El turismo gastronómico, un valor en alza para los turistas y la economía

Ingresos. Cada año los países reciben ingresos por el consumo de la gastronomía que hacen los turistas. Las comidas son variadas dentro de un mismo país.

Ropa vieja en La Habana, patatas bravas en Madrid, cebiche en Lima o bandeja paisa en Medellín. Cada vez viajamos más para conocer los platos típicos de nuestro destino, algo que mueve a los propios viajeros, pero también a las economías nacionales.

“La gastronomía fue una parte importante de los 9,000 millones de euros que dejó el turismo en Madrid el año pasado”, cuenta a Efe Luis Cueto, coordinador general del Ayuntamiento de Madrid, tras participar en el I Encuentro de Expertos sobre Turismo y Gastronomía en Iberoamérica, celebrado entre el 25 y 26 de abril en la Secretaría General Iberoamericana.

Para Cueto, la gastronomía de la ciudad es uno de sus mayores “sellos de identidad”, algo reflejado en las encuestas que el consistorio ha hecho a los turistas: “a la gente le apetece comer en Madrid, le llama la atención la oferta por su variedad, con todas las cocinas regionales y del mundo”.

El coordinador del ayuntamiento es consciente de la competencia que Madrid tiene frente a otras regiones españolas como el País Vasco (norte) que parten con la fama de la gran cocina.
“Lo que falta es hacer esfuerzo en contarlo, en empaquetarlo y hacerlo visible, porque otros por sus características lo han conseguido con inmensa brillantez y les tenemos envidia, como el País Vasco, pero Madrid tiene los mimbres para ser capaz de hacerlo, hay que contarlo, hay que tener la inteligencia para hacerlo”, opina.

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EL TURISMO Y LA GASTRONOMÍA, CADA VEZ MÁS IMPORTANTES PARA PAÍSES Y CIUDADES

“El turismo para Andorra es simplemente vital, tenemos 80,000 habitantes y 8 millones de turistas anuales”, cuenta a Efe el ministro de Economía, Competitividad e Innovación del principado, Gilbert Saboya.

Un turismo que significa el 25 % del Producto Interno Bruto del país aunque “impacta”, según el ministro, “hasta en el 40 %” de manera indirecta.
Con estas cifras en mente, Andorra está elaborando una base de datos de telecomunicaciones de sus turistas, es decir, qué visitaron, cuál fue su recorrido o dónde pasaron más tiempo, que luego compartirán con el sector turístico.

“Compartiremos estos datos para que un comercio sepa dónde ha estado antes o después un cliente y así crear una estrategia de atracción mejor”, explica.
Otro de los grandes ejemplos de la estrecha relación entre el turismo y la cultura local es San Sebastián (País Vasco), conocida por ser una de las grandes capitales gastronómicas del mundo.
Iñaki Gaztelumendi, profesor del Basque Culinary Center y experto en turismo gastronómico, tiene claro que la ciudad “no se entiende sin la cocina”, y asegura que el turismo viene jugando “un papel importantísimo en la zona desde el siglo XIX”.

Y aunque el turismo es clave en la ciudad, Gaztelumendi aclara que los donostiarras (nacidos en San Sebastián) son los grandes consumidores de la gran cocina local: “quien va a restaurantes con estrellas Michelín es el donostiarra, esto ha hecho que no podamos entender la gran presencia de restaurantes de alto nivel sin el consumo local”, apunta.

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DESCUBRIR UN PAÍS POR SU COMIDA

La forma de viajar ha cambiado en las última décadas, nos movemos de manera distinta, viajamos a destinos más lejanos y nos atraen aspectos de nuestro destino a los que antes no prestábamos tanta atención.
Gaztelumendi tiene claro que en las últimas dos décadas “ha habido un proceso de cambio, en el que la gastronomía ha ido ascendiendo entre los temas de importancia en la sociedad” y es que, a su juicio, “solo hay que ver el peso que tiene la gastronomía en las redes sociales”.

“Hace 20 años era un elemento que solo cohesionaba a un grupo de elegidos que viajaban por motivos gastronómicos y ahora se ha extendido al conjunto de la sociedad, para las generaciones más jóvenes se ha convertido en un elemento de socialización de primer nivel, y también de identidad”, analiza.
En esa misma línea, Lázaro Rodríguez, coordinador de Panamá como Ciudad Creativa de la UNESCO en Gastronomía, cuenta que su intención es que en Panamá “lo que venda sea su gastronomía”.

“Nadie se espera que en Panamá el desayuno típico sea chino, pero es así, queremos un concepto de gastronomía intercultural”, asevera.

Rodríguez cuenta que el proyecto que lidera identificó que el sector turístico en Panamá “estaba en crisis”, y aunque el Gobierno panameño cambiará en las próximas semanas (se celebran elecciones generales este 5 de mayo), todos los candidatos “han tenido presión del sector turístico”.

“Todos lo tienen en su discurso, para fomentar estrategias que consoliden al país como un destino y ojalá que sea como un destino gastronómico, que es en lo que estamos trabajando”, incide.

“Hace 20 años era un elemento que solo cohesionaba a un grupo de elegidos que viajaban por motivos gastronómicos y ahora se ha extendido al conjunto de la sociedad, para las generaciones más jóvenes se ha convertido en un elemento de socialización de primer nivel, y también de identidad”, Iñaki Gaztelumendi

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EL FUTURO DEL TURISMO: SOSTENIBLE PARA EL MEDIO AMBIENTE Y PARA LA POBLACIÓN LOCAL

Los beneficios del turismo son, probablemente, innumerables, pero también está trayendo graves problemas a las ciudades, desde un mayor nivel de contaminación por los modelos turísticos, a la masificación o la turistificación del centro de las urbes.

El panameño Rodríguez es consciente de estas situaciones y pide “políticas públicas con enfoque de responsabilidad social, de urbanismo y de regulación de la economía colaborativa (Airbnb es el gran ejemplo)”.

Una cuestión que también ha tenido que afrontar Madrid, donde el turismo masivo y la aparición de los alquileres turísticos ha provocado una subida en los precios de los alquileres de las viviendas que ha desplazado a muchos vecinos de sus barrios.

Según Cueto, el coordinador general del Ayuntamiento de Madrid, el consistorio ya ha dado un “paso al frente” limitando los alquileres turísticos con una normativa municipal que establece que a partir del día 90, la residencia alquilada a turistas “deja de ser una vivienda y se convierte en un negocio y ya tiene que tener unos requisitos de negocio”.

“En la zona centro, donde se ha detectado que en algunos barrios hay más población flotante que residente, se tiene que limitar de forma drástica la pérdida de residencia para que se convierta en un parque temático”, apunta.

Pero las consecuencias de la masificación también afectan al medio ambiente. Un claro ejemplo es la transición ecológica que tendrá que lleva a cabo Andorra donde todos los años “llegan cuatro millones de coches”, según cuenta su ministro de Economía.

Andorra ya está estudiando la conversión de su parque automovilístico a uno eléctrico: “Es un oportunidad y un reto porque las necesidades de producción y consumo eléctrico van a cambiar y hay toda una estrategia de transición energética asociada que tendremos que ir desarrollando para anticipar un movimiento que se va a producir tarde o temprano”.

Sostenible. El País Vasco tiene fama por la gran cocina. Madrid compite con esta y otras regiones europeas.

Niños migrantes retornados en México, sin apoyo educativo

Niños migrantes retornados en México, sin apoyo educativo.

Después de vivir 16 años en Estados Unidos, Karla, su esposo y sus hijos de 1, 11 y 14 años, los tres norteamericanos por nacimiento, tuvieron que mudarse a Hermosillo, Sonora, donde los niños tuvieron que ingresar a una escuela mexicana sin hablar cien por ciento español. Los menores no tuvieron apoyo para su transición educativa, dado que no existe un programa oficial que facilite su incorporación.

Un evento familiar, más la política migratoria de Donald Trump, los hizo volver a México: El suegro de Karla falleció y no pudieron acudir a despedirse de él porque ya no tenían papeles para volver de manera legal a Estados Unidos, lo que la deprimió ante la idea de que le sucediera algo con otros seres queridos y no pudieran acompañarlos. Finalmente, ella y su marido prefirieron regresar a Sonora, de donde son originarios.

“Nunca pudimos arreglar papeles, nos fuimos con la visa de turista y se nos venció a los diez años y ya no pudimos volver a México. Nos quedamos allá, con la esperanza de alguna vez poder legalizarnos por trabajo o por amnistía, pero no. Y luego, ahora que entró el nuevo presidente (Donald Trump), las cosas se pusieron peor”, cuenta Karla.
La pareja no encontró contratiempos para reintegrarse en México. Pronto encontraron trabajo y una ocupación. El problema lo vivieron sus hijos.

Victoria, de 14 años, y Roberto, de 11, dejaron la escuela y a sus amigos en Tulsa, Oklahoma, para ingresar en un colegio en Hermosillo, Sonora, a terminar la primaria y la secundaria, respectivamente.
En su nueva escuela, Victoria y Roberto han enfrentado el reto de estudiar, con dificultades para atender materias como español e historia de México.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda elaborado, en 2015, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México existen 550,492 personas de entre 0 y 17 años con nacionalidad estadounidense y 32,675 de otros países.

En 2010, 121,582 niños y jóvenes de entre 5 y 19 años nacidos en Estados Unidos y 402 de otros países se encontraban viviendo en México, según datos del Censo de Población y Vivienda elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En cinco años, el número de menores extranjeros en México aumentó un 478 %.
Aunque el número de niños y jóvenes que llegan a México desde Estados Unidos continúa en aumento, las autoridades mexicanas desconocen con certeza cuántos son y en qué escuelas están, pues el único registro oficial sobre extranjeros inscritos en el país es el número de beneficiarios del Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM), mecanismo que facilita la validación de los documentos oficiales estadounidenses para facilitar la inscripción de estudiantes.

El desconocimiento por parte de las autoridades federales sobre las dimensiones reales del problema queda evidenciado por sus propias estadísticas: en 2017, la Secretaría de Educación Pública federal (SEP) solo registró a 14,035 niños que contaban con experiencia educativa en Estados Unidos y fueron inscritos en escuelas mexicanas a través del PROBEM: 8,580 mexicanos, 1,955 “latinos” y 2,500 mexicanos que vivieron y estudiaron en años previos en el país del norte.

Sin embargo, estos no son el total de niños que vienen de otros países inscritos en escuelas mexicanas: tan solo en Baja California, el mismo año las autoridades estatales reportaron 53 mil 219 trámites de revalidación de documentos escolares a través del PROBEM.

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LAS DIFICULTADES
Roberto, quien pasó a sexto de primaria, dice que lo que más le ha dificultado el adaptarse a la escuela es que las maestras en Sonora “son muy estrictas”, pues en Estados Unidos él podía expresar cuando estaba en desacuerdo con algo de la clase o corregir al profesor sin que este se ofendiera, y en México eso es considerado una falta de respeto grave.

Tampoco ha logrado acostumbrarse a utilizar el uniforme, y extraña que en su escuela anterior podía ir vestido diario con bermudas y playeras.

Para Victoria, lo difícil ha sido integrarse a tercero de secundaria sin el nivel de aprendizaje en las materias de español e historia de México que tiene el resto de sus compañeros. “Todo lo que tiene que ver con México es muy trabajoso, porque nosotros solo teníamos información de Estados Unidos, o hay cosas que ya sabíamos, pero acá las enseñan diferente”, explica Victoria. Cuando no entiende, pregunta a sus amigas el significado de las palabras o expresiones que desconoce, porque los profesores “me tiran de a loca”.

A pesar de que uno de los principales problemas que enfrentan los alumnos extranjeros en escuelas mexicanas es el idioma, fue en agosto de 2017 que el presidente Enrique Peña giró la orden de “atender al 100 % de los jóvenes migrantes que regresan a México con desconocimiento del español”. Al 30 de junio de 2018 la SEP atendió solo a 12 jóvenes, según consta en el Sexto Informe de la SEP de la administración federal anterior.

Sin norma. Las adecuaciones que las instituciones hacen para recibir a niños que vienen de sistemas educativos distintos no están estandarizadas.

EN BUSCA DE LAS RAÍCES
A pesar de las dificultades, Victoria y Roberto no quieren volver a Estados Unidos, porque en México está su familia.
Su madre coincide con ellos, pues señala que a su regreso a Sonora sintió “como si nunca me hubiera ido, porque estoy con mi gente, en mi país, ya con tranquilidad, porque allá tenía la preocupación de que si salíamos nos podían quitar a nuestros hijos. Los que están batallando son los niños, porque nacieron allá. La escuela se les ha hecho muy difícil”.

De acuerdo con la doctora Gloria Ciria Valdez, coordinadora del Seminario Niñez Migrante del Colegio de Sonora, a pesar de que el número de menores en esta situación crece cada año, el gobierno no cuenta con registro de cuántos son, ni con apoyos que les permitan adaptarse a las escuelas a las que asisten.

Desde el seminario Niñez Migrante, académicos han estudiado por diez años el fenómeno de la migración en México, y desde hace cinco, investigan también el del retorno; sin embargo, Gloria Ciria Valdez reconoce que el gobierno y la academia han fallado para contabilizar y apoyar a las personas que se encuentran en esta situación.
“En los últimos cinco años, nosotros no terminábamos de investigar acerca de la migración en tránsito de niños, niñas y adolescentes, cuando nos llegó otra situación: el retorno, porque se observaba que estaba llegando, las escuelas comenzaron a crecer”, explica la especialista.

Hasta la fecha “como gobierno y como academia hemos fallado para contabilizar el retorno: no sabemos cuántos son, no sabemos dónde están, ni sabemos quiénes son, especialmente en la educación básica”.
“Nos dimos cuenta también de que no hay estrategias, no hay una política estatal ni regional de corte transversal que llegue a todas las áreas para atender al migrante y sus familias”, asevera.

La principal dificultad que enfrentan los niños migrantes en escuelas de México es que no hablan español. La imagen de los menores fue publicada y reproducida con autorización de sus padres.

En el último ciclo escolar, 14,961 niños migrantes de retorno se encuentran inscritos en escuelas de educación básica del estado, según datos del Sistema de Información, Control y Registro Escolar de Sonora (SICRES). 1,864 de estos menores viven en Hermosillo.

Sin embargo, dice la investigadora, “dudamos de estas estadísticas”, por lo que en compañía de otras académicas del Colson va escuela por escuela preguntando cuántos niños y niñas extranjeras o migrantes de retorno estudian en cada plantel.

“Nosotros dudamos de estas estadísticas porque el SICRES no es retroalimentado y se borra cada año. Además, porque en campo, por ejemplo, en la Secundaria Técnica Federal n.º 72 Profesor Joaquín Enríquez Flores, el Sistema de Información dice que tiene dos alumnos de ciudadanía estadounidense, pero yendo personalmente a esta escuela vimos que son 23 estudiantes migrantes”, señala.

