sean subidos a una galería en línea, puedan venderse y de esa forma el niño y la fundación reciban ingresos.

La apuesta del proyecto es que se vuelva sostenible y que cuenten con un local, señala Julio, porque pretenden también involucrar más a los padres de familia. Hasta ahora, lo que hacen son reuniones con ellos para que conozcan el trabajo que realizan los niños y también confíen en lo que ellos les enseñan. Además, están recibiendo apoyo de otras personas de la ciudad, por ejemplo, se les ha acercado un grupo de trabajadores sociales recién graduados, quienes ya dieron un primer taller de violencia y cultura de paz.

Creaciones. Las creaciones que los niños que asisten al taller han realizado exponen elementos de su cotidianidad. La fundación busca que haya una atención psicológica.

De repente, Perla

Ilustración de Moris Aldana
Ilustración de Moris Aldana

Era época de zafra y por eso ardía el cañaveral. Desde aquí hasta las montañas se veía el fuego. De día flotaba la ceniza y se pegaba al pelo, al bigote, a las pestañas. Todos andábamos ennegrecidos. Al quinto día llovió. No llueve en diciembre, pero esa vez llovió tres días sin parar. Se empantanó la caña entre el lodo y la ceniza. Nadie trabajaba ya, nadie cortaba la caña. Eran días extraños. Fue entonces que nació Perla, la vaca que quería ser perro.

En mi primer dibujo de Perla la vaquita aparece de perfil. Atrás suyo todo está embarrado de ceniza; la sonrisa de Perla brilla blanca y nítida en la oscuridad. ¿Qué te parece?, le pregunté a mi hijo luego de hacerle los últimos retoques. Vio el dibujo y volteó a verme con esa cara que me recuerda a su madre: No se encariñe, dijo, es una vaca, papá. Con eso se fue a cortar la caña junto a los otros trabajadores, y yo me quedé delineando la cola con el carboncillo.

A Perla no la quiso su madre. Desde el primer día le negó la teta. Se acercaba Perla muy mansa y la madre la desalojaba con un movimiento de cadera. ¡Tas!, y la Perlita que salía despedida. Empezó a adelgazar. Yo me fijé desde el principio, la llevé con otras vacas que andaban con crías, vacas que tampoco la aceptaron. Fui a consultar con el patrón. Necesita un biberón, le dije, uno de esos biberones grandotes para darle leche tibia. Don Henrik me miró ladeado y con algo de sospecha, pero me confiaba ese patrón. A los dos días la estaba alimentando ya, dándole de mamar con un enorme biberón que chupaba a borbotones.

Rodrigo Fuentes – escritor guatemalteco

La tratamos de regresar con su resto, pero a Perla no se le daba el ganado, y al ganado no se le daba Perla. Tuvo compasión Don Henrik. Tráigamela al jardín de la hacienda, dijo, ahí la vamos criando, agregó, y fue ahí que Perla conoció a Derrepente, el perro mestizo que de repente había aparecido en la finca unos años atrás. Se hicieron cuates al instante. Pura química. Nada romántico, solo amigos. Cómo jugaban, cómo se revolcaban en ese jardín Perla y Derrepente.

Aprendió a pararse en dos patas después de tanto ver a Derrepente hacerlo. Calcado, si me pregunta a mí. Porque hasta el mismo bailecito hacía para quedarse parada, moviendo un piecito para delante y otro para atrás, uno para delante y otro para atrás. Raro ver eso, la ternera en dos patas y haciendo su equilibrio. Se la pasaban juntos todo el día, se reían juntos también. No me pregunte cómo, pero cuando me iba acercando al jardín los veía de lejos y juro que se mataban de la risa esos dos condenados.

Nuestra finca era de melón, pero todo alrededor eran extensiones de caña que pertenecían al ingenio. En esas tierras laboraba mi hijo junto a otros jornaleros. Trabajaban duro macheteando el día entero, animados con pastillas que repartía el capataz. Anfetaminas, eso les daba. Ya a la vuelta de la jornada venían con las pupilas enormes. En el dibujo Hijo, otra vez aparecen esos ojos, esas pupilas alocadas, aunque mi hijo no quedó contento con el retrato. Qué feo está, papá, mala le salió la gracia. Sostenía el papel a distancia, pellizcándole una orilla. Le dije que la culpa no era del dibujo: la culpa es mía y de tu madre, no culpés al arte. Soltó el dibujo, dejó que cayera al suelo y salió de mi ranchito sin decir palabra. Tanta pastilla le ha quitado el buen humor.

Los trabajadores del ingenio acostumbraban pasar frente a nuestra finca al final de la jornada, cuando iban de vuelta a sus champas. Así se fueron encariñando con la Perla, que se aparecía en el jardín para saludarlos. Hinchados de trabajo y de pastillas caminaban, y Perla que les movía la colita, les sonreía, se paraba en dos patas para despedirlos. Que baile, le pedían, que baile, gritaban los menos cansados, y Perla los premiaba con un pasito para delante y otro para atrás, uno para delante y otro para atrás.

