“No puedo ir a la playa porque me siento culpable”

Hay quienes saben qué quieren hacer con sus vidas desde que son niños, y hay gente que no, como André Guttfreund. Nació de padres migrantes. Su mamá era rumana y su papá, alemán. Creció en San Salvador lleno de atenciones, pues su familia judía manejaba un negocio exitoso. Estudió en la Escuela Americana y su madre, decidida a que no fuera tan mimado, decidió enviarlo a estudiar al extranjero a los 13 años. Desde entonces, tuvo que aprender a ser independiente y entender qué significaba el privilegio con el que se crió en El Salvador.

Cuando fue la hora de estudiar en la universidad, André Guttfreund escogió Ciencias Políticas como carrera, pero no iba a las clases. Estaba más interesado en el activismo de los años sesenta. Después se inscribió en una licenciatura y maestría en teatro. Aunque le gustaba estar en el escenario, algo le hacía sentir que ese no era su lugar. Así que pensó estudiar Derecho. Estaba considerando un futuro como abogado cuando Wálter Béneke, quien entonces era el ministro de Educación, le llamó:

“He conseguido $16 millones para arrancar una televisión cultural educativa a escala nacional y tenemos dos canales. Ya es tiempo de que jóvenes como tú, a quienes el país le ha dado tanto a sus familias, le dediquen dos años a su país”, me dijo Wálter. Y yo tenía mis 22 años… entonces vine y le dije: “Wálter… yo no sé nada de televisión. He hecho teatro. Los equipos para televisión no los conozco”, y me dice: “No importa, lo que tengás que aprender, lo vas a aprender y, por lo menos, sé que no te vas a robar el pisto”.

Regresó a El Salvador y trabajó en Televisión Educativa. Ahí intentó aprender de cámaras y un poco de producción. Al mismo tiempo, siguió haciendo teatro. Esa combinación de labores, le valió un consejo que cambiaría su vida.

Un director famoso de cine italiano, Roberto Rossellini, vino a El Salvador para asesorar el proyecto de Televisión Educativa. Rossellini también fue al teatro y vio una obra que André se encontraba montando. Después de verla, el italiano le recomendó que mejor se dedicara al cine porque lo que él dirigía sobre el escenario se vería mejor en cámara. Así fue como llegó al American Film Institute y comenzó una carrera a la que le ha dedicado su vida.

Más de 40 años después de ese consejo, André va vestido de saco y camiseta en la mañana de este sábado. Son las 10 y ya salió a hacer los primeros mandados del día, hizo algunas compras y volvió a su casa listo para esta plática.

Cuenta que a él le sucedió lo improbable. La película que hizo como trabajo de graduación fue nominada directamente al Óscar, algo que muy pocos estudiantes de cine pueden decir. “Había un compañero mío, que era bastante hippie… pero rico. Él había hecho dos documentales y me dijo que quería que el trabajo de tesis lo hiciéramos juntos. Leímos un cuento por Joyce Carol Oates, nos pusimos en contacto con ella y esa es la película que nos ganó el Óscar. Nunca pensamos en premios”, comienza a narrar desde el patio de su casa en San Salvador.

¿Usted cree que el Óscar llegó demasiado pronto en su carrera?
Hay ventajas y desventajas. La ventaja era que, como ni mi compañero ni yo sabíamos negociar la industria, haber ganado el Óscar nos abrió las puertas para aprender qué es lo que funcionaba comercialmente. La película que habíamos hecho y el premio que ganamos no tenía nada que ver con la realidad de la industria. La categoría de cortometraje es la única donde la comercialidad no viene a la mente. Después de ganar el Óscar, quisimos hacer un largometraje de una de las novelas de Joyce Carol Oates y fuimos a los diferentes estudios y básicamente nos dijeron “ustedes están locos, solo porque esto les salió tan bien con este cortometraje, no quiere decir que no tienen que pensar en taquilla cuando nos traen algo para que lo hagamos por millones de dólares”. Ganar el Óscar se volvió un aprendizaje rápido y también muy efectivo en cómo sobrevivir en la industria.

En el 77, por un lado, usted estaba buscando construirse una carrera y para entonces ya estaba iniciando una debacle en la realidad de El Salvador, ¿cómo manejó esas dos cosas?
Vine una vez después del Óscar para compartir la película. Mis padres invitaron a todos, llenaron la sala de una de esas organizaciones como FUSADES y después de eso ya no se me permitió regresar por lo de los secuestros. Recibimos cartas, amenazas.

¿De quién provenían?
No se identificaron, pero tuvimos secuestros en la familia. Al primo de mi papá, que fue quien lo trajo a El Salvador, lo secuestraron y lo mataron. La familia de él no pagó lo que pidieron para liberarlo. Hasta cierto punto la gente que se lo llevó sentía que se le debía, entonces amenazaron a los socios porque había una “deuda pendiente” y entre eso, se le hizo mucho ruido a lo del Óscar y la gente que estaba aconsejando a mi padre dijo: “Absolutamente, que no venga André”.

También en Los Ángeles yo fui muy activo recaudando fondos para Rubén Zamora cuando él se lanzó para presidente. Eso no le gustó a ciertos excolegas míos de la Escuela Americana, que incluían a Fredy (Alberto) Cristiani y Bobby (Roberto) Murray, quien antes era muy pragmático, una persona con muy buena educación y se hizo más radical hacia la derecha. Entonces yo ya no tenía un grupo que me sostuviera o acogiera.

¿Ellos eran su grupo de amigos de la escuela?
Sí, sí, entonces yo hasta cierto punto me tuve que divorciar. Mis padres ya no podían quedarse aquí, tuvieron que irse a Guatemala. Ellos emigraron a Israel.

Usted se fue por primera vez a los 13 años. ¿Experimentó el desarraigo cuando vio la realidad de El Salvador o era difícil sentirlo porque estuvo fuera muy pronto?
Mi madre insistió que fuéramos a escuelas progresistas en el extranjero porque ella sabía que la manera en la que estaba estructurada la sociedad no era saludable. Hay demasiado que hacer, no puedo vacacionar. Con todo el trabajo que tenemos que no puedo ir a la playa, porque me siento culpable; porque uno ve a niños vendiendo collares y no están en la escuela. En Hawái pudiera acostarme en la playa, pero aquí, no. Y eso tiene que ver con una sociedad todavía injusta.

Así que después de trabajar profesional en Estados Unidos y en Europa –porque también dirigí televisión en España–, tuve un hijo, paré de trabajar 10 años para dedicarme a él porque ya no estábamos juntos con su mamá. Me dio mucho placer hacer los viajes de campo con mi hijo y participar en la escuela. Después regresé a trabajar y estaba de profesor, un día me vino una invitación para dar un taller en la Universidad Don Bosco. En 2007, creo. A mí me encantó esa idea, que finalmente iba a poder hacer algo con lo mío aquí. Vine y se me pidió que fuera parte del jurado para el Festival Ícaro. Y en ficción, las cosas que vi eran terribles. Te-rri-bles. Las actuaciones, la dirección, la edición… todo eso era malo. Y ahí me cayó el cinco y dije: ¿Y por qué estoy dando clases allá donde hay tanta gente que puede dar clases?

Me vine cuando estaba Héctor Samour y Astrid Bahamond en SECULTURA. Me trajeron para hacer una serie de mis talleres de ficción y ahí salieron unos cortitos y unos ejercicios que verdaderamente me emocionaron. Astrid y Héctor se portaron muy bien en el sentido de cumplir con la promesas que me hicieron para que viniera a dar esos talleres, y yo empecé a buscar a dónde podríamos encontrar algunos fonditos. En el contexto de eso vi “Cinema Libertad”. Me impresionó la habilidad de Arturo Menéndez con las cosas técnicas, pero no me gustó para nada porque era una imitación de un videoclip de rock, y Arturo me llamó y dijo que estaba muy dolido.

¿Cómo escuchó la crítica Arturo Menéndez?
Porque yo la dije en radio, entrevistas, en lo que sea. Le dije a él: lo que tenemos que hacer es juntarnos y hacer un proyecto que tenga mirada salvadoreña. Así hicimos “Malacrianza”. Luego llegó un momento donde Pablo Benítez, que es una persona muy comprometida con la gente del FMLN y que era la mano derecha de Gerson Martínez, me dijo: “Quiero que hable con Merlin Barrera (viceministra de Comercio e Industria) porque hay esta cosa de los Premios Pixels, pero nunca han dado los premios para audiovisuales”.

Eso fue hace tres, cuatro años. Merlin me dijo: “Yo nunca he visto nada que me diga que esto no es pasatiempo sino que es inversión”. Le enseñé “Cuentos que dan miedo” y “Malacrianza” y se volvió loca de entusiasmo. Al siguiente día me habló y me dijo: “Le he conseguido $750 mil. Usted me tiene que garantizar la calidad de lo que salga” y, entonces, yo le dije que con $750 mil, “tenemos a la gente para esos proyectos que sí lo puede hacer bien, yo me responsabilizo”.

Un mes más tarde, Merlin me habla que me ha conseguido otro millón y yo le dije que no tenemos suficiente gente formada para poder manejar otro millón. Y me dijo “no, no vamos a desperdiciar ese dinero. Lo vamos a hacer de todas maneras”. Entonces yo le respondí: “Si la idea es de formar industria, los jurados internacionales no solo tienen que determinar cuáles son los mejores proyectos, sino que las habilidades de los grupos que lo van a ejecutar, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades para que, ya que no tenemos escuela de cine, aprovechemos esos presupuestos para identificar dónde necesitan asesorías, talleres, acompañamiento”. Y me dijeron que no porque no eran el Ministerio de Educación. Pero no podemos formar industria sin gente formada. Es ahí donde yo me salí.

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En la actualidad, el Premio Pixels es un concurso nacional del Ministerio de Economía que selecciona a proyectos innovadores de animaciones digitales, videojuegos y producciones audiovisuales. El premio consiste en dinero para convertir el proyecto en realidad. Usualmente, en las producciones audiovisuales, el financiamiento cubre solo una parte del costo real y los productores deben buscar más formas de financiamiento. El premio se entrega bajo la idea de consolidar industrias creativas.

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Cuando usted trabaja así, donde sirve como un engranaje entre la gente que está creando y la gente que tiene la posibilidad de financiar, ¿es trabajo ad honorem?
Es trabajo de asesor. Y en ese momento era trabajo ad honorem. Cuando me ofrecieron un puesto era para tratar de tenerme cerca… pero era un trabajo administrativo y de hacer informes, no era para mí.

Para realizar todo el trabajo que usted hace necesita recursos. ¿Cómo hace para vivir si la mayoría de sus proyectos son ad honorem?
Hay un lugar que me paga y es la Alcaldía de San Salvador, donde estoy como asesor, una categoría de contrato independiente. Ese dinero me permite pagarle a mi asistente y a mi motorista. Ese dinero lo uso para eso. El dinero que tengo para mí, lo acumulé por mi seguro social. De ahí sale lo que necesito pagar para mi seguro de salud y lo que uso todos los meses para poder costear mis cosas. Pero no gasto mucho. Estoy trabajando todo el tiempo.

