Los hijos aún quieren huir

Sara

Sara habla con voz baja desde que el problema sucedió. A veces articula las palabras, pero de su garganta no sale ningún hilo de voz. Eso pasa cuando menciona el nombre de la pandilla que amenazó a su hijo y cuando acepta que sí, que aunque ya pasó un año, aún tiene miedo.

No se llama Sara, pero la condición para dar su testimonio fue que no se revele su nombre real ni su ubicación. El problema, como ella lo llama, fue un ultimátum a Carlos, su hijo menor. A raíz de eso, perdió su trabajo y la casa que se disponía a comprar. Ahora ha vuelto al pueblo del cual salió hace años buscando una mejor vida. Desde ahí intenta sobrevivir cosiendo, pero en la zona también hay pandilleros y su hijo ha tomado una decisión: el muchacho de 19 años migrará a un país que no conoce, donde una persona –a quien tampoco conoce personalmente– le ha ofrecido casa.

El caso de esta familia es uno de tantos que no han sido denunciados ante la Policía Nacional Civil (PNC) por temor a que se filtre información. Sara solo denunció su situación ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que, en los primeros seis meses de este año, recibió 85 denuncias de desplazamiento forzado. En esos casos, 263 personas huyeron de sus hogares.

Esa cifra, sin embargo, puede ser débil para representar la magnitud del problema. Por ejemplo, el Informe Global de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para los Refugiados calculó que 296,000 salvadoreños sufrieron desplazamiento debido a conflicto el año pasado.

Del fenómeno se tienen datos y cálculos, pero gubernamentalmente no se admite. La PDDH cita un estudio en el que se sostiene que el 4.9 % de los hogares salvadoreños cambiaron su lugar de residencia “como producto de la violencia e inseguridad pública” hace dos años. Beatriz Campos, la procuradora adjunta para Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana de dicha institución, lo resume en pocas palabras: “Para el Gobierno, reconocer que hay desplazamiento por pandillas es como decir ‘bueno, no somos suficientes para controlar el territorio, ni siquiera eso’”.

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EL ORIGEN DEL PROBLEMA

Carlos tenía 17 años, estudiaba bachillerato y tenía novia. Vivía en un municipio controlado por pandillas y, hasta entonces, no había tenido ningún problema con los pandilleros de su misma edad.

“Mi otro hijo me contó que Carlos tenía una novia. ‘Está bueno –dije yo–, está en la edad de tener novia’”, cuenta Sara, su madre. Hasta el año pasado, ella trabajaba en ventas de un negocio en San Salvador. Normalmente salía de su casa temprano y regresaba hasta pasadas las 7 de la noche. Con su trabajo, asegura, tenía ingresos de $500 mensuales.

Debido a la inseguridad de la zona, el alquiler de la casa era de $40, y la madre de familia había iniciado pláticas con la dueña para comprarla por $11,000. Sus dos hijos estudiaban bachillerato, ella descansaba los domingos y, a pesar de las pandillas en la colonia, la vida para los tres pintaba bien. “Tenía una vida bastante tranquila”, alcanza a decir antes de que se le corte la voz por el llanto.

Una noche de abril del año pasado, cuatro muchachos de la edad de sus hijos tocaron la puerta de su casa y exigieron entrar. Ella sabía que eran pandilleros. Entraron a la sala y no se fueron hasta media hora después.

Dijeron “que mi hijo andaba con la mujer de un marero… ella no se ve así, como que fuera de ellos, pero sí, quizá se relacionaba mucho con ellos. Se querían llevar a mi hijo. Yo me humillé. Negocié con ellos. Llegaron a una opción, gracias a Dios, de que teníamos que irnos o si no, lo iban a matar”, dice Sara.

A la mañana siguiente llovía, recuerda Sara. Se preparó como si fuera a trabajar, tomó su cartera y salió a las 5 de la mañana. A su lado venía Carlos, su hijo menor. Era su huida, pero no cargaba ninguna maleta. Querían aparentar normalidad. Sara subió a su hijo en un bus y le dio la instrucción de no bajarse hasta el final del recorrido. En el otro punto, la tía de Carlos lo esperó y lo acomodó en este pueblo en el que se reubicaron.

Sara llegó a su trabajo para decir que tenía que irse y volvió a su casa. Consiguió un camión y ahí metió unas camas, la ropa, la refrigeradora, la cocina, unos sillones, unos adornos y flores de plástico. Cuando ella abandonó la casa de San Salvador, cuenta, unos siete mareros de la Mara Salvatrucha estaban custodiando: “Ellos incluso hablaron con el motorista, que para dónde iba. Y él les dijo ‘va para unos pasajes más arriba’, pero era mentira. En la casa quedaron unas mesas, quedó una cama porque ya no cabía, ni modo”.

Sara se subió al camión y se propuso no volver a ese lugar. “Salimos por otra calle que siempre va a salir a la principal. Ellos están al tanto de todo lo que está pasando en la colonia. Yo sentía como que nos iban siguiendo”.

Cuando llegaron al pueblo, Sara sintió un poco de calma. Pero durante el primer mes, sus hijos decidieron encerrarse y no salir. La ilusión de encontrar la paz no ha sido duradera. Después de un año, Carlos busca huir de nuevo.

Iniciativa productiva. Sara ha sido apoyada por una organización para montar un negocio y poder tener un ingreso económico después del desplazamiento forzado.

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ORGANIZACIONES RESPONDEN ANTE UN ESTADO AUSENTE

“Lo ideal sería que las instituciones del Estado actuaran, pero no. Lo que hacemos es que nos ayuda el Comité Internacional de la Cruz Roja, Cáritas, Cristosal. Ellos evalúan dónde les dan albergue inmediato. Como procuraduría, no tendríamos que activar tanto a las organizaciones, pero en la práctica se nos ha dificultado. Las organizaciones están bien posicionadas y son las que nos dan, a veces, más respuesta que el Estado”, reconoce la procuradora adjunta para Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con cifras de la PDDH, desde enero hasta junio de 2018, la institución contabilizó 283 víctimas de desplazamiento forzado interno. Dentro de estas personas, el grupo que más fue desplazado fue el de mujeres adultas de 19 a 41 años. El departamento en el que más denuncias se recibieron fue San Salvador, con el 60 % del total de casos.

Sara contó su caso en la PDDH y ahí la refirieron a Cristosal. Esa organización cuenta con un programa piloto para apoyar negocios de víctimas de desplazamiento forzado. La idea es ayudar a que las personas desplazadas puedan desarrollar un sostén para integrarse a las comunidades de manera productiva.

Eloisa Lara, la coordinadora de este programa, explica que Cristosal apoya con capital semilla: “No tenemos un tiempo definido de apoyo. Medir soluciones duraderas no es algo que vamos a lograr de la noche a la mañana bajo todas las condiciones de violencia de El Salvador. Las soluciones duraderas son un proceso complejo y largo en el cual nosotros vamos acompañando a la familias por, al menos, un año”.

Sara recibió una máquina de coser y, como ya sabía usarla, le enseñó a su hijo mayor cómo hacer cojines para poder tener algún ingreso económico. Por ahora, el modelo de negocio no es suficiente para sostenerse. Por ejemplo, ahora tiene en su casa un encargo de 50 cojines celestes por los que tendrá $100 de ganancia. Ella y su hijo han trabajado un mes en ese encargo.

Sara y sus hijos huyeron de San Salvador hace un año, pero no han estado libres de la delincuencia. Además del desarraigo, el costo de la huida ha sido alto. “Voy a vender a los cantones y hace poco, en el bus, me robaron producto valorado como en $150”, cuenta. Y si el año pasado pagaba $40 de renta, el alquiler de la pequeña casa de un cuarto en la que ahora vive con sus hijos es de $110 al mes.

Cifras de la procuraduría indican que, de cada 100 personas que se encontraban trabajando al ser desplazadas, 42 se vieron obligadas a “dejar el empleo o la microempresa que tenían. Es decir, junto con la vivienda, abandonaron sus medios de vida y, como resultado, su condición económica empeoró”.

Además, el desplazamiento supuso que sus hijos dejaran de estudiar el bachillerato. El Observatorio 2017 del Ministerio de Educación reportó que, en al menos 683 centros escolares se registraron casos de estudiantes que dejaron de asistir a clases por la presencia de maras en la zona del centro de estudios.

Lo ideal sería que las instituciones del Estado actuaran, pero no. Lo que hacemos es que nos ayuda el Comité Internacional de la Cruz Roja, Cáritas, Cristosal. Ellos evalúan dónde les dan albergue inmediato. Como procuraduría, no tendríamos que activar tanto a las organizaciones, pero en la práctica se nos ha dificultado. Las organizaciones están bien posicionadas y son las que nos dan, a veces, más respuesta que el Estado”.

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CAMBIAR DE LUGAR NO ES SUFICIENTE

—¿Acá no hay problemas de pandillas? –se le pregunta a Sara en un día lluvioso.
—Fíjese que es lo mismo aquí. Carlos no salía, hasta hace poco. Pero pasó un mes en que solo en la casa pasaba, hasta que empezó a buscar trabajo porque hay que salir adelante. Tenemos presencia de pandilleros aquí cerca. Hace poco Carlos venía ya como a las 8 de la noche y ellos estaban fumando allá arriba. Lo pararon y le preguntaron que por qué no lo habían visto, y él les dijo que trabajaba en la alcaldía y le han dicho que lo van a investigar”.

Carlos dio esa respuesta porque logró ser aceptado como aprendiz en un taller de la alcaldía de ese pueblo. El muchacho no recibió amenaza, pero ese mensaje fue suficiente para que la familia se sienta vulnerable de nuevo.

“Ahí está que mi hijo me dice que se va a ir. Dice que ya no quiere estar acá. Tengo una amiga que tiene una hermana en el extranjero. Ella me lo va a recibir. Lo que más quisiera es que ellos estén bien. Poder sacarlos de acá y que ellos puedan tener libertad de decir ‘voy a ir aquí’, ‘voy a ir allá’, sin pensar que les puede pasar algo”, cuenta Sara con amargura.

“Las soluciones duraderas para personas desplazadas se alcanzan a través de su integración comunitaria”, asegura Mauricio Quijano, director de Desarrollo Comunitario de Cristosal.
Brindar “soluciones duraderas es responsabilidad del Estado. Tal responsabilidad se manifiesta a través de la presencia territorial de las instituciones estatales, proveyendo acceso a servicios. Restituir los derechos de las personas desplazadas en comunidades de acogida requiere de la promoción de ambientes favorables para el ejercicio de dichos derechos”. Un ambiente que aún no han encontrado ni Sara ni sus hijos.

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LA REUBICACIÓN QUE FALLÓ

En julio de este año, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reconoció que el problema del desplazamiento forzado interno existe ,y ordenó al Ejecutivo que hiciera lo mismo y tomara medidas de protección para las víctimas. Esta resolución de la sala se dio tras la solicitud de un amparo en el que 33 personas de un grupo familiar dijeron haber sido víctimas de un sinfín de tipos de violencia en El Salvador.

Un hombre, identificado con la clave Demandante 2, declaró ante la Corte que los miembros de su familia vivían en un área de Ciudad Delgado dominada por pandillas.
“En 2016, la cosa se puso caliente”, se escucha decir al hombre en un video. “Extorsionaron todos los negocios, mataron al que vendía tortillas en la comunidad. Mataron al hijo del señor que vendía gas y a su papá lo balacearon. A la señora del chalet de la tienda la balacearon. De ahí mataron a un sobrino de mi primo”.

Pérdida de trabajo. Un estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos indica que el 42.5 % de los desplazados se vio obligado a dejar su empleo en el período de abril de 2016 a mayo de 2017.

Luego, la violencia lo tocó de manera directa. Dos de sus familiares pertenecen al ejército y una de sus hermanas fue violada junto con su hija de 12 años. Los pandilleros, de acuerdo con la declaración, amenazaron con matarlas si no entregaban a sus hermanos militares.

Con todo esto en la cabeza, el Demandante 2 decidió coordinar el traslado de su familia hacia Berlín, Usulután. “Un mes y medio después ya habíamos hecho el rancho de lámina”, se le escucha decir. Pero el lugar al que se desplazaron se convirtió en otra estación de su vía crucis.

En el video, el hombre explica que, llegado diciembre, la comunidad organizó una fiesta frente a la casa informal que recién había construido. “Estaban enfrente de nosotros las luces, la discomóvil, todo el show y la gente contenta. Todo bello. A las 10:30 fue el parón de luces y de sonido. Pum. Y el gran caos y la gritadera”.

El Demandante 2 asegura que policías llegaron y realizaron un operativo en busca de pandilleros. Luego, su madre salió a observar qué sucedía.

“Cuando mi mamá venía saliendo, se oyeron los disparos. Mi mamá gritó y yo le dije ‘no, tranquila, mamá, no me han baleado a mí’. ‘Hijo, me balearon’, me dijo. Yo la alumbre y cuando la vi, su pantaleta blanca estaba empapada de sangre. Mi hermano la agarró. Mi papá le daba boca a boca respiración. ‘¿Qué han hecho?’, le dije yo. En el baile pregunté quién disparó. ‘Los policías dispararon’, dijeron en la comunidad”.

Este caso que ilustró la violencia de El Salvador sirvió para que la Corte Suprema de Justicia se convirtiera hace solo cuatro meses en la segunda institución pública en reconocer este fenómeno.
“No se encuentra razón para dudar del declarante, pues no se ha aportado al proceso prueba que ponga en duda su credibilidad o la confiabilidad de la información que proporcionó”, razonó la Sala de lo Constitucional al respecto.

La sentencia indicó que “los integrantes de su grupo familiar han sido víctimas de desplazamiento forzado, en un primer momento, como consecuencia del acoso y de graves atentados que pandilleros del Barrio 18 efectuaron en su contra y, en un segundo momento, por un hecho de violencia no investigado ni esclarecido que involucró a agentes de la PNC y provocó el fallecimiento de la madre del demandante”.

Las personas identificadas como víctimas y demandantes en este amparo ya lograron irse de El Salvador. Su intento de reubicación dentro de su propio país terminó en un homicidio que aún no ha sido esclarecido.

La sala estableció que la Asamblea Legislativa había fallado al no actualizar normativa para la atención de estas víctimas, así como señaló fallas del sistema policial y fiscal. Además, ordenó que se tomen medidas para proteger urgentemente a las familias que huyen por la violencia.

En la práctica, las órdenes de la Corte son solo palabras sobre papel. La procuradora Beatriz Campos lo reconoce así: “Las ONG están supliendo, aunque no debería ser así. Y ahí nuestro principio se va un poco por la borda porque queremos que el Estado asuma, pero no tiene cómo, por más recomendaciones que se hagan y por más que la sentencia esté vigente”.

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UN PROBLEMA SIN ESTADÍSTICAS CLARAS

“Hay personas que dicen claramente que no quieren denunciar ante la PNC o la Fiscalía. Pero nosotros registramos el caso”, sostiene Campos. También otras organizaciones llevan sus propias estadísticas. De enero a septiembre, Cristosal ha registrado 115 casos de desplazamiento forzado. En promedio, 12 por mes. En el 68 % de los casos, las víctimas han decidido no interponer denuncia ante el Estado.

“Existen varios factores que no hacen posible en este momento un cálculo con alto nivel de precisión del número de desplazados. Dentro de ellos se destaca el carácter invisible del desplazamiento. La visibilidad podría significar ser detectados y ser de nuevo víctimas de la violencia”, se puede leer en un informe del año pasado de la Procuraduría.

Si no hay denuncia formal, ¿cómo se sabe que los casos son reales? Cuando esto se le cuestiona a la procuradora Beatriz Campos, ella responde que las personas que llegan a la procuraduría se presentan en situación límite y, en ocasiones, en crisis nerviosas. Ella recuerda que predominan los grupos familiares en los que hay jefa de hogar con hijos y nietos. “Cuando la gente viene, no creo que estén fingiendo ni estén haciendo ninguna especie de histrionismo. Vienen con sus cosas, vienen con su grupo familiar”.

De una muestra de 138 casos de desplazamientos estudiados por la procuraduría, las principales causas para desplazarse fueron las amenazas de muerte y el intento de homicidio. A pesar de que estas acciones constituyen delitos que pueden ser denunciados ante las autoridades, las personas entrevistadas por la institución revelaron los motivos principales por los que no denuncian: por miedo a represalias y por desconfianza en las instituciones.

La desconfianza no es gratuita. “La mayoría de estos casos son provocados por pandillas, pero hay cinco denuncias de este año en los cuales las causales de desplazamiento son provocadas por agentes policiales, o sea, es una violencia institucional”, señala Campos desde su oficina en una tercera planta de San Salvador.

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LA PARTIDA

A mediados de este octubre, miles de personas salieron juntas de Honduras con destino a Estados Unidos. Los medios han nombrado al grupo de personas que avanza a pie en la Caravana de Migrantes. Se calculan entre 3,000 y 7,000 personas las que se juntaron para realizar un éxodo masivo del país centroamericano. Una página de Facebook llamada El Salvador Emigra por un Futuro Mejor ha convocado a salvadoreños a salir en grupo hacia Estados Unidos este domingo por la mañana.

Irse lejos de El Salvador es también el deseo de algunas de las personas que han sido sacadas de sus casas. Cristosal analizó 226 casos de desplazamiento forzado ocurridos entre 2016 y marzo de este año. La conclusión a la que llegaron tras el estudio es tajante: “El 89 % de las familias que entre sus miembros tienen a un niño, adolescente o joven tiene la intención de migrar”.

Entre las instituciones estatales, este no es ningún secreto. Las víctimas de este problema no cuentan con medidas de protección suficientes y algunas se ven obligadas a tomar decisiones radicales, como la migración irregular. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos afirmó el año pasado que “el Estado mantiene un rol (marginal y) omitido y pasivo en la problemática del desplazamiento interno, a pesar de que la atención a las víctimas es responsabilidad prioritariamente de los Estados en donde ocurre”.

“Vámonos, mamá, hagamos vida en otro lado”, cuenta Sara que sus hijos le han dicho. La pequeña familia ha planificado que Carlos sea el primero en partir solo.

Medio de subsistencia. Sara espera, con la venta de su producto, recuperarse económicamente después de que su hijo fue amenazado de muerte.

Restaurantes de EUA acusados de explotar a hispanos

Sin opción de denuncia. Hay restaurantes que utilizan agencias de empleo para hallar trabajadores mexicanos a quienes les pagan menos del salario mínimo y explotan con horarios que sobrepasan las normas.

Una tarde de un lunes de agosto, poco después de que el Parque Memorial Ping Tom de Chicago cerró a las 10 de la noche, un grupo de hombres se acomodaba para pasar la noche. Algunos eran de Guatemala, otros de México y había un ciudadano estadounidense. Bromeaban, debían cerveza y se relajaban, algunos recostados en colchones sin sábanas, otros tirados en muebles viejos entre varios carritos de supermercados.

