Violencia lanza a salvadoreños a vivir calvario en Costa Rica

Arribo. 1,500 ciudadanos salvadoreños llegaron a Costa Rica en 2017 por amenazas y cobro de extorsiones de pandillas.

Obligados a escapar por la creciente violencia de las pandillas, al menos 1,500 salvadoreños eligieron en 2017 vivir en Costa Rica para intentar reconstruir su vida y recuperar lo que perdieron en su país.

Aquí pretenden recobrar la calma de saberse a salvo en la casa, la certeza de salir a trabajar sin recibir amenazas de muerte y la normalidad que se teje en medio de lo cotidiano, como cuando se va a traer el pan en las mañanas o se hacen las compras en el supermercado.

Por ello, los migrantes salvadoreños llegan con altas expectativas, pero son ilusiones que se rompen con el pasar del tiempo por la demora de los trámites, las dificultades de hallar empleo, la incertidumbre de encontrar una casa y el proceso de adaptación mientras se está en una condición vulnerable.

Andrés (nombre ficticio por motivos de seguridad) vino por primera vez a Costa Rica en diciembre del año pasado, cuando trabajó en un proyecto temporal de construcción en Limón, junto con otros 92 salvadoreños.

Con el dinero que había ganado aquí, pintó su vivienda en El Salvador y le cambió el piso. Una decisión así de habitual llamó la atención de las pandillas y un día uno de sus integrantes se le acercó para informarle que si él y su familia querían “seguir viviendo bien”, tenía que empezar a pagar $400.

“Les empecé a dar el dinero, pero cada vez que entraba a la casa me pedían que les diera algo aparte de los $400”, asegura Andrés.

Él era chofer de microbús en la ruta 42 de San Salvador y en una ocasión tuvo un episodio con un pandillero en el que por poco pierde la vida.

“Esa vez estaba en una calle dentro del microbús, esperando mi turno para hacer el viaje, cuando de repente llegó un chamaco de la nada y me dijo ‘te vas a morir’, y me disparó en la cabeza. Cuando sentí el quemón, arranqué y manejé a 100 hasta donde aguanté”.

Su teoría es que quien le disparó lo estaba confundiendo con un pandillero.

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PUEBLO CHICO, INFIERNO GRANDE
El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica, está asediado por las pandillas y es considerado uno de los más violentos del mundo.
En 2015 se registraron 6,650 homicidios, alcanzando la tasa de 103 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Mientras que en 2016 la tasa fue de 82 homicidios por cada 100,000, atribuidos principalmente a las pandillas.
En tanto, Costa Rica reportó una tasa de homicidios de 12 por cada 100,000 habitantes.

Andrés regresó a suelo costarricense con su familia hace cinco meses, con el plan de quedarse y con la esperanza de encontrar trabajo rápido, pero se siente frustrado porque las puertas aún no se abren.

“Anduve caminando por todas las calles de aquí cerca buscando obras de construcción para trabajar, pero siempre me decían que sin permiso laboral no podía, que solo con el pasaporte no”, relata.

En Costa Rica, las personas tienen la posibilidad de pedir refugio en los puestos fronterizos, el aeropuerto o en las oficinas de la Dirección de Migración, en La Uruca. En ese momento, se les brinda un documento que certifica que están a la espera de una resolución sobre un trámite migratorio y no pueden ser deportados.
Además, cuentan con acceso gratuito a los servicios de salud y educación, y al cumplir los tres meses dentro del territorio nacional pueden optar por un permiso de trabajo.

La espera también es un golpe bajo. La Unidad de Refugio de Migración, que se encarga de recibir las solicitudes y emitir una recomendación sobre ellas, actualmente tarda cerca de 11 meses para efectuar la entrevista, que corresponde al primer paso del proceso que definirá si se otorga o no la condición de refugio.

“Nosotros como oficina no estamos en capacidad de dar respuestas oportunas a las necesidades de estas personas (salvadoreñas), que vienen en condiciones muy vulnerables y que necesitan una contestación inmediata al presentar la petición”, reconoce Allan Rodríguez, director de la Unidad de Refugio.

La avalancha de solicitudes (ingresan cerca de 600 por mes) y la falta de personal dificultan que el departamento conceda una respuesta ágil, como ocurría hace un año, cuando entre la solicitud y la entrevista pasaba máximo un mes.

En Costa Rica, las personas tienen la posibilidad de pedir refugio en los puestos fronterizos, el aeropuerto o en las oficinas de la Dirección de Migración, en La Uruca. En ese momento, se les brinda un documento que certifica que están a la espera de una resolución sobre un trámite migratorio y no pueden ser deportados. Además, cuentan con acceso gratuito a los servicios de salud y educación, y al cumplir los tres meses dentro del territorio nacional, pueden optar por un permiso de trabajo.

El flujo migratorio de los salvadoreños tomó fuerza en 2015, cuando se registraron 801 peticiones de refugio, mientras que en 2016, el total fue de 1,471 solicitudes.

No obstante, aunque las cifras sean elevadas, el nivel de las aprobaciones no es significativo. Hasta setiembre se habían avalado solo 54 diligencias. Según Rodríguez, esto sucede porque las personas no fundamentan bien su solicitud de refugio o simplemente no califican para obtenerla.

El estatus de refugiado se le concede a quien compruebe que su vida corre peligro en el país de origen y que el Estado no hace nada para protegerla. Son personas con temores fundados de ser perseguidas por su preferencia política, sexual o religiosa, o bien por su género, nacionalidad o por pertenecer a un grupo, por ejemplo, ambiental.
Aunque el sistema para otorgar el estatus de refugio –único en América Latina– es considerado un proceso virtuoso de Costa Rica, en la actualidad el esquema no resulta efectivo por la tardanza en los tiempos de respuesta ante la alta demanda de solicitudes que provienen, en su mayoría, de salvadoreños, venezolanos y colombianos.

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ESCAPE SILENCIOSO
Jorge (otro nombre ficticio para proteger la identidad) y su familia padecieron el acoso de las pandillas en carne propia.
Fueron hostigados por pandilleros al punto de que utilizaban su casa como escondite y también le asignaron a su familia un vigilante que en ocasiones se subía al techo de la vivienda para enterarse de lo que estaban haciendo.
Y el escenario se agravó en diciembre, cuando Jorge recibió la llamada de un hombre desde una cárcel en la que le indicaban que debía pagar $10,000 y que le daba la facilidad de hacerlo en “cuotas”.
“Me dijeron que si no pagaba, me iban a matar”, relata.
Decidieron huir de El Salvador, un viernes de mayo, a la medianoche. Dejaron su casa con los muebles y los electrodomésticos en el lugar de siempre para no levantar sospechas. Tomaron un autobús, cargando unas pocas maletas con ropa, y 20 horas más tarde estaban en Costa Rica.
Esa es la forma más común en la que están llegando los salvadoreños al país: en grupos familiares, trasladándose por tierra y con escasas pertenencias.

Adaptación. Jorge era motorista en El Salvador. En Costa Rica está sin trabajo y vive en una casa que alquila con su familia. La dueña de la vivienda les dejó los electrodomésticos.

En ocasiones, ya conocen de antemano a alguien que los ayuda a resolver dónde van a vivir y qué van a comer durante sus primeros días aquí, pero también hay quienes vienen sin tener contactos previos.
“Muchas veces tenemos literalmente a las personas con las maletas haciendo fila para pedir el refugio en Migración, llenan la solicitud y después nos dicen: ‘¿Ahora qué? ¿Cómo nos pueden ayudar?’ Ahí es cuando acudimos a las organizaciones de la sociedad civil”, indica Rodríguez.

Además, son personas que llegan emocionalmente frágiles debido al mismo ambiente de violencia con el que han convivido tanto tiempo. Por lo general, están acostumbradas a dormir poco y a estar alertas. A veces, incluso traen duelos muy recientes por el asesinato de familiares o vecinos.
Cuando Jorge y su familia lograron solventar el alquiler de una vivienda mediante el apoyo de una organización, les llevó tiempo adaptarse a la normalidad.

Solidaridad. En una muestra de solidaridad, un vecino de Jorge le regaló unas naranjas.

Era habitual que hablaran en voz baja para evitar que alguien los escuchara, como si el vigilante de las pandillas los siguiera rondando, y todavía le colocan un candado a la puerta, aunque a la par de ella hay una ventana sin vidrio.
Aunque algo positivo fue que dejaron de dormir por las tardes y retomaron el descanso en las noches, pues en su antiguo barrio salvadoreño debían pasar las horas de oscuridad atentos a si algún pandillero intentaba hacerles daño.
Jorge destaca que por primera vez sus hijos adolescentes salieron solos de noche, ya que en El Salvador toda la familia iba junta a cualquier parte por el temor de que algo trágico les pasara.
Su esposa, a quien llamaremos Ana, cuenta que a los pocos días de haber llegado a Costa Rica, compró su tiquete para regresar a El Salvador, pero luego cambió de idea.
“Le dije (a Jorge) que no estábamos haciendo nada, nuestros hijos estaban siendo dañados psicológicamente, les decían ‘perros’, ‘sapos’”.
A veces es demasiado duro, aquí es más psicológico, más de paciencia y más de pensar que no tenemos las herramientas para poder traer el alimento a la casa”, asegura Ana.
Y es que encontrar un trabajo sigue siendo un problema para la familia. Pese a que ya Jorge tiene el permiso laboral, dice que a los lugares a los que acude para pedir el empleo lo rechazan por no tener la cédula de residencia.
En criterio de Rodríguez, los salvadoreños tienen dificultades para encontrar trabajo en Costa Rica, porque muchos saben desempeñarse en oficios, pero carecen de un nivel profesional y esto los limita al momento de integrarse al mercado de trabajo.
Ambos resaltan que tampoco estaban preparados para vivir en un país mucho más caro al que estaban acostumbrados.
“Traíamos una cantidad de dinero que yo pensé que nos iba a alcanzar, pero llegamos acá y 100 se hicieron 50, y 50 se hicieron 25. Sentimos ese cambio exorbitante”, dice Jorge.

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LA VOS DESDE LA INSTITUCIÓN
El coordinador de la Unidad de Refugio, Allan Rodríguez, afirma que muchas de las solicitudes de refugio se rechazan porque quienes las presentan no califican para la condición. Considera que las peticiones de refugio en el país por parte de salvadoreños y venezolanos seguirán en aumento.
—¿A qué se debe el aumento de solicitudes de refugio?
En un país tan pequeño como El Salvador, las pandillas se han posicionado y tienen un dominio social de todo el territorio. De forma tal que la extorsión, impuesto de guerra o cualquiera de las formas de este tipo de delincuencia, hace que las personas tengan que estar saliendo a buscar protección ya no en territorio nacional, porque por el tema de la extensión, la posibilidad de movilizarse es casi nula.
—¿Cuál es la expectativa de los solicitantes de refugio salvadoreños sobre Costa Rica?
—La migración de El Salvador ha sido, por lo general, más hacia el Norte. Al endurecerse las políticas en las fronteras, los riesgos que surgen hacen que ese mirar hacia el Norte no sea tan seguro y ahí es cuando las personas miran hacia el Sur, donde Costa Rica es el destino más cercano y seguro.
¿Por qué la aprobación de las peticiones de refugio es tan baja?

Muchos. Los salvadoreños, junto con colombianos y venezolanos, son los grupos que más aparecen en los listados de solicitud de refugio en Costa Rica.

—La mayor cantidad de solicitudes son de personas de nacionalidad venezolana. Un porcentaje muy alto de estas personas viene por temas que no tienen que ver con el de refugio, pero que igual son crisis muy lamentables.
Y con los salvadoreños, muchas veces, las personas están saliendo antes incluso de recibir algún tipo de amenaza, porque a algún vecino o núcleo familiar que no es el primario le pasó algo. En esos casos, falta un elemento que es el de la persecución. En este tema el asunto de la prueba es bastante complicado porque no logran acreditar el tipo de situaciones en las que se encuentran.
—¿Cuál es el perfil del migrante salvadoreño y el del migrante venezolano?
Es bastante diferente el contexto del cual sale cada uno. Un alto porcentaje de las solicitudes de los venezolanos salen propiamente por la situación humanitaria: escasez de medicamentos, de alimentos, la inseguridad que se vive en Venezuela, eso hace que las personas estén saliendo.
En el caso de El Salvador, son las personas que han sido víctimas de las maras.
Un aspecto que les pone más cuesta arriba la situación a las personas salvadoreñas es que muchas veces no tienen un nivel profesional, sino que talvez se dedicaban en sus países a labores propiamente de oficios, como el comercio informal, eso hace que al llegar acá les cueste más integrarse a la sociedad costarricense. No es lo mismo la migración venezolana, que mucho es migración de profesionales y que poco tiempo después de estar acá son captados por las diferentes empresas. Es personal muy capacitado.
—¿Prevé que los flujos migratorios se mantengan?
—La tendencia se va a mantener. No se vislumbran cambios en Venezuela y la situación en El Salvador va a seguir de igual forma. No se ve en un futuro cercano alguna situación que revierta lo que sucede en la actualidad.

En ocasiones ya conocen de antemano a alguien que los ayuda a resolver dónde van a vivir y qué van a comer durante sus primeros días aquí, pero también hay quienes vienen sin tener contactos previos. “Muchas veces tenemos literalmente a las personas con las maletas haciendo fila para pedir el refugio en Migración, llenan la solicitud y después nos dicen: ‘¿Ahora qué? ¿Cómo nos pueden ayudar?’ Ahí es cuando acudimos a las organizaciones de la sociedad civil”, indica Rodríguez.

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ESFUERZOS
Ante los vacíos que existen en el país en el tema de refugio, el Gobierno y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) impulsan el Marco Integral de Protección y Soluciones de Respuesta a la Situación de Personas Refugiadas en Costa Rica (MINARE), el cual quiere poner en marcha una serie de medidas para reforzar las políticas de integración y pretende que se agilicen las respuestas para los solicitantes.
Una de las iniciativas plantea que el permiso laboral se otorgue al mismo tiempo que la persona realiza la petición para quedarse en el país.
Asimismo, sugiere que el carné de refugiado sea similar a la cédula costarricense para que se facilite su reconocimiento en las entidades bancarias y en los centros de salud, que en ocasiones niegan la atención al invalidar el documento.
Carmen Muñoz, viceministra de Gobernación, explica que otra de las intenciones de la iniciativa es que se incorpore la variable migración en las políticas contra la pobreza y de asistencia social al Plan Nacional de Desarrollo. Se prevé que el MINARE entre a regir en 2018.
El año pasado Costa Rica enfrentó una crisis migratoria por la llegada de miles de africanos y haitianos que intentaban viajar hacia Estados Unidos, a los cuales Nicaragua les cerró la puerta con su aparato militar y policial.

Gastos. Andrés fue extorsionado. La presión lo llevó a ahorrar para tener dinero por si le hacían daño a su familia. “Cuando me daban el salario, había que pagar luz, agua, teléfono y a las pandillas”.

El Calabozo: El retorno de una denuncia 26 años después

El Calabozo. Esta es la zona cercana al cantón Amatitán Abajo donde se ha construido un monumento para honrar a las víctimas de la masacre.
Amado Carrillo. Él denunció la masacre por primera vez en 1992. Sostiene ante los tribunales que su esposa y sus cuatro hijos fueron asesinados el 22 de agosto de 1982.

Amado Carrillo es un campesino de 78 años, de barba y cabello entrecano, del cantón Amatitán Abajo, de San Esteban Catarina, San Vicente. Esta mañana de enero cuenta que se siente un poco mal, que tiene calentura. El malestar se le nota en el cuerpo, pero ha esperado este día durante más de 20 años, así que ha ignorado la fiebre y ha decidido presentarse a un terreno cercano a la zona conocida como El Calabozo.

A unos metros del río, Amado se encuentra con el juez de Primera Instancia de San Sebastián. El juez lo presenta como la persona que “nos va a ayudar a identificar el lugar de los hechos”.

Así, a las 11 de la mañana y bajo el sol se inicia una caminata en la que la vereda se vuelve estrecha para una hilera de 30 personas. El grupo está conformado por víctimas y familiares, vecinos, periodistas, defensores de derechos humanos y peritos de la Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República. Este día Amado y otros dos testigos han sido llamados a identificar los lugares en los que, de acuerdo con su denuncia interpuesta en 1992, ocurrió la masacre conocida como El Calabozo.

En agosto de 1982, cientos de familias del municipio de San Esteban Catarina fueron desplazadas forzosamente de sus hogares. Los residentes de la zona afirman que caminaban durante las noches para huir de los bombardeos militares que se realizaban durante esos días en contra de la guerrilla y la población civil. Hasta que en la mañana del 22 de agosto, cuando los campesinos descansaban a la orilla del río Amatitán, al menos 200 personas desarmadas fueron emboscadas por militares. La operación militar fue nombrada Teniente Coronel Mario Azenón Palma.

A los pocos minutos de haber iniciado la caminata para realizar la inspección, se llega al río. Frente a este se ha construido un monumento con los nombres de personas que murieron en la masacre. El monumento está compuesto por unas placas y unas paredes pequeñas para protegerlas.

Las placas se colocaron en el lugar en el que Amado perdió a su esposa y a cuatro hijos cuyas edades iban desde los 14 meses hasta los 14 años. La mayoría de los presentes en este trámite desconoce el paradero de las osamentas de sus familiares. Ellos cuentan que a varios cadáveres se los llevó la corriente del río porque cuando sucedió la masacre era invierno y llovía torrencialmente; otros, fueron comidos por animales.

En un espacio entre el río y el monumento a las víctimas, el juez comienza a interrogar a Amado. La entrevista no dura más de cinco minutos.

—Necesito que me cuente, enseñándome los lugares posibles que usted recuerde, por favor –le indica el juez a Amado.
—Lo que yo recuerdo no se olvida en la memoria. Aquí fue un lugar difícil, donde el Batallón Atlacatl de allá empezó a disparar –dice y señala a unos 10 metros de distancia, del otro lado del río.

El denunciante asegura que cuando fueron atacados, ya llevaban varios días huyendo de la represión militar en la zona. Cuando el juez le pregunta qué hacía tanta gente agrupada al lado del río, Amado se limita a contestar que “únicamente esperándola”. El juez se muestra confundido y vuelve a preguntar:

—Déjeme entender. Estas personas tenían tres días de estar aquí, ¿pero qué estaban haciendo? Usted me dice esperando, ¿esperando qué?
—Esperando la muerte –responde Amado– porque los perseguían a los niños y ancianos.

Más de 200. De acuerdo con los listados de familiares de víctimas de la masacre, los muertos y desaparecidos fueron entre 200 y 250 personas incluyendo a niños, mujeres y ancianos.

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UNA DENUNCIA INTERPUESTA EN 1992

Amado termina de brindar su declaración y el juez y peritos se dedican a escuchar el testimonio de otras dos personas. Este trámite no es una reconstrucción de los hechos, pero sirve para identificar los lugares donde ocurrió la masacre.

Si el caso avanza y se logra abrir un juicio, estos puntos serán importantes para determinar la veracidad o falsedad de los testimonios de los denunciantes. Por ello, los peritos se dedican a tomar nota de los espacios que los sobrevivientes les indican.

A partir de la declaración de Amado se identifican tres lugares. Del lado del monumento en honor de las víctimas quedó definido el lugar en el que los campesinos se encontraban antes de ser asesinados. Después se identificó el lugar desde el que se cree que militares dispararon contra los campesinos. Por último, un terreno cercano al río que se encuentra a varios metros de altura quedó establecido como el escondite en el que Amado se puso a salvo y desde el cual escuchó cómo mataron a su familia.

La segunda testigo en la diligencia es una mujer que va vestida de negro y está visiblemente afectada por la declaración. Dice que era una niña cuando todo pasó y lleva los ojos vidriosos. La mujer cuenta que vino a esta zona “por temor, aquí estábamos escondidos. Era como una playita. Se escuchó la balacera y nosotros, como éramos niños, salimos corriendo a escondernos en un palito de pitarrillo. Ahí pasamos como tres días”.

La tercera persona que declara cuenta que él va a mostrar la tumba de sus familiares. Esta se encuentra al otro lado del río. Él asegura que ahí está enterrada “una parte de huesitos de mi familia. Una parte de los huesitos porque los zopes ya habían venido al lugar y era invierno”.

Cuando los tres testigos terminan de dar sus declaraciones, se procede a tomar fotografías de los sitios mencionados por ellos. El juez le comenta a los peritos: “Hay un indicio claro de que ocurrió el evento que han denunciado”.

Esta afirmación informal del juez llega más de un cuarto de siglo después de la denuncia de Amado. Él cuenta que un día por la tarde, después de que se firmaron los Acuerdos de Paz, unos amigos se acercaron a él para preguntarle si se animaba a ir al juzgado de San Sebastián a denunciar la masacre. Ya había pasado una década desde que había perdido a su familia, pero Amado no estaba seguro de que esa fuera una decisión segura. “Nos encontramos un poco pensativos porque no era fácil lo que había sucedido”, acepta.

De acuerdo con documentación oficial, la denuncia se interpuso en julio de 1992 y en ese año también se ordenó una primera inspección del lugar. Esas diligencias estuvieron a cargo de otro juez. En esa inspección se determinó que debido a las características del lugar era difícil encontrar vestigios de lo denunciado.

La segunda testigo en la diligencia es una mujer que va vestida de negro y está visiblemente afectada por la declaración. Dice que era una niña cuando todo pasó y lleva los ojos vidriosos. La mujer cuenta que vino a esta zona “por temor, aquí estábamos escondidos. Era como una playita. Se escuchó la balacera y nosotros, como éramos niños, salimos corriendo a escondernos en un palito de pitarrillo. Ahí pasamos como tres días”.

El caso no avanzó y en 1999 fue archivado. Pero en 2006, el abogado David Morales, exprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos y acusador particular, presentó una denuncia contra altos mandos de la Fuerza Armada de El Salvador “por la comisión de los delitos de asesinato, actos de terrorismo, daños agravados, otros estragos, robo y privación ilegal de la libertad en perjuicio de miles de personas de San Esteban Catarina”.

Morales solicitó el desarchivo del proceso penal, pero el tribunal de San Sebastián declaró que el desarchivo no podía proceder debido a la aplicación de la Ley de Amnistía de 1993. Esos hechos quedaron registrados así en la documentación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Tras la negativa de los tribunales locales para reactivar el caso, los denunciantes solicitaron un amparo ante la Sala de lo Constitucional. Y en noviembre de 2016, este organismo resolvió que “durante casi 24 años la actividad investigativa ha sido nula” y determinó que esa inactividad “implicó una desprotección para los derechos fundamentales de los sobrevivientes y familiares de las víctimas”.

Nuevas generaciones. Ledy Rosales y Dayana Rosales son bisnieta y tataranieta de Cornelio Rosales, un anciano de 86 años que fue señalado como “extremista” para las fechas de la masacre de El Calabozo.

Además, la sala valoró que el argumento de la aplicación de la Ley de Amnistía no era válido porque al momento en el que el tribunal se negó a desarchivar el caso “la jurisprudencia constitucional ya había establecido que dicho beneficio no era aplicable en aquellos casos en los que se impidiera la protección y la garantía de los derechos de las víctimas o sus familiares; es decir, aquellos delitos cuya investigación persiguiera la reparación de un derecho fundamental”.
Como resultado del amparo, se ordenó que “esta investigación debe ser realizada a través de todos los medios legales disponibles y orientarse a la determinación de la verdad”. Por ese motivo, el tribunal de Primera Instancia de San Sebastián se vio obligado a retomar las labores de indagación.

Si en estas averiguaciones se considera que hay suficientes indicios para llevar el caso a juicio, este seguiría una modalidad parecida a la del juicio de la masacre de El Mozote, donde se aplican las leyes vigentes de la época en la que ocurrió la matanza. En el caso de El Calabozo, se utilizaría el Código Penal y Procesal Penal de 1973. Esa es la razón por la que el juez de Primera Instancia está presente en la inspección de lugares, pues el Código de 1973 lo reconoce como juez-investigador. Es decir que en esta etapa las averiguaciones están encabezadas por él y no por la Fiscalía General de la República.

