En 24 horas, 21 hombres fueron asesinados. Los testigos afirman que los que empuñaron y activaron las armas fueron hombres uniformados. De esta masacre en Haití, se ha sabido muy poco tras recoger los cadáveres.

Individuos uniformados perpetran matanza en Haití

AP

Fotografías de AP

Facilitador. Al Gobierno se le acusa no solo de no investigar el hecho, sino que también de haberlo facilitado en favor de una de las pandillas.

Cuando un camión de la Policía que transportaba a hombres uniformados se detuvo en un barrio pobre de la capital haitiana, la gente pensó que se trataba de una operación oficial.

Tal vez las autoridades finalmente habían decidido confrontar a las pandillas que cobran por proteger a la gente en un mercado junto a un sector de casuchas de hormigón y viviendas públicas.

Los hombres, sin embargo, abrieron fuego. Con el apoyo de pandilleros de la zona vestidos de negro, fueron casa por casa portando armas largas y machetes, sacaron a gente desarmada y la mataron de un solo tiro o a golpes de machete, según dijeron testigos a la Associated Press.

“Cuando los vi, pensé que venían a ofrecer garantías, pero pronto me di cuenta de que les estaban disparando a la gente”, expresó Marie-Lourdes Corestan, una residente de la zona de 55 años. “Estaban disparando y salí corriendo para salvar mi vida”.

Testigos, organizaciones de derechos humanos una obra caritativa católica que recogió los cadáveres tras la masacre del 13 de noviembre de 2018 dijeron que al menos 21 hombres fueron asesinados en un lapso de 24 horas en el barrio de La Saline.

Algunos residentes y agrupaciones de derechos humanos locales dicen que los asesinos eran pandilleros que trabajan con policías corruptos para apoderarse de territorios. Pero otros acusan a funcionarios del Gobierno de planear la matanza para desalentar protestas contra la corrupción que a menudo comienzan en ese barrio, un bastión de la oposición.

Lo que es seguro es que la matanza refleja la inseguridad que hay en Haití desde la partida de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, que en octubre de 2017 pusieron fin a su misión, supuestamente porque la situación había mejorado.

Residentes de Puerto Príncipe entrevistados por la AP dicen que la cantidad de barrios inaccesibles, controlados por las pandillas, aumentó a al menos media docena desde que se fue la misión de la ONU.
“Estas zonas anárquicas se están multiplicando”, expresó Marie-Yolene Gilles, directora de una agrupación local de derechos humanos, Fondasyon Je Klere, que estima que hubo 25 muertos.

“Las autoridades no han dicho nada”, sostuvo Giller. “Ni siquiera condenaron la matanza”.
La ONU envió un gran contingente de fuerzas de paz en 2004, tras el derrocamiento del presidente Bertrand Aristide. En 2017 fueron reemplazadas por una misión más pequeña que entrena policías. Las fuerzas policiales cuentan hoy con 15,000 agentes, comparado con los 4,000 que había en la época de Aristide.

La Policía, sin embargo, es considerada una fuerza corrupta, inefectiva y mal equipada para hacer frente a pandillas mejor armadas, que a menudo son las fuerzas de choque de sectores políticos.

Funcionarios de la ONU dicen que esperan completar las investigaciones en algunas semanas.
“Hay episodios de violencia alarmantes en algunos de los barrios más notorios de Puerto Príncipe, zonas donde la autoridad del estado es limitada”, dijo Helen Meagher La Lime, directora de la Misión de la ONU de Apoyo a la Justicia en Haití, que reemplazó a las fuerzas de paz, durante una presentación ante el Consejo de Seguridad el mes pasado. “Se llevan a cabo investigaciones de las autoridades y de organizaciones de derechos humanos, y nuestro servicio de derechos humanos también trabaja para determinar qué pasó”.

Miles de personas viven en La Saline y muchas trabajan en un mercado que se extiende casi 2 kilómetros (más de 1 milla), donde se vende desde verduras traídas en camiones desde las zonas rurales hasta ropa usada importada de la Florida.

Los residentes viven en casuchas de hormigón con techos de chapas de metal, a veces tan pequeñas que apenas si entra un colchón de una plaza. Cocinan en fogatas al aire libre en callejones tan estrechos que dos personas se tocan los hombros si se cruzan.

Pandillas de jóvenes armados controlan los barrios y con frecuencia usan las armas para resolver disputas. Su principal ingreso proviene de la extorsión que hacen a los vendedores del mercado, a quienes cobran para protegerlos, y a importadores que pagan para que no les bloqueen las carreteras de acceso al puerto vecino. Esto hace que el control de La Saline sea un botín valioso.