Los focos de un campo de béisbol cercano iluminaban parte del campamento y permitían ver botellas y cartones. El río Chicago está a un paso y a la distancia relucían los rascacielos de la ciudad.
Escondidos entre los árboles, detrás de unas vías, cerca de un muro de cemento, viven estos hombres, “debajo del puente”. Conductores y transeúntes que pasan por allí probablemente ni se dan cuenta de que esta gente está allí, y duerme debajo de ellos, ni de que muchos de estos hombres son la misma gente que corta sus vegetales, limpia los pisos y lleva comida a los bufés de los restaurantes asiáticos del centro del país.

José Luis Ruiz, de 39 años, de Michoacán, México, descansa sobre un colchón en el que pasará la noche, jugando con su teléfono. Encontró su primer trabajo en un aviso de un diario que buscaba lavaplatos. Ofrecía vivienda.

Dijo que trabaja en restaurantes chinos de todo el centro del país, de 12 a 13 horas diarias y gana $2,000 por mes. Cada vez que consigue un nuevo trabajo, le paga una comisión a una agencia de empleo. Ruiz y otro hombre que pidió no ser identificado afirmaron que ganan menos que el sueldo mínimo y que no les pagan horas extras en los restaurantes chinos de la zona limítrofe entre Wisconsin e Illinois.

El segundo hombre, que sigue trabajando en esto, declaró durante una entrevista de finales de septiembre que le pagan en efectivo, por lo que no hay registros de los sueldos ni de las horas trabajadas. Dijo que sus supervisores lo tratan bien y le dan una vivienda decente, pero que el sueldo es muy bajo.

Durante un descanso mientras limpiaba pisos en un restaurante de Waukegan, Illinois, el individuo afirmó que los inmigrantes sin permiso de residencia no tienen muchas alternativas. “¿Qué podemos hacer?”, preguntó. No fue posible hablar con el propietario del restaurante.

Ruiz, por su parte, dijo que planeaba levantarse temprano para tomar un tren de Amtrak hacia Detroit, donde tenía una entrevista para trabajar en un restaurante.

“Este trabajo no me ha rendido”, dijo Ruiz. “Trabajamos, pero a veces nos tratan mal. No echan a patadas, pero no tenemos otras opciones”.

Describió como “miserables” las condiciones de vida que ofrecía uno de los dos restaurantes de Illinois de la demanda. Hasta 15 empleados “habitaban un departamento de tres dormitorios y un solo baño, sin muebles, con excepción de colchones sucios, que los mismos empleados encontraban en un vertedero de la zona”. Los fiscales afirman que las agencias y los restaurantes “en forma conjuntan fijaban sueldos para los empleados latinos que llegaban a los $3.50 la hora, muy por debajo del salario mínimo de Illinois, que es de $8.25 la hora”.

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AUTORIDADES TRAS LAS AGENCIAS

En 2015, la procuradora general de Illinois, Lisa Madigan, demandó a tres agencias de empleo del barrio chino de Chicago y a dos restaurantes de Illinois que habían usado sus servicios, diciendo que explotaban a los inmigrantes latinoamericanos en varios estados, incluido Wisconsin. Muchos de los trabajadores, reconocieron las agencias, no tenían permiso de residencia.

Los restaurantes usan las agencias porque les suministran “trabajadores mexicanos a los que les pagan menos que el sueldo mínimo y que son discriminados, aparentemente sin sufrir consecuencias”, de acuerdo con los fiscales.

La demanda dice que “las agencias de empleo básicamente actuaban como centros de abastecimiento para una industria de restaurantes con bufé que trataba de sacar provecho de sueldos y condiciones de empleo ilegales y de explotación… (y que) sistemáticamente seleccionaban y enviaban a trabajadores latinos vulnerables que eran expuestos a condiciones de trabajo pésimas en restaurantes dentro y fuera de Illinois”.

Describió como “miserables” las condiciones de vida que ofrecía uno de los dos restaurantes de Illinois de la demanda. Hasta 15 empleados “habitaban un departamento de tres dormitorios y un solo baño, sin muebles, con excepción de colchones sucios, que los mismos empleados encontraban en un vertedero de la zona”.

Explotación.

Los fiscales afirman que las agencias y los restaurantes “en forma conjuntan fijaban sueldos para los empleados latinos que llegaban a los $3.50 la hora, muy por debajo del salario mínimo de Illinois, que es de $8.25 la hora”.

Los dueños de tres agencias de empleo mencionadas en la demanda (Xing Ying, Jiao y la Agencia de Empleo Chinatown) negaron las acusaciones y aseguraron que los sueldos eran negociados por el empleado y el patrón, sin la participación de las agencias.

Las agencias de empleo cobraban a los restaurantes entre $120 y $220 por empleado, el cual debía reembolsar luego el dinero mediante descuentos de sus sueldos, de acuerdo con los fiscales.

Los empleados aseguran que trabajan de 12 a 14 horas diarias, seis días a la semana, sin descansos para comer. Empleados entrevistados por la oficina de la procuradora Madigan afirmaron que eran sometidos a fuertes presiones, abusos verbales y amenazas de violencia.

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LA HISTORIA DE BETO

Beto, un mexicano de Guadalajara de 27 años, dijo a periodistas del Centro para un Periodismo de Investigación (CPI) de Wisconsin y al diario Chicago Sun-Times que había sido explotado en restaurantes a los que llegó a través de agencias de empleo. Beto pidió que no se usara su apellido por temor a ser deportado y a perder su trabajo en los restaurantes. No quiso ser fotografiado. Sigue trabajando en los restaurantes, pero no usa más agencias de empleo.

En el sótano de un centro comercial del barrio chino de Chicago, sentado junto a un par de oficinas de agencias de empleo con escasos muebles, Beto relató cómo era enviado de un restaurante asiático a otro en el centro del país. Generalmente trabajaba 11 o 12 horas diarias, a menudo sin descansos.
Le mostró al CPI una recomendación de Xing Ying fechada a finales de junio de 2018, escrita para un restaurante en Oshkosh, Wisconsin, donde cobraría $2,100 mensuales. Le cobraron $100 por el transporte y una comisión de $100.

La demanda especifica que se pagaban sueldos mensuales fijos, sin tomar en cuenta las horas trabajadas y que los ingresos “generalmente estaban por debajo del sueldo mínimo por ley”.
Beto dijo que consiguió su primer empleo en Appleton, Wisconsin, a través de una agencia de empleo del barrio chino hace unos dos años.

“A veces ni sabes dónde estás. A veces te decían, ‘vas a Indianápolis’ y cuando estabas en Indianápolis, alguien te recogía y te llevaba a otro sitio, a ciudades pequeñas”, dijo. Afirmó que los empleos pueden ser algo pasajero. Una vez, relató, un patrón lo mandó de vuelta a la agencia porque no le gustaban sus tatuajes.

“Si no les caes bien a estos tipos (los dueños de los restaurantes), te mandan de vuelta, no les importa si no tienes dinero”, manifestó Beto.

Agregó que pasó el invierno en departamentos fríos o en sótanos mojados suministrados por sus empleadores. Dijo que trabajaban muchas horas comiendo solo arroz blanco.

“A veces los que cocinan para ti no quieren gastar mucho dinero en ti”, dijo. Si alguien se quejaba, afirmó, lo amenazaban con llamar a la policía para que fuera deportado. Por eso nadie se queja.

En una reciente visita de periodistas a la agencia Xing Ying para este artículo, Beto violó esa norma.
Dijo que fue despedido después de que uno de los dueños del restaurante se enteró de que había estado hablando con periodistas. Sus pertenencias fueron colocadas en un banco frente a la agencia de empleo. Acotó que también fue desalojado por otra agencia de empleo en la que planeaba pasar la noche.

Aseguró que la mayoría de los empleados en los sitios donde trabajó eran mexicanos y que había también chinos. Los mexicanos, explicó, “son más baratos”.

Insuficiente. El dinero que ganan los empleados hispanos en este tipo de agencias no alcanza para que puedan contar con una vida digna.

Zhu Ying Zhang (“Cindy” para los trabajadores) y Jun Jin Cheung son los propietarios de Xing Ying, y también manejan la empresa, que tenía licencia para operar en Chicago, pero no para funcionar como agencia de empleo, de acuerdo con los fiscales.

Durante una reciente visita, había varios colchones junto a una pared en el departamento del segundo piso. Hacia la derecha había un pasillo con varias habitaciones. Unos seis trabajadores descansaban en los colchones y varios salieron de las habitaciones del pasillo. Al preguntárseles por la demanda, Zhang dijo que no entendía la pregunta y se fue de allí.

Cheung, que la fiscalía describe en su presentación como alguien que manejaba a los empleados con amenazas y violencia, no habló, pero miró con cara de pocos amigos a los demás y fumó durante una breve entrevista. Según la demanda, Xing Ying cobraba a hasta 10 empleados $10 la noche para que durmieran en la agencia.

La justicia ordenó al restaurante Hibachi Suchi Buffet de Cicero, Illinois, que les pagara un total de $96,000 en sueldos atrasados a siete empleados y multas al estado. Hibachi Grill Buffet de Elk Grove Village fue conminado a pagar $100,000 en sueldos atrasados a cuatro empleados, más multas.

La agencia Jiao tuvo que pagar una multa de $16,500, y la Agencia de Empleo Chinatown dejó de funcionar. En agosto, las autoridades llegaron a un acuerdo con Xing Ying, pero no se han dado a conocer los detalles.

Lisa Palumbo, abogada de Inmigración de la agrupación LAF, de Chicago, ofreció ayuda legal a los inmigrantes del caso de Madigan. Dijo que los patronos pudieron permanecer en el país, pero muchos de los trabajadores fueron deportados.

Carolyn Morales, organizadora del Centro Arise de Trabajadores de Chicago, que educa a los inmigrantes y a personas nacidas en Estados Unidos acerca de sus derechos y los organiza para mejorar las condiciones de trabajo, dijo que “la explotación de los trabajadores es común”, porque estas redes suministran empleados a restaurantes del centro del país y más allá.

Beto sostuvo que los empleados no pueden salir adelante trabajando para las agencias por las comisiones y los sueldos bajos.

“Casi nadie sale ganando” aquí, manifestó. “Nosotros no ganamos nada”.

Explotación. Los empleados hispanos aceptan las terribles condiciones laborales ofrecidas por las agencias intermediarias por temor a ser denunciados ante las autoridades de Inmigración.

El náhuat, a temprana edad

Desfile. Las recientes fiestas de independencia fueron diferentes en las calles de Santo Domingo de Guzmán. Los niños de la Cuna Nahuát representaron sus costumbres y tradiciones en el desfile escolar.

“Cuando iniciamos teníamos rechazo de la comunidad a su identidad indígena. ‘No queremos que enseñen náhuat, queremos que enseñen inglés y computación’, decían los papás”, comenta el investigador y lingüista Jorge Lemus. En 2010, la Cuna Náhuat abrió sus puertas a niños en edades de entre tres a cinco años, hijos o nietos de hablantes del náhuat con el propósito de reivindicar la lengua materna.

Este centro de estudios está ubicado en el municipio de Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate, a 73 kilómetros de San Salvador. El proyecto busca la conservación de la lengua pipil a través de un relevo generacional. “Continuamos con las clases, y la gente vio que, a raíz de la Cuna, comenzaron a venir otros proyectos, la comunidad se dio a conocer”, comenta Lemus, fundador de la Cuna Náhuat y director ejecutivo del Proyecto de Revitalización del Náhuat, que impulsa la Universidad Don Bosco.

Ejemplo del éxito del proyecto es que los niños que de aquí pasan al complejo escolar obtienen mejores resultados académicos, porque ya han tenido la oportunidad de desarrollar sus habilidades psicomotoras. Por eso, las expectativas de éxito escolar son mayores que las de un niño que no ha pasado por la Cuna. “Les preparamos para el éxito escolar, esta es una ganancia extra”, sentencia Lemus.

Tradición. Santo Domingo de Guzmán es un pueblo con una fuerte herencia indígena. Durante generaciones sus habitantes se han dedicado al trabajo de la alfarería de barro. Acá uno de los niños de la Cuna Náhuat representa a un tlameme con su cacaxtle.

Actualmente, se atienden 35 infantes, quienes aprenden a desarrollar sus habilidades psicomotrices. El sonido de sus cantos y voces en una lengua nada común resaltan en las silenciosas calles del municipio tras un mural de calles empedradas y casas coloniales que se desvelan al paso de un jinete y su caballo.

“Al niño se le enseña a autodeterminarse como indígena para que, cuando llegue a su edad adolescente, no se avergüence de sus raíces, sino que lleve una identidad, sepa qué es, de dónde viene”, argumenta Rosario Álvarez, directora de la Cuna.

Las profesoras son mujeres indígenas hablantes del náhuat, a quienes se les refiere con el título de nanzin tamatxtiani (maestro). “Ellas son señoras que no fueron a la escuela, pero tienen la sabiduría de haber criado y educado a sus hijos. Es una reivindicación de la mujer indígena. Pasaron de ser alfareras, amas de casa, a maestras”, agrega.

La mayor amenaza para la extinción de la lengua náhuat es la no continuidad de la enseñanza en primaria y los grados siguientes. No se contempla en el plan de educación. Nada ni nadie garantiza la conservación de esta. Pero, el canto de aquella marimba de meninos seguirá resonando en el tímpano de quien alguna vez los escuchó cantar, gritar o hablar en náhuat: la lengua que agoniza, pero se niega a morir.

Inclusión. En Cuna Náhuat dan clase mujeres nahuablantes. Este proyecto también les ha dado a ellas la oportunidad de obtener ingresos por medio de un empleo estable.

Avances. Los niños que se integran a Cuna Náhuat tienen mayores oportunidades de obtener resultados positivos cuando pasan al sistema escolar en educación primaria. Desarrollan habilidades psicomotoras.

Cuna Náhuat
Sin seguimiento. No hay manera de garantizar la continuidad del náhuat. Los niños de esta guardería no van a seguir familiarizados con el idioma cuando pasen a primaria. Se requiere de más esfuerzos en otro nivel para seguir con el aprendizaje.
Personal. El fundador de Cuna Náhuat, Jorge Lemus (centro); y su directora, Rosario Álvarez, posan con las maestras del proyecto, mujeres nahuablantes, a quienes se les conoce como nanzin tamatxtiani, maestras.
Contraste. El calzado de moda contrasta con el colorido de huarachas hechas a mano.

Tradición en tiempos modernos. Este municipio poco a poco trata de revivir sus raíces, su lengua y sus costumbres en un mundo cada vez más invadido por la modernidad. La foto con el celular tras el desfile de parvularia para el 15 de septiembre es una mezcla de ambas corrientes.

Desde pequeños. Los niños que asisten a esta institución tienen entre tres y cinco años; la mayoría es de ascendencia indígena.

El limitado camino profesional de estudiantes con sordera

Estudiantes

En este salón de clases de la Universidad de El Salvador hay demasiado ruido. Los alumnos de primer año de la Licenciatura en Ciencias de la Educación no dejan de hablarse a gritos, las conversaciones del pasillo se cuelan en el aula y se escucha cómo retumban los sonidos de una obra de construcción que está afuera.

La catedrática de Psicología Pedagógica se ve alterada entre el bullicio, y para hacerle entender algo a Glenda, una de sus estudiantes, se le acerca y le habla al oído. Glenda la observa incrédula, hace una pausa y mira cómplice a su intérprete. Se ríe y los compañeros de clase que la rodean también se ríen. Ven a la maestra, despistada, en su intento por explicar algo a la alumna. A los pocos segundos la catedrática recuerda algo y se calla: Glenda es sorda.

Glenda Jorge tiene 19 años y quiere ser entrenadora en el Instituto Nacional de los Deportes. Para ello está estudiando la Licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en educación física. Ella es una de los 20 estudiantes con sordera que cursan una carrera en la sede central de la Universidad Nacional.

Estudió bachillerato en una escuela pública para sordos y durante años nunca necesitó de intérprete para entender algo de sus clases. Todas sus materias eran impartidas en lengua de señas. Pero este año todo ha cambiado y se ha integrado al sistema de educación oyente. Aquí necesita que un intérprete asista con ella a todas sus clases y le explique toda la cátedra al mismo tiempo que el docente habla. A veces, se siente como una pérdida de independencia.

Desde un jardín de la Universidad de El Salvador expresa un poco de nostalgia por la comunidad que tenía en su centro de estudios anterior: “En la escuela Griselda Zeledón la relación era perfecta porque todas éramos personas sordas. Aquí en la UES es difícil. Primero sentía pena porque los demás estudiantes se me quedaban viendo”, expresa con las manos. Este es su segundo ciclo en la universidad y mientras signa estas oraciones, un grupo de jóvenes la observa a la distancia, todavía con curiosidad.

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SER SORDO EN LA ESCUELA PÚBLICA
Es el mediodía y un puñado de niños corre por el parqueo del Centro Escolar Licenciada Griselda Zeledón, en San Salvador. Todos son sordos pero ríen y gritan en el juego como lo haría cualquier grupo de niños oyentes.

Entre ese barullo, una maestra sorda intenta comunicarse con el papá de una de sus alumnas, pero él no domina el lenguaje de señas. Este mes se conmemora la independencia de la patria y la docente busca explicarle al padre de familia que la niña debe venir mañana con uniforme formal y peinada con dos colitas. Otra madre de familia, que sí signa, le interpreta la indicación al papá. Él, después de escuchar la oración en español, asiente y se va con su hija.

Así como para los oyentes que viven en El Salvador su primera lengua es el español, para los sordos, su primera lengua es la de señas. Se considera que los sordos que estudian acá son bilingües porque se enfrentan a un sistema educativo con dos idiomas a diario. Así, la clase se explica en lengua de señas y los conceptos se escriben en español.
Y aunque todos los estudiantes de este centro escolar reciben la explicación de las clases en lengua de señas, no todos los padres la conocen. Así lo reconoce Rosalba Cartagena, la madre de una estudiante no oyente de noveno grado.

Sin terminar. Este es el edificio donde reciben clases los estudiantes sordos de tercer ciclo y bachillerato del Centro Escolar Licenciada Griselda Zeledón. No cuenta con focos ni energía eléctrica.

“Cuando me dijeron que ella era sorda, yo sentí que el mundo se me cayó. Yo me limité a llorar y llorar. Uno piensa: ¿qué va a ser de mí con esta niña?” Luego, superó la conmoción inicial, se informó y decidió inscribir a su hija a la escuela nada más cumplió la edad necesaria. Ahora, la viene a dejar todos los días a clase y la espera sentada en una banca, excepto cuando la buscan para trabajar como intérprete en algunos eventos.

Su hija, Heysel, aún no se decide si estudiar matemáticas, contaduría o educación en la universidad. El sueño de Rosalba es que su hija sea profesional, pero a veces eso solo significa sacrificio. Viajan desde una zona rural y para venir a clases se tarda dos horas, combinando trayectos entre tres buses. Entre las dos gastan $3 en pasajes a diario, que se hacen unos $60 al mes.