¿Ahora se desligó de los Pixels?
Me desligué de estar dentro del Ministerio de Economía supervisando todos los Pixels. Me metí con proyectos individuales. Cualquiera que quiera mi asesoría con algo, bienvenido; pero me voy a meter como productor creativo en aquellos proyectos donde sé que los directores quieren mi aporte y donde sé que van a escuchar y no se van rebelar porque, de repente, tienen dinero y el ego es todo. Me metí en cuatro: “Volar”, “Cachada”, “El último toque”, y estoy ayudando a Julio López con “La batalla del volcán”… para el lunes tengo que hacer los subtítulos. Estoy de comodín para diferentes proyectos.

Cuando Nayib Bukele estaba montando su campaña para alcalde, le presenté cinco proyectos de cine y él me dijo que si yo estaba con él, que me prometía $350 mil al año para programas de cine de la alcaldía. De ahí salió el festival de cine y de ahí salió el FOMCASS, que lo vamos a hacer en 2019. También está el cine comunitario, y cine ambulante en las calles para gente que no tiene el lujo de ir a teatros. Afortunadamente, por primera vez, entra un partido de oposición al que instaló esto y, en vez de botar todo lo que hizo el pasado, Muyshondt nos llamó y nos dijo “queremos seguir con los programas porque eso es proyecto país y no partido”. Y se portó, en ese sentido, de una manera muy madura. Seguimos con eso.

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El Fondo Concursable para la Cultura y las Artes de San Salvador (FOMCASS) es un fondo capitalino de $125,000 que, en teoría, servirá para financiar movilidad de artistas a escala nacional o internacional, productos de artes escénicas y proyectos audiovisuales. De acuerdo con lo planificado, estos fondos debían haberse desembolsado ya para que los colectivos puedan financiar su obra y cumplir con un calendario, pero eso aún no ha sucedido.

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En términos de postura política, ¿no ha habido gente que ha intentado comprometerlo políticamente a usted?
Claro.

Por ejemplo, el alcalde capitalino anterior ¿no le pedía cierto nivel de propaganda o apoyo?
Mire, yo le hice un spot, pero en el spot dije “yo voy a respaldar lo que usted está respaldando porque para eso estoy aquí, pero no voy a decir ‘Nayib Bukele’, lo que voy a decir es ‘yo respaldo a los que entienden que el cine lo merece el talento salvadoreño’”. Eso fue lo que dije.

Entiendo que el dinero de FOMCASS para audiovisuales se iba a desembolsar este año, pero ahora se les dijo a los productores que hasta 2019, ¿por qué sucedió eso?
Cuando hay un cambio de gobierno hay un montón de relajo burocrático. Entonces, en lugar de hacerlo mal, yo llamé a todos los que estaban participando y transparentemente les dijimos.

¿No estaban ejecutando los proyectos aún?
No, lo único que habíamos hecho era declarar los ganadores. Porque ese proceso fue el que soñé para los Pixels: todo el proceso va a estar acompañado, incluyendo la adaptación de cuento a guion, todo lo de dirección de arte, cámara sonido, producción, edición.

Cuando usted regresó, ¿consideró el componente político de la elección de Mauricio Funes?
Cabal. “Ahora va a ser diferente”. También yo vine para respaldar al gobierno que prometió la diferencia. Vine a respaldar aquellos que decían que tenían al pueblo salvadoreño como su prioridad y que se iban a dedicar a destruir la corrupción y a crear empleos y reformar el Ministerio de Educación… y muy desafortunadamente aprendí que la mayoría de estos querían ser como los otros. El apoyo que recibí en el principio para lo que vine fue muy bueno, pero entre más tiempo estuve aquí, más cosas empezaron a pasar. Por ejemplo, en la campaña de Sánchez Cerén, me uní a las mesas de cultura y arte, horas y horas en esas mesas, haciendo propuestas.

En las discusiones de la Ley de Cultura se hablaba de dar seguro social a los artistas. Lo veo lejano.
Sí, bueno, es que… yo no tengo ninguna seguridad ahora de que lo que hemos logrado hasta ahora va a poder continuar, porque todo depende de quien gana en 2019 y de qué compromisos tiene.

La izquierda partidaria se identificó con los artistas y dijo que les darían prioridad. Recuerdo un evento en un hotel capitalino donde se hizo la presentación del eje cultural de la presidencia de Sánchez Cerén.
Cabal, cabal. Y yo me subí al escenario y di un discurso para Sánchez Cerén. Yo me presté para eso. Porque yo verdaderamente creía, yo pequé de ingenuo. Compré todas esas cosas, el sueño. “La cultura es la prioridad principal, el eje 9 es nuestra prioridad”… toda esa cosa. Y después resultó ser pura paja. Y con eso uno dice “vaya, me voy”, o uno empieza a identificar la gente con quien uno sí puede trabajar y se dedica a crear las alternativas que el Gobierno no está presentando.

Hay cipotes ahí con talento que recibieron $100 mil para el proyecto, pero nunca se va a terminar porque no sabían cómo. No es culpa de ellos.

Y yo tengo la libertad de expresarme tal como lo siento. Cuando lo del Pixels se estaba manejando mal, yo también me expresé y para el siguiente Ministerio de Economía, tengo una presentación qué se hizo mal, cuánto dinero se desperdició. Hay cipotes ahí con talento que recibieron $100 mil para el proyecto, pero nunca se va a terminar porque no sabían cómo. No es culpa de ellos. El hecho de que decidieron por ese ego de “no somos el Ministerio de Educación. Estamos aquí para formar industria”, sin reconocer que sin gente educada no podemos formar industria, me parece una soberbia, una arrogancia y una estupidez.

Que haya productos que no se presentaron es grave… pero ¿no es la mayoría?
La mayoría no sabemos todavía, porque no sé si algunos van a conseguir dinero de otro lado para poder terminar. La situación en que estamos ahorita es que, por lo menos, una ficción y un documental vayan a festivales buenos para que el resto del mundo diga “uy, qué bonito que en El Salvador se está haciendo cine”, porque solo así lo van a creer. Porque aún la gente sofisticada y educada necesita que el resto del mundo valide nuestras cosas; y dos, que se venda. Si uno se vende a Netflix o HBO es un logro porque eso le significa algo a la empresa privada.

El cine es carísimo y el país es paupérrimo. Hace un rato dijo que no podía ir a la playa porque hasta ahí ve niños trabajando. ¿Cómo se navega entre esa dicotomía? Hay quienes no entenderían por qué invertir $1 millón en la industria del cine en lugar de invertirlos en una escuela.

Tenemos mucho malinchismo, y ese malinchismo les hace creer que el cine es para México, para Argentina, para esos países. Niegan el talento de nuestra gente. También ignoran las realidades que han creado las industrias del cine en países como República Dominicana y Panamá. Que venga gente de Dominicana y nos diga cuánto contribuye el cine al PIB, cuántos empleos directos e indirectos genera y cuántos negocios se han beneficiado con la presencia de una industria, incluyendo extranjeros que vienen a filmar ahí. Y eso está dentro de un plan quinquenal que hemos diseñado para los partidos. A ver a quienes le interesa comprometerse por eso para 2019.

Niñas de pandillas enemigas se juntan en una canción

Talento

Andrea tiene 24 años, es bachiller, toca el violín, forma parte de un grupo de coreografías y quiere estudiar Diseño Gráfico. Pero quienes la ven entrar a este salón solo pueden notar algo en ella: en la mano tiene tatuajes que la relacionan con la pandilla Barrio 18.

Ella es parte de una docena de adolescentes que a las 2 de la tarde entra cargando violines, violas y cellos a este evento en la colonia Escalón. Las adolescentes, vestidas con jeans y camiseta blanca, han sido invitadas a tocar unas canciones. Las han traído en microbuses desde el Centro de Inserción Social Femenino, donde guardan prisión. A diferencia de ellas, los maestros que se graduarán de un curso de “Educación y democracia” han venido vestidos de gala al Instituto Nacional de Formación Docente.

Al grupo de muchachas lo acompaña la directora del centro junto a una orientadora y personal del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA). Ninguno muestra un arma visible, pero llevan, cruzada sobre el pecho, una pequeña bolsa, listos para cualquier eventualidad que perturbe la convivencia que se ha logrado entre las jóvenes.

Andrea es alta, tiene la piel y ojos claros. Cuando tenía 17 años llegó al centro por una condena de secuestro. No fue capturada sola, también su novio de la adolescencia fue enviado a prisión. Ella terminó hace dos años su educación media y se está formando en cuánto taller puede. A pesar de estar ocupada, los seis años y 10 meses que lleva presa no han pasado pronto. Este día ha salido, como el resto de sus compañeras, con el permiso de un juez a realizar una presentación de lo aprendido en sus clases de música.

El centro en el que ha pasado los últimos años se divide en dos sectores para mantener el orden y la paz entre muchachas con afinidad a la Mara Salvatrucha y al Barrio 18. Las rencillas entre las dos pandillas principales de El Salvador provocan homicidios a diario. Para un buen sector de la población, las pandillas marcan fronteras sociales y geográficas que no deben ser cruzadas.

En febrero de este año, un joven fue estrangulado por pandilleros en Ciudad Delgado porque vivía en un sector donde operaba otra pandilla. Y en junio, un joven zapatero fue asesinado en Panchimalco por el mismo motivo. Ese caso es uno de los 10 homicidios diarios que se promediaron hace un mes. El mensaje es claro. Dentro de las pandillas –y sus comunidades– es prohibido relacionarse con miembros de otras estructuras.

Las jóvenes colocan sus instrumentos detrás del escenario y entran a un salón para almorzar. La escena no es fraternal, pero llama la atención. Las internas toman asiento alrededor de la misma mesa y se reparten entre ellas la comida que les han brindado. Luego, almuerzan juntas.

El grupo parece una orquesta de colegio; solo el dispositivo de seguridad que se ha armado en el edificio demuestra que no lo es. Divididos entre las gradas del local, el parqueo y la entrada hay custodios de Centros Penales con la cara tapada y armas largas sobre el pecho dispuestos a evitar que las intérpretes de hoy escapen.

 

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¿QUIÉNES LLEGAN A ESTE CENTRO?
El proyecto de formación musical ha sido gestionado por la Asociación Tiempos Nuevos Teatro (TNT). La asociación ha tenido que sortear varios retos para que las clases que se brindan tengan fruto. Por ejemplo, “el ISNA no quería que las jóvenes tuvieran los instrumentos en los cuartos”, sostiene el encargado del programa artístico, Julio Monge.

Los maestros de música llegan al centro solo una vez a la semana. Y, como las jóvenes están en sus celdas “desde las 5 de la tarde a las 6 de la mañana”, practicar con el instrumento solo media hora no daba mayores resultados, continúa explicando Monge. Por eso, hace más de un año surgió una petición: Solicitaron al ISNA que dejara que cada interna que pertenece a la orquesta tuviera su instrumento entre sus objetos personales. La institución no estaba segura de que eso fuera una buena idea. El riesgo era que algunas partes del instrumento pudieran ser utilizadas para otro fin menos loable que la música.