De acuerdo con la académica, la razón por la que no se puede tener certeza acerca de cuántas personas se encuentran en situación de migración de retorno, o llegada a México a establecerse para vivir, es porque el único trámite del que el gobierno tiene registro es el de repatriación y deportación de mexicanos en Estados Unidos. No hay manera de contabilizar a aquellos que llegan al país de manera “voluntaria”.

Para Victoria, lo difícil ha sido integrarse a tercero de secundaria sin el nivel de aprendizaje en las materias de español e historia de México que tiene el resto de sus compañeros. “Todo lo que tiene que ver con México es muy trabajoso, porque nosotros solo teníamos información de Estados Unidos, o hay cosas que ya sabíamos, pero acá las enseñan diferente”, explica Victoria. Cuando no entiende, pregunta a sus amigas el significado de las palabras o expresiones que desconoce, porque los profesores “me tiran de a loca”.

Para apoyar a los niños y niñas migrantes de retorno, binacionales o extranjeros que estudian en las escuelas de Hermosillo, Sonora, en 2017 la doctora Ciria Valdez creó un programa de tutorías para regularizar a los menores.
Cada semana, algunos menores acuden a las instalaciones del Colegio de Sonora, donde académicas de la institución les dan orientación para que entiendan el significado de algunas expresiones del español que no conocen, y les dan regularización en historia y geografía de México, matemáticas y otros temas de su interés.
Sin embargo, son pocos los estudiantes que reciben, porque hallarlos no es sencillo.

Animal Político consultó a la SEP acerca de la disparidad en la información sobre el número de menores extranjeros y migrantes de retorno de Estados Unidos inscritos en escuelas mexicanas, y sobre las políticas públicas con que cuentan para atenderlos, sin que hasta el momento de la publicación haya tenido respuesta.
Victoria cuenta con alegría que la llaman “gringa” y que desde el principio consiguió adaptarse y hacer amigos en Sonora. Roberto dice que además de haber hecho muchas amistades, tiene apoyo de su maestra siempre que lo necesita.

Ella y su hermano coinciden en que la amabilidad de la gente en su comunidad y su familia los han hecho sentir muy cómodos. Karla, por su parte, se siente aliviada con el apoyo que sus hijos han encontrado en el Colegio de Sonora.
“Nos recibieron muy bien, hemos hecho muchos amigos, además estamos con la familia, gente a la que no conocíamos ni teníamos en Estados Unidos”, cuenta Victoria. Por eso, afirma, no quiere volver.

AUMENTA LA DESERCIÓN
Antes de llegar a Ahuatenco, estado de México, Alberto vivió 14 años en Estados Unidos. La imagen de los menores fue publicada y reproducida con autorización de sus padres.
La vida de Alberto cambió abruptamente el día que tuvo que huir de Estados Unidos, con sus padres, por amenazas de muerte en su contra. En una semana, tuvo que dejar la escuela en California y abandonar la vida que tuvo por 14 años para regresar a México, de donde él y su familia son originarios.

Al llegar a México, la principal dificultad para la familia fue que Alberto ingresara a la escuela. Como solo tuvieron una semana para salir de Estados Unidos, debido a que una pandilla los amenazó por haber denunciado ante las autoridades a uno de sus integrantes, no pudo realizar la validación de sus documentos oficiales, pues había estudiado el kínder, primaria y secundaria en California.

Aunque lleva seis años viviendo en Ahuatenco, una comunidad del estado de México, Alberto cuenta que continúa sin adaptarse a su vida en México, pues pasó de vivir en una ciudad “de primer mundo” a un pueblo que de acuerdo con el Censo de 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tenía 745 habitantes, y es considerado por la Secretaría de Desarrollo Social como un sitio en alta marginación.

Recién terminó la preparatoria, que tuvo que cursar en dos escuelas distintas. Para estudiar la secundaria también estuvo en dos planteles.
Su experiencia fue complicada desde el inicio, pues validar sus documentos de la escuela estadounidense donde estudió no fue sencillo. Para lograrlo tuvo que trasladarse con su madre en seis ocasiones de Ahuatenco a Toluca, capital mexiquense, donde se encuentran las oficinas de la Secretaría de Educación del estado, a dos horas de camino desde su casa.

Una vez inscrito en la escuela, el joven experimentó dificultades para entender las clases, pues él no hablaba bien español y sus profesores desconocían el idioma inglés.

 

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EXCLUIDOS E INVISIBLES
El doctor David Rocha, académico de la Universidad Autónoma de Baja California, explica que conforme los municipios a los que llegan las familias migrantes se alejan de las fronteras del norte y sur del país, su presencia se vuelve más invisible, no solo para las autoridades gubernamentales, sino también para las comunidades escolares, donde son excluidos e invisibilizados.

“En diferentes estudios que se han hecho recientemente hemos encontrado la presencia de los jóvenes que vienen con sus padres de Estados Unidos, deportados o que retornan de manera voluntaria, pero son invisibles para el sistema educativo mexicano, sobre todo fuera de la frontera”, señala.
Según cifras de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI , la mayoría de estos niños y adolescentes migrantes de retorno (19 %) vive actualmente en Baja California, 16 % en Chihuahua, 10 % en Tamaulipas, 8 % en Sonora y 7 % en el estado de Jalisco.

Otras de las principales entidades en donde se asientan los migrantes de retorno y extranjeros son Michoacán (6 %), Guanajuato (4 %), Coahuila (3 %), Zacatecas (7 %) y Nuevo León (2 %). En total, estos 10 estados concentran el 78 % de esta población.
Aunque la mayoría de ellos migran a México desde Estados Unidos, en las escuelas mexicanas también hay niños provenientes de Venezuela, Colombia, Guatemala, España, El Salvador, Honduras Cuba, Brasil, China, Canadá, Costa Rica, Macao, Perú, Italia, Corea y otros países.

De acuerdo con el académico, en la frontera los migrantes son más visibles porque la dinámica de intercambio entre ciudades fronterizas ha acostumbrado a las personas a compartir y convivir de manera constante con los “del otro lado”, pero en los estados del centro o sur del país no es tan común encontrar a estos niños, “entonces el sistema que no está acostumbrado a ellos los invisibiliza, porque es difícil incorporarlos”.

En soledad. Los niños son estadounidenses de padres mexicanos y llegan a un México que, aunque cercano por su familia, en realidad no les pertenece. El choque cultural es algo que deben resolver por su cuenta, porque no hay apoyo.

La falta de conocimiento sobre la existencia de estos menores resulta en que las escuelas y profesores no cuentan con capacitación para atenderlos de manera adecuada, detalla.

A las complicaciones para regularizar sus documentos y la dificultad de aprender español, se sumó la frustración que Alberto experimentó porque en la primera secundaria donde lo inscribieron, en Ahuatenco, su profesor de inglés le arrebataba sus cuadernos para usarlos como guía para calificar a sus compañeros, pero lo regañaba si llegaba a corregirle frente a otros alumnos algún error de escritura o pronunciación.

Debido a que Alberto no se encontraba cómodo en esa secundaria, sus padres lo cambiaron de escuela, esta vez en Cuentepec, Morelos, una comunidad ubicada a 10 kilómetros de su casa, de donde es originaria su madre.
Los meses que estudió en Cuentepec, donde terminó la secundaria, además de las dificultades para comunicarse en español, el joven se enfrentó a un nuevo reto: sus compañeros hablaban náhuatl, por lo que no podía entender en absoluto lo que decían.

“A veces me hablaban en náhuatl a propósito, para que no entendiera. El español también me costó un poco, porque había palabras que no podía pronunciar, pero me fui acostumbrando”, recuerda Alberto.
Para estudiar la preparatoria, sus padres lo inscribieron en un colegio particular donde intentaron estafarlos aumentando arbitrariamente el costo de las colegiaturas, con la idea de que no necesitaba una beca porque había llegado de Estados Unidos y tenía dinero. Luego de eso, decidieron cambiarlo a una escuela pública.

A pesar de las dificultades que experimentó en el aprendizaje y para relacionarse con sus compañeros, Alberto concluyó el bachillerato hace unos meses. Ahora espera poder entrar a estudiar la Licenciatura en Física, y mientras se dedica a cuidar a su hermano menor, de dos años, para que su madre pueda hacer trabajo doméstico en Cuernavaca y su padre se dedique a sembrar frutos, maíz y frijol.

Han pasado seis años desde su regreso a México, pero Alberto dice que no ha conseguido hacer amistades en la comunidad donde vive y ha perdido comunicación con sus compañeros de Estados Unidos. A diario, permanece aislado, con algunas excepciones, cuando acude al único café internet de Ahuatenco a pasar algunas horas navegando en la web. Generalmente pasa el tiempo dibujando.

Aunque la mayoría de ellos migran a México desde Estados Unidos, en las escuelas mexicanas también hay niños provenientes de Venezuela, Colombia, Guatemala, España, El Salvador, Honduras Cuba, Brasil, China, Canadá, Costa Rica, Macao, Perú, Italia, Corea y otros países.

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UN BONO DEMOGRÁFICO PERDIDO
Ariadna, quien nació en EUA y tuvo que venir a México con sus padres, abandonó la escuela porque no logró adaptarse.

Ariadna, una joven de nacionalidad estadounidense que actualmente radica en Jojutla, Morelos, llegó a México con su familia en 2013 porque su padre tenía una orden de deportación cuando vivían en Los Ángeles, California.
Ella y sus tres hermanas –todas de nacionalidad norteamericana– vinieron con sus padres para que la familia no se dividiera.

Desde el inicio, dice, no le gustó tener que venir a México, porque a sus 14 años estaba a punto de ingresar en la preparatoria en Estados Unidos, y al llegar a Morelos tuvo que volver a cursar tercero de secundaria sin tener conocimiento del idioma español y con dificultades para relacionarse con sus compañeros, “porque pensaban que como era extranjera era payasa y se burlaban de cómo hablaba”.

Otras dificultades que experimentó fue el pelear con sus maestros, quienes llegaban a mofarse de su falta de conocimiento sobre historia de México y matemáticas diciéndole que cómo no sabía algunos datos “si ya estás bien vieja, estás en secundaria”. Tampoco logró acostumbrarse a utilizar uniforme.

Cuando concluyó la secundaria, pudo inscribirse en una preparatoria del estado, pero ante las dificultades económicas que experimentó su familia, el estrés que le generaba atender las clases y el maltrato con sus compañeros abandonó sus estudios el primer semestre.

De acuerdo con la doctora Betsabé Román González, investigadora del Colegio de Sonora, algunos menores deciden abandonar la escuela ante la falta de empatía por parte de profesores y alumnos, a lo que se suma que no existen apoyos de bienvenida para los estudiantes que desconocen por completo el sistema educativo mexicano.
Esta falta de apoyo y empatía, señala la académica, provoca que los niños añoren regresar a Estados Unidos.
Sin embargo, explica la investigadora, “a su regreso a Estados Unidos ya han perdido las competencias adquiridas durante su vida previa en dicho país, porque pierden años en México y al final no cuentan con las capacidades para estudiar o trabajar en ninguno de los dos países”.

Eso fue lo que ocurrió con Ariadna: la falta de oportunidades laborales en México la llevó a volver a Estados Unidos, su país natal, para enviar dinero a sus padres. Sin embargo, allá tampoco tuvo éxito.
“Me decían que tenía tiempo fuera del país y que quizás no sabía manejar el idioma, que me iba a atorar… me ponían muchos peros y nada más no me daban el trabajo”, cuenta.

De padres en situación irregular. Los niños que retornan a México son estadounidenses por nacimiento. Pero, por lo general, sus padres han tenido un ingreso irregular o se han quedado con visas de turista más tiempo de lo permitido.

* Este reportaje fue realizado por Eréndira Aquino para Animal Político en el marco de la iniciativa para el periodismo de investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

Ana Betancourt, la feminista cubana que se adelantó un siglo a su época

Ana Betancourt
Ana Betancourt

¡Llegó el momento de libertar a la mujer!», fue el reclamo con el que hace 150 años la cubana Ana Betancourt se adelantó a su tiempo y a otros íconos feministas, cuando abogó por los derechos de su sexo ante el grupo de hombres que redactó la primera Constitución de la isla.

El asombro de los padres de la independencia cubana fue tal que, según historiadores, Carlos Manuel de Céspedes, el primer presidente de la República de Cuba en Armas contra España, aseguró entonces que «en Cuba el historiador del futuro tendría que decir que una mujer se adelantó un siglo a su época».

Sin embargo, poco se habla en los libros de texto sobre Betancourt (1833-1901), pese a su indudable relevancia en los orígenes del movimiento feminista cubano.

Ahora, 150 años después de la Constitución de Guáimaro, firmada el 10 de abril de 1869 en esa localidad de Camagüey (centro-este), el nombre de esta cubana vuelve a resonar entre los protagonistas de esos días históricos.

Su actitud, rara en una época en la que el rol de la mujer se reducía a ser madre y esposa, puede explicarse por el ambiente en el que nació: en el centro de una estrecha comunidad de familias criollas, ricas, cultas y muy influidas por el pensamiento revolucionario europeo de mitad del siglo XIX.

“Úneme a tu destino, empléame en algo, pues, como tú, deseo consagrarle mi vida a mi patria”, se despide Ana de su esposo, que marchó a unirse al ejército mambí. En su casona, Ana guarda armas, hospeda emisarios, escribe proclamas, recopila información y ayuda a las familias de los soldados, hasta que se reúne con su marido para evitar la prisión.

Ana María de la Soledad Betancourt Agramonte creció emparentada con patriotas por sus dos ramas familiares. Uno de sus parientes, Ignacio Agramonte, es uno de los próceres independentistas cubanos más relevantes.

Dentro de la alta sociedad de la villa de Santa María del Puerto del Príncipe, capital de la rica provincia ganadera del Camagüey, Ana llegó a ser admirada por sus «ojos negros y expresivos», su «fuerte espíritu» y «voz inalterable, de timbre dulce y severo».

«Es Anita una de las mujeres más elegantes y cultas», escribió de ella otro de sus familiares ilustres, Salvador Cisneros Betancourt, primer líder de la Cámara de Representantes insurrecta y dos veces presidente de la República de Cuba en Armas.

Con 21 años se emparentó por matrimonio con otra familia de independentistas. Su esposo, el abogado Ignacio Mora de la Pera, se convirtió –según la propia Ana– en el «maestro y mejor amigo» que la inspiró a estudiar inglés, francés, historia y le recomendó libros que pocas esposas leían entonces.

Hija, prima y mujer de «sediciosos», su hogar se volvió centro de conspiración tras la entrada, en noviembre de 1868, del Camagüey en la Guerra de los Diez Años (1868-1878).