Ni modo, Perla empezó a crecer. Se hizo grande en cosa de un año. Igual iba a la terraza del jardín a descansar, se echaba con las patas desparramadas, la trompa plana sobre el ladrillo, los ojos turnios del puro placer. Cómo le gustaba que le hicieran cariño detrás de la oreja, mugía quedito la Perla con esas atenciones. A la par de ella se tiraba Derrepente, iguales los dos. Seguían de cuates, pero cuando se revolcaban se veía que el perro andaba con más cuidado, amagaba ante el cuerpo de Perla. Ya poco se paraba en dos patas la vaca, muy grande estaba, pero aun así daba unos brinquitos de lo más agraciados.

El libro. “Trucha panza arriba” se puede obtener a un precio de $10. Los pedidos se coordinan por medio de la página de Facebook de la editorial Los Sin Pisto, al enviar un correo a [email protected] y también por WhatsApp al 7682-4079.

El mismo año en que Perla dejó de crecer llegaron las primeras máquinas cortadoras al ingenio. El trabajo de cien hombres lo hacían en mitad del tiempo. Cómo podaban esas desgraciadas, cómo destazaban la caña con sus aspas de acero. De un día para otro empezaron a echar a los trabajadores, pero el sindicato se plantó, y a finales de ese año se armó el relajo. Eligieron la época de zafra para dejar el machete y juntos se lanzaron a la huelga, juntos marcharon entre la caña.

Pasaron frente al jardín de la hacienda esa vez, los niños y los hombres bien alborotados, mi hijo entre la marcha y gritando con el resto. Fue ahí que Perla se lució. De un brinquito saltó el arriate para ir a meterse entre el gentío, mugiendo de lo más amigable y dejándose sobar por todo el mundo. Movía la colita, agachaba la cabeza y luego la levantaba con mugidos de pura alegría.

Quedó claro lo que ya todos presentíamos: Perla estaba con los trabajadores.

Los meses que siguieron estuvieron jodidos. La gente empezó a incendiar las máquinas cortadoras. La primera la agarraron en enero, una noche en que prendió fuego todo un bodegón del ingenio. Desde aquí se veían las llamas, se escuchaban las sirenas como si la misma caña se estuviera lamentando a gritos. Don Henrik estaba quedándose en la hacienda esa vez y salió a la terraza a ver qué pasaba. Ahí nos mantuvimos los dos muy quietos, parados en el resguardo de nuestra propia finca. Usted se me queda aquí, dijo, ni se le ocurra ir a meterse allá. No estaba yo tan viejo todavía, pero los bochinches eran cosa de otros tiempos. Ya mucho había dado yo al sindicato en la ciudad. Ahora le tocaba a mi hijo dar la lucha. Las llamas iluminaron la noche: entre la oscuridad noté la mirada brillante de Perla, sus ojos encandilados por el fuego.

Lo que vino luego era cosa de tiempo nomás. Los dueños del ingenio se trajeron a gente de oriente para patrullar el cañaveral. Malas personas eran esas. Yo con oriente no tengo riña, pero esos hombres llevaban la muerte en la jeta. Al poco tiempo empezaron a caer los sindicalistas. A dos de los principales los balearon, ahí mismo en sus ranchitos les fueron a meter plomo. A un tercero le mataron al hijo, un patojo que ya andaba metido en el asunto también. Y así parecía que el relajo tocaba fondo, porque esos golpes los dieron en cosa de unos cuantos días nada más.

Poco se mira en mis dibujos de esa época, como si el mismo carboncillo se hubiera encabronado con la hoja en blanco. Solo a Perla la tengo bien delineada o, más bien, la sonrisa y la energía de Perla, porque llamaba la atención la inquietud de la vaca, un ir y venir más de perro que de res.

Cuando apareció la Antorcha Justiciera para hacerle frente a tanto agravio, la gente ya estaba hablando de dejar la huelga y regresar al trabajo. Hacía falta la comida. Pero el rumor de la Antorcha corrió como el fuego en plena zafra: son veinte mugrientos, empezaron a decir, tal vez más, pero a pura antorcha se están cobrando una vida de afrentas.

Fantasmas, esa sensación daban. Porque los condenados corrían y corrían entre la caña, aparecían con sus antorchas y en un dos por tres se esfumaban, dejando fuego y desorden nomás. Salían los matones por un lado de la finca y la Antorcha aparecía del otro: robaron fertilizante, atrancaron las máquinas del ingenio, le prendieron fuego a las cortadoras. Buena plata perdió el ingenio esa temporada, entre tanta quema y tanto robo.