“El ISNA no quería porque decía que las cuerdas se podía utilizar para armas”, asegura Monge. El programa lleva ya tres años realizándose con distintas aprendices de música. Este grupo específico de la orquesta de cuerdas lleva un semestre practicando, y ya pueden tocar el instrumento dentro de sus dormitorios en sus tiempos libres. Pero cuando una cuerda se rompe, en lugar de botarla en un cesto de basura, es necesario que esta se reporte y se entregue a las autoridades.

Este martes en la colonia Escalón, más y más invitados continúan llegando al evento. Las internas se empiezan a preparar para el concierto que brindarán. La directora del centro, Graciela Bonilla, sostiene que las niñas que están a unos metros de ella “jamás en la vida imaginaron cambiar las armas que utilizaban por un violín, por un cello, por una viola”.

“Les metemos la idea de que el centro no está dividido por pandillas, porque realmente no tengo yo niñas que sean brincadas, como ellas mismas dicen, sino que son niñas que han tenido cierta afinidad, ya sea por sus amigos, por su pareja o por su familia”, sostiene la directora. Sin embargo, las clases de la escuela, de arte y servicios religiosos, sí se hacen por sectores divididos.

“El perfil, en general, de las adolescentes que ingresan al centro es la extrema pobreza, la vulneración de sus derechos, abuso sexual, niñas regaladas, explotación, relaciones inadecuadas entre la familia, familias desintegradas. Generalmente son niñas que se han acompañado a los 13, 14 años y han salido de las casas de sus padres, ya sea por pobreza o porque andan metidas con su pareja en situaciones ilícitas”.

Si una muchacha llega por un delito común –sin vinculación a pandillas– se investiga qué pandilla controla el territorio donde ella vivía, y así se le asigna sector, explica un empleado jurídico del centro.
El ISNA cuenta con cuatro centros para la inserción social de menores que han violado la ley. Estos fueron pensados como un lugar donde se le brinde orientación a los jóvenes para redireccionar sus vidas. Pero no siempre funcionan así. El año pasado se conoció de al menos tres homicidios que ocurrieron en el penal de menores de Tonacatepeque, exclusivo para adolescentes y hombres jóvenes. La participación masculina en delitos es mayor. Por ello, tres centros de inserción social están destinados para niños y jóvenes y solo uno para menores infractoras.

La mayoría de las privadas de libertad se encuentra en esa situación por el delito de extorsión o por encontrarse vinculada a estos grupos delictivos. Pero además de haber sido condenadas en un proceso penal, de acuerdo con Graciela Bonilla, la mayoría comparte el mismo perfil socioeconómico:
“El perfil, en general, de las adolescentes que ingresan al centro es la extrema pobreza, la vulneración de sus derechos, abuso sexual, niñas regaladas, explotación, relaciones inadecuadas entre la familia, familias desintegradas. Generalmente son niñas que se han acompañado a los 13, 14 años y han salido de las casas de sus padres, ya sea por pobreza o porque andan metidas con su pareja en situaciones ilícitas”, asegura la directora.

La psicóloga del centro, Gabriela Blanco, sostiene que a través de su trabajo ha podido reconocer esos mismos patrones de vida. Además, “vienen aquí con baja escolaridad porque, aunque el Gobierno les dé para los uniformes, ellas son las que ayudan en sus casas. No son delincuentes, son señoritas a las que les hizo falta orientación”, sostiene la psicóloga.

Conforme la tarde avanza, la hora de interpretar las canciones se acerca. Al verlas, seguras como se muestran en público, es imposible sospechar que están nerviosas. Lucen concentradas. Algunas han encontrado en esto una nueva pasión. Al menos tres de ellas han expresado a sus maestros que sueñan con salir y convertirse en músicos profesionales para poder entrar a la Orquesta Sinfónica Nacional.

Con permiso de juez. Para salir del centro, las jóvenes solicitan un permiso a tribunales y, de acuerdo con su comportamiento como interna, se niega o aprueba el permiso de salida a presentaciones.

Sin embargo, para cuando ellas recuperan la libertad no hay programa gubernamental que se encargue de darle seguimiento a su aprendizaje. En las academias salvadoreñas las clases de violín personalizadas pueden costar hasta $50 cada una, según el prestigio del maestro. Y el reto no es solo conseguir el dinero para la clase, sino conseguir el instrumento. En las tiendas, un violín puede tener un costo desde $50 a $200.

Conociendo de primera mano las carencias de estas muchachas, TNT se ha propuesto darle seguimiento a las que se muestren interesadas en seguir estudiando música y una carrera profesional. Por ejemplo, se enorgullecen en decir que tienen becadas a tres jóvenes en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. La directora del centro de inserción confirma que son las organizaciones no estatales las que se están preocupando por la reinserción, una vez ellas quedan libres.

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EL PUNTO MUSICAL
La graduación de maestros avanza. Se leen decenas y decenas de nombres y los aplausos van perdiendo fuerza conforme la lista de graduados continúa. Son las 2:30 de la tarde y el aire acondicionado del lugar parece no dar abasto para toda la gente que se ha reunido acá en esta tarde de julio. Entre el calor y formalidad, las jóvenes toman asiento y se preparan para tocar su instrumento.

Julio Monge, el encargado del proyecto, se encuentra viendo a la orquesta. Se le ve emocionado. “La valoración no es tanto qué tan bien tocan, aunque hay algunas que sí sueñan con ser intérpretes, pero no es ese el objetivo. Son muchachas que llevan meses acercándose al instrumento y son jóvenes de todas las afinidades pandilleriles que tocan una sola música. Hombro con hombro. Eso queremos extrapolarlo a la sociedad salvadoreña”, dice Monge. Luego reconoce, a pesar del orgullo, que lo que han logrado acá es muy pequeño comparado con los problemas de El Salvador.

Antes de que la orquesta de cuerdas empiece a tocar, los maestros, ataviados con sus sacos y vestidos de gala, miran a las internas con distancia y de reojo. Andrea, la muchacha alta y de ojos claros, se sienta al centro de la orquesta. Pone el violín sobre su hombro y levanta la quijada con solemnidad. Pronto, la música comienza a sonar. Lee la partitura y ni el calor sofocante la desconcentra.

Disciplina. La idea es que a través de una práctica artística, las adolescentes se enfoquen en perfeccionarla y aprendan valores como la disciplina, perseverancia y respeto a jerarquías.

Después de meses practicando, la orquesta interpreta en público la primera pieza de la tarde: una canción infantil llamada “Estrellita”. Esta es la primera canción que, generalmente, se aprende en violín con el método Suzuki. El creador de este método sostuvo que el talento musical no se hereda, sino que se aprende y se desarrolla. En este contexto de reinserción social, una de las frases más famosas de Suzuki cobra un valor especial: “La enseñanza de música no es mi propósito principal. Deseo formar a buenos ciudadanos, seres humanos nobles”.

Luego, la orquesta interpreta el “Himno a la alegría”, la canción de la película “Titanic”, una pieza pop y, en quinto lugar, la canción “Imagine”, de John Lennon. Durante la intervención, una de las muchachas que tocan el violín se pone de pie y toca como solista. La orquesta la acompaña.
Ella es Patricia y tiene 20 años, es morena y muy delgada. No lleva maquillaje en la cara y es la única que no está vestida de blanco. Estuvo dos años y medio privada de libertad y condenada por extorsión. Actualmente ha vuelto a vivir con su familia. Dice que nunca fue pandillera, pero acepta que sí era cercana al grupo pandilleril dentro de su comunidad.

“Toda la vida fui marginada en la casa. Mi refugio fue afuera”, confiesa. Cuenta que cuando perdió la libertad, en un principio, no pudo extrañar su casa ni su familia, porque nunca sintió su protección antes: “Cuando eso no se tiene, a veces no importa estar en el centro”. Sigue practicando el violín en la oficina de TNT, en San Salvador, a pesar de ya haber salido del centro. Quiere ser música o psicóloga, por eso se encuentra estudiando segundo año de bachillerato y trabajando.

“Al final es una sensibilización mutua. A ellas estamos abriéndoles los ojos a la cultura, al arte. Y por otra parte también nosotros nos estamos quitando fantasmas de la cabeza”, dice Sonia Megías, una compositora española que acompaña este proyecto durante las temporadas que permanece en El Salvador.

La destreza musical de Patricia, comparada con la de sus compañeras de orquesta, es más avanzada. Y si minutos antes las personas dentro del público se mostraban distantes a la presencia de estas intérpretes, eso ya ha cambiado. Patricia termina de tocar y se escuchan gritos. “¡Bravo!” le dice un hombre en primera fila y su voz hace eco entre otros maestros que repiten lo mismo y se ponen de pie. El concierto aún no ha terminado, pero el aplauso que reciben es tan largo que da tiempo para que el resto de la orquesta se levante y también reciba la congratulación de un público que terminó de aceptarlas en el evento.

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LA VIDA EN EL CENTRO
A 13 kilómetros de este lugar, en el Centro de Inserción Social de Ilopango, está el resto de privadas de libertad bajo el cuidado del ISNA. Los lugares comunes del centro, como los salones de clase y talleres, lucen como cualquier otra escuela del interior del país. En uno de esos pequeños salones, con dos ventiladores y rejas en lugar de vidrios para las ventanas, está Fernanda y su bebé, que cumplirá un año dentro de una semana.

La joven ensaya una coreografía que presentará junto a sus otras 10 compañeras en septiembre. Ese espectáculo será la muestra final del curso de artes escénicas que imparte una vez a la semana TNT. Su hijo camina en una andadera entre las bailarinas de la última fila. La escena es, a veces, contradictoria: tierna y triste. Llegó al centro cuando era menor de edad y tenía el embarazo avanzado. Su bebé no ha conocido otra vida que no sea dentro de estas paredes.

La instructora de danza le permite salir del ensayo un rato para platicar en el patio. Debajo de un árbol y bajo la vigilancia del personal del centro, Fernanda apenas cuenta su historia. Dice que está condenada por extorsión, pero ella, a diferencia de otras compañeras del centro, asegura que no cometió el delito. Habla con timidez y frases cortas. No recibe visitas, su familia también está en prisión. Después de más de un año, no tiene idea de qué le espera para cuando recupere la libertad, “pero lo que sí sé es que voy a luchar. Y es que por mi hijo soy capaz de hacer hasta lo que no hice antes”, dice.

Después vuelve a la clase y ensaya una canción de rock and roll. Como parte de la coreografía, carga a una de sus compañeras. A los pocos segundos, la compañera se convierte en una especie de guitarra sobre la que Fernanda toca algunas cuerdas imaginarias. Las internas se ríen.

“Definitivamente ellas han tomado decisiones incorrectas”, dice Sheila Reyes, la instructora de danza dentro del centro. Llega una vez a la semana y divide su tarde y mañana entre los talleres del sector. A diferencia de la orquesta, en danza aún no han podido integrar a los dos grupos. La confianza y el contacto cuerpo a cuerpo son fundamentales para bailar y hacer cargadas.

Sheila es un huracán de energía. Llega al salón y hace el silencio entre la plática de las internas. Da indicaciones y le obedecen. La instructora afirma que la matrícula inicial a este taller fue de 35 personas, pero ese número se ha reducido. La idea es que, a través del baile, aprendan a seguir órdenes, a ser disciplinadas, a seguir un ritmo, a respetar el espacio y tiempo del otro.