«Úneme a tu destino, empléame en algo, pues, como tú, deseo consagrarle mi vida a mi patria», se despide Ana de su esposo, que marchó a unirse al ejército mambí. En su casona, Ana guarda armas, hospeda emisarios, escribe proclamas, recopila información y ayuda a las familias de los soldados, hasta que se reúne con su marido para evitar la prisión.

La vida del matrimonio, acostumbrado a las comodidades, cambia radicalmente. Van de un campamento a otro hasta que llegan a Guáimaro en abril de 1869, poco antes de la histórica asamblea constituyente que redacta la primera Carta Magna cubana.

Los registros sobre la participación de Ana Betancourt y su alegato en defensa de la mujer se contradicen.

Algunos historiadores afirman que presentó una petición por escrito, animada por su esposo, en favor de la igualdad de derechos para las mujeres cuando quedara establecida la república, mientras que otros aseguran que ella misma se dirigió a los asambleístas.

En una carta, la propia Ana describió cómo, el 14 de abril de 1869, se dirigió a los insurrectos.

«Por la noche hablé en un mitin. Pocas palabras que se perdieron en el atronador ruido de los aplausos, creo que fueron poco más o menos las siguientes. Ciudadanos: la mujer en el rincón oscuro y tranquilo del hogar esperaba paciente y resignada esta hora hermosa, en que una revolución nueva rompe su yugo y le desata las alas», recordó.

Betancourt prosiguió. «Ciudadanos: aquí todo era esclavo; la cuna, el color, el sexo. Vosotros queréis destruir la esclavitud de la cuna peleando hasta morir. Habéis destruido la esclavitud del color emancipando al siervo. Llegó el momento de libertar a la mujer».

Sin embargo, pasarían todavía más de cien años para que por primera vez una Constitución cubana (1976) prohibiera la discriminación por motivos de sexo y garantizara la igualdad salarial y de oportunidades entre hombres y mujeres.

La vida extraordinaria de Ana Betancourt no termina en Guáimaro, el único registro sobre ella en los libros de texto de historia de Cuba.

Fue capturada por las fuerzas españolas en 1871 tras asegurar el escape de su esposo, ya con grados de coronel, y fue sometida a un simulacro de fusilamiento y al cautiverio por tres meses atada a una ceiba como carnada para capturar a su marido.

Enferma de reumatismo y tifus escapa y se embarca hacia el exilio, adonde le llegan en 1875 noticias del fusilamiento de Ignacio Mora, al que no volvió a ver.

Después de un largo peregrinaje por México, Estados Unidos y Jamaica, llega a España en 1889. En junio de ese año empieza a copiar el diario de su esposo, botín de guerra del general de brigada español Juan Ampudia.

A los 68 años muere en Madrid, el 7 de febrero de 1901. Sus restos fueron repatriados a Cuba en 1968, en el centenario de la Guerra de los Diez Años.

En lugar de ser enterrada en su natal Camagüey, Ana Betancourt reposa hoy en Guáimaro, en el lugar donde entró a la historia.

Desde 1982 su memoria se preserva en un mausoleo en la plaza de la pequeña ciudad, donde se ha vuelto tradición que las parejas de recién casados depositen su ramo de bodas en recuerdo a la épica historia de amor y al legado del ícono feminista cubano.

Gaza ahogada

Fotografía EFE

Mohamed Riyaleh es pescador pero hace 43 días que no come pescado. Cada amanecer desciende la cuesta hacia el puerto de Gaza, revisa y arregla sus barcas desconchadas y, cuando puede costear el combustible, se echa al mar. Pero sin superar el límite que impone Israel en el Mediterráneo, donde apenas captura para sobrevivir.
No siempre fue así. Antes del bloqueo marítimo, navegaba sin veto. Cuando los Riyaleh eran una familia acomodada, como eran los pescadores en Gaza. Hoy, son los pobres. La prosperidad de Gaza es solo un recuerdo. El presente es incierto y el futuro alarmante. Si no revierte su situación, el próximo año será inhabitable, advierte la ONU.

El pesquero es uno de los sectores más castigados por un bloqueo israelí que limita los recursos y aprisiona a su gente desde hace más de una década. También es un reflejo de la decadencia de dos millones de habitantes atrapados en 367 kilómetros cuadrados, donde las nuevas generaciones viven peor que sus padres y abuelos.
Halima, la madre de Mohamed, lo corrobora. Cuando eran “felices” se levantaba temprano y bajaba con sus hijos al puerto, donde limpiaba el pescado que capturaba su marido para venderlo en el mercado, rememora desde la modesta casa familiar que ocupa en un edificio de cemento visto en el campo de refugiados Shaati (playa).

En su interior, parte de los 54 miembros de la familia, la mayoría menores descalzos, remienda redes y manipula aparejos; todos ayudan para que los 15 pescadores con licencia puedan salir a faenar, aunque vuelvan con los cestos vacíos.

Los padres de Halima eran trabajadores del campo. Cultivaban sus tierras en Hamama, una villa árabe a 20 kilómetros de Gaza y uno de los 500 pueblos que quedaron completa o parcialmente destruidos por la guerra que originó la proclamación del Estado de Israel en 1948 y la oposición de los países árabes.

“En el año 2000, el número de beneficiarios que recibían cupones de alimentos era de 80,000. Ahora llega al millón de personas”, cuenta el portavoz de la UNRWA en Gaza, Adnan Abu Hasna. Es el dato del deterioro. Hasta el 90 % de los palestinos de la Franja depende de algún tipo de asistencia humanitaria, como sanitaria o educativa.

Los Riyaleh fueron una de las miles de familias que se refugiaron junto a la costa y retomaron su vida con ayuda de la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos en Oriente Medio, que se creó para auxiliar a las 700,000 personas que perdieron sus hogares.

“En el año 2000, el número de beneficiarios que recibían cupones de alimentos era de 80,000. Ahora llega al millón de personas”, cuenta el portavoz de la UNRWA en Gaza, Adnan Abu Hasna. Es el dato del deterioro. Hasta el 90 % de los palestinos de la Franja depende de algún tipo de asistencia humanitaria, como sanitaria o educativa.
Como gazatí, Abu Hasna no solo tiene datos sino también vivencias de un pasado mejor, como el haber encontrado trabajo en la Franja al día siguiente de licenciarse en Ingeniería en Egipto. Hoy sus hijas han emigrado a España y Bélgica.

Los refugiados y sus descendientes representan actualmente un millón y medio del total de la población de Gaza, familias que comenzaron de cero hace 70 años y hoy “viven por debajo de él”, lamenta Mahdi, uno de los hermanos de Mohamed.

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EL CONTROL DE LAS AGUAS

Mohamed no atina a contar las veces que Israel ha cambiado la invisible “frontera marítima”. La última este mes de marzo en represalia por el lanzamiento de un cohete por milicianos, que cayó sobre una vivienda israelí. Lo redujo hasta las 3 millas, donde este hombre de mar asegura que no hay pieza que entre en la red. Dependiendo de la situación, Israel lo amplía a nueve –pero solo en algunos tramos–, una distancia a la que pocos se acercan por miedo a la reacción de la Marina israelí.

Un día, desesperado por volver siempre de vacío, desafió el límite: “Me atraparon desde el norte, el sur y el este. Dispararon al bote, me hirieron y nos humillaron. Fue muy difícil escapar. Ahora no hay nada realmente agradable en la pesca”.

Israel apela a la seguridad para limitar un área de pesca que cerca con barcos de guerra: 2 kilómetros al norte, en lo que sería la extensión marina de la frontera terrestre con la ciudad israelí de Ashkelón, y otros 2 kilómetros al sur del mar, siguiendo el límite con Egipto, lo que deja 36 kilómetros de costa navegables para los gazatíes. Pero acotada mar adentro.

“Durante muchos años, el ejército ha operado contra los incidentes de seguridad en la zona marítima junto a Gaza, incluidos los intentos de entrar en territorio israelí y el cruce y contrabando desde aguas egipcias”, explica a Efe el ejército en un declaración escrita tras declinar responder mediante entrevista. “Estas disposiciones existen con el fin de prevenir infiltraciones y actividades terroristas”, precisa en el texto un portavoz apelando a unas normas que están clasificadas.

Mohamed no lo entiende. Le parece incomprensible una frontera en altamar, donde está el pescado, y además de los disparos disuasorios –uno de los cuales mató a su tío–, teme la confiscación de sus embarcaciones, su modo de vida. Una de ellas está varada en tierra porque le fue devuelta 25 meses después con impactos de bala y sin motor. Otra permanece aún en territorio israelí. “Si un barco viola las disposiciones de seguridad en ciertas circunstancias, puede ser susceptible de ser incautado”, alega el ejército.

“Solo el año pasado, cuatro pescadores murieron y 30 resultaron heridos. Además, 70 fueron arrestados, se confiscaron 20 embarcaciones y se registraron grandes pérdidas en el sector; aproximadamente seis millones por año”, ilustra Zakaria Bakr, miembro del comité de pescadores de la Federación de Sindicatos de Trabajo Agrícola, quien denuncia que más del 95 % de los ataques israelíes se ha producido entre las 2 y las 3 millas.

Israel no solo impone el bloqueo en el mar, sino que restringe la entrada de materiales de pesca, repuestos, motores y fibra de vidrio, “lo suficiente para decir que desde 2012 no se fabrica ningún barco nuevo”. Controla también la frontera terrestre y limita la importación de artículos, como el cemento, o prohíbe los denominados de doble uso, como fertilizantes con concentración de cloruro de potasio superior a 5 %, que considera podrían ser utilizados para “fines terroristas”.

Gaza tampoco controla su cielo, que frecuentan drones y cazas israelíes. El único aeropuerto de la franja operó apenas dos años entre 1998 y 2000 y hoy no pueden hacer uso espacio aéreo.

Economía devastada. Según Mohamed Riyaleh, el ingreso medio mensual de los pescadores de Gaza era equivalente a 366 euros, hoy es menor a 95 euros.

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CASTIGO COLECTIVO

La Franja estuvo administrada por Egipto entre el armisticio de la guerra árabe-israelí de 1949 y la Guerra de los Seis Días de 1967, cuando Israel se hizo con el Sinaí, Gaza, Cisjordania, Jerusalén este y los Altos del Golán sirios.
Del Sinaí se retiró tras los Acuerdos de paz con El Cairo en 1979 y de Gaza en 2005. Pero siguen rodeados. El cerrajón de Gaza, un “castigo colectivo” según Naciones Unidas, llegó en 2007, tras una violenta lucha de cinco días entre los simpatizantes del movimiento islamista Hamás y los del presidente palestino, Mahmud Abás, que terminó con la expulsión de estos últimos del enclave el 14 de junio.

Hamás, considerado como grupo terrorista por varios países (incluido Israel, EUA y la UE), se presentó a las elecciones de 2006 y se hizo con la mayoría de escaños del Consejo Legislativo Palestino. Ante la amenaza internacional de sanciones, el movimiento islamista aceptó un gobierno de unidad con Abás, presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Tras el enfrentamiento a tiros entre ambas partes en plena calle, la ANP perdió el control de Gaza, que desde entonces gobierna de facto y con mano dura Hamás. Fue inmediatamente después de la escaramuza cuando Israel redujo sus ventas de combustible a la Franja, prohibió toda exportación, permitió la importación de tan solo cinco tipos de alimentos y limitó el área de pesca. Comenzó el bloqueo.

La Franja ha vivido una historia singular dentro del devenir palestino. Fue en su campo de refugiados de Yabalia donde se inició la Primera Intifada (1987-1991), que se extendió por toda Cisjordania, a 115 kilómetros y a la que hoy los gazatíes apenas tienen acceso. Tampoco pueden visitar libremente Jerusalén este, anexionada por Israel.
El asesinato en noviembre de 1995 en Tel Aviv del entonces primer ministro Israelí Isaac Rabin, a manos de un extremista judío, estancó el proceso de paz, que luego quedó herido de muerte con el estallido de la Segunda Intifada (2000-2005), mayoritariamente armada y con atentados suicidas palestinos. En esa etapa se inicia también el lanzamiento de cohetes desde el enclave hacia las comunidades israelíes colindantes, y desde entonces se repite una secuencia de disparos y bombardeos israelíes de represalia que han originado tres operaciones militares masivas sobre Gaza, en 2008-2009, 2012 y 2014. En la última, murieron 2,252 palestinos, 1,462 de ellos civiles y 551, niños. Porque cuando caen las bombas, los palestinos tampoco pueden huir.

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LOS RECORTES DE TRUMP

Los bombardeos israelíes han hundido cinco de los barcos de Mohamed, a quien ya no le salen las cuentas de lo que pierde y de lo que no gana. “El ingreso medio de los pescadores era de 1,500 shekels (366 euros) al mes y ahora es de menos de 400 (95 euros)”, apunta Zakaria Bakr.

El pesquero era el segundo sector más productivo después de la agricultura, hoy es el paradigma de una economía devastada. El Banco Mundial alertó el año pasado de que estaba “a punto de colapsar”, con más de la mitad de la población sin empleo y un paro del 70 % entre los más jóvenes. La paradoja es que tampoco consuela el dinero. “Si tienes un millón de dólares o un dólar, es lo mismo, estás desesperanzado, nunca te ayudará. Si, por ejemplo, estás enfermo y no puedes viajar, qué significa el dinero?”, cuestiona el portavoz de la UNRWA.

Las familias de refugiados se enfrentan ahora también a los recortes de EUA En 2018, el gobierno de Donald Trump redujo en $300 millones su aportación a la UNRWA, dejándola en $60 millones. Este año no ha aportado ni un solo dólar. Para Abu Hasna, Gaza reúne todos los elementos que “destruyen la capacidad humana”.

El último signo de desesperación se manifestó en la llamada Gran Marcha del Retorno junto a la frontera. Desde que comenzó, en marzo de 2018, han muerto al menos 183 palestinos en las protestas, 32 de ellos menores, por disparos del Ejército israelí. Un comité de la ONU que estudia la situación considera que pueden constituir “crímenes de guerra”, ya que iban desarmados y no suponían una amenaza inminente para soldados apostados al otro lado de la frontera. La movilización, convocada en un principio por la sociedad civil, ha sido instrumentalizada por Hamás e Israel reacciona al considerar que el movimiento islamista se ampara en ellas para cometer atentados.
Los jóvenes que pasean apoyados en muletas son una imagen habitual en las calles de Gaza. Están entre los 6,000 heridos que, en datos de la ONU, han recibido un disparo del Ejército israelí en estas protestas. Algunos ya están sufriendo amputaciones por la falta de tratamientos adecuados en hospitales sin apenas recursos.