Yo supe quiénes eran por Derrepente. Ese perro tenía un par de amigos entre los cortadores de caña; supongo que así terminó enrolado en la Antorcha Justiciera él también. Leal era ese Derrepente: leal con el despelote, porque la travesura la llevaba en el alma. Era de color canela, pero en las mañanas empecé a encontrármelo negro, enlodado de cola a trompa. Solo los dientes blancos, la pura sonrisa me lanzaba el muy chistoso. Derrepente, le gritaba yo, pero antes de alcanzarlo ya se había metido entre la maleza.

Escuché su correteo una noche de luna llena. Ya le conocía los pasos al Derrepente, porque tenía una pata cuta y corría como a trompicones. Cuando salí a ver iba llegando con dos de los mugrientos, él a la cabeza: el muy canalla los había traído de vuelta a la hacienda del patrón. Me tomó un segundo darme cuenta de que uno de ellos era mijo. Directo al cobertizo donde guardábamos la leña se fueron a esconder, frente a la terraza del jardín.

Ilustraciones de Moris Aldana

Al llegar los matones ya todo era silencio; lo cierto es que la cosa no estaba para hacer presencia. Emputados venían esos hombres, con ganas de cobrarles las costillas a los malandrines. Y el patrón por ninguna parte, nadie para hacerles frente.

Derrepente más jodido, pensé. Mijo más jodido. Caña más jodida, pensé también.

Cuando salí de mi covacha los matones ya estaban cortando el alambre de la cerca, listos para entrar sus caballos a la finca. ¿Qué quieren?, salí diciendo, esto es propiedad privada. El primer matón ni se dignó a responder. De un tajazo cortó el alambre y mientras iban entrando alcanzó a decir: Si los encontramos por aquí usted también se fue feo.

Algunos le dieron la vuelta a la hacienda, pero el jefe de ellos se bajó del caballo y ahí se quedó muy quieto. Tomándose su tiempo. Y entonces se le tensó el cuerpo como un alambre de púas. Volteé a ver a donde miraba y por ahí venía Perla, de algún lugar del jardín había aparecido. Fresca y rápido avanzaba la vaca, directa hacia el hombre.

Era bonita esa bestia, no digo que no, pero bajo la luna llena refulgía como santa en pascuas. Tan blanca que brillaba. Y coqueta, amigable, con personalidad. Así era ella. Se acercó tanto y con tanta confianza que el jefe pareció desubicarse, tomó un paso para atrás. Si sus hombres no hubieran estado ahí, estoy seguro que hasta el arma desenfunda.

Pero Perla era una vaca, y ante una vaca no hay que acobardarse.

A un metro paró. Se acercaron un par de matones y la observaron. Perla lanzó un mugido al cielo y empezó a darles la vuelta la muy confianzuda. Uno de los hombres dijo algo, palabras duras, pero el resto siguió quieto, tan curiosos como yo. Porque Perla los miraba como mira una persona. No como mira una persona cualquiera: como mira una mujer, una mujer que se sabe vista por un hombre. De esas mujeres que le agarran a uno la mirada y se la cachetean de vuelta. Así miraba Perla.

¿Y aquí qué?, empezó a decir uno de los tipos.

Ni tiempo le dio de seguir. Perla dejó de caminar y lo miró de frente. Perla frente a ellos, Perla frente al mundo. Tomó un par de pasitos hacia atrás y con el mismo empuje echó todo el cuerpo hacia arriba: fácil se vio el asunto, serena la Perla poniéndose de pie. Ya en dos patas pareció equilibrarse, como asentando el peso sobre los tacones. Y entonces dio dos pasitos hacia el frente y los hombres se hicieron para atrás, abriéndole cancha. Cayó blando, Perla, como una sábana.

Vaya circo, dijo uno de ellos. Lo admito: sentí un calor en las tripas, algo sabroso que me subió por el cuerpo. Orgullo, algo así será lo que sentí.

Es su jardín, dije acercándome. El jefe me volteó a ver, volteó a ver a Perla otra vez. ¿Su jardín? Es que es especial, le dije, no le gusta que se meta gente a su jardín. El jefe escupió al suelo y le señaló a los hombres los sembradíos de melón, la hacienda, el cobertizo. Me revisan bien, dijo, y usted se me queda aquí, viejo, sea de quien sea este jardín.

Esa gente de oriente era dura, curtida. Conocían de ganado: estoy seguro que en su vida habían visto a una vaca levantarse así. Peinaron la zona y salieron del otro lado de la finca; mientras tanto, me dediqué a arreglar el alambrado de la cerca. Eché un vistazo pero mi hijo y el otro mugriento no estaban por ninguna parte. Seguro que entre tanto alboroto habían logrado salir. Ya que iba regresando a mi covacha me encontré al Derrepente a la par de Perla. Bien juntitos, como hablando estaban, y pensé en ir a darle una buena patada al perro. Pero algo me detuvo; demasiado a gusto se veían los dos, tan cuates ellos, moviendo sus colitas en círculos, como sincronizados.

