La rebelión del Stonewall, la noche que cambió la historia LGTBI

Por el mundo. Las marchas del Orgullo Gay se organizan en las principales ciudades del mundo y se han convertido en punto de encuentro de activistas.

Era como un «arca homosexual de Noé», un tugurio regentado por la mafia, un refugio nocturno donde a finales de los años sesenta los gays de Nueva York podían ser ellos mismos, liberarse y bailar como en muy pocos lugares de la ciudad.

Era el Stonewall Inn, un bar situado en los números 51 y 53 de la calle Christoper, en el barrio neoyorquino de Greenwich Village.

Su fama se remonta a la noche del 28 de junio de 1969, cuando una redada de la policía desembocó en enfrentamientos entre agentes y clientes, que dijeron basta.

«Lo cambió todo. Los gays tenían orgullo, pero no era un orgullo de ser gay, era un orgullo de ser ellos mismos, era un orgullo individual». Después del Stonewall «se convirtió en orgullo colectivo», cuenta Martin Boyce, uno de los habituales del bar que participó en aquellos disturbios.

Los altercados no fueron los primeros ni serían los últimos, pero fueron el catalizador del todavía tímido movimiento por los derechos civiles de la comunidad LGTBI en EUA, que, un año después, convocó la que acabaría siendo la primera marcha del Orgullo Gay para conmemorar aquella rebelión y condenar la brutalidad policial.

«El Stonewall convirtió un movimiento pequeño y localizado en un gran movimiento nacional que se expandió por todo el mundo», explica Eric Marcus, escritor del libro «Making History: The Struggle for Gay and Lesbian Equal Rights 1945-1990» (Haciendo historia: La lucha por la equidad de derechos para gais y lesbianas 1945-1990).

El local actual, reabierto en 2007, es un recuerdo de aquel símbolo de la explosión del movimiento LGTBI. Sus actuales dueños Kurt Kelly y Stacy Lentz lo describen como «una iglesia gay», como «un circo con mucha diversión» con el que quieren «recuperar la maltratada historia» del antiguo local.

Para Boyce, el Stonewall es algo más que un lugar para el recuerdo: «Es un verbo, una palabra de acción».

UNA CIUDAD OSCURA

«Antes del Stonewall, era muy arriesgado salir del armario. En los años cincuenta y sesenta podías perder tu trabajo, a tu familia, incluso tu casa», cuenta Marcus desde el salón de su casa, en el acomodado barrio de Chelsea.

«Nueva York era completamente diferente. Era como una película de cine negro, una ciudad oscura, no tan brillante como ahora, y en la que todas las leyes estaban dirigidas contra la gente homosexual», recuerda Boyce.

La homosexualidad fue considerada en EUA una enfermedad mental hasta 1973 y, en Nueva York, los tratamientos con descargas eléctricas no fueron abolidos de manera oficial hasta ese mismo año.

Las relaciones homosexuales, las muestras públicas de afecto y vestirse con ropa de sexo opuesto estaban prohibidas.

Por el mundo. Las marchas del Orgullo Gay se organizan en las principales ciudades del mundo y se han convertido en punto de encuentro de activistas.

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UN TUGURIO DE LA MAFIA, UN OASIS GAY

«El bar era un tugurio, feo, sin agua corriente detrás de la barra. Si conocías el bar y tenías una botella de cerveza o una lata, las limpiabas porque podías pillar hepatitis por las bebidas. No era mucho, pero estábamos contentos», cuenta Boyce, que en aquellos días acudía al bar vestido de «drag queen» aterradora.

Casi todos los bares similares estaban cerca de los puertos, en calles solitarias y peligrosas, pero el Stonewall estaba en mitad del vibrante Greenwich Village y tenía una pista para bailar, algo que también tenían prohibido los homsexuales.

«Todo el mundo iba al Stonewall por lo inusual que era un sitio con música y en el que se pudiera bailar». Boyce recuerda especialmente a las «drag queens» negras que controlaban la máquina de música, supervisaban las canciones y mantenían la pista viva. «Si pinchabas algo que no les gustaba nunca volvías a acercarte al tocadiscos», dice.

Como no estaba permitido servir alcohol a gente de «conducta desordenada» –definición que las autoridades empleaban para referirse a los homosexuales que arrestaban–, la mafia se fue haciendo con el control de estos lugares. «Siempre nos manteníamos alejados de la gente de la mafia que veíamos en el bar, aunque su presencia no era muy evidente», cuenta con nostalgia Boyce, que entonces tenía 20 años.

El Stonewall abrió sus puertas en 1967 como un negocio «privado», denominación bajo la que se conocían los locales frecuentados por la comunidad homosexual. Entre 1934 y 1964 fue un bar restaurante con el mismo nombre, pero cerró tras un incendio que destrozó su interior. Los nuevos dueños se limitaron a pintar de negro las paredes y las ventanas antes de reabrirlo para los gays de Nueva York.

Entre sus parroquianos, había desde ejecutivos con traje, que solían estar junto a la entrada, hasta las «drag queens», pasando por los «chicos de la calle» como Boyce, jóvenes adolescentes, muchos de los cuales habían sido repudiados por sus familias y que habían hecho de la calle y de la noche su vida en la ciudad.

«Había diferentes tipos de gente homosexual (…) Era como el arca homosexual de Noé, había un poco de toda clase de personas. Si hubiera habido una inundación, los gays se habrían salvado», resume Boyce.

“Hubo bajas, pero muchas de las bajas”, dice riendo, “desafortunadamente fueron de fuego amigo, porque no nos habían enseñado a jugar al béisbol o cosas como esas, así que cuando lanzábamos un ladrillo solíamos golpear a otro gay”. En aquella época, estaban en pie de guerra los pacifistas, los negros, las feministas, pero el colectivo LGTBI nunca se pensó a sí mismo como tal.

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LA MECHA

Dada la situación, con disturbios en otros locales, asesinatos de personas LGTBI y un contexto de movimientos sociales en defensa de los colectivos desfavorecidos, lo ocurrido el 28 de junio de 1969 en el Stonewall no fue una sorpresa. «Simplemente fue la noche en la que se encendió la mecha», relata.

Boyce no estaba allí cuando irrumpió la policía, pero sí que llegó, junto con un amigo, cuando empezaron a evacuar a la clientela. «Fuimos a mirar. Pude ver a las ‘drag queens’ saliendo del bar y saludando con la mano. Después siempre salía la gente que se sentía avergonzada, la que había sido pillada de improviso y temía quedar expuesta».

Todo iba como en ocasiones anteriores en otros tantos garitos de la ciudad. Pero, entonces, cuando un policía estaba empujando a alguien hacia el interior del furgón, «un zapato con tacones apareció y le respondió con una patada».

Tras un momento de indecisión, el agente entró y, desde fuera, los testigos escucharon el ruido de «carne y huesos golpeando contra el metal» del interior del vehículo. «Ya habéis visto el espectáculo, ahora fuera de aquí», dijo el policía, confiando en que se marcharían, como siempre ocurría. Pero esta vez no fue así.

«Por alguna razón que ni siquiera ahora puedo explicar, empezamos a dar pasos hacia él. No sé qué pinta teníamos porque ninguno de nosotros se giró para ver las caras de los demás. El policía agarró su porra e iba a hablar de nuevo, pero no lo hizo. Vio algo en nosotros que le asustó. Pestañeó, tragó saliva y se dirigió hacia dentro del bar», relata.

Algunos activistas recuerdan a la «drag queen» Stormé DeLarverie como la primera en resistirse, pero, según Boyle, los disturbios ocurrieron en diferentes puntos al mismo tiempo y en un espacio reducido, «porque había habido suficiente provocación por parte de la policía para que todo comenzara».

Cuando los policías corrieron hacia el interior del Stonewall, la situación se descontroló: «Todos nos volvimos locos. Primero les lanzamos peniques, que eran de cobre (copper) y era también el nombre de pila de la policía («coppers»), y después empezamos a lanzar cosas más serias hasta que nuestros bolsillos se quedaron vacíos».

Cientos de personas se unieron a la protesta y aparecieron las fuerzas antidisturbios. «Nada es más ruidoso en unos disturbios que el silencio, y toda la calle se quedó en silencio. Solo se escuchó una marcha, un fuerte ruido de tropas. Toda la gente que había se abrió y ahí estaban», cuenta Boyle, como si reviviera aquella noche y no la hubiera narrado en los últimos años.

Fue entonces –prosigue– cuando tuvo lugar uno de los momentos más memorables: «Cuando llegaron los refuerzos, los manifestantes se agarraron unos a otros formando una fila y, ante la mirada atónita de los agentes, comenzaron a bailar levantando la piernas mientras cantaban la canción ‘We Are the Villages Girls’ (Nosotras somos las chicas del Greenwich Village)».

Antes de terminar la canción, se produjo la temida carga policial en la que Boyle recibió un golpe en la espalda del que no fue consciente hasta la mañana siguiente. Los altercados continuaron y no llegaron a su fin hasta que «comenzó la luz del día».

«Hubo bajas, pero muchas de las bajas», dice riendo, «desafortunadamente fueron de fuego amigo, porque no nos habían enseñado a jugar al béisbol o cosas como esas, así que cuando lanzábamos un ladrillo solíamos golpear a otro gay». En aquella época, estaban en pie de guerra los pacifistas, los negros, las feministas, pero el colectivo LGTBI nunca se pensó a sí mismo como tal. «No teníamos un libro o un credo o algo así, y éramos tan diversos que ni siquiera estábamos unidos, así que no había ninguna manera de encontrar un camino para salir de esa situación».

Según Boyle, «si no hubiera sido por los organizadores que aparecieron después del Stonewall, que planearon la primera marcha (del orgullo gay en conmemoración de las revueltas) y que formaron algunas de las organizaciones militantes, muy probablemente el Stonewall hubiera desaparecido de la historia».

Se refiere a la primera marcha, la que catapultó lo ocurrido en este bar y mantuvo para siempre encendida la llama del movimiento por los derechos de los LGTBI. «Esa protesta de 1970 en Central Park fue la mayor concentración de homosexuales en toda la historia», rememora Marcus.

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EL NUEVO STONEWALL

Kurt Kelly y Stacy Lentz, dos de los dueños del actual Stonewall, que ocupa parte del espacio del viejo antro gay, aseguran que quieren preservar y mantener su espíritu y la lucha del movimiento LGTBI.

«Queríamos recuperar la historia, que fuera tratado y respetado como debía, porque no lo estaba siendo», cuenta Kurt, sentado en la barra del bar del piso superior, un añadido al espacio original. Desde que reabrió bajo su gestión, en 2007, el objetivo es mantenerlo «en primera línea de la lucha por los derechos del movimiento gay», añade Lentz, activista lesbiana que se ocupó de que en el nuevo bar tuvieran cabida las mujeres.

«El Stonewall no era un lugar al que iban las mujeres, ni siquiera en los noventa, cuando reabrió como un bar gay. Pero, afortunadamente, nosotros como grupo hemos trabajado para dejar que las lesbianas entren aquí y darles un lugar», cuenta la activista, que asegura que en Nueva York hay 55 bares que se definen como locales homosexuales para hombres, dos «como una especie de mezcla» y otro con «puramente de lesbianas».

«Somos un movimiento. Cuando nos hicimos cargo, nuestro objetivo era hacer de esto una iglesia gay, donde todo el mundo pudiera venir y regocijarse y donde todo el mundo pudiera lamentarse», agrega Kelly. Aunque también es como un «circo», con espectáculos de «drag queens», conciertos y cabaré, recuerda.