El Centro Escolar Licenciada Griselda Zeledón es el único complejo educativo para sordos que abarca desde parvularia hasta bachillerato en la zona central. Se fundó hace casi 20 años con maestros que entonces no dominaban por completo la lengua de señas. Ahora sí lo hacen y tienen 141 estudiantes.

En 2017 el Observatorio de Centros Escolares del Ministerio de Educación registró que había 583 estudiantes con sordera cursando educación básica y media. Gricelda Zeledón, la profesional en honor de quien bautizaron una escuela, está convencida de que hay más infancia sorda en edad escolar que no es matriculada. “Posiblemente los padres desconocen que el sordo es educable. Por otro lado, las escuelas presentan deficiencias y los padres no ven avances significativos en sus hijos: habla y lectoescritura, por ejemplo”, expresa la experta en el tema de pedagogía.

En todo el país solo hay cinco centros escolares públicos exclusivos para sordos. Los demás están ubicados en San Miguel, Sonsonate, Santa Ana y Cuscatlán. A esta escuela de la zona central vienen a estudiar niños desde Chalatenango o San Vicente. En teoría, este centro debería estimular sus ganas de estudiar, pero a veces pasa lo contrario.

Estimaciones. Hay, al menos, 88,000 personas con discapacidad auditiva, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad presentada en 2016.

Por ejemplo, el edificio de tercer ciclo y bachillerato, donde estudia Heysel, no está terminado. Desde hace más de cuatro años la obra quedó en abandono, señala Saúl Castaneda, director del centro escolar. El edificio es gris, no tiene ventanas acabadas, solo agujeros en las paredes. Sobre estos, se han colocado unos barrotes de hierro que hacen las veces de balcón, pero no hay vidrios que impidan que se metan animales.

En este edificio tampoco hay focos, ni energía eléctrica –a excepción de unas conexiones hechizas para que maestros puedan conectar una computadora–. “No sé qué problema hubo entre la constructora”, dice Castaneda, quien afirma que un día simplemente se dejó de construir. Él dice que cuando llueve, los estudiantes deben moverse y estar sacando el agua que entra a los salones, por la falta de vidrios. Además, los maestros y estudiantes también se encargan de sacar murciélagos y palomas que, en repetidas ocasiones, eligen los salones como nido.

El presupuesto del único complejo educativo para sordos de la zona capitalina es de $5,000 anuales, de acuerdo con Castaneda. Él admite que la mayoría del tiempo logran hacer obras de infraestructura gracias a donaciones y a la mano de obra de los mismos estudiantes. “Todo lo que está acá, lo han hecho los alumnos: el portón, el lugar de estadía de los padres, los baños… con sus proyectos de soldadura”, dice mientras camina por los pasillos de su escuela.

En las áreas rurales del país, el acceso a la educación para sordos es aún más deficiente y escaso, aseguran tres profesores de esta escuela. La distancia entre la casa y el centro de estudios es un factor decisivo para la deserción escolar. Así lo afirma la maestra de Ciencias Sociales Berta Pascual: “No pueden venir por lo económico. Y los papás dicen ‘ay, no, para qué vas a ir a la escuela’”. Los $60 que Rosalba y Heysel deben gastar al mes para llegar a la escuela son una pequeña fortuna para quienes no tienen garantizado el acceso ni siquiera al salario mínimo.

Así como para los oyentes que viven en El Salvador su primera lengua es el español, para los sordos su primera lengua es la de señas. Cuando un sordo que sabe signar aprende a leer español, se vuelve bilingüe. Y aunque todos los estudiantes de este centro escolar reciben las clases en lengua de señas, no todos los padres la dominan.

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EL ROSTRO DE UNA CONDICIÓN
En el país se estiman –al menos– 88,000 personas con discapacidad auditiva, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad presentada en 2016 por el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD). Gricelda Zeledón es una de ellas. Su nombre se escribe con ‘c’, aunque la escuela que se fundó hace dos décadas en su honor se escribe con ‘s’.

En realidad, Gricelda Zeledón no se confía mucho de las encuestas y las cifras que intentan cuantificar la comunidad de personas sordas a la que pertenece. Desde su casa cuenta: “Aquí vinieron encuestando una vez y me preguntaron si había una persona con discapacidad. ‘Sí, yo’, les dije. Y me preguntaron: ‘¿Usted qué tiene?’ Respondí que soy sorda. ‘Pero usted habla y no la puedo poner porque nos dijeron que debemos registrar a los sordomudos’”. Esta última palabra es considerada ofensiva, pues ellos sí pueden articular sonidos. Con terapia y práctica, incluso pueden llegar a hablar español como Gricelda.

Gricelda Zeledón es licenciada en Psicología y tiene 70 años. Domina el español escrito, leído y hablado y además lee el inglés. El de ella es un caso excepcional. Lee los labios y articula bien las palabras. Es posible tener una conversación con ella sin necesidad de intérprete. Se expresa de manera académica y ha dedicado su vida a educar sobre la importancia de que los sordos tengan espacios donde se profesionalicen e ingresen a una vida laboral como cualquier otra persona.

En 2015 fue reconocida por la Asamblea Legislativa como “Hija meritísima de El Salvador” y se le entregó un diploma que ahora está colgado en la sala de su casa. El motivo del reconocimiento fue “su lucha constante en la inclusión de las personas sordas en la sociedad, así como por su incansable esfuerzo por brindarles una educación de calidad”.

Fue madre soltera y cuenta que la sordera no fue una barrera para instruir bien a sus hijos. Dice que cuando estaban bebés, ella topaba la cuna a su cama. Cuando los bebés lloraban, la vibración del llanto la despertaba y ella podía cargarlos y ver qué pasaba. Sus dos hijos se formaron académicamente y ahora uno de ellos es un presentador de noticias en la televisión.

Gricelda puede ver el trabajo que uno de sus hijos realiza a diario, pero es difícil que tenga compresión inmediata de las noticias porque no se usan subtítulos ni tampoco se muestra en un cuadro a un intérprete. Los mensajes en lenguaje de señas en televisión solo se dan en algunas cápsulas informativas y en las cadenas oficiales del gobierno. La psicóloga cuenta que, con su hijo, sueñan cambiar eso y que a los sordos se les cumpla su derecho a estar informados.

Referente profesional. La psicóloga Gricelda Zeledón ha sido nombrada “Hija meritísima de El Salvador” por su trabajo en pro de la población sorda y su lengua.

La lengua de señas que se habla en esta casa, en los mensajes de gobierno y en las escuelas públicas es la Lengua de Señas Salvadoreñas (LESSA). Las señas cambian de significado de país en país y la LESSA es el idioma local de la comunidad sorda. Aún está en desarrollo. Además de esta lengua, en algunas academias privadas del país se enseña la Lengua de Signos Americana (ASL, en inglés). Esta es una más estandarizada internacionalmente.

En la comunidad de sordos la preferencia por una u otra lengua es un tema un poco espinoso de tratar. A pesar de que las dos lenguas se realizan con las manos, las dos son completamente distintas. Es como hablar francés y alemán. Desde una posición oficial, El Salvador está intentando hacer crecer y desarrollar la LESSA, pues además es un símbolo de identidad salvadoreña. En cambio, en otras academias se entrena a los estudiantes en ASL. El argumento es sencillo. El ASL, al ser signado también fuera de El Salvador, puede ayudar para abrir más puertas en el exterior.

Zeledón considera que hay una carga de malinchismo en el uso constante de la Lengua de Signos Americana, cuando hay un sistema propio y local, pero que lo más importante es que a los niños sordos se les enseñe su primera lengua de señas desde que nacen. Solo así se estimulan las inteligencias necesarias para que luego la niñez se pueda comunicar e ingresar a un sistema escolar.

“Hay tres niveles de lenguaje, familiar, académico y metalingüístico. La mayoría de sordos se quedan en el nivel familiar. Los sordos necesitan lengua de señas desde que nacen. Mi nieto tiene dos años y sabe señas y nadie le ha enseñado. Viene gente con sordera de visita a platicar y él, solo viendo, aprende”, comenta.

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LENGUA DE SIGNOS AMERICANA PARA IRSE DEL PAÍS
La Fundación Manos Mágicas es una academia privada donde se le brinda refuerzo escolar a niños y se les enseña a mayor profundidad la lengua de señas. La fortaleza de Fundación Manos Mágicas es la Lengua de Signos Americana.

Aquí imparte clases Rebeca Soundy, una docente sorda graduada de una universidad privada. Ella comprende de primera mano los problemas a los que se enfrentan los estudiantes con sordera en ambientes integrados con oyentes. Algunos niños que reciben refuerzos aquí asisten diariamente a colegios privados. Ahí estudian con un intérprete al lado del maestro y, generalmente, tienen un nivel de vida mejor que aquellos estudiantes que asisten a las cinco escuelas públicas para sordos.

Rebeca asegura que, en promedio, a un intérprete se le paga $300 mensuales para que asista a clases con el estudiante. Además de eso, las familias deben pagar la cuota del colegio. A eso se le suma el pago de estos refuerzos. Para el futuro, el plan que tiene esta fundación es desarrollar un programa de padrinos para que niños sordos de escuelas públicas puedan venir a recibir refuerzo académico sin pagar.

Cuando a Soundy se le consulta sobre la controversia de qué lengua de señas es la que debe ser enseñada en El Salvador, si la local o a la americana, ella responde que las dos sirven para motivos distintos. Por ejemplo, acá se brinda clases a personas sordas que provienen de colegios bilingües y les ayuda a perfeccionar la ASL. El objetivo de algunas de estas personas es estudiar o trabajar en el exterior, en países más inclusivos.

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NO ESCUCHAR EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
La UES tiene 177 años de haber sido fundada, pero solo hasta 2012 empezó a llevar un registro estadístico de estudiantes con discapacidad. Ese lento despertar, aunque tarde, ha logrado que se cree la Unidad de Atención Especial a Estudiantes con Discapacidad. Así lo explica Rosario Villalta, la coordinadora de dicha dependencia.

La unidad está ubicada en un pequeño salón dentro de la biblioteca central del recinto universitario. Es la encargada de brindar atención a 113 estudiantes con discapacidad. De estos, 25 son sordos y a cada uno se le asigna un intérprete pagado por la UES. De estos alumnos, 20 estudian en San Salvador y los otros cinco en las otras sedes departamentales.

Para atender a este más de centenar de personas y apoyarlos en su desarrollo, la unidad tiene solo a dos empleados. Ellos coordinan el trabajo y los horarios con la universidad y los intérpretes.

La mayoría de estudiantes con sordera se encuentran estudiando Humanidades, aunque hay algunos en Administración de Empresas e Ingeniería, sostiene Villalta. En los últimos cinco años, ocho personas sordas han egresado de su carrera universitaria. Sin embargo –dice la coordinadora– aún hay algunas carreras como Medicina en las que no hay ninguno con discapacidad auditiva.

Y es que a pesar de que a cada estudiante sordo se le asigna un intérprete, la verdadera clase la sigue impartiendo un catedrático que maneja un lenguaje distinto. A los sordos, las clases de la carrera llegan a través de sus intérpretes, lo cual es un reto para los jóvenes que trabajan con este rol, pues, en algunos casos específicos ellos también luchan para entender, en español, lo que se explica en la cátedra.

“Algunos licenciados sí entienden y respetan, pero hay otros profesores que no”, comenta Glenda Jorge, la estudiante de Educación Física. Ella recibe sus clases durante la mañana y viene de una familia de cinco hermanas donde tres son sordas. De las tres, solo ella estudia en la universidad. Sus otras dos hermanas, a pesar de ser mayores que ella, se han dedicado a trabajar.

El ciclo pasado inscribió la carga académica completa y este también. Su intérprete es un joven llamado Geovani, de 22 años. Él también es estudiante de la UES, pero cursa sus materias de otra carrera en la tarde. De alguna manera, se podría decir que cursa dos licenciaturas. Una como trabajador y otra como alumno.

Geovani aprendió lengua de señas hace cinco años, cuando conoció a otra persona sorda en un campamento. Después de ser testigo del aislamiento que provoca no compartir un lenguaje, se preocupó por asistir y pagar sus propios cursos. Luego, cuenta, fue voluntario de la Unidad de Atención a Estudiantes Discapacitados de la UES y así fue como se dio a conocer como intérprete.
Ahora la universidad le paga por sus servicios profesionales. Por su trabajo permanece todo el día en la universidad e incurre en gastos alimenticios a diario, pero el pago de su rol como intérprete lo recibe meses después, hasta el final de cada ciclo.

Séptimo Sentido intentó consultar con otras ocho universidades privadas sobre los apoyos que brindan para sus estudiantes sordos. Se obtuvo respuesta de tres centros de estudio superior. En la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) y la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera, consideradas líderes en formación de economistas y comunicadores, no hay ningún estudiante con sordera inscrito. Por otro lado, la Universidad Don Bosco sí cuenta con un programa de formación en ASL para oyentes interesados. Actualmente en ese centro cursan una carrera dos estudiantes no oyentes: una alumna en Diseño Gráfico y otro estudiante en el técnico en Ingeniería Mecánica. Es decir, entre miles de futuros profesionales de esa casa de estudios, solo dos son sordos.

“Hay tres niveles de lenguaje, familiar, académico y metalingüístico. La mayoría de sordos se quedan en el nivel familiar. Los sordos necesitan lengua de señas desde que nacen. Mi nieto tiene dos años y sabe señas y nadie le ha enseñado. Viene gente con sordera de visita a platicar y él, solo viendo, aprende”, comenta Gricelda Zeledón.

Este martes 18 de septiembre, Glenda y Geovani atraviesan los pasillos del edificio de la Licenciatura en Educación Física, lleno de jóvenes con ropa deportiva. Glenda no es cohibida, sonríe amplio y tiene una relación de confianza con Geovani quien, durante el último año, se ha convertido en su puente con el mundo oyente y de cierta manera, su puente con la posibilidad de un título universitario.

Entran a un salón de clases y Glenda se sienta al frente. Geovani toma un pupitre y se coloca al lado de la catedrática. Cada vez que la docente habla, Geovani hace gestos con las manos y la cara. Además, Glenda tiene un compañero de carrera que también ya aprendió lengua de señas gracias a la amistad que han entablado. El silencio tiene sus ventajas. En un breve momento de aburrimiento de la clase, Glenda signa algo con Geovani y con su otro amigo, Moisés. Entre los tres sonríen y hacen miradas cómplices, pero nadie se entera de qué están hablando. La clase sigue con normalidad.

Glenda considera que en la universidad falta que los catedráticos realicen algunas “adaptaciones didácticas”. Su sueño es crear un “Consejo Profesional de Sordos” para discutir conceptos especializados según cada carrera universitaria. Porque, aunque los intérpretes sean buenos, hay conceptos técnicos que solo un especialista puede explicar bien.

El tema de la clase de ahora es el desarrollo infantil. “La infancia es el periodo de vida entre el nacimiento y el surgimiento del lenguaje, es decir, hasta los dos años”, se dice en la cátedra y luego se añade: “Los niños comienzan a hablar alrededor de los dos o tres años”.

Geovani le interpreta esto a Glenda, quien aún recibe malas miradas porque en esa primera infancia desarrolló un lenguaje no oral. Glenda comprende lo que se está diciendo, vuelve a ver la presentación que se proyecta en la pizarra y asiente con un gesto serio.

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DESPUÉS DEL TÍTULO
Cuando se conversa con sordos que son profesionales hay un punto de reclamo en común: Después de sobrepasar las barreras para formarse, nada se vuelve más fácil. Al contrario, a pesar de poseer un título universitario, nada les garantiza el acceso a un empleo digno y estable.

Por ejemplo, en el complejo Griselda Zeledón, hay maestros sordos que tienen trabajo, pero no un contrato de plaza. Se encuentran formando estudiantes pero su tiempo está contado pues solo están cubriendo interinatos. Al solo ser cinco escuelas a escala nacional para no oyentes, las ofertas laborales para docentes en lengua de señas no abundan. Ellos consideran que “con respeto a las personas oyentes, la persona sorda tiene su propia cultura y es el sordo quien debe impartir la lengua de señas”.

Rebeca Soundy, la maestra que da clases de refuerzo en Fundación Manos Mágicas, coincide en este punto. “La lengua de señas es parte de una cultura sorda. Vemos personas oyentes que andan dando clases de señas y no es bueno porque le quitan oportunidad laboral a otras personas. Los oyentes pueden ayudar a interpretar, pero ser maestros de lenguas de señas, no”.

La molestia se agrava con la falta de oportunidades laborales que, en general, viven las personas que presentan alguna discapacidad. Gricelda Zeledón se pregunta desde un sillón en su casa de San Salvador: “Yo conozco profesores sordos trabajando de meseros, volviendo a los oficios. ¿De qué sirve todo el sacrificio de los estudiantes universitarios? ¿Solo para que tengan un cartón?”.

Educación Superior. Glenda Jorge es estudiante de la Licenciatura de Ciencias de la Educación de la UES. Asiste a clases diariamente con un intérprete de lengua de señas.

“No puedo ir a la playa porque me siento culpable”

Hay quienes saben qué quieren hacer con sus vidas desde que son niños, y hay gente que no, como André Guttfreund. Nació de padres migrantes. Su mamá era rumana y su papá, alemán. Creció en San Salvador lleno de atenciones, pues su familia judía manejaba un negocio exitoso. Estudió en la Escuela Americana y su madre, decidida a que no fuera tan mimado, decidió enviarlo a estudiar al extranjero a los 13 años. Desde entonces, tuvo que aprender a ser independiente y entender qué significaba el privilegio con el que se crió en El Salvador.

Cuando fue la hora de estudiar en la universidad, André Guttfreund escogió Ciencias Políticas como carrera, pero no iba a las clases. Estaba más interesado en el activismo de los años sesenta. Después se inscribió en una licenciatura y maestría en teatro. Aunque le gustaba estar en el escenario, algo le hacía sentir que ese no era su lugar. Así que pensó estudiar Derecho. Estaba considerando un futuro como abogado cuando Wálter Béneke, quien entonces era el ministro de Educación, le llamó:

“He conseguido $16 millones para arrancar una televisión cultural educativa a escala nacional y tenemos dos canales. Ya es tiempo de que jóvenes como tú, a quienes el país le ha dado tanto a sus familias, le dediquen dos años a su país”, me dijo Wálter. Y yo tenía mis 22 años… entonces vine y le dije: “Wálter… yo no sé nada de televisión. He hecho teatro. Los equipos para televisión no los conozco”, y me dice: “No importa, lo que tengás que aprender, lo vas a aprender y, por lo menos, sé que no te vas a robar el pisto”.