“Toda la vida fui marginada en la casa. Mi refugio fue afuera”, confiesa Patricia. Luego cuenta que cuando perdió la libertad, en un principio, no pudo extrañar su casa ni su familia, porque nunca sintió su protección antes: “Cuando eso no se tiene, a veces no importa estar en el centro”.

Al inicio puede sonar descabellado que tantas cosas puedan aprenderse mientras memorizan coreografías, pero conforme el ensayo avanza, la instructora se pone seria y prueba su punto. Las jóvenes repiten canciones, llevan las cuentas y Sheila, como si se tratase de una inspección rigurosa, se acurruca, coloca los codos sobre sus propias rodillas y entrelaza las manos frente a su cara. Observa con detalle los pies de las internas. Así se da cuenta de quién duda sobre el siguiente paso que hay que dar y de quién va tarde en la cuenta. Sheila no es nada tímida al señalar qué están haciendo mal para que lo corrijan.

“Lo que uno trata de inculcarles es disciplina y perseverancia. Lo que se llevan es el respeto a una jerarquía”, indica Sheila. Después del mediodía inicia la clase con el sector 1 del centro. Aquí llevan más meses entrenando y tienen tanta energía como la instructora al bailar. Entre ellas está Andrea, la joven de 24 años que toca el violín.

Está en la primera fila de la coreografía. Baila las canciones sin equivocarse en ningún paso. Y, si en el concierto era la imagen de la elegancia y la solemnidad, aquí baila ritmos urbanos donde mueve la cadera sin parar.

“Lo que quisiera, pero quizá nunca va a pasar –dice Andrea durante un receso– es que la gente comprenda que andar en la calle tiene consecuencias y uno entiende hasta que ya está aquí. Y desde que uno cae, este es otro mundo”. Ella acepta que, de haber seguir por el camino que iba, no sería bachiller. Ahora quiere ser profesional. Pero se graduó hace dos años y, desde entonces, no ha podido continuar con su educación.

“A mí lo que me gusta, me encanta, me apasiona es la cosmetología y el Diseño Gráfico. Ya no puedo seguir estancada”, cuenta antes de regresar a la coreografía.

Por sectores. En el centro de inserción hay niñas y jóvenes con afinidad a diferentes pandillas, y la mayoría de las actividades se realizan por separado.

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LA SALIDA ES ESTRECHA
Mientras el concierto en el edificio de la colonia Escalón sigue, cuatro custodios de Centros Penales vigilan la entrada del parqueo. A las 3:30 de la tarde, la orquesta termina su intervención y el público aplaude de nuevo. Luego, guardan sus instrumentos y hacen una fila para salir. Van custodiadas por personal del centro y bajan unas gradas hasta descender a una pequeña puerta que conecta con el parqueo. Ahí hay dos microbuses esperándolas.

La fila que desciende por las escaleras es lenta. Al llegar hasta la puerta se puede ver por qué. Es la vuelta a la realidad. Si hace 5 minutos recibieron felicitaciones, gritos y aplausos, hoy sus manos reciben esposas. El sonido del metal cerrándose en sus muñecas resuena en el cajón de cemento que es el parqueo. La salida de este día ha terminado oficialmente y suben en pareja a los microbuses. Adelante de los vehículos van dos custodios. Uno de ellos lleva el arma sobresaliendo por la ventana.

A unos 3 metros de distancia, Patricia, quien pasó más de dos años interna, observa el proceso: Uno tiene “la emoción de querer salir, pero que cuando llegás a la puerta del centro te pongan las esposas, es algo bien feo. Pero tratás de disimular”, dice con una sonrisa nerviosa.

Mientras este procedimiento ocurre, entra al edificio Carlos Canjura, el ministro de Educación. Su participación estaba prevista en la agenda del evento recién terminado, pero él dice que comunicó que no podría venir por una reunión en Casa Presidencial.

Ni él sabe quiénes son las jóvenes con esposas a unos metros; ni ellas, quién es el señor que ha llegado, en apariencia, tarde. Al ministro se le cuestiona sobre cuáles son las alternativas o programas de educación para las jóvenes privadas de libertad. Durante 2 minutos, él habla de las oportunidades que el ministerio tiene, como la educación a distancia, pero no menciona nada en específico para esta población.

Si, en efecto, las privadas de libertad deciden cambiar su vida con el estudio, no hay ningún proyecto ministerial específicamente diseñado para que ellas estudien, de acuerdo con el titular del MINED. Canjura asegura que se está pensando en la posibilidad de abrir aulas virtuales en los centros del ISNA para que haya más oportunidades de aprendizaje. Pero es solo eso, una idea. No hay nada ejecutado.

*Los nombres de las internas han sido cambiados a petición del ISNA.

Menores infractoras. Quienes se encuentran en el Centro de Inserción Social son menores de edad desde los 14 años. También hay jóvenes de hasta 24 años que ingresaron al centro cuando eran adolescentes.

“Este país no es mío, este país es prestado”

Irma Molina posa en el puerto de Berkeley, California. Lleva veinte años residiendo en la Bay Area, cerca de San Francisco.  Foto de Dany Barrientos Ramírez. 

Son las 10 de la noche y en esta fiesta parece que ya no cabe más gente, pero los asistentes siguen llegando. La oferta es atractiva. Aquí adentro hay pupusas, empanadas, yuca, cerveza y cumbia. Las mujeres bailan en círculo, algunos hombres observan y los niños -morenos y pequeños- corren entre canción y canción. Los asistentes se emocionan bailando y cantando los temas propios de una Navidad centroamericana. Aquí todo es calor. Afuera, esta noche de mayo en Berkeley (California), la temperatura es de 15° y corre un viento fresco.

Esta no es cualquier fiesta. Es una “pachanga pro-inmigrante”, a la que llamaron “Noche quinceañera”, aunque no hay ninguna quinceañera celebrando su cumpleaños. Los organizadores del evento pusieron ese nombre solo para que la gente supiera qué clase de evento esperar. Esto ha sido planificado por el Comité del Norte de California del TPS, un grupo de personas que hace actividades para debatir, unir a la comunidad migrante y tratar de incidir políticamente.

El TPS es un permiso que le fue dado a los salvadoreños tras los terremotos de enero y febrero de 2001 para poder vivir en Estados Unidos sin ser deportados. Esta medida reconoció que El Salvador no tenía las condiciones adecuadas para recibir a sus ciudadanos de manera segura. Permite, entre otras cosas, acceder a un trabajo y hacer procedimientos legales que de forma indocumentada no son posibles. Pero este programa no es un camino hacia la legalización permanente.

La entrada a esta fiesta cuesta $15 en internet y $20 en la puerta del local. La mayoría de quienes han venido es salvadoreña, le siguen los hondureños. La idea es que la gente compre comida y escuche la música que le recuerde a su país a casi 5,000 kilómetros de distancia. El dinero que salga de ganancia se sumará a un fondo designado para actividades como foros informativos y cabildeos.

Durante los últimos 17 años, el TPS se había renovado cada 18 meses. Pero en enero pasado, la administración de Donald Trump lo canceló y dio un período de año y medio para abandonar el país o legalizar la situación migratoria a través de otras alternativas. Estados Unidos gastaría $1.8 millones si deportara a todos los “tepesianos” (como se conoce a los beneficiarios), según un estudio del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes.

El período de gracia que el Gobierno estadounidense dio al TPS vence de manera formal dentro de 435 días, el 9 de septiembre de 2019. Durante los días que restan, las organizaciones activistas planean llevar a cabo protestas, reuniones con políticos y hacer presión en el Congreso estadounidense. Hoy por lo menos se puede seguir bailando cumbia.

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Cuando se instala el miedo

Fredy Ochoa no quería venir a esta fiesta. A él no le gusta salir de noche y mucho menos a bailar. Pero este día lo convenció su pareja, Morena Ramírez. Ellos se conocieron en San Francisco, donde ahora viven. En El Salvador, quizá, habría sido más improbable conocerse. Ella es de San Vicente y él es de El Sunzal, en La Libertad. Como Morena no creció en la playa, Fredy bromea con ella. Dice que ella no entiende qué es vivir dentro esos paisajes, que “no sabe de paraísos”. Ella se ríe y él la mira como cómplice.

Fredy tiene TPS, Morena lo perdió hace años por entregar tarde unos papeles, explican. Han salido de la fiesta a platicar un rato. El local de la “Noche quinceañera” es un espacio donde se realizan eventos culturales para la comunidad latina y tiene un mural en su fachada donde se ha pintado a gente morena, músicos y trabajadores, como los que están adentro empezando a mover las caderas. Sobre ese mural se apoya Fredy, y Morena se mantiene a su lado.

Comienzan a contar que tienen dos hijos juntos. Uno de ocho y otro de 11 años. Y que no es justo ver a dos niños de esa edad con miedo a perder a sus papás. “Cuando dijeron que había ganado el señor Donald Trump, mis hijos lloraron. Mi hijo más grande todo el tiempo está preocupado. Siempre pregunta: ‘¿Quién de ustedes no tiene papeles?’”, relata Morena Ramírez. Como los de ella, hay otros 192,700 hijos de tepesianos nacidos como ciudadanos americanos que podrían enfrentarse a la separación familiar pronto.

Fredy se fue de El Salvador tras el conflicto armado a los 18 años, en 1994. “La guerra había hecho estragos y ya había dejado todo despelucado. Entonces no hallaba qué hacer y decidí venirme”, dice. Nunca ha vuelto a El Salvador.

Morena, en más de dos décadas, tampoco ha vuelto a Guadalupe, su pueblo en San Vicente. No puede hacerlo si quiere seguir junto a sus hijos. No pudo volver incluso cuando murieron los abuelos que la criaron. Entonces, la distancia y el sueño de tener una mejor vida se interpuso entre ella y el luto familiar. “Fue bien duro cuando uno solo por teléfono le pudo contar que mis abuelos ya habían fallecido”, dice en San Salvador su primo Carlos Montoya.

Morena creció con la guerra civil. La casa de sus abuelos era de bahareque y durante el conflicto armado era común que se quedaran sin energía eléctrica. Carlos recuerda que ante la ausencia de corriente, juntos inventaron sus propios juegos. A la hora de comer, se sentaban frente al televisor apagado y empezaban a comentar las imágenes que, según su imaginación, iban saliendo en la tele.

Morena y Carlos crecieron juntos imaginando, corriendo y jugando chibolas. Cuando ella cumplió los 18 años y ya era madre de una niña de seis meses, optó por irse indocumentada a Estados Unidos. Su decisión fue la natural en su contexto. Su madre y dos hermanos ya habían hecho lo mismo y ella había quedado, de alguna manera, sola. Y “la vida aquí para ella era bien dura porque le tocaba andar trabajando en las fincas. Jalaba el abono, hacía hoyos para sembrar café y, cuando sobraban los palos de sombra, ella picaba la leña”, ejemplifica su primo.

Ahora Carlos y Morena se escriben cotidianamente. Pero a él todavía le duele que no pudieron despedirse. “Más cuando uno de chiquito ha crecido en la misma casa… no me dijo nada porque lo hizo a escondidas, en secreto. Ni nos despedimos. Ni un abrazo ni nada”.