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UNA POSIBILIDAD DE SALIR CADA 200 AÑOS

El puerto de Gaza, como las plazas de los pueblos, concentra el descanso de los gazatíes. Los bancos miran al mar y allí los palestinos parecen respirar. Es lo más parecido a una escapada que, probablemente, nunca tendrán. Los permisos de salida expedidos por Israel en 2018 no superaron los 9,600, lo que, por estadística, concede a cada gazatí una posibilidad de viajar fuera del enclave cada 200 años, según Naciones Unidas.

El bloqueo no solo limita el tránsito de bienes, sino también el de personas. No pueden emigrar, planear una luna de miel en un país lejano o visitar a sus familiares en el resto de territorios palestinos. Solo periodistas, personal humanitario o delegaciones institucionales consiguen permisos para acceder a la Franja. De esta forma, la realidad de este enclave se construye con leyendas y una mirada distorsionada desde dentro y desde fuera.

Las nuevas generaciones tienen como única referencia de Israel las bombas de su aviación o los disparos de la marina. Son los que controlan cada aspecto de su vida aunque no estén presentes. Una gran parte del mundo reduce la identidad de 2 millones de personas al movimiento islamista Hamás, pero lo cierto es que Gaza aún conserva parte de su antiguo dinamismo social. La Franja tiene equipos de fútbol femeninos, jóvenes políglotas, poetas, cantantes de hip hop y una minoría cristiana que recibe con cuentagotas permiso para introducir vino para la misa. Pero todos sus ánimos se dan de bruces contra las carencias más básicas: solo tienen una media de 6 horas de suministro eléctrico al día y el 95 % del agua no es apta para el consumo humano.

El progresivo deterioro de Gaza ha provocado una reciente e inusual revuelta contra las autoridades locales que ha sacado a miles de personas a la calle en la llamada “Revolución de los hambrientos”, violentamente reprimida por Hamás. “Queremos vivir” fue el nombre que los promotores pusieron a un movimiento liderado por jóvenes.

Mientras las generaciones mayores que acumulan agravios y cansancio, como Halima, parecen haber perdido la esperanza: “Los árabes están contra nosotros, los judíos están contra nosotros, el mundo está contra nosotros, Israel está contra nosotros, Egipto está contra nosotros, Dios está contra nosotros. Por qué no nos ponen delante de un tanque y nos disparan a todos de una vez?; estamos muertos estando vivos”.

Frontera marítima. Atravesar la frontera marítima con Israel les costó a los gazatíes ataques que dejaron cuatro pescadores asesinados, 30 heridos y 70 arrestos, en 2018.

La lucha en Costa Rica del exilio nicaragüense más olvidado

Procesos burocráticos. Casi 29,000 personas han recibido el carné de solicitante de asilo en Costa Rica. De estos, solo 8,000 han conseguido permiso de trabajo.

En su ciudad natal tenía casa propia y trabajo, era maestra suplente de primaria y asistente de unos abogados. «Éramos humildes pero la vida es más barata». Ahora, esta mujer que pide ser identificada solo como «la Profe» por miedo a represalias contra su familia en Nicaragua, lamenta tener que mendigar. Pero sin permiso de trabajo no ve otra opción para sobrevivir. «Nunca lo había hecho», dice avergonzada.

El destino de los cerca de 50,000 nicaragüenses que llegaron de Costa Rica en el último año huyendo de la violencia y la persecución es una pieza clave en el diálogo actual entre el gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica, que reclama garantías para que todos ellos puedan regresar en condiciones de seguridad. La mayoría son estudiantes, defensores de derechos humanos, periodistas o dirigentes sociales, como «la Profe».

Pero mientras los negociadores se esfuerzan por llegar a acuerdos en esta crisis que se ha cobrado al menos 325 muertos y cientos de detenidos, los exiliados que no tienen familia que les apoye ni ahorros de los que vivir luchan cada día por salir adelante, algunos con trabajos precarios, otros casi en la indigencia.

Son «los olvidados de los olvidados», como dice Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, que acaba de visitar Costa Rica. Como muchos otros, «la Profe» huyó de Nicaragua durante la llamada Operación Limpieza, el operativo lanzado por Ortega en julio y al que siguió lo que la ONU describió como una «caza de brujas» contra todo disidente. A su ciudad, Diriamba, llegaron paramilitares «armados hasta los dientes», asegura, que dejaron un rastro de muertos, heridos y hasta lo nunca visto: agresiones a los obispos en una de sus iglesias.

El delito de «la Profe» fue llevar comida y apoyar a los estudiantes en sus protestas. Un día, poco después de dejarles el desayuno, comenzaron a dispararles. «No sé cómo estoy viva», recuerda.

«Estaban agarrando a todos».

Lo único que podía hacer era huir.

Al llegar a Costa Rica solo encontró un lugar para vivir en La Carpio, un asentamiento irregular de San José, destino desde hace décadas de la migración nicaragüense y una barriada donde se mezclan casas de cemento con otras hechas de chapa. Ahí escasea el agua, se acumula la basura y las aguas negras escurren por estrechos pasadizos a cuyos lados se abren cuartos sin ventanas y letrinas en la misma habitación.

Antes de la llegada de la más reciente oleada de refugiados sin recursos, la mitad de los cerca de 18,000 habitantes de La Carpio ya vivían en casas precarias y el 70 % de las familias subsistía con menos de $330 al mes, según un estudio oficial del año pasado.

Algunos días «la Profe» no recauda más de $3, pero sale adelante gracias a la ayuda de iglesias, de gente anónima que le da comida y de la solidaridad de sus vecinos, a veces con tan pocos recursos como ella. Sin embargo, se las arregla para rentar un espacio de 30 metros junto a dos de sus hijos, dos nietos y otras seis personas de otra familia. Afortunados porque el casero en ocasiones les fía, se reparten para dormir entre el suelo de la única habitación y el de la cocina. Un día reciente, en la alacena solo había un paquete de pasta, una biblia y una bandera nicaragüense.

Aunque las leyes costarricenses permiten que los exiliados puedan trabajar legalmente, para poder hacerlo deben primero registrarse, luego conseguir un carné de solicitante de asilo y más tarde tramitar el permiso de trabajo. «La Profe» lleva ocho meses esperándolo.

La llegada masiva de exiliados ha ralentizado toda esta burocracia, y aunque las autoridades reciben a 600 solicitantes a la semana, de las casi 29,000 personas que han recibido el carné, solo 8,000 han logrado el permiso de trabajo y más de 20,000 esperan aún el primer trámite.

La semana pasada, Amnistía Internacional llamó al Gobierno de Costa Rica a que, con el apoyo de la comunidad internacional, active un plan de atención a los refugiados que incluya identificar a los sectores más vulnerables y garantizar su acceso a la salud y la educación, derechos reconocidos por la ley costarricense, pero de los que muchos no disfrutan. El Gobierno de Costa Rica señaló a The Associated Press que el plan ya está listo y solo falta la aprobación presidencial.

El Ejecutivo nicaragüense no respondió a una solicitud de comentario y ha hecho pocas declaraciones sobre los exiliados, pero el presidente Ortega comparó recientemente a todos los opositores con Caín, el personaje bíblico que mató a su hermano por envidia.

El delito de “la Profe” fue llevar comida y apoyar a los estudiantes en sus protestas. Un día, poco después de dejarles el desayuno, comenzaron a dispararles. “No sé cómo estoy viva”, recuerda. “Estaban agarrando a todos”. Lo único que podía hacer era huir.

El actual diálogo entre sus representantes y los miembros de la Alianza Cívica comenzó el 27 de febrero, pero ha estado plagado de interrupciones, avances y retrocesos. El Gobierno excarceló a 160 personas, aunque cientos más siguen tras las rejas a la espera de que se cumpla la promesa del Ejecutivo de liberar a todos los presos políticos. Y aunque el viernes se firmaron dos acuerdos, al día siguiente se incumplió el que garantizaba la libertad de manifestación cuando la policía desalojó un plantón pacífico y un aparente seguidor oficial reaccionó disparando a los opositores que se fueron a refugiar en un centro comercial. Al final, hubo tres heridos de bala.

Además, el Gobierno se ha negado a adelantar las elecciones presidenciales previstas para 2021, otro punto central en las demandas opositoras. Por eso hay mucho escepticismo ante otro texto rubricado ese mismo viernes que decía que todos los nicaragüenses en el exterior «podrían regresar a su país con plenas garantías y seguridad personal y familiar». «En Nicaragua decimos en relación con Ortega: ‘firmar me harás, cumplir jamás’», dice César Gutiérrez, de 63 años, que dejó a su familia y sus negocios –una panadería y unos billares– cuando amenazaron con matarlo y quemarle la casa por apoyar las protestas.

Un año de crisis. Se cuentan al menos 325 muertos y cientos de detenidos. Algunos de los exiliados no tienen familia que los apoye ni ahorros de los que vivir.

Este anciano que luchó en la revolución sandinista es ahora un firme opositor de Ortega. Vive también en La Carpio, aunque en mejores condiciones que «la Profe», su antigua nana, quien emigró de Nicaragua mucho antes, lo acogió y le permite dormir en el salón de su modesta casa donde viven también otras siete personas.

Su rutina actual es participar en todas las reuniones que puede, porque asegura que organizarse es la clave para derrotar a Ortega. Además, aprovecha esas citas para vender quesos que hace una vecina y con lo que saca para vivir.

Cuando se juntan, los exiliados programan actos y protestas dentro y fuera del país, ponen en común noticias que les llegan por internet y siguen muy de cerca el proceso de diálogo entre el Gobierno y la Alianza. Gutiérrez dice que solo empezará a creer en la voluntad de Ortega cuando libere a todos los presos políticos y se garanticen las libertades de expresión, reunión y manifestación. Pero subraya que un punto vital es «desarmar a los grupos paramilitares, porque si no nos van a matonear».

«Luego será el momento de pensar de qué forma volvemos», agrega. Otra de las exigencias de la oposición es eliminar todos los procesos abiertos a raíz de las protestas que comenzaron en abril pasado y suprimir las órdenes de captura de muchos opositores, entre ellos al menos 168 personas que, según cálculos de la Alianza, huyeron de Nicaragua. Sadie Rivas es una de ellas. Originaria de Matagalpa, esta joven era muy activa en las manifestaciones y las barricadas. Cruzó la frontera clandestinamente en agosto después de que la acusaran, como a muchos de sus compañeros, de crímenes más propios del líder de un cártel del crimen organizado que de una estudiante de 19 años: torturas, terrorismo, lavado de dinero, narcotráfico, portación de armas, destrucción de la vía pública y destrucción de la paz en su ciudad.

Su padre, herido por una bala de goma lanzada por las juventudes sandinistas, y su hermano siguen en Nicaragua escondidos entre una y otra casa de seguridad. Su madre se unió a ella en San José cuando emitieron una orden de detención en su contra por cuidar de su hija. El cargo: «encubrimiento de terroristas». Y en esta ciudad conoció en persona a su novio actual, compañero de lucha en Facebook y uno de los jóvenes que sobrevivió a las 20 horas de ataque a una iglesia de Managua.

«Antes pintaba, hacía jabones artesanales, pulseras. Soy artista», dice Rivas. Más afortunada que la gente de La Carpio, ella tuvo el apoyo de empresarios de la Alianza que la ayudaron a costear la renta y la comida durante unos meses. Ahora Rivas y su madre limpian casas o trabajan de meseras con la vista siempre puesta en volver.

«Mis planes son regresar», asegura, pero exige más a la Alianza. «Tienen que ser más exigentes. Los exiliados somos un punto importante».


Verza reportó desde Ciudad de México; los periodistas Carlos González y Javier Córdoba, en San José; y Gabriela Selser, en Nicaragua, colaboraron con esta nota.

Kurt Cobain, 25 años sin la leyenda de Seattle

Kurt Cobain

“Lo tengo todo, todo. Y estoy agradecido, pero desde los siete años odio a todos los humanos en general (…). Gracias a todos desde lo más profundo de mi estómago nauseabundo y ardiente por vuestras cartas y vuestro interés en los últimos años. ¡Soy una criatura voluble y lunática! Se me ha acabado la pasión, así que, os recuerdo, es mejor arder que apagarse lentamente”.

El 5 de abril de 1994 toda una generación, la denominada ‘Generación X’, se quedó de golpe sin la voz que la representaba: Kurt Cobain, el atormentado líder de la banda Nirvana, había decidido terminar con su vida en Seattle, la ciudad que le lanzó a la fama y le convirtió en uno de los músicos más influyentes del siglo XX.

Nacido el 20 de febrero de 1967 en Abeerden, en el mismo estado de Washington en el que falleció, Cobain se convirtió en leyenda y mártir para aquella generación desencantada con el mundo que le había tocado vivir, y entró a formar parte del célebre ‘Club de los 27’. Cobain, al igual que otras leyendas de la música como Jimi Hendrix, Janis Joplin o Jim Morrison, había fallecido a la edad de 27 años.

Su muerte no hizo más que agrandar la leyenda del músico que lideraba Nirvana que, con apenas tres álbumes publicados, había logrado ser la gran banda del ‘grunge’, aquel estilo surgido en Seattle y que marcó el final de los ochenta y el principio de la década de los noventa.

Su adicción a las drogas, los problemas de salud o en su matrimonio con Courtney Love – con la que tuvo una hija, Frances Bean, en 1992– y la presión de la fama pudieron con Cobain, que nunca había llegado a superar el divorcio de sus padres, y que apenas un mes antes ya había intentado suicidarse en un hotel de Roma durante la gira europea.

“El doctor Baker dice que, como Hamlet, debo elegir entre la vida y la muerte. He elegido la muerte”, dejó escrito en una nota en aquella ocasión, antes de una sobredosis que el 4 de marzo lo dejó en coma durante 20 horas. A la vuelta a Estados Unidos, Cobain fue ingresado en una clínica de desintoxicación, de la que escapó a los pocos días.

El divorcio de sus padres había marcado a Kurt Cobain hasta tal punto que creció como un adolescente conflictivo que buscó la evasión en las drogas, a la vez que mostraba interés por el cine, los cómics y la música, y un gran talento para el dibujo y como músico.

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EL FULGURANTE ÉXITO DE NIRVANA

Aquel primer intento de suicidio ocurrió durante la que, a la postre, sería la última gira de Nirvana, un tour europeo en el que actuaron por última vez el 1.º de marzo en la ciudad alemana de Múnich, concierto tras el que Cobain fue diagnosticado con bronquitis y laringitis severa.

Después de debutar en 1989 con el álbum ‘Bleach’, Nirvana –banda que Kurt Cobain formaba junto a Krist Novoselic y Dave Grohl, que se unió en 1990– alcanzó el éxito absoluto apenas dos años después con su segundo trabajo, ‘Nevermind’, que incluía la canción más conocida de Nirvana, ‘Smells Like Teen Spirit’, y otros como ‘Come As You Are’ o ‘Lithium’.