Las pandillas han comprado o se han robado equipo policial en los últimos años, de modo que no queda claro qué participación tuvieron las fuerzas del Gobierno en la matanza.
El jefe de la Policía Nacional, Michel-Ange Gedeon, dijo que la investigación indica en principio que fue una pelea entre pandillas y que había suspendido a dos agentes acusados por organizaciones de derechos humanos de haber participado.

“Si hay policías involucrados con las pandillas, los vamos a despedir”, afirmó. “Si participaron en violaciones a los derechos humanos, los vamos a entregar a la justicia”.
Uno de los agentes, Gregory Antoine, fue baleado la semana pasada en un incidente atribuido a pandilleros rivales, según dijeron familiares a una radio local.

La oficina del presidente Jovenel Moise no respondió a pedidos de comentarios.
Joel Noel, un hombre de 28 años que se describe como un líder comunitario, declaró que los hombres armados llegaron en un camión que llevaba la insignia de una Unidad Táctica Especial de la policía entrenada por la ONU, creada por el expresidente Michel Martelly, un aliado de Moise.

Corestan dijo que algunos llevaban máscaras de esquí y portaban machetes cuando se presentaron en el barrio a las 3 de la tarde. Indicó que corrió para salvar su vida cuando comenzó la balacera, y dejó atrás a su hijo de 24 años, Edaud-Pierre, quien quería ser DJ y que estaba mezclando canciones. Estaba desarmado. Relató que los vecinos le dijeron que los atacantes mataron a su hijo a sangre fría.

Hay dos estaciones policiales en La Saline y sus alrededores, pero testigos dijeron que ninguna de las dos mandó agentes para que interviniesen.
Gedeon, jefe de la Policía, dijo que los agentes llegaron entrada la noche y rodearon el área, pero no pudieron ingresar al barrio porque estaba muy oscuro. No se han hecho arrestos en el caso, según reveló.
Morelle Lendor, vendedora callejera de 35 años, dijo que estaba escondida en su casa con un hombre que conocía solo como Wuanito cuando dos individuos golpearon la puerta.

Los reconoció. Dijo que eran pandilleros de un barrio vecino, que lucían uniformes negros sin inscripciones, gorras negras y portaban armas largas.
Contó que se llevaron a Wuanito, quien estaba desarmado, y lo mataron de un tiro. Tres semanas después, todavía se veían las manchas de sangre en la pared de su casa.

Otra residente, Miliana Louis, dijo que su hijo de 22 años, James, fue asesinado a machetazos.
“La mayoría de la gente que murió era gente inocente”, afirmó Raphael Louigene, trabajador social de la Fundación San Lucas, una organización caritativa católica que trabaja en los barrios pobres de Puerto Príncipe.

Dijo que él y dos religiosos recogieron los restos de 21 hombres en las calles de La Saline en los días siguientes a la masacre, ya que ni la Policía ni funcionarios judiciales osaban entrar al barrio. Indicó que las víctimas habían sido baleadas o recibido machetazos y que solo se pudieron recuperar ocho cadáveres enteros, ya que la mayoría habían sido quemados o dados a los cerdos como alimento.

Los residentes afirman que podría haber al menos una mujer entre las víctimas. Belande Louis, de 33 años, dijo que su hermana Sandra, de 28, desapareció el 13 de noviembre y algunos vecinos aseguran que fue asesinada a machetazos.

Louigene dijo que la matanza fue probablemente producto de una pugna por el derecho a extorsionar a los comerciantes, luego de que un grupo desplazó a otro.

“El grupo que había sido desplazado volvió en busca de revancha”, manifestó Louigene. “La Policía no tiene los medios para hacerle frente a las bandas”.
Para algunos en La Saline, la explicación es más siniestra todavía.
El presidente Moise enfrenta un creciente malestar porque no investiga denuncias de que su aliado, el expresidente Martelly, se apropió de más de $2,000 millones de un programa venezolano de ayuda al Gobierno haitiano, por el cual recibía petróleo a precios muy inferiores a los del mercado y podía venderlo a precios más altos.

La Saline es desde hace tiempo un punto de encuentro para manifestantes antigubernamentales y la matanza se produjo cuatro días antes de una serie de protestas a escala nacional por las denuncias de corrupción.

Algunos residentes y activistas de los derechos humanos acusan a funcionarios del Gobierno haitiano de promover el ataque por parte de una pandilla rival para intimidar a los residentes de La Saline y evitar las protestas.

“Esta es una batalla política”, sostuvo Noel, el dirigente local. “Cuando ya tenían el control de la zona, entraron a las casas de la gente, la tomaron y la ejecutaron”.

Sin control. La guerra de pandillas por el dominio de territorios es a lo que las ONG apuntan como motivo de la masacre.

 


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