Así golpearon a la Sala de lo Constitucional de El Salvador
Esta es la reconstrucción de las horas previas y posteriores al golpe que sufrió el Poder Judicial salvadoreño, una acción celebrada por Casa Presidencial y condenada por la comunidad internacional. Magistrados confirman presiones y amenazas.
Minutos antes de las 6 de la tarde del sábado 1.o de mayo 2021, los magistrados de la Sala de lo Constitucional de El Salvador acordaron, vía chat, reunirse de inmediato para detener el golpe que estaban por recibir de la Asamblea Legislativa.
En el Salón Azul, los diputados afines al Ejecutivo estrenaban curules, trajes y corbatas cian con una moción, que, sin pasar por el debido proceso, buscaba destituir de tajo y de forma ilegal a los cinco jueces constitucionalistas y sus suplentes.
Este texto reconstruye lo vivido por la Sala de lo Constitucional ese día con la versión de tres magistrados. El resto, aunque no refuta los hechos, prefirió no comentar.
Dos de los cinco magistrados propietarios aseguran que la Sala de lo Constitucional estaba consciente de que el Ejecutivo se las cargaría por haber mantenido el Estado de derecho durante la cuarentena impuesta por el Gobierno debido a la pandemia; pero no creían que lo haría “de una forma tan grotesca”.
Esa corazonada los llevó, una semana antes de la instalación de la nueva legislatura oficialista, a discutir una salida para frenar un posible golpe al Poder Judicial.
El plan inicial del sábado fue sesionar en el Palacio Judicial para terminar de afinar la acción a tomar para defenderse, pero eso tuvo que cambiar sobre la marcha porque uno de los asistentes de Óscar Pineda, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se encargó de correr la voz de que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) mantenían un cerco en el perímetro del edificio, ubicado a tiro de piedra del Salón Azul del parlamento, donde la bancada oficialista de Nuevas Ideas estaba por cumplir la voluntad del presidente Bukele con la complicidad de los diputados de GANA, PCN y PDC.
Dos magistrados confirman que a base de chat y llamadas a celulares, los cinco decidieron cambiar de destino y encontrarse en el Centro Judicial Integrado de Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, para hacer pleno y despejar las dudas sobre el texto de la sentencia con la que pretendían parar la agresión. Los primeros en llegar a esa sede judicial fueron Aldo Cáder Camilot y Marina de Jesús Marenco de Torrento, además del asistente del presidente de la Corte Suprema y dos secretarias de la Sala de lo Constitucional. Los magistrados Carlos Sergio Avilés, Carlos Sánchez y Pineda Navas llegaron minutos después.
Eran las 5:32 de la tarde cuando la diputada Suecy Callejas, primera vicepresidenta de la Asamblea, tomó la palabra en la primera sesión de la legislatura 2021-2024 para presentar la pieza de correspondencia donde pedía la destitución de los magistrados con el argumento de haber cometido un “fraude a la Constitución” a través de sentencias emitidas durante la cuarentena obligatoria por la covid-19. Se trató, en realidad, de sentencias que afectaron los decretos emitidos desde la Presidencia que derivaron en la suspensión de derechos constitucionales y en compras irregulares con procesos que se saltaron los controles de transparencia y la rendición de cuentas.
La medida impulsada por la diputada Callejas, y vigilada desde Casa Presidencial, fue justificada con el argumento de malos contra buenos. Nuevas Ideas se encargó de repetir en el pleno el mismo argumento que Bukele manejó en cientos de tuits y algunas cadenas de radio y televisión durante la cuarentena: la Sala de lo Constitucional es un enemigo del pueblo que actuó en contra de “la salud” o de “la vida de los salvadoreños”.
La lectura del dictamen duró un poco más de una hora. La diputada y primera secretaria Elisa Rosales se dedicó a remarcar la necesidad de una “armonía” entre los tres poderes del Estado. A las 6:43 de la tarde, Rosales leyó el proyecto de decreto de destitución de la Sala por “violaciones a la Constitución, vulneraciones a los derechos a la vida y la salud de los salvadoreños, la seguridad jurídica, el principio de separación de los poderes del Estado y principio de legalidad”.
Cerca de las 7 de la noche, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, amigo del presidente Bukele y exsecretario privado de la Presidencia, anunció un “debate” en el pleno para justificar la medida que estaban a punto de tomar. En la deliberación abundaron las opiniones de los diputados oficialistas repitiendo el guion de que los magistrados se habían convertido en enemigos del pueblo. El golpe terminó por consumarse a las 8:13 de la noche.
Los magistrados sesionaron en uno de los salones de usos múltiples del centro judicial de Santa Tecla. Allí, instalaron un televisor para monitorear el desarrollo de la plenaria. Mientras el golpe se consumaba, afinaron las ideas que tenían previstas, al tiempo que una de las secretarias digitalizaba el documento en una laptop. Cuando Nuevas Ideas y sus aliados aparecieron en el televisor aplaudiendo de pie la decisión tomada a petición de Casa Presidencial, los magistrados decidieron utilizar la cuenta oficial de Twitter de la Sala de lo Constitucional para divulgar la sentencia que frenaría el golpe; pero hubo problemas: la cuenta de la red social no respondió.