El juez se acerca al río y las personas que han dado su declaración se colocan en los lugares donde quedaron los cadáveres de sus familiares para servir de referencia en las fotografías que se anexarán al caso. Amado camina un poco y se para justo donde él recuerda haber visto a los primeros soldados del Batallón Atlacatl listos para dispararle a la gente. A Amado aún le falta ser fotografiado en el tercer lugar que ayudó a identificar, pero su cuerpo no es tan ágil como lo era cuando ocurrió la masacre, y caminar hasta arriba de una cuesta, donde permaneció escondido en 1982, ahora es un reto. Antes de seguir, se sienta en un borde de cemento, respira despacio y admite lo evidente: “Algo mal me siento”.

El juez le explica que lo van a esperar, pero Amado se desespera al sentirse observado y saber que el trámite se demora por él. Se levanta de inmediato y empieza a caminar cuesta arriba.

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SOBREVIVIR A LA MASACRE

Amado sobrevivió porque logró esconderse entre el monte. Él cuenta que por horas tuvo que mantenerse inmóvil mientras escuchaba lamentos. Aprovechó una tormenta que ocurrió después de la masacre para poder salir de su escondite. “Y me perdí. Anda muerto uno en esos momentos. Las grandes tragedias y uno solo, sin comer y sin beber, no… sino es fácil. Le cuento la realidad. Yo oía aquella clamazón del río”, recuerda.

Amado se pone la mano izquierda sobre la frente y baja la mirada mientras cuenta que un par de días después volvió a la zona de la matanza: “¡Ay!, a ver aquello. Gran desorden, los hombres que habían quedado los pusieron bocabajo… encima, como formando picardía… y cortaron ramas y les dieron fuego”. Cuando habla de los cadáveres, sus ojos se mueven por el suelo como buscándolos entre la tierra del suelo.

Amado sobrevivió porque logró esconderse entre el monte. Él cuenta que por horas tuvo que mantenerse inmóvil mientras escuchaba lamentos. Aprovechó una tormenta que ocurrió después de la masacre para poder salir de su escondite. “Y me perdí. Anda muerto uno en esos momentos. Las grandes tragedias y uno solo, sin comer y sin beber, no… sino es fácil. Le cuento la realidad. Yo oía aquella clamazón del río”, recuerda.

Tras la masacre algunos de los sobrevivientes se incorporaron a las filas de la guerrilla. Uno de ellos es Marcial Bolaños, el actual alcalde de San Esteban Catarina. Él asegura que tenía 16 años cuando se salvó porque otra persona lo ayudó a enterrarse y le colocó piedras y hojas encima para que no fuera detectado. El narra que su padre también sobrevivió porque fue dado por muerto. “Mi papá sobrevivió con la misma sangre de Edgardo y de Elsa, mis hermanos, porque con esa misma sangre se le cubrió el rostro”, cuenta desde la oficina municipal. Él dice que se incorporó a la guerrilla después porque “¿qué más quedaba? Era más la irritación de la sangre”.

Bolaños se encarga de resaltar que la muerte de su madre y hermanos fue lo que lo impulsó a unirse a la guerrilla. Él no acepta el argumento de la época que decía que las personas que murieron en El Calabozo eran guerrilleras. “Imagínese usted, la última hermana que yo andaba chineando tenía ocho meses, ¿qué combatiente era ella? La otra hermana tenía tres, la otra cinco, el otro tenía siete años. ¿Qué guerrilleros iban a ser?”, pregunta exaltado.

Los hechos de El Calabozo están incluidos dentro del informe de la Comisión de la Verdad en el apartado de “Masacres de campesinos por la Fuerza Armada”. Los otros casos que acompañan esta sección son la masacre del Sumpul y la de El Mozote. El informe estableció que “el Gobierno informó al público que había sido un éxito que se había dado muerte a numerosos guerrilleros”, pero la comisión concluyó que existen pruebas suficientes de que “efectivos del Batallón Atlacatl dieron muerte deliberadamente a más de 200 civiles, hombres, mujeres y niños que habían apresado sin resistencia”.

Alonso Rosales. El hijo de Cornelio Rosales asegura que su padre no fue guerrillero y que por lo tanto, se encontraba desarmado cuando fue capturado por soldados en 1982

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CUANDO UN CORTE DE CABELLO SIGNIFICA LIBERTAD

Amatitán. El río ha sido símbolo de vida. Ahí se divierten y hacen oficio los lugareños. En 1932 el agua del río se tiñó de rojo y arrastró los cadáveres de la masacre de El Calabozo, San Vicente.

Los días 23 y 24 de agosto de 1982, la prensa nacional retomó la versión oficial de los hechos y publicó textos relacionados con los acontecimientos que se vivieron en los cantones de San Esteban Catarina. Los titulares fueron: “Subversivos se entregan en San Vicente” y “FMLN sufre gran número de bajas”. Una nota de la época fue acompañada de una fotografía en la que se observa a siete campesinos capturados. En la fotografía resaltan un niño de 11 años sin camisa y un par de ancianos de más de 80 años descalzos. En la noticia se les identificó como “extremistas” y “terroristas”.

La figura que más sobresale en la fotografía, porque está al centro y por su altura, es la de Cornelio Rosales Rodríguez, un hombre de 83 años. Él mira hacia el frente con el ceño fruncido, tiene el cabello blanco despeinado y viste una camisa clara de botones.

Casi 36 años después de que se tomó esa fotografía, en esta tarde del último día de enero, una figura idéntica a la de Cornelio Rosales sobresale en la misa del cantón Amatitán Arriba. Es Alonso Rosales, hijo de Cornelio, un hombre de mirada clara y voz triste. Su caballo lo espera amarrado afuera de la iglesia. Cuando la misa de las 2 de la tarde termina, Alonso sale del templo y se sorprende cuando se le muestra la foto de su padre capturado. “Sí, es mi papá”, acepta.

Los retos de este caso ya se veían en 1992, cuando solo había pasado una década desde la masacre. Los documentos oficiales sostienen que durante la primera inspección “realizada el 29 de julio y ampliada el 1.º de agosto de 1992 se determinó que en dicho lugar era difícil encontrar vestigios que ayudaran a establecer los hechos denunciados, tanto por el tiempo transcurrido como por las características del lugar”.

Alonso tiene 72 años y cuenta que salvó su vida en dicho operativo porque en lugar de tomar el camino hacia El Calabozo, su familia y él caminaron hacia otra zona conocida como Tortuguero. Pero al “salir a la calle del Tortuguero ahí estaban los soldados y empezaron a tirar luces de bengala, y ahí se me quedó mi papá perdido; y ahí lo capturaron”.

El recorte del periódico sostiene que el terrorista Cornelio Rosales tenía 83 años cuando fue capturado, pero Alonso cree que su padre tenía al menos tres años más. “Yo de mi papá volví a saber a los seis meses. A mi papá se lo llevaron al cuartel de San Vicente”.

Alonso asegura que a su padre lo detuvieron porque “los soldados decían que era guerrillero… un viejito de 86 años, ¿qué guerrillero iba a ser?” La carta de libertad para Cornelio vino meses después, cuando en el cuartel le iban a cortar el pelo. Ahí, mientras a Cornelio Rosales le hacían un corte, un peluquero que trabajaba para el ejército lo reconoció. Eran parientes lejanos y eso sirvió para poder recuperar la libertad.

“En el cuartel de San Vicente trabajaba un yerno de una sobrina de mi papá. Y ese yerno era peluquero. Así fue como lo sacaron de ahí a mi papá”, cuenta Alonso. Cuando se reencontraron hablaron sobre el trato que recibió mientras estaba detenido y “quizás cayó bien el viejito, porque era bien pasivo. No lo torturaron”, reconoce Alonso. Hablar de su papá lo emociona. Conversa pocos minutos fuera de la iglesia y luego se sube en su caballo rumbo a su casa.

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LOS RETOS DE UN CASO SIN CADÁVERES

Marcial Bolaños. El alcalde de San Esteban Catarina asegura que es sobreviviente de la masacre. Él cree que la justicia le ha dado una “respuesta confusa” a las víctimas y familiares.

“Al agua se le respeta”, dice el juez encargado de las primeras diligencias de este caso reactivado. La gente de Amatitán bien lo sabe. Este mismo río que ahora no es profundo y se observa de caudal reducido es el que se llevó los restos de sus familiares y vecinos en aquel invierno de 1982.

Y ese es uno de los principales retos que rodean al caso. Además de las trabas legales a las que se ha enfrentado durante 26 años, hay otros retos que se deben superar, si se quiere individualizar a los responsables de la matanza.

A pesar de los programas de reparación a víctimas y de las pedidas de perdón que se han hecho durante los últimos dos gobiernos del FMLN, el acceso a la información oficial sobre operativos militares durante la guerra, por tradición, ha sido denegado. Incluso en 2014, el Ministerio de la Defensa le prohibió la entrada a personal del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). El IAIP buscaba documentos de planes militares y personas que participaron en violaciones a los derechos humanos. En abril del año pasado ese instituto aseguró que Defensa destruyó documentos relacionados con operativos militares.

Los retos de este caso ya se veían en 1992, cuando solo había pasado una década desde la masacre. Los documentos oficiales sostienen que durante la primera inspección “realizada el 29 de julio y ampliada el 1.º de agosto de 1992 se determinó que en dicho lugar era difícil encontrar vestigios que ayudaran a establecer los hechos denunciados, tanto por el tiempo transcurrido como por las características del lugar”.

A pesar de las condiciones, en esa ocasión sí se logró encontrar “restos de algunas ropas, las cuales fueron señaladas por la señora Corina Roxana Aguilar Carrillo –testigo y ofendida– como las que utilizaba su madre el día que ocurrieron los hechos”. Pero hoy, varios lustros más tarde, la posibilidad de encontrar pruebas físicas de este tipo se ven limitadas.

Cerca de la 1 de la tarde, la inspección se traslada hacia otra zona. La hilera de personas que acompañan a las víctimas y a los funcionarios cruza el río Amatitán. Los lugareños cruzan el río de forma grácil a diferencia de otras personas que se deslizan entre las piedras y se mojan la ropa y los zapatos. Cuando Amado Carrillo ve que la gente no encuentra forma de cruzar al río, busca un tronco grande y lo coloca sobre las piedras para que el resto de gente pueda pasar.

A los pocos minutos se encuentra una tumba verde con tres cruces y dos coronas propias del día de muertos; una es amarilla y la otra es blanca. La persona que ha venido a mostrar esta ubicación repite lo que contó en su declaración un par de horas antes: “Estaban todos revueltos los huesos. No le puedo decir de quién eran propiamente”.

Ante esto, el juez del caso le comenta al personal de Fiscalía que lo acompaña que van a tener que solicitar la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense cuando se ordene la exhumación de estas víctimas. Este equipo trabajó también en las exhumaciones que se llevaron a cabo en la zona de la masacre de El Mozote.

El juez habla de ADN y de identificación de las personas, pero un comentario del personal de la FGR lo hace aterrizar. Mencionan la palabra presupuesto y también se habla de trabajar con limitaciones. El optimismo se retiene.

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EL DERECHO A LA VERDAD

En los últimos años la masacre de El Calabozo ha sido reconocida estatalmente y se han realizado actos simbólicos en aras de la reparación de las víctimas. A finales de 2016, la Secretaría de Cultura nombró bien cultural al sitio donde ocurrieron los asesinatos. La representante de SECULTURA en el acto aseguró que la declaratoria se hacía en cumplimiento al Programa de Reparaciones a las Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el Conflicto Armado.

También, en agosto de 2017 el Estado salvadoreño pidió perdón a los familiares. Los actos han tenido la aprobación de los lugareños, sin embargo, en los sobrevivientes prima un aire de desconfianza cuando se habla de la puesta en marcha de la justicia en tribunales.

En este lugar lo que más se exige es conocer la verdad y las motivaciones de estos operativos. La Sala de lo Constitucional resolvió hace más de un año que al conocer lo sucedido en estos hechos “se posibilita la memoria colectiva, la cual permitirá construir un futuro basado en el conocimiento de la verdad… para evitar nuevas vulneraciones de los derechos fundamentales”.

La idea de perdón en esta zona no es homogénea. Algunos sobrevivientes de la masacre y familiares de las víctimas dicen que ya están listos para perdonar a quienes mataron a sus seres queridos. Otros no se sienten tan seguros de poder hacerlo. Pero en algo sí coinciden: necesitan que se haga un proceso judicial para identificar responsabilidades. Creen que eso le va a servir al país entero para poder escribir la historia de manera justa. Amado Carrillo, el campesino de barba y cabello entrecano, explica lo que busca conseguir desde hace 26 años, cuando interpuso la denuncia: “Aquí no es venganza, sino que son hechos que no se pueden quedar en el olvido”.

Monumento. En 2016 la Secretaría de Cultura nombró bien cultural al espacio donde ocurrió la masacre de El Calabozo. Hasta la fecha nadie ha sido procesado por estas muertes.

A nadie le importó

Violencia. Solo en Brasil, 286 personas LGTB fueron asesinadas con arma de fuego y 275 con arma blanca; 97 fueron asfixiadas; y 28, apedreadas.

Cada 19 horas un LGBT es asesinado o se suicida víctima de LGBTfobia, lo que hace de Brasil el número 1 en el mundo de ese tipo de crimen. Los datos son de la ONG Grupo Gay de Bahía, que informó que en 2017 se registraron 445. La situación es dramática en este país, pero en el resto de América Latina también.
Contra viento y marea, las organizaciones civiles y la prensa llevan las cifras sobre los crímenes contra LGBT. Sin embargo, existe un subregistro producto del miedo que trae consigo denunciar la condición sexual y la impunidad de la justicia para investigar y darle rostro a un tema que duele.
En palabras del director del Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia, Carlos Valdés, hace 10 años en Colombia no se analizaban tan fielmente los crímenes contra la población LGBT, pues eran considerados homicidios simples o agravados, de acuerdo con las circunstancias. “No hacíamos un registro juicioso. Y no hacíamos diferenciación por género”, reconoce Valdés, pero “el instituto ha entrado en una modalidad de estudio diferencial y hemos detectado asuntos muy dolorosos”.
Otras voces, como la de la Defensoría LGBT de Argentina, dan cuenta del ocultamiento de la orientación sexual de los fallecidos, razón por la cual identificar los crímenes de odio en los países es difícil, y de alguna forma son detectados por el nivel de sevicia que emplea el asesino: violar, apedrear, empalar, descuartizar o acuchillar múltiples veces a la víctima.
Lo anterior sin contar con que hay muchos suicidios que resultan del matoneo y la estigmatización. A juicio de las autoridades forenses, tanto en Colombia como en Argentina, los crímenes contra los LGBT son una realidad que camina invisible en nuestras sociedades.
En Brasil, 39 personas con identidad sexual diversa se suicidaron en tres años; 286 fueron asesinadas con arma de fuego y 275 con arma blanca; 97 fueron asfixiadas; 28, apedreadas; 10, carbonizadas; y tres, envenenadas.

A Kiara, una mujer trans de 25 años, la encontraron sin vida en un parque de Uruguay la madrugada del 24 de septiembre de 2012. Estaba boca abajo, con un balazo en la cabeza y parte de su cuerpo incinerado, como si alguien se hubiese empecinado en borrar su identidad. El anillo policial hallado en uno de sus dedos ha hecho pensar a los investigadores que el homicida fue un asesino serial vinculado a dicha institución. Sin embargo, nada ha podido ser comprobado.

No se trata solo de frías estadísticas, sino de historias que conmueven de vez en cuando en cada país. En Rosario, Argentina, asesinaron a Mónica Ortiz con siete puñaladas. La mujer trans de 53 años fue hallada muerta dentro de su casa, en junio del 2016. Su cadáver estaba atado a la cama y calcinado.
En México, la organización Letra S logró sacar de la cárcel a un hombre gay injustamente señalado de asesinar a su pareja. Tras el proceso judicial se logró comprobar que fiscales y jueces comparten prejuicios contra la comunidad gay que determinaron el fallo, lo cual se constituye en una clara discriminación.
142 asesinatos de integrantes de la comunidad LGBT en Colombia ocurrieron en el marco del conflicto armado y como consecuencia de los prejuicios de los violentos.
En las confesiones de Justicia y Paz, un mecanismo judicial para la reincorporación de los paramilitares –escuadrones de extrema derecha–, sus miembros confesaban con la mayor serenidad los peores delitos –torturas, desapariciones forzadas–, pero eso sí, se molestaban cuando algunos de sus comandantes se referían a ellos como “maricas”.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador informa que los niveles de crueldad ejercidos por los agresores son desproporcionados: atan, degüellan, lastiman con alambre de púa o cercenan los genitales de las víctimas. Estos actos envían mensajes a toda la comunidad LGBT del país. En La Paz, asesinaron a dos mujeres trans, de 22 y 29 años, y luego desaparecieron y asesinaron a otra más que había ido al sepelio de sus compañeras. Este hecho fue suficiente para que otras seis mujeres trans huyeran hacia Estados Unidos.

A Kiara, una mujer trans de 25 años, la encontraron sin vida en un parque de Uruguay la madrugada del 24 de septiembre de 2012. Estaba boca abajo, con un balazo en la cabeza y parte de su cuerpo incinerado, como si alguien se hubiese empecinado en borrar su identidad. El anillo policial hallado en uno de sus dedos ha hecho pensar a los investigadores que el homicida fue un asesino serial vinculado a dicha institución. Sin embargo, nada ha podido ser comprobado.
En Honduras, la edad promedio de las víctimas de crímenes de odio por diversidad sexual es de 34 años, y aunque la totalidad de los casos reportados por una ONG tiene una respuesta de la justicia, no hay información disponible sobre cómo se cometieron los crímenes.
En Venezuela, los datos no se acercan aún a la realidad; sin embargo, se sabe que 13 personas fueron impactadas con balas y 10 golpeadas con martillos y piedras por no ser heterosexuales.
En el Perú no existe un registro oficial de ataques y crímenes de odio sufridos por miembros de la comunidad LGBT, pero hay casos imborrables, como el de Alfredo Alfaro Caballero, de 51 años. Era gay y prefería que lo llamaran Dennis. Trabajaba en un salón de belleza, en la ciudad de Huancayo (sierra central). El 22 de enero de 2016 fue asesinado en su local. Lo hallaron amordazado y atado de pies y manos con señas de haber sido asfixiado.
En Puerto Rico hay ley para procesar los crímenes de odio, pero solo se ha producido una sentencia, 14 años después de que las Reglas de Procedimiento Criminal incluyeran el prejuicio como una circunstancia agravante a la comisión de un delito y 11 años después de que ese agravante se estableciera en el Código Penal de Puerto Rico.
Los miembros de los colectivos que defienden los derechos de las personas LGBT en América Latina reclaman el respeto por la diversidad en un territorio desigual en donde no los pueden seguir lastimando.
Las organizaciones civiles de los diferentes países tienen registros de este pasado y presente dolorosos. Ahora coinciden en pedir políticas públicas para que el futuro sea más esperanzador.

Víctimas jóvenes. De 34 años es el promedio de edad de las víctimas del colectivo LGBT en Honduras.

 

LEA ADEMÁS: Cuando no se existe en vida ni en muerte

Reponerse de la depresión 12-E siete años después

Vulnerabilidad. Las casas de la comunidad 30 de Abril están construidas con materiales que no los protegen de las inclemencias del clima.

“Gracias a Dios las pobrezas que sentíamos eran lo normal, porque sin dinero se sufre”, es lo único que responde Eloísa Salguero cuando se le pregunta en qué momento de su vida ha vivido mejor. Eloísa es una mujer morena, pequeña y de cabello blanco. Esta mañana está molesta porque el árbol de limón que sembró ya da frutos, pero no ha crecido lo suficiente para dar sombra. Lo mismo pasa con los almendros. Por eso, le apena no poder invitar a platicar bajo la sombra de algún árbol, sino a la sombra de la pequeña casa de lámina en la que vive con su hijo.
Eloísa sabe que la pobreza no solo se traduce en problemas consiguiendo dinero para la comida. En su caso, la pobreza ha implicado la posibilidad de enfrentarse contra la Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía para poder ocupar la tierra en la que ahora vive. Y es que la comunidad 30 de Abril se formó cuando un grupo de ciudadanos se tomó un terreno propiedad del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) en 2012.
La usurpación de estas tierras no fue una decisión basada en el capricho. En octubre de 2011 no dejó de llover durante una semana por la depresión tropical 12-E. Durante esa tormenta llovió más de lo que se registró durante el huracán Mitch. Al menos 21 ríos se desbordaron y se contabilizó más de 30 muertos. Eloísa y su familia casi pierden la vida. Ella residía en las cercanías de un río que se desbordó y destruyó su antigua casa. Por eso se tomó una parte de las tierras para no vivir entre el peligro y el fango.
En la comunidad en la que ahora reside, la organización interna ha sido vital. Varios vecinos cuentan que durante los primeros días que llegaron a este terreno, la mayoría de familias dormía al aire libre, las personas no dejaban de toser por el polvo y pasaban frío durante toda la noche. Ahora, a través de su organización, la gran mayoría ya ha logrado conseguir las escrituras del espacio que habitan y construir sus casas de lámina.
Aquí se vive en los márgenes, pero sus habitantes hablan con esperanza del futuro. En él se imaginan calles asfaltadas, agua potable, alumbrado público y casas construidas con bloques de hormigón. La situación de vivienda de esta zona no es una anormalidad. De acuerdo con la Dirección General de Estadísticas y Censos, al menos el 11 % de los hogares salvadoreños están construidos con lámina, bajareque o palma.

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LA TORMENTA QUE FORMÓ UNA COMUNIDAD

Vivienda. De acuerdo con la Dirección General de Estadísticas y Censos, al menos el 11 % de hogares salvadoreños está construido con lámina, bajareque o palma.

Dolores es una mujer de 33 años dedicada al cuido de sus hijas y su comunidad. En octubre de 2011, ella vivía frente al río Los Patos con su esposo, sus hijas menores de 10 años y su madre, Eloísa. Su esposo trabajaba en el campo y además, estaba encargado de cuidar un terreno y sus propiedades. Como parte del trato, el dueño del terreno le dio permiso de usar un espacio en el que la familia podía vivir.
En El Salvador casi la mitad de familias no es propietaria de su vivienda. El 47.2 % de los hogares vive como inquilino, colono o en otra situación irregular, de acuerdo con la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.
A pesar de no tener lujos, Dolores recuerda que en esa casa vivía tranquila. El sábado 15 de octubre de 2011 todo cambió. Durante la noche empezó a escuchar cómo caía la lluvia y pensó que era un aguacero más. Ella no supo que lo que se venía era una tormenta en la que caería más agua que durante el huracán Mitch. La zona del río Los Patos “es bien apartada, no teníamos ni televisor ni nada, no podíamos ver ningún noticiero”, cuenta hoy Dolores.
El río Los Patos dividía la casa de Dolores de la calle principal, donde pasaban los buses y carros. Para salir hacia la calle se utilizaba un puente, pero cerca de las 8 de la noche, este dejó de existir. Dolores pensó primero que se trataba de un rayo. Su esposo salió a ver y confirmó uno de sus más grandes miedos: el puente se cayó y la familia quedó aislada.
A los pocos minutos el nivel del agua del río subió hasta que empezó a inundar la casa. Dolores y Eloísa colocaron la ropa, los trastes y los guacales sobre las camas para que no se mojaran. De nada sirvió. A los minutos el nivel del agua subió tanto que levantó las camas. Los vecinos empezaron a llamar a Dolores y a su familia para que salieran de la casa, pero ya no había forma de cruzar el río y llegar a terreno seguro. La familia solo logró salir de la casa y colocarse en un espacio un poco más alto dentro del mismo terreno en el que vivían. Intentaron ponerse a salvo en lo que ellos describen como una “cuchera”.

La familia de Dolores pasó cinco meses intentando volver a reconstruir la vida en el mismo lugar que casi se las arrebata. No tenían a dónde más ir. Alquilar una casa no era una opción real. La lucha diaria era para reponer otras necesidades urgentes. “Acuérdese que mi esposo trabaja en el campo, entonces, ¿qué son $40 que gana? No le alcanza a veces ni para los alimentos a uno y ya para hacerse de trastes y de ropa, ya es bien difícil”, explica.