Regresó a El Salvador y trabajó en Televisión Educativa. Ahí intentó aprender de cámaras y un poco de producción. Al mismo tiempo, siguió haciendo teatro. Esa combinación de labores, le valió un consejo que cambiaría su vida.

Un director famoso de cine italiano, Roberto Rossellini, vino a El Salvador para asesorar el proyecto de Televisión Educativa. Rossellini también fue al teatro y vio una obra que André se encontraba montando. Después de verla, el italiano le recomendó que mejor se dedicara al cine porque lo que él dirigía sobre el escenario se vería mejor en cámara. Así fue como llegó al American Film Institute y comenzó una carrera a la que le ha dedicado su vida.

Más de 40 años después de ese consejo, André va vestido de saco y camiseta en la mañana de este sábado. Son las 10 y ya salió a hacer los primeros mandados del día, hizo algunas compras y volvió a su casa listo para esta plática.

Cuenta que a él le sucedió lo improbable. La película que hizo como trabajo de graduación fue nominada directamente al Óscar, algo que muy pocos estudiantes de cine pueden decir. “Había un compañero mío, que era bastante hippie… pero rico. Él había hecho dos documentales y me dijo que quería que el trabajo de tesis lo hiciéramos juntos. Leímos un cuento por Joyce Carol Oates, nos pusimos en contacto con ella y esa es la película que nos ganó el Óscar. Nunca pensamos en premios”, comienza a narrar desde el patio de su casa en San Salvador.

¿Usted cree que el Óscar llegó demasiado pronto en su carrera?
Hay ventajas y desventajas. La ventaja era que, como ni mi compañero ni yo sabíamos negociar la industria, haber ganado el Óscar nos abrió las puertas para aprender qué es lo que funcionaba comercialmente. La película que habíamos hecho y el premio que ganamos no tenía nada que ver con la realidad de la industria. La categoría de cortometraje es la única donde la comercialidad no viene a la mente. Después de ganar el Óscar, quisimos hacer un largometraje de una de las novelas de Joyce Carol Oates y fuimos a los diferentes estudios y básicamente nos dijeron “ustedes están locos, solo porque esto les salió tan bien con este cortometraje, no quiere decir que no tienen que pensar en taquilla cuando nos traen algo para que lo hagamos por millones de dólares”. Ganar el Óscar se volvió un aprendizaje rápido y también muy efectivo en cómo sobrevivir en la industria.

En el 77, por un lado, usted estaba buscando construirse una carrera y para entonces ya estaba iniciando una debacle en la realidad de El Salvador, ¿cómo manejó esas dos cosas?
Vine una vez después del Óscar para compartir la película. Mis padres invitaron a todos, llenaron la sala de una de esas organizaciones como FUSADES y después de eso ya no se me permitió regresar por lo de los secuestros. Recibimos cartas, amenazas.

¿De quién provenían?
No se identificaron, pero tuvimos secuestros en la familia. Al primo de mi papá, que fue quien lo trajo a El Salvador, lo secuestraron y lo mataron. La familia de él no pagó lo que pidieron para liberarlo. Hasta cierto punto la gente que se lo llevó sentía que se le debía, entonces amenazaron a los socios porque había una “deuda pendiente” y entre eso, se le hizo mucho ruido a lo del Óscar y la gente que estaba aconsejando a mi padre dijo: “Absolutamente, que no venga André”.

También en Los Ángeles yo fui muy activo recaudando fondos para Rubén Zamora cuando él se lanzó para presidente. Eso no le gustó a ciertos excolegas míos de la Escuela Americana, que incluían a Fredy (Alberto) Cristiani y Bobby (Roberto) Murray, quien antes era muy pragmático, una persona con muy buena educación y se hizo más radical hacia la derecha. Entonces yo ya no tenía un grupo que me sostuviera o acogiera.

¿Ellos eran su grupo de amigos de la escuela?
Sí, sí, entonces yo hasta cierto punto me tuve que divorciar. Mis padres ya no podían quedarse aquí, tuvieron que irse a Guatemala. Ellos emigraron a Israel.

Usted se fue por primera vez a los 13 años. ¿Experimentó el desarraigo cuando vio la realidad de El Salvador o era difícil sentirlo porque estuvo fuera muy pronto?
Mi madre insistió que fuéramos a escuelas progresistas en el extranjero porque ella sabía que la manera en la que estaba estructurada la sociedad no era saludable. Hay demasiado que hacer, no puedo vacacionar. Con todo el trabajo que tenemos que no puedo ir a la playa, porque me siento culpable; porque uno ve a niños vendiendo collares y no están en la escuela. En Hawái pudiera acostarme en la playa, pero aquí, no. Y eso tiene que ver con una sociedad todavía injusta.

Así que después de trabajar profesional en Estados Unidos y en Europa –porque también dirigí televisión en España–, tuve un hijo, paré de trabajar 10 años para dedicarme a él porque ya no estábamos juntos con su mamá. Me dio mucho placer hacer los viajes de campo con mi hijo y participar en la escuela. Después regresé a trabajar y estaba de profesor, un día me vino una invitación para dar un taller en la Universidad Don Bosco. En 2007, creo. A mí me encantó esa idea, que finalmente iba a poder hacer algo con lo mío aquí. Vine y se me pidió que fuera parte del jurado para el Festival Ícaro. Y en ficción, las cosas que vi eran terribles. Te-rri-bles. Las actuaciones, la dirección, la edición… todo eso era malo. Y ahí me cayó el cinco y dije: ¿Y por qué estoy dando clases allá donde hay tanta gente que puede dar clases?

Me vine cuando estaba Héctor Samour y Astrid Bahamond en SECULTURA. Me trajeron para hacer una serie de mis talleres de ficción y ahí salieron unos cortitos y unos ejercicios que verdaderamente me emocionaron. Astrid y Héctor se portaron muy bien en el sentido de cumplir con la promesas que me hicieron para que viniera a dar esos talleres, y yo empecé a buscar a dónde podríamos encontrar algunos fonditos. En el contexto de eso vi “Cinema Libertad”. Me impresionó la habilidad de Arturo Menéndez con las cosas técnicas, pero no me gustó para nada porque era una imitación de un videoclip de rock, y Arturo me llamó y dijo que estaba muy dolido.

¿Cómo escuchó la crítica Arturo Menéndez?
Porque yo la dije en radio, entrevistas, en lo que sea. Le dije a él: lo que tenemos que hacer es juntarnos y hacer un proyecto que tenga mirada salvadoreña. Así hicimos “Malacrianza”. Luego llegó un momento donde Pablo Benítez, que es una persona muy comprometida con la gente del FMLN y que era la mano derecha de Gerson Martínez, me dijo: “Quiero que hable con Merlin Barrera (viceministra de Comercio e Industria) porque hay esta cosa de los Premios Pixels, pero nunca han dado los premios para audiovisuales”.

Eso fue hace tres, cuatro años. Merlin me dijo: “Yo nunca he visto nada que me diga que esto no es pasatiempo sino que es inversión”. Le enseñé “Cuentos que dan miedo” y “Malacrianza” y se volvió loca de entusiasmo. Al siguiente día me habló y me dijo: “Le he conseguido $750 mil. Usted me tiene que garantizar la calidad de lo que salga” y, entonces, yo le dije que con $750 mil, “tenemos a la gente para esos proyectos que sí lo puede hacer bien, yo me responsabilizo”.

Un mes más tarde, Merlin me habla que me ha conseguido otro millón y yo le dije que no tenemos suficiente gente formada para poder manejar otro millón. Y me dijo “no, no vamos a desperdiciar ese dinero. Lo vamos a hacer de todas maneras”. Entonces yo le respondí: “Si la idea es de formar industria, los jurados internacionales no solo tienen que determinar cuáles son los mejores proyectos, sino que las habilidades de los grupos que lo van a ejecutar, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades para que, ya que no tenemos escuela de cine, aprovechemos esos presupuestos para identificar dónde necesitan asesorías, talleres, acompañamiento”. Y me dijeron que no porque no eran el Ministerio de Educación. Pero no podemos formar industria sin gente formada. Es ahí donde yo me salí.

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En la actualidad, el Premio Pixels es un concurso nacional del Ministerio de Economía que selecciona a proyectos innovadores de animaciones digitales, videojuegos y producciones audiovisuales. El premio consiste en dinero para convertir el proyecto en realidad. Usualmente, en las producciones audiovisuales, el financiamiento cubre solo una parte del costo real y los productores deben buscar más formas de financiamiento. El premio se entrega bajo la idea de consolidar industrias creativas.

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Cuando usted trabaja así, donde sirve como un engranaje entre la gente que está creando y la gente que tiene la posibilidad de financiar, ¿es trabajo ad honorem?
Es trabajo de asesor. Y en ese momento era trabajo ad honorem. Cuando me ofrecieron un puesto era para tratar de tenerme cerca… pero era un trabajo administrativo y de hacer informes, no era para mí.

Para realizar todo el trabajo que usted hace necesita recursos. ¿Cómo hace para vivir si la mayoría de sus proyectos son ad honorem?
Hay un lugar que me paga y es la Alcaldía de San Salvador, donde estoy como asesor, una categoría de contrato independiente. Ese dinero me permite pagarle a mi asistente y a mi motorista. Ese dinero lo uso para eso. El dinero que tengo para mí, lo acumulé por mi seguro social. De ahí sale lo que necesito pagar para mi seguro de salud y lo que uso todos los meses para poder costear mis cosas. Pero no gasto mucho. Estoy trabajando todo el tiempo.

¿Ahora se desligó de los Pixels?
Me desligué de estar dentro del Ministerio de Economía supervisando todos los Pixels. Me metí con proyectos individuales. Cualquiera que quiera mi asesoría con algo, bienvenido; pero me voy a meter como productor creativo en aquellos proyectos donde sé que los directores quieren mi aporte y donde sé que van a escuchar y no se van rebelar porque, de repente, tienen dinero y el ego es todo. Me metí en cuatro: “Volar”, “Cachada”, “El último toque”, y estoy ayudando a Julio López con “La batalla del volcán”… para el lunes tengo que hacer los subtítulos. Estoy de comodín para diferentes proyectos.

Cuando Nayib Bukele estaba montando su campaña para alcalde, le presenté cinco proyectos de cine y él me dijo que si yo estaba con él, que me prometía $350 mil al año para programas de cine de la alcaldía. De ahí salió el festival de cine y de ahí salió el FOMCASS, que lo vamos a hacer en 2019. También está el cine comunitario, y cine ambulante en las calles para gente que no tiene el lujo de ir a teatros. Afortunadamente, por primera vez, entra un partido de oposición al que instaló esto y, en vez de botar todo lo que hizo el pasado, Muyshondt nos llamó y nos dijo “queremos seguir con los programas porque eso es proyecto país y no partido”. Y se portó, en ese sentido, de una manera muy madura. Seguimos con eso.

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El Fondo Concursable para la Cultura y las Artes de San Salvador (FOMCASS) es un fondo capitalino de $125,000 que, en teoría, servirá para financiar movilidad de artistas a escala nacional o internacional, productos de artes escénicas y proyectos audiovisuales. De acuerdo con lo planificado, estos fondos debían haberse desembolsado ya para que los colectivos puedan financiar su obra y cumplir con un calendario, pero eso aún no ha sucedido.

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En términos de postura política, ¿no ha habido gente que ha intentado comprometerlo políticamente a usted?
Claro.

Por ejemplo, el alcalde capitalino anterior ¿no le pedía cierto nivel de propaganda o apoyo?
Mire, yo le hice un spot, pero en el spot dije “yo voy a respaldar lo que usted está respaldando porque para eso estoy aquí, pero no voy a decir ‘Nayib Bukele’, lo que voy a decir es ‘yo respaldo a los que entienden que el cine lo merece el talento salvadoreño’”. Eso fue lo que dije.

Entiendo que el dinero de FOMCASS para audiovisuales se iba a desembolsar este año, pero ahora se les dijo a los productores que hasta 2019, ¿por qué sucedió eso?
Cuando hay un cambio de gobierno hay un montón de relajo burocrático. Entonces, en lugar de hacerlo mal, yo llamé a todos los que estaban participando y transparentemente les dijimos.

¿No estaban ejecutando los proyectos aún?
No, lo único que habíamos hecho era declarar los ganadores. Porque ese proceso fue el que soñé para los Pixels: todo el proceso va a estar acompañado, incluyendo la adaptación de cuento a guion, todo lo de dirección de arte, cámara sonido, producción, edición.

Cuando usted regresó, ¿consideró el componente político de la elección de Mauricio Funes?
Cabal. “Ahora va a ser diferente”. También yo vine para respaldar al gobierno que prometió la diferencia. Vine a respaldar aquellos que decían que tenían al pueblo salvadoreño como su prioridad y que se iban a dedicar a destruir la corrupción y a crear empleos y reformar el Ministerio de Educación… y muy desafortunadamente aprendí que la mayoría de estos querían ser como los otros. El apoyo que recibí en el principio para lo que vine fue muy bueno, pero entre más tiempo estuve aquí, más cosas empezaron a pasar. Por ejemplo, en la campaña de Sánchez Cerén, me uní a las mesas de cultura y arte, horas y horas en esas mesas, haciendo propuestas.

En las discusiones de la Ley de Cultura se hablaba de dar seguro social a los artistas. Lo veo lejano.
Sí, bueno, es que… yo no tengo ninguna seguridad ahora de que lo que hemos logrado hasta ahora va a poder continuar, porque todo depende de quien gana en 2019 y de qué compromisos tiene.

La izquierda partidaria se identificó con los artistas y dijo que les darían prioridad. Recuerdo un evento en un hotel capitalino donde se hizo la presentación del eje cultural de la presidencia de Sánchez Cerén.
Cabal, cabal. Y yo me subí al escenario y di un discurso para Sánchez Cerén. Yo me presté para eso. Porque yo verdaderamente creía, yo pequé de ingenuo. Compré todas esas cosas, el sueño. “La cultura es la prioridad principal, el eje 9 es nuestra prioridad”… toda esa cosa. Y después resultó ser pura paja. Y con eso uno dice “vaya, me voy”, o uno empieza a identificar la gente con quien uno sí puede trabajar y se dedica a crear las alternativas que el Gobierno no está presentando.

Hay cipotes ahí con talento que recibieron $100 mil para el proyecto, pero nunca se va a terminar porque no sabían cómo. No es culpa de ellos.

Y yo tengo la libertad de expresarme tal como lo siento. Cuando lo del Pixels se estaba manejando mal, yo también me expresé y para el siguiente Ministerio de Economía, tengo una presentación qué se hizo mal, cuánto dinero se desperdició. Hay cipotes ahí con talento que recibieron $100 mil para el proyecto, pero nunca se va a terminar porque no sabían cómo. No es culpa de ellos. El hecho de que decidieron por ese ego de “no somos el Ministerio de Educación. Estamos aquí para formar industria”, sin reconocer que sin gente educada no podemos formar industria, me parece una soberbia, una arrogancia y una estupidez.

Que haya productos que no se presentaron es grave… pero ¿no es la mayoría?
La mayoría no sabemos todavía, porque no sé si algunos van a conseguir dinero de otro lado para poder terminar. La situación en que estamos ahorita es que, por lo menos, una ficción y un documental vayan a festivales buenos para que el resto del mundo diga “uy, qué bonito que en El Salvador se está haciendo cine”, porque solo así lo van a creer. Porque aún la gente sofisticada y educada necesita que el resto del mundo valide nuestras cosas; y dos, que se venda. Si uno se vende a Netflix o HBO es un logro porque eso le significa algo a la empresa privada.

El cine es carísimo y el país es paupérrimo. Hace un rato dijo que no podía ir a la playa porque hasta ahí ve niños trabajando. ¿Cómo se navega entre esa dicotomía? Hay quienes no entenderían por qué invertir $1 millón en la industria del cine en lugar de invertirlos en una escuela.

Tenemos mucho malinchismo, y ese malinchismo les hace creer que el cine es para México, para Argentina, para esos países. Niegan el talento de nuestra gente. También ignoran las realidades que han creado las industrias del cine en países como República Dominicana y Panamá. Que venga gente de Dominicana y nos diga cuánto contribuye el cine al PIB, cuántos empleos directos e indirectos genera y cuántos negocios se han beneficiado con la presencia de una industria, incluyendo extranjeros que vienen a filmar ahí. Y eso está dentro de un plan quinquenal que hemos diseñado para los partidos. A ver a quienes le interesa comprometerse por eso para 2019.

Niñas de pandillas enemigas se juntan en una canción

Talento

Andrea tiene 24 años, es bachiller, toca el violín, forma parte de un grupo de coreografías y quiere estudiar Diseño Gráfico. Pero quienes la ven entrar a este salón solo pueden notar algo en ella: en la mano tiene tatuajes que la relacionan con la pandilla Barrio 18.

Ella es parte de una docena de adolescentes que a las 2 de la tarde entra cargando violines, violas y cellos a este evento en la colonia Escalón. Las adolescentes, vestidas con jeans y camiseta blanca, han sido invitadas a tocar unas canciones. Las han traído en microbuses desde el Centro de Inserción Social Femenino, donde guardan prisión. A diferencia de ellas, los maestros que se graduarán de un curso de “Educación y democracia” han venido vestidos de gala al Instituto Nacional de Formación Docente.

Al grupo de muchachas lo acompaña la directora del centro junto a una orientadora y personal del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA). Ninguno muestra un arma visible, pero llevan, cruzada sobre el pecho, una pequeña bolsa, listos para cualquier eventualidad que perturbe la convivencia que se ha logrado entre las jóvenes.

Andrea es alta, tiene la piel y ojos claros. Cuando tenía 17 años llegó al centro por una condena de secuestro. No fue capturada sola, también su novio de la adolescencia fue enviado a prisión. Ella terminó hace dos años su educación media y se está formando en cuánto taller puede. A pesar de estar ocupada, los seis años y 10 meses que lleva presa no han pasado pronto. Este día ha salido, como el resto de sus compañeras, con el permiso de un juez a realizar una presentación de lo aprendido en sus clases de música.

El centro en el que ha pasado los últimos años se divide en dos sectores para mantener el orden y la paz entre muchachas con afinidad a la Mara Salvatrucha y al Barrio 18. Las rencillas entre las dos pandillas principales de El Salvador provocan homicidios a diario. Para un buen sector de la población, las pandillas marcan fronteras sociales y geográficas que no deben ser cruzadas.

En febrero de este año, un joven fue estrangulado por pandilleros en Ciudad Delgado porque vivía en un sector donde operaba otra pandilla. Y en junio, un joven zapatero fue asesinado en Panchimalco por el mismo motivo. Ese caso es uno de los 10 homicidios diarios que se promediaron hace un mes. El mensaje es claro. Dentro de las pandillas –y sus comunidades– es prohibido relacionarse con miembros de otras estructuras.

Las jóvenes colocan sus instrumentos detrás del escenario y entran a un salón para almorzar. La escena no es fraternal, pero llama la atención. Las internas toman asiento alrededor de la misma mesa y se reparten entre ellas la comida que les han brindado. Luego, almuerzan juntas.