Hoy, el Stonewall está reluciente, con una planta baja recubierta de madera y con un billar; un piso superior con otra barra de bar y banderas arcoíris colgadas del techo negro y una fachada repleta también de pequeños estandartes multicolores del movimiento LGTBI.

Las visitas de personalidades como el primer ministro irlandés Leo Varadakar y su pareja, Matt Barret, en 2018 o la actuación de la cantante Madonna, la pasada Nochevieja, no han hecho más que impulsar su popularidad.

Una fama que sus dueños esperan que no les sobrepase con la llegada de millones de turistas a Nueva York para participar en la celebración de la marcha mundial del Orgullo, este 30 de junio, que marcará también el 50 aniversario de la rebelión de los clientes de aquel antro gay.

En agenda. La visibilidad que se gana en la marcha sirve para poner en agenda temas de derechos humanos, acceso a oportunidades y erradicación de la discriminación.

Donde el régimen de Ortega no ha podido penetrar es en los medios

Sergio Ramírez, escritor
Sergio Ramírez, escritor

Sergio Ramírez llegó a un salón del piso 15 de un hotel de San José, Costa Rica. Era la mañana del viernes 17 de mayo, el último día del Festival Centroamérica Cuenta, celebrado desde 2012. Al fondo casas y edificios, pero más al fondo, cubierta de nubes, la Cordillera Volcánica Central, que atraviesa 80 kilómetros de este país.

No es casualidad que el festival, que siempre se realizó en Nicaragua y es organizado por un equipo al que pertenece Ramírez, tuviera como sede para 2019 Costa Rica. El año pasado, la sexta edición fue suspendida por la crisis política nicaragüense que estalló el 18 de abril, pero esto no calló a las letras. La nueva edición del festival fue paralela a la Feria Internacional del Libro de San José, y como por costumbre, volvió a juntar en una semana a escritores, periodistas y académicos.

Ramírez es un escritor de 76 años con una vasta trayectoria literaria. Se ha agenciado prestigiosos premios otorgados a escritores en lengua española, como el Premio Internacional de Novela Alfaguara (1998), Premio Casa de las Américas (2000) y el Premio Cervantes (2017).

También tiene un pasado político. En 1977, en este país donde atendió la entrevista, comenzó a encabezar el Grupo de los Doce, como una respuesta contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, el último Somoza que gobernó Nicaragua hasta julio de 1979 y quien se fue del país con el triunfo de la revolución sandinista. El grupo estaba integrado por empresarios, intelectuales y sacerdotes, y era apoyado por el Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), del cual él ya es disidente.

Ramírez conoce de cerca a Ortega. Junto con él y otros cuatro nicaragüenses conformaron en 1979 un gobierno transitorio llamado la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, que tenía como misión reconstruir a una Nicaragua que había atravesado una dictadura de casi medio siglo. Y de 1985 a 1990 fue su compañero de fórmula, como vicepresidente de la república.

«Son dos etapas muy diferentes», precisó al consultarle sobre cómo ve a la Nicaragua gobernada por el mismo presidente en dos periodos marcados por 16 años de diferencia. Para él, desde que Ortega volvió al poder en 2006, intentó contentar a la población con donativos y «paliativos» por medio de la cooperación venezolana y el dinero del petróleo proveniente de Venezuela, y logró, además, un pacto con la empresa privada y cierto grado de estabilidad política y económica.

Ramírez consideró al gobierno orteguista un «caudillismo cualquiera», además de neoliberal. Un gobierno que pensó que a causa de sus acciones, la población no iba a percibir la ausencia de democracia, ni la falta de libertades públicas, que no iba a registrar las crecientes agresiones contra los movimientos populares y el «candado» contra las universidades estatales para que los estudiantes no se movilizaran. Antes de este escenario, dijo Ramírez, faltaban «pocas chispas» para que todo estallara.

La investigación periodística #Petrofraude, realizada por CONNECTAS en alianza con cinco medios de comunicación, incluido LA PRENSA GRÁFICA, reveló que Nicaragua es el país más beneficiado con Petrocaribe, una alianza petrolera con 14 países afines a Venezuela, creada por Hugo Chávez en 2005.

Tras analizar documentos y consultar diversas fuentes, el equipo de periodistas estableció que bajo un esquema de compensación –que consistía en exportar productos alimenticios a cambio de petróleo–, Nicaragua recibió hasta junio de 2018 más de $3 millones en préstamos petroleros y exportó productos que representaron casi el 80 % de los montos en ese mecanismo, a través de ALBA Alimentos de Nicaragua (Albalinisa). Esto, según los hallazgos, hizo que Ortega sostuviera buenas relaciones con organizaciones agropecuarias vinculas al FSLN, con empresarios locales agroindustriales y centroamericanos.

Ya cuáles son los alcances de la democracia (en El Salvador), si la democracia produce bienestar social, si produce justicia, si produce equilibrios sociales, si la democracia es capaz de acabar con esta realidad oscura de las pandillas juveniles, de la corrupción, del narcotráfico. Eso depende la habilidad del gobernante.

El detonante de la crisis, la polémica reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, incluía el aumento de la tasa de contribución de los trabajadores y empleados. La más cuestionada: los jubilados tendrían que aportar el 5 % del dinero que recibieran de pensión.

Días antes del estallido de la crisis, los jóvenes también habían protestado, recordó Ramírez, en referencia a las acciones que tomaron debido al incendio Reserva Biológica Indio Maíz, que acrecentó el malestar social. Ese incendio no fue atendido de inmediato por el Gobierno y duró 10 días. Arrasó más de 5,000 hectáreas. Los jóvenes, dijo Ramírez, le reclamaron al orteguismo por la pasividad para proteger las áreas forestales en riesgo.

«Estos fueron simplemente detonantes de un malestar muy grande que había, sobre todo, en los jóvenes», sostuvo. Agregó que las nuevas generaciones en Nicaragua están repitiendo en 2019 el itinerario de la resistencia del año pasado, ya que conmemoran los «hitos» de las movilizaciones que comenzaron en abril. Esto lo consideró importante, porque la gente se motiva a continuar con la lucha.

Sergio Ramírez, escritor

El 30 de mayo pasado, por ejemplo, se celebró una misa en la catedral de Managua para conmemorar el asesinato de 19 jóvenes a manos de policías y paramilitares en la llamada «Madre de todas las marchas», la mayor marcha realizada en Nicaragua contra la dictadura Ortega-Murillo desde que comenzó la crisis y que fue convocada por madres que hasta entonces habían perdido a sus hijos.

Desde el 28 de septiembre de 2018 las marchas fueron ilegales, lo que viola el derecho constitucional de las manifestaciones pacíficas. Ramírez opinó que desde entonces ha habido «prudencia en la lucha», ya que la gente quiere prevenir más daños, pero eso no significa que esta lucha esté enterrada. Sin embargo, según el escritor, al haber oportunidad de salir a las calles, la gente lo hará y por miles.

A pesar de la represión, los nicaragüenses comenzaron el uso de una serie de códigos para protestar, como lanzar globos azules y blancos a las calles, los colores de la bandera del país; y en el caso de las mujeres, y algunos hombres, a pintarse los labios con labial rojo. Esto es conocido como «pico rojo» y se hizo famoso en octubre del año pasado, cuando Marlen Chow, una socióloga organizada, se pintó de labial rojo los labios en señal de protesta dentro de la cárcel El Chipotle, donde ella y otras 37 personas fueron llevadas por exigirle al Gobierno que liberara a los presos políticos.

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Medios sin trabas ni cortapisas

El Gobierno y la Alianza Cívica –conformada por estudiantes, agricultores, ambientalistas y empresarios– negociaron en marzo pasado la liberación de los presos políticos. Ortega incumplió la promesa de liberarlos en mayo y el 11 de junio sacó de la cárcel a 54, tres días después que la Asamblea Nacional aprobó una propuesta exprés de Ley de Amnistía que perdonaba las violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco de la crisis.

La Alianza Cívica denunció que todavía falta por libertar a otros 89 presos. El plazo consensuado para hacerlo venció el pasado martes. Sin embargo, un mes antes de estos hechos, Ramírez señaló que las únicas armas de la Alianza Cívica eran la moral y la ética, y si el orteguismo no cumplía con lo que acordó, tocaría seguir presionando. Las negociaciones nunca son fáciles, dijo, más si se trata de un régimen que quiere dilatarlas hasta 2021 –el año de las elecciones– porque no quiere abandonar el poder, sino realizar comicios amañados. Mientras que a la comunidad internacional le compete estar vigilante de lo ocurra en Nicaragua.

Por otra parte, agregó, existe una población desencantada que ya no respalda la fórmula de Ortega-Murillo, sino que quiere ver elecciones libres, presos políticos liberados, el regreso de los nicaragüenses exiliados y el funcionamiento de los medios de comunicación «sin trabas ni cortapisas».

La noche del 13 de diciembre, la policía entró a la fuerza a las instalaciones del periódico El Confidencial, donde también eran producidos los programas «Esta noche» y «Esta semana», medios críticos del régimen dirigidos por Carlos Fernando Chamorro, hijo de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro. Los policías incautaron computadoras y equipos a periodistas.

«Saquearon nuestra redacción. Un ataque brutal contra la libertad de prensa y libertad de empresa», denunció Chamorro en su cuenta de Twitter la mañana del siguiente día de los hechos. En la misma publicación hizo responsable de ello a Daniel Ortega, por ser el jefe de la policía nacional.

Sergio Ramírez, escritor

Chamorro fue a reclamar por el equipo incautado dos días después de estos hechos a la Policía Nacional de Nicaragua, ubicada en Managua, pero él y el grupo que le acompañaba fueron reprimidos. Días después, en enero, se exilió en Costa Rica.

A finales de diciembre también fueron allanadas las instalaciones del Canal 100 % y fueron detenidos Miguel Mora y Lucía Pineda, director y jefa de Información de este medio independiente. Fueron acusados de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas, y liberados el pasado 11 de junio.

A estos ataques de la prensa se suman la retención de papel para las ediciones de los periódicos impresos La Prensa y El Nuevo Diario, que siguen funcionando con pocos recursos. Más los periodistas, que como Chamorro, se han ido al exilio.

«Donde el Gobierno no ha podido, el régimen no ha podido penetrar, es en los medios, en las redes sociales. Una batalla perdida. Busca cómo contrarrestar control con mentira, con redes falsas, pero ahí está la fortaleza de la difusión de noticias que el régimen quisiera no escuchar», apuntó Ramírez.

De acuerdo con el escritor, la democracia en Nicaragua sufre una amenaza muy grave, porque los medios de comunicación no están funcionando como deberían. Señaló que el hecho que de haya periodistas exiliados lanza una voz de alerta sobre la manera que los mismos medios deben fortalecer sus posibilidades de penetrar en la gente con una alternancia en las redes sociales –menos vulnerables a estos ataques–, dijo, y a acostumbrar al público a informarse con estas plataformas.

Desde que estalló la crisis en Nicaragua, las redes sociales han sido los medios desde los cuales los ciudadanos se han informado, organizado y denunciado la represión del régimen, incluidos los periodistas y académicos. Fue usual ver circulando el #SOSNicaragua en referencia a la señal de socorro. También hubo mujeres y hombres con «el pico rojo» que subían sus fotografías a redes sociales.

A inicios de julio del año pasado, hubo un video que se hizo viral. Eran dos universitarios detrás de una barricada en Managua. «Mamá, mamá, perdóname. Salí a defender mi patria. Te amo», decía una joven llorando. «Si logra ver esto, díganle que la quiero mucho, y que no me arrepiento de nada», le secundaba otro joven con la mira asustada, mientras al fondo se escuchaban gritos y disparos.