Han transcurrido 20 años desde que Fredy y Morena dejaron sus casas, hartos de las secuelas de la guerra civil y la pobreza. Pero en estas dos décadas no ha sucedido mucho que sirva para evitar que los niños y jóvenes de este país quieran –o necesiten– irse. Entre enero de 2016 y mayo de 2018, la organización Cristosal atendió a 675 niños y jóvenes entre los cero y 25 años que fueron desplazados de sus hogares. Los principales motivos son las amenazas directas, el asesinato de un familiar o sobrevivir a intento de homicidio.

Mientras esta pareja cuenta su historia de migración, la fiesta con ritmos tropicales comienza a ponerse más alegre. Por un momento el buen ánimo de Morena cae y contrasta con lo que sucede en la pista de baile. Ella lanza una pregunta para la que no tiene, ni quiere, respuesta: “Siempre pasamos pensando qué va a pasar si nos agarran, porque Migración llega a las casas por uno y se lleva a todo el que no tenga papeles. ¿Y qué va a pasar en el día que nuestros hijos estén en la escuela y nosotros caigamos?”

Padres migrantes. Fredy Ochoa y Morena Ramírez posan afuera del Centro Cultural La Peña, en Berkeley, California. Fredy está amparado bajo el TPS. Sus dos hijos en común son ciudadanos americanos. Foto de Dany Barrientos Ramírez. 

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La llegada

Las puertas de esta fiesta se abrieron a las 8:30 de la noche. Y lo primero en abarrotarse fueron las mesas donde se vendía comida. Otro de los atractivos es la presencia del grupo Fuego Latino, que interpreta salsa, merengue y cumbia. Sobre el escenario y antes de que la banda saque a bailar a todo el mundo, una chica joven da la bienvenida a los asistentes.

“Que esta noche sea inolvidable para ustedes. Que la pasemos bien en familia, como tepesianos, como amigos, entre salvadoreños y hondureños”, pronuncia a través de un micrófono. Luego da otro anuncio:

“Tenemos a una persona de El Salvador que se llama Blanca Flor Bonilla. Ella es secretaria de Relaciones Internacionales del grupo FMLN y es congresista del Parlamento Centroamericano”.

La diputada sube al escenario y comienza a pronunciar un discurso que dura minuto y medio. Dice que el Gobierno de El Salvador está haciendo esfuerzos de incidencia por el TPS y que va a dejar un número de contacto por si alguien quiere invitar a más diputados a eventos de migrantes.

“Gracias, señora Blanca”, dice la maestra de ceremonia al tomar el micrófono de vuelta. La diputada baja a sentarse en una silla frente a la pista de baile y al lado de otras personas que comen pupusas. Luego otro mensaje emociona a la gente: “Anuncios antes de la pachanga: ¡Tenemos algunos premios!”

Esta noche, a 6 kilómetros de acá está otra tepesiana: Irma Molina. Ella no está organizada en ningún grupo de migrantes. Una semana antes de esta fiesta dijo, entre risas y un poco tímida, que ella no sabe mucho de cómo se organiza la comunidad salvadoreña en estos lugares. Desde que llegó solo ha trabajado.

Irma Molina es la supervisora de limpieza de un hotel elegante de Emeryville, California, y en su tiempo libre es conductora de Uber. El hotel en el que trabaja está a solo 20 minutos del centro de San Francisco. Nació en 1980 en Santa Isabel Ishuatán, al occidente del país. Aprendió a caminar y a hablar conforme la guerra civil avanzó. “Crecí con esa mentalidad de que el país era violento. A mis papás les daba miedo sacarme del pueblo porque pensaban que me podían quitar de las manos de ellos. Crecimos con ese temor”, dice desde un cuarto del hotel en el que trabaja.

Convencida de que la vida tenía que ser algo más que el miedo, decidió migrar sola a los 18 años. Para llegar a Estados Unidos viajó escondida, junto a un centenar de personas, en los contenedores de grandes camiones. Han pasado 20 años desde esos viajes en tráiler, pero aún recuerda los detalles de ese camino. Todavía se acuerda de cómo se colaba la luz entre las redes de repollos bajo las cuales viajó en un camión.

“Sufrí el hambre, sufrí la sed”, asegura Irma. Después de los viajes dentro de camiones, vinieron otros días caminando en el desierto. Dice que junto a otros migrantes, se perdió por una semana en el desierto. No se detiene mucho a hablar de ello. Prefiere hablar de cómo, al llegar a San Francisco, comenzó a trabajar en un restaurante.

En 2001 obtuvo el TPS. Eso significó también la posibilidad de abrir una cuenta de ahorros en el banco. Contar con un permiso de residencia, aunque sea temporal, permite acceder a mejores trabajos, a diferencia de las personas indocumentadas. Eso se traduce, también, en más dinero enviado a los familiares en El Salvador. Solo durante mayo de 2018 se recibieron $493.7 millones en remesas, el 93 % provenía de Estados Unidos.

Irma dice que su familia siempre creyó en Dios, pero que recientemente se volvió más religiosa. Antes de que se conociera de la cancelación del TPS, pidió a su Dios que, al menos, la administración actual le diera otros 18 meses de protección.

Está enfocada en ganar tiempo. Los hijos nacidos en Estados Unidos, al cumplir 21 años, pueden solicitar el cambio de estatus migratorio para sus padres. Su hija mayor está por cumplir los 18 años. Su esperanza es que los próximos tres años pasen pronto.

Con el Estatus de Protección Temporal, los tepesianos pueden declarar sus impuestos y ser vecinos responsables, aunque sea en un país que no es propio. “Este país no es mío, este país es prestado. El mío se quedó allá, aunque sea violento”, explica Irma. A pesar de la nostalgia por El Salvador, volver a su patria no es una meta.

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Activismo para quedarse

Según lo planeado, la fiesta quinceañera terminará a la medianoche y se rifará un televisor. Por ahora, el premio mayor de la rifa ya está colocado con una chonga roja sobre el escenario. Detrás de esta logística está José Mejía, el coordinador del Comité del Norte de California del TPS. Este viernes está encargado de hacer que la pachanga inmigrante termine bien.

La fiesta lleva buen ritmo. Las parejas bailan y son tantas que chocan entre sí al dar giros. A las 11 de la noche, la cerveza ya se ha acabado y la gente comienza a beber vino en vasos plásticos. Le dan un sorbo al vaso y siguen moviendo las caderas. Y eso ya es un problema porque, entre vueltas del baile, el vino cae al suelo y el piso se vuelve resbaloso para los que bailan, emocionados, una cumbia que dice “el humo del cigarrillo me hace llorar”.

El comité que coordina este evento está formado por 13 personas que, a su vez, son parte de la Alianza Nacional por el TPS, un grupo de más de 40 organizaciones en todo Estados Unidos. José Mejía está convencido de que existe un camino para que los “tepesianos” alcancen la residencia permanente. Lo sabe porque él mismo ya pasó por ese proceso.

Él sostiene que llegó a Estados Unidos en 1989 y, dos años más tarde, obtuvo el TPS. En ese momento, la medida fue otorgada por la inestabilidad que experimentaba el país producto de la guerra civil. Más de un lustro luego, en 1997, se amparó en la Ley de Ajuste para Nicaragüenses y Alivio para Centroamérica (NACARA). Esa ley brindó beneficios migratorios a personas que pisaron territorio estadounidense antes de 1990. Así, José pudo obtener su residencia.

La migración es un tema que divide radicalmente a la sociedad estadounidense en la actualidad. Y por lo tanto, es un tema para el cual, a pesar del cabildeo y de las actividades que realizan los migrantes, no hay respuesta política fácil.

No hay una salida sencilla en términos legales. Pero, en la práctica, a Estados Unidos le conviene que las personas con TPS se mantengan trabajando en ese país. Al menos desde el punto de vista económico. “La tasa de participación en la fuerza de trabajo de la población con TPS oscila entre el 81 % y 88 %, muy por encima de la tasa de la población total de Estados Unidos, 63 %”, de acuerdo con el Centro de Estudios Migratorios de Nueva York.

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Incertidumbre aun en los “santuarios”

Conforme la medianoche se acerca, la fiesta se empieza a vaciar y las conversaciones se trasladan hacia la calle. Las familias con niños en brazos salen a buscar un poco de silencio. Aquí están tranquilos. Aquí nadie puede preguntarles sobre su estatus migratorio.

En Estados Unidos hay cerca de 200 ciudades denominadas “santuarios”. Estas se presentan como espacios en los que las fuerzas locales no colaboran brindado información de estatus migratorio a las autoridades federales, que son quienes se encargan de los procesos de deportación. California es el estado con más migrantes salvadoreños, haitianos y hondureños con TPS. Se calcula que al menos en California viven 55,000 beneficiarios.

El 1.º de enero de este año California se convirtió en un estado “santuario” en totalidad. Eso significa que tampoco se pueden realizar redadas en escuelas o lugares de trabajo sin una orden judicial.

Pero que una ciudad sea santuario no implica la protección automática de la deportación. La noche del 24 de febrero de 2018, Libby Schaaf, la alcaldesa de Oakland, una ciudad a 5 minutos de esta calle, anunció algo que puso nerviosos a muchos: dijo que tenía conocimiento de que agentes de Migración llegarían a la ciudad a realizar redadas el día siguiente.

La acción de avisar a una comunidad que “la migra” se acercaba fue criticada luego por Trump, quien se ha encargado de no hacer diferenciación entre migrantes y criminales. En marzo no fue tímido al expresar su molestia con Schaaf. “En Oakland, la alcaldesa le dijo a la gente que iba a suceder una redada. No puedes hacer eso, no puedes”, dijo alterado.
“Las jurisdicciones de ‘santuario’ son el mejor amigo de contrabandistas, pandilleros, narcotraficantes, traficantes de personas, asesinos y otros delincuentes violentos”, dijo el presidente. Él ya exigió al Congreso que deje de brindarle dinero federal a estas ciudades: “Pido al Congreso que deje de financiar ciudades ‘santuario’ para que podamos salvar vidas estadounidenses. Queremos que nuestras ciudades sean santuarios para los estadounidenses, no refugios seguros para delincuentes”.

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Ramas que se extienden

A pesar de que la fiesta estaba prevista que terminara a las 12 en punto, pasada la medianoche aún se pueden escuchar algunas canciones y los asistentes más jóvenes siguen bailando sobre la pista de baile. La rifa del televisor ya pasó y el ganador no apareció.

Freddy y Morena parten hacia su casa en San Francisco. “El TPS dice que es un estatus temporal, pero, realmente, los hondureños tienen 20 años ya. Nosotros, los salvadoreños, ya vamos para eso. Ya no es algo temporal. Es una vida completa, y decirnos ‘okay, vamos a sacarlos ahorita’, es como que deje crecer un árbol, echar raíces y hasta que dé frutos. Es ilógico decir ‘vamos a arrancarte ahora’”, ha comentado antes de irse Fredy, el padre de dos niños que se siente como ese árbol, con el riesgo de ser cortado.

Familias separadas. Se calcula que hay 192,700 hijos de tepesianos nacidos como ciudadanos americanos que podrían quedar sin sus padres si estos son deportados.