‘Nevermind’, con su icónica portada del bebé bajo el agua, considerada una de las más célebres de la historia del rock, situó a Nirvana como la banda principal del ‘grunge’ y a Cobain como la voz de la Generación X.

Dos años más tarde, en 1993 publicaron ‘In Utero’, tercer y último álbum de estudio de Kurt Cobain como líder de Nirvana. A finales de aquel año se grabó el ‘MTV Unplugged’, álbum acústico lanzado en 1994 meses después de la muerte de Cobain, y que ganó un premio Grammy al mejor trabajo de música alternativa.

HOMENAJE ILUSTRADO A COBAIN

“Kurt Cobain. Una biografía” es el homenaje al legado del líder de Nirvana en forma de libro ilustrado por David M. Buisán y escrito por David Aceituno, en el que hacen un repaso a los episodios más destacados de la vida del artista, partiendo del conocido retrato de Cobain como genio atormentado que se extendió tras su muerte.

“Hace años que no me emociono con nada; me siento culpable desde hace mucho tiempo”, dejó escrito Kurt Cobain en una nota póstuma dirigida a su hija Frances y su esposa, Courtney Love.

El divorcio de sus padres había marcado a Kurt Cobain hasta tal punto que creció como un adolescente conflictivo que buscó la evasión en las drogas, a la vez que mostraba interés por el cine, los cómics y la música, y un gran talento para el dibujo y como músico.

La biografía ilustrada indaga en la vida, compleja y fascinante, llena de altibajos, de un artista que dejó una huella imborrable en toda una generación y que, pese a su corta carrera, es sin duda uno de los músicos más influyentes del siglo XX.

Un recorrido que refleja cómo influyó en Cobain el peso de la fama, y el difícil equilibrio mental cuando una sensibilidad extraordinaria se enfrenta al gran éxito, la presión y la prensa. Un repaso a la vida de una leyenda que supo capturar la esencia de una generación que no encontraba su lugar en el mundo y que un cuarto siglo después sigue huérfana del mito del ‘grunge’.

Emblema. ‘Smells Like Teen Spirit’ del álbum ‘Nevermind’ se convirtió en el mayor éxito de Nirvana y en todo un himno en la época.

Crecen sin techo en Buenos Aires, otro signo de la crisis

En la calle. “Es un día triste”, anunciaron las autoridades gubernamentales el día en que dieron a conocer las nuevas cifras de pobreza.

La pequeña Valentina Alemán corre por la acera entre cajas de cartón, un sofá deshilachado y una heladera en desuso indiferente a los automóviles que pasan a su lado. Su sonrisa delata que no tiene dimensión de los peligros que acechan a quienes viven en la calle.

Una tienda improvisada con paredes de cartón, techo de bolsas y dos colchones instalada a un costado de una transitada avenida de la capital argentina aloja a la niña de dos años, sus cuatro hermanos y sus padres desde hace ocho meses, cuando los ingresos de la familia ya no fueron suficientes para cubrir un alquiler al ritmo de la galopante inflación en Argentina.

Con la profundización de la crisis económica han aumentado las familias como los Alemán asentadas con sus pertenencias en las aceras de las principales avenidas, los accesos a grandes centros comerciales, las paradas de autobuses, los parques o debajo de las autopistas.

Según el último informe del estatal Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el segundo semestre de 2018 la pobreza creció al 32 % desde el 27.3 % del primer semestre. Argentina padeció el año pasado una devaluación del 51 % de su moneda, que en una economía fuertemente atada al dólar se trasladó de inmediato a los precios, con fuerte impacto en los alimentos.

La indigencia en la capital argentina, el distrito más rico del país y uno de los más modernos de América Latina, se duplicó en los últimos tres años a 6.46 % –el equivalente a 198,000 personas–, según datos oficiales del tercer trimestre del año pasado. La alcaldía todavía no ha dado a conocer un relevamiento de fines de 2018 sobre las personas viviendo en la calle, pero organizaciones no gubernamentales estiman que son unas 8,000.

La reducción de la pobreza es una de las cuentas pendientes del presidente conservador Mauricio Macri que transita su último año de mandato y ha lanzado la campaña para la reelección en los comicios generales de octubre. Cuando asumió en 2015 dijo que su gestión debía evaluarse por la baja de la pobreza –entonces del 30 %– y fijó el lema «pobreza cero» como objetivo de su gobierno.

«Confié en él cuando decía ‘pobreza cero’, creía en él, parecía que iba estar con los pobres», se lamentó Damiana Alemán, de 37 años, con la pequeña Valentina en brazos. «Pero él se refería a descartarnos a los pobres, no a aumentar nuestros valores o economía. Desde mi punto de vista, ‘pobreza cero’ significa que él quiere borrar a los pobres del mapa de Argentina».

Macri sostiene que subestimó los desajustes macroeconómicos heredados del gobierno populista de Cristina Fernández (2007-2015) y que corregirlos le está demandando más tiempo y un alto costo social porque en el medio se interpusieron una sequía récord, que privó al país de millones de dólares, y factores externos que atentaron contra la reactivación económica.

“Cuando uno está en la calle siente que molesta, siente que es culpable y que se lo merece. Sentís todo lo peor sobre vos”, reflexionó Horacio Ávila, psicólogo social y uno de los fundadores de Proyecto 7, una organización no gubernamental que asiste a personas sin hogar. El especialista sostuvo que “todo es extraño, todo es agresivo”.

Pero el creciente descontento social impactó en la popularidad del mandatario mientras crece en las encuestas la líder opositora y expresidenta, quien todavía no oficializó su postulación pero que sus partidarios dan por descontada. La nostalgia por la relativa estabilidad económica y las medidas populistas para alentar el consumo durante su mandato le permitieron a la actual senadora repuntar en las mediciones pese a las numerosas investigaciones judiciales en su contra por supuesta corrupción.

Sin embargo, la mayoría de los sondeos reflejan un escenario de paridad en una eventual segunda vuelta entre ambos.

Los Alemán pagaban entre 4,000 y 5,000 pesos (entre $90 y $112) de alquiler. La economía familiar colapsó cuando en el marco de fuertes aumentos en las tarifas de servicios públicos –77.6 % en el gas, 46.3 % en la electricidad y 26 % en el agua durante el último año– les llegó una boleta de electricidad que duplicaba la renta y el padre, Emilio, perdió el trabajo en una fábrica de muebles que cerró por la crisis.

De los 10 hogares de tránsito y paradores nocturnos que gestiona la ciudad, uno solo es para familias y no da abasto. Los otros también tienen problemas para atender la demanda que se vio potenciada por un nuevo fenómeno: los residentes de los suburbios que vienen a la capital a trabajar y prefieren vivir en la calle de lunes a viernes para no gastar en transporte.

Las familias, por lo general, prefieren instalarse en la calle antes que separarse en diferentes centros de acogida.

No hay plata para comida. La gente no solo tiene problemas para pagar los servicios básicos. Tiene problemas para comprar los alimentos, que han registrado grandes aumentos de precio.

«Cuando uno está en la calle siente que molesta, siente que es culpable y que se lo merece. Sentís todo lo peor sobre vos», reflexionó Horacio Ávila, psicólogo social y uno de los fundadores de Proyecto 7, una organización no gubernamental que asiste a personas sin hogar. El especialista sostuvo: «Todo es extraño, todo es agresivo. Es muy difícil los primeros tres o cuatro días. Después te vas acomodando porque somos animales de supervivencia. Te vas conectando».

Pero el crudo invierno, el calor agobiante, las lluvias, la inseguridad y la indiferencia de los transeúntes pueden volverse desoladores para una madre de cinco. «Estar con ellos acá no es lindo, el principal riesgo es la salud de ellos», apuntó Alemán mientras sus niños se distraían con juguetes usados que les acababan de regalar. «Ellos quisieran mirar tele. El más grande me pregunta por qué no podemos estar en casa, con nuestra tele y en la cama».

Los Alemán dependen del dinero que obtiene el padre por los cartones y desechos reciclables que junta en la calle y la generosidad de los vecinos, aunque también los hay que llaman a la alcaldía y piden que los desalojen de la acera. Se alimentan en comedores populares, originariamente destinados a los adictos pero que en los últimos tiempos atienden a familias y ancianos que no tienen para comer.

En febrero una familia tipo de cuatro integrantes que viven en la capital necesitó 13,319.26 pesos (unos $299) para no caer en la indigencia cuando hace un año ese valor de referencia estaba en 8,559 pesos ($191). Los precios se dispararon al compás de una inflación de 47.6 % en 2018, la más alta desde 1991.

El salario mínimo en Argentina está fijado en 12,500 pesos (unos $280).

De acuerdo con un relevamiento realizado por el privado Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) en capital y sus alrededores a fines de febrero, el 65 % de los 1,523 entrevistados sostuvo que sus ingresos no le alcanzan y 52 % disminuyó la cantidad de comida que consume por esa razón.

«La falta de certezas sobre de cuánto será la boleta de luz y gas amenaza cualquier proyecto personal. Un horizonte de aumentos ininterrumpidos de tarifas con pérdida de poder adquisitivo del salario no hace más que incrementar los miedos», advirtió Matías Barroetaveña, director del CEM.

«Ustedes sigan riéndose que dentro de poco los voy a ver al lado mío», bromea Héctor García a quienes pasan por delante de su tienda hecha con varias capas de tela y plásticos que comparte con María Ortega, de 77 años. El hombre de cabello y barba canosa lleva cuatro años en la acera de un barrio de clase media de Buenos Aires tras quedarse sin empleo. Sobrevive reparando electrodomésticos o desarmándolos para vender sus partes.

«La posibilidad de salir de la calle te la dan por cinco o seis meses, eso no es solución», apuntó García, de 57 años, en referencia a los subsidios habitacionales que ofrece el gobierno.

Aunque antes de asumir Macri había cuestionado duramente las políticas asistencialistas del kirchnerismo, luego aumentó el presupuesto de ayuda social, que demanda el 70 % de los recursos de la administración nacional previstos para 2019. El propio Fondo Monetario Internacional, que aprobó un rescate para Argentina de unos $56,000 millones en 2018, acaba de avalar un aumento en las partidas presupuestarias para subsidios a los pobres.

La asignación universal por hijo, que reciben unos cuatro millones de menores de 18 años de familias sin empleo, se incrementó 46 % en marzo a 2,650 pesos por mes (unos $59). La Alcaldía de Buenos Aires, a cargo de un aliado del presidente, también se comprometió a ampliar la capacidad de los hogares de tránsito.

«Para un lugar peor, me quedo acá. Al menos no llegan las cuentas», ironizó García antes de refugiarse en su morada callejera.

Sin nada. La indigencia en la capital argentina, el distrito más rico del país y uno de los más modernos de América Latina, se duplicó en los últimos tres años y llegó a 198,000 personas.

¿Que no haya guerra es la paz? ¿Es así de simple?

Hiroko Kishida sobreviviente de la bomba de Hiroshima.

Hiroko Kishida tenía seis años cuando la bomba atómica explotó a 1.5 kilómetros de la casa en la que residía. Era la Hiroshima de un Japón que el 6 de agosto de 1945 estaba a punto de ponerle nombre a una de las grandes tragedias humanas de la guerra.

Kishida es parte de un legado oral que se está extinguiendo. La media de edad de los sobrevivientes de la bomba atómica es 80 años. Aunque la salud de ella es fuerte y procura mantenerse, escucharla es, cada vez más, un privilegio.

Su voz no se quiebra ni en los pasajes más oscuros. La ha adecuado para que lo que impacte no sea la emotividad temporal, sino que la disciplina constante de un relato sin fisuras. Kishida da testimonio desde hace 10 años y lo hace a públicos distintos: desde estudiantes de primaria que repasan la guerra como parte del pénsum hasta un grupo de periodistas latinoamericanos. Desde hace tres años, la municipalidad la contactó y le pidió hacer estas charlas testimoniales ya de manera oficial.

De lo único que se ayuda durante sus relatos es de imágenes en un proyector. «Ahora estamos viendo una pintura de óleo de la cúpula del Centro de Promoción Industrial, que pintó una estudiante de secundaria superior. Voy a ir dando mi testimonio y mostrando unas pinturas que hicieron mis estudiantes de secundaria basados en lo que yo les he ido contando», resume.

La cúpula, como se le se conoce hoy, es la única estructura que, a menos de 200 metros, sobrevivió al bombardeo. Y también sobrevivió, en su momento, a una oleada de críticas de quienes manifestaron que la estructura debía ser destruida por ser un doloroso recordatorio de la guerra. Para explicar la polémica, Kishida cuenta la anécdota de una adolescente que enfermó de leucemia cuando estaba en secundaria. Ella tenía un año cuando la bomba explotó. Y escribió un ensayo en el que manifestó que «solamente la cúpula transmite el mensaje que yo quiero llevar al mundo», poco después, murió. «Los planes cambiaron después de eso. La cúpula se preservó. Yo estoy de acuerdo con que la reliquia se mantenga», cuenta.

Kishida laboró como docente. Y de ahí le ha quedado un gusto por el orden y los datos. Antes de contar cómo vivió durante y después del bombardeo, busca dar una idea de lo que sucedió en Hiroshima aquel 6 de agosto de 1945, cuando el soldado estadounidense Paul Tibbets pilotaba el Boeing B-29 superfortress al que bautizó «Enola Gay» en honor de su madre. Desde esa aeronave soltó a «Little Boy», la bomba.

Con la explosión, los rayos de calor y la radiación se distribuyeron en todas las direcciones. La temperatura de la superficie llegó a los 4,000 centígrados. Y las ráfagas alcanzaron una velocidad de 440 metros por segundo. «El infierno», le dice Kishida.

No se conoce con exactitud la cantidad de personas que se encontraba en Hiroshima durante el bombardeo, pero el Gobierno registraba 350 mil habitantes. «Little Boy» mató en un primer momento a 80,000. En los días posteriores se calcula que otras 140,000 personas llegaron a la zona del desastre a buscar a sus familiares o amigos. Ellos también se expusieron a la radiación. Cuando 1945 terminó, la bomba de Hiroshima había matado a cerca de 170,000 personas.

***

Yo tenía 6 años y vivía con mi abuelo, mi madre, mi hermano de ocho años y mi hermano menor, de cuatro. Mi padre estaba destacado en China, como soldado.

Ese día, a las 7 de la mañana, sonó la sirena de bombardeo. Nos fuimos al refugio antibombas. Pero, a las 7: 30, es decir, media hora después, se levantó la alarma. Todos salimos y, por eso, mi hermano mayor, que estaba en el segundo grado de primaria, se fue a la escuela.