La Iglesia católica también ocupó las redes sociales para denunciar. El ex obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua Silvio José Báez lo hizo a través de un Facebook Live con 100 % Noticias, el 27 de abril. Habló, llorando, sobre las torturas a los jóvenes luego de ser capturados por el régimen de Ortega.

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La democracia en El Salvador

Sergio Ramírez, además, se refirió a la realidad salvadoreña previo a la toma de posesión de Nayib Bukele como presidente de la república. Sobre él dijo que «tiene una personalidad muy explosiva, muy especial», pero no tiene la posibilidad de imponer sanciones a los medios de comunicación, como en Nicaragua, o quemar radios, cerrar televisoras, exiliar o encarcelar a periodistas, porque en El Salvador funciona un sistema institucional diferente al del régimen orteguista, y si esto ocurriera, no sería tolerado por la sociedad.

Sin embargo, aclaró que nadie está conforme con que exista un choque entre el poder político del gobierno y los medios de comunicación. «Los medios de comunicación, en cualquier contexto, tienen que desarrollar libremente su misión, que es informar y ser críticos. Sin una prensa crítica no hay democracia y yo espero que el nuevo gobierno de El Salvador va a amoldarse a esta realidad», dijo.

En los primeros días de su gestión, Bukele comenzó a usar su cuenta de Twitter como el medio de comunicación unidireccional. Desde el 1.º de junio, cuando fue juramentado como presidente de la república, dio su primera orden a través de esa red. Fue a la Fuerza Armada y consistió en retirar el nombre del comandante del batallón Atlacatl, acusado de perpetrar la masacre en El Mozote, el coronel Domingo Monterrosa, del Cuartel de la Tercera Brigada de Infantería, en San Miguel.

Luego siguieron otras órdenes relacionadas con despidos de familiares de funcionarios o exfuncionarios del FMLN, según Bukele, de diferentes instancias del Gobierno.

Desde afuera de El Salvador, Ramírez dijo que la expectativa de este nuevo gobierno es que la democracia funcione, que el voto popular sea respetado, como lo ha sido desde la firma de los Acuerdos de Paz. Y sostuvo que la misma elección de Bukele es un signo de funcionamiento de la democracia, porque es un tercer candidato que se ha impuesto sobre las fuerzas políticas tradicionales del país, ARENA y el FMLN.

Es una población desencantada (la nicaragüense), que no respalda más esta fórmula (Ortega-Murillo), no respalda más al régimen y quisiera ver unas elecciones verdaderamente libres, quisiera ver a los presos políticos liberados, quisiera ver el regreso de todos los exiliados, el funcionamiento, otra vez, de los medios de comunicación sin una clase de trabas o cortapisa.

Además, el escritor apuntó que él quisiera ver cada vez mejores gobernantes, pero sin los mecanismos de la democracia no se puede hablar de esto. «Ya cuáles son los alcances de la democracia (en El Salvador), si la democracia produce bienestar social, si produce justicia, si produce equilibrios sociales, si la democracia es capaz de acabar con esta realidad oscura de las pandillas juveniles, de la corrupción, del narcotráfico. Eso depende la habilidad del gobernante», señaló.

La postura de Bukele frente al problema de las pandillas es la represión. El 12 de junio, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, dijo que el mandatario le había dado la orden de reprimir la violencia, y que por su parte, el Gobierno se dedicaría a la prevención.

El pasado martes, el presidente montó una conferencia en la que anunció medidas que incluiría en el Plan de Seguridad presentado a la Asamblea Legislativa. Entre ellas, cortar la comunicación de los reos en centros penales, hacia el exterior, una medida ya implementada tras la aprobación de las medidas extraordinarias. Además, atacar a los financistas de pandillas. Ese día por la noche, subió a Twitter una fotografía donde aparecía reunido con las autoridades de Seguridad Pública y dijo que el jueves a media noche comenzaría el «Proyecto control territorial», que consiste en desplegar a policías y militares en zonas con alto índice de delincuencia.

Mientras que el jueves las autoridades decretaron estado de emergencia en los 28 centros penales del país y el viernes hubo traslado de 1,041 reos a diferentes cárceles, según informó en un comunicado de Twitter la cuenta de la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

Pero sobre el combate a la corrupción, hasta el momento, Bukele no ha manifestado ninguna propuesta concreta, pese a los antecedentes por corrupción que tiene el país. Hay un expresidente encarcelado por lavado de dinero (Elías Antonio Saca, 2004-2009), mientras que el primer presidente de la izquierda, Mauricio Funes, acusado de delitos de corrupción, es prófugo de la justicia y se asila en Nicaragua.

Sergio Ramírez, escritor

Venezolanos en Ecuador, radiografía del hambre que emigra por Latinoamérica

Fotografía de EFE

Un hombre famélico, con sus vestimentas color hollín y zapatillas roídas, camina solo, con paso firme y portando un petate, en dirección al puente de Rumichaca, entre Ecuador y Colombia; es una de esas tantas puertas de la esperanza para los venezolanos que huyen del hambre y la pobreza.

Con dos hendiduras a ambos lados del rostro, que dibujan el contorno de su mandíbula y la piel quemada por el sol y las inclemencias de la cordillera andina, este venezolano de nombre Fredy Ramón Castillo, de 60 años, ha recorrido más de 2,000 kilómetros desde Valencia, estado de Carabobo, hasta el principal acceso a Ecuador y lleva ocho días caminando.

«El sueldo no me alcanzaba para comprar medicinas y decidí salir de Venezuela para ayudar a mi mamá», afirma antes de romper a llorar por su situación, que comparten los cerca de 2,000 a 3,000 compatriotas, hasta 5,000 en los días álgidos, que cruzan este límite.

Es una frontera que solo en 2018 fue atravesada por más de un millón de venezolanos, de los que más de 220,000 no registraron su salida del país por puertos oficiales, según datos oficiales.

Venezuela afronta en el último lustro una grave crisis económica, agravada por la escasez de comida, medicinas, productos básicos y servicios como electricidad o agua potable, inseguridad, que ha llevado a más de 4 millones a dejar su país y engrosar el movimiento más grande y rápido de personas en la historia reciente de Latinoamérica.

Ecuador. Es el país que recibe a más emigrantes en proporción a su extensión territorial y número de habitantes de la región. Para finales de año se estima que su población llegará a medio millón de personas.

Ecuador es el cuarto receptor de venezolanos en América Latina después de Colombia, Perú y Chile, y tiene una población estimada de más de 300,000, cifra que podría acercarse al medio millón para finales de año, según vaticina su cancillería.

Es además el país que recibe a más emigrantes en proporción a su extensión territorial y número de habitantes de la región.

Cada día cerca de una veintena de autobuses llega a la divisoria con Ecuador procedente de Colombia, donde comienza el éxodo por la región suramericana, aunque numerosos individuos solos o en grupo hacen el recorrido a pie.

Es el caso de media docena de hombres y mujeres en la veintena, que alcanzan casi desmayados el límite territorial con dos bebés y sus vidas en apenas dos maletas con ruedas y varios bultos que se han ido turnando en cargar en su largo trecho.

«Comenzamos hace 19 días», refiere a Efe Edison Mendoza, del estado de Lara, con su hija de año y medio dormida en su regazo.

Ecuador. Es el país que recibe a más emigrantes en proporción a su extensión territorial y número de habitantes de la región. Para finales de año se estima que su población llegará a medio millón de personas.

Su objetivo también es llegar a la capital peruana, donde tienen familiares, tras haber descartado Ecuador. «Porque no tener nada que comer nos ha motivado a recorrer todo esto, y lo que nos falta», comenta.

De acuerdo a un reciente informe de seguimiento del flujo de la población venezolana en Ecuador de la Organización Internacional (OIM), el 54.4 % de los venezolanos inició su viaje entre uno y siete días antes de llegar a los principales puestos fronterizos, donde el costo promedio del mismo fue entre $100 y $500.

Asimismo, el 46.3 % viaja solo, el 42.9 % con familiares y el 10.6 % con un grupo no familiar; y el 33.8 % de los encuestados en la frontera expresó su deseo de permanecer en el país, el 52.3 % planea radicarse en Perú y el 12.4 % en Chile.

Con una economía dolarizada y un envío regular de remesas a Venezuela que promedia los $20, Ecuador se ha tornado para muchos en una opción donde empezar de cero.

El perfil de los que en estos momentos ingresan a este país está cambiando respecto a los últimos años, según subrayan los organismos internacionales, con un aumento de las mujeres (44.7 %), y en su gran mayoría con el bachillerato acabado (43.6 %), cuando en años precedentes solía hacerlo un mayor número de licenciados.

«Podemos decir que en una primera etapa de la movilidad fueron los cabezas de familia, y ahora desde hace un año tuvieron sus recursos económicos y pueden hacer la reunificación familiar», indica a Efe Vladimir Velasco, director distrital del Ministerio de Inclusión Económica y Social de Ecuador (MIES), en la ciudad fronteriza de Tulcán, aledaña a Rumichaca.

A escasos metros del puente internacional, en la divisoria común, un autobús fletado por la OIM efectúa su última parada del trayecto desde Colombia y a sus escalerillas, un trabajador del organismo informa a los pasajeros venezolanos que descienden que se separen en grupos en función de los que se quedan en Ecuador y los que siguen recorrido a Perú, que desde el sábado exige visado humanitario.

Junto con el grupo de recién llegados, tres jóvenes maleteros venezolanos esperan sacarse unas monedas ayudándoles a cargar sus pertenencias hasta el área donde deben proceder a regular su documentación.

Reciben pesos y dólares de la nueva modalidad de pasajeros emigrantes, que les dan para tirar, «algunos días llegamos, otros no», refiere Lewis Cuello, de Caracas, si tienen suerte incluso envían algo a la familia en la República Bolivariana.

A ambos lados del cruce varios habitáculos de organizaciones internacionales, como ACNUR, UNICEF, Cruz Roja Internacional, Programa Mundial de Alimentos, ONG, gobiernos locales y cancillerías, se han convertido para muchos de los viajeros en parada y fonda en su trayecto.

Los niños juegan en espacios lúdicos y los mayores cargan sus celulares en un punto habilitado, chequean su salud o simplemente reciben alimentos en una espera que puede demorarse varias horas.

La mayor parte de los viajeros que atraviesan la frontera ecuatoriana lo hacen con cédulas de identidad y pasaportes, aunque el 2.5 % no posee documentos, especialmente menores, constatan las entidades responsables.

Entre inicios de febrero y finales de marzo de 2019, el Gobierno ecuatoriano exigió la presentación de antecedentes penales apostillados a los venezolanos que ingresaron en el país, medida suspendida por la justicia.

El viaje. El 46.3 % de los venezolanos que viaja a Ecuador lo hace solo, el 42.9 % con familiares y el 10.6 % con un grupo no familiar.

Pese a liderar esfuerzos regionales para hacer frente al fenómeno, abogando por una flexibilización y políticas de «brazos abiertos» a la población vulnerable, el presidente, Lenín Moreno, ha anunciado que se exigirá una visa humanitaria, siguiendo con el ejemplo peruano.

Desde Rumichaca parten al día en función de la demanda, entre cuatro y ocho autobuses humanitarios con destino a Huaquillas, en la divisoria con Perú, flujo que podría frenarse una vez que ha entrado en vigor la disposición adoptada por Lima.

Una plazoleta que alberga las instalaciones humanitarias en el cruce con Colombia se ha tornado en un gran recinto de espera donde se agolpan las familias venezolanas con sus pertrechos.