Trabajar desde antes de los 10 años

Fotografía

Para llegar al terreno donde esta mañana trabaja Luis Enrique, hay que cruzarse la calle de tierra y caminar por un sendero sinuoso, adornado por tantos árboles que muy poca luz se logra colar entre las ramas. Al arribar a la milpa, el horizonte se amplía, los ojos se llenan de claridad. El verde llega hasta donde alcanza la vista, a veces cortado por altas palmeras de coco.
Con la cuma en la mano, se encorva para desherbar, con minucioso amor, los alrededores de cada mata, teniendo cuidado de no dañarlas en su intento por protegerlas. Lo hace para evitar que otras especies le ganen terreno a su planta, para que esta pueda crecer a sus anchas hasta un momento en que ya no necesite de ayuda, más allá de abonos, insecticidas y riego.
Lo más duro, la siembra, ya pasó, pero esto también exige un enorme esfuerzo físico, de doblar el cuerpo para que la filosa hoja quede casi al ras del suelo y avanzar, avanzar, en un par de manzanas que, debido a la monotonía, podrían parecer interminables. El sonido del metal contra el suelo, del viento rompiéndose en cada golpe, se mantendrá constante por más de tres horas. Deshierba concentrado, con solo un poco de sudor sobre la frente, con la mirada atenta en su herramienta.

En un país adscrito a varios convenios internacionales contra el trabajo infantil, que se comprometió a que ningún menor de 18 años trabajaría en 2020, Luis Enrique ya cuenta con casi una década de experiencia trabajando la tierra. Tiene 17 años, empezó cuando solo tenía ocho. Ha laborado por más de la mitad de su vida.
Luis Enrique es parte de una familia formada por padre, madre y 15 hijos, que viven en el cantón Quebrada Española, de Izalco. Es un retrato del trabajo infantil asumido con normalidad: cada uno de los hijos varones ha empezado a trabajar antes de los 10 años junto con su padre, Rolando Obando, en las labores del campo. Desde el mayor, que ahora tiene 25 años. Los más pequeños esperan su turno, si las circunstancias no cambian.

Luis Enrique trabaja en la milpa junto con dos de sus hermanos, Miguel Ángel, de 15 años, y Rónald, de 12, quien no rebasa el umbral establecido por la ley para que un adolescente comience a trabajar. Su rostro contrasta con la edad promedio del agricultor en El Salvador, que el MARN coloca en 57 años. Al no contar ni con la edad mínima legal para realizar estas labores, no existe en ese censo.

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JESÚS DE LA PEÑA, coordinador subregional de la Organización Internacional del Trabajo, señaló en 2009 que, al ritmo en el que iba el país, no se llegaría a las metas con las que El Salvador se había comprometido tres años atrás en una Hoja de Ruta (2006) destinada a acabar con el trabajo infantil. Las metas trazadas, en las que también se anotaron otros Estados de la región, apuntaban a hacerlo para 2020: entonces, se pensaba, ningún menor de 18 años tendría que realizar ninguna labor para ganarse la vida. El proyecto parecía condenado al fracaso. Las promesas no se cumplirán.

Rónald, de 12 años, asistirá más tarde a sus clases en el quinto grado del Centro Escolar Quebrada Española. Tiene 19 compañeros en el aula, cinco son varones. Tres de ellos realizan labores en el campo en la mañana, como él, para estudiar por la tarde. En las lecciones de hoy, quizá, verán las partes del cuerpo humano, algo que le fascina al niño, conocer cómo está compuesto por dentro, qué hace que cada parte de sí mismo funcione. A diferencia de lo que se pensaría, parecerá fresco, atento a cada palabra que sale de la boca de su profesor. El profesor señalará en el pizarrón los órganos y sus funciones, y Rónald preguntará, preguntará y preguntará para estar seguro de que ha entendido.

Que no se hayan cumplido las promesas de la Hoja de Ruta no se traduce en la nulidad de logros: según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2017, publicada por la DIGESTYC hace unas semanas, son 41,735 los niños menores de 14 años que se ven obligados a trabajar, 20,000 menos que hace una década, cuando, por ejemplo, Luis Enrique fue llevado por primera vez al campo por su padre. El país ha vivido una disminución constante al menos desde 2012, cuando se reportó el último incremento con respecto al ejercicio anterior.

La mayor conquista se ha registrado en las labores de corta de caña, donde el problema, al menos según datos del Ministerio de Trabajo, ha llegado casi a cero. Ese es el resultado de más de una década de apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, que le aportó en torno a $1,000,000 al sector azucarero entre 2002 y 2009, y que continuó su camino en FUNDAZUCAR, la organización no gubernamental que aglutina al sector*.

Pero eso no se ha traducido en que la prohibición se ha cumplido a rajatabla, y el Ministerio de Trabajo ha sancionado, desde 2012, a 12 empresas y cooperativas por seguir empleando a menores, como en el caso de la Cooperativa de Los Chilamates, de Nueva Concepción, Chalatenango, a la que en 2013 se le descubrió que había empleado a 11 menores de edad.

En un país adscrito a varios convenios internacionales contra el trabajo infantil, que se comprometió a que ningún menor de 18 años trabajaría en 2020, Luis Enrique ya cuenta con casi una década de experiencia trabajando la tierra. Tiene 17 años, empezó cuando solo tenía ocho. Ha laborado por más de la mitad de su vida. Luis Enrique es parte de una familia formada por padre, madre y 15 hijos que viven en el cantón Quebrada Española, de Izalco. Es un retrato del trabajo infantil asumido con normalidad.

En la escuela, Rónald ignora, sin embargo, que su cuerpo todavía no está lo suficientemente desarrollado para hacer el trabajo que realiza. Porque no es solo la labor del campo.
Para poder ganar entre $3.60 y $7 por cada paquete de 12 pares de zapatos, tras salir de la escuela, Rónald se sumará a su madre y a sus dos hermanos Luis Enrique y Miguel Ángel (15 años) para coser calzado. Pacientemente unirá decenas de suelas a igual número de piezas a la luz de una lámpara, en una jornada que puede extenderse hasta las 10 de la noche. Para la familia esto significa un ingreso importante, dependiendo del número de lotes que les encarguen.

A Miguel Ángel, el hermano de 15 años de Rónald, las semanas de escuela se le vuelven, a veces, de tres días. Cuando tiene que extender su jornada en la milpa en la tarde, los días en que su padre necesita más ayuda, pide permiso para ausentarse de sus clases. Eso, dice, ocurre una o dos veces cada semana.
En la escuela a la que asisten los hermanos son conscientes de que muchos de los niños a los que atienden cumplen con una responsabilidad que no les corresponde. Por eso suelen ser más pacientes con ellos, según lo comenta Cecilia Morán, la directora del centro.

Izalco. Rolando Obando posa junto a cuatro de sus 15 hijos. De derecha a izquierda: Miguel Ángel (15 años), Luis Enrique (17), Rónald (12), Rolando y su hijo mayor, de 25 años.

Aparte de ello, no cuentan con programas constantes para atender a este tipo de población. Los que poseen en la actualidad se limitan a un taller de banda de paz y otro de instrumentos musicales. De vez en cuando llegan cursos de otra cosa, como uno muy reciente de panadería, al que los niños trabajadores asisten gustosos: piensan que eso les permitirá conseguir un mejor empleo. Eso mismo piensan los padres. En la zona no hay lugares para formarse en algún oficio. Lo más cercano está en el casco urbano de Izalco. Dado el problema de caminos del sitio, moverse hasta allá de forma constante representa una fuerte inversión que muchas familias no son capaces de cubrir.

Pero incluso las clases de música y de banda de paz están en peligro. En la escuela es casi imposible mantener actividades que vayan más allá de los cursos normales, según lo explica la directora del centro, pues no cuentan con un presupuesto para hacerlo. Por años las han mantenido haciendo malabares. Si no llega un patrocinador, deberán retirarlos en el corto plazo.
En El Salvador, el combate al trabajo infantil ha estado en manos de una mesa conformada por varias instituciones: los ministerios de Trabajo, Salud y Educación, el ISNA, el CONNA y las municipalidades, que pueden tener una mayor incidencia en el seguimiento a la eficacia de las políticas dada su cercanía con la población.

Pero desde las instituciones no ha habido un esfuerzo constante, al menos en la última década, siquiera por entender el fenómeno. Por ejemplo, para establecer el dato de niños trabajando, la única referencia es la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. La otra fuente es lo reportado por el Ministerio de Educación, que toma en cuenta a la población que va a un centro educativo.
Para darse cuenta de esta ausencia, solo basta con consultar el número de comités municipales de protección de derechos habilitados por el CONNA a escala nacional: menos de 100, cuando la ley establece que debe existir al menos uno por municipio.

“Eso impide que para problemas como el trabajo infantil, que exige un constante monitoreo, se tenga la capacidad para mantener ese seguimiento. Debe haber una reestructuración, en la que se aprovechen otras infraestructuras ya instaladas en el país, como los ECOS del Ministerio de Salud. Ahorita, solo estamos actuando mediante una denuncia previa”, comenta Víctor Serrano, técnico de Promoción de Derechos del ISNA. Reconoce que para esta labor esa institución no cuenta siquiera con 100 empleados.

Señala, sin embargo, algunas conquistas, sobre todo referidas a la casi total eliminación de algunas de las formas más peligrosas de trabajo infantil: la de los que laboraban en las minas de cal en el norte de Santa Ana; la de los niños utilizados en la pesca con explosivos.

Pero incluso el ISNA, según reconoce el mismo Serrano, ha dejado de batallar por poner en el centro de la discusión el problema. Algo que puede ilustrarse en el hecho de que el último estudio sobre trabajo infantil se publicó en un ya lejano 2014. Era el referido a Madresal, la isla de las madres-niñas, en San Dionisio, Usulután, de la que Séptimo Sentido realizó un amplio reportaje, publicado ese mismo año.

El Estado no sabrá, por tanto, sobre Rónald, el niño que después de sudar sobre la milpa preguntará en su clase de Ciencias sobre las partes del cuerpo humano para, después, partir a su casa a coser calzado.

***

—¿VIO A AQUEL SEÑOR que estaba en el portón? Ese es mi papá –comenta Rolando Obando, el padre de 15 hijos, mientras arroja agua a su milpa con la bomba que carga a la espalda. —A mí me sacó a los ocho años y me llevó a unos lugares allá por el cerro de Las Flores, a pasarnos ese gran rillón, que a veces él me pasaba en el lomo cuando estaba crecido.

Rolando habla de algo que parece una tradición en la zona, pero que contraviene los tratados internacionales y la LEPINA. Sin embargo, cuando él crecía, los derechos de los niños eran algo que no le importaba al Estado.

Rolando cuenta cómo empezó a trabajar en los cañales cuando tenía 12 años, cómo soportaba los calores de la época de la zafra, cómo se hizo un hombre duro a base de trabajo en una de las labores catalogadas entre las más peligrosas para un niño.

Rolando es todo un líder comunitario, forma parte de APROMUPIZALCO, la asociación de cooperativas de agua que surte a 10,000 personas en ese municipio de Sonsonate. Ha sido elegido para representar a su comunidad, Quebrada Española, en las diferentes iniciativas que han llegado hasta este lugar, aislado por calles de tierra y piedra suelta a pesar de estar a unos cuantos cientos de metros de la carretera que de San Salvador conduce a Sonsonate.