El rumor me llegó al par de días: que con la Antorcha iban siempre un perro y una vaca endemoniada. El perro liderando, la otra a la retaguardia. Que se reían esos dos animales, que la pasaban a lo grande, que conocían esas tierras mejor que nadie. Carcajeándose todo el tiempo la vaca y el perro: dando brincos alrededor de las máquinas en llamas mientras se carcajeaban. Eso decía la gente.

Pues ni modo: los matones regresaron a los cuantos días por la noche.

Borrachos estaban los hombres, a mí me amarraron de un solo. Dónde está la jefa, decían, dónde está la jefa, gritaban riéndose. Pero risas agrias eran, risas maleadas. Las manos a la espalda y la trompa al suelo; así me embarraron en el lodo a la par de la hacienda. Poco pude ver, pero vi lo suficiente. El mero jefe se metió al jardín y Perla se acercó muy mansa, moviendo la colita, adormilada todavía. El hombre le rascó detrás de la oreja, le sobó el lomo, y ahí mismo dio la orden: Me la cogen, dijo, pero bien cogida. Escuché que la vaca mugía mientras le amarraban las patas. Entre tres la detuvieron, y uno de los hombres agarró un leño, del mismo cobertizo en el jardín fue a sacarlo. Me dolieron hasta el alma esos mugidos, alaridos eran, cómo me dolieron. Ya que se iban pasó uno de los tipos a darme un patadón. No se preocupe, me dijo, igualita va a quedar su yegua, nomás que ya no tan brincona.

Si no se desangró fue por milagro. Yo no sé qué sintió Perla –vaya uno a saber qué se sentirá algo así, qué sentirá un animal en un momento así–. Pero algo le mataron. Porque era coqueta, Perla, era orgullosa, y lo que hicieron fue aplastarle esa elegancia de un leñazo.

La huelga terminó a las cuantas semanas. Algunas mejoras lograron los trabajadores, una subidita al sueldo y poco más. Dejaron de traer nuevas máquinas cortadoras, que igual solo servían para terrenos planos. A veces la tierra no se aplana por mucho que le pasen el rodillo.

Nuestra finca se vino abajo al poco tiempo. Se cayó el precio del melón y Don Henrik tuvo que venderlo todo. A mí me habló, me dio las gracias, me apretó la mano con fuerza. Así es la vida, dijo. Ve pues, pensé, y yo sin enterarme hasta ahora. Al día siguiente juntó a los campesinos para agradecerles, y ahí dio el discurso de despedida. Lo escuchamos en silencio, yo y el resto de la gente. ¿Y Perla? preguntó una voz al fondo del gentío. El patrón vio para abajo, como apenado: Lo que queda del ganado tiene que irse al rastro, dijo. Hay deudas que saldar. Al fondo, en el jardín a la par de la hacienda, Perla movía su colita.

Terminé viniéndome a mi pueblo, a dos leguas nada más de donde estaba la finca. Aquí me he dedicado a mis dibujos, viera el tiempo que les meto ahora. Estoy trabajando unos retratos de Perla, aunque no me convencen todavía. Tantos intentos y siempre la pobre Perla atrapada en el dibujo, inmóvil parece. Así no era ella. En eso coincidimos con mi hijo. Hasta a la pobre Perla malogró con sus dibujos, me dijo viendo los bosquejos.

Me cuentan que Derrepente se mantuvo por ahí, yendo y viniendo entre los cañaverales, haciendo sus travesuras. De vez en cuando se aparecía por la hacienda, convertida ya entonces en un bodegón, y se echaba en la terraza del jardín. Ahí mero, en el mismo lugar donde Perla se tiraba, se echaba él con las patas desparramadas y la trompa sobre el ladrillo. Buscando compañía, me imagino, la compañía que se busca en el recuerdo. Vaya uno a saber si la encontró.

Yo digo que sí.

Ilustraciones de Moris Aldana

Niñas de pandillas enemigas se juntan en una canción

Talento

Andrea tiene 24 años, es bachiller, toca el violín, forma parte de un grupo de coreografías y quiere estudiar Diseño Gráfico. Pero quienes la ven entrar a este salón solo pueden notar algo en ella: en la mano tiene tatuajes que la relacionan con la pandilla Barrio 18.

Ella es parte de una docena de adolescentes que a las 2 de la tarde entra cargando violines, violas y cellos a este evento en la colonia Escalón. Las adolescentes, vestidas con jeans y camiseta blanca, han sido invitadas a tocar unas canciones. Las han traído en microbuses desde el Centro de Inserción Social Femenino, donde guardan prisión. A diferencia de ellas, los maestros que se graduarán de un curso de “Educación y democracia” han venido vestidos de gala al Instituto Nacional de Formación Docente.

Al grupo de muchachas lo acompaña la directora del centro junto a una orientadora y personal del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA). Ninguno muestra un arma visible, pero llevan, cruzada sobre el pecho, una pequeña bolsa, listos para cualquier eventualidad que perturbe la convivencia que se ha logrado entre las jóvenes.