Génesis Camacho, de 24 años y oriunda de Zulia, espera su turno para poder alimentar a su hijo pequeño gracias al Banco de Alimentos. Viajó con su marido en autobús y piensa radicarse en Ecuador donde ya se encuentra toda su familia. «Éramos los últimos», asegura.

Cada vez se observan más casos de madres que migran con sus hijos, mayores o personas con discapacidad que en una primera etapa no se lo planteaban.

Una tendencia «creciente», según la alta comisionada adjunta de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Kelly Clements, que en su primera visita al país andino advirtió a Efe que la mayoría de los venezolanos en situación de movilidad por la región requiere de «protección internacional».

El éxodo masivo de venezolanos se aceleró a partir de 2016, se agudizó en los últimos dos años, en paralelo al pulso de poder entre el líder chavista Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países.

Como en casi todo el continente, muchos comienzan en un cruce de caminos con un cartel que reza: «Soy venezolano, tengo hambre, por favor ayúdame».

Africanos ingresan a EUA desde México en cifras históricas

A la espera. Migrantes africanos esperan en Tapachula, en Chiapas (México), obtener el permiso legal de ingresar al territorio mexicano.

Sin dejarse desanimar por un trayecto de miles de kilómetros, las personas que huyen de las penurias económicas y los abusos a los derechos humanos en países africanos ingresan a Estados Unidos a través de la frontera con México en números nunca antes vistos, para la sorpresa de los agentes de la Patrulla Fronteriza que están más acostumbrados a los migrantes hispanoparlantes. Funcionarios de Texas, e incluso de Maine, pasan apuros para lidiar con el marcado incremento de migrantes africanos.

Están llegando a Suramérica después de cruzar el Atlántico vía aérea y embarcarse en una travesía que a menudo resulta desgarradora. Durante una semana reciente, los agentes de la Patrulla Fronteriza en el sector Del Río detuvieron a más de 500 migrantes africanos que caminaban en distintos grupos por los terrenos áridos después de un cruzar el río Bravo (Grande) con todo y niños. Esa cifra representa más del doble del total de 211 migrantes africanos que fueron detenidos a lo largo de los 3,200 kilómetros (2,000 millas) de la frontera entre México y Estados Unidos durante el año fiscal 2018.

«Seguimos viendo un incremento en la detención de migrantes procedentes de países que no solemos encontrar en nuestra área», dijo Raúl Ortiz, director del sector Del Río de la Patrulla Fronteriza. Los migrantes detenidos en Texas procedían principalmente de la República del Congo, la República Democrática del Congo y Angola. También se han encontrado grandes grupos de cameruneses que transitan por México con dirección a Estados Unidos y solicitan asilo en los puertos de entrada.

Un sábado reciente había más de 90 cameruneses formados en Tijuana para ingresar a la lista de espera para solicitar asilo, misma que supera los 7,500 nombres. En esa lista de espera también hay migrantes procedentes de Etiopía, Eritrea, Mauritania, Sudán y el Congo. Por lo general, los cameruneses toman un vuelo a Ecuador, en donde no se requiere una visa, y les toma unos cuatro meses llegar a Tijuana. Caminan durante días por la densa selva de Panamá, en donde a menudo son víctimas de robo y detenidos en instalaciones gestionadas por el Gobierno.

Poblaciones. La tramitología migratoria en la frontera sur de México ha llevado a los migrantes a poblar centros migratorios y el barrio La Esperanza, en Tapachula, Chiapas.

Provienen del sur de Camerún, una región donde se habla inglés, con horrendas historias de violaciones, asesinatos y torturas cometidas hacia finales de 2016 por los soldados de la mayoría de habla francesa que dirige el país. Unos días después de que los grupos de migrantes africanos fueran detenidos en Texas, las autoridades federales liberaron a algunos de ellos en San Antonio. Funcionarios de la ciudad texana lanzaron una convocatoria en busca de voluntarios que hablaran francés para fungir como traductores «y, lo más importante, hacer que nuestros invitados se sientan bienvenidos».

Muchos fueron trasladados en autobús a Portland, Maine, un lugar lejano de la frontera entre México y Estados Unidos. Entre los migrantes se ha corrido la noticia de que la ciudad de 67,000 habitantes es un lugar acogedor. Durante la década de 1990 se asentaron refugiados somalíes en Portland. Un total de 170 solicitantes de asilo han llegado en los últimos días.

Se prevé la llegada de cientos más durante una oleada que el administrador de la ciudad, Jon Jennings, calificó sin precedentes. Un albergue ya está lleno, por lo que se tuvo que adaptar la cancha de básquetbol del Centro de Exposiciones de Portland como refugio temporal. Las autoridades de Portland tuitearon el jueves 13 de junio que los rumores de que algunos migrantes son portadores del virus del Ébola «son absolutamente falsos» y dijo que, como solicitantes de asilo, están legalmente en Estados Unidos.

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De África a Brasil y EUA

El jueves en la tarde, familias dentro de la «Expo» charlaban en francés y portugués mientras los niños pateaban un balón de fútbol cerca de algunos catres. Uno de los hombres, Prince Pombo, de 26 años, se describió como un activista pro democracia y dijo que huyó de su país, la República Democrática del Congo, debido a la opresión política. Se trasladó a la vecina Angola y posteriormente viajó vía aérea a Brasil. Ahí, conoció a una mujer local y tuvieron una bebé a la que nombraron Heaven. Ahora con 16 meses de edad, Heaven reía mientras jugaba con su madre dentro del refugio temporal. Pombo dijo que su viaje del Congo a Estados Unidos le tomó tres años. Y hay más migrantes en camino.

México se encamina a triplicar el número de migrantes africanos que ha procesado este año respecto a los 2,100 de 2017. Mbi Deric Ambi, procedente de la parte de habla inglesa de Camerún, es uno de ellos. Durante una entrevista reciente en la ciudad de Tapachula, ubicada en México y cerca de la frontera con Guatemala, Ambi dijo que estaba a la espera de un documento por parte de las autoridades mexicanas que le permitiera continuar su trayecto hacia Estados Unidos. Viajó por tierra por Centro y Suramérica después de llegar en avión a Ecuador.

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“Seguimos viendo un incremento en la detención de migrantes procedentes de países que no solemos encontrar en nuestra área”, dijo Raúl Ortiz, director del sector Del Río de la Patrulla Fronteriza.

De acuerdo con Human Rights Watch, 1,800 personas han sido asesinadas y más de medio millón han sido desplazadas en las regiones anglófonas de Camerún desde finales de 2016. Un funcionario de Naciones Unidas señaló que hay 4.3 millones de personas que requieren de ayuda humanitaria en la zona.

«En la parte inglesa no tenemos trabajo, el sistema educativo es malo y nos ven como si fuéramos perros», dijo Ambi mientras una multitud de migrantes se reunía afuera de un centro migratorio de la ciudad mexicana de Tapachula a la espera de escuchar su nombre para obtener los documentos de viaje. Ambi ha esperado ahí cada mañana durante seis semanas. «Solo debemos ser pacientes, porque no hay nada que podamos hacer», indicó.

El marcado incremento de migrantes del África subsahariana a Estados Unidos coincide con el desplome en el flujo migratorio a través del Mediterráneo rumbo a Europa, después de que las naciones europeas y dos de los principales puntos de embarque –Turquía y Libia– decidieron tomar medidas al respecto. Entre el 1.º de enero y el 12 de junio, apenas llegaron 24,600 migrantes a Europa por la vía marítima, en comparación con los 99,600 arribos durante ese mismo periodo de 2017, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones.

Pero Joel Millman, portavoz de la OIM, duda que los africanos hayan cambiado su sendero migratorio de Europa a Estados Unidos. A través de una búsqueda en internet y preguntando entre sus conocidos, Pombo, quien era maestro en el Congo, se enteró de que Portland era un buen lugar para los migrantes. Dijo que el siguiente paso es comenzar a reconstruir su vida y la de su familia. «Me gustaría sentirme seguro. Me gustaría tener una vida decente», declaró. «Necesito empezar de cero».

Sin tregua. Aunque las autoridades mexicanas han desplegado a 6,000 agentes de la Guardia Nacional en la frontera sur, los migrantes intentan cruzar de Guatemala a México.

Donbás, la guerra olvidada

Fotografía de EFE

Bombardeos diarios, cazas de zinc, corredores humanitarios, campos de minas y odio, mucho odio. El conflicto del Donbás tiene todos los ingredientes de una guerra fratricida, pero el resto del mundo mira para otro lado. Sin hidrocarburos de por medio, las hostilidades en el este de Ucrania son vistas casi como rencillas entre vecinos.

Cada vez son menos los políticos occidentales que sacan a la luz el sufrimiento de millones de ucranianos que lo han perdido todo: sus familias, sus propiedades, su país, su libertad. Los acuerdos de paz de Minsk se firmaron en febrero de 2015, pero ninguno de los bandos ha cumplido con su parte. El resultado son más de 10,000 muertos, entre soldados del Ejército ucraniano, milicianos prorrusos y civiles, según la ONU.

El apagón informativo es cada vez mayor. El hartazgo se ha extendido a la opinión pública internacional, más preocupada por otras cuestiones. Mientras, los horrores del Donbás se han convertido en un lugar común para los ucranianos, que empiezan a entender que solo podrán salir del infierno en el que se han metido por sus propios medios.

El Donbás, que recibe su nombre de la cuenca del río Donets en el este de Ucrania y adquirió fama mundial por sus ricos yacimientos hulleros, incluye a las regiones de Donetsk y Lugansk, ambas limítrofes con Rusia. La guerra ha partido en dos ambas regiones, una mitad controlada por los separatistas prorrusos y la otra bajo dominio del Ejército ucraniano. Los Acuerdos de Minsk de febrero de 2015 estabilizaron el frente y trazaron una línea de separación de fuerzas entre ambos bandos. La guerra a gran escala cesó entonces, pero las hostilidades y escaramuzas son constantes.

SLAVIANSK, EL CORAZÓN DE LA SUBLEVACIÓN

«Gracias por acordaros de nosotros», grita uno de los policías apostados a la entrada de la comisaría de Slaviansk, región de Donetsk, donde el 12 de abril de 2014 estalló la sublevación prorrusa. Los residentes del Donbás tienen la impresión de que el mundo se ha olvidado de ellos y temen que la guerra se convierta en un conflicto congelado, sin vencedores ni vencidos.

No es causalidad que el retirado oficial ruso Ígor Strelkov, líder de la rebelión prorrusa, eligiera Slaviansk como centro de operaciones. «Recibimos el apoyo total de la población. El 90 % de los habitantes de Slaviansk quería unirse a Rusia y, además, todos hablaban en ruso, no en ucraniano», comenta a Efe. Slaviansk está orgullosa de su pasado, estrechamente vinculado al imperio ruso desde su fundación a finales del siglo XVII.

El Ejército ucraniano intenta ganar adeptos en las zonas de Donetsk y Lugansk bajo su control, como Slaviansk, pero las heridas de la guerra aún supuran y las huellas de la destrucción son latentes. Cinco años después, la pequeña localidad de Semiónovka, escenario de una de las primeras batallas de la guerra, recuerda a Dresde después del bombardeo aliado de 1945, o a Grozni tras la ofensiva rusa contra Chechenia en 1994.

Fotografías de EFE

No hay un alma en sus calles. Los escombros de lo que antaño era un hospital y las viviendas de la zona son ahora hogar de ratas y alimañas. Todas las paredes están agujereadas por balas de ametralladora de grueso calibre. Ningún tejado aguantó el incesante bombardeo con mortero. Las únicas señales de vida son dos viviendas reconstruidas por vecinos con cara de pocos amigos y una nueva clínica para niños con deficiencia.