El grupo parece una orquesta de colegio; solo el dispositivo de seguridad que se ha armado en el edificio demuestra que no lo es. Divididos entre las gradas del local, el parqueo y la entrada hay custodios de Centros Penales con la cara tapada y armas largas sobre el pecho dispuestos a evitar que las intérpretes de hoy escapen.

 

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¿QUIÉNES LLEGAN A ESTE CENTRO?
El proyecto de formación musical ha sido gestionado por la Asociación Tiempos Nuevos Teatro (TNT). La asociación ha tenido que sortear varios retos para que las clases que se brindan tengan fruto. Por ejemplo, “el ISNA no quería que las jóvenes tuvieran los instrumentos en los cuartos”, sostiene el encargado del programa artístico, Julio Monge.

Los maestros de música llegan al centro solo una vez a la semana. Y, como las jóvenes están en sus celdas “desde las 5 de la tarde a las 6 de la mañana”, practicar con el instrumento solo media hora no daba mayores resultados, continúa explicando Monge. Por eso, hace más de un año surgió una petición: Solicitaron al ISNA que dejara que cada interna que pertenece a la orquesta tuviera su instrumento entre sus objetos personales. La institución no estaba segura de que eso fuera una buena idea. El riesgo era que algunas partes del instrumento pudieran ser utilizadas para otro fin menos loable que la música.

“El ISNA no quería porque decía que las cuerdas se podía utilizar para armas”, asegura Monge. El programa lleva ya tres años realizándose con distintas aprendices de música. Este grupo específico de la orquesta de cuerdas lleva un semestre practicando, y ya pueden tocar el instrumento dentro de sus dormitorios en sus tiempos libres. Pero cuando una cuerda se rompe, en lugar de botarla en un cesto de basura, es necesario que esta se reporte y se entregue a las autoridades.

Este martes en la colonia Escalón, más y más invitados continúan llegando al evento. Las internas se empiezan a preparar para el concierto que brindarán. La directora del centro, Graciela Bonilla, sostiene que las niñas que están a unos metros de ella “jamás en la vida imaginaron cambiar las armas que utilizaban por un violín, por un cello, por una viola”.

“Les metemos la idea de que el centro no está dividido por pandillas, porque realmente no tengo yo niñas que sean brincadas, como ellas mismas dicen, sino que son niñas que han tenido cierta afinidad, ya sea por sus amigos, por su pareja o por su familia”, sostiene la directora. Sin embargo, las clases de la escuela, de arte y servicios religiosos, sí se hacen por sectores divididos.

“El perfil, en general, de las adolescentes que ingresan al centro es la extrema pobreza, la vulneración de sus derechos, abuso sexual, niñas regaladas, explotación, relaciones inadecuadas entre la familia, familias desintegradas. Generalmente son niñas que se han acompañado a los 13, 14 años y han salido de las casas de sus padres, ya sea por pobreza o porque andan metidas con su pareja en situaciones ilícitas”.

Si una muchacha llega por un delito común –sin vinculación a pandillas– se investiga qué pandilla controla el territorio donde ella vivía, y así se le asigna sector, explica un empleado jurídico del centro.
El ISNA cuenta con cuatro centros para la inserción social de menores que han violado la ley. Estos fueron pensados como un lugar donde se le brinde orientación a los jóvenes para redireccionar sus vidas. Pero no siempre funcionan así. El año pasado se conoció de al menos tres homicidios que ocurrieron en el penal de menores de Tonacatepeque, exclusivo para adolescentes y hombres jóvenes. La participación masculina en delitos es mayor. Por ello, tres centros de inserción social están destinados para niños y jóvenes y solo uno para menores infractoras.

La mayoría de las privadas de libertad se encuentra en esa situación por el delito de extorsión o por encontrarse vinculada a estos grupos delictivos. Pero además de haber sido condenadas en un proceso penal, de acuerdo con Graciela Bonilla, la mayoría comparte el mismo perfil socioeconómico:
“El perfil, en general, de las adolescentes que ingresan al centro es la extrema pobreza, la vulneración de sus derechos, abuso sexual, niñas regaladas, explotación, relaciones inadecuadas entre la familia, familias desintegradas. Generalmente son niñas que se han acompañado a los 13, 14 años y han salido de las casas de sus padres, ya sea por pobreza o porque andan metidas con su pareja en situaciones ilícitas”, asegura la directora.

La psicóloga del centro, Gabriela Blanco, sostiene que a través de su trabajo ha podido reconocer esos mismos patrones de vida. Además, “vienen aquí con baja escolaridad porque, aunque el Gobierno les dé para los uniformes, ellas son las que ayudan en sus casas. No son delincuentes, son señoritas a las que les hizo falta orientación”, sostiene la psicóloga.

Conforme la tarde avanza, la hora de interpretar las canciones se acerca. Al verlas, seguras como se muestran en público, es imposible sospechar que están nerviosas. Lucen concentradas. Algunas han encontrado en esto una nueva pasión. Al menos tres de ellas han expresado a sus maestros que sueñan con salir y convertirse en músicos profesionales para poder entrar a la Orquesta Sinfónica Nacional.

Con permiso de juez. Para salir del centro, las jóvenes solicitan un permiso a tribunales y, de acuerdo con su comportamiento como interna, se niega o aprueba el permiso de salida a presentaciones.

Sin embargo, para cuando ellas recuperan la libertad no hay programa gubernamental que se encargue de darle seguimiento a su aprendizaje. En las academias salvadoreñas las clases de violín personalizadas pueden costar hasta $50 cada una, según el prestigio del maestro. Y el reto no es solo conseguir el dinero para la clase, sino conseguir el instrumento. En las tiendas, un violín puede tener un costo desde $50 a $200.

Conociendo de primera mano las carencias de estas muchachas, TNT se ha propuesto darle seguimiento a las que se muestren interesadas en seguir estudiando música y una carrera profesional. Por ejemplo, se enorgullecen en decir que tienen becadas a tres jóvenes en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. La directora del centro de inserción confirma que son las organizaciones no estatales las que se están preocupando por la reinserción, una vez ellas quedan libres.

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EL PUNTO MUSICAL
La graduación de maestros avanza. Se leen decenas y decenas de nombres y los aplausos van perdiendo fuerza conforme la lista de graduados continúa. Son las 2:30 de la tarde y el aire acondicionado del lugar parece no dar abasto para toda la gente que se ha reunido acá en esta tarde de julio. Entre el calor y formalidad, las jóvenes toman asiento y se preparan para tocar su instrumento.

Julio Monge, el encargado del proyecto, se encuentra viendo a la orquesta. Se le ve emocionado. “La valoración no es tanto qué tan bien tocan, aunque hay algunas que sí sueñan con ser intérpretes, pero no es ese el objetivo. Son muchachas que llevan meses acercándose al instrumento y son jóvenes de todas las afinidades pandilleriles que tocan una sola música. Hombro con hombro. Eso queremos extrapolarlo a la sociedad salvadoreña”, dice Monge. Luego reconoce, a pesar del orgullo, que lo que han logrado acá es muy pequeño comparado con los problemas de El Salvador.

Antes de que la orquesta de cuerdas empiece a tocar, los maestros, ataviados con sus sacos y vestidos de gala, miran a las internas con distancia y de reojo. Andrea, la muchacha alta y de ojos claros, se sienta al centro de la orquesta. Pone el violín sobre su hombro y levanta la quijada con solemnidad. Pronto, la música comienza a sonar. Lee la partitura y ni el calor sofocante la desconcentra.

Disciplina. La idea es que a través de una práctica artística, las adolescentes se enfoquen en perfeccionarla y aprendan valores como la disciplina, perseverancia y respeto a jerarquías.

Después de meses practicando, la orquesta interpreta en público la primera pieza de la tarde: una canción infantil llamada “Estrellita”. Esta es la primera canción que, generalmente, se aprende en violín con el método Suzuki. El creador de este método sostuvo que el talento musical no se hereda, sino que se aprende y se desarrolla. En este contexto de reinserción social, una de las frases más famosas de Suzuki cobra un valor especial: “La enseñanza de música no es mi propósito principal. Deseo formar a buenos ciudadanos, seres humanos nobles”.

Luego, la orquesta interpreta el “Himno a la alegría”, la canción de la película “Titanic”, una pieza pop y, en quinto lugar, la canción “Imagine”, de John Lennon. Durante la intervención, una de las muchachas que tocan el violín se pone de pie y toca como solista. La orquesta la acompaña.
Ella es Patricia y tiene 20 años, es morena y muy delgada. No lleva maquillaje en la cara y es la única que no está vestida de blanco. Estuvo dos años y medio privada de libertad y condenada por extorsión. Actualmente ha vuelto a vivir con su familia. Dice que nunca fue pandillera, pero acepta que sí era cercana al grupo pandilleril dentro de su comunidad.

“Toda la vida fui marginada en la casa. Mi refugio fue afuera”, confiesa. Cuenta que cuando perdió la libertad, en un principio, no pudo extrañar su casa ni su familia, porque nunca sintió su protección antes: “Cuando eso no se tiene, a veces no importa estar en el centro”. Sigue practicando el violín en la oficina de TNT, en San Salvador, a pesar de ya haber salido del centro. Quiere ser música o psicóloga, por eso se encuentra estudiando segundo año de bachillerato y trabajando.

“Al final es una sensibilización mutua. A ellas estamos abriéndoles los ojos a la cultura, al arte. Y por otra parte también nosotros nos estamos quitando fantasmas de la cabeza”, dice Sonia Megías, una compositora española que acompaña este proyecto durante las temporadas que permanece en El Salvador.

La destreza musical de Patricia, comparada con la de sus compañeras de orquesta, es más avanzada. Y si minutos antes las personas dentro del público se mostraban distantes a la presencia de estas intérpretes, eso ya ha cambiado. Patricia termina de tocar y se escuchan gritos. “¡Bravo!” le dice un hombre en primera fila y su voz hace eco entre otros maestros que repiten lo mismo y se ponen de pie. El concierto aún no ha terminado, pero el aplauso que reciben es tan largo que da tiempo para que el resto de la orquesta se levante y también reciba la congratulación de un público que terminó de aceptarlas en el evento.

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LA VIDA EN EL CENTRO
A 13 kilómetros de este lugar, en el Centro de Inserción Social de Ilopango, está el resto de privadas de libertad bajo el cuidado del ISNA. Los lugares comunes del centro, como los salones de clase y talleres, lucen como cualquier otra escuela del interior del país. En uno de esos pequeños salones, con dos ventiladores y rejas en lugar de vidrios para las ventanas, está Fernanda y su bebé, que cumplirá un año dentro de una semana.

La joven ensaya una coreografía que presentará junto a sus otras 10 compañeras en septiembre. Ese espectáculo será la muestra final del curso de artes escénicas que imparte una vez a la semana TNT. Su hijo camina en una andadera entre las bailarinas de la última fila. La escena es, a veces, contradictoria: tierna y triste. Llegó al centro cuando era menor de edad y tenía el embarazo avanzado. Su bebé no ha conocido otra vida que no sea dentro de estas paredes.

La instructora de danza le permite salir del ensayo un rato para platicar en el patio. Debajo de un árbol y bajo la vigilancia del personal del centro, Fernanda apenas cuenta su historia. Dice que está condenada por extorsión, pero ella, a diferencia de otras compañeras del centro, asegura que no cometió el delito. Habla con timidez y frases cortas. No recibe visitas, su familia también está en prisión. Después de más de un año, no tiene idea de qué le espera para cuando recupere la libertad, “pero lo que sí sé es que voy a luchar. Y es que por mi hijo soy capaz de hacer hasta lo que no hice antes”, dice.

Después vuelve a la clase y ensaya una canción de rock and roll. Como parte de la coreografía, carga a una de sus compañeras. A los pocos segundos, la compañera se convierte en una especie de guitarra sobre la que Fernanda toca algunas cuerdas imaginarias. Las internas se ríen.

“Definitivamente ellas han tomado decisiones incorrectas”, dice Sheila Reyes, la instructora de danza dentro del centro. Llega una vez a la semana y divide su tarde y mañana entre los talleres del sector. A diferencia de la orquesta, en danza aún no han podido integrar a los dos grupos. La confianza y el contacto cuerpo a cuerpo son fundamentales para bailar y hacer cargadas.

Sheila es un huracán de energía. Llega al salón y hace el silencio entre la plática de las internas. Da indicaciones y le obedecen. La instructora afirma que la matrícula inicial a este taller fue de 35 personas, pero ese número se ha reducido. La idea es que, a través del baile, aprendan a seguir órdenes, a ser disciplinadas, a seguir un ritmo, a respetar el espacio y tiempo del otro.

“Toda la vida fui marginada en la casa. Mi refugio fue afuera”, confiesa Patricia. Luego cuenta que cuando perdió la libertad, en un principio, no pudo extrañar su casa ni su familia, porque nunca sintió su protección antes: “Cuando eso no se tiene, a veces no importa estar en el centro”.

Al inicio puede sonar descabellado que tantas cosas puedan aprenderse mientras memorizan coreografías, pero conforme el ensayo avanza, la instructora se pone seria y prueba su punto. Las jóvenes repiten canciones, llevan las cuentas y Sheila, como si se tratase de una inspección rigurosa, se acurruca, coloca los codos sobre sus propias rodillas y entrelaza las manos frente a su cara. Observa con detalle los pies de las internas. Así se da cuenta de quién duda sobre el siguiente paso que hay que dar y de quién va tarde en la cuenta. Sheila no es nada tímida al señalar qué están haciendo mal para que lo corrijan.

“Lo que uno trata de inculcarles es disciplina y perseverancia. Lo que se llevan es el respeto a una jerarquía”, indica Sheila. Después del mediodía inicia la clase con el sector 1 del centro. Aquí llevan más meses entrenando y tienen tanta energía como la instructora al bailar. Entre ellas está Andrea, la joven de 24 años que toca el violín.

Está en la primera fila de la coreografía. Baila las canciones sin equivocarse en ningún paso. Y, si en el concierto era la imagen de la elegancia y la solemnidad, aquí baila ritmos urbanos donde mueve la cadera sin parar.

“Lo que quisiera, pero quizá nunca va a pasar –dice Andrea durante un receso– es que la gente comprenda que andar en la calle tiene consecuencias y uno entiende hasta que ya está aquí. Y desde que uno cae, este es otro mundo”. Ella acepta que, de haber seguir por el camino que iba, no sería bachiller. Ahora quiere ser profesional. Pero se graduó hace dos años y, desde entonces, no ha podido continuar con su educación.

“A mí lo que me gusta, me encanta, me apasiona es la cosmetología y el Diseño Gráfico. Ya no puedo seguir estancada”, cuenta antes de regresar a la coreografía.

Por sectores. En el centro de inserción hay niñas y jóvenes con afinidad a diferentes pandillas, y la mayoría de las actividades se realizan por separado.

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LA SALIDA ES ESTRECHA
Mientras el concierto en el edificio de la colonia Escalón sigue, cuatro custodios de Centros Penales vigilan la entrada del parqueo. A las 3:30 de la tarde, la orquesta termina su intervención y el público aplaude de nuevo. Luego, guardan sus instrumentos y hacen una fila para salir. Van custodiadas por personal del centro y bajan unas gradas hasta descender a una pequeña puerta que conecta con el parqueo. Ahí hay dos microbuses esperándolas.

La fila que desciende por las escaleras es lenta. Al llegar hasta la puerta se puede ver por qué. Es la vuelta a la realidad. Si hace 5 minutos recibieron felicitaciones, gritos y aplausos, hoy sus manos reciben esposas. El sonido del metal cerrándose en sus muñecas resuena en el cajón de cemento que es el parqueo. La salida de este día ha terminado oficialmente y suben en pareja a los microbuses. Adelante de los vehículos van dos custodios. Uno de ellos lleva el arma sobresaliendo por la ventana.

A unos 3 metros de distancia, Patricia, quien pasó más de dos años interna, observa el proceso: Uno tiene “la emoción de querer salir, pero que cuando llegás a la puerta del centro te pongan las esposas, es algo bien feo. Pero tratás de disimular”, dice con una sonrisa nerviosa.

Mientras este procedimiento ocurre, entra al edificio Carlos Canjura, el ministro de Educación. Su participación estaba prevista en la agenda del evento recién terminado, pero él dice que comunicó que no podría venir por una reunión en Casa Presidencial.

Ni él sabe quiénes son las jóvenes con esposas a unos metros; ni ellas, quién es el señor que ha llegado, en apariencia, tarde. Al ministro se le cuestiona sobre cuáles son las alternativas o programas de educación para las jóvenes privadas de libertad. Durante 2 minutos, él habla de las oportunidades que el ministerio tiene, como la educación a distancia, pero no menciona nada en específico para esta población.

Si, en efecto, las privadas de libertad deciden cambiar su vida con el estudio, no hay ningún proyecto ministerial específicamente diseñado para que ellas estudien, de acuerdo con el titular del MINED. Canjura asegura que se está pensando en la posibilidad de abrir aulas virtuales en los centros del ISNA para que haya más oportunidades de aprendizaje. Pero es solo eso, una idea. No hay nada ejecutado.

*Los nombres de las internas han sido cambiados a petición del ISNA.

Menores infractoras. Quienes se encuentran en el Centro de Inserción Social son menores de edad desde los 14 años. También hay jóvenes de hasta 24 años que ingresaron al centro cuando eran adolescentes.

“Este país no es mío, este país es prestado”

Irma Molina posa en el puerto de Berkeley, California. Lleva veinte años residiendo en la Bay Area, cerca de San Francisco.  Foto de Dany Barrientos Ramírez. 

Son las 10 de la noche y en esta fiesta parece que ya no cabe más gente, pero los asistentes siguen llegando. La oferta es atractiva. Aquí adentro hay pupusas, empanadas, yuca, cerveza y cumbia. Las mujeres bailan en círculo, algunos hombres observan y los niños -morenos y pequeños- corren entre canción y canción. Los asistentes se emocionan bailando y cantando los temas propios de una Navidad centroamericana. Aquí todo es calor. Afuera, esta noche de mayo en Berkeley (California), la temperatura es de 15° y corre un viento fresco.

Esta no es cualquier fiesta. Es una “pachanga pro-inmigrante”, a la que llamaron “Noche quinceañera”, aunque no hay ninguna quinceañera celebrando su cumpleaños. Los organizadores del evento pusieron ese nombre solo para que la gente supiera qué clase de evento esperar. Esto ha sido planificado por el Comité del Norte de California del TPS, un grupo de personas que hace actividades para debatir, unir a la comunidad migrante y tratar de incidir políticamente.

El TPS es un permiso que le fue dado a los salvadoreños tras los terremotos de enero y febrero de 2001 para poder vivir en Estados Unidos sin ser deportados. Esta medida reconoció que El Salvador no tenía las condiciones adecuadas para recibir a sus ciudadanos de manera segura. Permite, entre otras cosas, acceder a un trabajo y hacer procedimientos legales que de forma indocumentada no son posibles. Pero este programa no es un camino hacia la legalización permanente.