De tierra. Los vecinos se quejan del polvo al que se enfrentan a diario. Ninguna de sus calles principales está pavimentada. Lo mismo sucede con los canales para que corra el agua, la mayoría es de tierra.
Peligro para la salud. Una investigación de la Universidad de El Salvador apuntó que la comunidad es atravesada “por tuberías de captación de agua potable y por colectores de aguas

El dueño del terreno solía criar cerdos durante otros años y había construido una estructura metálica para que los animales se alimentaran. Cuando el agua subía y subía, los adultos pusieron una colchoneta sobre esa estructura de metal. Sobre la colchoneta colocaron a las niñas pequeñas y los adultos la mantuvieron sujetada toda la noche mientras rezaban para que el agua no siguiera subiendo. Si llovía más, creían que al menos las niñas tendrían la posibilidad de salvarse.
Ni Eloísa ni Dolores sabían nadar y el cuerpo se les llenó de miedo. La luz de los rayos que caían les servían para ver que ya no quedaba nada seco alrededor. El río se había desbordado completamente y el agua subió hasta cubrirles la cintura. Dolores dice que llamó por horas a la Policía para que su familia fuera rescatada, pero el rescate nunca ocurrió.
A la mañana siguiente, la familia vio que una refrigeradora flotaba. Esa refrigeradora no servía desde hace tiempo y la habían sacado al patio. Al esposo de Dolores se le ocurrió ocuparla como balsa para cruzar así el río desbordado. Ahí se transportaron Dolores, su madre y sus hijas. “Cuando ya me llevaban a mí, me dieron vuelta a medio camino en lo más hondo, pero rápido me agarraron y me sacaron”, cuenta Dolores entre risas nerviosas.
Cuando llegó a tierra segura, la familia de Dolores fue trasladada a un albergue. Ahí se encontró con más personas que pasaron por situaciones similares. Esta tormenta dejó al menos a 50 mil evacuados a escala nacional. Y cuando el sol volvió a salir, algunos de los afectados se enfrentaron con una nueva realidad: habían perdido sus hogares.
La familia de Dolores pasó cinco meses intentando volver a reconstruir la vida en el mismo lugar que casi se las arrebata. No tenían a dónde más ir. Alquilar una casa no era una opción real. La lucha diaria era para reponer otras necesidades urgentes. “Acuérdese que mi esposo trabaja en el campo, entonces, ¿qué son $40 que gana? No le alcanza a veces ni para los alimentos a uno, y ya para hacerse de trastes y de ropa, ya es bien difícil”, explica.
El 30 de abril de 2012, ella se enteró de que otras familias afectadas por la misma tormenta se tomaron unas tierras que no se inundaban y en las que no vivía nadie. Su familia llegó al terreno y trasladó algunas de las pocas cosas que lograron salvar del agua y del fango para empezar a construir una casa temporal con palos, láminas y pedazos de plástico.
Los residentes cuentan que cuando llegaron a estas tierras, la UMO se hizo presente. Ahí la comunidad dio su primera muestra de organización. De acuerdo con un empleado de la Alcaldía de Ciudad Arce, unos vecinos llamaron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y a través de mediación, sin violencia, 176 familias lograron quedarse en el terreno.

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LA CLAVE PARA CONSTRUIR: LA ORGANIZACIÓN
Dolores cuenta que en este terreno no había vegetación y “a veces pasaban tormentas y, como no había ningún árbol, nos rompían las carpetas, se llevaban las champitas y volvíamos a empezar de cero otra vez”. A pesar de esos problemas, preferían reconstruir a tener que vivir a la orilla del río.
Así vino la necesidad de organizarse formalmente. Se creó una directiva comunal y se empezaron a hacer gestiones para obtener los títulos de propiedad de esas tierras. A los pocos meses, “falleció la persona que estaba encargada, entonces nos reunimos con unas amigas ahí en mi casa y dijimos: ¿Y por qué no nos organizamos nosotras como mujeres?”, narra Dolores.
Ella se convirtió durante 2013 en la presidenta de la asociación de mujeres de la comunidad. Ya organizadas, las mujeres empezaron a enviar cartas a la alcaldía, a ciertas ONG, al Ministerio de Gobernación y al ISTA para conseguir ayuda y legalizar su situación de vivienda. La palabra se corrió pronto y en los siguientes meses llegaron a vivir a este sitio más personas hasta conformar hoy un grupo de 700 familias. Cinco años después de la tormenta, en diciembre de 2016, la mayoría de habitantes de la 30 de Abril recibió sus escrituras.
La organización de mujeres no solo tuvo incidencia consiguiendo las tierras, también fueron capacitadas por otras organizaciones para formar el Comité de Protección Civil Comunal. Además, se convirtieron en un enlace entre la alcaldía y los vecinos ante cualquier emergencia. En caso de que algo urgente suceda, Dolores guarda en su hogar un megáfono. Ella puede activar la alarma de ese aparato cuando quiera informar de una necesidad a la comunidad. Cuando la alarma suena, las personas organizadas saben que deben llegar a la casa de Dolores.

LA VULNERABILIDAD TAMBIÉN ES ECONÓMICA

Mayra es una mujer risueña, blanca y de plática tendida que acepta conversar debajo de un árbol frente a una cancha de fútbol. A los pocos minutos de charla, varios zompopos caen desde unas ramas y ella solo se los sacude y sigue hablando.
El esposo de Mayra trabaja en una fábrica. Ella es ama de casa y sale unos días a la semana a hacer trabajos domésticos en Santa Tecla para aportar dinero a su familia. Ella también fue afectada por la depresión 12-E. Era vecina de Dolores y pasó una parte de la noche, desde lejos, gritándole y buscando una respuesta o un grito que le confirmara que su amiga estaba bien.
“Mi casa era de lámina y madera sencilla, (con) palos que uno hallaba a la orilla del cerco y estaba medio encementada de abajo para no patear solo tierra”, cuenta Mayra mientras se sacude un par de insectos. En esta zona la mayoría de afectados durante la tormenta fueron personas de bajos ingresos económicos.
Mauricio Quijano es el director del Programa de Desarrollo Comunitario de la Fundación Cristosal e impulsa proyectos en este terreno. Es una de las personas que más conoce las condiciones de vida de los habitantes de este sitio. “La vivienda es precaria, las calles internas todavía se inundan cuando llueve, las nubes de polvo son exageradas, el calor es intenso y no hay mayor vegetación”, describe desde San Salvador.

“Si se da un desastre natural, se generan desplazamientos. ¿Por qué razón? Porque la población habita en zonas que son vulnerables. Pero ¿por qué habitan en zonas vulnerables? Probablemente por falta de oportunidades socioeconómicas no tienen acceso a un hogar en un lugar seguro”, explica Mauricio Quijano, director del Programa de Desarrollo Comunitario de la Fundación Cristosal.

Eloísa. Ella es una habitante de la comunidad 30 de Abril y ya obtuvo el título de propiedad de su terreno. Pertenece al Comité de Protección Civil Comunal.

Quijano entiende la vulnerabilidad de los salvadoreños ante fenómenos de la naturaleza como un tema atravesado por la clase social de las personas. El experto pone un ejemplo: “Si se da un desastre natural, se generan desplazamientos. ¿Por qué razón? Porque la población habita en zonas que son vulnerables. Pero, ¿por qué habitan en zonas vulnerables? Probablemente por falta de oportunidades socioeconómicas no tienen acceso a un hogar en un lugar seguro”.
En 2009, El Salvador fue nombrado el país con mayor vulnerabilidad ambiental en el mundo. De acuerdo con el Índice Global de Riesgo Climático, durante 2016, El Salvador se ubicó en la posición número 116.
Mayra cuenta que volvió a su antigua casa después de la tormenta. “Daba sentimiento ver que había gente que había perdido muchas cosas, guacales, ropa, gallinas, perritos, vacas”. Lo que le quedó de su casa estaba lleno de lodo. Pronto compró detergente y lejía para intentar salvar algunas pertenencias. Meses después, se trasladó hacia la comunidad con los mismos colchones que se habían llenado de agua sucia y lodo.
“Este tipo de desplazamientos que surgen por desastres naturales, falta de oportunidades socioeconómicas o incluso por la violencia están en todo el país”, asegura Mauricio Quijano.
Mayra dice que a la orilla del río Los Patos aún viven varias familias afectadas por la tormenta 12-E. Ella asegura que no han querido moverse hacia esta zona porque “no se acostumbran a la vida que uno puede tener aquí. No se acostumbran a que aquí se sufre”.
Los problemas al llegar al establecerse en este terreno fueron acumulándose. A las carencias de una vivienda digna, agua potable y electricidad para todos, se le suma la percepción de inseguridad que la comunidad representa para los vecinos de otras colonias cercanas. A unos metros de donde Mayra platica hay casas que ya no pertenecen a la 30 de Abril. Ahí, una mujer habla de lo peligrosos que son estos vecinos. Ella sospecha que ahí viven pandilleros.

Más de 700. Son las familias que han luchado por construir una vivienda digna en la comunidad 30 de Abril.

Los líderes comunitarios aseguran que este es un territorio por el cual se puede transitar con tranquilidad. En las casas no se observa ninguna pinta alusiva a pandillas.
Mauricio Quijano asegura que aquí se enfrentan a la discriminación porque viven en los márgenes. “Cuando vemos la pobreza, tendemos a asociarla con delincuencia, cuando no necesariamente es así”, afirma. El director del Programa de Desarrollo Comunitario de Cristosal subraya la necesidad de prevenir: “La comunidad 30 de Abril está llena de niños y niñas que dentro de cinco años serán adolescentes, y si se siguen enfrentando a problemas de exclusión, de pobreza, de precariedad, entonces estaríamos hablando de una población que está en riesgo, pero decir que una población está en riesgo no es equivalente a estigmatizarla”.

“En un banco presté unos $600, en otro $300, a modo de que por eso tengo esa champita levantada. Así, luchando. Pero estoy enjaranada en tres bancos. En uno pago $31.25. Este sábado que viene voy a pagar $44 y en el otro voy a pagar $62”, dice María antes de encender la plancha de tortillas”.

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Sobre las tierras. Adalberto Mejía, promotor social, asegura que la obtención de los títulos de propiedad representa “un triunfo en poco tiempo” para la comunidad. En la fotografía de arriba se observa a Mayra Argueta, y en la de abajo, a Dolores Mejía. Ambas son residentes de la 30 de Abril.

LAS CARENCIAS ACTUALES
Es un jueves de enero cerca del mediodía y María Rivera, de 57 años, recién se ha bañado para empezar su jornada haciendo tortillas. Tiene una cabellera larga y gris, y cuando habla junta las manos frente a su cara. Parece que reza, aunque en realidad habla de cuánto le debe a tres bancos distintos.
“En un banco presté unos $600, en otro $300, a modo de que por eso tengo esa champita levantada. Así, luchando. Pero estoy enjaranada en tres bancos. En uno pago $31.25. Este sábado que viene voy a pagar $44, y en el otro voy a pagar $62”, dice antes de encender la plancha de tortillas.
María no solo debe preocuparse por ella. Vive con su esposo y también tiene tres nietos a su cuido porque su hija trabaja en San Salvador. La hija le ayuda económicamente y la visita una vez a la semana. “Yo saco la comidita de acá –dice y señala el puesto de tortillas– de lo que yo voy vendiendo, voy comprando la comida y ya los que trabajan afuera, ya es para pagar el banco”.
Solamente en deudas a bancos María paga $137 al mes. Los préstamos los adquirió intentando construir su hogar. Por ejemplo, instalar la luz eléctrica le costó $400, asegura. Además, gasta $10 mensuales exclusivamente en conseguir agua para beber. El agua que ocupa para bañarse, lavar platos y lavar la ropa la obtiene de un pozo que los hombres de su familia cavaron durante una semana. Esa agua está contaminada porque a solo unos metros del pozo se encuentra la fosa séptica de la casa. Esta es la regla en la comunidad.
La presidenta de la asociación de mujeres cuenta que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ha intentado llevar agua potable a la zona a través de cantarelas. A pesar de eso, casi nadie confía en que ese líquido sea de buena calidad. “Esa agua no sirve ni para las plantas”, dice una vecina de la zona. Por eso, la mayoría de habitantes depende de camiones que llenan un cántaro de agua a $0.25 o $0.30.
Los vecinos de este lugar han gestionado por su propia cuenta su acceso a servicios básicos. Y así como hicieron préstamos para alumbrar sus calles y casas, también arreglan, incluso, las calles.
Un día de noviembre del año pasado, la junta directiva y otras representantes de la asociación de mujeres se reunieron para recibir a un grupo de periodistas que visitaron la zona. Los vecinos aprovecharon la ocasión para discutir entre ellos una situación que estaba afectando a un buen número de personas: un vecino estaba tirando el agua de sus oficios hacia la calle, en lugar de mantenerla en la canaleta de su terreno. Esto provocó que la calle estuviera llena de charcos.
Ese mismo día por la tarde, algunas de las personas organizadas salieron a tirar tierra en los hoyos que se habían formado en las calles. Aquí, la exclusión se ha encargado de dejarles claro que, ante una necesidad, la respuesta inmediata está en sus propias manos.

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COMENZAR DE CERO
El 4 de enero fue un jueves con demasiado viento en la comunidad. Durante la mañana no hubo tregua y las ventiscas levantaban constantemente el polvo. Algunas vecinas optaron por sacar agua del pozo y mojar sus patios. Durante la tarde, el viento también fue parte del problema.
Cerca de la casa de Eloísa, la mujer morena que espera que sus árboles crezcan pronto para que le den sombra, un hogar perdió todas sus pertenencias materiales. Era una casa de lámina y carpeta donde residía una familia con una niña de tres años. Durante la tarde, la madre de la niña encendió su cocina de leña para cocer frijoles y una corriente de viento trasladó una chispa desde la cocina hasta el corredor donde la familia almacenaba leña seca. La leña agarró fuego y pronto la casa entera se empezó a quemar.
Si en la 30 de Abril hay problemas para conseguir el agua, no se puede pensar en hidrantes o en cisternas que se encuentren de inmediato para sofocar las llamas. Los vecinos intentaron apagar el fuego y en una foto tomada el día del incendio se les ve cargando agua en los recipientes metálicos que se usan para lavar el maíz. Una empresa de la zona también envió una pipa, pero la ayuda llegó muy tarde.
Al día siguiente, Dolores cuenta que entre los vecinos ya se organizaron para juntar ropa limpia y que los afectados puedan cambiarse durante los siguientes días. Ahora ellos están durmiendo en la casa de una vecina. Pronto intentarán reconstruir todo.

Sin agua potable. Los habitantes de la comunidad 30 de Abril compran agua potable a diferentes camiones. El agua de los pozos dentro de sus terrenos está contaminada, pero la usan para oficios

Las millonarias empresas que cabían en una oficina

La sede. El local 201 del Centro de Oficinas La Sultana es todavía la dirección legal de al menos ocho empresas, cinco de las cuales se describen en este reportaje.

En el local 201 del Centro de Oficinas La Sultana, a un costado de la autopista Sur, funciona una pequeña compañía de publicidad. El recinto no tiene más que unos 6 metros de fondo por 4 metros de fachada, apenas suficiente para albergar el consultorio de un dentista o de un psicólogo.
Pero solo hasta hace unos meses, en este mismo sitio funcionaron varias empresas, cada una de las cuales reporta la posesión de millonarios activos ante el Centro Nacional de Registros.
El vigilante que esta tarde de noviembre está encargado de resguardar la entrada asegura que en los años que ha laborado aquí y antes de que sus nuevos inquilinos ocuparan el espacio, solo dos personas trabajaban en el local 201. Una era la señora encargada de hacer la limpieza, que recibe su pago desde la administración del edificio, y la otra era una empleada que permanentemente ocupaba la oficina. Según el vigilante, quizá una vez a la semana esa misma mujer recibía la visita de dos hombres, de los que no sabe precisar el nombre ni dar una descripción física.
La correspondencia relacionada con esa dirección iba dirigida a varias sociedades, comenta, pero siempre identificaron a ese local como la sede de la Oficina Salvadoreña de Servicios Administrativos (OSAD), una de las empresas que, según la Fiscalía General de la República, ayudó a darle apariencia de legalidad a un dinero proveniente de los fondos de la Cuenta Institucional Subsidiaria del Tesoro Público en 2006 y 2007, durante el mandato de Antonio Saca, a quien la misma entidad acusa de peculado y lavado de dinero por el desvío de más de $300 millones provenientes del erario público.
El local 201 sigue siendo la dirección legal de OSAD y de otras tres compañías a las que el ministerio público ha señalado como responsables de recibir dinero de los contribuyentes desviado por Antonio Saca: Garantía en Dirección Empresarial (GDE), Group Corporation (GROCORP) e Investment Group (INGROUP).
También continúa siendo la dirección legal de otra compañía: Export Services. A pesar de no ser parte del proceso abierto en los tribunales, comparte las mismas características con las cuatro que sí están señaladas.

Todas tienen como representante legal a Carlos Agustín Gamero Quintana. Han contado, como parte de sus juntas directivas o como sus accionistas, con el mismo Gamero Quintana y tres personas más: Laabin Tóchez, Enrique Guatemala y Henry Guery Cordero. A excepción de este último, ya fallecido, todos estos hombres han sido acusados penalmente por la Fiscalía General de la República. Estas empresas, además, funcionan como accionistas unas de otras, reportan préstamos entre sí o han realizado inversiones en el resto de compañías.

Todas tienen como representante legal a Carlos Agustín Gamero Quintana. Han contado, como parte de sus juntas directivas o como sus accionistas, con el mismo Gamero Quintana y tres personas más: Laabin Tóchez, Enrique Guatemala y Henry Guery Cordero. A excepción de este último, ya fallecido, todos estos hombres han sido acusados penalmente por la Fiscalía General de la República. Estas empresas, además, funcionan como accionistas unas de otras, reportan préstamos entre sí o han realizado inversiones en el resto de compañías, según revisiones a sus balances presentados en el Registro de Comercio y la información recogida por la FGR en su acusación contra Jorge Hernández y cuatro imputados más.
La puerta de la compañía de publicidad que hoy ocupa la oficina 201, y que no tiene nada que ver con los anteriores inquilinos del espacio, estuvo cerrada en diferentes visitas hechas a lo largo de noviembre, algo comprensible si se toma en cuenta que la mayor parte de sus actividades se realizan en exteriores. Sin embargo, el primer día de diciembre, el director comercial de la empresa llega cargando algunas cajas a la oficina y acepta hablar con la condición de que no se diga su nombre ni el de la sociedad.
La empresa arribó al recinto en la segunda mitad de agosto luego de llegar a un acuerdo de arrendamiento con el dueño de la oficina. En este complejo, cada espacio cuenta con su propietario. La administración del edificio solo se encarga de aportar los servicios de vigilancia, limpieza y mantenimiento, para los que cobra un importe de $40 mensuales.
Según el director de la compañía de publicidad, tuvieron que hacerse cargo de seis de esos pagos, que los anteriores inquilinos no cancelaron. Incluso el dueño de la oficina les aseguró que desaparecieron hace casi un año sin pagarle algunos meses de arrendamiento. No volvió a saber de ellos.
“Todavía nos vienen algunos recibos, correspondencia dirigida a estas empresas. Incluso los citatorios judiciales llegaron aquí. Eso, lógicamente, como no nos pertenece, lo destruimos apenas nos llega”, comenta.

Para Nelson Mena, especialista antilavado de una organización internacional domiciliada en Washington, esto, que una pléyade de empresas con importantes activos comparta una misma pequeña sede, apenas suficiente para funcionar, debe ser un motivo de alarma para las autoridades encargadas de combatir el lavado de dinero en un país.
“Diferente fuera que existiera un piso entero, adonde hubiera cinco oficinas donde hubiese una cantidad de personal y de equipo de oficina razonable para unas empresas del capital semejante al que dicen estar constituidas en los documentos. Todos esos elementos indican que estamos ante una tipología de posible lavado de activos”, comenta el experto.
Carlos Gamero Quintana, Laabin Tóchez y Enrique Guatemala son prófugos de la justicia. La única forma de establecer contacto con ellos para conocer su versión es a través del abogado defensor de los dos primeros, Luis Servellón.

Allanada. En esta casa de Cumbres de Cuscatlán, la FGR secuestró información relacionada con las empresas. Es también la residencia de Carlos Gamero Quintana.

Según este último, colocar tantas empresas en un mismo sitio fue una decisión tomada por sus clientes para mantener un bajo perfil debido “a la naturaleza de los trabajos que realizaron para el gobierno de Antonio Saca”. Según Servellón, esos servicios fueron prestados al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Por ello, afirma, no aparecen en los registros de contratistas del Estado en los años en los que, presuntamente, hicieron esas labores.

El futuro. El Ingenio La Cabaña se encarga de procesar la caña producida por la hacienda Lombardía desde hace varios años. En la entidad aseguran que se encargarán de la cosecha de 2018, pues aún no se les ha informado de ningún problema para ello.

El abogado afirma que las empresas funcionaban en otros locales. Y para asegurar eso se sostiene en los allanamientos realizados por la Fiscalía General de la República el 3 de noviembre de 2017, el día en el que se capturó al empresario Jorge Hernández. El ministerio público pidió autorización para intervenir siete locales. En tres de ellos no encontró información (la FGR identifica uno de estos como la dirección de Laabin Tóchez, uno de los acusados). Otros tres inmuebles estaban relacionados con Hernández y sus empresas, Marketing and Service y Unicentro.
Solo en uno de los objetivos se secuestraron documentos relacionados con OSAD, GDE, INGROUP y GROCORP, las cuatro empresas señaladas en el proceso penal. Se trata de la vivienda número 19 de la calle Quezaltepec, en la residencial Cumbres de Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán. La misma que la FGR señala como la dirección de uno de los acusados, Carlos Gamero Quintana. Allí también funcionaba su oficina personal de abogado, según lo descrito en el informe de hallazgos de los allanamientos.
Es diciembre de 2017. La propiedad está protegida por un sólido portón. Cuando se llama a la puerta (el intercomunicador y el timbre colocados a un lado no funcionan), un perro ladra con todas sus fuerzas. A los pocos segundos, una mujer dedicada a los servicios domésticos atiende la llamada para afirmar que ella, junto a su jefa, una joven estudiante, son las únicas habitantes del inmueble. La casa le pertenece a una de las empresas incluidas en el proceso penal, Garantía en Dirección Empresarial (GDE).

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LA SOCIEDAD CAÑERA
La hacienda Lombardía, en Zacatecoluca, tuvo alguna vez una multitud de dueños. Fue así gracias a una reforma agraria que la entregó a una cooperativa en la década de los ochenta. Entonces, la tierra sirvió para varios cultivos: melones, arroz, marañón.
Después de dos décadas, estos propietarios decidieron vender su parte a la empresa Garantía en Dirección Empresarial (GDE), que adquirió las 219 manzanas de terreno por $200,000 el 21 de diciembre de 2006, solo meses después de su conformación. Tras el arribo de GDE, el producto reinante fue la caña de azúcar.
Según información bancaria recogida por la Fiscalía General de la República en la acusación fiscal contra Jorge Hernández y cuatro imputados más, para el día en que se realizó la compra, GDE ya había recibido de parte de Marketing And Service, la empresa liderada por el comunicador salvadoreño, más de $535,000 en 39 diferentes transacciones.
Desde entonces, una empresa que señala como su rubro de actividades la administración de libros contables pasaba a ser la propietaria de una hacienda de grandes proporciones, que toma unos 20 minutos en carro rodear en todo su perímetro.

La tesis popular encuentra respaldo en un hecho comprobable en el CNR: el 17 de enero de 2007 la empresa dueña de Lombardía, GDE, compró por $450,000 el terreno de la finca El Carmen, que posteriormente serviría para la construcción de la residencia de Antonio Saca. También se encargó de gestionar los permisos para esa edificación ante la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS).

Este día de finales de noviembre, un hombre, al que llamaremos Mauricio, descansa al lado del camino que lleva a San José de la Montaña, en Zacatecoluca. Está echado a la sombra junto a su moto. Cuando se le pregunta por la ubicación de la hacienda Lombardía, señala a sus espaldas. La de esta propiedad es la caña que ahora llena los ojos.
Mauricio afirma que tiene apenas unas semanas de formar parte del equipo de empleados permanentes de la hacienda. Sin embargo, ha laborado desde hace años en la época de cosecha de caña. Para él, el nombre Garantía en Dirección Empresarial o GDE es desconocido. No sabría precisar a ciencia cierta a quién le pertenece esa propiedad. Solo señala un mito que la ha rondado desde hace una década entre los lugareños: que su dueño verdadero es el expresidente Antonio Saca, una tesis que repetirán al menos 10 personas consultadas entre trabajadores de Lombardía, empleados de otras haciendas vecinas y habitantes de la comunidad que rodea al inmueble.
La tesis popular encuentra respaldo en un hecho comprobable en el CNR: el 17 de enero de 2007 la empresa dueña de Lombardía, GDE, compró, por $450,000, el terreno de la finca El Carmen, que posteriormente serviría para la construcción de la residencia de Antonio Saca. También se encargó de gestionar los permisos para esa edificación ante la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) en noviembre de 2007. Lo anterior se le hace ver al abogado defensor de Carlos Gamero Quintaba y Laabin Ninrod, Luis Servellón, en un café de San Salvador. El abogado reconoce haber escuchado historias semejantes alrededor de varias de las propiedades relacionadas con las empresas de sus defendidos.