Pasaban 15 minutos de las 8, y, entonces, mi mamá me dijo: «Qué extraño que ya se apagó la sirena, pero todavía suena un avión». Y como desde el baño se veía mejor el cielo, porque la casa tenía una forma de L, yo me metí ahí para asomarme a la ventana y ver el cielo.

El ruido del avión sí se escuchaba, pero no se veía por ningún lado. Y pensé ‘tal vez se dio vuelta y se fue a otro lado’. En ese momento me agaché y sonó un ruido muy fuerte. Y todo quedó totalmente oscuro. Me desmayé. Cuando recobré la conciencia, no sabía si estaba viva o muerta. Sacudí mi cabeza. Supe que estaba por debajo de la tierra. Mi casa estaba hecha de arcilla roja y tras la explosión, me quedé enterrada. Cada vez que sacudía la cabeza caían tierra y escombros. Grité sin pensar: ‘Mamá, socorro, ayúdame’. Y sí, mi mamá vino corriendo.

Pero fue un milagro que mi mamá pudiera rescatarme, porque casi todas las viviendas volaron debido a las ráfagas. Nuestra casa se quedó de pie sostenida solo por una columna inclinada que dejaba un espacio por debajo. Ahí se salvaron mi mamá, mi hermano menor y mi abuelo. Mi mamá acudió al baño y tuvo que escarbar para sacarme. Me llevó a la sala donde estaban mi abuelo y mi hermano.

Todavía me acuerdo de la conversación que tuvieron mi madre y mi abuelo. Mi abuelo dijo ‘huyan, no se preocupen por mí; ya va a caer otra bomba’. Mi abuelo tenía incapacidad en la mitad del cuerpo a causa de una enfermedad. Por eso estaba consciente de que no podía huir con nosotros con facilidad. Mi mamá le dijo que íbamos a volver sin falta, pero nunca pudo volver.

Salimos de la casa y fuimos caminando hacia el Norte, porque había una cola de personas huyendo en esa dirección. Una de mis estudiantes, muchos años más tarde, cuando conté esta historia, pintó esa escena. Aparecemos mi mamá, mi hermano menor y yo caminando con la mirada perdida.

En esa cola de gente, nadie llevaba zapatos. Andábamos descalzos porque salimos con mucho apuro. Caminamos pisando escombros, piedras y vidrios. Y después de andar como por 10 minutos, comenzó a llover. Eran gotas negras.

Un gran número de personas se puso en riesgo a causa de esta lluvia que estaba llena de sustancias radioactivas. Nosotros, afortunadamente, pudimos encontrar unas esteras de paja en un campo de tomate, de las que se utilizaban para cobertura del cultivo. Con eso nos tapamos y así no quedamos expuestos a la lluvia, por eso no nos enfermamos. Me acuerdo muy bien de esos chorros de agua negros que bajaban por las superficies de los tomates brillantes y rojos.

Después de un rato, dejó de llover. Nosotros seguíamos avanzando hacia el Norte. Caminamos hasta el atardecer.

Entonces, encontramos una casa de un agricultor y ahí unas personas estaban preparando muchas bolitas de arroz para ofrecer a los refugiados, a nosotros.

Todavía me acuerdo bien del sabor tan rico de la bolita de arroz. La recuerdo como la bolita de arroz más rica del mundo. En aquel tiempo, nosotros recibíamos el racionamiento de comida y nos alcanzaba solo para dos tiempos al día. Consistía en papilla de arroz muy aguada mezclada con nabo, cebada y un tipo de grano misceláneo. Ni siquiera se podía agarrar con palillos esa comida.

En ese lugar nos juntamos muchos y recuerdo especialmente a una madre muy joven. Una estudiante también pintó esa escena. Se trató de una madre que cargaba a un bebé de unos dos años en la espalda. Y para todos era muy claro que estaba muerto, pero la madre decía que por favor alguien le diera algo de comer a su bebé. Pedía que por favor le dieran agua. Pero nosotros no podíamos hacer nada, ni nadie.

Ahí, en la casa de esos agricultores donde nos brindaron alimento, nos encontramos con una amiga de mi madre. Y ella nos dijo: ‘No sabemos qué pasó en la ciudad de Hiroshima, pero voy a una casa de un pariente’. Nos invitó a ir. Vivimos ahí durante tres años.

Desde el siguiente día que llegamos a esa casa, mi mamá comenzó a hacer viajes a Hiroshima, que nos quedaba a unos 20 kilómetros. Ella buscaba a mi hermano y a mi abuelo. Pero todavía había peligro porque quedaba el calor de los incendios. Mi mamá pudo volver a nuestra casa hasta tres días después de la explosión. Resulta que, cuando por fin llegó, solo halló ceniza. Todo había quedado en ceniza.

Por la paz. Este es el lugar en el estalló la bomba atómica el 6 de agosto de 1945, es el hipocentro. En la actualidad es el Parque Conmemorativo de la Paz, en Hiroshima.

En el lugar en el que cayó la bomba, ahora está el Parque Conmemorativo de la Paz. El hipocentro es muy visitado. Quienes llegan suelen inclinar con respeto la cabeza, algunos juntan las manos ante el pecho. Colocan ofrendas, pero ninguno le da la espalda a este arco a través del cual se mira la cúpula, ubicada a 150 metros, esta fue la única estructura que, a esa distancia, se mantuvo en pie tras la explosión. El edificio es en donde funcionó el Centro de Promoción Industrial. Marcaba el lugar con más actividad de Hiroshima antes de la bomba. Para Kishida, «era en donde podía conseguir de todo, ahí nos abastecíamos». Un corazón comercial que, tras la huella de la guerra, ahora es el corazón de un ejercicio de memoria y de compromiso.

“Un gran número de personas se puso en riesgo a causa de esta lluvia que estaba llena de sustancias radioactivas. Nosotros, afortunadamente, pudimos encontrar unas esteras de paja en un campo de tomate, de las que se utilizaban para cobertura del cultivo. Con eso nos tapamos y así no quedamos expuestos a la lluvia, por eso no nos enfermamos. Me acuerdo muy bien de esos chorros de agua negros que bajaban por las superficies de los tomates brillantes y rojos”.

***

Este parque se terminó de construir en 1954. El diseño estuvo a cargo de Tang Kenzo. Uno de los espacios que genera más emotividad es la Campana de la Paz, que cualquier visitante puede hacer sonar. Sobre la estructura que resguarda la campana fue colocada una estatua que representa a todos los niños que murieron en ese bombardeo.

El 13 de agosto, mi madre volvió cargando a mi hermano mayor.

Mi madre se enteró de que mi hermano estaba refugiado en un jardín infantil gracias a una ficha que estaba pegada en un poste. Estaba gravemente quemado. Cerca de donde estábamos refugiados había un doctor, pero se hacían colas muy largas de gente que necesitaba atención y no podíamos recibir ahí los medicamentos.

En el momento de la bomba, mi hermano estaba en la escuela a 1.8 kilómetros del centro. Y estaba sentado al lado de la ventana. Por eso sufrió una quemadura muy grave en el brazo derecho, llevaba manga corta; y en la pierna derecha, porque estaba con pantalón corto.

¿Qué que aplicábamos en la quemada en lugar de medicamento? Un agricultor que vivía cerca de donde estábamos nos regaló pepinos y nos dijo que eso era bueno para curar. Y nosotros rayamos esos pepinos y aplicamos en la herida. Tengo grabado en la memoria esa experiencia de rayar todos los días el pepino con mi hermano menor.

El pepino, cuando se aplica por cierto tiempo, ayuda que se enfríe la herida y no se siente tanto dolor. Así mi hermano se dormía y descansaba. Aunque siempre era por poco tiempo. Decía que le dolía y le picaba.

La herida supuraba, y estábamos en verano. Atraía moscas. Y las moscas ponían huevos y de ahí nacían larvas y eso sí le dolía a él. Le dolía demasiado y tuvimos que, al final, llevarlo al hospital para que pusieran desinfectante. Tuvimos que ir una vez cada 10 días, durante seis meses.

La ayuda de muchos países llegó. Y el siguiente año, pude entrar en la primaria. Empecé a ir con mi hermano a la escuela y recuerdo que sus compañeros le decían qué asco y qué fea su herida con queloides. Él creció apartado de todos, pero seguía siendo muy optimista. No se quejaba. Iba conmigo, silencioso, a la escuela.

En el Parque Conmemorativo de la Paz, en Hiroshima, una llama permanece encendida. Estará así hasta que la amenaza de las armas nucleares deje de existir. Representa un anhelo de paz y de seguridad que Kishida, como sobreviviente, sigue exigiendo a su gobierno y a los gobiernos de todo el mundo.

Hace 74 años, cuando azotó el infierno, yo estaba ahí. Pero sobreviví y es por eso que siento que tengo que vivir para la abolición de las armas nucleares.

Siempre que doy charlas a los niños pregunto ‘¿qué piensan que es la paz? ¿Que no haya guerra es la paz? ¿Es así de simple?’

Yo pienso que la paz es una condición en que la persona brilla. La paz es que todos tengan la oportunidad para sentirse felices. Y, contrario, la guerra es una condición en que el ser humano deja de serlo y las personas que matan a otras personas permanecen impunes. Nunca debemos permitir otra guerra. Nunca debemos permitir el uso de otra bomba atómica.

Nosotros, las víctimas, sentimos mucho coraje contra el gobierno central, porque siendo el único país víctima de un bombardeo atómico, no ha firmado el acuerdo para la abolición de las armas nucleares. Y siempre que viene a Hiroshima el primer ministro, tratamos de dialogar este tema con él. Pero no se ha cambiado. El Gobierno japonés tiene un problema en ese sentido.

Yo tengo un resentimiento muy fuerte porque todavía no se ha logrado la abolición de las armas nucleares. En mi caso, más que nada quiero fortalecer más el intercambio con otros países para un logro de un mundo sin fronteras, como dice la Campana de la Paz que tenemos. Y, tal vez sería imposible, pero quiero ir dando pasos hacia el logro de ese tipo de mundo.

Sobreviviente. Hiroko Kishida da su testimonio acerca de cómo pudo sobrevivir a la bomba atómica y a la guerra misma. “Mi historia es para que no se repita la guerra”, explica.

Líderes en extinción

Jorge Orozco / El País / Colombia / CONNECTAS

Hablar con un líder social, en ciertas regiones de Colombia, es casi una labor de espionaje: son necesarios los nombres en clave, los mensajes cifrados… Evitar sitios públicos. El silencio se convierte en ley y romper esa regla establecida por mera intuición para sobrevivir puede acelerar el paso a la muerte.

En Tibú y El Tarra, en Norte de Santander, donde 18 líderes comunales fueron asesinados en los últimos cinco años, hubo acercamiento con personas de la zona durante más de dos meses para entender cómo vive una comunidad sin sus líderes, acechada por el terror impuesto por Peluzos (Ejército para la Liberación Popular) y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en medio de sus disputas por los corredores del narcotráfico.

Pero al intentar concretar hora y día de la cita para desarrollar la investigación, los mensajes de WhatsApp se quedaron en visto. Una semana después, la muerte habló: Frederman Quintero, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Kilómetro 48, de El Tarra, y ocho hombres más que lo acompañaban fueron masacrados en un billar del centro de la población ante la mirada de los vecinos.

Ese miedo enquistado en las regiones y el daño que causa en los liderazgos retumba en la cabeza de Carlos Guevara, investigador de la Organización Somos Defensores. Los 10 años que lleva viendo cómo la violencia arrasa con los bastiones de legalidad que abanderaban los líderes le da argumentos para advertir: “El fenómeno de violencia contra un líder no finaliza con la muerte. Los matan a ellos, pero siguen con la familia, con los amigos”.

Entonces, la espiral del terror avanza en diferentes regiones de la misma manera: Primero las amenazas, luego el silencio, después la muerte y con ella, se enquista el miedo. No solo ocurre en Norte de Santander. Al otro lado del país, en el Valle del Cauca el miedo también causa estragos. Son los casos de 357 líderes asesinados como lo confirmó una investigación.

Pasó a comienzos de 2018 en Buenaventura y se esparció por todo el departamento. Después del asesinato de Temístocles Machado, líder del Paro Cívico y líder comunitario del barrio Isla de la Paz, nadie quiso hablar. No importa que tres de sus homicidas ya estén en la cárcel. Ni que los primeros días el dolor los haya llevado a expresar en las calles la rabia, a exigir presencia del Estado por el asesinato de un líder que trabajaba por la recuperación de tierras despojadas de sus vecinos. En esa ciudad, bordeada por el océano Pacífico, poco a poco las reuniones comunales se fueron extinguiendo. Las estrategias fijadas entre los líderes para protegerse unos a los otros se agotaron. Hoy solo susurran sus problemas, pero el impulso que les daba Temístocles para solucionarlos, se esfumó con su vida.

El terror en el Valle del Cauca es intermitente. Este departamento en cinco años fue testigo silencioso del asesinato de 32 de sus líderes sociales. El caso más reciente es el de Libardo Moreno, presidente de la Junta de Acción Comunal de Las Pilas, en zona rural de Jamundí. Han pasado dos meses desde que lo mataron a disparos y ni su esposa, ni sus hijos, ni sus amigos se atreven a contestar los mensajes que se envían a través de conocidos.

Incluso Lina Tabares, líder defensora de Derechos Humanos e integrante de la Junta de Acción Comunal del barrio La Pradera en ese municipio, dice que la familia de Libardo jamás se volvió a ver. No se sabe nada de ellos y tampoco de los proyectos que impulsaba este líder para mejorar el servicio de acueducto en su vereda y que en últimas –dicen– terminó llevándolo a la muerte.

Ese miedo enquistado en las regiones y el daño que causa en los liderazgos retumba en la cabeza de Carlos Guevara, investigador de la Organización Somos Defensores. Los 10 años que lleva viendo cómo la violencia arrasa con los bastiones de legalidad que abanderaban los líderes le da argumentos para advertir que «el fenómeno de violencia contra un líder no finaliza con la muerte. Los matan a ellos, pero siguen con la familia, con los amigos.

Sustenta sus palabras con la reciente investigación de Somos Defensores que documentó 107 entrevistas a familiares de víctimas y compañeros cercanos de la organización. El resultado no necesita explicación: El 67 % de familiares y amigos fueron amenazados, el 22 % tuvo que desplazarse; el 22 % sufrió atentados, el 20 % de los líderes que quedaron en el territorio también fueron asesinados y en el 13 % de los casos se le robó información valiosa para sus procesos.