La entrada a esta fiesta cuesta $15 en internet y $20 en la puerta del local. La mayoría de quienes han venido es salvadoreña, le siguen los hondureños. La idea es que la gente compre comida y escuche la música que le recuerde a su país a casi 5,000 kilómetros de distancia. El dinero que salga de ganancia se sumará a un fondo designado para actividades como foros informativos y cabildeos.

Durante los últimos 17 años, el TPS se había renovado cada 18 meses. Pero en enero pasado, la administración de Donald Trump lo canceló y dio un período de año y medio para abandonar el país o legalizar la situación migratoria a través de otras alternativas. Estados Unidos gastaría $1.8 millones si deportara a todos los “tepesianos” (como se conoce a los beneficiarios), según un estudio del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes.

El período de gracia que el Gobierno estadounidense dio al TPS vence de manera formal dentro de 435 días, el 9 de septiembre de 2019. Durante los días que restan, las organizaciones activistas planean llevar a cabo protestas, reuniones con políticos y hacer presión en el Congreso estadounidense. Hoy por lo menos se puede seguir bailando cumbia.

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Cuando se instala el miedo

Fredy Ochoa no quería venir a esta fiesta. A él no le gusta salir de noche y mucho menos a bailar. Pero este día lo convenció su pareja, Morena Ramírez. Ellos se conocieron en San Francisco, donde ahora viven. En El Salvador, quizá, habría sido más improbable conocerse. Ella es de San Vicente y él es de El Sunzal, en La Libertad. Como Morena no creció en la playa, Fredy bromea con ella. Dice que ella no entiende qué es vivir dentro esos paisajes, que “no sabe de paraísos”. Ella se ríe y él la mira como cómplice.

Fredy tiene TPS, Morena lo perdió hace años por entregar tarde unos papeles, explican. Han salido de la fiesta a platicar un rato. El local de la “Noche quinceañera” es un espacio donde se realizan eventos culturales para la comunidad latina y tiene un mural en su fachada donde se ha pintado a gente morena, músicos y trabajadores, como los que están adentro empezando a mover las caderas. Sobre ese mural se apoya Fredy, y Morena se mantiene a su lado.

Comienzan a contar que tienen dos hijos juntos. Uno de ocho y otro de 11 años. Y que no es justo ver a dos niños de esa edad con miedo a perder a sus papás. “Cuando dijeron que había ganado el señor Donald Trump, mis hijos lloraron. Mi hijo más grande todo el tiempo está preocupado. Siempre pregunta: ‘¿Quién de ustedes no tiene papeles?’”, relata Morena Ramírez. Como los de ella, hay otros 192,700 hijos de tepesianos nacidos como ciudadanos americanos que podrían enfrentarse a la separación familiar pronto.

Fredy se fue de El Salvador tras el conflicto armado a los 18 años, en 1994. “La guerra había hecho estragos y ya había dejado todo despelucado. Entonces no hallaba qué hacer y decidí venirme”, dice. Nunca ha vuelto a El Salvador.

Morena, en más de dos décadas, tampoco ha vuelto a Guadalupe, su pueblo en San Vicente. No puede hacerlo si quiere seguir junto a sus hijos. No pudo volver incluso cuando murieron los abuelos que la criaron. Entonces, la distancia y el sueño de tener una mejor vida se interpuso entre ella y el luto familiar. “Fue bien duro cuando uno solo por teléfono le pudo contar que mis abuelos ya habían fallecido”, dice en San Salvador su primo Carlos Montoya.

Morena creció con la guerra civil. La casa de sus abuelos era de bahareque y durante el conflicto armado era común que se quedaran sin energía eléctrica. Carlos recuerda que ante la ausencia de corriente, juntos inventaron sus propios juegos. A la hora de comer, se sentaban frente al televisor apagado y empezaban a comentar las imágenes que, según su imaginación, iban saliendo en la tele.

Morena y Carlos crecieron juntos imaginando, corriendo y jugando chibolas. Cuando ella cumplió los 18 años y ya era madre de una niña de seis meses, optó por irse indocumentada a Estados Unidos. Su decisión fue la natural en su contexto. Su madre y dos hermanos ya habían hecho lo mismo y ella había quedado, de alguna manera, sola. Y “la vida aquí para ella era bien dura porque le tocaba andar trabajando en las fincas. Jalaba el abono, hacía hoyos para sembrar café y, cuando sobraban los palos de sombra, ella picaba la leña”, ejemplifica su primo.

Ahora Carlos y Morena se escriben cotidianamente. Pero a él todavía le duele que no pudieron despedirse. “Más cuando uno de chiquito ha crecido en la misma casa… no me dijo nada porque lo hizo a escondidas, en secreto. Ni nos despedimos. Ni un abrazo ni nada”.

Han transcurrido 20 años desde que Fredy y Morena dejaron sus casas, hartos de las secuelas de la guerra civil y la pobreza. Pero en estas dos décadas no ha sucedido mucho que sirva para evitar que los niños y jóvenes de este país quieran –o necesiten– irse. Entre enero de 2016 y mayo de 2018, la organización Cristosal atendió a 675 niños y jóvenes entre los cero y 25 años que fueron desplazados de sus hogares. Los principales motivos son las amenazas directas, el asesinato de un familiar o sobrevivir a intento de homicidio.

Mientras esta pareja cuenta su historia de migración, la fiesta con ritmos tropicales comienza a ponerse más alegre. Por un momento el buen ánimo de Morena cae y contrasta con lo que sucede en la pista de baile. Ella lanza una pregunta para la que no tiene, ni quiere, respuesta: “Siempre pasamos pensando qué va a pasar si nos agarran, porque Migración llega a las casas por uno y se lleva a todo el que no tenga papeles. ¿Y qué va a pasar en el día que nuestros hijos estén en la escuela y nosotros caigamos?”

Padres migrantes. Fredy Ochoa y Morena Ramírez posan afuera del Centro Cultural La Peña, en Berkeley, California. Fredy está amparado bajo el TPS. Sus dos hijos en común son ciudadanos americanos. Foto de Dany Barrientos Ramírez. 

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La llegada

Las puertas de esta fiesta se abrieron a las 8:30 de la noche. Y lo primero en abarrotarse fueron las mesas donde se vendía comida. Otro de los atractivos es la presencia del grupo Fuego Latino, que interpreta salsa, merengue y cumbia. Sobre el escenario y antes de que la banda saque a bailar a todo el mundo, una chica joven da la bienvenida a los asistentes.

“Que esta noche sea inolvidable para ustedes. Que la pasemos bien en familia, como tepesianos, como amigos, entre salvadoreños y hondureños”, pronuncia a través de un micrófono. Luego da otro anuncio:

“Tenemos a una persona de El Salvador que se llama Blanca Flor Bonilla. Ella es secretaria de Relaciones Internacionales del grupo FMLN y es congresista del Parlamento Centroamericano”.

La diputada sube al escenario y comienza a pronunciar un discurso que dura minuto y medio. Dice que el Gobierno de El Salvador está haciendo esfuerzos de incidencia por el TPS y que va a dejar un número de contacto por si alguien quiere invitar a más diputados a eventos de migrantes.

“Gracias, señora Blanca”, dice la maestra de ceremonia al tomar el micrófono de vuelta. La diputada baja a sentarse en una silla frente a la pista de baile y al lado de otras personas que comen pupusas. Luego otro mensaje emociona a la gente: “Anuncios antes de la pachanga: ¡Tenemos algunos premios!”

Esta noche, a 6 kilómetros de acá está otra tepesiana: Irma Molina. Ella no está organizada en ningún grupo de migrantes. Una semana antes de esta fiesta dijo, entre risas y un poco tímida, que ella no sabe mucho de cómo se organiza la comunidad salvadoreña en estos lugares. Desde que llegó solo ha trabajado.

Irma Molina es la supervisora de limpieza de un hotel elegante de Emeryville, California, y en su tiempo libre es conductora de Uber. El hotel en el que trabaja está a solo 20 minutos del centro de San Francisco. Nació en 1980 en Santa Isabel Ishuatán, al occidente del país. Aprendió a caminar y a hablar conforme la guerra civil avanzó. “Crecí con esa mentalidad de que el país era violento. A mis papás les daba miedo sacarme del pueblo porque pensaban que me podían quitar de las manos de ellos. Crecimos con ese temor”, dice desde un cuarto del hotel en el que trabaja.

Convencida de que la vida tenía que ser algo más que el miedo, decidió migrar sola a los 18 años. Para llegar a Estados Unidos viajó escondida, junto a un centenar de personas, en los contenedores de grandes camiones. Han pasado 20 años desde esos viajes en tráiler, pero aún recuerda los detalles de ese camino. Todavía se acuerda de cómo se colaba la luz entre las redes de repollos bajo las cuales viajó en un camión.

“Sufrí el hambre, sufrí la sed”, asegura Irma. Después de los viajes dentro de camiones, vinieron otros días caminando en el desierto. Dice que junto a otros migrantes, se perdió por una semana en el desierto. No se detiene mucho a hablar de ello. Prefiere hablar de cómo, al llegar a San Francisco, comenzó a trabajar en un restaurante.

En 2001 obtuvo el TPS. Eso significó también la posibilidad de abrir una cuenta de ahorros en el banco. Contar con un permiso de residencia, aunque sea temporal, permite acceder a mejores trabajos, a diferencia de las personas indocumentadas. Eso se traduce, también, en más dinero enviado a los familiares en El Salvador. Solo durante mayo de 2018 se recibieron $493.7 millones en remesas, el 93 % provenía de Estados Unidos.

Irma dice que su familia siempre creyó en Dios, pero que recientemente se volvió más religiosa. Antes de que se conociera de la cancelación del TPS, pidió a su Dios que, al menos, la administración actual le diera otros 18 meses de protección.

Está enfocada en ganar tiempo. Los hijos nacidos en Estados Unidos, al cumplir 21 años, pueden solicitar el cambio de estatus migratorio para sus padres. Su hija mayor está por cumplir los 18 años. Su esperanza es que los próximos tres años pasen pronto.

Con el Estatus de Protección Temporal, los tepesianos pueden declarar sus impuestos y ser vecinos responsables, aunque sea en un país que no es propio. “Este país no es mío, este país es prestado. El mío se quedó allá, aunque sea violento”, explica Irma. A pesar de la nostalgia por El Salvador, volver a su patria no es una meta.

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Activismo para quedarse

Según lo planeado, la fiesta quinceañera terminará a la medianoche y se rifará un televisor. Por ahora, el premio mayor de la rifa ya está colocado con una chonga roja sobre el escenario. Detrás de esta logística está José Mejía, el coordinador del Comité del Norte de California del TPS. Este viernes está encargado de hacer que la pachanga inmigrante termine bien.

La fiesta lleva buen ritmo. Las parejas bailan y son tantas que chocan entre sí al dar giros. A las 11 de la noche, la cerveza ya se ha acabado y la gente comienza a beber vino en vasos plásticos. Le dan un sorbo al vaso y siguen moviendo las caderas. Y eso ya es un problema porque, entre vueltas del baile, el vino cae al suelo y el piso se vuelve resbaloso para los que bailan, emocionados, una cumbia que dice “el humo del cigarrillo me hace llorar”.

El comité que coordina este evento está formado por 13 personas que, a su vez, son parte de la Alianza Nacional por el TPS, un grupo de más de 40 organizaciones en todo Estados Unidos. José Mejía está convencido de que existe un camino para que los “tepesianos” alcancen la residencia permanente. Lo sabe porque él mismo ya pasó por ese proceso.

Él sostiene que llegó a Estados Unidos en 1989 y, dos años más tarde, obtuvo el TPS. En ese momento, la medida fue otorgada por la inestabilidad que experimentaba el país producto de la guerra civil. Más de un lustro luego, en 1997, se amparó en la Ley de Ajuste para Nicaragüenses y Alivio para Centroamérica (NACARA). Esa ley brindó beneficios migratorios a personas que pisaron territorio estadounidense antes de 1990. Así, José pudo obtener su residencia.

La migración es un tema que divide radicalmente a la sociedad estadounidense en la actualidad. Y por lo tanto, es un tema para el cual, a pesar del cabildeo y de las actividades que realizan los migrantes, no hay respuesta política fácil.

No hay una salida sencilla en términos legales. Pero, en la práctica, a Estados Unidos le conviene que las personas con TPS se mantengan trabajando en ese país. Al menos desde el punto de vista económico. “La tasa de participación en la fuerza de trabajo de la población con TPS oscila entre el 81 % y 88 %, muy por encima de la tasa de la población total de Estados Unidos, 63 %”, de acuerdo con el Centro de Estudios Migratorios de Nueva York.

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Incertidumbre aun en los “santuarios”

Conforme la medianoche se acerca, la fiesta se empieza a vaciar y las conversaciones se trasladan hacia la calle. Las familias con niños en brazos salen a buscar un poco de silencio. Aquí están tranquilos. Aquí nadie puede preguntarles sobre su estatus migratorio.

En Estados Unidos hay cerca de 200 ciudades denominadas “santuarios”. Estas se presentan como espacios en los que las fuerzas locales no colaboran brindado información de estatus migratorio a las autoridades federales, que son quienes se encargan de los procesos de deportación. California es el estado con más migrantes salvadoreños, haitianos y hondureños con TPS. Se calcula que al menos en California viven 55,000 beneficiarios.

El 1.º de enero de este año California se convirtió en un estado “santuario” en totalidad. Eso significa que tampoco se pueden realizar redadas en escuelas o lugares de trabajo sin una orden judicial.

Pero que una ciudad sea santuario no implica la protección automática de la deportación. La noche del 24 de febrero de 2018, Libby Schaaf, la alcaldesa de Oakland, una ciudad a 5 minutos de esta calle, anunció algo que puso nerviosos a muchos: dijo que tenía conocimiento de que agentes de Migración llegarían a la ciudad a realizar redadas el día siguiente.

La acción de avisar a una comunidad que “la migra” se acercaba fue criticada luego por Trump, quien se ha encargado de no hacer diferenciación entre migrantes y criminales. En marzo no fue tímido al expresar su molestia con Schaaf. “En Oakland, la alcaldesa le dijo a la gente que iba a suceder una redada. No puedes hacer eso, no puedes”, dijo alterado.
“Las jurisdicciones de ‘santuario’ son el mejor amigo de contrabandistas, pandilleros, narcotraficantes, traficantes de personas, asesinos y otros delincuentes violentos”, dijo el presidente. Él ya exigió al Congreso que deje de brindarle dinero federal a estas ciudades: “Pido al Congreso que deje de financiar ciudades ‘santuario’ para que podamos salvar vidas estadounidenses. Queremos que nuestras ciudades sean santuarios para los estadounidenses, no refugios seguros para delincuentes”.

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Ramas que se extienden

A pesar de que la fiesta estaba prevista que terminara a las 12 en punto, pasada la medianoche aún se pueden escuchar algunas canciones y los asistentes más jóvenes siguen bailando sobre la pista de baile. La rifa del televisor ya pasó y el ganador no apareció.

Freddy y Morena parten hacia su casa en San Francisco. “El TPS dice que es un estatus temporal, pero, realmente, los hondureños tienen 20 años ya. Nosotros, los salvadoreños, ya vamos para eso. Ya no es algo temporal. Es una vida completa, y decirnos ‘okay, vamos a sacarlos ahorita’, es como que deje crecer un árbol, echar raíces y hasta que dé frutos. Es ilógico decir ‘vamos a arrancarte ahora’”, ha comentado antes de irse Fredy, el padre de dos niños que se siente como ese árbol, con el riesgo de ser cortado.

Familias separadas. Se calcula que hay 192,700 hijos de tepesianos nacidos como ciudadanos americanos que podrían quedar sin sus padres si estos son deportados.

Trabajar desde antes de los 10 años

Fotografía

Para llegar al terreno donde esta mañana trabaja Luis Enrique, hay que cruzarse la calle de tierra y caminar por un sendero sinuoso, adornado por tantos árboles que muy poca luz se logra colar entre las ramas. Al arribar a la milpa, el horizonte se amplía, los ojos se llenan de claridad. El verde llega hasta donde alcanza la vista, a veces cortado por altas palmeras de coco.
Con la cuma en la mano, se encorva para desherbar, con minucioso amor, los alrededores de cada mata, teniendo cuidado de no dañarlas en su intento por protegerlas. Lo hace para evitar que otras especies le ganen terreno a su planta, para que esta pueda crecer a sus anchas hasta un momento en que ya no necesite de ayuda, más allá de abonos, insecticidas y riego.
Lo más duro, la siembra, ya pasó, pero esto también exige un enorme esfuerzo físico, de doblar el cuerpo para que la filosa hoja quede casi al ras del suelo y avanzar, avanzar, en un par de manzanas que, debido a la monotonía, podrían parecer interminables. El sonido del metal contra el suelo, del viento rompiéndose en cada golpe, se mantendrá constante por más de tres horas. Deshierba concentrado, con solo un poco de sudor sobre la frente, con la mirada atenta en su herramienta.

En un país adscrito a varios convenios internacionales contra el trabajo infantil, que se comprometió a que ningún menor de 18 años trabajaría en 2020, Luis Enrique ya cuenta con casi una década de experiencia trabajando la tierra. Tiene 17 años, empezó cuando solo tenía ocho. Ha laborado por más de la mitad de su vida.
Luis Enrique es parte de una familia formada por padre, madre y 15 hijos, que viven en el cantón Quebrada Española, de Izalco. Es un retrato del trabajo infantil asumido con normalidad: cada uno de los hijos varones ha empezado a trabajar antes de los 10 años junto con su padre, Rolando Obando, en las labores del campo. Desde el mayor, que ahora tiene 25 años. Los más pequeños esperan su turno, si las circunstancias no cambian.

Luis Enrique trabaja en la milpa junto con dos de sus hermanos, Miguel Ángel, de 15 años, y Rónald, de 12, quien no rebasa el umbral establecido por la ley para que un adolescente comience a trabajar. Su rostro contrasta con la edad promedio del agricultor en El Salvador, que el MARN coloca en 57 años. Al no contar ni con la edad mínima legal para realizar estas labores, no existe en ese censo.

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JESÚS DE LA PEÑA, coordinador subregional de la Organización Internacional del Trabajo, señaló en 2009 que, al ritmo en el que iba el país, no se llegaría a las metas con las que El Salvador se había comprometido tres años atrás en una Hoja de Ruta (2006) destinada a acabar con el trabajo infantil. Las metas trazadas, en las que también se anotaron otros Estados de la región, apuntaban a hacerlo para 2020: entonces, se pensaba, ningún menor de 18 años tendría que realizar ninguna labor para ganarse la vida. El proyecto parecía condenado al fracaso. Las promesas no se cumplirán.