«Aquí no hay futuro», señala Misha, un veinteañero que antes trabajaba para los ferrocarriles y que cuenta que la mitad de sus compañeros de clase emigró a la vecina Rusia. A la entrada del pueblo hay un memorial, pero está dedicado exclusivamente a la media docena de militares ucranianos caídos en los combates en Semiónovka. Nadie se atreve a profanarlo, pero son muchos los que no entienden por qué no hay un monumento a los civiles muertos. Lo que ellos ven como una conflicto civil contra la opresión del Gobierno nacionalista, en Kiev lo ven como una guerra contra separatistas apoyados por el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

«Un amigo mío murió aquí. Y no era un miliciano. Iba por la calle y una bomba lo mató», recuerda Alexandr, un taxista que rebosa rencor hacia Kiev.

“Aquí no hay futuro”, señala Misha, un veinteañero que antes trabajaba para los ferrocarriles y que cuenta que la mitad de sus compañeros de clase emigró a la vecina Rusia. A la entrada del pueblo hay un memorial, pero está dedicado exclusivamente a la media docena de militares ucranianos caídos en los combates en Semiónovka. Nadie se atreve a profanarlo, pero son muchos los que no entienden por qué no hay un monumento a los civiles muertos.

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ODIO QUE NO CICATRIZA

El Gobierno ha llenado la ciudad de carteles en ucraniano, un idioma que casi nadie habla. El ruso es la lengua franca para todos. «Vivimos bajo ocupación», comentan muchos vecinos. En el centro de Slaviansk ha aparecido un iglesia autocéfala, pero todos acuden al templo vinculado al Patriarcado de Moscú. También ha cambiado el nombre de las ciudades, de «Limán Rojo» a solo Limán, de Artiomovsk a Bajmut, aunque todo el mundo está apegado a los viejos nombres. «Hasta retiraron la estatua de Lenin de la plaza», insiste Alexandr.

Tampoco se celebra el 12 de abril, sino el 5 de julio, cuando los soldados ucranianos liberaron la ciudad del yugo ruso. Todos los años, el Ayuntamiento recuerda a los 63 soldados que perdieron la vida en la batalla de Slaviansk. «Con Strelkov se vivía mucho mejor. Fusilaba en el acto a los ladrones y bandidos», contraviene Vasili, un joven oriundo de Slaviansk, sobre los dos meses de control prorruso.

El miedo atenaza a muchos. Algunos lo tienen porque participaron activamente en la sublevación, cuentan con familiares en el bando separatista o porque estuvieron en Rusia.

«La situación es pacífica, pero sufrimos las secuelas de la guerra», comenta a Efe Vadim Liaj, alcalde de Slaviansk. Y es que Slaviansk está a apenas cien kilómetros del frente. Reconoce que Kiev «no es muy popular» entre los habitantes de la zona, pero cree que la principal demanda del pueblo no es la independencia, sino la mejora del nivel de vida. «La gente no está contenta porque los frigoríficos están vacíos y no hay nada que comer. Lo que pasa es que cuando en el Donbás se quejan de las altas tarifas, en Kiev ven la mano de Moscú. La gente se va a Polonia y Rusia no porque se sienta perseguida o no pueda hablar en ruso, sino porque quiere ganar dinero para mantener a su familia», apunta.

EL CORREDOR DE LA VIDA Y DE LA MUERTE

En ningún lugar es tan evidente el odio como en Stanitsia Lukanska, el único corredor humanitario en 150 kilómetros de frente en la provincia de Lugansk. Debido a la voladura del puente sobre el río Severski Donets por las milicias prorrusas, que querían evitar una posible incursión con blindados del enemigo, más de 10,000 personas deben recorrer diariamente los 5 kilómetros de corredor para comprar alimentos o cobrar salarios y pensiones.

La peregrinación incluye a personas de todas las edades y a familias enteras, ya que la escasez es la nota predominante en territorio prorruso debido al bloqueo impuesto por el Gobierno ucraniano sobre este territorio separatista. Es por eso por lo que la promesa que hizo Vladímir Putin de reducir a menos de tres meses la espera para obtener el pasaporte ruso ha animado a muchos, que confían en salir de una vez por todas del círculo vicioso del odio, la guerra y la destrucción.

Entre todos, quienes peor lo pasan son los jubilados, ya que deben recorrer este paso libre cada dos meses para demostrar que están vivos, de lo contrario no cobrarán su pensión. La caminata es especialmente ardua en invierno, ya que la nieve y las bajas temperaturas lo convierten en una odisea. Algunos pensionistas se ven obligados a contratar a jóvenes porteadores que, a cambio de unas 300 grivnas (unos $12) les llevan en sillas de ruedas, en trineos o en improvisados carritos de metal.

Alimentos. Un anciano transporta alimentos en un carro por el corredor humanitario de Stanitsia Luhanska.

«Es una forma honrada de ganarse la vida. No hay nada de qué avergonzarse», asegura Azot, un pequeño oseta de espalda encorvada que empuja un carrito con fruta y legumbres. Le miran un adulto y un joven, que esperan a un par de ancianas para llevarlas de regreso a su casa y cobrar su dinero.

Los caminantes culpan a Kiev de su sufrimientos. Los comparan con los nazis por bombardear con saña sus casas. Muchos se tapan la cara ante la proximidad de un reportero. Según explica a Efe una portavoz del Ejército ucraniano, los que se cubren son colaboradores de los «sépar» (separatistas, según la jerga militar) o trabajan para la autoproclamada república popular de Lugansk. «¿Es normal que una abuela como yo tenga que andar tantos kilómetros para cobrar su pensión?», lamenta una anciana de 78 años, que se queja de dolor de ciática y cojea ostensiblemente.

La guerra ha roto vidas y familias, pero alguien debe armarse de valor y de paciencia para recorrer los 5 kilómetros para visitar a sus seres queridos «al otro lado» de la zona de separación de fuerzas. Lo hacen de manera ordenada y sin abandonar el camino, ya que a ambos lados el territorio está minado. Además, los francotiradores prorrusos están apostados al otro lado del puente, por lo que nadie debe hacer movimientos en falso. También han dejado atrás casas y propiedades, por lo que deben visitarlas para evitar que sean desvalijadas.

Como en todas las guerras, siempre hay algunos que hacen negocio con la escasez. Algunos cruzan al lado controlado por Kiev para adquirir alimentos, productos o equipos electrónicos, cuyo precio en territorio separatista es mucho mayor. También están los porteadores que se ganan la vida haciendo un viaje al día y cargando hasta 75 kilogramos, el máximo permitido por el Ejército para evitar el colapso del puesto fronterizo, ya que cada persona debe mostrar su pasaporte y sus bártulos deben ser registrados minuciosamente.

Aunque las hostilidades tienen lugar a cientos de kilómetros de distancia, la guerra también se libra en la retaguardia. En Kiev, una pizzería situada en una calle aledaña a la plaza de la Independencia (Maidán) recoge donativos y contribuciones para los soldados que combaten en el frente. En la capital ucraniana cruzarse con gente de uniforme está a la orden del día.

Con todo, las elecciones presidenciales, en las que el actor Vladímir Zelenski arrasó a Poroshenko con su propuesta de diálogo con Rusia para acallar los cañones en el Donbás, demostraron que los ucranianos no quieren seguir combatiendo y muriendo y que, pese a que muchos consideran a Rusia un Estado agresor, quieren normalizar sus relaciones con Moscú, conscientes de que de ello dependen no solo la paz, sino el fin del infierno.

Negocio y necesidad. Sillas utilizadas para transportar a personas con dificultades de movimiento a la largo del corredor humanitario Stanitsia Luhanska. Los portadores cobran hasta 12 euros por trayecto.

El lujo de tener casa propia en Guatemala

Hacia arriba. Vista de la construcción de un edificio en la capital guatemalteca.

De unidades unifamiliares a viviendas verticales. La construcción se transforma y evoluciona en Guatemala, donde es un lujo tener una residencia. No solo por los bajos salarios mínimos –de unos $390 al mes–, sino también por la falta de créditos inmobiliarios de una banca conservadora.

El país está en un proceso de urbanización con grandes migraciones del área rural a la urbana porque las municipalidades, que antes no hicieron nada, ahora empiezan a ser conscientes de la baja densidad habitacional que tienen. Es por ello que empezaron a generar nuevos reglamentos de construcción que permiten edificios de apartamentos de seis niveles sin ascensor y sin parquímetros para vehículos.

LA IMPOSIBILIDAD DE ACCEDER A VIVIENDA

Esta combinación de factores, explica a Acan-Efe el constructor Eduardo Tabush –que cuenta con 19 años de experiencia en el sector–, permite el desarrollo de viviendas sociales urbanas con un valor de $32,700, incluida la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Eso representa que un guatemalteco tendría que destinar todo su salario durante 83.8 meses para adquirir su casa porque la informalidad en la que se encuentra la mayoría de la población no le permite acceder a la financiación bancaria para bienes inmobiliarios.

De los casi siete millones de personas que pertenecen a la población económicamente activa (PEA), 4.01 millones trabajan como asalariados, pero solo 1.31 millones de ellos están registrados como trabajadores formales en el seguro social.

Y la banca privada guatemalteca, comenta Tabush, es «demasiado conservadora» y le tiene una tremenda aversión al riesgo. Con poca liquidez para dar créditos a largo plazo debido a que no hay programas de ahorro obligatorio en el país, las entidades financieras únicamente hacen préstamos a los clientes de mayor recurso: los más seguros y rentables.

Impulsor de una iniciativa para crear el Instituto de Ahorro para la Vivienda (AVI), que en su opinión es una versión moderna y mejorada del Fondo Nacional del Ahorro en Colombia, del Central Fund de Singapur y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de México, el experto sostiene que a la banca guatemalteca le falta «agresividad» porque no quiere prestar para vivienda de bajo costo.

Los precios varían, incluso en una misma zona con varios proyectos de vivienda. Porque un metro cuadrado de un apartamento puede valer entre $1,500 y $2,300, pero el de las casas cuesta entre $150 y $500.

La oferta de vivienda y la financiera que la acompaña se ha concentrado en el país a atender a familias de mayores ingresos y durante los últimos 20 o 30 años se han desarrollado proyectos de casas en la periferia, creciendo la «mancha urbana».

LOS ATASCOS

Entrar a la capital desde esos «suburbios» y zonas residenciales es cada vez más complicado y tardado. La poca infraestructura vial y un parque de vehículos en aumento complica la situación y hace que el guatemalteco promedio pierda entre 2 y 3 horas en el tráfico cada día.

La Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (EMETRA) dice que en Ciudad de Guatemala circulan al menos 1.5 millones de vehículos. Y para evitar esas grandes colas la mayoría de las familias están comprando el apartamento urbano y no la casa en la periferia, pagando más pero por un producto completamente diferente y no por un alza de precios, según el experto.

LAS LICENCIAS

Para el presidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), Javier Ruiz, desde 2015 se inició la promoción de apartamentos, es decir, de viviendas verticales.

En 2018, la Ventanilla Única aprobó 55 licencias de complejos verticales con un total del 1,917,226 metros cuadrados, 28 de esos proyectos en la zona 15, una de las áreas residenciales con mayor ampliación de edificios de oficinas y apartamentos en los últimos tres años.

Mientras que en 2017 solo fueron 33 licencias de complejos habitacionales verticales, es decir, que el año pasado hubo un incremento de 66 %.