Rural. Entrada al casco de la hacienda Lombardía, propiedad de la empresa Garantía en Dirección Empresarial. Los lugareños vinculan la propiedad a Antonio Saca.

“Hay algunas partes que los clientes, independientemente de que uno haga la defensa de ellos, no tienen el valor o la entereza de decir, de reconocer que se cometió algún tipo de error, o que ellos hayan servido de prestanombres, porque, de hecho, ellos dicen ‘no’”, apunta Servellón. Matiza su respuesta: dice que no tiene constancia de que entre Antonio Saca y sus clientes haya existido una relación de tanta confianza como para que el expresidente dejara en manos de una de sus compañías una propiedad tan valiosa.
La hacienda Lombardía es parte de un juicio de extinción de dominio: la FGR sospecha que fue obtenida con dinero proveniente de actividades de corrupción. Su administración será responsabilidad del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) mientras se define si la propiedad pasa a manos del Estado o regresa a sus antiguos dueños. Esto tiene en zozobra a decenas de trabajadores eventuales que cada febrero llegan a trabajar a la hacienda en el período de cosecha.
Será el CONAB la entidad con la que este año tendrá que entenderse el Ingenio La Cabaña, empresa que se ha encargado del producto de Lombardía desde hace años. Para conocer la postura de la empresa, se llamó a su sede central en Aguilares. Desde ahí indicaron que la persona idónea para hablar sobre ello era José Ábrego, gerente de Producción de Caña. Según este último, la relación que han mantenido con GDE es idéntica a la que tienen con cientos de productores de este cultivo a escala nacional.
Con GDE, además, el trato siempre ha sido el de encargarse de todo el trabajo de la cosecha y el transporte del producto hasta las plantas de tratamiento en Aguilares. Por ello, según Ábrego, el dinero que se paga a los trabajadores durante la época de corta proviene de La Cabaña. Eso a pesar de que GDE reporta año con año la erogación de unos $30,000 como pago para sus trabajadores.
Para GDE el negocio de la caña ha sido una de sus principales fuentes de ingresos. La compañía asegura tener un rendimiento de 75 toneladas por manzana de terreno. Según datos del Centro Nacional de Registros, desde al menos 2009, Garantía en Dirección Empresarial ha dado un valor de medio millón de dólares a la caña producida por la hacienda Lombardía y las otras dos propiedades agrícolas que le pertenecen, ubicadas a unos cuantos metros de esta, en el vecino Tecoluca.

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LAS EMPRESAS QUE COMPRAN EN LAS MISMAS VECINDADES
Las haciendas agrícolas no son los únicos inmuebles poseídos por GDE. Como se expuso en el primer bloque de este reportaje, Garantía en Dirección Empresarial también es la dueña de la casa número 19 de la calle Quezaltepec, en la colonia Cumbres de Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán, la misma que fue allanada como parte del proceso penal y que el abogado Carlos Gamero Quintana señala como su vivienda de residencia.
Si se sigue en línea recta hacia abajo y se cruza la avenida Jiboa para incorporarse a la calle Atlacatl, será posible encontrarse con una casa propiedad de otra de las empresas relacionadas con los acusados Gamero Quintana, Enrique Guatemala y Laabin Ninrod. En el número 19 del polígono E, está una casa poseída por Investment Group (INGROUP), que tiene un valor de $275,000 según los documentos de compraventa.
Y si el lector gusta caminar un poco más, a unas cuantas calles más abajo para llegar al polígono M, se encontrara con la casa 66, poseída por otra de las sociedades domiciliadas en el local 201 del Centro de Oficinas La Sultana: Export Services. Según el Centro Nacional de Registros, el valor de la vivienda es de $175,000. Y a unos cuantos metros está la número 24 del polígono B-8, propiedad de OSAD.
Otro tanto ocurre en la etapa II de la residencial La Montaña, en Santa Tecla. Hasta cuatro empresas de las que hasta hace unos meses tenían su sede en una oficina apenas suficiente para el consultorio de un dentista cuentan con un inmueble aquí: INGROUP, GDE, Export Services y Group Corporation (GROCORP). Esta última donó su derecho, en 2015, a otra de las sociedades relacionadas, OSAD, en un usufructo. Los precios de estas viviendas oscilan entre los $385,000 y los $700,000.
Entre las cinco compañías poseen una multitud de inmuebles. Según la cuenta realizada por Séptimo Sentido al revisar todas las compraventas relativas a estos en el Centro Nacional de Registros, el valor total de terrenos y residencias es de $4,194,200.
El valor de lo poseído solo en propiedades por estas cinco empresas es de más de la mitad del dinero que, según el ministerio público, la red conformada por Jorge Hernández y estas compañías lavó para el expresidente Saca, pues la cifra se coloca en $8.1 millones.

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Residencias. Fachada de la casa que Investment Group (INGROUP) posee en Cumbres de Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán. Cuesta $275,000. Otras tres empresas relacionadas tienen viviendas ahí.

LAS OTRAS FORMAS EN QUE SE RELACIONAN LAS EMPRESAS
Las cinco empresas mencionadas comparten otra similitud: al final de su segundo ejercicio (a excepción de GDE y OSAD, que lo hicieron hasta el tercero), los activos declarados ante el Centro Nacional de Registros sobrepasaron el $1 millón. Sobre todo, gracias a servicios prestados en el extranjero. Por eso mismo han estado eximidas de pagar varios impuestos.
La Fiscalía General de la República asegura que Marketing And Service, la empresa liderada por el comunicador salvadoreño Jorge Hernández, depositó, entre 2006 y 2007, $2,829,000 a estas compañías, que se dividieron de la siguiente manera: GDE $773,500, OSAD $617,500, GROCORP $611,000 e INGROUP $827,000.

Según Luis Servellón, abogado defensor de Carlos Gamero Quintana y Laabin Ninrod, ese es el dinero que, precisamente, las empresas de sus clientes recibieron en pago por los servicios presuntamente prestados al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Pero ¿qué experiencia tenía un grupo de abogados en actividades de inteligencia? ¿Por qué labores recibieron tanto dinero?

Operativo. La mayor parte de locales allanados por la FGR en noviembre tenían que ver con Jorge Hernández y sus empresas, no con estas compañías.

Servellón afirma que esa pregunta se la hizo él a sus defendidos. Estos le respondieron, dice, con algunos ejemplos: uno de los trabajos encargados por el OIE consistió en buscar en el registro de comercio y en el de la propiedad información relativa a miembros del FMLN, en ese entonces el partido de oposición, para conocer con qué empresas estaban relacionados y qué inmuebles poseían. ¿Necesitaba el Estado erogar tanto dinero para conocer una información en poder del mismo Estado? ¿Por qué le confió actividades de inteligencia a abogados sin experiencia previa?
“Por tratarse de actividades reservadas, ellos dicen que no tienen documentos relacionados con esos trabajos, que el dinero lo recibían a través de cheques o de efectivo. Pero dicen que tienen cómo comprobar que esos servicios se prestaron a través de las declaraciones de IVA de las empresas. A la espera de eso estoy para poder hacer mi defensa”, comenta Servellón.

Sin embargo, las sumas percibidas por la prestación de esos servicios serían todavía muy inferiores a las de los activos reportados por las cuatro empresas señaladas en 2007, el último año en el que recibieron dinero desde Marketing And Service. INGROUP, que obtuvo $827,000 desde la empresa de Hernández, contaba para ese ejercicio con activos de más de $3 millones.

Las empresas, además de compartir a los mismos miembros de junta directiva y algunos accionistas, también se han desempeñado como accionistas unas de otras. El caso más representativo es el de INGROUP.

“Hay algunas partes que los clientes, independientemente de que uno haga la defensa de ellos, no tienen el valor o la entereza de decir, de reconocer que se cometió algún tipo de errores o que ellos hayan servido de prestanombres, porque, de hecho, ellos dicen ‘no’”, apunta Servellón. Matiza su respuesta: dice que no tiene constancia de que entre Antonio Saca y sus clientes haya existido una relación de tanta confianza.

Según el Informe sobre Distribución o Capitalización de Utilidades obtenido por la FGR, INGROUP ha sido accionista, en diferentes porcentajes, de cuatro de las empresas con las que comparte la misma dirección legal. Desde 2007 es la dueña del 99 % de Export Services, lo que le significó dividendos que superaron los $200,000 en promedio anual. Desde 2011 también es accionista de GDE y OSAD, sus compañeras de dirección legal.
Por otra parte, INGROUP, según datos de la FGR, tiene a otra de sus vecinas, Group Corporation, como la propietaria del 25 % de su paquete accionario.
Para Nelson Mena, especialista antilavado de una organización internacional domiciliada en Washington, lo enrevesado del esquema es una alarma: sociedades detrás de sociedades que facilitan la ocultación de activos y de beneficiarios finales.

Al Estado. Algunos inmuebles de las empresas de Gamero y compañía podrían pasar a manos del Estado, que hizo su primera subasta en noviembre, tras un juicio de extinción de dominio.

Luis Servellón, el defensor de dos de los acusados, sostiene que esos esquemas no tenían otro objetivo que permitirle a sus clientes pagar menos impuestos “a través de mecanismos lícitos”.
Otra curiosidad de las empresas es que dos de ellas, GDE y Export Services, le han prestado montos cercanos a los $200,000 a una misma sociedad llamada Salvataje de Deudas Group (SALDEGRO), que tuvo en sus primeros años como representante legal al omnipresente Carlos Agustín Gamero Quintana. SALDEGRO también informa que su dirección legal es el número 201 del Centro de Oficinas La Sultana.
Actualmente, esta empresa con activos de más de $4 millones tiene como representante legal y administrador único propietario a Inving Tóchez, abogado y exfuncionario de los gobiernos de Saca y Mauricio Funes. Tóchez, según la FGR, asesoró a Jorge Hernández y los otros cuatro implicados en el esquema que habría lavado $8.1 millones para Saca.
Desde la ventana del local 201 del Centro de Oficinas La Sultana, la vista ya comienza a llenarse de vehículos. Poco a poco, el tráfico engrosa de sonidos la autopista Sur, la arteria más concurrida del país.
Sentado frente a una mesa redonda y a una pizarra tachonada de nuevas ideas para su negocio, al director comercial de la empresa de publicidad que ahora ocupa la oficina 201 le cuesta creer que en el mismo espacio en que él y sus colaboradores realizan su trabajo tuvieran su dirección legal tantas empresas con activos millonarios, las mismas que aparecen como propietarias de inmuebles en La Paz, La Libertad y San Salvador.

Servellón afirma que esa pregunta se la hizo él a sus defendidos. Estos le respondieron, dice, con algunos ejemplos: uno de los trabajos encargados por el OIE consistió en buscar en el registro de comercio y en el de la propiedad información relativa a miembros del FMLN, en ese entonces el partido de oposición, para conocer con qué empresas estaban relacionados y qué inmuebles poseían. ¿Necesitaba el Estado erogar tanto dinero para conocer una información en poder del mismo Estado? ¿Por qué le confió actividades de inteligencia a abogados sin experiencia previa?

“No es una institución normal dentro del Estado, el CONAB es una empresa”

Honduras. Antes de ser extinguida, la empresa dueña del zoológico de Joya Grande le pertenecía a Leonel Rivera, cabecilla del cartel del narcotráfico Los Cachiros. Rivera está preso en Estados Unidos.
Dennis Cheng, director del Proyecto BIDAL de la OEA.

En Honduras, el Estado incautó un zoológico. Ganado, automóviles, yates de lujo, mansiones, ranchos de playa: las propiedades adquiridas con dinero cuya procedencia está en tela de juicio representan una oportunidad de ingreso, pero también un problema para los Estados cuando no cuentan con reglamentos que indiquen con claridad qué pueden y qué no pueden hacer.

El Estado hondureño no ha podido vender el zoológico. “Pero la gente iba más porque querían ver cómo lo estaba administrando la OABI; las utilidades subieron en los primeros meses”. Lo cuenta el abogado costarricense Dennis Cheng, el director del Proyecto de Bienes Decomisados en América Latina (BIDAL), organismo perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Cheng es una de las personas en el continente que mejor saben cómo sacarle provecho económico a aquellos recursos que el Estado decomisa a los delincuentes, sobre todo los de la criminalidad organizada, aun cuando no existe una sentencia en firme.

Un trabajo complejo por donde se le mire, porque entre esos recursos no solo hay bienes de todo tipo, sino también empresas en activo, que en muchas ocasiones pueden contar con ingresos millonarios. Uno de esos casos es el de Agroindustrias Gumarsal en El Salvador, propiedad de Wilfredo Guerra, acusado de integrar una estructura que blanqueó más de $215 millones. La empresa, según información de la Fiscalía General de la República, movió en sus cuentas más de $1,000 millones en 12 años, de 2003 a 2015.

Dennis Cheng ha brindado asistencia técnica en la creación de oficinas administradoras de bienes incautados y en la redacción de leyes de extinción de dominio. El objetivo de estas últimas es definir si un bien ha sido adquirido con fondos provenientes de actividades ilícitas; si es así, el Estado tiene la facultad de tomar para sí estos bienes y transformarlos en recursos.

Lo que se incauta en los procesos penales normalmente es el instrumento del delito: el vehículo en el que iba la droga, etcétera. Pero no hay una profundidad en cuanto a debilitar el brazo financiero de las organizaciones criminales, como sí lo hace la extinción de dominio.

Desde la segunda mitad de 2017, Cheng trabaja como asesor del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), la institución que en El Salvador se encarga de aprovechar y darle mantenimiento a aquellos bienes objeto de un proceso de extinción de dominio.

En esta entrevista, el centroamericano habla sobre algunas de las claves a seguir para que el CONAB, una institución de apenas cuatro años de existencia, se convierta en un organismo eficiente. Una de estas, dice, es la de pensar en esta entidad como una empresa, donde el funcionario deje de ser el burócrata que trabaja en un horario determinado para convertirse en un personaje capaz de generar réditos y disminuir pérdidas, que trate los bienes puestos a su cargo como si fueran suyos. Para Cheng, instituciones como el CONAB son, en la práctica, un ornitorrinco institucional, un híbrido entre lo público y lo privado que debe moverse con rapidez.

¿Por qué los Estados necesitan un organismo para administrar bienes que quizá no lleguen a pertenecerle, que solo están incautados?

Porque los bienes, igual en El Salvador que en otros países, se estaban deteriorando. El vivo ejemplo es el que tienen ustedes en Changallo (predio ubicado en Ilopango, en el que la Policía Nacional Civil guarda los carros que decomisa). Ahí vas a poder visualizar cuál es la realidad de El Salvador en cuanto a la administración de algo muy sencillo, que son los vehículos. Ya al hablar de inmuebles o de empresas en activo se complicaba muchísimo este tema. Si los países ya tenían problemas con la administración de los bienes en el proceso penal, iban a duplicarlos cuando implementaran las leyes de extinción de dominio.

¿Por qué?

Lo que se incauta en los procesos penales normalmente es el instrumento del delito: el vehículo en el que iba la droga, etc. Pero no hay una profundidad en cuanto a debilitar el brazo financiero de las organizaciones criminales, como sí lo hace la extinción de dominio… La OEA viene trabajando anualmente en varios documentos, en los que se tocan temas sobre administración de bienes. Comenzamos a escribir sobre legislación comparada, o sobre los instrumentos jurídicos indispensables para un organismo de administración de bienes, como es el tema de la contratación de terceros especializados, de la venta anticipada, del abandono.

¿El CONAB cuenta con esa figura, la de la enajenación o venta anticipada? Puede parecer una herramienta acaso muy abusiva (la venta anticipada permite que se vendan los bienes cuando el juicio de extinción de dominio todavía está activo, antes de que exista una sentencia, para transformar su valor en dinero).

Sí, cuenta con esa figura. El tema en El Salvador es que la ley de extinción de dominio se trabajó tomando en consideración la ley modelo de Naciones Unidas. Yo trabajé en ella. Pero también hicimos una propuesta basados en la experiencia del proyecto BIDAL, que se trabajó con El Salvador y otras naciones, para poder dotar al CONAB de todas las herramientas de buenas prácticas internacionales. Es decir que el CONAB, en el proyecto original que se presentó en la Asamblea Legislativa, lleva el ADN de la experiencia de muchos países de Latinoamérica. Figuras como la venta anticipada la tienen ustedes en la ley, y hay dos formas de hacerlo: una, que es administrativa, donde es el propio CONAB el que toma la decisión de venderlo y lo hace sin una autorización judicial.

¿Cómo se hace en El Salvador?

En el caso de El Salvador, ustedes quisieron ser un poco más garantistas y la venta anticipada debe solicitarse ante el juez, que es el que va a analizar los motivos por los cuales el CONAB la requiere. Y esta solicitud debe hacerla el fiscal a petición del CONAB. Es mucho más garantista, pero es menos efectiva. Con la venta anticipada, mucha gente se asusta. Dicen “¿usted cómo va a vender algo que no tiene sentencia, que no está extinguido?”. Pero lo que se hace es la monetización del bien para que no pierda su valor. El administrador analiza si ese bien se le va a deteriorar porque es de costosa administración. La propiedad persiste, solo que ya no va a recaer sobre un objeto, sino sobre el dinero producto de la venta. Si te pautan un Lamborghini 2018 y si lo guardas en una bodega, se va a deteriorar con solo el transcurso del tiempo.

Cuando vemos las tareas que le corresponden al CONAB, que debe desde darle mantenimiento a un carro hasta administrar a una empresa, ¿qué tipo de personal se puede considerar imprescindible para que una entidad pueda llevar a cabo todas estas actividades?

Las buenas prácticas internacionales sugieren que siempre sea un órgano colegiado interinstitucional. Porque va a requerir profesionales o técnicos en una infinidad de materias. ¿Cuál es la entidad que más técnicos tiene en un país? Es el Estado. En el proyecto original, el CONAB estaba bajo la sombrilla de la Presidencia de la República, porque de la Presidencia dependen todos los organismos. Finalmente ustedes lo aprobaron en el Ministerio de Justicia y Seguridad, que no está mal, pero no era el proyecto original. Si ves otros países, como Costa Rica y Honduras, dependen directamente de la Presidencia. Si necesitas un técnico en ganadería, puedes depender de técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Ya que en El Salvador no se hizo de esta manera, ¿cuál es el camino a seguir?

Las buenas prácticas apuntan a que se puedan tercerizar los servicios, porque el CONAB nunca va a tener el personal necesario o suficiente. Para eso se crea la figura del tercero especializado, que en el proyecto original estaba bien claro, pero que en lo que se aprobó en la Asamblea trataron de eliminar. No sé si es porque no lo entendieron, pero siempre quedó, porque la ley de ustedes dice que el CONAB puede realizar cualquier contrato en el Código de Comercio o Civil que sea legal. En el caso de las empresas, se podría contratar a un administrador, a un gerente, como un tercero especializado. Los fondos no necesariamente deben salir del CONAB. En el caso de las empresas, salen de los fondos que generan estas.

Al ser el CONAB un organismo colegiado, integrado por personas de varias instituciones, ¿qué tan complicado es el proceso de contratar a un tercero especializado, por ejemplo?

Yo lo que digo en las presentaciones es que es como un ornitorrinco, mitad pato y mitad castor. En el caso del CONAB, es mitad público y mitad privado. De las malas prácticas también uno aprende. Una de estas es que las oficinas de administración de activos traten de hacer su trabajo a través de las leyes públicas, siendo los bienes, hasta que no haya una sentencia, de un tercero privado. Si los fondos con los que le doy mantenimiento a un inmueble no provienen del presupuesto público, no tengo por qué aplicar las leyes públicas. Si una casa la estoy administrando y la pongo en arrendamiento, ese canon lo puedo usar para darle mantenimiento al propio bien. Lo que estamos desarrollando son procesos sustitutivos de contratación. En esta semana o la otra, si Dios quiere, le presento al consejo un primer borrador de este proceso sustitutivo de contratación, que no es el de la contratación administrativa, porque no podemos aplicar las leyes públicas a bienes que todavía no lo son. Pero sí necesitamos tener una ley especial que nos regule cuál va a ser esa forma de contratación.

Una que el CONAB todavía no tiene.

Actualmente el CONAB no la tiene. Estamos un poco en el aire. Estamos tratando de que el CONAB apruebe en los próximos meses los reglamentos que necesitamos que tenga, que finalmente serán el cuerpo normativo con el cual ellos van a poder administrar. Porque la ley de contrataciones públicas los hace menos eficientes y, por lo tanto, van a fracasar. Tienen que tener esa mentalidad. Y los entes auditores también: El CONAB no es una institución normal dentro del Estado, el CONAB es una empresa. Tiene que ser muy particular para que pueda funcionar eficientemente. Ese cambio de mentalidad es una de las cosas fundamentales que funcionarios y directores tienen que entender, porque deben generar recursos para que los bienes sean autosuficientes.

Piense bien qué haría usted si ese bien fuera suyo. Esa es la mejor forma. Si usted tiene un vehículo que no va a usar durante tres años porque va a salir del país, ¿cuál destino le va a dar? Posiblemente sea la venta. Porque va a mantener el valor del vehículo.

En El Salvador, ¿considera que aún falta mucho para que se empiece a pensar en el CONAB como empresa y no como organismo público?

Eso es un proceso lento, pero que se puede alcanzar. Normalmente, yo se los digo a ellos, vemos que el funcionario público no tiene la mentalidad del empresario, lamentablemente. El funcionario recibe su salario por un trabajo de ocho horas, cinco días a la semana. En cambio el empresario está viendo cómo disminuye costos y sube rentabilidad. Ese es un proceso que ellos en el CONAB tienen que madurar y tienen que, junto con la normativa que ya tienen y la que se va a aprobar, ir pensando ya no como funcionario, sino como empresario. Porque en cuanto a los bienes que administra el CONAB, nuestro principal cliente es el afectado (en el proceso de extinción de dominio), no el Estado. Hasta que no haya sentencia, esa propiedad es del particular. Tenemos que tener esa mentalidad más abierta en defender los bienes como si fueran propios.

¿Cuál es, entonces, la mejor forma de administrar?

Piense bien qué haría usted si ese bien fuera suyo. Esa es la mejor forma. Si usted tiene un vehículo que no va a usar durante tres años porque va a salir del país, ¿cuál destino le va a dar? Posiblemente sea la venta. Porque vas a mantener el valor del vehículo.

El CONAB está en una etapa germinal; por lo tanto, no es autosostenible. Usted, que ha podido estar viendo las actividades del CONAB desde cerca, ¿siente que desde el Estado ha recibido el apoyo necesario para poder sobrellevar de la mejor manera estos primeros años?

Le hace falta bastante. Creo que las autoridades de El Salvador todavía no han visualizado lo que puede dejar el CONAB para las demás instituciones. Ahorita estamos viendo que comenzaron a vender bienes ya extinguidos, y ya están comenzando a distribuir dinero. En algún momento distribuirán cantidades mayores de dinero. Entonces los funcionarios públicos, las altas autoridades, tienen que entender que deben hacer una inversión en el CONAB. Finalmente estás invirtiendo para tener un retorno en cuanto al dinero que se extinga o el producto de la venta. Como en toda empresa, si yo no hago una inversión, voy a tener pérdidas. En el caso de CONAB ocupamos más recurso humano, es indispensable, no puedes administrar cierta cantidad de bienes con pocos funcionarios. La embajada americana ha estado apoyando bastante en cuanto a equipo y cosas de esas y, obviamente, en capacitación, pero hasta el momento las autoridades no han visto al CONAB como una inversión.