“Se nos dificultó un poco subirla porque ya habían intervenido el sistema informático de la Corte Suprema de Justicia. Los técnicos nos dijeron que no respondía, no sé cómo le hicieron los ingenieros; pero finalmente logramos que se divulgara. Nos costó; pero lo logramos”, recuerda uno de los magistrados.
Eran las 8:37 de la noche cuando apareció la sentencia que dejó sin efecto la destitución de los cinco magistrados de la Sala, y sus suplentes, por considerar que violaba la Constitución: “Declárase que la decisión de la Asamblea Legislativa (…) es inconstitucional, en tanto que viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa”, reza el documento que resume la firmeza que hasta esa noche mantenían los cinco magistrados en defensa del Estado de derecho en El Salvador.
La última imagen que los magistrados vieron en el televisor antes de marcharse a casa fue la del diputado Christian Guevara, uno de los promotores de la destitución, quien leía en primer plano los currículum de los abogados que ocuparían los cargos de los destituidos. Los magistrados acordaron, confiados, volver a reunirse el día siguiente para elaborar una segunda sentencia con la que también dejarían sin vigencia esos nombramientos.
Otro de los magistrados recuerda que a esa hora tenían claro que el cerco policial instalado en la sede de la Corte Suprema había sido ordenado por la Presidencia de la República para evitar que la Sala hiciera pleno; por lo que acordaron que aquel domingo 2 de mayo se reunirían en la casa de uno de los cinco.
La sospecha sobre la presencia de la policía fue despejada el mismo sábado a las 11 de la noche cuando un grupo de agentes ingresó al Palacio Judicial para abrir camino a los magistrados impuestos: el abogado Óscar López Jerez, amigo del diputado Guillermo Gallegos de GANA; José Ángel Chacón, un asesor de la Secretaría Jurídica de la Presidencia; Luis Javier Suárez Magaña, exgerente de operaciones en la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (oficina adscrita al Ejecutivo) hasta septiembre de 2020 y entonces todavía comisionado del IAIP; Nahúm Martínez, amigo del también impuesto por los diputados oficialistas como fiscal general Rodolfo Delgado; y Elsy Dueñas, magistrada de la Sala de lo Contencioso que no logró pasar los filtros para la reelección.
Imágenes reproducidas en redes sociales mostraron que a los abogados impuestos los acompañaba Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia, y técnicos de Inspecciones Oculares de la Policía Nacional Civil (PNC), la unidad policial que se encarga de procesar escenas del crimen por medio de la recolección de evidencias. Los magistrados destituidos aseguran que desde ese momento, agentes vestidos de civil comenzaron a custodiar todos los espacios y pasillos de la Corte Suprema.
La reunión programada para el domingo por la mañana no ocurrió. El magistrado Cáder Camilot decidió renunciar antes con la publicación de una carta en su cuenta personal de Twitter en la que aseguró que nunca había estado vinculado ni había respondido a intereses de ningún partido político o de algún poder económico. Además, alegó “razones personales y familiares diversas” para dejar el cargo de forma irrevocable.
LA PRENSA GRÁFICA buscó ahondar en las razones que lo llevaron a renunciar minutos después de dar a conocer el anuncio: “No renuncio por temor. Lo hago por desilusión”, respondió. Sin embargo, personas allegadas al magistrado aseguran que la renuncia pudo obedecer a que su destitución provocó serios problemas de salud a uno de sus familiares, a tal punto de que tuvo necesidad de llevarlo a un hospital privado.
La renuncia de Cáder Camilot derrumbó como piezas de dominó al resto de la Sala. Aquella mañana, el presidente de la Corte Suprema de Justicia ya estaba en la casa del magistrado donde tenían programado reunirse cuando ambos se enteraron de la decisión de su compañero. Y no fue la única mala noticia que recibieron: la magistrada Marenco de Torrento les llamó por teléfono para confirmar que había sido alertada sobre la existencia de órdenes de captura vigentes contra los cinco, además de haber recibido amenazas.
Los magistrados intentaron confirmar la existencia de las órdenes de captura en su contra, pero no lo lograron, sin embargo, una fuente de la Fiscalía General de la República, ya en manos de Rodolfo Delgado, les sugirió, por medio de un mensaje de WhatsApp, que lo mejor era que también renunciaran al cargo.
“Acordamos con el presidente de la Corte Suprema que lo mejor era salir de la casa. Ese día teníamos una reunión con representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la embajada de Estados Unidos a las 3 de la tarde y apenas era mediodía. Pasamos esas tres horas prácticamente huyendo en un vehículo sin haber cometido delito», recuerda el magistrado.
A la salida de la reunión con los representantes de la OEA, otro de los magistrados confirma que Marenco de Torrento recibió una llamada del recién impuesto presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar López Jerez. Le dijo, según supo, que le sugería dejar el cargo para evitar problemas. Ella se negó.