A lo único que no apoyó con fuerza, comenta, fue a PRONIÑO, un programa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y una empresa privada de telefonía que entre 2012 y 2013 intentó concienciar a los padres de la zona sobre la inconveniencia de que sus hijos comenzaran a trabajar a tan temprana edad.

Según la directora del centro escolar del sitio, Cecilia Morán, el programa tuvo una incidencia positiva. Fue la época en que un mayor porcentaje de niños dejó de trabajar. Eso es algo que se repitió en el resto del país. Entre 2011 y 2014, el país vivió su mayor disminución en el número de infantes menores de 14 años obligados a trabajar, que pasó de 60,171 a 47,488.

Esta tarea, comenta Morán, se hizo no sin enfrentar una enorme oposición de parte de los padres, que se preguntaban quién, ante la ausencia de los hijos, les ayudaría a completar la obtención de los recursos para tener una vida digna.

Una persona que ha visto el fenómeno del trabajo infantil de cerca desde finales de los noventa es Víctor Serrano, técnico de la Dirección y Promoción de Derechos del ISNA. Eso, el hecho de que los menores de edad pueden significar un importante ingreso para familias pobres, es un elemento que complejiza la discusión. Ahí no basta la enumeración de leyes y posibles sanciones, pues está en juego, comenta, la propia sobrevivencia del menor.

“Pero eso no quiere decir que hay que dejar de concienciar sobre los derechos de los menores. Hay que cambiar la estrategia, como dejarles claro que la escuela, a pesar de las carencias que tiene, es una oportunidad para romper con el ciclo de la pobreza en un futuro”, comenta Serrano.

De nuevo en su milpa, mientras sus hijos adolescentes y el niño Rónald continúan con la faena, Rolando explica las razones de por qué lo que representaba PRONIÑO le parecía tan mala idea.

—Yo hablé con mis hijos y les dije “no voy a apoyar eso porque ustedes son los que se me van a arruinar” –dice Rolando, dejando por un rato su semblante dicharachero para poner un rostro serio. —No quiero un hijo huevón. Necesitan el estudio, pero también trabajar, porque aquí nos hemos acostumbrado a trabajar en la tierra.

Muchos padres de la zona piensan como Rolando. Incluso aseguran que parte de la violencia que se ha vivido en la zona en los últimos años se debió a ese período en el que muchos niños dejaron de trabajar.

“Para mí, es 1,000 veces preferible que un niño de 12 años esté ahí, en la milpa, aprendiendo cómo se trabaja, a que esté en una esquina sirviéndole a los grupos delincuenciales”, comenta un padre de familia que, por motivos obvios, prefiere no decir su nombre.

El Salvador no es un país de blancos y negros. Tampoco este argumento es suficiente para justificar el trabajo infantil, según la opinión de Víctor Serrano, del ISNA.

“Hay casos extremos en que la familia es negligente… Una vez me encontré a unos adolescentes trabajando en el cañal, a unas altas temperaturas, cuando las personas adultas estaban en la casa, viendo la telenovela”, ilustra.

***

A PESAR DE QUE sus hijos han tenido que trabajar desde pequeños, Rolando Obando cree en la importancia de la educación. Por eso ha animado a sus hijos a completar, “aunque sea”, su bachillerato. Eso ocurrió con dos de sus hijos mayores de edad que, tras ello, pudieron acceder a un puesto en una empresa cercana a la capital. Para Rolando, es toda una conquista: que sus hijos puedan ganarse la vida “sin molestarse mucho”, como él, en las labores del campo.
Los dos hermanos son un ejemplo para el resto de la familia. El punto al que alcanzar o superar. Por eso Miguel Ángel, de 15 años, ha decidido seguir estudiando, a pesar de la dureza de una jornada que comienza en la mañana en las labores de la tierra y continúa en la tarde en la escuela. Y que, incluso, se puede extender con los zapatos que lleva su hermano Luis Enrique para coser.
“Yo siento que no me cuesta tanto, ya me acostumbré”, comenta Miguel Ángel, lleno de timidez.
Dice que, a pesar de todo, terminará con su bachillerato. Pero luego no existe en su panorama la idea de incorporarse a la universidad o continuar con su educación. Quiere contar con un título para convertirse en empleado de una fábrica, conseguir un trabajo con el que pueda obtener un ingreso constante con el cual ayudar a su hogar. Ese es su sueño, que todavía le suena lejano.
Con lo escuchado se podría pensar que a, semejanza de lo que escribe Martín Caparrós en el libro “El hambre”, salvando las distancias, la pobreza y la necesidad de trabajar desde pequeño te quita, incluso, la oportunidad de ver más allá.
Por ahora, Miguel Ángel, Rónald y Luis Enrique continuarán el trabajo en la milpa de su padre, esperando que este año la cosecha no los decepcione.

Otros ejemplos. Maybelline Shupan, de 12 años, ayuda a su madre a recoger leña a 40 minutos de camino de su casa, en Cuyagualo, Izalco. También su hermano, Enrique, de 14, trabaja.

 

*Este párrafo pudo causar alguna confusión. Por ello fue modificado el 12 de junio de 2018, con el monto que fue entregado por la OIT exclusivamente al sector azucarero.

Un percance rumbo al Norte

Doble de reportaje original

 

Lo único que brilla hoy en la casa del joyero es el recuerdo de los $5.15 por hora que ganaba cosechando sandías, tomates, pepinos o cebollas en Texas, en Estados Unidos. Cuando lo deportaron en 2007, a Francisco Linares no le quedó más que regresar a su oficio de orfebre, de forjador de oro ajeno. Así fue hasta que tras el segundo de los asaltos sufridos se quedó solo con sus herramientas: una mesa ennegrecida y un puñado de trastos retorcidos. Desde ese momento ya no pudo pagar los $17 mensuales de la cuota por la casa en las afueras de Santa Ana. Los $4 diarios que reunía Delmy de Linares con su trabajo de doméstica apenas alcanzaban para la comida de los tres hijos y el matrimonio, y los mandatos de desadjudicación que se deslizaron bajo la puerta presionaron. A Francisco, de 44 años, Estados Unidos se le hizo tan necesario como un salvavidas para un náufrago. Convenció a Delmy para que lo acompañara por una ruta sin guía y sin garantías en la que la única ventaja era que él ya la había recorrido una vez. Trabajar con sandías en el norte, debió pensar, es más dignificante que trabajar con oro en El Salvador.

Se despidieron de los hijos y de la casa el martes 26 de febrero de este año. Dos días después, ingresaron en México. Recorrían alguna carretera de Chiapas a bordo de un microbús cuando agentes de la Policía Federal Preventiva salieron al paso. Detuvieron la unidad, y lo que sucedió fue que ella titubeó, se cortó, le ganaron los nervios, y no supo contestar con la rapidez necesaria a la pregunta que le hicieron los agentes. La bajaron del microbús. Francisco le leyó la preocupación en la cara y, no sin antes evaluarlo unos segundos, decidió confesar su origen. Los bajaron a los dos, igual que a otros que tampoco llevaban papeles y que, despojados de las sutilezas de las banderas, los escudos, los gobiernos y las nacionalidades, cayeron en una sola bolsa: centroamericanos.

Aquella vez no les fue tan mal. Los regresaron a Guatemala porque, previendo que los podían detener, Francisco había recomendado a Delmy que dijera que era de ese país. Él aseguró lo mismo. Y como las autoridades mexicanas no se molestaron en confirmar las versiones, los dejaron en una frontera que los mexicanos llaman Talismán y los guatemaltecos, El Carmen. Antes tuvieron que pasar una noche detenidos, él con los hombres y ella con las mujeres. Aguantaron hambre y no dejaron de preocuparse el uno por el otro, pero no les fue tan mal.

El contratiempo no fue significativo y no mermó la intención de los Linares. El mismo día en que los agentes mexicanos los dejaron en la frontera, Delmy y Francisco tomaron un autobús e hicieron el recorrido de una media hora hasta la siguiente frontera, que se llama Tecún Umán y que, a diferencia de la anterior, está abierta las 24 horas. Así, siguieron por la ruta que Francisco conocía.

El sábado 1.º de marzo, iban de nuevo en un microbús. Era temprano. Habían cruzado el río Suchiate, el que une y separa los dos países, a las 6 de la mañana y, debido a que el sol apenas empezaba a salir, él pensó que no iba a haber nadie con ganas de sorprenderlos. Esta vez ella no habló. Fue él quien, con simulado acento mexicano, dijo al motorista que les permitiera bajar antes de llegar a la garita. “¿Vas a rodear?”, dice Francisco que le preguntó el conductor. Una respuesta afirmativa no fue suficiente para desactivar la curiosidad. ¿No traes papeles?, volvió a preguntar el motorista, a lo que Francisco, recuerda que en tono molesto contestó: “¿Y para qué te estoy diciendo que me dejes aquí?”. El conductor se detuvo y la pareja se bajó.

Hasta antes del viaje, Delmy no conocía ni la capital de su país, San Salvador, a escasos 65 kilómetros de su lugar de residencia. Pero para cuando el sol de ese sábado salió, ella y su marido habían dejado El Salvador, habían atravesado Guatemala y caminaban por un paraje conocido como La Arrocera, en Huixtla (Chiapas). Se bajaron del microbús a unos 500 metros de la garita de control migratorio, y caminaron unas cuatro cuadras para rodearla. Ahí es donde empieza lo más negro de su historia. Ahí empieza ese episodio al que los esposos Linares prefieren referirse como el percance.

Dice Francisco que apuraron el paso y que casi corrieron para escapar de ellos. No funcionó. De un salto, uno de los tres uniformados se les puso delante, y les preguntó que de dónde venían, que para dónde iban, que si estaban afligidos, que si llevaban dinero, que si la vieja llevaba dinero. Eran tres. Tenían escopetas.

En la casa de los Linares hay unas cuantas sillas, un par de camas, un cancel y detrás del cancel una cocina raquítica. Francisco accedió a contar esta historia el 22 de abril, cuando tenía sus recuerdos como llagas vivas. Habló, porque quería exigir justicia. Llevaba menos de 48 horas en El Salvador. Y revivía con gestos y rabia su parte del percance.

El agente preguntó a Francisco si estaba afligido. “No, estoy contento, contento porque los veo a ustedes. Eso me hace a mí sentir que aquí no hay ladrones, no me puede pasar nada. Y al mismo tiempo estoy preocupado, porque ustedes me pueden entregar a la Migra”, dice él que les contestó.

Los agentes al principio eran tres, dos con gorros navarone y uno con gorra. Uno de los de cara tapada se pasó el arma de un brazo al otro. Y el que estaba hablando con Francisco hizo un gesto para que se acercaran otros tres hombres. Estos iban vestidos con camisetas y pantalones color verde olivo, color militar. Ellos, los últimos, se quedaron con Delmy. Los otros tres, los primeros, se llevaron a Francisco. Dijeron que a Delmy la soltarían en unos 10 minutos para que se reuniera con él.