Este año se realizó la primera subasta. Pero buena parte de los bienes que se subastaron habían sido extinguidos hace dos años, en noviembre de 2015. Pasaron dos años para que esos bienes se convirtieran en valor dinerario. ¿Cree que este período es aceptable o debería ser más rápido?

Mira, el tema de la venta es lo último. El CONAB es una institución muy reciente. Lo mismo nos pasó en otros países, como Honduras. Nos hemos focalizado primero en los pasos iniciales de estas instituciones. Lo que hemos hecho es crear la tubería de entrada de estos bienes. Cómo se recepcionan, cómo se administran. Porque el problema no está en la destinación. Destinar es muy fácil cuando a una ley le pones “tanto porcentaje para cada institución”. Pero el problema está en cómo tú mantienes esos bienes durante el proceso de extinción de dominio o durante el proceso penal. Ahí está el detalle. Normalmente, mientras los bienes llegan a una sentencia, van a pasar dos o tres años. Va a depender de la ley de cada país. Si no tienen diseñada la forma de administrar y de recibir, lo que vas a vender serán bienes destruidos o con un montón de problemas… Después hay todo un proceso de inscripción y de saneamiento de los bienes. Hay bienes que también incorpora el registro. Este va a comenzar a inscribir bienes que normalmente no se inscriben por un título relativo a dominio normal por escritura pública.

Gumarsal. Es la empresa más grande de las que están a cargo del CONAB, que sigue comercializando productos como el arroz San Pedro.

En este paso también deberá existir un proceso de capacitación para el personal del Centro Nacional de Registros…

Entonces también hay un proceso de capacitación a nivel de registradores para que ellos entiendan la figura de extinción de dominio y cuándo los bienes realmente llegan al Estado. Si bien es cierto que la sentencia de extinción lo que declara es la pérdida a favor del Estado, en este caso del CONAB, hay un momento al que nosotros le llamamos “ficción jurídica”, en el cual ese bien pasa de manera temporal a nombre del CONAB para que este pueda destinarlo o venderlo bajo el principio de tracto sucesivo, que es un principio registral. Ese procedimiento puede llevar un tiempo, y además el proceso de venta, si no tienes un reglamento, no sabes cómo vas a realizar. Las subastas públicas tampoco están reguladas en El Salvador. De hecho, en diciembre les presenté un borrador de proyecto del reglamento de subastas, donde estamos incorporando las subastas electrónicas, a viva voz y de sobre cerrado, como la que hicieron en noviembre. La idea es, al menos en este año, tratar de hacer tres o cuatro subastas. Ya vamos a comenzar a tener sentencias. Ahora que comienzan los bienes a ser extinguidos, hay que trabajar en la tubería de salida. La única forma es a través de ventas públicas de subastas. Este año pretendemos tener ese reglamento.

Una de las novedades de 2017 fue que por primera vez se decomisaron empresas en activo como parte de un proceso de extinción de dominio. ¿Qué dificultades, según lo descubierto por usted, ha tenido el CONAB para la administración de estas empresas, en especial Gumarsal, una empresa de un tamaño monstruoso para un país como El Salvador?

Sí, efectivamente, lo ideal es que hubieran empezado con empresas más pequeñas. Sin embargo, en el destino les tocó un primer caso de administración de empresas en funcionamiento que, por dicha, se apoyó en la experiencia que ya tiene Honduras. Eso les ayudó mucho en la parte de la recepción de Gumarsal. También con la OEA trabajamos en 2015 en un documento llamado “Mejores prácticas en la recepción y administración de empresas en funcionamiento”. Es un documento bien pequeño en el cual se indica cuáles son los pasos que necesitas para la debida recepción y administración de una empresa en funcionamiento. El Salvador no arrancó de cero. Arrancó de un documento base que habla sobre aspectos organizativos, recursos humanos, aspectos financieros.

¿Me puede ampliar esto un poco más?

El CONAB tiene que hacer una radiografía de la salud financiera de la empresa cuando la recibe. Si está quebrada, hace un proceso de concurso de quiebra. No vaya a ser que digan que el CONAB la quebró. Otra cosa que se necesita revisar son los aspectos legales. Por ejemplo, si un restaurante no tiene los permisos de Salud o de funcionamiento, finalmente no tenemos ningún restaurante, no tiene ningún permiso, y el Estado no podría funcionar ilegalmente. Aspectos de recursos humanos: hay muchas empresas que pagan menos del mínimo de ley y no pagan cargas sociales, y el CONAB no puede hacer eso. Eso va a repercutir en las utilidades de la empresa… Otra cosa son los aspectos tributarios. Normalmente hay evasión fiscal. Como CONAB, no puedo evadir al fisco. Hacer un análisis integral de cómo estoy recepcionando la empresa va a incidir en la rentabilidad de esta, obviamente. Muchos pueden decir “no es el que el CONAB ahorita con la empresa está dando pérdidas”. Sí, claro, está dejando pérdidas porque usted antes no tributaba, porque usted no pagaba el salario mínimo. En el tema de las empresas, finalmente el CONAB no toca la parte operativa, sino que toma el control financiero. Llega a sustituir al gerente general.

En el país ha estado pasando algo recurrente en los casos más importantes, que la Fiscalía llega ante los jueces de Sentencia con una gran cantidad de evidencia, pero que es evidencia dispersa, y no logra condenas. En lo referente a extinción de dominio, ha habido un poco más de éxito. Pero digamos que llegue a pasar que con Gumarsal no logre la Fiscalía demostrar su origen y destinación ilícita, y se deba devolver la empresa a sus anteriores dueños junto con las ganancias generadas en el tiempo en el que la tuvo el CONAB a su cargo. ¿No significaría esto una pérdida económica demasiado grande para el CONAB y el Estado mismo?

Pérdida, no, porque finalmente el Estado no va a invertir ni un solo centavo de dinero público en las empresas. Cuando instituciones como el CONAB administran una empresa, lo hacen con los mismos fondos de esta. Hay casos, como el de Honduras, donde ellos sí pueden hacer una inyección de capital, pero solo para poner a caminar la empresa. La ley sí se lo permite y el reglamento también. Por ejemplo, si incautan una gasolinera y los tanques de combustibles están casi vacíos, yo puedo comprar el combustible del fondo especial que tiene de administración la OABI (la equivalente hondureña del CONAB), y lleno los tanques y del producto de la venta se regresa el dinero. Se llaman préstamos puente, pero se hace solo en ciertos casos donde la empresa definitivamente es rentable.

¿En El Salvador no existe esa figura?
No.

¿Lo recomendaría o no es imprescindible?

Claro que es recomendable, es una herramienta que puede ayudar a preservar empresas, principalmente aquellas donde se necesite un poquito de inyección de capital para poder continuar con las actividades.

Retardo. La Fiscalía le incautó a la Mara Salvatrucha el motel Tres Ases en Sonsonate en julio de 2016. La entidad no inició un proceso de extinción de dominio sino hasta noviembre de 2017.

¿Por qué debería una institución del Estado tratar de preservar una empresa que le servía al crimen organizado?

Porque instituciones como el CONAB deben tratar de mantener las fuentes de trabajo, es una primera política institucional en cuanto a las compañías. A través de sus fachadas empresariales, el crimen organizado genera empleo. Eso no lo podemos tapar con un dedo. Cuando el Estado incauta una empresa y la cierra, ¿qué mensaje estamos enviando nosotros como Estado al ciudadano normal? ¿Que el criminal genera empleo y el Estado cierra las fuentes de trabajo? Para eso se crean instituciones como el CONAB, para que las empresas puedan seguir funcionando, manteniendo la economía, generando ingresos tributarios, generando empleo y evitando demandas contra el Estado en caso de devolver la empresa. Si en El Salvador no existiera una institución como el CONAB, ¿qué hubiera pasado con una empresa como Gumarsal? ¿Quién la administraría? Posiblemente sería el juez a través de algún curador o algún depositario, pero son figuras que no están adaptadas para la administración compleja de bienes producto del crimen organizado. El CONAB es una institución que se creó para poder tener capacidad para generar recursos. Pero hay empresas que no van a funcionar desde el principio.

A través de sus fachadas empresariales, el crimen organizado genera empleo. Eso no lo podemos tapar con un dedo. Cuando el Estado incauta una empresa y la cierra, ¿qué mensaje estamos enviando nosotros como Estado al ciudadano normal? ¿Que el criminal genera empleo y el Estado cierra las fuentes de trabajo? Para eso se crean instituciones como el CONAB, para que las empresas puedan seguir funcionando.

¿Sucedió así con Gumarsal?

En el caso de Gumarsal, entiendo que las utilidades bajaron al principio. Gumarsal no tenía cuentas bancarias abiertas, y a través del CONAB ya pudieron comenzar a regularizar la parte financiera. Eso le está ayudando a la empresa. Es algo normal, cuando a una empresa le incautan hay un tema de imagen que va a impactar al principio. Salvo en el caso del zoológico (de Joya Grande) en Honduras, que la gente iba más porque quería ver cómo estaba administrando la OABI el zoológico. Las utilidades subieron en los primeros meses. Es muy atípico.

¿Qué pasa con las empresas que administra el CONAB cuando el proceso llega a su fin y se le extingue el dominio a su anterior propietario? ¿El CONAB será el administrador perpetuo de esta empresa o cuál es el proceso a seguir?

El mismo que tienen los otros bienes. Tienes que hacer un avalúo de la empresa y sacarla a subasta pública.

¿En otros países ha pasado que no se ha vendido alguna empresa?

El único caso fue el del zoológico de Joya Grande en Honduras, que la empresa ya estaba extinta, pero no se había vendido. Siempre se tiene que contratar una firma internacional para que valore la empresa.

En julio de 2017 la Asamblea Legislativa aprobó varias modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio, en las que, en resumen, se le quitaron los dientes. Cuando todos esperaban que el presidente de la república vetara las reformas, este, más bien, las sancionó en muy poco tiempo. No se aplicaron porque la Sala de lo Constitucional admitió una demanda contra las modificaciones. ¿Cómo se trabaja en un país donde suceden estas cosas?

Ahí sí me la pusiste difícil, jajaja… La ley está hecha para todos. Cuando hemos trabajado en proyectos de leyes de extinción de dominio en los países, se trata de una ley que tiene muchos dientes para poder quitar los bienes de origen ilícito, independientemente de la actividad de la que provengan, sea esta corrupción, narcotráfico, extorsión. Las reformas que hicieron, creo yo, se debieron a que no han entendido mucho la figura de extinción de dominio. Me parece que el artículo 103 de la Constitución de ustedes es bastante claro en cuanto a que el Estado debe garantizar y reconocer la propiedad privada en función social. Es un párrafo, pero dice mucho. Básicamente lo que está diciendo la Constitución de El Salvador es que la propiedad privada no es absoluta y que no la garantizará cuando esta no cumpla la función social.

¿Qué es la función social?

Es algo muy sencillo, corresponde a aquellos criterios ético-sociales de la sociedad salvadoreña. Tanto empresarios como gente del común deben entender que sus bienes no los pueden destinar a actividades ilícitas. En el tema de los empresarios, si ellos van a conocer que su empresa está siendo utilizada para la inyección de capital ilícito, deben considerar que en algún momento pueden llegar a perder la empresa por mezcla. Entonces también hay una responsabilidad de los ciudadanos, no solamente del Estado en aplicar la ley, sino de todos los ciudadanos en poner su propiedad realmente al servicio de la sociedad.

Según entiendo, el proceso de cesión de un inmueble o bien desde el CONAB para otras instituciones es algo complicado, primero porque para ello deben estar de acuerdo todos los miembros del consejo, y segundo porque las reuniones donde están los integrantes del organismo colegiado son escasas a lo largo del año.

No, realmente se reúnen bastante. Yo he estado ahí y es un consejo que se reúne bastante. Incluso tienen sesiones extraordinarias. El problema del consejo es que no tiene mucha base legal, no sabe qué hacer porque le faltan muchos reglamentos. Básicamente el único reglamento con el que ellos trabajan es el de la ley. Pero se quedó muy corto. En el CONAB hay que desarrollar el reglamento de administración de bienes en general, que te va a decir cómo recepcionas y qué procesos vas a aplicar en cada bien que tú recibes de acuerdo con su naturaleza… El reglamento de contratación de terceros especializados, que es el que te va a regular cómo es que vas a contratar fuera de la ley de contratación administrativa. La ley habla de eso, dice en un artículo que el CONAB creará un reglamento especial o sustitutivo de contratación. No se ha desarrollado. Y hay un reglamento de inversiones, que se necesita hacer para poder invertir el dinero tanto extinguido como cautelado para que comience a generar intereses y estos ayuden a generar fondos para la administración de los bienes.

¿Para cuándo estarán listos estos reglamentos?

Esperemos tener los borradores este año y presentarlos al consejo este año. No sé cuánto se tardarán ellos aprobándolo. Nosotros estaríamos presentando los borradores a la dirección ejecutiva para que los pueda adaptar un poco a la legislación salvadoreña, los pueda aterrizar. El borrador final se le daría al consejo para que lo aprueben. Necesitan esos reglamentos. Por eso es que no han podido ser tan efectivos, con toda la razón, porque les da temor aplicar o contratar porque no tienen una base legal para hacerlo. Como funcionario público, si no tienes base legal, normalmente no tomas la decisión, porque después te van a cuestionar esa decisión fuera de ley. Los reglamentos son fundamentales.

En países como Honduras, la ley se ha transformado en una herramienta muy efectiva para desbaratar estructuras del crimen organizado. Se me viene a la mente el cartel de Los Cachiros, que por mucho tiempo pareció intocable. ¿Por qué en El Salvador no se ha podido contar con esta misma escala de efectividad?

El Ministerio Público de allá tuvo una política de persecución en cuanto a debilitar primero el brazo financiero de las organizaciones criminales, más allá del tema penal. Primero se debilitaron económicamente a los grandes carteles como el de Los Cachiros, como el del Negro Lobo, como el de los Valle Valle, y los siguientes carteles grandes en Honduras. Ya cuando las organizaciones estaban debilitadas, no les tocó otra que entregarse a las autoridades, en algunos casos a las autoridades hondureñas o a las de Estados Unidos, porque ya no tenían dinero con qué esconderse, con qué comprar policías, fiscales, jueces… Al no tener nada de eso, tuvieron que entregarse. Lo que hicieron los hondureños fue no abrir procesos penales en Honduras, sino que directamente los extraditaban a Estados Unidos. El éxito de Honduras fue el cambio de mentalidad de la política criminal de aplicación de la figura de extinción.

Además de la elección de una estrategia, ¿qué otro aspecto es imprescindible para el éxito en la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio?

Dentro de los estudios de la OEA hemos definido un principio o una buena práctica en cuanto a la inmediatez. Ese problema lo tiene Guatemala. Por ejemplo, allá se incautó un inmueble y la SENABED, que es la CONAB allá, lo recibió ocho meses después. Imagínate que tú recibes un inmueble en esas condiciones, ya con problemas de luz, agua, con maleza, si es que aún no le han robado los sanitarios. Cuando recibes un bien después de haber hecho una incautación como parte del proceso penal quién sabe cuántos meses antes, ya tenemos problemas en cuanto a la investigación de extinción de dominio y en cuanto a la administración. Igual pasa con las empresas. Debería ser paralelo.

LAS PRIMERAS VENTAS. El hotel Capital de San Salvador fue la sede de la primera subasta pública de bienes extinguidos. Dicho hotel también es parte de un proceso.

¿Debería, entonces, existir una normativa que indique que cuando se abra un proceso de lavado de dinero o de narcotráfico, por ejemplo, paralelamente se inicie el proceso de extinción de dominio?

No, para eso no se ocupa una ley, simplemente es una política de la Fiscalía General en cuanto al proceso de investigación patrimonial financiera. En el caso, por ejemplo, de España, hay una política del Ministerio Público donde no hay investigación de narcotráfico si no va acompañada de una investigación patrimonial financiera. Para eso no ocupas una ley.

En el caso hondureño, ya se han detectado irregularidades. En 2015, el yerno del director de la OABI de entonces, Humberto Palacios, alquilaba una lujosa casa a un precio pírrico. Ahora, en El Salvador, cuando ni siquiera existen los reglamentos para hacer cosas básicas, parece que hay una facilidad enorme para poder realizar actos de corrupción sin que estos se detecten.

Normalmente las instituciones como el CONAB deben tener entes auditores. En Honduras y Costa Rica la auditoría depende directamente del consejo, que supervisa las actuaciones del director ejecutivo. Obviamente la auditoría interna es una de las unidades indispensables en el tema de transparencia. Las auditorías que pueda hacer la Corte de Cuentas vienen a fortalecer eso. Auditorías externas, contables, de las empresas podrían ayudar. Los actos de corrupción pueden pasar. Y si no tenemos un reglamento, es mucho más fácil. Cuando hay reglamentos, es más sencillo auditar y supervisar. En Honduras se pudo identificar la irregularidad, se dio a conocer a través de la denuncia del subdirector.

¿Pero en Honduras sí hay reglamentos y manuales?

Sí, los tienen para cada parte del proceso. Están mucho más avanzados en eso que en El Salvador.

Después de su experiencia en Honduras, dijo que la OABI era un modelo para el resto del mundo en cuanto a administración de bienes incautados. ¿Qué puede decir del CONAB salvadoreño?

El CONAB tiene en su ADN todas las buenas prácticas internacionales. Tiene dentro de la ley la experiencia de muchos de los países de América Latina. Aunque no se aprobó el proyecto original que presentó la OEA con Naciones Unidas, porque hubo pequeñas modificaciones, creo que no le afectaron tanto. Lo que deben entender los del CONAB es que tienen una institución que reúne, no todas, pero algunas buenas prácticas internacionales. Tienen una institución que en un no muy largo plazo, si los funcionarios llegan a entender cómo funciona una entidad como el CONAB, podrían llegar a superar a la de Honduras perfectamente, creando estos reglamentos y principalmente cambiando el chip al tema del manejo más empresarial. Los mismos hondureños me lo han dicho, porque el manual de empresas que ocupó el CONAB para Gumarsal no lo aplican en Honduras en su totalidad.

Las luces a las que crio Salarrué

Hermanas. Olga (15 de septiembre de 1923-11 de enero de 2004), Aída (1926-1995) y María Teresa, mejor conocida como Maya (1925-17 de junio de 1995).

En esta fotografía, el ataúd con los restos de Salvador Salazar Arrué es escoltado por sus amigos hacia una iglesia. Y junto a ellos está una mujer vestida de monja. Su semblante es sereno e, incluso, parece esforzarse por parecer triste. Se trata de María Teresa Salazar Lardé, conocida como Maya Salarrué, la hija del escritor, quien por esa época ya había regresado de su experiencia en un convento de clausura en Panamá, donde impartió clases de dibujo.

La foto decora una de las paredes de la Casa del Escritor, en Los Planes de Renderos. La propiedad fue comprada por el gobierno de Francisco Flores al albacea del autor, Ricardo Aguilar, en 2003. Decidieron convertirla en esa institución que está a punto de cumplir 14 años. Ahora también hay una especie de pequeño museo con papeles relacionados con el artista.

“En esta casa, Villa Monserrat, vivió nuestro poeta, escritor, pintor, escultor y músico Salvador Salazar Arrué”, dice la placa colocada a la entrada del inmueble. Esta no habla de las mujeres (su esposa y sus tres hijas) que lo acompañaron en su día a día en sus momentos de mayor fecundidad creativa, incluso cuando “Cuentos de barro” y “Cuentos de cipotes”, sus dos libros fundacionales, todavía no habían salido de sus manos. No habla de Zelié Lardé, parte de una familia de intelectuales que marcaron el rumbo de las ideas en el país comandados por su hermano mayor, el hombre orquesta Jorge Lardé Arthes, en la que también estaban incluidos hermanos ilustres como la poetisa Alice Lardé de Venturino y el médico Carlos Lardé. No habla de los tres retoños de esta relación, María Teresa (Maya), Olga y Aída, quienes compartían con sus padres un mundo de arte.

Sin embargo, en la sala más grande de esta casa, conviviendo con los libros de varios autores, está una exposición llamada “Las mujeres Salarrué”, conformada por poco más que algunas fotografías y afiches facilitadas por el Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI). Aquí el visitante puede conocer a las personas que constituyeron el entorno más íntimo del autor, uno que rebosaba de creatividad. Se hace aunque sea con pocos elementos, que combinan datos con notas de color.

De Aída, la menor de todas, se dice que podía escuchar los pensamientos ajenos, lo que combinaba con sus habilidades para la ilustración y el diseño de vestuario. Y de Olga, la mayor y “la más intelectual”, que tenía la facilidad de salir de su cuerpo en viajes astrales con “solo dar un brinquito”. De seguro esos candorosos aportes fueron dados por Ricardo Aguilar, el albacea de Salarrué, quien habla de especies parecidas como si de hechos comprobados se tratara. Pero esto se queda corto para el trabajo de años de estas mujeres, uno que todavía hoy solo se conoce de manera parcial perdido entre decenas de colecciones privadas, incluso las que pertenecen a sus descendientes, quienes viven en el exterior.

El único legado accesible a todo el público de las mujeres en la vida de Salarrué descansa ahora en el archivo del MUPI y en las colecciones donadas al MARTE. Se trata de una obra que, a pesar de estar rasgada por el estigma de lo inacabado, da muestras de inquietudes artísticas tan marcadas como las del autor de “Cuentos de cipotes”.

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EL MUSEO DE LA PALABRA y la Imagen es la institución que ahora se encarga de la conservación del legado de Salarrué y de su familia. Y esto no es una cuestión de elección, es un destino que le tocó al ser una de las pocas organizaciones dedicadas a la conservación de material histórico. En pocas palabras, hace lo que en un mundo ideal le correspondería al Estado.

Este les fue entregado en 2003 por el albacea de Salarrué, Ricardo Aguilar, quien décadas antes descubrió que las cosas creadas por su amigo y por su familia, aquellas que no se habían vendido a particulares, estaban a punto de perderse en la casa de Los Planes de Renderos donde reposaban. La única que vivía ahí era una Maya agotada por los años y la soledad. Dentro, las polillas y la humedad hacían su trabajo.

La casa sufrió daños en su infraestructura en 1986, cuando el terremoto que asoló al país no le tuvo piedad. Tras eso, en la época de las lluvias la casa era una suma de cataratas. Los lugareños del sitio comentan que la única ayuda que recibió la artista en los años de soledad antes de su muerte, en 1995, fue la visita de extraños, que le compraban uno que otro cuadro, “de Salarrué y de ellas mismas”, a cambio de unos pocos billetes. Los mismos, ahora, forman parte de colecciones privadas.

“Ahí se perdió más de la mitad, hermano, en el deterioro. Cuadros, manuscritos, correspondencia, ilustraciones… sobre todo de Maya, Aída y Olga. Es una pena, nunca tendremos realmente una imagen de la altura de sus posibilidades”, dice Aguilar en su casa de San Salvador, acompañado de sus propios cuadros.

Ahora el MUPI posee un catálogo que, solo hablando de Zelié y sus hijas, alcanza las 25 pinturas, más de un centenar de ilustraciones (sobre todo de Maya) y una inesperada colección de canciones, de las que, sin embargo, la música se ha perdido en el tiempo. También de otro tipo de trabajos, como vestimenta de muñecas o pequeñas esculturas. Muestra de una creatividad que no estaba hecha para quedarse quieta.

De lo poco que se conservó de ese material que reposaba en la casa de Los Planes de Renderos, sin embargo, pueden sacarse en limpio algunas características. La más conocida quizá sea la madre, la que es considerada como una de las iniciadoras de la pintura primitivista en El Salvador, tal como lo recoge Astrid Bahamond Panamá, historiadora y crítica de arte, en su libro “Procesos del arte en El Salvador”.

Aunque sus cuadros no posean una técnica depurada, y más bien sean abundantes en líneas gruesas y colores puros, fue su sensibilidad para representar los coloridos paisajes de la vida cotidiana campesina salvadoreña, esa siempre olvidada, la que le aseguró un lugar en lo mejor del proceso de la pintura en el país. Una especie de perfecta expresión pictórica de los “Cuentos de cipotes” de su esposo.

“Con esto, la creación femenina es vanguardia del arte considerado no académico con el cual Zelié se adelantará a las apropiaciones del arte popular hacia el ‘arte mayor’, propias del primitivismo de los setenta”, afirma Bahamond en su libro, en referencia a un trabajo que se remonta a la década de los treinta.
Su hija Maya tomó el testigo de ese arte primitivista, según Tania Preza, del MUPI, con la intención de ganar dinero a través del arte. A diferencia de su madre, era dueña de una mano educada, que lo mismo fluía en el cómic como en la pintura surrealista.