El magistrado López Jerez niega haber realizado esa llamada y prefiere que sean los magistrados destituidos los que digan si fue verdad. Insiste en “pasar página”.
Luego de la reunión con la OEA, de la cual el organismo internacional prefiere no pronunciarse, los magistrados decidieron no regresar a sus casas. Minutos después de separarse, la magistrada Marenco de Torrento fue la segunda en renunciar. El anuncio lo hizo con un texto similar al utilizado por el magistrado Cáder Camilot.
“Cuando uno renunció, a los de Casa Presidencial se les encendieron los foquitos y empezaron a presionar a los demás. Ellos tenían un texto para la renuncia redactado de forma muy diferente; pero ninguno la firmó”, asegura uno de los que fue presionado para renunciar.
El tercero en caer fue Carlos Sánchez, quien publicó en una carta que su decisión obedecía al grave estado de salud de su única hija ingresada en el Hospital Rosales “que algunos diputados y funcionarios del órgano Ejecutivo no ignoran». Allegados al magistrado Sánchez aseguran que tomó esa decisión porque no podía dejar de visitar a su hija al hospital; por lo que no era posible asumir las recomendaciones de no dormir en su casa ni ser visto en un lugar público por el temor a ser capturado.
La tarde de aquel domingo, los magistrados impuestos aparecieron en una especie de fotografía oficial en redes sociales presumiendo los trajes de una Sala confeccionada a la medida del oficialismo. Uno de sus primeros actos fue borrar la sentencia que habían emitido, un día antes, los jueces constitucionalistas destituidos. Más noche, una patrulla de la PNC apareció apostada a la par de la casa de Pineda Navas.
Tres agentes se bajaron con sus armas largas a pasearse por la acera. Bromeaban entre ellos mientras permanecían parados a unos metros del pick up placas N 16-426 revisando sus celulares, enviando notas de voz y mensajes que nada tenían que ver con el patrullaje. Afirmaron que se encontraban allí como pare de “un patrullaje preventivo”, aunque no explicaron sobre qué estaban previniendo o por qué decidieron estar en una de las colonias más seguras de El Salvador, que siempre está rodeada de al menos tres camionetas con miembros del Estado Mayor Presidencial, porque en la zona reside una pariente del presidente Bukele, y por los guardaespaldas del presidente de la CSJ.
Dos de esos dos guardaespaldas, vestidos con su característica guayabera gris y pantalón negro con zapatos formales, conversaban como si fuera un día cualquiera. “No sabemos nada. Por favor retírese que estamos hablando entre dos personas”, respondieron a ante la consulta de la presencia de la patrulla policial en la zona.
Según reportaron otros medios, al menos dos patrullas estuvieron rotándose la guardia. A las 11 de la noche, los agentes aún se paseaban por la acera cercana a la casa del funcionario con el estribillo de “solo presencia”.
«Así como están las cosas se acabó el derecho constitucionalista. Lo que ha pasado es una tragedia para el constitucionalismo en El Salvador”.
Magistrado constitucionalista destituido.
Días después, el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, señaló que no dio ninguna orden para apostar esa patrulla en la casa de Pineda Navas. Aseguró que se trató de una “casualidad”.
El lunes 3 de mayo, el diputado Castro aprovechó su aparición en el noticiero del oficialismo para anunciar que ese día, a las 8:36 de la noche, la Asamblea había recibido el escrito “del exmagistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia aceptando que es irrevocable la decisión que tomamos”. Pineda Navas escribió en la carta de su renuncia que “no se cuenta con las garantías mínimas para ejercer el cargo”.
El único magistrado que resiste en el cargo es Carlos Avilés, quien ya ha hecho público que también recibió presión para renunciar; pero hasta la fecha se ha negado a hacerlo, quizás amparado en una posible respuesta de Washington, quien ha dejado claro que Estados Unidos “debe responder”. Además, Ricardo Zúñiga, encargado de la administración Biden para el Triángulo Norte de Centroamérica, le dijo en privado a Bukele que la recomendación de EUA es que “las cosas regresen a como estaban el 30 de abril”.
Los magistrados coinciden en que las renuncias no han sido aceptadas. Consideran que Casa Presidencial sabe que “va en contrasentido de la destitución si las aceptan; pero las tienen para ocuparlas en cualquier momento, cuando la presión sea demasiada fuerte para decir: ‘cómo los vamos a restituir si ellos renunciaron’”.
El reemplazo de los magistrados fue celebrado en redes sociales por el presidente Bukele y condenado por toda la comunidad internacional, que ha pedido que se respete la separación de poderes, los contrapesos y el Estado de derecho en El Salvador. Y aunque Bukele, desde su primera semana en el poder desafió a la Sala, y tras el triunfo en las urnas de Nuevas Ideas elevó el tono al referirse a los magistrados, la acción sorprendió por su ejecución acelerada; sin embargo, hay algo que los magistrados destituidos tienen claro: “Así como están las cosas se acabó el derecho constitucionalista. Lo que ha pasado es una tragedia para el constitucionalismo en El Salvador”.