Andrea es alta, tiene la piel y ojos claros. Cuando tenía 17 años llegó al centro por una condena de secuestro. No fue capturada sola, también su novio de la adolescencia fue enviado a prisión. Ella terminó hace dos años su educación media y se está formando en cuánto taller puede. A pesar de estar ocupada, los seis años y 10 meses que lleva presa no han pasado pronto. Este día ha salido, como el resto de sus compañeras, con el permiso de un juez a realizar una presentación de lo aprendido en sus clases de música.

El centro en el que ha pasado los últimos años se divide en dos sectores para mantener el orden y la paz entre muchachas con afinidad a la Mara Salvatrucha y al Barrio 18. Las rencillas entre las dos pandillas principales de El Salvador provocan homicidios a diario. Para un buen sector de la población, las pandillas marcan fronteras sociales y geográficas que no deben ser cruzadas.

En febrero de este año, un joven fue estrangulado por pandilleros en Ciudad Delgado porque vivía en un sector donde operaba otra pandilla. Y en junio, un joven zapatero fue asesinado en Panchimalco por el mismo motivo. Ese caso es uno de los 10 homicidios diarios que se promediaron hace un mes. El mensaje es claro. Dentro de las pandillas –y sus comunidades– es prohibido relacionarse con miembros de otras estructuras.

Las jóvenes colocan sus instrumentos detrás del escenario y entran a un salón para almorzar. La escena no es fraternal, pero llama la atención. Las internas toman asiento alrededor de la misma mesa y se reparten entre ellas la comida que les han brindado. Luego, almuerzan juntas.

El grupo parece una orquesta de colegio; solo el dispositivo de seguridad que se ha armado en el edificio demuestra que no lo es. Divididos entre las gradas del local, el parqueo y la entrada hay custodios de Centros Penales con la cara tapada y armas largas sobre el pecho dispuestos a evitar que las intérpretes de hoy escapen.

 

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¿QUIÉNES LLEGAN A ESTE CENTRO?
El proyecto de formación musical ha sido gestionado por la Asociación Tiempos Nuevos Teatro (TNT). La asociación ha tenido que sortear varios retos para que las clases que se brindan tengan fruto. Por ejemplo, “el ISNA no quería que las jóvenes tuvieran los instrumentos en los cuartos”, sostiene el encargado del programa artístico, Julio Monge.

Los maestros de música llegan al centro solo una vez a la semana. Y, como las jóvenes están en sus celdas “desde las 5 de la tarde a las 6 de la mañana”, practicar con el instrumento solo media hora no daba mayores resultados, continúa explicando Monge. Por eso, hace más de un año surgió una petición: Solicitaron al ISNA que dejara que cada interna que pertenece a la orquesta tuviera su instrumento entre sus objetos personales. La institución no estaba segura de que eso fuera una buena idea. El riesgo era que algunas partes del instrumento pudieran ser utilizadas para otro fin menos loable que la música.

“El ISNA no quería porque decía que las cuerdas se podía utilizar para armas”, asegura Monge. El programa lleva ya tres años realizándose con distintas aprendices de música. Este grupo específico de la orquesta de cuerdas lleva un semestre practicando, y ya pueden tocar el instrumento dentro de sus dormitorios en sus tiempos libres. Pero cuando una cuerda se rompe, en lugar de botarla en un cesto de basura, es necesario que esta se reporte y se entregue a las autoridades.

Este martes en la colonia Escalón, más y más invitados continúan llegando al evento. Las internas se empiezan a preparar para el concierto que brindarán. La directora del centro, Graciela Bonilla, sostiene que las niñas que están a unos metros de ella “jamás en la vida imaginaron cambiar las armas que utilizaban por un violín, por un cello, por una viola”.

“Les metemos la idea de que el centro no está dividido por pandillas, porque realmente no tengo yo niñas que sean brincadas, como ellas mismas dicen, sino que son niñas que han tenido cierta afinidad, ya sea por sus amigos, por su pareja o por su familia”, sostiene la directora. Sin embargo, las clases de la escuela, de arte y servicios religiosos, sí se hacen por sectores divididos.

“El perfil, en general, de las adolescentes que ingresan al centro es la extrema pobreza, la vulneración de sus derechos, abuso sexual, niñas regaladas, explotación, relaciones inadecuadas entre la familia, familias desintegradas. Generalmente son niñas que se han acompañado a los 13, 14 años y han salido de las casas de sus padres, ya sea por pobreza o porque andan metidas con su pareja en situaciones ilícitas”.