Muestra de la primera de las tendencias es una exposición abierta al público en el MUPI. Casi dos docenas de cuadros llenos de colores, de árboles que bien podrían ser maquilishuat o de fuego, retratan la vida campesina en pocas pinceladas. Ahí están contenidas costumbres que resultan incomprensibles para el salvadoreño actual, que se sorprende con formas que, a pesar de verse llenas de vida, se han perdido en el olvido.

Tania Preza es una de las principales entusiastas del trabajo de las Salazar Lardé y una de las responsables de que su trabajo se esté volviendo cada vez más conocido. En esta tarde de finales de enero, da una mirada a la exposición que el sitio donde trabaja ahora tiene sobre Maya. Mira con cariño los colores y las formas, pero invita a no dejarse engañar por esos golpes de ternura.
“Fijate, la mayoría de niños y adultos aparecen descalzos, con ropas raídas. Parecen contentos, pero algo todavía no termina de completar la alegría. Es una espléndida crítica social de la época vestida de arte primitivo”, comenta Preza.

Maya también fue la elegida para ilustrar una de las ediciones más famosas de “Cuentos de cipotes” de su padre y varios libros de otros autores, especialmente aquellos de Claudia Lars relativos a temas de nostalgia e infancia. La escritora armeniense elogió la sensibilidad de Maya, capaz de darle fijeza plástica a un mundo lleno de sueños e incertidumbre, propio de los niños.
De María Teresa también se pudieron rescatar muestras de sus cómics. El más completo quizá sea el titulado “Dick Turpin”, personaje para el que creó varias entregas. La ilustración está diseñada en blanco y negro. Quizá sea una representación de ese aventurero del espíritu que fue su padre.

En el cómic, Dick se esconde de la ley en la fortaleza en la que vive su amigo, Moscarda, quien se hace pasar por una mujer para distraer a las autoridades, que no cejarán en su intento por atrapar al héroe. Este, agazapado en su escondite, no está a salvo, pues en la mística casa habita un monstruo dispuesto a convertirlo en su cena.

La escena de la pelea y aquella donde Moscarda logra deshacerse de las fuerzas de la autoridad basándose en la astucia está resuelta en apenas seis cuadros llenos de acción, que se asemejan a los cómics de superhéroes norteamericanos de la época, todo un reto para una mujer que estuvo apenas unos meses en Nueva York para convivir con esa cultura. Las ilustraciones, en apariencia juveniles, también contienen algunos despliegues de su técnica, como aquellas donde las acciones se reflejan en espejos o en el agua del suelo. Parte de estos trabajos tuvieron un corto tiempo de exhibición en el Museo de Arte de El Salvador (MARTE) el año pasado, en un especial dedicado, precisamente, a la ilustración.

De Olga y Aída es de quienes menos trabajos perdonaron las polillas y la humedad en Los Planes de Renderos. Sin embargo, en los pocos cuadros salidos de sus manos se percibe la búsqueda de la creación de un mundo propio, que bebe de lo realizado por su padre, pero que se atreve a volar con sus propias alas.

A la autoría de Olga pertenece el óleo sobre tela “Dance of the Silence”. El blanco y negro conforman un paisaje sombrío, al que parece que se avecina el incendio o la catástrofe. Ahí, en medio del bosque, del mismo color de los árboles, un sátiro joven espera pacientemente su destino tocando la flauta ante las raíces que se pierden en la nada del negro puro.

De Aída, quien dedicó su vida más al diseño de vestimenta para teatro, primero en El Salvador y luego en México, donde fijó su residencia al casarse, el MUPI posee dos pinturas, en las que el influjo de su padre es más poderoso que en sus dos hermanas. Así lo muestra el retrato de un personaje andrógino, blanco como la leche pero cubierto en la mitad de su rostro por una sombra que no parece venir desde el exterior, sino desde su propio ser. Recuerda a obras igualmente ambiguas que están entre lo mejor de la producción de Salarrué, entre las que se encuentra “La monja blanca”, aquella figura donde el título parece describir menos a su protagonista (de cara achinada y siniestra) que a la flor que toma entre las manos.

Si bien hay noticia de que alguna vez las hermanas expusieron de manera conjunta en la Galería Nacional de Arte en las décadas de los cincuenta y sesenta, solo Maya y Zelié han formado parte de una muestra en un museo en los últimos años. Incluso ahora se puede ir a contemplar parte de su trabajo al MARTE, pues tres pinturas de cada una forman parte de la colección privada de la familia Borja, donada recientemente a la institución. Ahí comparten espacio con algunos de los artistas más importantes del país, como Valero Lecha y Carlos Cañas.

“En lo poco que tenemos de ellas podemos ver el trabajo de artistas que destacan por sus propios méritos. Quizá han sido eclipsadas por una figura tan importante como Salarrué, quizá el artista más integral que ha dado nuestro país. En la medida en que vayamos teniendo más obras de ellas, será más fácil montar algo dedicado, en exclusiva, a ellas”, comenta Rafael Alas, director de Programación del MARTE.

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Las menores. Aída y María Teresa Salazar Lardé posan junto a su padre en una foto conservada por el Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI).

“SÍ, FUE UNA VIDA LINDA, dolorosa en cierta parte, pero linda, me dejó tanto, aprendí tanto de papá y mamá. Estaré siempre agradecida por eso, por haber nacido en la tierra de El Salvador, que era tan linda cuando yo era niña, y de haber nacido en esa familia”, dijo Olga Salarrué, la última de las hermanas que sobrevivió, en una entrevista dada a Carlos Henríquez Consalvi en 2003, un año antes de su muerte, en Nueva Jersey, Estados Unidos, la ciudad donde vivió sus últimos días.

Las palabras de Olga resumen una paradoja, la magia y las complicaciones de pertenecer a una familia que vivía para el arte. De los ensueños hay múltiples ejemplos en lo que posee el Museo de la Palabra y la Imagen, como aquellas candorosas cartas que las hijas le escribían al padre durante sus estancias lejos de casa. Ahí hablan de sueños, visiones y de las obras literarias que Salarrué publicaba, como “Íngrimo”, una historia agridulce de la que las jóvenes hablaban, sin embargo, en clave de comedia. En otras cartas también se habla de peticiones de dinero de Zelié o de las jóvenes a su padre, las que no son satisfechas en el corto plazo.

La muestra más palpable de una cotidianidad llena de creación la conforman los cuatro cuadernos de canciones compuestas por los cinco miembros de la familia Salarrué, de los que hay varias copias manuscritas, como si se hubieran encargado de que cada uno tuviera el suyo adonde quiera que fuera.

En cada uno de ellos se escribía la portada “Libro de canciones”, que se acompañaba de las palabras “Escritas por los Salarrué, con música de los mismos”. Luego se explicaba que cada pieza estaba firmada por una sola letra correspondiente a la inicial de cada nombre y se hacía constar que la música era del mismo autor de los versos.

Los temas son variados, van desde ensoñaciones medievales hasta retratos de la vida vista en Panchimalco o en las inmediaciones de Los Planes de Renderos, como en la canción “Indio callado”, de Zelié: “Mi indio callado,/ que rompes el surco/ para que la vida/ brote luego de él,/ tiene tu mirada/ toda la tristeza,/ de la raza antigua/ de un lejano ayer”. En la suma de los volúmenes se alcanza la sorprendente cantidad de 500 canciones de extensión variada, una muestra de una incesante actividad que se extendió por años, quizá desde que las muchachas comenzaban a aprender sus primeras palabras.

La música que acompañaba a las letras ahora está en el terreno de lo irrecuperable. Nadie sabe cómo sonaban, pues el sistema con el que se escribía era una solfa creada por el mismo Salarrué y su familia con caracteres numéricos. Ahí apenas se indica qué instrumentos se utilizarían. Como si la familia quisiera tener en secreto esos sonidos, para disfrutarlos en el límite de su casa. Solo en tres piezas no ha pasado eso, pues Ricardo Aguilar logró que Maya se las interpretara y quedaran grabadas en un casete. Entre ellas estaba “Cuando yo muera”, canción que han versionado varios trovadores salvadoreños.

Era, por lo tanto, un mundo donde la expresión se convertía en una actividad tan común como respirar. Por ello tanto hijas como esposa compartieron la integralidad que hace de Salarrué el artista más prolífico de El Salvador, aún por encima de Francisco Gavidia, quien, a pesar de contar con una bibliografía más amplia, no entró en los terrenos que el sonsonateco hizo suyos.
La paradoja está en el otro lado, en el de una infancia dura, llena de limitaciones en algunas épocas, a pesar de que Salarrué era uno de los artistas más importantes de la época. En una entrevista concedida a esta revista en 2015 sobre la figura de Alicia Lardé de Nash, prima de las muchachas, Ricardo Aguilar, el albacea de Salarrué, comparaba la figura de esta con la de su tía Zelié.“Las dos

eran mujeres muy fuertes y sin ellas, salvando las distancias, cada genio en particular no sería lo que es”, aseguró entonces. Ahora, en su casa de San Salvador, Aguilar sostiene que fue a Zelié a quien le tocó ser la piedra de sostén en esa casa, representar la parte práctica de la vida, como pagar las cuentas y asegurar el sustento de ella misma, Salarrué y sus hijas, al menos hasta que estas volaron con sus propias alas. El autor de “O-Yarkandal” nunca aprovechó su fama para enriquecerse o, siquiera, asegurarle una vida fácil a los suyos todo el tiempo.

Un día de tantos, la familia no tenía dinero para comprar comida cuando vivían en un cuarto dentro del caserón de la Cruz Roja, ubicado en el mismo lugar donde está ahora, en el Centro de Gobierno de San Salvador. Entonces, Salarrué tomó una medida que, para ojos comunes, puede rayar en la crueldad: tomó sus pinceles y les dibujó alimentos en los platos vacíos, en un momento donde la imaginación no podía sustituir a la sobrevivencia.

Aguilar rememora algunas anécdotas a propósito de lo anterior y dibuja a un Salarrué acaso demasiado desprendido: “Si él, por ejemplo, había vendido un cuadro por 200 colones y usted se lo encontraba por la calle para decirle que le prestara 50, él se los daba, a pesar de que su familia los necesitara. También no dejaba de llevar una gran cantidad de dulces para los niños que vivían alrededor de su casa”, comenta el pintor, en una versión que es apoyada por otros autores que conocieron al artista.

Luego recuerda otras cosas, como las historias contadas por Olga en sus encuentros en El Salvador relativas a la época en que ella y sus hermanas eran niñas. Una, en la que afirma que, un día de tantos, la familia no tenía dinero para comprar comida cuando vivían en un cuarto dentro del caserón de la Cruz Roja, ubicado en el mismo lugar donde está ahora, en el Centro de Gobierno de San Salvador. Entonces, Salarrué tomó una medida que, para ojos comunes, puede rayar en la crueldad: tomó sus pinceles y les dibujó alimentos en los platos vacíos, en un momento donde la imaginación no podía sustituir a la sobrevivencia.

U otra más, cuando subían al techo de dicho cuarto, rodeado de terrenos todavía agrestes. Ahí, señalando los alrededores, para disimular la estrechez en la que se encontraba su vida de entonces, Salarrué bromeaba con sus hijas diciendo “contemplen los jardines de nuestra casa”, unos a los que no podían entrar porque se trataba de terrenos baldíos.

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Una muestra del talento individual. El Museo de la Palabra y la Imagen cuenta con una exposición activa dedicada en exclusiva a Maya Salazar Lardé.

ESTA MAÑANA DE MIÉRCOLES, la Casa del Escritor, la misma que fue la última casa de Salarrué, su esposa y Maya, y era el lugar de visitas de Olga y Aída cuando regresaban al país, está desierta. Un vigilante que parece no muy animado conforma la única presencia humana en el sitio, decorada con objetos relativos al autor. No hay mucho que ver y lo incluido puede recorrerse en apenas 10 minutos. El visitante, por tanto, sale un poco decepcionado de que el peregrinaje a la casa del autor y los suyos dé tan poco.

Todo parece estar tan desparramado. Incluso la familia está sepultada en diferentes lugares: Maya y Salarrué en el Cementerio General de San Salvador, en una tumba a la que corona una escultura realizada por la primera; Zelié, fallecida en 1974, un año antes que su esposo, en una no ubicable tumba en La Bermeja; Olga y Aída, en las respectivas ciudades donde murieron: Nueva Jersey y México, D. F. Allá viven sus descendientes, quienes, sin embargo, no han mostrado interés y tampoco tienen los recursos para que el legado de sus mayores esté en el lugar que les corresponde.

Fuera de la Casa del Escritor, un lugareño, que solo se presenta como Martín, comparte con quien acaba de visitar el inmueble su decepción, mientras espera el bus que lo llevará a San Salvador. Opina que el Estado debería tomarse en serio centralizar un poco más las obras de esta familia, hacer de este sitio un verdadero punto de peregrinaje para los admiradores del autor y para que estos conozcan el trabajo de su esposa y sus hijas.

“Creo que la Casa del Escritor puede ser cualquiera. Pero la casa de Salarrué debería ser su museo y el de su esposa y sus hijas. O dígame usted, ¿en qué otra parte del mundo va a encontrar una familia como esta, que hizo del arte una parte tan importante de su vida? Los salvadoreños de veras que somos buenos para no ver la riqueza que nos pertenece”, dice Martín, haciendo la parada al autobús.

Cómo escribir libros para niños de dos mundos

En venta. René Colato posa con un ejemplar de “Telegramas al cielo”. El libro puede ser adquirido en El Salvador en Librería UCA y en el Museo de la Palabra y la Imagen. También se puede encontrar a Luna’s Press en Facebook.

Sobre su figura han corrido ríos de tinta. Libros que buscan echar luz sobre diferentes facetas de su vida, sobre todo, de aquella etapa en la que se convirtió en “la voz de los sin voz”, un defensor de los derechos humanos en un país repleto de violencia de Estado. De aquella etapa, en suma, que precedió a su asesinato.

Pero esta es la primera vez en que Romero se convierte en el personaje central de un libro infantil. Y, sobre todo, de uno escrito en español e inglés y publicado en Estados Unidos. Se trata de “Telegramas al cielo” (“Telegrams to Heaven”), el más reciente título del autor salvadoreño René Colato Laínez, que vio la luz en septiembre de 2017 bajo el sello de Luna’s Press, la editorial independiente comandada por su compatriota Jorge Argueta.

El libro, que cuenta con las ilustraciones del dominicano Pixote Hunt, se enfoca en la niñez del ahora beato de la Iglesia católica. Y traza, en muy sencillas escenas, el nacimiento de una vocación que lo llevaría a comprometerse de por vida con una fe que, muchas décadas después, lo convertiría en el ocupante de una silla inigualable para alzar la voz en contra de la injusticia.
La historia comienza con un pequeño Romero ayudando a su padre en su oficio, el de telegrafista, maravillado por el hecho de que con solo tocar un botón pudiera comunicarse con todas las ciudades del país. Era la década del veinte, y las facilidades en el flujo de información que ahora disfruta un porcentaje del mundo todavía eran materia de ciencia ficción.

La vocación hacia el sacerdocio inicia con una simple pregunta hecha a su padre: “¿Cómo puedo mandar telegramas al cielo?”, ¿cómo puedo comunicarme con Dios? La respuesta, típica de una familia católica, está en la oración. La que el niño convierte en una de las actividades que terminarán por inclinarlo a su llamado. El libro termina con la noticia de que aquel niño que juró ser el “mejor orador, poeta y músico” para Dios ha regresado a su pueblo natal para oficiar una misa. Nada del futuro de lucha del sacerdote. Era demasiado para un libro para niños.
Así lo dice su autor, René Colato, quien afirma que la idea inicial era otra. En torno a 2001, cuando aún se especializaba en una universidad de Estados Unidos en la narración de historias para niños, Colato imaginó un libro donde se incluyera la historia completa. Contada, obviamente, con los particulares lenguajes y énfasis exigidos por el género.

Pero la realidad le mostró una pared. ¿Cómo era posible que en el libro para niños se hablara sobre un asesinato? Por ello, la idea estuvo guardada por más de una década a la espera de resurgir. Lo hizo hace un par de años, cuando le recomendaron que lo mejor era centrarse en la niñez de su personaje, la misma etapa de la vida de aquellos para quienes el libro estaría destinado.
“Mucha gente conoce al Romero hombre. Hoy yo les presento al Romero niño, un preámbulo a ese gran hombre que llegó a ser. Quiero, sobre todo, que los niños salvadoreños que viven en Estados Unidos se sientan orgullosos de uno de sus líderes y que, a través de él, se den cuenta de que pueden hacer cosas importantes con sus vidas, dejar grandes huellas, a pesar de que el entorno en el que viven les diga lo contrario”, comenta Colato a través de una llamada telefónica desde su casa en Los Ángeles, California.

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En una de sus intervenciones en la serie “Pioneros de la televisión”, el actor estadounidense de origen mexicano Edward James Olmos recuerda la que, para él, significa una de las mayores satisfacciones de su carrera.
En los días en los que encarnaba a William Adama, un líder político y uno de los personajes más importantes de la serie de ciencia ficción “Battlestar Galactica” (2004-2009), una vieja amiga lo telefoneó, al borde de las lágrimas, para contarle lo que su personaje había provocado en su sobrino de 14 años.
“Tía, nosotros (los latinoamericanos) estamos en el futuro”, le dijo el muchacho a la señora.

El festival. Jorge Argueta lee su libro de poemas “Somos como las nubes”, en el Festival de Literatura Infantil, que coordina la Biblioteca Nacional de El Salvador.

El programa de ciencia ficción estaba en su punto más alto de popularidad, y la inclusión de un personaje latino que era el líder de una población multicultural que se parecía mucho a la de Estados Unidos llenaba de esperanzas a un adolescente que, desde entonces, sentía que podía llegar a ser quien quisiera a pesar de hablar español en casa y de ser el heredero de una cultura diferente a la estadounidense.
“Telegramas al cielo”, impreso en pasta dura, es el segundo título publicado por Luna’s Press, nacida para difundir en Estados Unidos literatura de temática salvadoreña en inglés y español para la más demandante e influenciable de las audiencias: la infantil. Una que está creciendo bajo el griterío y la angustia de la presidencia de Donald Trump.
Son los esfuerzos de un grupo de personas por hacer lo que hizo el personaje de Olmos desde una esfera diferente, no tan masiva pero que siembra sus semillas en sitios tan relevantes para la vida de un niño como su salón de clases. La idea es que los niños comprendan que el multiculturalismo, tener una cultura extra a la estadounidense, es siempre una ventaja, nunca un obstáculo para desarrollarse.
Holly Ayala es una salvadoreña nacida en California hace 52 años. Es la pareja de Jorge Argueta, un autor que, para colegas suyos como Carlos Clará, de Índole Editores, puede considerarse uno de los escritores salvadoreños más importantes de la actualidad, sobre todo gracias a los múltiples galardones que ha recibido en Estados Unidos.
Junto a él, Holly ha montado la editorial Luna’s Press, que inició sus tirajes, precisamente, con un libro de Argueta, “Olita y Manyula”, un canto de amor a la elefante que, por más de medio siglo, divirtió a las clases populares de San Salvador.
Desde hace 25 años, Holly trabaja en la producción de un catálogo de publicación periódica en su ciudad natal, San Francisco. La experiencia la ha ayudado para ahora poder montar el proyecto, uno que todavía no le representa ingresos económicos. Por ejemplo, le ha dado los contactos con la compañía que imprime sus libros en China, que permite que sus costos no sean tan altos como si los hiciera una sociedad afincada en Estados Unidos.

En California la educación pública ha podido volver a ser bilingüe. Algo que no era así hasta apenas unos meses, cuando se aprobó, por una arrasadora mayoría, la Propuesta 58, que venía a tirar por los suelos otra iniciativa avalada en 1998, cuando se prohibió que en las escuelas controladas por el Estado se enseñara también en español. El terremoto de Trump provocó que todo un estado se uniera contra la intolerancia a lo ajeno.

Holly se encarga, en su tiempo libre, de realizar todo el trabajo administrativo que requiere la compañía. Y a pesar de que se trata de un sello independiente, cuenta con personas que realizan las mismas tareas que requiere la producción de un libro en una empresa grande: editores, correctores de estilo. Toda la cadena para contar con un producto competitivo.
En California, la educación pública ha podido volver a ser bilingüe. Algo que no era así hasta apenas unos meses, cuando se aprobó, por una arrasadora mayoría, la Propuesta 58, que venía a tirar por los suelos otra iniciativa avalada en 1998, cuando se prohibió que en las escuelas controladas por el Estado se enseñara también en español. El terremoto de Trump provocó que todo un estado se uniera contra la intolerancia a lo ajeno.
Es una oportunidad inmejorable para que un objetivo como el de Holly y los suyos llegue a buen puerto. Incluso han logrado contratos con distribuidoras de contenido educativo para que sus volúmenes lleguen a las manos de maestras en todo Estados Unidos. Cuatro ejemplares de “Telegramas al cielo” han emprendido un viaje de regreso a China, donde fue requerido por docentes que enseñan español e inglés.
“En El Salvador tenemos buenas historias. Nuestro esfuerzo es pequeño, pero esperamos que sirva para que nuestra cultura sea conocida en todo Estados Unidos y en otras partes del mundo”, comenta Holly.
En marzo de 2018, la editorial formará parte de la conferencia de la Asociación Californiana de Educación Bilingüe (CABE, por sus siglas en inglés), donde podrán tener contacto con distribuidores de todo Estados Unidos. Allí también le entregarán un premio a Jorge Argueta por sus contribuciones a la materia en esa nación norteamericana.

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René Colato Laínez es ya el escritor de 12 libros para niños. A excepción del último, enfocado en Romero, a la totalidad de su obra la cruza, como un eje omnipresente, el tema de la migración y de la experiencia traumática de adaptarse a una nueva cultura tras dejar la propia.
“El mensaje de todos mis libros es el de decirle al niño que no está mal que hable otro idioma distinto al inglés, que está bien que tenga su propia cultura”, dice Colato.
Y los libros se basan en su propia experiencia. Desde el primero que publicó, “Esperando a papá”, de 2004. En él, cuenta la historia de un niño que ha debido viajar a Estados Unidos junto a su madre. Ya estando allá, sueña con el día en que volverá a encontrarse con su padre. La versión final de la historia, como en el caso de “Telegramas al cielo”, dista mucho de la primera.
A inicios de 2001, había terminado el cuento que buscaba convertir en un libro ilustrado. Envió el manuscrito a media docena de editoriales, con la esperanza de que genera algún interés. La respuesta fue nula, sobre todo debido a la naturaleza de su libro: en el plan original, el niño y su madre viajaban de manera ilegal a Estados Unidos huyendo de la realidad de su país. Luego, la madre se encargaba de pagarle a un coyote para que llevara, también de manera ilegal, a su padre hacia el país del Norte. La idea de un cuento para niños donde se hablaba de migración ilegal causaba ampollas en los encargados de las compañías.

Usuarios. Niños leen el libro “Telegramas al cielo” en la Biblioteca de los Sueños. La entidad también actúa fuera de sus cuatro paredes en lugares públicos como mercados.