Sin embargo, la totalidad de construcciones de viviendas en 2018 superó los 3.8 millones de metros cuadrados, con una alza del 41 % en relación con 2017.

En 2018, la Ventanilla Única aprobó 55 licencias de complejos verticales con un total del 1,917,226 metros cuadrados, 28 de esos proyectos en la zona 15, una de las áreas residenciales con mayor ampliación de edificios de oficinas y apartamentos en los últimos tres años.

En el retraso de la construcción incide la burocracia. Para conseguir una licencia una empresa debe presentar unos 250 documentos y dar 170 pasos con un costo aproximado de 60,000 quetzales ($7,800). Y eso no solo tiene un impacto en la economía, sino también en la generación de empleo.

Son nueve las instituciones del Estado, además de la municipalidad, las que deben avalar una licencia en Guatemala. Sin embargo, se ha puesto en marcha el ejercicio sobre la implementación de la Ventanilla Única de Construcción en la que en menos de 48 horas se autorizaron 20 licencias.

«Estamos seguros de que la ventanilla será un claro aporte al clima de negocios en el país, lo que se reflejará en la mejora del indicador de Licencias de Construcción medido por el Banco Mundial», sostiene el ministro de Economía, Acisclo Valladares.

Una vez inaugurada esa ventanilla, los interesados llevarán un único expediente físico al que dará seguimiento una sola persona, que se encargará de obtener los 14 documentos previos requeridos para llegar a la Municipalidad de Guatemala.

DÉFICIT HABITACIONAL

Pero el impacto de la falta de vivienda en Guatemala sigue siendo alto, ya que se considera que se necesitan construir 1.7 millones de unidades con espacios que incluyan áreas verdes, transporte público, seguridad y reducción de contaminación en las ciudades.

La propuesta de la cámara es la aprobación de la ley de interés preferencial para el acceso a la vivienda, con la que esperan, en un plazo de 10 años, reducir en 50 % el déficit.

Según proyecciones del Banco de Guatemala (central), durante este año el sector de la construcción tendrá un crecimiento del 3 %.

Unas cifras que permiten concluir que el sector vivienda es un importante dinamizador de la economía nacional y una fuente de generación de empleo. Por cada 500 metros cuadrados de construcción se generan alrededor de 100 empleos, según la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (ANACOVI).

BURBUJA INMOBILIARIA

Pese a la «sobreoferta», en Guatemala se descarta que se pueda registrar una burbuja como la ocurrida en Estados Unidos, Irlanda o España, o como está ocurriendo en Australia.

«Es imposible» porque para ello, asegura a Acan-Efe Tabush, se necesita que se otorguen «grandes créditos» a personas con insolvencia económica o tener una banca «semi o completamente cómplice» en el acto y un mercado secundario hipotecario que compre esos préstamos.

Aire. Expertos han descartado que, por el momento, se pueda dar un fenómeno de “burbuja inmobiliaria” en Guatemala.

Inmigrantes sin abogados: difícil que se haga justicia

Inmigrantes sin abogados: difícil que se haga justicia

Faltaban 3 horas para que saliese el sol una frígida mañana de octubre cuando la abogada de inmigración Aissa Olivarez se subió a su Honda CR-V y se fue de su departamento en Madison.

Manejó una hora y 40 minutos hasta Elgin, Illinois, donde se montó en un tren. Llegó a las 9 de la mañana al Tribunal de Inmigración de Chicago, encargado de procesar a unas 300 personas de un centro de detención de migrantes de Wisconsin.

Olivarez viaja a Chicago hasta dos veces a la semana. Es una de dos abogados de inmigración del condado de Dane que representan a inmigrantes sin cobrar, parte de un programa nacional piloto que busca ofrecer asistencia legal gratis a los inmigrantes sin recursos.

Su cliente, un latinoamericano que vivía en Estados Unidos desde hacía 18 años y cuyos hijos son todos estadounidenses, tenía cinco arrestos por manejar borracho. Ella sabía que sus posibilidades de que quedase libre bajo fianza no eran buenas.

Aunque tenía algo a su favor. En 2018, aproximadamente dos tercios de los inmigrantes presos a la espera de que se procesase su posible deportación no tenían abogados, lo que aumentaba enormemente sus posibilidades de que permaneciesen presos y fuesen deportados, de acuerdo con un análisis de Wisconsin Watch.

Tras analizar información de la Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, Wisconsin Watch comprobó que, de los presos cuyos casos comenzaron a ventilarse entre 2010 y 2015, aquellos con abogados tenían seis veces más posibilidades de que se les permitiese permanecer en el país que los que no estaban representados. Casi el 55 % de los que tenían abogados pudo quedarse, comparado con el 9 % de los que no.

La situación es muy parecida a escala nacional: los inmigrantes sin abogados tenían menos del 8 % de esperanzas. Los casos iniciados después de 2015 fueron ignorados en el análisis porque muchos de ellos no se han decidido.

Olivarez trabaja para el Centro Comunitario Legal sobre Inmigración (sus siglas en inglés son CILC), un programa financiado parcialmente por los contribuyentes basado en Madison que ofrece servicios legales gratis o de bajo costo a algunos inmigrantes detenidos en Wisconsin.

Se trata de personas que cocinan en los restaurantes, trabajan en granjas lecheras, limpian oficinas, cuidan jardines y techan las casas, entre otras cosas. Pueden haber cometido algún delito desde infracciones menores hasta cosas graves o no. Su única infracción puede haber sido ingresar ilegalmente a Estados Unidos, lo que conlleva desde una multa pequeña hasta seis meses de cárcel.

El condado de Dane es una de 13 jurisdicciones de todo el país seleccionadas para un nuevo programa piloto que ofrece a los inmigrantes acceso a un abogado. Los individuos que enfrentan una deportación tienen derecho a representación legal, si es que pueden costearla. Aproximadamente la mitad de los inmigrantes de toda la nación con problemas legales no tiene abogados.

«Te enfrentas con el Departamento de Seguridad Nacional, que está dispuesto a tirarte encima un montón de cosas… y no tienes idea de lo que está pasando», declaró Olivarez, en alusión a los inmigrantes sin representación legal.

En la audiencia, el cliente de Olivarez rindió testimonio desde la cárcel, a través de una videollamada. Se dispuso que permaneciese preso hasta una vista para decidir sobre su deportación, pautada para enero. En esa vista, se rechazó su argumento de que correría peligro si es devuelto a su país. Olivarez apeló esa decisión.

Quienes son arrestados y luego liberados pueden vivir legalmente y también trabajar –legalmente o no– por años. La información disponible indica que un factor importante en la batalla por permanecer en Estados Unidos es tener un abogado. Grant Sovern, presidente de la junta del CILC, dijo que el programa emplea “las leyes que aprobó el Congreso para darles a los inmigrantes la oportunidad de defenderse de una deportación”.

Más de un millón de inmigrantes y de personas que piden asilo tienen pendientes procesos de deportación, incluidas 3,700 en Wisconsin. A escala nacional, unos 50,000 inmigrantes están presos, una cifra récord, según The Daily Beast.

Olivarez dijo que la mayoría de los inmigrantes detenidos en Dodge, la instalación de la que se ocupa mayormente, es gente que no fue arrestada por la Patrulla de Fronteras, sino que se quedó en el país después de que expiró su visa o que tenía permiso de residencia y fue condenada por delitos que pueden hacer que los deporten.

El gobierno de Donald Trump cambió sus prioridades y ahora incluye entre ellas a los inmigrantes que están en el país ilegalmente y que fueron acusados de algún delito, pero que todavía no han sido condenados. En respuesta, el sheriff del condado de Milwaukee, Earnell Lucas, dijo que dejará de alertar a las autoridades federales sobre el estatus inmigratorio de personas bajo su custodia, diciendo que «no está bien lo que hacen».

Quienes son arrestados y luego liberados pueden vivir legalmente y también trabajar –legalmente o no– por años. La información disponible indica que un factor importante en la batalla por permanecer en Estados Unidos es tener un abogado. Grant Sovern, presidente de la junta del CILC, dijo que el programa emplea «las leyes que aprobó el Congreso para darles a los inmigrantes la oportunidad de defenderse de una deportación».

Cuando recuperan la libertad, se une la familia, quienes trabajan pueden seguir haciéndolo y resulta más fácil conseguir un abogado, lo que aumenta las probabilidades de que puedan permanecer en el país.

El esposo de Marigeli Román, Erick Gamboa, fue detenido en septiembre de 2018 durante una redada en Wisconsin en la que fueron arrestadas 83 personas, la mayoría de ellas de México. Unos dos años antes, Gamboa fue arrestado manejando el auto de su jefe por razones laborales, sin saber que tenía las placas suspendidas. Le tomaron las huellas digitales, lo que facilitó su arresto por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (conocido por sus siglas en inglés, ICE) más adelante.

En soledad. El sistema, señalan expertos, está diseñado para que la gente renuncie a su derecho a tener una representación legal en el proceso.

Dado que había sido pillado en la frontera con México años atrás, se le podía aplicar una orden de «deportación acelerada», sin que se le hiciese una vista para analizar su libertad bajo fianza. Por más que Román le consiguió un abogado, sus esperanzas eran muy limitadas.

«El abogado dijo que tenía un 99 % de probabilidades de perder. Yo respondí que un 1 % era suficiente para que diésemos pelea», relató Gamboa.

Al final de cuentas salió airoso y en diciembre se dejó en suspenso su deportación por las amenazas que había recibido de su propio padre en México. Fue liberado en febrero, después de pasar seis meses preso.

Román, quien vive en Milwaukee, dijo que la detención de su marido fue una experiencia que «cambió mi vida» y la de sus hijos. Los primeros meses fueron particularmente duros. «No quería salir de la cama, no quería comer, no quería atender a mis hijos», expresó.

Además tuvo que enfrentar los retos típicos de la vida como madre soltera. Ante la ausencia de su marido, esta mujer que era un ama de casa que cuidaba a tres hijos tuvo que buscar trabajo y conseguir alguien que llevase a sus hijos a la escuela. Su madre se hizo cargo de su hijo de dos años.

«Te altera el mundo de muchas maneras, emocionalmente, mentalmente, físicamente y económicamente», dijo Román, quien se acogió al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que otorga ciertos derechos a los inmigrantes sin permiso de residencia que fueron traídos al país de niños.

Fabiola Hamdan también experimentó el impacto. Trabaja como especialista en asuntos inmigratorios del condado de Dane, un cargo creado después de la elección de Trump. Hamdan dijo que el repentino arresto y la ausencia de un padre pueden ser algo «traumático» para un niño.

Cuando Gamboa fue detenido, su familia hizo el viaje de casi 65 kilómetros (40 millas) desde Milwaukee al Centro de Detención del Condado de Kenosha para visitas semanales de media hora. Podían hablar con Gamboa por teléfono, del otro lado de una ventana de plexiglass.

Román dijo que vio el cambio en sus hijos, todos ciudadanos estadounidenses, durante esos meses. Él era el que los ayudaba con sus tareas y los llevaba a las prácticas de fútbol.

«No querían seguir jugando. No querían seguir viviendo. El mayor tuvo pensamientos suicidas», manifestó. El niño tiene 10 años.

Hamdan trabajó hace poco con una mujer con cuatro hijos cuyo esposo, quien tenía tarjeta verde de residente permanente, fue arrestado durante cinco meses por una condena que según el Gobierno justificaba su deportación. Durante su detención, dijo Hamdan, la mujer dio a luz, pero tuvo que seguir trabajando para pagar las cuentas.