Rónald, de 12 años, asistirá más tarde a sus clases en el quinto grado del Centro Escolar Quebrada Española. Tiene 19 compañeros en el aula, cinco son varones. Tres de ellos realizan labores en el campo en la mañana, como él, para estudiar por la tarde. En las lecciones de hoy, quizá, verán las partes del cuerpo humano, algo que le fascina al niño, conocer cómo está compuesto por dentro, qué hace que cada parte de sí mismo funcione. A diferencia de lo que se pensaría, parecerá fresco, atento a cada palabra que sale de la boca de su profesor. El profesor señalará en el pizarrón los órganos y sus funciones, y Rónald preguntará, preguntará y preguntará para estar seguro de que ha entendido.

Que no se hayan cumplido las promesas de la Hoja de Ruta no se traduce en la nulidad de logros: según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2017, publicada por la DIGESTYC hace unas semanas, son 41,735 los niños menores de 14 años que se ven obligados a trabajar, 20,000 menos que hace una década, cuando, por ejemplo, Luis Enrique fue llevado por primera vez al campo por su padre. El país ha vivido una disminución constante al menos desde 2012, cuando se reportó el último incremento con respecto al ejercicio anterior.

La mayor conquista se ha registrado en las labores de corta de caña, donde el problema, al menos según datos del Ministerio de Trabajo, ha llegado casi a cero. Ese es el resultado de más de una década de apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, que le aportó en torno a $1,000,000 al sector azucarero entre 2002 y 2009, y que continuó su camino en FUNDAZUCAR, la organización no gubernamental que aglutina al sector*.

Pero eso no se ha traducido en que la prohibición se ha cumplido a rajatabla, y el Ministerio de Trabajo ha sancionado, desde 2012, a 12 empresas y cooperativas por seguir empleando a menores, como en el caso de la Cooperativa de Los Chilamates, de Nueva Concepción, Chalatenango, a la que en 2013 se le descubrió que había empleado a 11 menores de edad.

En un país adscrito a varios convenios internacionales contra el trabajo infantil, que se comprometió a que ningún menor de 18 años trabajaría en 2020, Luis Enrique ya cuenta con casi una década de experiencia trabajando la tierra. Tiene 17 años, empezó cuando solo tenía ocho. Ha laborado por más de la mitad de su vida. Luis Enrique es parte de una familia formada por padre, madre y 15 hijos que viven en el cantón Quebrada Española, de Izalco. Es un retrato del trabajo infantil asumido con normalidad.

En la escuela, Rónald ignora, sin embargo, que su cuerpo todavía no está lo suficientemente desarrollado para hacer el trabajo que realiza. Porque no es solo la labor del campo.
Para poder ganar entre $3.60 y $7 por cada paquete de 12 pares de zapatos, tras salir de la escuela, Rónald se sumará a su madre y a sus dos hermanos Luis Enrique y Miguel Ángel (15 años) para coser calzado. Pacientemente unirá decenas de suelas a igual número de piezas a la luz de una lámpara, en una jornada que puede extenderse hasta las 10 de la noche. Para la familia esto significa un ingreso importante, dependiendo del número de lotes que les encarguen.

A Miguel Ángel, el hermano de 15 años de Rónald, las semanas de escuela se le vuelven, a veces, de tres días. Cuando tiene que extender su jornada en la milpa en la tarde, los días en que su padre necesita más ayuda, pide permiso para ausentarse de sus clases. Eso, dice, ocurre una o dos veces cada semana.
En la escuela a la que asisten los hermanos son conscientes de que muchos de los niños a los que atienden cumplen con una responsabilidad que no les corresponde. Por eso suelen ser más pacientes con ellos, según lo comenta Cecilia Morán, la directora del centro.

Izalco. Rolando Obando posa junto a cuatro de sus 15 hijos. De derecha a izquierda: Miguel Ángel (15 años), Luis Enrique (17), Rónald (12), Rolando y su hijo mayor, de 25 años.

Aparte de ello, no cuentan con programas constantes para atender a este tipo de población. Los que poseen en la actualidad se limitan a un taller de banda de paz y otro de instrumentos musicales. De vez en cuando llegan cursos de otra cosa, como uno muy reciente de panadería, al que los niños trabajadores asisten gustosos: piensan que eso les permitirá conseguir un mejor empleo. Eso mismo piensan los padres. En la zona no hay lugares para formarse en algún oficio. Lo más cercano está en el casco urbano de Izalco. Dado el problema de caminos del sitio, moverse hasta allá de forma constante representa una fuerte inversión que muchas familias no son capaces de cubrir.

Pero incluso las clases de música y de banda de paz están en peligro. En la escuela es casi imposible mantener actividades que vayan más allá de los cursos normales, según lo explica la directora del centro, pues no cuentan con un presupuesto para hacerlo. Por años las han mantenido haciendo malabares. Si no llega un patrocinador, deberán retirarlos en el corto plazo.
En El Salvador, el combate al trabajo infantil ha estado en manos de una mesa conformada por varias instituciones: los ministerios de Trabajo, Salud y Educación, el ISNA, el CONNA y las municipalidades, que pueden tener una mayor incidencia en el seguimiento a la eficacia de las políticas dada su cercanía con la población.

Pero desde las instituciones no ha habido un esfuerzo constante, al menos en la última década, siquiera por entender el fenómeno. Por ejemplo, para establecer el dato de niños trabajando, la única referencia es la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. La otra fuente es lo reportado por el Ministerio de Educación, que toma en cuenta a la población que va a un centro educativo.
Para darse cuenta de esta ausencia, solo basta con consultar el número de comités municipales de protección de derechos habilitados por el CONNA a escala nacional: menos de 100, cuando la ley establece que debe existir al menos uno por municipio.

“Eso impide que para problemas como el trabajo infantil, que exige un constante monitoreo, se tenga la capacidad para mantener ese seguimiento. Debe haber una reestructuración, en la que se aprovechen otras infraestructuras ya instaladas en el país, como los ECOS del Ministerio de Salud. Ahorita, solo estamos actuando mediante una denuncia previa”, comenta Víctor Serrano, técnico de Promoción de Derechos del ISNA. Reconoce que para esta labor esa institución no cuenta siquiera con 100 empleados.

Señala, sin embargo, algunas conquistas, sobre todo referidas a la casi total eliminación de algunas de las formas más peligrosas de trabajo infantil: la de los que laboraban en las minas de cal en el norte de Santa Ana; la de los niños utilizados en la pesca con explosivos.

Pero incluso el ISNA, según reconoce el mismo Serrano, ha dejado de batallar por poner en el centro de la discusión el problema. Algo que puede ilustrarse en el hecho de que el último estudio sobre trabajo infantil se publicó en un ya lejano 2014. Era el referido a Madresal, la isla de las madres-niñas, en San Dionisio, Usulután, de la que Séptimo Sentido realizó un amplio reportaje, publicado ese mismo año.

El Estado no sabrá, por tanto, sobre Rónald, el niño que después de sudar sobre la milpa preguntará en su clase de Ciencias sobre las partes del cuerpo humano para, después, partir a su casa a coser calzado.

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—¿VIO A AQUEL SEÑOR que estaba en el portón? Ese es mi papá –comenta Rolando Obando, el padre de 15 hijos, mientras arroja agua a su milpa con la bomba que carga a la espalda. —A mí me sacó a los ocho años y me llevó a unos lugares allá por el cerro de Las Flores, a pasarnos ese gran rillón, que a veces él me pasaba en el lomo cuando estaba crecido.

Rolando habla de algo que parece una tradición en la zona, pero que contraviene los tratados internacionales y la LEPINA. Sin embargo, cuando él crecía, los derechos de los niños eran algo que no le importaba al Estado.

Rolando cuenta cómo empezó a trabajar en los cañales cuando tenía 12 años, cómo soportaba los calores de la época de la zafra, cómo se hizo un hombre duro a base de trabajo en una de las labores catalogadas entre las más peligrosas para un niño.

Rolando es todo un líder comunitario, forma parte de APROMUPIZALCO, la asociación de cooperativas de agua que surte a 10,000 personas en ese municipio de Sonsonate. Ha sido elegido para representar a su comunidad, Quebrada Española, en las diferentes iniciativas que han llegado hasta este lugar, aislado por calles de tierra y piedra suelta a pesar de estar a unos cuantos cientos de metros de la carretera que de San Salvador conduce a Sonsonate.

A lo único que no apoyó con fuerza, comenta, fue a PRONIÑO, un programa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y una empresa privada de telefonía que entre 2012 y 2013 intentó concienciar a los padres de la zona sobre la inconveniencia de que sus hijos comenzaran a trabajar a tan temprana edad.

Según la directora del centro escolar del sitio, Cecilia Morán, el programa tuvo una incidencia positiva. Fue la época en que un mayor porcentaje de niños dejó de trabajar. Eso es algo que se repitió en el resto del país. Entre 2011 y 2014, el país vivió su mayor disminución en el número de infantes menores de 14 años obligados a trabajar, que pasó de 60,171 a 47,488.

Esta tarea, comenta Morán, se hizo no sin enfrentar una enorme oposición de parte de los padres, que se preguntaban quién, ante la ausencia de los hijos, les ayudaría a completar la obtención de los recursos para tener una vida digna.

Una persona que ha visto el fenómeno del trabajo infantil de cerca desde finales de los noventa es Víctor Serrano, técnico de la Dirección y Promoción de Derechos del ISNA. Eso, el hecho de que los menores de edad pueden significar un importante ingreso para familias pobres, es un elemento que complejiza la discusión. Ahí no basta la enumeración de leyes y posibles sanciones, pues está en juego, comenta, la propia sobrevivencia del menor.

“Pero eso no quiere decir que hay que dejar de concienciar sobre los derechos de los menores. Hay que cambiar la estrategia, como dejarles claro que la escuela, a pesar de las carencias que tiene, es una oportunidad para romper con el ciclo de la pobreza en un futuro”, comenta Serrano.

De nuevo en su milpa, mientras sus hijos adolescentes y el niño Rónald continúan con la faena, Rolando explica las razones de por qué lo que representaba PRONIÑO le parecía tan mala idea.

—Yo hablé con mis hijos y les dije “no voy a apoyar eso porque ustedes son los que se me van a arruinar” –dice Rolando, dejando por un rato su semblante dicharachero para poner un rostro serio. —No quiero un hijo huevón. Necesitan el estudio, pero también trabajar, porque aquí nos hemos acostumbrado a trabajar en la tierra.

Muchos padres de la zona piensan como Rolando. Incluso aseguran que parte de la violencia que se ha vivido en la zona en los últimos años se debió a ese período en el que muchos niños dejaron de trabajar.

“Para mí, es 1,000 veces preferible que un niño de 12 años esté ahí, en la milpa, aprendiendo cómo se trabaja, a que esté en una esquina sirviéndole a los grupos delincuenciales”, comenta un padre de familia que, por motivos obvios, prefiere no decir su nombre.

El Salvador no es un país de blancos y negros. Tampoco este argumento es suficiente para justificar el trabajo infantil, según la opinión de Víctor Serrano, del ISNA.

“Hay casos extremos en que la familia es negligente… Una vez me encontré a unos adolescentes trabajando en el cañal, a unas altas temperaturas, cuando las personas adultas estaban en la casa, viendo la telenovela”, ilustra.

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A PESAR DE QUE sus hijos han tenido que trabajar desde pequeños, Rolando Obando cree en la importancia de la educación. Por eso ha animado a sus hijos a completar, “aunque sea”, su bachillerato. Eso ocurrió con dos de sus hijos mayores de edad que, tras ello, pudieron acceder a un puesto en una empresa cercana a la capital. Para Rolando, es toda una conquista: que sus hijos puedan ganarse la vida “sin molestarse mucho”, como él, en las labores del campo.
Los dos hermanos son un ejemplo para el resto de la familia. El punto al que alcanzar o superar. Por eso Miguel Ángel, de 15 años, ha decidido seguir estudiando, a pesar de la dureza de una jornada que comienza en la mañana en las labores de la tierra y continúa en la tarde en la escuela. Y que, incluso, se puede extender con los zapatos que lleva su hermano Luis Enrique para coser.
“Yo siento que no me cuesta tanto, ya me acostumbré”, comenta Miguel Ángel, lleno de timidez.
Dice que, a pesar de todo, terminará con su bachillerato. Pero luego no existe en su panorama la idea de incorporarse a la universidad o continuar con su educación. Quiere contar con un título para convertirse en empleado de una fábrica, conseguir un trabajo con el que pueda obtener un ingreso constante con el cual ayudar a su hogar. Ese es su sueño, que todavía le suena lejano.
Con lo escuchado se podría pensar que a, semejanza de lo que escribe Martín Caparrós en el libro “El hambre”, salvando las distancias, la pobreza y la necesidad de trabajar desde pequeño te quita, incluso, la oportunidad de ver más allá.
Por ahora, Miguel Ángel, Rónald y Luis Enrique continuarán el trabajo en la milpa de su padre, esperando que este año la cosecha no los decepcione.

Otros ejemplos. Maybelline Shupan, de 12 años, ayuda a su madre a recoger leña a 40 minutos de camino de su casa, en Cuyagualo, Izalco. También su hermano, Enrique, de 14, trabaja.

 

*Este párrafo pudo causar alguna confusión. Por ello fue modificado el 12 de junio de 2018, con el monto que fue entregado por la OIT exclusivamente al sector azucarero.

Un percance rumbo al Norte

Doble de reportaje original

 

Lo único que brilla hoy en la casa del joyero es el recuerdo de los $5.15 por hora que ganaba cosechando sandías, tomates, pepinos o cebollas en Texas, en Estados Unidos. Cuando lo deportaron en 2007, a Francisco Linares no le quedó más que regresar a su oficio de orfebre, de forjador de oro ajeno. Así fue hasta que tras el segundo de los asaltos sufridos se quedó solo con sus herramientas: una mesa ennegrecida y un puñado de trastos retorcidos. Desde ese momento ya no pudo pagar los $17 mensuales de la cuota por la casa en las afueras de Santa Ana. Los $4 diarios que reunía Delmy de Linares con su trabajo de doméstica apenas alcanzaban para la comida de los tres hijos y el matrimonio, y los mandatos de desadjudicación que se deslizaron bajo la puerta presionaron. A Francisco, de 44 años, Estados Unidos se le hizo tan necesario como un salvavidas para un náufrago. Convenció a Delmy para que lo acompañara por una ruta sin guía y sin garantías en la que la única ventaja era que él ya la había recorrido una vez. Trabajar con sandías en el norte, debió pensar, es más dignificante que trabajar con oro en El Salvador.

Se despidieron de los hijos y de la casa el martes 26 de febrero de este año. Dos días después, ingresaron en México. Recorrían alguna carretera de Chiapas a bordo de un microbús cuando agentes de la Policía Federal Preventiva salieron al paso. Detuvieron la unidad, y lo que sucedió fue que ella titubeó, se cortó, le ganaron los nervios, y no supo contestar con la rapidez necesaria a la pregunta que le hicieron los agentes. La bajaron del microbús. Francisco le leyó la preocupación en la cara y, no sin antes evaluarlo unos segundos, decidió confesar su origen. Los bajaron a los dos, igual que a otros que tampoco llevaban papeles y que, despojados de las sutilezas de las banderas, los escudos, los gobiernos y las nacionalidades, cayeron en una sola bolsa: centroamericanos.

Aquella vez no les fue tan mal. Los regresaron a Guatemala porque, previendo que los podían detener, Francisco había recomendado a Delmy que dijera que era de ese país. Él aseguró lo mismo. Y como las autoridades mexicanas no se molestaron en confirmar las versiones, los dejaron en una frontera que los mexicanos llaman Talismán y los guatemaltecos, El Carmen. Antes tuvieron que pasar una noche detenidos, él con los hombres y ella con las mujeres. Aguantaron hambre y no dejaron de preocuparse el uno por el otro, pero no les fue tan mal.

El contratiempo no fue significativo y no mermó la intención de los Linares. El mismo día en que los agentes mexicanos los dejaron en la frontera, Delmy y Francisco tomaron un autobús e hicieron el recorrido de una media hora hasta la siguiente frontera, que se llama Tecún Umán y que, a diferencia de la anterior, está abierta las 24 horas. Así, siguieron por la ruta que Francisco conocía.

El sábado 1.º de marzo, iban de nuevo en un microbús. Era temprano. Habían cruzado el río Suchiate, el que une y separa los dos países, a las 6 de la mañana y, debido a que el sol apenas empezaba a salir, él pensó que no iba a haber nadie con ganas de sorprenderlos. Esta vez ella no habló. Fue él quien, con simulado acento mexicano, dijo al motorista que les permitiera bajar antes de llegar a la garita. “¿Vas a rodear?”, dice Francisco que le preguntó el conductor. Una respuesta afirmativa no fue suficiente para desactivar la curiosidad. ¿No traes papeles?, volvió a preguntar el motorista, a lo que Francisco, recuerda que en tono molesto contestó: “¿Y para qué te estoy diciendo que me dejes aquí?”. El conductor se detuvo y la pareja se bajó.

Hasta antes del viaje, Delmy no conocía ni la capital de su país, San Salvador, a escasos 65 kilómetros de su lugar de residencia. Pero para cuando el sol de ese sábado salió, ella y su marido habían dejado El Salvador, habían atravesado Guatemala y caminaban por un paraje conocido como La Arrocera, en Huixtla (Chiapas). Se bajaron del microbús a unos 500 metros de la garita de control migratorio, y caminaron unas cuatro cuadras para rodearla. Ahí es donde empieza lo más negro de su historia. Ahí empieza ese episodio al que los esposos Linares prefieren referirse como el percance.

Dice Francisco que apuraron el paso y que casi corrieron para escapar de ellos. No funcionó. De un salto, uno de los tres uniformados se les puso delante, y les preguntó que de dónde venían, que para dónde iban, que si estaban afligidos, que si llevaban dinero, que si la vieja llevaba dinero. Eran tres. Tenían escopetas.

En la casa de los Linares hay unas cuantas sillas, un par de camas, un cancel y detrás del cancel una cocina raquítica. Francisco accedió a contar esta historia el 22 de abril, cuando tenía sus recuerdos como llagas vivas. Habló, porque quería exigir justicia. Llevaba menos de 48 horas en El Salvador. Y revivía con gestos y rabia su parte del percance.

El agente preguntó a Francisco si estaba afligido. “No, estoy contento, contento porque los veo a ustedes. Eso me hace a mí sentir que aquí no hay ladrones, no me puede pasar nada. Y al mismo tiempo estoy preocupado, porque ustedes me pueden entregar a la Migra”, dice él que les contestó.