Lo cotidiano es que la muerte sea el inicio de un nuevo ciclo de terror. Como el que vive la familia Cuero Ortiz: a don Bernardo, fiscal de la Asociación Comunitaria de Afrocolombianos Desplazados, que luchaba por restablecer los derechos de estas comunidades, lo asesinaron el 7 de junio de 2017 cuando dos hombres le dispararon frente a su casa desde una moto. El crimen ocurrió en Malambo, Atlántico, donde huyó por las amenazas que recibió en su natal Tumaco, Nariño. Su sangre no fue suficiente. El 19 de marzo pasado mataron a sus hijos luego de testificar contra los sicarios.

Esa muerte ya había sido anunciada por el defensor Nacional del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, con tres meses de anticipación a través del sistema de alertas tempranas que usa para advertir sobre escenarios de riesgo: «Casi que con nombre propio le dijimos en marzo al gobierno nacional: ¡Van a matarlos! Al 22 de agosto, 33 de los 40 líderes fueron asesinados en los municipios donde hicimos alertas».

Por eso, Lina Tabares, la líder de Jamundí, reclama que el Estado ha sido incapaz de ponerle freno al reciente «exterminio» de los líderes sociales, así en septiembre pasado, durante un debate de Control Político en el Congreso de la República, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, enumeró cuatro decretos y tres normas «generales y particulares» para promover la protección de los líderes en el país.

Vulnerables. La Junta de Acción Comunal del barrio El Limonar 1, del corregimiento San Antonio del Prado, en Medellín, ha sido blanco de ataques de bandas criminales y de quienes controlan la corrupción.

Hablar del dolor, de la ausencia, del miedo puede ser letal para las personas que siguen en pie. Más al sur del país está el Cauca, departamento que aportó entre 2012 y 2017, 62 personas a la lista de asesinatos.

Hubert Erazo, asesor de Derechos Humanos de la Alcaldía de El Tambo, en medio de su hermetismo revela que hay líderes que jamás han pisado la zona urbana de su municipio y los mensajes, de vereda a vereda, llegan a lomo de mula. Allá, en ese pueblo del Cauca enclavado en una montaña de la cordillera occidental, en un mes de 2016 mataron a tres integrantes de juntas de Acción Comunal. Después, el miedo obligó a 13 de sus 15 concejales a dejar sus sillas vacías.

En El Tambo no reciben a extraños porque saben que ponen en riesgo su seguridad y la de los visitantes. Las autoridades que se atreven a llegar lo hacen bajo riesgo propio, despojados de sus esquemas de seguridad. Ni siquiera la paz que prometió la firma del Acuerdo para la terminación del conflicto entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC llevó tranquilidad a esas poblaciones. Tampoco a Nariño, a Antioquia, a Córdoba, a Chocó, a Arauca… Solo cinco de los 32 departamentos que conforman el territorio nacional han salido ilesos de la muerte.

En 2012, cuando comenzaron los diálogos en La Habana, la cifra de líderes asesinados fue de 60, y aunque entre 2013 y 2015 la tregua entre Estado y guerrilla trajo una calma para quienes trabajan por sus comunidades (57 muertes por año), en 2016 el terror volvió a mostrar sus garras: La cifra de muertos ascendió a 67 y en 2017, cuando se suponía que Colombia acariciaba la paz, los líderes asesinados fueron 74.

Eso muestran las cifras oficiales de la Fiscalía General de la Nación. En total, 357 personas asesinadas entre 2012 y 2017.

De los 25 tipos de líderes que fueron identificados en esos registros, el blanco principal son quienes integran las juntas de Acción Comunal, esas organizaciones aliadas del Estado desde 1958 y a las que después de la Constitución de 1991 se les otorgó capacidades administrativas y operativas.

En entrevista, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, admite que los líderes «eran la expresión de la legalidad en esos territorios, ante la ausencia del Estado», pero también «un elemento de perturbación» para los objetivos de las organizaciones criminales». Por eso, los 357 asesinatos de los últimos cinco años ponen a tambalear la institucionalidad. Esos 357 líderes ya no están y su muerte no fue el fin de una persecución.

***

Miércoles. 9 de la mañana. Antonio no llega solo. El expresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Limonar 1 presenta con la mirada a otro hombre que camina a su lado, y traza una ruta que todos seguimos en silencio hasta llegar a un negocio de artesanías contiguo a la iglesia que, a esa hora, está deshabitado; es el único lugar del Corregimiento San Antonio de Prado (Medellín) donde acceden a hablar sobre lo que nadie quiere: el asesinato de líderes sociales.

Solo huyendo, algunos logran sobrevivir. «En 1991 me dijeron: en tal fecha te vamos a matar. Tuve que desplazarme», dice el acompañante de Antonio, que lleva la mitad de su vida apuntando en una libreta fechas, lugares, nombres, datos de su comunidad que jamás debe dejar escapar un líder social. En una de sus hojas explica los momentos de persecución en su pueblo.

Cada momento de riesgo estuvo relacionado con su trabajo. Uno de ellos fue durante su periodo como presidente de la Junta de Acción Comunal de El Limonar 1, mientras impedía la construcción del relleno sanitario El Guacal por su impacto ambiental sobre la comunidad.

Para esa época, el padre Óscar Ortiz, párroco del corregimiento, señaló desde el púlpito a los habitantes que él los consideraba ‘ovejas descarriadas’. Fue cuando paramilitares del Bloque Cacique Nutibara interpretaron la palabra con asesinatos, torturas, castigos. En total, tres años de calvario que terminaron con la captura del padre Óscar, quien en 2013 fue condenado a 19 años de prisión por concierto para delinquir y desaparición forzada.

Después, la amenaza vino de la mano de bandas criminales dedicadas al microtráfico que desaparecían a líderes por denunciar sus negocios ilegales. Ahora el peligro corre por cuenta del regreso de los paramilitares vestidos de Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que ya dejaron su huella en decenas de casas ubicadas a lo largo de la única vía de acceso que tiene ese pueblo. Incluso, la fachada de la caseta comunal del Limonar 1 tiene estampado en letras rojas ACG, sigla con la que se identifica ese grupo criminal. Debajo de ellas, amenazante, escribieron: ‘Presente’.

A Julio César Rengifo, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Belén de la Comuna 16 de Medellín, quien está a 45 minutos de distancia del hombre de la libreta, también le pusieron una lápida de la que por fortuna pudo zafarse: «De la casa me sacaron más de 20 hombres de la Sijín solo con lo que tenía puesto porque me iban a matar». Él no lo dice, pero tiene que claro que ser la voz de su comuna es pecado.

Después de huir, la Unidad Nacional de Protección (UNP) le puso un esquema de seguridad por las reiteradas amenazas, pero en cuestión de días se lo quitaron porque por su «nivel de riesgo no requería protección». Qué más da. Después de 25 años de liderazgo y persecución ya aprendió a vivir con el peligro a cuestas. Sin nadie que lo proteja, ni que le garantice seguridad; ahora viaja en bus esquivando la muerte. Muerte de la que no pudo escapar María del Carmen Moreno, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Rico, en Arauquita. Ella no tuvo quién la sacara escoltada de su finca en marzo pasado. En sus 12 años de labor social gestionó redes de acueducto, de energía y la construcción de un puente vehicular para sustituir un entablado que ahora son su legado.

Sin tregua. Tres de los últimos presidentes de El Limonar fueron asesinados por denunciar manejos irregulares del presupuesto partipativo que sirve para desarrollar proyectos sociales.

Uno de sus hijos repasa los cuadernos en los que María del Carmen plasmaba sus preocupaciones, deudas, citas y proyectos de desarrollo para su comunidad. Encierra con su dedo el dibujo de un puente peatonal y susurra que fue la única tarea que su mamá no pudo terminar: su secuestro, dicen que a manos de delincuentes que cruzaron la frontera con Venezuela, y posterior asesinato hace seis meses detuvieron el proyecto. Sus cuatro hijos, hoy ya universitarios, no volvieron a la finca y tampoco saben en qué quedó esa obra. No es que no les interese, es que el miedo que cargan es más pesado que la cruz que llevaba su mamá.

«¿Si eso pasa con los hijos, usted cree que el vicepresidente que es la persona que sigue en la lista, va a asumir? La junta va quedando sin coordinador, sin líder. Queda una herida en la familia. Queda el impacto en la comunidad», lamenta Juan de Jesús Gómez, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, Asojuntas, en Arauquita, departamento de Arauca, donde en los últimos cinco años ocho líderes fueron asesinados. Cinco de ellos eran mujeres.

El fiscal general de la Nación admite que en la planeación del posconflicto el Estado se quedó «bastante rezagado», y asegura que «mientras se negociaba la paz, la gran amenaza que se sugería al país era la inseguridad en los centros urbanos y se les olvidó que el caldo de cultivo del crimen es el narcotráfico».

Entonces, pese a los gritos ahogados de periodistas, ciudadanos en las redes sociales, defensores de derechos humanos, organismos internacionales y algunos funcionarios del Estado, el miedo por la reactivación de los cultivos ilegales, el narcotráfico y la corrupción, se esparce sobre pueblos, ciudades, departamentos e impide que en esas comunidades nazcan nuevos liderazgos. Por eso, Antonio y su acompañante hablan de lo que nadie quiere bajo las sombras del negocio contiguo a la iglesia.

***

Bernabet López es el presidente actual de la Junta de Acción Comunal del barrio El Limonar 1, pero más parece un arriero: coordina las actividades deportivas de los niños, vigila que el grupo de medio ambiente haga la separación de residuos en las esquinas del barrio antes de que el carro recolector pase, programa actividades culturales, hace rifas para recoger fondos para que funcione la junta…

Conoce el viacrucis de trabajar en medio del peligro y sabe bien que conseguir el aval financiero para los proyectos es toda una procesión: «Me tengo que movilizar a las reuniones con mis propios recursos porque la alcaldía no me da incentivos. El día que se antojan convocan reuniones y si usted no va, con justificación previa, la que pierde es la comunidad. Pero la gente en el barrio cree que yo recibo plata en efectivo y que con eso me estoy haciendo rico».

Por eso Antonio, sentado en una banca del negocio contiguo a la iglesia principal de ese corregimiento de Medellín dice que la participación está secuestrada y a la gente le da miedo hablar, denunciar, que reponer un líder muerto no es como reemplazar fichas de ajedrez. Se requiere obstinación y convicción para seguir liderando.

Mientras los líderes afirman que están casi solos en su tarea, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior en el Gobierno de Santos, explica que desde la Dirección de Participación Ciudadana se les apoya con capacitación en temas de derechos humanos, de seguridad ciudadana, en convivencia. Pero confirma que no devengan un sueldo y que tampoco hay recursos asignados por ley para los territorios.

Aún cuando fueron creadas por la Constitución de 1991, José David Riveros, exdirector de Participación Ciudadana del Ministerio del Interior, explica que los barrios o las veredas no tienen obligación de crear las juntas comunales, cada quien las arma por decisión propia: «Si quieren que les pavimenten una cuadra, que les pongan redes de acueducto, de energía, tiene que jalonar en la alcaldía o departamento recursos para el proyecto. Algunos líderes tienen contactos muy buenos con los políticos, a quienes también les sirve el apoyo posterior de esa comunidad. Pero a un líder nunca se le entrega plata en efectivo».

Esa muerte ya había sido anunciada por el defensor Nacional del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, con tres meses de anticipación a través del sistema de alertas tempranas que usa para advertir sobre escenarios de riesgo: “Casi que con nombre propio le dijimos en marzo al gobierno nacional: ¡Van a matarlos! Al 22 de agosto, 33 de los 40 líderes fueron asesinados en los municipios donde hicimos alertas”.

Los líderes no reciben un sueldo por sus tareas, pero sí hay un presupuesto ‘participativo’ para las comunidades. Motivo que en Antioquia, el segundo departamento con más integrantes de Juntas de Acción Comunal asesinados en los últimos cinco años, ha llevado a grandes disputas. Antonio y su acompañante cuentan que bandas criminales y corruptos, en ocasiones, han hecho elegir en las juntas a sus aliados para desde allí controlar los territorios.

El puesto que hoy ocupa Bernabet fue el mismo de que ocupó Guillermo Arias antes de lo que mataran. Ya el líder que se encargaba de sacar de la drogadicción a los jóvenes de su barrio con actos culturales había denunciado desde su cuenta de Facebook: «Los líderes comunales estamos mamados de presentar iniciativas, debatirlas, concertarlas, visibilizarlas; gastar tiempo y pasajes de nuestro bolsillo, para que luego venga un foráneo a ejecutar los proyectos».

Guillermo estuvo solo dos meses en la presidencia de la junta. Antes había ayudado en las labores de tesorería. Una noche de octubre de 2015, después de una fiesta en la caseta comunal, un hombre le cortó el cuello. Y aunque su muerte no aparece entre las cifras oficiales suministradas por la Fiscalía General de la Nación a las que tuvimos acceso, en 2016 un boletín de su oficina de prensa informó que un reguetonero y su esposa habían sido condenados por el homicidio que «obedeció a una deuda que Arias tenía por una presentación artística».

En ese año también mataron a Viviana Agudelo con siete balazos al salir de una reunión de la junta. Ella fomentaba el deporte en ese corregimiento, cuna del paramilitarismo en Antioquia, pero ni Antonio ni su acompañante se atreven a hablar de esa historia. César Mendoza, de la Fundación Sumapaz, que lleva el conteo de los líderes asesinados en ese departamento, se despoja de temores y recuerda que Viviana denunció que la corrupción se estaba apoderando del manejo del presupuesto participativo, que «en las comunas de Medellín alcanza hasta los 10,000 millones de pesos para ejecutar en un año» y que los grupos armados pretenden coger ese dinero.

Los directivos de organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en que a los líderes no solo los persiguen por trabajar por la paz, sino por cumplir justamente las tareas propias de su cargo: mejorar las condiciones de su sector, dirimir conflictos, jalonar obras para el desarrollo de sus comunidades.

César, que también trabaja en la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, sostiene: «Matan a los líderes y no avanzan las investigaciones de lo que denunciaban. En la mayoría de casos sabemos quién disparó, pero no hay investigaciones claras para conocer a los verdaderos responsables de las muertes». Como en el caso de Temístocles Machado, el líder de Buenaventura asesinado en enero de 2018.

Sin embargo, el fiscal general de la Nación dice que desde que llegó a esa institución en 2016, se han esclarecido el 50 % de los casos. Que es evidente que el 50 % de las víctimas eran líderes comunales y que los victimarios son en 24 % de los casos, delincuencia organizada, pero también el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, el ELN.

No importa si es por cuenta de los dueños de cultivos ilícitos, de narcotraficantes que quiere apoderarse de los territorios, de la corrupción enquistada en las instituciones del Estado, de la delincuencia común, el temor se aloja en todo el territorio. Incluso, hay zonas, de donde nunca se fue.


*Este reportaje fue elaborado por Jessica Villamil Muñoz para El País, Colombia, y es republicado por LA PRENSA GRÁFICA por medio de CONNECTAS y el ICFJ gracias a un acuerdo de difusión de contenidos.