«Fue algo desgarrador», expresó Hamdan. «En lugar de disfrutar de su bebé, tienen que tratar de llevar comida a la mesa». Hamdan ayudó a la familia usando un fondo del condado para alquileres, servicios, pañales y alimentos. También la conectó con Olivarez, que ganó el caso aduciendo que el tipo de delito –que Olivarez no quiso revelar– no lo hacía deportable.

El Gobierno está apelando el fallo, pero el marido fue liberado. Sin esa ayuda, dijo Hamdan, la familia probablemente hubiera perdido la casa.

Cuando los presos son liberados, sus casos pasan a un «tribunal de excarcelados» que tiene más de un millón de casos pendientes. Hay quienes dicen que los inmigrantes que son liberados con casos pendientes de resolución nunca se presentan a sus audiencias.

«La realidad es que cuando esta gente es excarcelada, se le cita para determinada fecha y muchos de ellos no se presentan», expresó Dave Gorak, director ejecutivo de la Midwest Coalition to Reduce Immigration, citando un análisis del Centro de Estudios para Reducir la Inmigración, que impulsa restricciones a la inmigración.

Esa información indica que entre 1996 y 2015, el 37 % de los excarcelados no se presentó. En 2017, el último año del que hay información, esa cifra subió al 41 %, lo que implica que el 59 % sí se presentó ante el tribunal.

Olivarez y Erin Barbato, director de la Immigrant Justice Clinic de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin, son los dos únicos abogados que representan inmigrantes detenidos sin cobrarles.

Su trabajo es financiado por recaudaciones de fondos y un subsidio del Vera Institute of Justice. El condado de Dane y la ciudad de Madison aportan asimismo dinero a través de un Fondo de Asistencia al Inmigrante de la Madison Community Foundation.

Sovern dijo que el sistema no está pensado para acomodar grandes cantidades de inmigrantes con abogados. Después de un arresto, se pide al inmigrante que firme un documento aceptando ser deportado.

«Todo el sistema está diseñado para gente que no tiene abogado», manifestó Sovern. «Lo primero que hacen es tratar de convencerte de que renuncies a tus derechos».

Esencial. Una persona a la que se excarcela tiene derecho a continuar con su vida. Un resultado de estos está muy influenciado por contar con un abogado.

Mujeres aymaras luchan contra la violencia desde el teatro

De ellas para ellas. La atención se centra en un grupo de vendedoras convertidas en actrices que relatan historias de violencia de género en el teatro municipal de La Paz, Bolivia.

El bullicio de los mercados callejeros de los barrios populares se apodera del principal teatro de La Paz. Las luces del escenario se encienden y varias vendedoras comienzan a contar sus historias.

De pronto una de ellas da a luz a una niña. En medio de las celebraciones se escuchan voces disidentes: «Es una mujercita», «¡ay, solo viene a sufrir!», «¿y su padre dónde está?» Pero pese a la presión de la sociedad la madre promete cuidar y proteger a su hija, mientras las otras vendedoras bailan por el nacimiento.

La escena es un fragmento de la obra «Kusisita» («Felicidad» en aymara), que cada vez que se presenta llena el teatro de colegiales, mujeres que han sufrido la violencia de género y público en general.

«He sufrido esta discriminación desde que nací. Mi mamá era muy humilde y salió de su pueblo escapando de la violencia. Para algunos es normal y queremos mostrar que no debe ser así», dijo a The Associated Press la actriz María Luque, de 56 años.

Durante mucho tiempo Luque fue golpeada por el padre de sus cuatro hijos, lo que le produjo una parálisis en la mitad del cuerpo. Le llevó más de un año recuperarse y después de una década aún le cuesta mover la mitad del rostro, pero eso no le impidió cumplir su sueño de actuar.

Luque es una de las 22 mujeres indígenas, entre vendedoras y artesanas, que crearon el grupo teatral Kory Warmis (mujeres de oro) unos cinco años atrás. Sus historias inspiraron el guion de sus obras más famosas «Kusisita» y «Deja Vu, el corazón también recuerda», con las cuales se convirtieron en un movimiento artístico y social que a través del teatro busca ayudar a que otras bolivianas puedan reflexionar y se animen a romper la cadena de la violencia.

Ambas obras también buscan revalorizar la lengua aymara de las comunidades indígenas, donde se concentra el 48 % de las denuncias por violencia de género, según un informe del Instituto Nacional de Estadística presentado en 2017.

«Yo antes era callada, sumisa, pero en el escenario se me olvidó. El teatro es ahora mi vida», contó Luque sonriente. Antes de entrar a escena se trenza el cabello, deja su pollera colorida y se la cambia por una blanca, se maquilla y se adorna con bisutería que vende en un mercado callejero de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.

La actriz vive en esa ciudad al igual que la mayoría de sus compañeras que migraron desde zonas rurales en busca de oportunidades.

Cuatro años atrás, una de sus amigas desapareció. La buscaron durante varios días sin suerte, hasta que vio a sus cinco hijos llorando. Los niños le contaron que la policía había encontrado el cuerpo de su mamá al norte de La Paz. “Estaba como dormida, la movieron y tenía la marca en el cuello de una cuerda con la que su esposo la había asfixiado”, rememoró Mamani. “Yo lucho contra esto”.

De acuerdo con un informe presentado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, 40 % de los casos policiales de Bolivia son por violencia intrafamiliar.

El país tiene la mayor tasa de feminicidios en América del Sur con dos por cada 100,000 mujeres, según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de 2018 que incluyó a 19 países de Latinoamérica más España.

Sin embargo, el Gobierno asegura que el país ocupa el tercer lugar con 128 feminicidios después de Brasil y Colombia.

La experta de Oxfam, Damaris Ruiz, dijo a la AP que Latinoamérica es una de las regiones más violentas del mundo para las mujeres, lo que explica las altas tasas de feminicidios a pesar de los avances jurídicos.

Crecimiento. El grupo de teatro, que fue fundado en 2014, se encuentra ganando audiencia a medida que las oleadas de mujeres se movilizan para combatir la violencia de género en el mundo.

La ola liberadora que impulsan las mujeres también las ha expuesto más a la cultura machista, según Ruiz. «El 60 % de las víctimas es menor de 25 años», dijo.

«Uno no entiende cómo el hombre al que entregas tu vida, es quien te la quita», reflexionó Gumercinda Mamani, que se unió al grupo hace cuatro años. Antes fue dirigente de las mujeres campesinas y ahora confecciona polleras y cuida de sus ovejas y vacas en la localidad rural de Pucarani, unos 60 kilómetros al oeste de La Paz.

Recordó que, cuatro años atrás, una de sus amigas desapareció. La buscaron durante varios días sin suerte, hasta que vio a sus cinco hijos llorando. Los niños le contaron que la policía había encontrado el cuerpo de su mamá al norte de La Paz. «Estaba como dormida, la movieron y tenía la marca en el cuello de una cuerda con la que su esposo la había asfixiado», rememoró Mamani. «Yo lucho contra esto».

«No podemos esperar a que nos maten o nosotros nos queramos quitar la vida por la desesperación que deja la violencia», dijo la actriz Carmen Aranibar, de 46 años, mamá de dos varones y vendedora de pañales.

Aranibar soportó durante más de 10 años los golpes de su pareja hasta que se enteró de que tenía una novia joven. «Casi me suicido. Yo le aguanté todo por miedo a que me dejara. Después me di cuenta de que no valía la pena, me fui. Y aquí estoy feliz y es lo que cuento en la obra», agregó.

Érika Andia, directora del grupo y afamada actriz boliviana, explicó que fue difícil enseñarle a actuar a mujeres que durante mucho tiempo habían sido sumisas y calladas. Pero su fuerza de voluntad lo hizo posible.

«Ese era el objetivo, descubrir su potencialidad, lograr que se desinhiban y aumentar la autoestima», añadió.

Para Paola Ricalde, de la Dirección de Políticas de Igualdad de la Alcaldía de La Paz, el movimiento artístico –que colma el teatro en cada una de sus presentaciones– ayuda a reflexionar y educar con mensajes directos con los que la gente se identifica y que a su vez generan debates dentro de las familias.

En Bolivia los movimientos contra la violencia de género no han tenido el impacto que tuvieron #NiUnaMenos, en Argentina, o #MeToo, en Estados Unidos.

Para la experta de Oxfam, Argentina ha liderado el movimiento más importante de la región, llegando a movilizar mujeres a escala internacional.

Las Kory Warmis son por ahora un movimiento nacional que lleva el teatro a las calles, colegios y pueblos. Pero en junio tendrán su primera presentación internacional en un festival de teatro en Perú.

«No pensábamos haber llegado hasta aquí. No hay límites en lo que hacemos, cada año crecemos más. Es la alegría después del dolor», dijo orgullosa la directora del elenco.

De oro. El cuerpo actoral está formado por 22 mujeres indígenas que lanzaron el grupo de teatro Kory Warmis o mujeres de oro.

Macron se ve obligado a rebajar sus ambiciones para Europa

Presidente. Macron ya ha visitado 20 de los 28 países en la UE en sus dos años en el cargo. Reconoce los problemas de la UE y quiere arreglar el bloque en lugar de desmontarlo.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ve a sí mismo como el salvador de Europa, y a las elecciones de este 26 de mayo al Parlamento Europeo como un momento decisivo para la asediada Unión Europea.

Pero Macron ya no es la cara nueva que logró una inesperada victoria electoral enarbolando la bandera de la UE hace dos años. Su estrategia a favor del bloque ha chocado con intereses nacionales y populistas en todo el continente. Y en su país, sus medidas han dado pie a las combativas protestas de los “chalecos amarillos” contra las políticas de liberalización económica de su gobierno.

Macron quería que las elecciones europeas del 23 al 26 de mayo fueran un momento clave para defender sus ambiciones de una Europa más fuerte. Pero en lugar de eso, nacionalistas y populistas que critican al bloque de 28 naciones, podrían obtener un éxito sin precedentes.

Estas voces discrepantes alegan que los líderes de la UE no han logrado gestionar la inmigración en el continente y siguen desconectados de las preocupaciones de los trabajadores corrientes.

“Tenemos una crisis de la Unión Europea. Esto es un hecho. En todas partes en Europa, cuando miras a los últimos cinco o seis años, en nuestro país, pero (también) en muchos países, todos los extremos, las extremas derechas, están creciendo”, dijo Macron el 16 de mayo en una inesperada llamada a la unidad de Europa durante una visita a una feria de tecnología.

“En moneda, en digital, en medidas climáticas, necesitamos más Europa”, dijo. “Quiero que la UE proteja más nuestras fronteras en lo referente a la inmigración, el terrorismo y demás, pero creo que si se fragmenta Europa no hay posibilidad de tener una Europa más fuerte”.

En persona, Macron, de 41 años, se muestra como un sincero convencido de Europa. Es un político centrista que se siente cómodo al citar a dramaturgos griegos, pensadores alemanes o economistas británicos. El presidente más joven de Francia creció en la UE, ha utilizado el euro durante toda su vida adulta y ve la moneda única europea como la única posibilidad de que el continente se mantenga en el juego económico mundial.

Macron ya ha visitado 20 de los 28 países de la UE en sus dos años en el cargo, y si bien reconoce los problemas de la UE, quiere arreglar el bloque en lugar de desmontarlo.

El mandatario ganó las elecciones presidenciales de 2017 ante la líder antiinmigración y de ultraderecha Marine Le Pen, con la promesa de hacer una Europa más fuerte para afrontar la competencia global de Estados Unidos y China. Desde entonces ha tenido que alcanzar compromisos con otros líderes de la UE y chocado con algunos países con gobiernos populistas, como Polonia o la vecina Italia.