Si una muchacha llega por un delito común –sin vinculación a pandillas– se investiga qué pandilla controla el territorio donde ella vivía, y así se le asigna sector, explica un empleado jurídico del centro.
El ISNA cuenta con cuatro centros para la inserción social de menores que han violado la ley. Estos fueron pensados como un lugar donde se le brinde orientación a los jóvenes para redireccionar sus vidas. Pero no siempre funcionan así. El año pasado se conoció de al menos tres homicidios que ocurrieron en el penal de menores de Tonacatepeque, exclusivo para adolescentes y hombres jóvenes. La participación masculina en delitos es mayor. Por ello, tres centros de inserción social están destinados para niños y jóvenes y solo uno para menores infractoras.

La mayoría de las privadas de libertad se encuentra en esa situación por el delito de extorsión o por encontrarse vinculada a estos grupos delictivos. Pero además de haber sido condenadas en un proceso penal, de acuerdo con Graciela Bonilla, la mayoría comparte el mismo perfil socioeconómico:
“El perfil, en general, de las adolescentes que ingresan al centro es la extrema pobreza, la vulneración de sus derechos, abuso sexual, niñas regaladas, explotación, relaciones inadecuadas entre la familia, familias desintegradas. Generalmente son niñas que se han acompañado a los 13, 14 años y han salido de las casas de sus padres, ya sea por pobreza o porque andan metidas con su pareja en situaciones ilícitas”, asegura la directora.

La psicóloga del centro, Gabriela Blanco, sostiene que a través de su trabajo ha podido reconocer esos mismos patrones de vida. Además, “vienen aquí con baja escolaridad porque, aunque el Gobierno les dé para los uniformes, ellas son las que ayudan en sus casas. No son delincuentes, son señoritas a las que les hizo falta orientación”, sostiene la psicóloga.

Conforme la tarde avanza, la hora de interpretar las canciones se acerca. Al verlas, seguras como se muestran en público, es imposible sospechar que están nerviosas. Lucen concentradas. Algunas han encontrado en esto una nueva pasión. Al menos tres de ellas han expresado a sus maestros que sueñan con salir y convertirse en músicos profesionales para poder entrar a la Orquesta Sinfónica Nacional.

Con permiso de juez. Para salir del centro, las jóvenes solicitan un permiso a tribunales y, de acuerdo con su comportamiento como interna, se niega o aprueba el permiso de salida a presentaciones.

Sin embargo, para cuando ellas recuperan la libertad no hay programa gubernamental que se encargue de darle seguimiento a su aprendizaje. En las academias salvadoreñas las clases de violín personalizadas pueden costar hasta $50 cada una, según el prestigio del maestro. Y el reto no es solo conseguir el dinero para la clase, sino conseguir el instrumento. En las tiendas, un violín puede tener un costo desde $50 a $200.

Conociendo de primera mano las carencias de estas muchachas, TNT se ha propuesto darle seguimiento a las que se muestren interesadas en seguir estudiando música y una carrera profesional. Por ejemplo, se enorgullecen en decir que tienen becadas a tres jóvenes en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. La directora del centro de inserción confirma que son las organizaciones no estatales las que se están preocupando por la reinserción, una vez ellas quedan libres.

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EL PUNTO MUSICAL
La graduación de maestros avanza. Se leen decenas y decenas de nombres y los aplausos van perdiendo fuerza conforme la lista de graduados continúa. Son las 2:30 de la tarde y el aire acondicionado del lugar parece no dar abasto para toda la gente que se ha reunido acá en esta tarde de julio. Entre el calor y formalidad, las jóvenes toman asiento y se preparan para tocar su instrumento.

Julio Monge, el encargado del proyecto, se encuentra viendo a la orquesta. Se le ve emocionado. “La valoración no es tanto qué tan bien tocan, aunque hay algunas que sí sueñan con ser intérpretes, pero no es ese el objetivo. Son muchachas que llevan meses acercándose al instrumento y son jóvenes de todas las afinidades pandilleriles que tocan una sola música. Hombro con hombro. Eso queremos extrapolarlo a la sociedad salvadoreña”, dice Monge. Luego reconoce, a pesar del orgullo, que lo que han logrado acá es muy pequeño comparado con los problemas de El Salvador.

Antes de que la orquesta de cuerdas empiece a tocar, los maestros, ataviados con sus sacos y vestidos de gala, miran a las internas con distancia y de reojo. Andrea, la muchacha alta y de ojos claros, se sienta al centro de la orquesta. Pone el violín sobre su hombro y levanta la quijada con solemnidad. Pronto, la música comienza a sonar. Lee la partitura y ni el calor sofocante la desconcentra.

Disciplina. La idea es que a través de una práctica artística, las adolescentes se enfoquen en perfeccionarla y aprendan valores como la disciplina, perseverancia y respeto a jerarquías.

Después de meses practicando, la orquesta interpreta en público la primera pieza de la tarde: una canción infantil llamada “Estrellita”. Esta es la primera canción que, generalmente, se aprende en violín con el método Suzuki. El creador de este método sostuvo que el talento musical no se hereda, sino que se aprende y se desarrolla. En este contexto de reinserción social, una de las frases más famosas de Suzuki cobra un valor especial: “La enseñanza de música no es mi propósito principal. Deseo formar a buenos ciudadanos, seres humanos nobles”.