Los agentes al principio eran tres, dos con gorros navarone y uno con gorra. Uno de los de cara tapada se pasó el arma de un brazo al otro. Y el que estaba hablando con Francisco hizo un gesto para que se acercaran otros tres hombres. Estos iban vestidos con camisetas y pantalones color verde olivo, color militar. Ellos, los últimos, se quedaron con Delmy. Los otros tres, los primeros, se llevaron a Francisco. Dijeron que a Delmy la soltarían en unos 10 minutos para que se reuniera con él.

Con diplomática cortesía, Gustavo Gutiérrez, encargado de asuntos migratorios del estado de Chiapas, reconoce que el respeto a los derechos de los migrantes y la depuración del personal policiaco son “un reto”, uno grande. Así, al reducir acciones a palabras, lo que los Linares bautizaron como el percance sirve a Gutiérrez para dimensionar su reto. “No es un caso que se pueda tomar como único, lamentablemente ilustra el tamaño del reto que tenemos”, dijo el funcionario.

Francisco se les corrió a los hombres con uniformes de la Policía Federal Preventiva. Huyó y se metió en una quebrada. Como en las películas, dice que escuchó que sus perseguidores caminaban arriba de su escondite y los escuchó decir “Ese güey ya se largó”. Y se quedó ahí, despierto, asomando la cabeza por si Delmy se acercaba. Pasó un día y medio esperándola y no apareció.

Francisco asegura que la buscó. Dice que se paseó por el lugar en donde los habían interceptado, y que no halló ni rastro de la que desde hacía más de 25 años era su mujer. Él decidió continuar, pero el peso de la pena se le hizo una carga demasiado pesada como para avanzar hacia su sueño de trabajar en la cosecha de sandías, tomates, pepinos y cebollas en Texas, en Estados Unidos.

Se colgó del tren del sur —que discurre por los estados de Chiapas y Oaxaca— y se logró bajar entero. Ya sin un centavo, todo se lo quedaron los seis uniformados, decidió aceptar el techo y la comida que ofrece el albergue “Hogar de la misericordia”, que administra en el municipio de Ixtepec un sacerdote mexicano llamado Alejandro Solalinde. Y ahí las noches fueron lágrimas. Pasaba solo, porque le caía mal que sus colegas de viaje, también rotos y también cansados, intentaran darle ánimo.

Sobre la vestia

La relación con las luces y las cámaras empezó en ese albergue. Solalinde reunió a los huéspedes de turno para que, como en terapia de grupo, contaran su experiencia. Francisco pidió la palabra, pero para decir al padre que quería hablar con él en privado. El de Solalinde no es un nombre extraño para los medios. En los últimos meses lo han citado Prensa Libre, Reforma, El Universal, Vanguardia, Noticias de Oaxaca, El Periódico de México y Gatopardo. En todas las notas él habla de violaciones a los derechos de los migrantes y siempre ha tenido como fuente para sus denuncias a los mismos migrantes. Para recibir en privado a Francisco, sin embargo, se tardó dos días, y Francisco aún lo dice como reclamo.

La plática con Solalinde no solo sirvió de desahogo. También plantó en Francisco la semilla de la denuncia. Y el salvadoreño, que no sabía nada de su mujer desde el encuentro con los uniformados, que no tenía ni un centavo partido por la mitad y que se sentía colmado de incertidumbre, la dejó germinar.

Abrir el proceso de denuncia significaba retroceder en el viaje hacia el Norte. Y retroceder, cuando cada paso hacia adelante ha dolido tanto, no es sencillo. Francisco debía regresar desde Ixtepec, en el estado de Oaxaca, al Estado de Chiapas. “Acepté, no más porque no sabía nada de ella y era una injusticia no saber nada”, recuerda.

Francisco es un hombre moreno —dice que tanto como los policías que le quitaron dinero y esposa—, de convicciones firmes, miembro de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días —mormón—, papá de tres, y esposo de esa mujer de su misma edad, 44, a la que conoció cuando de niños jugaban en la colonia España, de Santa Ana, la que llaman la Sucursal del Cielo.

El 14 de marzo, 14 días después del percance, Francisco estuvo en una conferencia de prensa. Al orfebre santaneco lo sentaron frente a quién sabe cuántos periodistas. Porque la estancia de Francisco en México coincidió con la del relator de asuntos migratorios para la Organización de Naciones Unidas (ONU), Jorge Bustamante. Tras atender a los periodistas, los dos se reunieron en privado.

Desde diciembre de 2006, Bustamante ha visitado República de Corea, Indonesia, Estados Unidos, Guatemala y México como relator especial sobre derechos de los migrantes de la ONU. Bustamante es doctor en Sociología y Ciencias Políticas, y ha participado en la elaboración de libros como “Decadencia y auge de las identidades”, “Economía fronteriza y libre comercio” y “Frontera y migraciones”. Francisco, por su lado, estudió hasta primer grado, ha sido deportado de Estados Unidos, fue eventual del Cuerpo de Agente Metropolitanos de Santa Ana y debe $1,100 a un amigo. Con esas credenciales, ambos se sentaron frente a frente.

“Ahorita disfráceme a un par de vigilantes suyos con una mochila y que se vayan conmigo a pasar por una garita, a ver si no les hacen algo, a ver si no los asaltan. Ustedes saben, pero se lucran de eso. Saben que el único delito de nosotros es cruzar México, y saben que venimos a contribuir al país de ustedes, porque los salvadoreños dólares traemos y dólares les dejamos”, dijo Francisco que fue la acusación que le dejó al relator.

Bustamante levantó un informe de su visita a México. “El relator especial manifiesta su conmoción por los crecientes abusos contra personas migrantes, especialmente contra aquellas de origen centroamericano”, son las líneas que, dentro del documento, se pueden aplicar a lo que los Linares vivieron.

Tras la reunión con Bustamante en Tapachula, siempre en el estado de Chiapas, Francisco puso la denuncia. En ese momento, tenía el ánimo de justicia encendido. En ese momento, apareció la desaparecida Delmy.

Delmy llegó a su casa el lunes 10 de marzo. Iba sola, vestida con una ropa que alguien —quién sabe quién— le regaló. El viaje desde La Arrocera, en Huixtla, hasta su humilde casa en Santa Ana le tomó cinco días. Los otros cuatro los había pasado en los montes.

Delmy empieza su relato desde el momento en que los hombres la dejaron tirada. Caminó deshaciendo los pasos que había dado con su marido. Avanzó a pie hasta donde pudo, y ahí empezó a pedir dinero.

Ella, que nunca había salido de Santa Ana, tuvo que encontrar la manera de sobrevivir sola. Ahí no había pena, ni conocidos ante los cuales sentir vergüenza o confianza. “De lo que me daba la gente pagaba los buses. En unos, me cobraban, en otros no”, dice sin alzar la voz.

Contrario a su esposo, habla poco y se ríe menos. Se seca las lágrimas antes de que le rueden por las mejillas.

Los que la separaron de su marido —los uniformados, los de verde, los que traían escopetas— la retuvieron durante cuatro días. La violaron durante cuatro días.

Se acuerda de que le dieron de comer, pero no sabe qué. Recuerda que la golpearon, pero no sabe cuánto. Sabe que fue abusada sexualmente, pero está segura de que no podría reconstruir un rostro, una escena o algún nombre. Sabe de la cicatriz, no de cómo la hirieron. “Es que yo me corto, pierdo el conocimiento”, dice como exponiendo un defecto de fábrica.

En la mano, Delmy lleva un anillo dorado que Francisco le forjó y que conserva porque nunca lo sacó de su casa en Santa Ana. Ese lugar al que regresó el 10 de marzo: “Al no más venir, lo primero que hice fue preguntar si él ya había hablado”.

Lo que las autoridades mexicanas dijeron acerca del paradero de Delmy fue que había sido “asegurada” en un operativo de la Policía Federal Preventiva y que ya había sido liberada, según recogieron los medios de comunicación locales. Solalinde no quedó satisfecho con esa explicación. “¿Cómo puede tratarse de un operativo de Migración sin agentes de Migración? ¿O acaso Migración usa pasamontañas? Pero además, amenazaron con armas de alto poder, los insultaron, amenazaron, los robaron y secuestraron a la señora”, fueron las palabras del religioso ante periodistas.

En el momento en que la vivencia de los Linares atrajo cámaras y plumas, las autoridades del estado de Chiapas se comprometieron a investigar y a responder por lo que había pasado. El caso se puso en manos de Gustavo Gutiérrez, el encargado de asuntos migratorios.

Movilidad Humana es el nombre de la ONG que documentó el caso de los Linares y lo empujó hasta los oídos de Bustamante, el relator de Naciones Unidas. En Movilidad Humana trabaja Solalinde, y fue él quien el 18 de marzo recibió la noticia de parte de las autoridades estatales: Delmy estaba en su casa. Lo supieron ocho días después de que ella, por sus medios, hubiera logrado volver a su país.

Solalinde es una fuente recurrente para los periodistas. En una nota en la que aparece su nombre se dice que intervino para que no golpearan a 22 centroamericanos de madrugada, en otra se denuncia que las autoridades no hicieron nada por investigar el paradero de 12 guatemaltecos secuestrados, en otra noticia se consigna que 700 indocumentados llegaron a su albergue colgados del tren. Todo en grandes números, con innumerables testimonios de violaciones a los derechos humanos. Encontrar en ese mar de desgracias a alguien con ganas exigir justicia por la vía institucional no ocurre de todos los días. Por eso fue importante.

Francisco no solo recibió exhortaciones para que se animara a poner la denuncia ante las instancias respectivas. También recibió ofrecimientos para que acompañara todo el proceso hasta que finalizara. Gustavo Gutiérrez aseguró a Francisco que de parte del estado de Chiapas él, Delmy y los tres hijos de ambos serían apoyados con domicilio, trabajo y estudio para que regresaran a México a residir de forma legal. Si aceptaban los beneficios, claro, también tendrían que aceptar continuar con el proceso, lo que en primer lugar requería una ratificación de la declaración de parte de él y una primera declaración de parte de ella.

Francisco regresó a su casa en las afueras de Santa Ana el 20 de abril. Un día antes había hablado con Delmy. Fue la primera conversación desde el percance. Se pusieron de acuerdo. Él le llamaría a ella cuando ya estuviera en San Salvador para que ella se trasladara con sus hijos a un lugar cercano de donde el autobús lo dejaría a él. Querían verse cuanto antes. Los planes fueron nada más eso, planes. Porque Francisco se quedó sin dinero para llamar a su familia. Se encontraron en casa.

Francisco regresó a El Salvador por la vía legal, no por deportación. El consulado salvadoreño en Tapachula le dio asistencia para que obtuviera un pasaporte provisional. Recibió el documento el 18 de abril.

El cónsul de El Salvador en Tapachula es Nelson Cuéllar. Para él, las obligaciones de esta oficina para con Francisco estuvieron bien delimitadas y fueron brindarle atención en la obtención de sus documentos, como sacarle el permiso ante Migración para que él estuviera en México sin problemas, tramitarle una certificación de origen y aprobarle un pasaporte provisional.

Desde el percance, estuvo mes y medio en México. En ese tiempo, él fue la preocupación y el centro de atenciones de parte del Estado de Chiapas. El ejecutor y el encargado directo del caso fue siempre Gustavo Gutiérrez.

Francisco es hombre de convicciones firmes. Tan firmes, que le causan problemas. “A mí siempre me ha gustado comer monte (hierbas y verduras). Por eso con unos hermanos nos uníamos para cocinarnos sopas y para que así las del albergue no tuvieran que darnos comida y que se la dieran a otros que la necesitaran”, así resume Francisco “el problema” por el que fue trasladado de albergue. Una acción en la que intervino Gustavo Gutiérrez.

Porque Gustavo Gutiérrez, a diferencia del cónsul salvadoreño, no pone límites a lo que hicieron por Francisco. “Nos hicimos cargo de él”, dice y la lista de lo que encierra la frase es larga. “Estuvimos pendientes de dónde estuviera durmiendo, de qué estuviera comiendo, de que tuviera sus apoyos psicológicos, lo llevamos con su consulado, hicimos el procedimiento para que el consulado lo pudiera apoyar y luego hicimos una estrategia para que con el consulado trabajaran con Migración”, afirmó, vía telefónica, el funcionario chiapaneco.

El encargado de asuntos migratorios del estado de Chiapas necesitaba tiempo. El tiempo de Francisco. Como el mismo funcionario reconoce, lo difícil en México no es encontrar inmigrantes con historias dignas de denuncia. Lo difícil está en que el interesado desista de o retrase su viaje al Norte, para poder interponer la demanda y luego ratificarla. “Los centroamericanos no se quedan lo suficiente”, dice con resignación.

México es un país que pide y no da. Eso es lo que se lee, al menos, en las declaraciones de Bustamante: “Les hacemos a los emigrantes centroamericanos cosas peores de las que nos hacen a los mexicanos en Estados Unidos”. Lo dijo el 12 de marzo, un día antes de conocer a Francisco.

Cuando Gustavo Gutiérrez habla de lo que falta por hacer, empieza por el lado de sensibilizar a los empleados de las instituciones gubernamentales para que no menosprecien las denuncias de los inmigrantes, y continúa por el de convencer a los inmigrantes para que tomen sus denuncias y las lleven a término.

“Yo siento que fue por interés. A cambio de que yo pusiera esa denuncia, ellos me iban a ayudar”, es la conclusión que, sentado en una de las sillas de su casa, saca Francisco.

Francisco regresó a casa el 20 de abril, y lo hizo gracias a que el gobierno chiapaneco le entregó $95 con los que se suponía debía financiar los costos de los documentos de su familia, como partidas de nacimiento, fotos, documentos únicos de identidad y pasaportes. Cuando ingresó El Salvador, sin embargo, ya no tenía ni para una llamada. Porque, aunque Gustavo Gutiérrez insiste que el estado de Chiapas pagó el transporte, Francisco asegura que fue con esos $95 que tuvo que comprar su boleto de autobús. “Y de eso también comí y pagué lo que me cobraron por unos sellos en la frontera”, insiste.

Desde que volvió, Francisco no ha podido conseguir más que trabajos esporádicos. A pesar de las reiteradas violaciones, Delmy no ha visto ni a médicos, ni a psicólogos, y se dedica a hacer oficios domésticos en casas ajenas para poder ganar lo de la comida.

La fiebre de Francisco por justicia ha ido enfriando. Y Delmy, que nunca ardió en deseos por denunciar, cubre de olvido su pena y se concentra en callar y trabajar. “No quiero ir a acusar a nadie injustamente, no les vi el rostro”, se excusa ella.

El 20 de mayo, los esposos Linares viajaron a San Salvador. Ella venía de traje y él con camisa de botones y cincho. Se bajaron del autobús interdepartamental en la parada que está frente a la Basílica de Guadalupe, en Antiguo Cuscatlán. Ahí los llegó a recoger personal del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA).

Francisco había cumplido un mes de haber regresado, y en ese tiempo lidió con los mismos problemas de pago de casa y manutención por los que se había ido. Los Linares ocupan una vivienda entregada por una institución que se dedica a ayudar a las familias de escasos recursos para que adquieran una casa digna. Las familias, no obstante, se comprometen a cancelar una cuota para conservar su derecho de adjudicación. Los Linares casi pierden ese derecho. Para conservarlo, se comprometieron a pagar la mora, con eso, la cuota inicial de $17 mensuales se les elevó a $50.

A esa deuda se suma la que adquirieron antes del viaje, los $1,100 que debe a un amigo, el dinero con el que los esposos pretendían llegar a Estados Unidos. Pero casi todo les quedó a los hombres que los interceptaron.

Con esas preocupaciones pero aún con la idea de justicia en mente, Francisco llegó al IDHUCA a pedir asesoría para seguir el proceso de denuncia desde aquí. Pero a los dos días, el ánimo se le ahogó. Se le quedó, como él ilustra, helado.

Aunque la coordinadora del programa de migrantes del IDHUCA, Gilma Pérez, haya dicho que la denuncia “es un caso sin precedentes” y “ejemplarizante”, Francisco había empezado ya a desechar esa vía. Los delitos por los que puso la denuncia en México son privación ilegal de libertad, abuso de autoridad, desaparición de persona y robo. El único desvanecido a la fecha, por la presencia de Delmy, es el de desaparición de persona.

El IDHUCA opina que Francisco no debe regresar a México. Pérez no estima conveniente que se exponga a represalias. Desde México, Gustavo Gutiérrez no solo considera que es necesario que Francisco vuelva, sino que también lo esperan con toda su familia, para ofrecer trabajo a Delmy y para incluir a los hijos en el sistema educativo. Al menos ese es el ofrecimiento. Y, según el funcionario mexicano, Francisco solo debe cumplir con la parte de los documentos, porque los boletos correrían por cuenta de la Gobernación de Chiapas.

Pero Francisco ya no está en caliente. Las llagas se han cerrado. Ahora, como si la pobreza le hubiera lavado la voluntad, dice que se arrepiente de haber aceptado denunciar. “Me hubiera ido (al norte)”, dice mientras da rienda suelta a su frustración.

Y es que lo único que brilla hoy en la casa del joyero es el recuerdo de los $5.15 por hora que ganaba cosechando sandías, tomates, pepinos o cebollas en Texas, en Estados Unidos. Después de que se regresó de México hace dos meses, Francisco ya no retomó su oficio de orfebre. La mesa ennegrecida y el puñado de trastos retorcidos con los que hacía sus trabajos antes del segundo asalto siguen en desuso. Todavía no han encontrado modo de pagar los $50 de la cuota de la casa, ya con mora, en las afueras de Santa Ana. Los mandatos de desadjudicación pronto volverán a ser deslizados bajo la puerta. Los $4 que aporta Delmy de Linares con su trabajo de doméstica no van más allá de la comida. A Francisco, de 44 años, Estados Unidos se le hace tan necesario como un salvavidas para un náufrago. Convenció a Delmy para que le permita volver a intentar llegar. Esta vez lo haría solo y con $20 en la bolsa. Un viaje en el que la única ventaja es que él cree conocer el camino. Trabajar con sandías en el norte, está convencido, es más dignificante que trabajar con oro en El Salvador.

 

Una década de compromiso

10º Aniversario de Séptimo Sentido

En junio de 2008 se hizo desde estas páginas una apuesta por los textos largos y las fotografías más reposadas. Era tomar distancia de la inmediatez con la que lo digital iba arrastrando al periodismo.

Una década más tarde, podemos decir que han pasado por estas páginas las grandes firmas de la crónica y que, aunque no nació encaminada hacia ese objetivo, se han publicado investigaciones nacionales e internacionales que han tenido incidencia. Séptimo Sentido es aún difícil de definir en una sola palabra o desde un solo punto de vista. Este mes de aniversario vamos a confirmarnos en ese carácter diverso que ha venido a enriquecer la discusión sobre esta profesión. Los dejamos con uno de los reportajes que formaron parte de la primera edición.

El compromiso de visibilizar lo importante y no solo lo urgente se mantiene.

Primer editorial de Séptimo Sentido

Primer Editorial

Lea nuestro primer reportaje:

Un percance rumbo al Norte