Cuatro meses después de ganar las elecciones, Macron presentó su visión para Europa en un discurso en la Universidad Sorbona de París en el que pidió un presupuesto conjunto, unas fuerzas armadas compartidas y concordancia fiscal.

Pero con el Brexit en el horizonte y un auge del nacionalismo, Macron ha tenido que reconsiderar sus ambiciones. Describió su estrategia política con otros líderes de la UE como una “confrontación productiva”.

“Tenemos una crisis de la Unión Europea. Esto es un hecho. En todas partes en Europa, cuando miras a los últimos cinco o seis años, en nuestro país pero (también) en muchos países, todos los extremos, las extremas derechas, están creciendo”, dijo Macron el 16 de mayo en una inesperada llamada a la unidad de Europa durante una visita a una feria de tecnología.

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MACRON INTENTÓ GANAR APOYOS
“En Europa, lo que se espera de Francia es que diga claramente lo que quiere, sus objetivos, sus ambiciones y que después pueda alcanzar un compromiso con Alemania para seguir hacia delante” con otros países europeos, dijo Macron la semana pasada.

El presidente hizo hincapié en que pese a sus reparos iniciales, la canciller de Alemania, Angela Merkel, aceptó el año pasado crear un presupuesto de la eurozona que esperan impulse la inversión y ofrezca un mecanismo de seguridad para los 19 países que utilizan el euro como moneda.

En marzo, Macron intentó ganar apoyos para una Europa de “libertad, protección y progreso” pidiendo a los votantes de 28 países que rechacen a partidos nacionalistas que “no ofrecen nada”.

También propuso definir un calendario de objetivos para la UE a finales de este año, en una conversación con todos los estados miembros y un comité de ciudadanos.

“Habrá discrepancias, pero ¿es mejor tener una Europa estática o una Europa que avanza, en ocasiones a ritmos diferentes, y que está abierta a todos?”, preguntó.

Francia y Alemania son los dos pesos pesados del bloque, y Macron también puede contar con cooperación de gobiernos proeuropeos en Bélgica, Holanda, España, Portugal y otros estados miembros.

Sin embargo, ha evitado explícitamente visitar Hungría o Polonia, dos países con líderes populistas a los que Macron acusó el año pasado de “mentir” a sus ciudadanos sobre la UE.

Francia también se ha visto inmersa en una grave crisis diplomática con Italia en torno a la inmigración en Europa. El ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, contrario a la inmigración, ha criticado varias veces a Macron y apoyado al Frente Nacional de Le Pen en las elecciones de esta semana, en las que se adjudican los 751 escaños del Parlamento Europeo.

Macron tiene pocas posibilidades de repetir en Europa lo que hizo en Francia: transformar el mapa político construyendo un potente movimiento de centro que debilitó a la izquierda y la derecha tradicionales.
La campaña del Partido República en Marcha de Macron está liderada por la exministra de Asuntos Europeos Nathalie Loiseau bajo el lema “Renacimiento”. El partido quiere asociarse con la alianza liberal ALDE para crear un grupo centrista en la cámara.

Pero en todo el continente, las expectativas son que los centristas no terminen ni de lejos en primer lugar, sino terceros o incluso más abajo, por detrás de los dos grandes grupos tradicionales del Parlamento, el conservador Partido Popular Europeo y el izquierdista Socialistas y Demócratas.

Ni siquiera en su país es seguro que Macron pueda atribuirse una victoria en los comicios europeos. Los sondeos indican que su formación estaría entre las dos más votadas en las elecciones, que en Francia se celebran hoy.
Pero su principal rival, el Frente Nacional de extrema derecha, está decidido a vengarse de la clara derrota que Macron asestó a Le Pen en 2017.

Los rivales políticos de Macron en todo el espectro político han pedido a los votantes galos que aprovechen las elecciones europeas para mostrar su rechazo a las políticas del gobierno.

Aunque en 2017 ganó con el 64% de los votos, las encuestas francesas indican ahora que la popularidad de Macron ha sido en torno a la mitad de eso en el último año.

Tocó mínimos el pasado otoño con el estallido del movimiento de los “chalecos amarillos”, que reclaman alivio ante los altos impuestos y salarios estancados para los trabajadores franceses, y después subió ligeramente cuando los episodios de violencia en las protestas de los “chalecos amarillos” les costaron apoyo público, especialmente en París.

Aun así, los “chalecos amarillos” no han desaparecido. El día de las elecciones han convocado nuevas protestas contra Macron y su gobierno.

Elecciones. En las elecciones para el Parlamento Europeo, Macron ya no es cara nueva.

Operación tortilla: un molino que defiende al maíz mexicano

Tortillas. Hace décadas, antes de las tortillas empacadas, solía verse en los barrios mexicanos a abuelas o a niños comprando tortillas. Hoy ya no es así.

Aunque afuera duermen las calles de México, en la diminuta cocina del Molino El Pujol un par de manos hábiles ya empieza a darle cuerpo a las primeras tortillas del día.

En este, el último espacio que el chef más famoso del país abrió en la capital, las mesas y los decorados elegantes no existen. Aquí los clientes hacen fila ante un mostrador para realizar sus pedidos y comen de pie o en bancas metálicas frente a una modesta barra de madera. Desde que la vida de este local arranca a las 5 de la mañana y se extingue pasadas las 5 de la tarde, el único protagonista es el maíz. Las tortillas se preparan diariamente, cuando el pecho ronco del molino transforma varios kilos de granos en masa caliente y una vez que están listas permiten saborear trozos de campo e historia local.

En esta nación que hace 10,000 años dio origen al cereal con el que se producen, las tortillas son parte de la vida cotidiana, pero para algunos chefs y expertos en alimentación su calidad ha mermado debido a procesos de industrialización que han afectado la pureza de sus ingredientes mediante la utilización de conservadores o transgénicos. Además, aseguran, muchos mexicanos desconocen cómo se elaboran las tortillas tradicionales y la variedad de maíces que ofrece esta tierra, por lo que un puñado de organizaciones y expendios privados como Molino El Pujol buscan difundirlo.

Hace un año, Enrique Olvera inauguró su molino en la Condesa, un barrio capitalino de clase media alta y la propuesta despertó curiosidad. Su restaurante Pujol suele tener todas sus mesas ocupadas en una zona lujosa de la ciudad y alcanza el sitio número 20 en la lista de The World’s 50 Best, mientras que Cosme –que abrió en Nueva York hace cuatro años– ha atraído a personalidades como Barack y Michelle Obama, quienes lo visitaron una noche para cenar. ¿Por qué, entonces, la estrella más brillante de la gastronomía mexicana decidió abrir una tortillería?

El chef de 43 años dice que se trató de un paso lógico dado que ya había dedicado tiempo a respaldar a productores nativos y ofrecer sus productos en sus restaurantes, pero para Amado Ramírez –un ingeniero agrónomo que ayuda a Olvera en la selección de granos del estado de Oaxaca, en el sur del país– el nacimiento del molino tuvo que ver con la nostalgia. “Para él la tortillería es recuperar su pasado”, asegura. “Reconocer los tiempos en los que iba por su colonia a recoger tortillas y las llevaba bajo el brazo”.

“Con una mala tortilla vamos a tener un mal desempeño. La tortilla toca la cultura, la identidad nacional, la producción, la gastronomía”, Rafael Mier, director de Fundación Tortilla, que se preocupa por visibilizar los beneficios de producir, vender y consumir tortillas de calidad para la dieta e industria.

Para miles de mexicanos, ese recuerdo que ata el corazón del chef a su molino es compartido. Hasta hace unas décadas, antes de que se popularizaran las tortillas empacadas, era común observar en los barrios populares a niños que hacían fila en solitario o tomados de la mano de sus abuelas cerca de amas de casa que también esperaban para comprar. Aquella tradición no ha desaparecido, pero es menos frecuente y hay quien afirma que los ingredientes de las tortillas se han degradado.

“México dio por sentado su maíz”, dice Rafael Mier, director de Fundación Tortilla, que se preocupa por visibilizar los beneficios de producir, vender y consumir tortillas de calidad para la dieta e industria. Según el experto, este alimento tiene una importancia vital porque es el más consumido por la población y al prepararse con masa libre de añadidos es una gran fuente de energía y proteína. “Con una mala tortilla vamos a tener un mal desempeño. La tortilla toca la cultura, la identidad nacional, la producción, la gastronomía”, agrega.

La iniciativa de Molino El Pujol y otros pocos expendios similares podría parecer simbólica dado que su cadena de distribución se limita a clientes capitalinos de clase media o media alta y restaurantes del mismo espectro. Sin embargo, no desisten ante su idea de volver a mirar la tierra propia para contribuir a su desarrollo a pesar de que sus costos son elevados y compiten con gigantes nacionales como Maseca, que distribuye harina empacada para hogares y algunas tortillerías a precios accesibles, o Bimbo, que ofrece tostadas embolsadas en tiendas.

Al entusiasmo de los expendios se suman organizaciones con intereses afines como la que encabeza Rafael Mier y otras como Alianza por Nuestra Tortilla, que propone un decálogo entre cuyos puntos destaca la exigencia de tortillas nixtamalizadas –aquellas que se elaboran únicamente mezclando maíz, cal y agua–, transparencia en el sistema de suministro para clarificar las características y origen de los productos, y el impulso de maíces regionales que al pagarse a un precio justo detonen bienestar campesino y una conexión emocional con el patrimonio cultural.
Sin embargo, hay muchos mexicanos para quienes el costo de tortillas hechas de maíz como el que ofrece el molino de Enrique Olvera resulta demasiado elevado. Concepción Reyes, una mujer de 84 años que compra en un local popular capitalino del barrio San Rafael, dice que jamás pagaría 60 pesos (unos $3) por 1 kilo, porque las que acostumbra adquirir no rebasan los 13 pesos (poco más de medio dólar). En contraste, hay un puñado de personas que sí se animan a visitar expendios como el del chef sin importar los precios y entre ellos es común observar a extranjeros que se dicen felices de haber probado un producto local.

En Molino El Pujol, donde las mañanas transitan en medio de aire caliente y olor a maíz, los clientes no parecen tardar mucho en dejarse seducir. Algunos giran los ojos hacia el cielo cuando dan el primer sorbo a su atole –una cocción dulce de maíz en agua– y otros dejan escapar un gemido cuando el primer pedazo de tamal –masa rellena de frijol con una hierba local– vuela hasta su boca desde la punta de un tenedor.
De una pared cuelgan ilustraciones de mazorcas –las espigas en las que crecen los granos que luego se muelen con piedra para hacer masa– y el único menú es un pizarrón tras el mostrador que ofrece una decena de platos para desayunar o comer. Aquí el color de los granos puede variar de un día a otro –amarillo, negro, rojo– porque nunca sabe qué ofrecerán los proveedores en los cargamentos de hasta 300 kilos de producto que surten dos veces por semana, pero siempre hay una constante: el entusiasmo de los cinco empleados que atienden el local como si su bandera fuera el maíz.
Aunque apelan a un pequeñísimo sector de la población, muestran un entusiasmo desbordado al pensar que su contribución podría beneficiar al país. Por lo pronto, solo piden confianza y paciencia para volver al origen, cuando tantos mexicanos como el chef Olvera hacían fila para comprar sus tortillas y tras abrir su envoltura de papel tomaban la primera a la vista para enrollarla en un taquito y devorarla con una pizca de sal.

Variación. Los colores del maíz con el que es preparado el producto pueden variar. A veces, hay granos amarrillos, negros o rojos. En el local atienden cinco personas.