El exilio olvidado

Fotografía de EFE

Descuidado, colmado de excrementos, suciedad y aves de corral, el patio trasero de una humilde casa en la ciudad tunecina de Kasserine guarda un fragmento extraviado de la Guerra Civil española. Repartidas entre la grava, bajo la sombra de un ciprés, 20 tumbas alineadas, seis de ellas profanadas, componen el único cementerio de exiliados republicanos españoles que existe en Túnez, un lugar abandonado que Efe recupera para la memoria colectiva.

“Vivo aquí desde hace 32 años, cuando llegué ellos ya estaban. Se dice que están enterrados en este lugar desde la Segunda Guerra Mundial”, explica Salah Saadly, un conductor de tanques jubilado que vigila con celo una propiedad que reclama como suya. Padre de cuatro hijas, Saadly cuenta con pesar el deterioro que ha sufrido el cementerio, convertido en refugio de borrachos y maleantes a finales de la década de los setenta, cuando los últimos extranjeros abandonaron las faldas del monte Chambi, cuna actual del yihadismo tunecino. “Antes la gente venía aquí para beber alcohol y correrse juergas, pero desde que estoy aquí nadie lo ha profanado. Hay 20 tumbas. Las hemos contado. El terreno que ves es el original del cementerio”, señala mientras observa a su pequeña nieta corretear entre las lápidas. Solo una docena de ellas conservan nombres y fechas reconocibles. Corresponden a Francois Ficher, Fernando Fuilla, Antonio Sánchez Serna, Fernando Sánchez Idez, Eligio Casal, Antonio Rodríguez Fernández, Ambrosio Martínez, Francisco Puig Suárez, José Bravo Collazo y Marcelino Llano Cotrofe. Otros dos salieron a la luz el mismo día de la visita al remover el barro que las cubría: los de Antonio Bouza Martínez y Antonio Álvarez San Pedro, ambos fallecidos entre 1941 y 1945, como el resto de los que allí descansan.

Poco se sabe de ellos, más allá de que llegaron a Túnez a bordo de la flota republicana que huyó desde el puerto de Cartagena el 5 de marzo de 1939, poco después de que cayera el frente de Valencia y con ello las mínimas opciones de resistir que le quedaban al gobierno de Juan Negrín. Uno de los últimos episodios de la Guerra Civil española envuelto aún hoy, ochenta años después, en la penumbra de la historia y en la controversia política. Argumenta el historiador español Juan Eslava Galán en su libro “Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie” (Planeta, 2005), que la decisión del primer ministro de nombrar al comunista Francisco Galán jefe de la base naval de Cartagena precipitó el conflicto bélico que latía en la ciudad. Oficiales afines al coronel golpista Segismundo Casado, que en aquellos días negociaba en secreto la rendición de la flota republicana, se levantaron en armas y, junto a los quintacolumnistas, se apoderaron de las baterías desplegadas de la costa. Acosados igualmente por los Savoia-Marchetti 81, de la aviación fascista italiana –que dañó tres buques–, los barcos de guerra de la república partieron apresuradamente en busca de refugio en altamar con el joven almirante Miguel Buiza al mando. A partir de entonces, los acontecimientos se confunden.

Según los archivos del gobierno colonial francés y el diario local La Depche Tunisienne, tanto Negrín como el comandante franquista Salvador Moreno se comunicaron durante la madrugada del 6 de marzo de 1939 con Buiza. El primero para pedirle el regreso de la flota tras considerar que la sublevación estaba controlada; y el segundo, para convencerle de que continuara la navegación hasta Túnez, ya que al parecer existía un acuerdo secreto con Francia para la entrega de los barcos a las fuerzas nacionales. Horas después, los tres cruceros, ocho destructores y el submarino que formaban la flota de la república pusieron rumbo a Bizerta, vía Orán, con 4,000 marineros y soldados y 201 civiles, entre ellos siete mujeres y cuatro niños. Según las crónicas de la prensa tunecina de la época, entraron en el fondeadero de Sidi Abdalah el 7 de marzo de 1939, exhaustos pero “esperanzados por haber dejado la guerra atrás”.

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ACUERDO SECRETO CON FRANCIA

“Las autoridades francesas ya saben casi todo lo que va a suceder desde mayo de 1938. Y por eso se prepararon muy bien para acoger a la flota republicana. Cuando llegaron el 7 de marzo a las costas de Bizerta, la administración francesa, la policía, el ejército… todos estaban preparados para acoger a los buques y a los marinos españoles”, explica el historiador tunecino Bechir Yazidi, quien abunda en la idea de un pacto previo entre París y el Gobierno paralelo establecido por el general Franco en Burgos. “Impidieron desembarcar a todos los españoles que estaban en los navíos a la espera de la visita de la policía y de sanidad para ver si había casos de enfermedad. Pidieron al almirante Buiza que aceptara oficialmente las condiciones para que Francia aceptase la instalación de los republicanos”, subraya Yazidi, autor de “El exilio republicano en Túnez”, única obra dedicada a este episodio excluido de la memoria en España durante décadas.

Una vez identificados y autorizado el desembarco, la mayor parte de ellos fue trasladada en tren, en condiciones inhumanas, al campo de refugiados de Mehri-Jebbes, una antigua mina de fosfato abandonada en medio del desierto, próxima a la ciudad de Meknassi, 300 kilómetros al sur de Bizerta. El gobierno colonial francés entendió que había que alejarlos por motivos de seguridad, para evitar incidentes en un incipiente puerto internacional: “Era (algo) más que temor; piensan que vienen de una derrota militar y que su estado psicológico es un poco peligroso, ya que no tienen lazos jerárquicos con sus superiores y están armados”. También había que evitar conflictos políticos, en especial con la colonia italiana, mayoritariamente fascista: “Esos marinos representan a la España republicana, y Francia, hay que decirlo, había establecido relaciones diplomáticas con el gobierno de Franco en Burgos desde febrero. Para no crear problemas diplomáticos esperan dejar a esa gente en un lugar bien vigilado y bien aislado”, agrega el historiador. “Esa gente, que pensaba encontrar en Túnez todas las condiciones para estar bien, se da cuenta de que es indeseable para los franceses, de que el Gobierno francés está pensando en cómo repatriarlos. Pero los acontecimientos van a ser diferentes”.

Leído el último parte de guerra, Franco envía a Túnez al comandante Salvador Moreno, ya en contacto con algunos oficiales de la flota y con la Embajada de España en el país africano –que había abrazado el nuevo régimen– con la misión de recuperar los barcos. En colaboración con las fuerzas coloniales francesas, se propagó entre los refugiados que el regreso era posible, y que aquellos que se decantaran por ello podrían volver en los mismos barcos en los que huyeron, sin miedo a represalias. “La propuesta circulaba por el campo de Meknassi entre los españoles, divididos entre los que pensaban que era una oportunidad para regresar y los que pensaban que con el gobierno franquista no podía existir amnistía”, señala Yazidi. Finalmente, unos 2,200 marineros y soldados, más de la mitad de los que desembarcaron en Túnez, regresaron con el comandante Moreno.

“Vivo aquí desde hace 32 años, cuando llegué ellos ya estaban. Se dice que están enterrados en este lugar desde la Segunda Guerra Mundial”, explica Salah Saadly, un conductor de tanques

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EXILIADOS EN CAMPOS

Uno de los que optó por quedarse fue Marcelino Llano Cotrofe, tercer maquinista del crucero Libertad, rebautizado como Galicia. Nacido en 1912, hijo de un capataz del astillero de Bazán, en Ferrol, su tumba ocupa un lugar preferente junto al único ciprés de Kasserine y es una de las pocas que no han sido vandalizadas. Primogénito de una familia de 14 hermanos, ingresó en la Escuela Naval de Ferrol y fue asignado al Libertad al inicio de la década de los treinta. Miembro de la CNT, fue uno de los cabecillas de la rebelión marinera que en los primeros días de la guerra impidió que los oficiales entregaran la flota a los sublevados en el norte de África. En junio de 1939, envió una foto a su madre fechada en el campo de refugiados de Mehri-Jebbes en la que cuenta que está bien y se le ve sonriente, con un bañador y los brazos en jarras junto a un matorral. “De mi hermano, muy poquitos recuerdos”, explica Teresa Llano Cotrofe, de 88 años, la más pequeña de la familia y la única que todavía queda con vida. La noticia del descubrimiento en Kasserine de la tumba de Marcelino la desconcierta y alivia. Durante toda su vida creyó que su hermano, al que veneraba, yacía en una fosa común en algún lugar perdido del norte de África. “Me acuerdo que cuando iba de viaje nos traía unas muñecas preciosas, y que yo salía por Reyes con aquellas dichosas dos muñecas porque en aquellos tiempos había pocos medios y él era maravilloso, y poco más, porque yo siempre oía a mi madre rabiar y llorar y teníamos 50,000 líos con la guerra y con todo lo que estaba pasando (…) lo único que sé es que se marchó en el barco y que se quedó… en la roca, eso es lo que decían, no supimos otra cosa”.

Teresa rememora poco a poco, con dificultad y algo de inquietud. Revela que Marcelino, en su huida, dejó atrás dos mujeres: a Angelita, su novia de toda la vida en Ferrol; y a Isabel, una chica a la que conoció en Cartagena y a la que dejó embaraza, de la que no tenían noticias. Concluida la guerra, Isabel se presentó en Ferrol y se casó por poderes notariales. Al parecer, su hermano Celestino comenzó a ayudarle con los trámites para que pudieran reencontrarse en Túnez, pero Marcelino murió el 22 de abril de 1945, sin que se sepa la causa. En el acta de defunción simplemente se registró su profesión: delineante. “No es que me sorprenda, es que no sabía nada, no supimos más nada de él, yo no oí nada más de él en casa, nada, nada (…). Ella se marchó me parece que para Barcelona, donde está su hijo, y ya murió hace un tiempo”, relata. “Mi hermano fue a la academia militar y tuvo unos estudios buenísimos, porque mi madre, la pobre, quería que hiciera una carrera muy buena para que ayudase a sus hermanos (…), y quedó todo en nada, el pobriño desapareció y nada más. Pasamos una guerra muy dura y llamaron a todos mis hermanos. Uno de ellos trabajó en la fábrica de armas en Coruña y mi madre lloraba y decía que los hermanos estaban haciendo bombas para matar a su hermano”, recuerda entre lágrimas.

Dos decenas. Los lugareños afirman que hay 20 tumbas. “El terreno que ves es el original del cementerio”, aseguran.

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LA MEMORIA DE KASSERINE

Marcelino fue uno de los 909 españoles –en su mayoría gallegos, murcianos y andaluces– elegidos por las autoridades francesas para integrar un proyecto diseñado por el gobernador general de Túnez Erik Labonne, destinado a desarrollar Kasserine, que entonces no era más que una aldea de casas de adobe. Junto a él viajó Francisco Puig Suárez, al que hasta hace poco meses su familia buscaba por las fosas y cunetas de España. Labonne ordenó reclutar ingenieros, albañiles y agricultores que pudieran contribuir a la construcción de la vía férrea, un depósito urbano de agua y un sistema de regadío. “Los que quedaron suponían un problema financiero. Por eso, a partir del mes de abril el Gobierno francés comenzó a utilizarlos como especialistas en diferentes trabajos en el centro-oeste de Túnez. Introdujeron en este país cosas como las acequias con hormigón armado”, destaca el historiador tunecino.

Apenas queda memoria de Marcelino en Kasserine, pero sí de otros españoles a los que se recuerda con admiración y cariño. En particular a un hombre identificado como Ramón Vázquez, director de la central eléctrica de la ciudad y bastión del equipo de fútbol. En la sede del AS Kasserine, fundado en 1948, señalan que Vázquez y sus colegas gallegos fueron esenciales en la creación de la entidad, que comparte los colores verde y blanco con el Racing de Ferrol. “Los españoles trabajaban muy bien. Hay muchos que murieron aquí, pero también que regresaron a España”, explica con voz agotada y un castellano correcto Brahim, un anciano de 92 años que conoció a los republicanos y trabajó con ellos en la fábrica de papel, una de la más grandes del norte de África. Frágil y con demencia, el anciano es una de las últimas memorias vivas de los españoles. “Eran muy diferentes a los de otros países. Eran hombres muy buenos, los estimo”, balbucea antes de recordar a Vázquez.

El otro recuerdo vivo lo guarda Ahmed Rahmouni, un hombre nacido en 1943 que entró de aprendiz en la central eléctrica y también conoció a Vázquez y a su mujer, Latifa, cuando era niño, y a otros muchos españoles. “El señor Basilio trabajaba en la canalización de agua y Vázquez era el jefe de la central eléctrica. González era jefe de parque, Jairo era albañil y Laporta era chatarrero y al mismo tiempo enfermero. Después de su trabajo atendía a los pacientes en Kasserine, curó a muchas personas. Yo era aún pequeño, pero oí que huyeron del ejército español y fueron protegidos por los franceses. Escuché también que había otros españoles en la ciudad de Dahmani, a 85 o 100 kilómetros de aquí”, rememora junto a la vieja fábrica, aún en marcha. “Los españoles vivían junto a los franceses, eran agricultores. Era una relación normal. No había dificultades en la convivencia. Ningún problema. Estuvieron aquí cerca de 70 años”, subraya antes de lamentar el estado de abandono del cementerio. “Antes no estaba así”, insiste. “El cementerio era para los cristianos, no solamente para los españoles, pero hay muchos españoles allí. El señor Jairo, por ejemplo, sé que está enterrado allí. Hay otros, pero he olvidado sus nombres porque era muy pequeño. Huyeron de Franco y permanecieron aquí junto a los franceses en Túnez. Eso es lo que he oído, pero no sé si es cierto”.

Salah Saadly coincide con él. Insiste en que no quiere dinero por cuidar las tumbas, solo colocar una puerta para evitar que entren curiosos y maleantes. Y una ayuda para limpiar el suelo, plantar césped y algunas flores que devuelvan la dignidad a unos hombres que murieron lejos de sus familias y de su patria. “¿Es tan difícil para el Estado español? No exige mucho, un conserje para vigilar el cementerio y cuidarlo, creo que no costaría mucho. Para que las familias puedan venir a visitarlos”, dice sin encontrar explicación al olvido. “Son nuestros hermanos, ¿por qué les han hecho esto?”, afirma. Bechir Yazidi comparte la idea, que ya ha transmitido a la Embajada de España en Túnez, y advierte: “Los de Kasserine no son los únicos. Es muy posible que haya otros enterrados en otros lugares”.

Antes de las tumbas. Se sabe que los enterrados llegaron a Túnez a bordo de la flota republicana que huyó desde el puerto de Cartagena el 5 de marzo de 1939.