A mediados de ese año, Colato juntó algunos ahorros generados por su trabajo como docente y se inscribió en un taller en Nueva York, en el que estarían presentes representantes de editoriales de todos los estados del país.
Su trabajo llamó la atención de una editora, que, según Colato, se caracterizaba por apoyar proyectos no convencionales. Decidió echarle una mano al suyo y, en los siguientes dos meses, se dedicó a terminar el trabajo. Pero llegó el 11 de septiembre de 2001. El ataque terrorista a las Torres Gemelas inauguró una nueva época, en la que el extranjero se había vuelto mucho más sospechoso para los ojos del estadounidense promedio, sobre todo para el anglosajón. El título se había convertido en un material difícil de vender y la editora decidió cancelar el proyecto.
Tuvo que esperar un año más para que, después de mucha insistencia, Piñata Books, una Rama de Arte Público Press, de Texas, le respondiera uno de sus correos. En este le comunicaban que habían aceptado publicar su libro, pero tendría que ceder a algunas concesiones: no podría hablar de un ingreso ilegal a Estados Unidos. Así, la historia terminó con un niño que llega a Estados Unidos junto a su madre con una visa y a través de un viaje en avión. El padre también llegaría, más tarde, por la misma vía.
Colato pudo, al fin, ver su nombre en un libro ilustrado de pasta dura, pero se quedó con el deseo de contar una historia más acorde a lo que había vivido. Su sueño pudo cumplirlo hasta 2010, cuando publicó “My Shoes and I” (“Mis zapatos y yo”), una suerte de autobiografía transformada en un libro ilustrado. Para este echó mano, como para ningún otro volumen, de la cantera de sus recuerdos.
Y para darle una apariencia amable a la historia de un niño que recorre cientos de kilómetros junto a su padre a través de tres países apenas con lo puesto, utilizó un recurso interesante: los zapatos enviados por su madre de Estados Unidos que le servirán para andar tanto camino se van desgastando a medida que el viaje avanza. El amarillo original se vuelve cada vez más opaco entre tanto lodo y polvo de desierto. Cuando la travesía está a punto de acabar, la suela también cede y se llena de piedras, y uno de ellos está a punto de perdérsele cuando cruza un río. Pero el sacrificio de los zapatos ha valido la pena: son los que le han permitido al pequeño volver con su madre, reunir a la familia que la guerra había separado. Es solo uno de dos libros infantiles en inglés que presentan una entrada ilegal a Estados Unidos. El otro es “Pancho Rabbit and the Coyote”, del mexicano Duncan Tonatiuh, que cuenta la historia a través de animales. En México se prepara una edición en español.
“Es todo un reto tocar temas como estos para los niños. Pero yo lo intento porque creo que, si ellos van conociendo esto de pequeños, generarán la empatía con el otro, el secreto para una verdadera integración”, dice Colato. Y, para ilustrar lo anterior, pone de ejemplo otro de sus trabajos: en este, un niño llamado José va a visitar a su madre recién deportada a un centro de detención en Tijuana, México.

Jorge Argueta

Allí, ella debe explicarle a su pequeño que no estará más con él, al menos por un tiempo. Le dice que, ahora, son como una semillita que debe empezar a germinar. Tras un largo tiempo, comenzará a brotar de ella un tallo, al que le van a salir hojas y que, en un momento, se convertirá en un frondoso árbol que dará frutos. Así, el niño comprende que deberá esperar. El libro finaliza con el sueño de José, donde se reencuentra con su madre, al menos en el terreno de lo onírico.
“No es un final feliz, pero hay esperanza. Los niños, luego de leerlo, se preguntan, ¿y se volvieron a reunir?”, dice Colato, quien puede ver de primera mano el efecto que sus libros causan en los niños porque es maestro de primaria en Los Ángeles. Las regalías en la venta de libros todavía no le permiten vivir dedicándose exclusivamente a escribir.

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En esta historia, el agua nace de las profundidades de la tierra. Va subiendo y, de gotita en gotita, se va volviendo rocío de la mañana, arroyo, mar. Este es el argumento de uno de los libros más recientes del escritor salvadoreño Jorge Argueta, “Agua, agüita”, un nuevo volumen que combina el inglés, el español y el náhuat. Es un trabajo único, editado por Piñata Books, que contó con la ilustración de Felipe Ugala Alcántara, que se inclinó por un diseño relacionado con la pintura tradicional de los pueblos indígenas.
Argueta lo muestra con orgullo como una de sus más recientes conquistas, en este recinto en la colonia América, de San Jacinto, donde funciona su Biblioteca de los Sueños, a la que busca convertir en una extensión para El Salvador de su trabajo en Estados Unidos.

Jorge afirma que sueña con algo como eso, que verá muy pronto la luz a través de Luna’s Press, en versiones bilingües: “Se imagina un Roque Dalton para niños; un libro que cuente la historia de María Isabel Rodríguez, esa señora tan maravillosa, que se pudiera leer en la primaria de forma masiva. Le aseguro que, con esas pequeñas semillitas, tendríamos un país mejor, porque los niños aprenderían algo muy importante que es soñar, creer que pueden ser tan grandes como ellos”.

La Biblioteca de los Sueños. Argueta montó el espacio en una casa ubicada en el mismo barrio donde vivió antes de emigrar a Estados Unidos por la violencia de la guerra.

Inaugurada hace apenas un año, es un proyecto que solo se pudo concretar tras algo que, para Argueta, representó una auténtica sorpresa: recibir en su casa un cheque con las regalías de un libro publicado hace 20 años, “Una película en mi almohada”. Tantos ceros y unos lo dejaron con la boca abierta. Tuvo que hablar a la empresa que editaba el libro para comprobar que no se trataba de un error.
Ese dinero le permitió comenzar con la construcción de este pequeño espacio. También comprar y trasladar desde Estados Unidos libros infantiles bilingües, incluyendo aquellos de su autoría. Su objetivo es que aquellos mismos volúmenes que en el país del Norte han funcionado para que niños de origen latinoamericano se sientan más cercanos a sus raíces aquí sirvan para que infantes salvadoreños conozcan algunas nociones de inglés a través de historias que los cuentan.
Cada cierto tiempo, niños de escuelas cercanas llegan al lugar para utilizar los libros. Son grupos grandes para el sitio, de entre 50 y 60 alumnos. Estudiantes de instituciones más lejanas también pueden asistir gracias a una alianza de Argueta con el Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI). Pero la labor no se queda entre estas cuatro paredes.
Argueta arribó a El Salvador precisamente el miércoles 6 de diciembre, para comenzar con una serie de giras en sectores populares, donde llevará los cientos de volúmenes para que cientos de niños puedan tener contacto con ellos. Algunas de las paradas serán el mercado de San Jacinto y varios municipios de Sonsonate, como Santo Domingo de Guzmán, pueblo del que es oriundo.
Jorge, que siempre lleva su abundante pelo recogido en una cola, es también el fundador del Festival de Literatura Infantil, organizado desde 2010 por la Biblioteca Nacional de El Salvador, dirigida por Manlio Argueta. En los ojos se le dibujan múltiples sueños, como traer sus propios libros, los de Luna’s Press, en formatos de pasta suave, más barata, para poder venderlos a precios más asequibles en El Salvador. O que el Ministerio de Educación se interesase en adquirir ejemplares para distribuirlos en escuelas públicas, una labor para la que la compañía tendría la capacidad. Sin embargo, es consciente de la realidad de El Salvador. Solo hay que tomar en cuenta que el último libro de texto estatal se editó en 2009, el último año de la presidencia de Antonio Saca, para hacerse una idea del asunto.
Jorge, ahora, toma entre sus manos uno de los libros que tienen en su Biblioteca de los Sueños. Es un libro que recoge la vida de la poeta chilena Gabriela Mistral, una versión para niños de uno de los íconos nacionales de Chile. Trabajos similares se han hecho de personajes como la mexicana Frida Khalo.
Jorge afirma que sueña con algo como eso, que verá muy pronto la luz a través de Luna’s Press, en versiones bilingües: “Se imagina un Roque Dalton para niños; un libro que cuente la historia de María Isabel Rodríguez, esa señora tan maravillosa, que se pudiera leer en la primaria de forma masiva. Le aseguro que, con esas pequeñas semillitas, tendríamos un país mejor, porque los niños aprenderían algo muy importante, que es soñar, creer que pueden ser tan grandes como ellos”.

Ejemplares. Decenas de volúmenes esperan a los niños. Son libros escritos para que los niños latinoamericanos en Estados Unidos no olviden sus raíces hispanas.

De cómo El Salvador puso fin a los secuestros

Cautiverio. Una vivienda donde permanecieron secuestrados dos empresarios estaba ubicada a cuadras de un puesto policial en Soyapango.

Hubo una época en que el principal problema para las autoridades de seguridad pública de El Salvador era el secuestro: ese delito que consiste en privar de libertad a una persona con el objetivo de exigir un rescate a cambio de su regreso. El mismo que tenía entre sus víctimas predilectas a empresarios, comerciantes y empleados con el suficiente poder adquisitivo como para pagar una suma considerable.

En el primer año del milenio, el secuestro representaba una auténtica crisis de Estado: 114 secuestros en 12 meses según cifras de la Fiscalía General de la República; uno cada tres días. Y en cada jornada, los medios reportaban un nuevo caso o una liberación. Las consecuencias de una no lograda posguerra, con hombres adiestrados para usar las armas y para planificar una operación decididos a vender sus habilidades al mejor postor, habían llevado al país a una atmósfera de incertidumbre.

Se registraba un secuestro cada tres días; y solo llegaba una sentencia condenatoria para el 15 % de estos delitos.

Hubo una época, también, en que el Estado salvadoreño fue capaz de imponerse a una crisis basándose en una estrategia destinada a revertir las tasas de impunidad de un delito (el porcentaje de crímenes que no se castigan) para evitar que la actividad continuara siendo rentable para aquellos que la cometían.

“El de los secuestros es uno de los delitos menos complejos para investigar”, dice Daniel Martínez, sentado a la mesa de este restaurante en la colonia Escalón. “Es uno de los que mayores huellas deja. Siempre habrá alguien que negocia, alguien que cuida a la víctima, alguien que recoge el dinero”.

Hoy empleado jurídico de una dependencia gubernamental, Martínez formó parte del equipo fiscal al que le encargaron la tarea de desbaratar, en el menor tiempo posible, las estructuras que cometían secuestros. Todo se construyó a petición de la cabeza de esa entidad, el entonces recién elegido fiscal general de la República Belisario Artiga.

La misión que le había sido encargada al funcionario desde el gobierno central era acabar con ese delito que había dejado de ser uno de naturaleza patrimonial para convertirse en uno pluriofensivo: el impacto emocional en la víctima dejaba secuelas que nunca se desvanecerían; era común que se asesinara a los miembros de la seguridad privada de aquella persona a la que se pretendía secuestrar.

Secuestrar era una actividad tan atractiva que, según lo descubrirían después los investigadores, toda organización que se dedicaba, por ejemplo, a realizar asaltos a mano armada, pretendía algún día tener los recursos logísticos para hacer un plagio. Era, por lo tanto, el centro de la espiral delincuencial, el punto para alcanzar o superar.

Apoyo. El fiscal Daniel Martínez y Mario Machado, abogado querellante de ANEP.

La tesis se comprobó, por ejemplo, cuando diferentes estructuras realizaban determinadas tareas dentro del secuestro. Eso ocurrió con el plagio del empresario Rodrigo Zablah, realizado el 25 de mayo de 2000: quien se encargó de interceptarlo para capturarlo y, posteriormente, llevarlo a donde estaría recluido fue una banda conformada por policías, a la que se le conocía como Los Catrines. Estos, incluso, utilizaron su patrulla policial para atravesársela al carro en el que se conducía Zablah.

La tarea de aportar la casa de seguridad en la que estaría el empresario recayó en otra estructura, liderada por Carlos Vásquez; y la de negociar y recoger el dinero obtenido por el rescate, en la que capitaneaba Víctor Guardado Díaz. Cada uno de los grupos después tuvo la capacidad de hacer plagios por cuenta propia gracias al dinero ganado.

Pero si, tal como lo dice Martínez, el del secuestro es uno de los delitos menos complejos para investigar por su larga estela de evidencias, ¿por qué las autoridades se encontraban de rodillas hasta entonces frente a las numerosas bandas de secuestradores? ¿Cuáles fueron las claves para superar los anteriores fracasos?

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Las claves del Estado

Plagio. Escena en la que fue secuestrado el empresario Rodrigo Zablah, mientras iba en su vehículo en la colonia Santa Elena, el 19 de mayo de 2000.

En la segunda mitad de 2000, se crearon unidades especiales en la Fiscalía General de la República y en la Policía Nacional Civil. Solo a la correspondiente a esta última entidad, la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO), se le destinaron $11 millones para su fundación. Una cifra alta si se considera que en 2017 el presupuesto total de la FGR no superó los $48 millones. Antes ya habían existido otras unidades de esta naturaleza, que no dieron los resultados esperados, pero que tampoco contaron con una inyección económica semejante.

Rodolfo Delgado fue, hasta hace unos meses, uno de los principales asesores del fiscal general de la República, Douglas Meléndez. Asegura que dejó su anterior puesto para buscar nuevos horizontes, esta vez en el ámbito privado. Fue uno de los fiscales que formaron parte de ese equipo especial desde su conformación, que primero se llamó Antisecuestros 2 y luego adquirió su nombre definitivo cuando se incorporaron nuevos elementos, Unidad contra el Crimen Organizado.

Desde su improvisada oficina, donde hay apenas una computadora en una mesa para reuniones, Delgado señala uno de los puntos clave en la estrategia usada para aprovechar bien los recursos. Este paso comenzó varios meses antes de que siquiera pusieran un pie sobre el terreno: reconocer que no conocían de manera amplia el fenómeno al que se enfrentaban.
Por eso decidieron que lo mejor era que la información relativa a las estructuras se centralizara en esa fuerza de tarea conformada por la Unidad Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía y la División Élite contra el Crimen Organizado de la PNC.

Toda la segunda mitad del año 2000 fue utilizada para hacer este trabajo de colectación. Eso les permitió determinar que todo mundo tenía información de las estructuras que cometían secuestros, desde las diferentes sedes policiales y fiscales a escala nacional, hasta el Grupo de Apoyo de la PNC, el Organismo de Inteligencia Policial y el Organismo de Inteligencia del Estado. Diferentes unidades especializadas de la Fiscalía habían abierto sendos expedientes referentes a varios delitos para miembros de las estructuras. Todos tenían, por tanto, algún trozo del rompecabezas.

Así, comenta Delgado, pudieron superar un prejuicio que permeaba a las instituciones de seguridad: parecía que se le daba más importancia a un caso en el que la víctima era económicamente poderosa que aquellos donde se trataba, por ejemplo, del dueño de una pequeña venta de gas. Se dieron cuenta de que la misma estructura era capaz de atacar a los dos tipos de víctimas en días consecutivos.

También comprendieron que el mismo grupo podía cometer un secuestro o un asalto a una agencia bancaria. Para ilustrar eso, no hay mejor ejemplo que la banda Tacoma Cabrera, a la que los fiscales consultados para este trabajo definen como una “matriz criminal”. A pesar de que el nombre de este grupo delincuencial es el que viene a la memoria para hablar de esta etapa, solo fueron culpables de cuatro secuestros. La mayoría de los cargos era de robo agravado y homicidio.

Eso dio pauta para el otro punto de la estrategia, que era la investigación ya no por caso, sino por transgresor, entender a la estructura como un todo. Por ello, la Unidad Contra el Crimen Organizado no tuvo que derivar casi ninguno de sus casos a otras dependencias de la FGR. Desde la tenencia ilegal de armas de fuego hasta el lavado de dinero comenzaron a ser investigados por las mismas personas. En la indagación de la estructura también se apuntaba a sus máximos líderes, pues se comprendió que la mano de obra, la base de la pirámide, era fácilmente reemplazable.

Para llegar a los cabecillas, una herramienta importante fue la del testigo con criterio de oportunidad, un criminal que acepta, a fin de reducir o evitar su pena, delatar a otros delincuentes. Era una herramienta novedosa, recién estrenada en el Código Procesal Penal promulgado en 1998.

Matriz criminal. La banda Tacoma Cabrera fue una de las más complejas por su diversidad de actividades con la que se enfrentaron las autoridades en esa etapa.

Pero el recurso no fue utilizado en la mayoría de ocasiones, según lo comprobó esta revista mediante la revisión de 15 sentencias del delito de secuestro y secuestro agravado producidas por diferentes tribunales a escala nacional entre 2001 y 2003. Solo en dos de ellos se utilizó el recurso para individualizar a los autores intelectuales. En el resto de oportunidades, el dato revelador se consiguió tras la investigación sobre el terreno: la revisión de decenas de bitácoras telefónicas, el seguimiento de sospechosos, pruebas científicas recogidas en los allanamientos.

La estrategia funcionó y, en apenas un año, la tasa de impunidad se revirtió: los casos en los que los culpables no eran castigados pasaron a ocupar solo el 15% de todo el universo. Una tasa cercana al cero se alcanzó dos años más tarde. Los delincuentes dejaron de ver en la actividad un negocio rentable y su incidencia bajó a niveles mínimos. Las autoridades de seguridad hicieron aquello para lo que fueron creadas: encontrar a los culpables de los crímenes y darles su castigo.

En este restaurante de la colonia Escalón, Daniel Martínez, otro de los fiscales que fue parte de la unidad especial, matiza los logros. Para él las estructuras que combatieron en esa época pertenecían a la delincuencia organizada y no al crimen organizado tal cual. Eran, comenta, grupos mínimamente enquistados en el Estado, donde la máxima influencia podía ser la de un sargento de la PNC “que se había metido a secuestrador”.

“Que yo recuerde, casi no hubo gente con verdadero poder político o económico involucrada en secuestros, que realmente pudiera tener incidencia en el sistema judicial. Me acuerdo de un solo caso donde, de verdad, sentimos que sí tembló la gelatina. Era una persona que ordenó un asesinato. Allí él quedó absuelto y a sus conexiones con el narcotráfico no nos dejaron investigarlas. Se las trasladaron a Antinarcóticos”, comenta Martínez.

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Las claves en la sociedad civil

Hubo una época, también, en que la empresa privada a través de sus gremiales formó una parte esencial de la estrategia de seguridad para acabar con un delito determinado, el secuestro. En esa época, según comenta Belisario Artiga, fiscal general de la República entre 2000 y 2006, él y el director de la PNC, Mauricio Sandoval, se reunieron con representes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) para que se sumaran al esfuerzo. Aceptaron gustosos.

Entre ellos había personas que sufrieron en carne propia un plagio, como Saúl Súster, padre de Andrés, el niño que pasó casi un año en cautiverio. Fue el caso que puso el foco de la atención de la sociedad salvadoreña en un problema hijo de una no bien llevada posguerra, que dejó en el limbo a decenas de hombres adiestrados para usar las armas.

Desde ANEP crearon el Patronato Antisecuestros. Allan Hernández fue el director de Unidades Especializadas de la Fiscalía General de la República hasta hace unos meses. También fue el fundador de la Unidad Antiextorsiones. Ahora se enfrenta al reto de perseguir la criminalidad organizada en otro país de Latinoamérica. A principios del milenio, él fue parte de la célula fiscal de élite que lideró la estrategia contra los secuestros. A través de una llamada telefónica, el abogado explica que quizá sin el apoyo de los empresarios, la tarea no hubiera tenido el impacto que consiguió.
Según explican fiscales y policías, fueron los empresarios los encargados de presentar a la fuerza antisecuestros a los familiares de las víctimas, algunos de los cuales eran representados por la propia ANEP. El objetivo era generar un lazo de confianza con unas autoridades de seguridad desprestigiadas.

La estrategia funcionó y, en apenas un año, la tasa de impunidad se revirtió: los casos en los que los culpables no eran castigados pasaron a ocupar solo el 15 % de todo el universo. Una tasa cercana al cero se alcanzó dos años más tarde. Los delincuentes dejaron de ver en la actividad un negocio rentable y su incidencia bajó a niveles mínimos.

Según explica Gustavo Villatoro, fiscal de enlace y jefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado, algunas de las estructuras de secuestradores tenían entre sus filas a agentes de la Policía Nacional Civil. Era una paradoja que se les pidiera que confiaran en aquellos que, posiblemente, estaban participando en los delitos. Pero la intermediación funcionó.

Allan Hernández afirma que eso les permitió entrar a las casas para cumplir con dos objetivos. El primero era el de coordinar las negociaciones, asegurarse que la suma pagada no fuera alta. Demasiado dinero permitía que una banda se convirtiera en varias. La segunda era la de entrevistar a los familiares de los que habían estado cautivos.  “Era increíble lo que nos servían los pequeños aportes que nos podían dar los familiares. Clarificaban mucho las líneas de investigación”, asegura Allan.

Según Daniel Martínez, otro de los miembros de la Fiscalía en la Unidad Antisecuestro, el apoyo del Patronato Antisecuestros no se limitaba a ello. También aportaban dinero para, por ejemplo, reparar los dos carros que tenía asignados la unidad. A pesar de que el gobierno de Francisco Flores destinó un presupuesto de $11 millones al esfuerzo, la tarea fue realizada en medio de carencias. Según explica Martínez, cuando comenzaron solo contaban con dos computadoras para toda la unidad.

Los empresarios también designaron un querellante para los juicios y presionaron mediáticamente a los jueces para no venderse al mejor postor; y facilitaron recursos para que las víctimas pudieran tratarse psicológicamente. La participación de la empresa privada hizo la diferencia en un momento de crisis como el que enfrentaba el país.

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Palabra de juez

Georgette Safie llegó a las oficinas del Taller Fojume, en la colonia Toluca de San Salvador, a las 8 de la mañana del 23 de febrero de 2001. Mientras esperaba que el vigilante abriera el portón del local para que ella entrara, un carro azul de vidrios polarizados se estacionó en la misma acera. De él bajaron cuatro hombres con el rostro cubierto por gorros navarone.
Venían armados con fusiles que, según lo describió el vigilante, eran AK-47, una de las armas de asalto más utilizadas en el mundo. Lo sabía bien porque uno de los hombres le puso el cañón de una de esas en su espalda para quitarle la escopeta con la que se podría defender. El resto de hombres se encargó de sacar a Georgette Safie de su vehículo para raptarla.

La familia no supo nada de la señora hasta que sus captores se comunicaron por teléfono. En esa llamada exigieron $228,000 como pago. Mientras esto ocurría, Safie estaba en una casa en Santa Tecla, cercana al punto de buses de la ruta 101-D, con dos pasamontañas y cinta aislante que le impedían ver su entorno. Luego, la señora fue llevada a otro inmueble en San Martín.

Desarticulación. Miembros de la Fiscalía y de la PNC durante la conferencia en la que informaron sobre el desbaratamiento de la banda El Gallina, culpable de varios secuestros.

Las negociaciones, realizadas por el sobrino de la víctima, Miguel Gerardo, permitieron que las exigencias se redujeran hasta los $57,140. El día de entregar el dinero llegó el 3 de marzo de 2001. La Policía montó un operativo para detener a aquellos que llegaran a recogerlo. Varios automóviles y motocicletas pasaron una y otra vez en los alrededores de la gasolinera que se fijó como sitio para el intercambio. Los delincuentes se dieron cuenta de la estratagema y abortaron los planes. Sin embargo, uno de los retenes colocados en las inmediaciones dio sus frutos y se pudo capturar a tres de los implicados.

Uno de ellos aceptó declarar gracias al criterio de oportunidad. Plagiarios y familia pactaron una nueva entrega de dinero para el siguiente día, el 4 de marzo. Esta vez, las autoridades de seguridad no montaron otro operativo para seguridad de la víctima. Los $57,140 se pagaron para que liberaran a la señora, que apareció en el centro de San Salvador el mismo día.

La Fiscalía, que fue representada por Allan Hernández, Jaime Wálter Segovia y David Acosta, montó un caso en el que echó mano de múltiples pruebas periciales, documentales y testimoniales.
Todas las evidencias apuntaron a dos acusados, que ya estaban perfilados por las autoridades como sospechosos: Roberto Salomón Gutiérrez (a quien incluso se le encontró parte del dinero marcado por la Policía para pagar el rescate) y Saúl Ernesto Vásquez Rodríguez. En la valoración de la prueba, los jueces dieron por probado cada planteamiento de la Fiscalía a través de la evidencia que desfiló en el juicio. Ambos acusados fueron condenados a 22 años de prisión por el voto unánime de los tres juzgadores del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.

Uno de estos jueces era el ahora magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia Martín Rogel Zepeda, quien tiene un muy buen recuerdo del trabajo de ese entonces de los fiscales de la Unidad contra el Crimen Organizado, donde, dice, era plausible que cada investigador sabía qué debía probarle al juez. Según Zepeda, las relaciones de los hechos presentados siempre eran claras y precisas; y la evidencia que se presentaba estaba íntimamente relacionada con un determinado hecho.

“Ahora pasa mucho que se cree que son casos grandes porque se tiene un número desproporcionado de acusados y abundante prueba. Pero cuando uno la analiza detenidamente, uno se da cuenta de que se trata de prueba dispersa, que no termina de comprobar las hipótesis planteadas”, comenta Zepeda, quien ahora también forma parte de la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador.