Luego, la orquesta interpreta el “Himno a la alegría”, la canción de la película “Titanic”, una pieza pop y, en quinto lugar, la canción “Imagine”, de John Lennon. Durante la intervención, una de las muchachas que tocan el violín se pone de pie y toca como solista. La orquesta la acompaña.
Ella es Patricia y tiene 20 años, es morena y muy delgada. No lleva maquillaje en la cara y es la única que no está vestida de blanco. Estuvo dos años y medio privada de libertad y condenada por extorsión. Actualmente ha vuelto a vivir con su familia. Dice que nunca fue pandillera, pero acepta que sí era cercana al grupo pandilleril dentro de su comunidad.

“Toda la vida fui marginada en la casa. Mi refugio fue afuera”, confiesa. Cuenta que cuando perdió la libertad, en un principio, no pudo extrañar su casa ni su familia, porque nunca sintió su protección antes: “Cuando eso no se tiene, a veces no importa estar en el centro”. Sigue practicando el violín en la oficina de TNT, en San Salvador, a pesar de ya haber salido del centro. Quiere ser música o psicóloga, por eso se encuentra estudiando segundo año de bachillerato y trabajando.

“Al final es una sensibilización mutua. A ellas estamos abriéndoles los ojos a la cultura, al arte. Y por otra parte también nosotros nos estamos quitando fantasmas de la cabeza”, dice Sonia Megías, una compositora española que acompaña este proyecto durante las temporadas que permanece en El Salvador.

La destreza musical de Patricia, comparada con la de sus compañeras de orquesta, es más avanzada. Y si minutos antes las personas dentro del público se mostraban distantes a la presencia de estas intérpretes, eso ya ha cambiado. Patricia termina de tocar y se escuchan gritos. “¡Bravo!” le dice un hombre en primera fila y su voz hace eco entre otros maestros que repiten lo mismo y se ponen de pie. El concierto aún no ha terminado, pero el aplauso que reciben es tan largo que da tiempo para que el resto de la orquesta se levante y también reciba la congratulación de un público que terminó de aceptarlas en el evento.

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LA VIDA EN EL CENTRO
A 13 kilómetros de este lugar, en el Centro de Inserción Social de Ilopango, está el resto de privadas de libertad bajo el cuidado del ISNA. Los lugares comunes del centro, como los salones de clase y talleres, lucen como cualquier otra escuela del interior del país. En uno de esos pequeños salones, con dos ventiladores y rejas en lugar de vidrios para las ventanas, está Fernanda y su bebé, que cumplirá un año dentro de una semana.

La joven ensaya una coreografía que presentará junto a sus otras 10 compañeras en septiembre. Ese espectáculo será la muestra final del curso de artes escénicas que imparte una vez a la semana TNT. Su hijo camina en una andadera entre las bailarinas de la última fila. La escena es, a veces, contradictoria: tierna y triste. Llegó al centro cuando era menor de edad y tenía el embarazo avanzado. Su bebé no ha conocido otra vida que no sea dentro de estas paredes.

La instructora de danza le permite salir del ensayo un rato para platicar en el patio. Debajo de un árbol y bajo la vigilancia del personal del centro, Fernanda apenas cuenta su historia. Dice que está condenada por extorsión, pero ella, a diferencia de otras compañeras del centro, asegura que no cometió el delito. Habla con timidez y frases cortas. No recibe visitas, su familia también está en prisión. Después de más de un año, no tiene idea de qué le espera para cuando recupere la libertad, “pero lo que sí sé es que voy a luchar. Y es que por mi hijo soy capaz de hacer hasta lo que no hice antes”, dice.

Después vuelve a la clase y ensaya una canción de rock and roll. Como parte de la coreografía, carga a una de sus compañeras. A los pocos segundos, la compañera se convierte en una especie de guitarra sobre la que Fernanda toca algunas cuerdas imaginarias. Las internas se ríen.

“Definitivamente ellas han tomado decisiones incorrectas”, dice Sheila Reyes, la instructora de danza dentro del centro. Llega una vez a la semana y divide su tarde y mañana entre los talleres del sector. A diferencia de la orquesta, en danza aún no han podido integrar a los dos grupos. La confianza y el contacto cuerpo a cuerpo son fundamentales para bailar y hacer cargadas.

Sheila es un huracán de energía. Llega al salón y hace el silencio entre la plática de las internas. Da indicaciones y le obedecen. La instructora afirma que la matrícula inicial a este taller fue de 35 personas, pero ese número se ha reducido. La idea es que, a través del baile, aprendan a seguir órdenes, a ser disciplinadas, a seguir un ritmo, a respetar el espacio y tiempo del otro.

“Toda la vida fui marginada en la casa. Mi refugio fue afuera”, confiesa Patricia. Luego cuenta que cuando perdió la libertad, en un principio, no pudo extrañar su casa ni su familia, porque nunca sintió su protección antes: “Cuando eso no se tiene, a veces no importa estar en el centro”.

Al inicio puede sonar descabellado que tantas cosas puedan aprenderse mientras memorizan coreografías, pero conforme el ensayo avanza, la instructora se pone seria y prueba su punto. Las jóvenes repiten canciones, llevan las cuentas y Sheila, como si se tratase de una inspección rigurosa, se acurruca, coloca los codos sobre sus propias rodillas y entrelaza las manos frente a su cara. Observa con detalle los pies de las internas. Así se da cuenta de quién duda sobre el siguiente paso que hay que dar y de quién va tarde en la cuenta. Sheila no es nada tímida al señalar qué están haciendo mal para que lo corrijan.

“Lo que uno trata de inculcarles es disciplina y perseverancia. Lo que se llevan es el respeto a una jerarquía”, indica Sheila. Después del mediodía inicia la clase con el sector 1 del centro. Aquí llevan más meses entrenando y tienen tanta energía como la instructora al bailar. Entre ellas está Andrea, la joven de 24 años que toca el violín.

Está en la primera fila de la coreografía. Baila las canciones sin equivocarse en ningún paso. Y, si en el concierto era la imagen de la elegancia y la solemnidad, aquí baila ritmos urbanos donde mueve la cadera sin parar.

“Lo que quisiera, pero quizá nunca va a pasar –dice Andrea durante un receso– es que la gente comprenda que andar en la calle tiene consecuencias y uno entiende hasta que ya está aquí. Y desde que uno cae, este es otro mundo”. Ella acepta que, de haber seguir por el camino que iba, no sería bachiller. Ahora quiere ser profesional. Pero se graduó hace dos años y, desde entonces, no ha podido continuar con su educación.

“A mí lo que me gusta, me encanta, me apasiona es la cosmetología y el Diseño Gráfico. Ya no puedo seguir estancada”, cuenta antes de regresar a la coreografía.

Por sectores. En el centro de inserción hay niñas y jóvenes con afinidad a diferentes pandillas, y la mayoría de las actividades se realizan por separado.

***

LA SALIDA ES ESTRECHA
Mientras el concierto en el edificio de la colonia Escalón sigue, cuatro custodios de Centros Penales vigilan la entrada del parqueo. A las 3:30 de la tarde, la orquesta termina su intervención y el público aplaude de nuevo. Luego, guardan sus instrumentos y hacen una fila para salir. Van custodiadas por personal del centro y bajan unas gradas hasta descender a una pequeña puerta que conecta con el parqueo. Ahí hay dos microbuses esperándolas.

La fila que desciende por las escaleras es lenta. Al llegar hasta la puerta se puede ver por qué. Es la vuelta a la realidad. Si hace 5 minutos recibieron felicitaciones, gritos y aplausos, hoy sus manos reciben esposas. El sonido del metal cerrándose en sus muñecas resuena en el cajón de cemento que es el parqueo. La salida de este día ha terminado oficialmente y suben en pareja a los microbuses. Adelante de los vehículos van dos custodios. Uno de ellos lleva el arma sobresaliendo por la ventana.

A unos 3 metros de distancia, Patricia, quien pasó más de dos años interna, observa el proceso: Uno tiene “la emoción de querer salir, pero que cuando llegás a la puerta del centro te pongan las esposas, es algo bien feo. Pero tratás de disimular”, dice con una sonrisa nerviosa.

Mientras este procedimiento ocurre, entra al edificio Carlos Canjura, el ministro de Educación. Su participación estaba prevista en la agenda del evento recién terminado, pero él dice que comunicó que no podría venir por una reunión en Casa Presidencial.

Ni él sabe quiénes son las jóvenes con esposas a unos metros; ni ellas, quién es el señor que ha llegado, en apariencia, tarde. Al ministro se le cuestiona sobre cuáles son las alternativas o programas de educación para las jóvenes privadas de libertad. Durante 2 minutos, él habla de las oportunidades que el ministerio tiene, como la educación a distancia, pero no menciona nada en específico para esta población.

Si, en efecto, las privadas de libertad deciden cambiar su vida con el estudio, no hay ningún proyecto ministerial específicamente diseñado para que ellas estudien, de acuerdo con el titular del MINED. Canjura asegura que se está pensando en la posibilidad de abrir aulas virtuales en los centros del ISNA para que haya más oportunidades de aprendizaje. Pero es solo eso, una idea. No hay nada ejecutado.

*Los nombres de las internas han sido cambiados a petición del ISNA.

Menores infractoras. Quienes se encuentran en el Centro de Inserción Social son menores de edad desde los 14 años. También hay jóvenes de hasta 24 años que ingresaron al centro cuando eran adolescentes.