Cada testigo propuesto se presentaba a declarar lo que expresamente abonaba a la investigación. Para Zepeda, era innegable que esa persona había sido trabajada con antelación por un fiscal para saber qué hacer en una vista pública. Para el juzgador, una ventaja era que se trataba de casos complejos pero manejables: había una docena de acusados, pero para cada quien se contaba con una investigación sólida. Eso lo respaldan las cifras, de casi 2,000 acusados, solo una veintena contaron una resolución absolutoria. Varios de ellos formaban parte de los procesos de la banda Tacoma Cabrera, una de las más grandes a la que enfrentó la unidad, con casi 100 componentes.

“Ahora pasa mucho que se cree que son casos grandes porque se tienen un número desproporcionado de acusados y abundante prueba. Pero cuando uno la analiza detenidamente, uno se da cuenta de que se trata de prueba dispersa, que no termina de comprobar las hipótesis planteadas”, comenta Zepeda, quien ahora también forma parte de la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador.

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El legado que no fue

“No podemos decir que cumplimos todas las misiones. Hay gente, como a la familia de Gerardo Villeda Kattán, a la que no podemos decirle eso. Cometimos errores”, afirma Allan Hernández, quien permaneció más de 20 años en la Fiscalía General y ocupó diferentes jefaturas tras salir de la Unidad Contra el Crimen Organizado.

Allan se lamenta frente a un caso polémico, en el que un niño de nueve años fue asesinado en medio de un operativo de las autoridades de seguridad. Pero el lamento podría extenderse ante el hecho de que la experiencia de la unidad no haya permeado al resto de la institución, una que todavía deja traslucir errores en su trabajo.

Para muestra, un botón: en el juicio por lavado de dinero contra Jorge Hernández y cuatro imputados más, se menciona a un testigo clave, al que se le nombra como Olimpo. Sin embargo, en la audiencia inicial del caso, los abogados defensores rieron al señalar que, en la misma relación de los hechos del requerimiento fiscal, se identificó, en un descuido, a la persona que brindó la información con nombre y apellido.

Uno de los pocos trabajos ajenos a los plagios donde la Unidad contra el Crimen Organizado utilizó su experiencia fue el que condenó a varios miembros de la banda de narcotraficantes del oriente del país: Los Perrones.

El caso no fue llevado por la unidad Antinarcotráfico, sino por la de Crimen Organizado, aquella donde estaban algunos de los miembros de la original Antisecuestros 2, como Rodolfo Delgado. La DECO se encargó de la tarea con respecto a la PNC.

En el trabajo fueron apoyados por las autoridades de la Dirección Nacional de Aduanas, donde ya fungía como titular Gustavo Villatoro y trabajaba en el área de investigaciones Daniel Martínez. Fue uno de los último remanentes de una unidad que dio resultados exitosos.

Las pandillas. Pandilleros incursionaron en las bandas de secuestradores a principios del milenio, como Dionisio Arístides Umanzor, cabecilla de la MS. Fue condenado por el secuestro y la muerte de Eduardo Álvarez.

Algunos de los fiscales consultados confluyen en apuntar que es posible que este no traslado de la experiencia a otras áreas de la FGR se debiera a un divorcio entre las unidades élite, vistas por Belisario Artiga, y las otras sedes fiscales, de las que se encargaban su fiscal general adjunto, Romeo Barahona, quien tras la salida de Artiga se convirtió en el titular de la institución.
Otra razón es que para ningún otro delito se destinaron recursos económicos semejantes. Apagado el fuego de los secuestros se creyó que ya todo el trabajo estaba hecho.
¿Podría replicarse la experiencia en crímenes como la extorsión y el homicidio, cometidos principalmente por pandillas? Para Rodolfo Delgado, quien hasta hace unos meses era asesor del fiscal general, se trata de dos realidades diferentes.

En una, la de los secuestros, se trataba de hechos cometidos en zonas geográficas determinadas, con un perfil de víctima y victimario limitado. En los días presentes todo es más difuso y casi cualquiera puede ser víctima y victimario. Para Delgado, sin embargo, sí hay elementos para replicar: mejorar el procesamiento de información a través de un mecanismo de centralización, que permita armar un rompecabezas todavía desconocido.

También el mejoramiento de redes de inteligencia sobre el terreno, donde se trate de obtener de las fuentes de información datos íntimamente relacionados con las investigaciones en proceso. Eso, abona Daniel Martínez, sería mucho más efectivo que la estrategia de choque tomada por el gobierno actual.

Gustavo Villatoro, por su lado, asegura que el camino tomado es uno de palos de ciego, sobre todo porque no se está atendiendo a la forma de la estructura que se combate. La de las pandillas, asegura, exige un esfuerzo coordinado, en el que una unidad de élite centralizada debería de encargarse de los programas, donde están los líderes con mayor peso de la pirámide; y las unidades del resto del territorio deben ir por las clicas. “Eso, que suena tan simple, nunca se ha hecho en El Salvador”, apunta.

Y Daniel Martínez, desde este restaurante de la colonia Escalón, recalca una de las principales necesidades de las que ha hablado desde que formaba parte de la FGR: la creación de una política criminal a largo plazo, en la que institucionalmente se establezca cuál es el camino a seguir: “No es un asunto de gobiernos, sino de Estado. Que los políticos se peleen por la economía, que se den verga. La seguridad es otra cosa. Ahora ves que están jugando con nuestra cabeza en la mesa de billar, con nuestros muertos”.

Vidalina contra el destino de pobreza

El orgullo. Varias mazorcas se secan al sol en el patio de Vidalina. Al fondo está su casa, que ha terminado de construir con su propio dinero.

Hace nueve años, la casa que ahora ocupa el centro de este terreno existía solo en sus sueños. Vidalina Pérez estaba embarazada de su sexto hijo, el último de un matrimonio que duró 20 años y terminó tiempo después de que su esposo decidió migrar a Estados Unidos, donde podría encontrar un empleo que multiplicara por mucho el dinero que ganaba como vendedor de refrescos. El mismo que serviría para construir su casa, un lugar para tener algo que llamar propio en el cantón El Jocotillo, San Francisco Menéndez, Ahuachapán, en el que habían vivido desde siempre. La levantarían sobre este terreno ubicado a unos pasos del río Paz, a unos cuantos metros de la frontera La Hachadura. Ese pedazo de tierra que todavía no era suyo, pero para el que ya habían pagado una prima de $100, prestados por el padre de la mujer.

Vidalina le dijo a su esposo que se quedara, que seguirían sobreviviendo como hasta entonces, trabajando aquí y allá. Pero estaba decidido. Trabajaría por los dos, para que ella se dedicara por entero a la crianza de los hijos. Cuando él ya estaba en Estados Unidos, al término del primer mes le envió $500. Era el cumplimiento de una promesa. Vidalina repartió esa suma en las necesidades más inmediatas: reforzar la champa provisional que servía para no estar a la intemperie, pagar la cuota del terreno, usar algo para la comida de ese mes, comenzar con la instalación del agua potable y con la colocación de los cimientos de su vivienda.

Pero la promesa fue un espejismo y, tras ese envío, ya nada supo de su esposo. El dinero recibido se terminó, con un cúmulo de obligaciones adquiridas ya encima. Vidalina decidió que haría lo de siempre, rebuscarse por un empleo en la zona o salir a vender cualquier cosa para ganar unos dólares. Sus hijas mayores le dieron una mano. Lo que ganaban, sin embargo, era apenas lo necesario para comer tortilla con algo encima, que cuando el tiempo se presentaba bueno eran dos huevos para siete personas. Si no, limón o sal.
Vidalina vive en el campo. Es, por tanto, una mujer rural, un segmento de la población históricamente marginado. Sobre todo en lo que a aspectos económicos y a la posibilidad de ganarse el pan se refiere. Según el informe específico sobre el tema presentado por el Instituto Nacional de la Mujer (ISDEMU) en 2013, para 2012 las mujeres solo representaban el 31.2 % de la Población Económicamente Activa (PEA) de la zona rural, la que, a su vez, solo contiene al 33.6 % del total nacional. Es decir que en todo el país solo una de cada 10 personas de la PEA es una mujer rural.

Toda una paradoja si se toma en cuenta un dato proporcionado por el mismo estudio, obtenido a través de talleres de consulta, en los que participaron 61 mujeres. Entre ellas, 39 contestaron que eran jefas de hogar, que su grupo familiar estaba enteramente a su cargo. Solo 11 aseguraron que contaban con la ayuda de una pareja para hacerlo de manera conjunta. Otras 9 respondieron que era su esposo el que capitaneaba el barco.

Según el observatorio de género de la Dirección Nacional de Estadística y Censos (DIGESTYC), para 2016 la brecha salarial entre hombres y mujeres en la zona rural era del 18.7 %. Es decir que si un hombre gana $150 por una actividad, a una mujer le corresponden $120. Si se toma en cuenta que la mayoría son jefas de hogar, se torna importante que se brinden facilidades para los emprendimientos personales.

Otro tanto ocurre en cuanto a los ingresos percibidos. Según el observatorio de género de la Dirección Nacional de Estadística y Censos (DIGESTYC), para 2016 la brecha salarial entre hombres y mujeres en la zona rural era del 18.7 %, es decir que si un hombre gana $150 por una actividad, a una mujer le corresponden $120. Si se toma en cuenta que la mayoría son jefas de hogar, se torna importante que se brinden facilidades para los emprendimientos personales, donde ellas puedan tener un mayor control sobre sus ingresos.
Y como mujer rural, Vidalina ha tenido que lidiar con estas realidades. Y hace nueve años a ellas se sumaban la partida de su esposo y la adquisición de varios compromisos económicos. Una de las pocas salidas que encontró fue un programa de créditos en el que ya participaban algunas de sus conocidas, gestionado por la Asociación Salvadoreña Pro-Salud Rural (ASAPROSAR), en el que una mujer como ella, sin nada realmente propio, con seis hijos bajo su cargo, podía ser sujeto de un préstamo.
Este, sin embargo, no estaría exento de garantías, aunque estas se depositaban no en documentos o propiedades, sino en la misma comunidad. El esquema es simple: en una localidad se busca a por lo menos cinco mujeres que confíen la una en la otra. Con ellas se conforma un grupo. Este grupo después se integra a un centro, que está a cargo de un coordinador, empleado de la entidad prestamista.

La garantía está en que se trata de créditos solidarios: todo el grupo responde por el crédito de cada una. Si una de las socias no paga, las demás deben cubrir esa cuota faltante de su propio dinero. Por eso, solo ingresa al programa alguien que las demás mujeres están seguras de que pagará, que no terminará por dejarles un problema.

El primer crédito que Vidalina recibió fue de $100, que tuvo que cancelar en 13 catorcenas con cuotas de $11: $143 en total, $43 más que el capital recibido. Puede sonar a mucho, pero en el mundo de los microcréditos es lo estándar, según Mabel de Soundy, especialista de inteligencia de mercadeo del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL). Esto es porque una operación de este tipo tiene diferentes costos fijos, como la infraestructura o el pago de los empleados encargados de cobrar el dinero.
“Los mismos costos genera el cobro de un crédito de $100 que uno de $1 millón”, ilustra Soundy. La ONG de investigación financiera Microfinance Information Exchange fija el costo promedio para administrar un préstamo en Latinoamérica, independientemente de su monto, en $172.

El negocio. Vidalina arroja una tortilla a la plancha en su puesto ubicado a unos cuantos metros de la frontera La Hachadura, en San Francisco Menéndez, Ahuachapán.

Con los $100 que le prestaron, Vidalina compró primero maíz negro, maíz blanco, semilla de ayote, frijol y sal en cantidades suficientes para vender atol shuco todos los días por al menos un mes. Compró una olla y pudo adquirir el carretón que antes tenía que alquilar. También compró verduras del lado guatemalteco que revendió en el lado salvadoreño con una interesante ganancia gracias a una curiosa diferencia de precios: si en El Salvador un güisquil cuesta $0.50, al cruzar la frontera se puede adquirir a 1 quetzal, cuatro veces menos.

Eso le permitió juntar suficiente dinero para salir con todas sus obligaciones, incluyendo el crédito, y continuar con la construcción de su casa. El resultado fue mejor de lo esperado. Desde entonces y hasta ahora, Vidalina ha sacado un crédito con la misma entidad cada seis meses. El último que recibió fue de $700. Por este deberá cancelar 13 cuotas de $72, un total de $936.
Este día de octubre de 2017, Vidalina ha regresado a su casa tras pasar varias horas palmeando tortillas. Es delgada y camina siempre erguida, moviendo poco los brazos, en una imagen de rigurosa vitalidad. Tiene 45 años, pero aparenta mucho menos. Abre la puerta y cruza el umbral en medio de sombras. Cuando estas se disipan, se puede ver el interior de su casa, el sueño cumplido de Vidalina: un sillón viejo pero limpio hasta el menor hilo, una televisión de pantalla convencional, un pequeño equipo de sonido, varias sillas y una mesa de plástico. A un lado está el cuarto donde duermen ella y sus dos hijos más pequeños, de nueve y 14 años, los únicos que todavía viven a su lado. Esta casa es su gran orgullo.

“Cuando me quedé sola, yo creí que no lo iba a poder lograr. Pero ya ve, ya hasta tengo agua y luz”, dice Vidalina. Ahora no es capaz de decir cuánto fue la inversión final en materiales para su casa, pues la mano de obra la hizo su hermano, que le cobró $150 por todo el trabajo. Haciendo cuentas, asegura que quizá la suma final fue de unos $4,000. A eso también se le agrega el pago de agua, la conexión de su casa a las tuberías del servicio de agua potable, que fija en unos $1,400.
—Vidalina, ¿cuál es su ganancia mensual?
—Unos $90. Con eso la vamos pasando. Uno de pobre con poco se conforma. Yo eso tengo, que soy algo conformista –dice, mirando de reojo sus pies, esta mujer que, como otras en El Salvador, ha sido sometida a un ciclo diseñado para impedir su desarrollo: cuando tenía solo 16 años, su pareja, de 30 años, la embarazó de su primera hija; nunca estuvo en un salón de clases y no aprendió a leer; ha trabajado desde niña para poder llevarse un trozo de comida a la boca.

Noventa dólares son el dinero que le queda después de apartar los $72 que ahora desembolsa cada mes con respecto a su préstamo de $700. Es algo que disciplinadamente aparta. Está, por tanto, dentro de los gastos fijos de su negocio. Otros $90 sirven para pagarle el sueldo mensual a su empleada, a quien ahora ha dejado palmeando tortillas en su puesto fijo, otra conquista para ella, ubicado a unos 50 metros de su hogar.

Desde ahí puede dedicar toda la mañana a producir tortillas, en una jornada que va desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Tras ello descansa dos horas para volver a ese rincón y quedarse hasta las 7 de la noche haciendo pupusas y otros bocadillos.
—Pero no se imagina lo liviano que siento ahora que ya no tengo que pagar la letra del terreno o la de la paja de agua. Que ya he podido tener las cosas a mi nombre –comenta Vidalina, angustiada porque el reloj casi llega a las 12 de la tarde y ha dejado a su empleada sola en su puesto fijo. Es hora de volver a trabajar.

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El modelo de microcréditos solidarios utilizado por la entidad que le dio el préstamo a Vidalina Pérez no nació en El Salvador. Proviene de Bangladesh, país asiático de 163 millones de habitantes. Fue creado en los setenta por Muhammad Yunus, ganador del premio Nobel de la Paz en 2006. El esquema ha echado raíces en casi todos los países del mundo, como una posible forma de superar la pobreza en naciones en desarrollo.

Pero no ha estado exento de críticas. Milton Friedman, premio Nobel de Economía, señaló que no se trata de una respuesta integral a los problemas, pues, en la práctica, al tratarse de cantidades muy pequeñas, los fondos otorgados terminaban convirtiéndose en “recursos para la supervivencia”

“No es un instrumento adecuado para los pobres porque el endeudamiento hace que las personas vulnerables lo sean más. Esto no quiere decir que proporcionar recursos financieros no sea importante, pero debe ser a la población que tiene unos mínimos vitales cubiertos”, aseguró el experto, fallecido en 2006.

La familia. Vidalina es la madre de seis hijos. El más pequeño de ellos va a tercer grado, al que le ha podido brindar una casa sólida en un trozo de tierra propio tras esfuerzos y privaciones.

Algo parecido opina Silvia Juárez, coordinadora del Departamento de Violencia de ORMUSA, quien señala que este tipo de iniciativas solo tendrán verdadero impacto si van acompañadas de otras medidas que combatan el problema estructural. Aunque aplaude el entramado solidario y comunitario que han podido generar entidades como ASAPROSAR, que han permitido que mujeres a las que antes la presión del esposo ni siquiera las dejaba intentar emprender un negocio hoy sí lo puedan realizar, la respuesta todavía se queda corta.

“Hay que ponerse a pensar en cuántas mujeres han logrado destacar y generar ingresos más allá de la sobrevivencia, cuántas realmente han logrado cambiar sus condiciones de vida en el país a través del tiempo… Además, casi nunca se utiliza para cuestiones realmente productivas, como el campo, sino que las mujeres están mayormente concentradas en la comercialización”, comenta Juárez.
Mauricio Choussy, expresidente del Banco Central de Reserva y analista económico, opina de otra forma. Para él, en El Salvador rural de la actualidad, este tipo de financiamientos significa la única salida para personas con pocos recursos, pues permiten iniciar emprendimientos, una respuesta al hecho de que el empleo formal en el campo es escaso y, cuando hay, casi siempre está dirigido al hombre. Para él, todo microcrédito debe ir aparejado con un componente de capacitación.
“El problema no está en endeudarse, sino en hacerlo de manera irresponsable”, sentencia Choussy.

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Ventas. Una residente de San José la Majada, Verónica Marroquín, se dedica a la venta de tamales. Es una de las 3,500 mujeres que actualmente reciben créditos de ASAPROSAR.

El Gobierno nacional no había tenido un programa referido específicamente a financiamiento para mujeres pobres sino hasta hace un año. Lo ha hecho a través del programa FONDO MUJER, una alianza entre el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), la Secretaría de Inclusión Social, la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo y la Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres).

Esta marimba de nombres y siglas, según lo explica Mabel de Soundy, especialista de Inteligencia de Mercadeo de BANDESAL, produjo un programa que consta de dos partes: una, los fondos entregados para emprendimientos, que en su primer año fueron de más de $125,000; la segunda, un fondo de garantía, que era el que en la práctica respaldaba a aquellas mujeres a las que, por no poseer nada, les era imposible contar con una garantía financiera.

El proyecto tiene otros elementos: la primera parte la desarrolla la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), que durante tres meses brinda capacitaciones a las mujeres sujetos de crédito en diferentes aspectos de un emprendimiento: desde la manera correcta de calcular los costos reales de un negocio hasta la elección de un rubro determinado para el emprendimiento, que tenga esperanzas de rendir frutos según la zona geográfica donde se desarrolle. Una de las partes esenciales de la metodología es que se aprenda a realizar un presupuesto riguroso que se ha de cumplir a rajatabla media vez se reciban los fondos.
Sin embargo, los alcances de FONDO MUJER todavía están por verse, pues en su primer año los fondos se repartieron en solo 76 créditos, que iban de los $300 a los $5,000.

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Cinco mujeres se han reunido en la casa de Ana Paula de Morales, de 82 años, una de las mujeres con más edad de las que han recibido un crédito de ASAPROSAR. Cada una cuenta con un pequeño emprendimiento, que casi siempre se trata de una venta de alimentos, ropa o joyería. Unas gotas de gasolina para una economía antes animada por el café. Este grano, que en otro tiempo constituía la mayor parte de los ingresos de esta comunidad en San José la Majada, Juayúa, solo representa un dinero extra en la época de corta, la que va de noviembre a febrero, en la que cada una participa.

Las nuevas tecnologías para el procesamiento de café, comentan, han dejado a muchos sin la fuente de sustento que antes tenían en la famosa cooperativa de San José la Majada. Por eso, dicen, octubre representa el final de los meses más críticos en lo que a ganar dinero se refiere.

Solo una de ellas estudió hasta sexto grado, Norma Villeda, quien dice que no continuó en el proceso porque su padre considera que a “una hembra no se le da mucho estudio”. Ahora ella vende de todo un poco: sandalias, blusas, comida en las tardes, chocobananos y charamuscas.

“Sin el préstamo quizá no haríamos nada”, dice Ruth Nohemy Valencia, nuera de Ana Paula, quien junto a su suegra ha logrado surtir de más productos la tienda que dirigen. El resto de mujeres asiente a su afirmación, al tiempo que muestran la manera en la que se ordenan para lograr salir con el pago del préstamo: una libreta donde está reflejada cada cuota y el día específico en que ese dinero debe ser entregado en la caja de crédito de San José la Majada, que colabora con ASAPROSAR dándole un local para depositar el cobro del dinero. Las mujeres, además, tienen una cuenta de ahorro solidaria: todo va a un fondo común del que pueden hacer uso en conjunto o individualmente, previa autorización del resto de miembros.

El grupo. Norma Villeda, María Grande, Emma Paula de Morales, Ana Díaz y Nohemy Valencia, del centro La Colina de ASAPROSAR. 

 

En esta foto, una de las libretas con las que ordenan sus pagos.

María Grande, una de las más participativas de esta especie de mesa redonda, ejemplifica en sí misma aquellas palabras de que la mujer rural debe cumplir múltiples jornadas en el día para lograr unos ingresos dignos a fin de mes. “Yo de casi todo puedo, lo único que no es descumbrar los palos”, comenta.Sin embargo, Grande ha logrado romper con uno de los esquemas más recurrentes en el área rural del país: el hecho de que a las mujeres, históricamente, se les ha negado la posesión de la tierra. Gracias a sus ahorros, su esfuerzo y un crédito pudo adquirir un pequeño terreno que, antes de que ella lo tomara, estaba ocioso. En este, ella y su grupo familiar han comenzado a sembrar café.
—¿Cuánto espera ganar con el terreno?
—No le podría decir. No hemos cortado una sola vez todavía. Ojalá que en unos tres años los palitos nos puedan dar un par de quintales –asegura Grande, con la voz envuelta en seguridad.
El de María es un caso excepcional que también se demuestra mediante los números. Según el informe “Situación de las mujeres rurales salvadoreñas en el ámbito económico” del ISDEMU, solo el 14.6 % de los propietarios de la tierra en el área rural de El Salvador son mujeres.

“¿Cuánto espera ganar con el terreno?” “No le podría decir. No hemos cortado una sola vez todavía. Ojalá que en unos tres años los palitos nos puedan dar un par de quintales”, asegura Grande, con la voz envuelta en seguridad. El de María es un caso excepcional que también se demuestra mediante los números. Según el informe “Situación de las mujeres rurales salvadoreñas en el ámbito económico” del ISDEMU, solo el 14.6 % de los propietarios de la tierra en el área rural de El Salvador son mujeres.

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El producto. Nohemy Valencia muestra las charamuscas que han hecho famosa la tienda que maneja junto a su suegra, Emma Paula de Morales. El programa de créditos tiene 23 años.

Vidalina camina con energía de su casa a su puesto y cada tanto debe detenerse para anotar uno que otro pedido. Mientras avanza, afirma que tener $90 libres a final de mes en esta zona del país es mucho mejor que trabajar, por ejemplo, en uno de los muchos comedores o comercios cercanos a la frontera. En efecto, según afirman algunos trabajadores, tras una serie de descuentos, que incluso tienen que ver con su desempeño, el sueldo base no pasa de los $70 en jornadas que superan las 12 horas. En El Salvador, un país con tantas carencias, incluso ganar un sueldo mínimo sigue siendo un lujo inalcanzable para un sector de la población.

Vidalina ya tiene su casa, su sueño de siempre. Por eso, se le cuestiona sobre lo que sigue, cuál será su próxima conquista. La primera corresponde a la educación de sus hijos menores, de 14 y nueve años: quiere que sean los primeros de sus retoños a quienes pueda asegurarles una formación por lo menos hasta bachillerato, aprovechando que en la escuela de la localidad es muy posible que el otro año se incluyan estos cursos.

La segunda es seguir mejorando el lugar donde vive, un terreno amplio que le ha dado espacio para acondicionar, incluso, un gallinero.

“Quizá lo otro es hacer mi muro. No sé, por lo menos dos hiladas de block y lo demás de tela metálica. Ya va a ver qué bonito me va a quedar”, comenta Vidalina, con los ojos llenos de ilusión.