Con diplomática cortesía, Gustavo Gutiérrez, encargado de asuntos migratorios del estado de Chiapas, reconoce que el respeto a los derechos de los migrantes y la depuración del personal policiaco son “un reto”, uno grande. Así, al reducir acciones a palabras, lo que los Linares bautizaron como el percance sirve a Gutiérrez para dimensionar su reto. “No es un caso que se pueda tomar como único, lamentablemente ilustra el tamaño del reto que tenemos”, dijo el funcionario.

Francisco se les corrió a los hombres con uniformes de la Policía Federal Preventiva. Huyó y se metió en una quebrada. Como en las películas, dice que escuchó que sus perseguidores caminaban arriba de su escondite y los escuchó decir “Ese güey ya se largó”. Y se quedó ahí, despierto, asomando la cabeza por si Delmy se acercaba. Pasó un día y medio esperándola y no apareció.

Francisco asegura que la buscó. Dice que se paseó por el lugar en donde los habían interceptado, y que no halló ni rastro de la que desde hacía más de 25 años era su mujer. Él decidió continuar, pero el peso de la pena se le hizo una carga demasiado pesada como para avanzar hacia su sueño de trabajar en la cosecha de sandías, tomates, pepinos y cebollas en Texas, en Estados Unidos.

Se colgó del tren del sur —que discurre por los estados de Chiapas y Oaxaca— y se logró bajar entero. Ya sin un centavo, todo se lo quedaron los seis uniformados, decidió aceptar el techo y la comida que ofrece el albergue “Hogar de la misericordia”, que administra en el municipio de Ixtepec un sacerdote mexicano llamado Alejandro Solalinde. Y ahí las noches fueron lágrimas. Pasaba solo, porque le caía mal que sus colegas de viaje, también rotos y también cansados, intentaran darle ánimo.

Sobre la vestia

La relación con las luces y las cámaras empezó en ese albergue. Solalinde reunió a los huéspedes de turno para que, como en terapia de grupo, contaran su experiencia. Francisco pidió la palabra, pero para decir al padre que quería hablar con él en privado. El de Solalinde no es un nombre extraño para los medios. En los últimos meses lo han citado Prensa Libre, Reforma, El Universal, Vanguardia, Noticias de Oaxaca, El Periódico de México y Gatopardo. En todas las notas él habla de violaciones a los derechos de los migrantes y siempre ha tenido como fuente para sus denuncias a los mismos migrantes. Para recibir en privado a Francisco, sin embargo, se tardó dos días, y Francisco aún lo dice como reclamo.

La plática con Solalinde no solo sirvió de desahogo. También plantó en Francisco la semilla de la denuncia. Y el salvadoreño, que no sabía nada de su mujer desde el encuentro con los uniformados, que no tenía ni un centavo partido por la mitad y que se sentía colmado de incertidumbre, la dejó germinar.

Abrir el proceso de denuncia significaba retroceder en el viaje hacia el Norte. Y retroceder, cuando cada paso hacia adelante ha dolido tanto, no es sencillo. Francisco debía regresar desde Ixtepec, en el estado de Oaxaca, al Estado de Chiapas. “Acepté, no más porque no sabía nada de ella y era una injusticia no saber nada”, recuerda.

Francisco es un hombre moreno —dice que tanto como los policías que le quitaron dinero y esposa—, de convicciones firmes, miembro de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días —mormón—, papá de tres, y esposo de esa mujer de su misma edad, 44, a la que conoció cuando de niños jugaban en la colonia España, de Santa Ana, la que llaman la Sucursal del Cielo.

El 14 de marzo, 14 días después del percance, Francisco estuvo en una conferencia de prensa. Al orfebre santaneco lo sentaron frente a quién sabe cuántos periodistas. Porque la estancia de Francisco en México coincidió con la del relator de asuntos migratorios para la Organización de Naciones Unidas (ONU), Jorge Bustamante. Tras atender a los periodistas, los dos se reunieron en privado.

Desde diciembre de 2006, Bustamante ha visitado República de Corea, Indonesia, Estados Unidos, Guatemala y México como relator especial sobre derechos de los migrantes de la ONU. Bustamante es doctor en Sociología y Ciencias Políticas, y ha participado en la elaboración de libros como “Decadencia y auge de las identidades”, “Economía fronteriza y libre comercio” y “Frontera y migraciones”. Francisco, por su lado, estudió hasta primer grado, ha sido deportado de Estados Unidos, fue eventual del Cuerpo de Agente Metropolitanos de Santa Ana y debe $1,100 a un amigo. Con esas credenciales, ambos se sentaron frente a frente.

“Ahorita disfráceme a un par de vigilantes suyos con una mochila y que se vayan conmigo a pasar por una garita, a ver si no les hacen algo, a ver si no los asaltan. Ustedes saben, pero se lucran de eso. Saben que el único delito de nosotros es cruzar México, y saben que venimos a contribuir al país de ustedes, porque los salvadoreños dólares traemos y dólares les dejamos”, dijo Francisco que fue la acusación que le dejó al relator.

Bustamante levantó un informe de su visita a México. “El relator especial manifiesta su conmoción por los crecientes abusos contra personas migrantes, especialmente contra aquellas de origen centroamericano”, son las líneas que, dentro del documento, se pueden aplicar a lo que los Linares vivieron.

Tras la reunión con Bustamante en Tapachula, siempre en el estado de Chiapas, Francisco puso la denuncia. En ese momento, tenía el ánimo de justicia encendido. En ese momento, apareció la desaparecida Delmy.

Delmy llegó a su casa el lunes 10 de marzo. Iba sola, vestida con una ropa que alguien —quién sabe quién— le regaló. El viaje desde La Arrocera, en Huixtla, hasta su humilde casa en Santa Ana le tomó cinco días. Los otros cuatro los había pasado en los montes.

Delmy empieza su relato desde el momento en que los hombres la dejaron tirada. Caminó deshaciendo los pasos que había dado con su marido. Avanzó a pie hasta donde pudo, y ahí empezó a pedir dinero.

Ella, que nunca había salido de Santa Ana, tuvo que encontrar la manera de sobrevivir sola. Ahí no había pena, ni conocidos ante los cuales sentir vergüenza o confianza. “De lo que me daba la gente pagaba los buses. En unos, me cobraban, en otros no”, dice sin alzar la voz.

Contrario a su esposo, habla poco y se ríe menos. Se seca las lágrimas antes de que le rueden por las mejillas.

Los que la separaron de su marido —los uniformados, los de verde, los que traían escopetas— la retuvieron durante cuatro días. La violaron durante cuatro días.

Se acuerda de que le dieron de comer, pero no sabe qué. Recuerda que la golpearon, pero no sabe cuánto. Sabe que fue abusada sexualmente, pero está segura de que no podría reconstruir un rostro, una escena o algún nombre. Sabe de la cicatriz, no de cómo la hirieron. “Es que yo me corto, pierdo el conocimiento”, dice como exponiendo un defecto de fábrica.

En la mano, Delmy lleva un anillo dorado que Francisco le forjó y que conserva porque nunca lo sacó de su casa en Santa Ana. Ese lugar al que regresó el 10 de marzo: “Al no más venir, lo primero que hice fue preguntar si él ya había hablado”.

Lo que las autoridades mexicanas dijeron acerca del paradero de Delmy fue que había sido “asegurada” en un operativo de la Policía Federal Preventiva y que ya había sido liberada, según recogieron los medios de comunicación locales. Solalinde no quedó satisfecho con esa explicación. “¿Cómo puede tratarse de un operativo de Migración sin agentes de Migración? ¿O acaso Migración usa pasamontañas? Pero además, amenazaron con armas de alto poder, los insultaron, amenazaron, los robaron y secuestraron a la señora”, fueron las palabras del religioso ante periodistas.

En el momento en que la vivencia de los Linares atrajo cámaras y plumas, las autoridades del estado de Chiapas se comprometieron a investigar y a responder por lo que había pasado. El caso se puso en manos de Gustavo Gutiérrez, el encargado de asuntos migratorios.

Movilidad Humana es el nombre de la ONG que documentó el caso de los Linares y lo empujó hasta los oídos de Bustamante, el relator de Naciones Unidas. En Movilidad Humana trabaja Solalinde, y fue él quien el 18 de marzo recibió la noticia de parte de las autoridades estatales: Delmy estaba en su casa. Lo supieron ocho días después de que ella, por sus medios, hubiera logrado volver a su país.

Solalinde es una fuente recurrente para los periodistas. En una nota en la que aparece su nombre se dice que intervino para que no golpearan a 22 centroamericanos de madrugada, en otra se denuncia que las autoridades no hicieron nada por investigar el paradero de 12 guatemaltecos secuestrados, en otra noticia se consigna que 700 indocumentados llegaron a su albergue colgados del tren. Todo en grandes números, con innumerables testimonios de violaciones a los derechos humanos. Encontrar en ese mar de desgracias a alguien con ganas exigir justicia por la vía institucional no ocurre de todos los días. Por eso fue importante.

Francisco no solo recibió exhortaciones para que se animara a poner la denuncia ante las instancias respectivas. También recibió ofrecimientos para que acompañara todo el proceso hasta que finalizara. Gustavo Gutiérrez aseguró a Francisco que de parte del estado de Chiapas él, Delmy y los tres hijos de ambos serían apoyados con domicilio, trabajo y estudio para que regresaran a México a residir de forma legal. Si aceptaban los beneficios, claro, también tendrían que aceptar continuar con el proceso, lo que en primer lugar requería una ratificación de la declaración de parte de él y una primera declaración de parte de ella.

Francisco regresó a su casa en las afueras de Santa Ana el 20 de abril. Un día antes había hablado con Delmy. Fue la primera conversación desde el percance. Se pusieron de acuerdo. Él le llamaría a ella cuando ya estuviera en San Salvador para que ella se trasladara con sus hijos a un lugar cercano de donde el autobús lo dejaría a él. Querían verse cuanto antes. Los planes fueron nada más eso, planes. Porque Francisco se quedó sin dinero para llamar a su familia. Se encontraron en casa.

Francisco regresó a El Salvador por la vía legal, no por deportación. El consulado salvadoreño en Tapachula le dio asistencia para que obtuviera un pasaporte provisional. Recibió el documento el 18 de abril.

El cónsul de El Salvador en Tapachula es Nelson Cuéllar. Para él, las obligaciones de esta oficina para con Francisco estuvieron bien delimitadas y fueron brindarle atención en la obtención de sus documentos, como sacarle el permiso ante Migración para que él estuviera en México sin problemas, tramitarle una certificación de origen y aprobarle un pasaporte provisional.

Desde el percance, estuvo mes y medio en México. En ese tiempo, él fue la preocupación y el centro de atenciones de parte del Estado de Chiapas. El ejecutor y el encargado directo del caso fue siempre Gustavo Gutiérrez.

Francisco es hombre de convicciones firmes. Tan firmes, que le causan problemas. “A mí siempre me ha gustado comer monte (hierbas y verduras). Por eso con unos hermanos nos uníamos para cocinarnos sopas y para que así las del albergue no tuvieran que darnos comida y que se la dieran a otros que la necesitaran”, así resume Francisco “el problema” por el que fue trasladado de albergue. Una acción en la que intervino Gustavo Gutiérrez.

Porque Gustavo Gutiérrez, a diferencia del cónsul salvadoreño, no pone límites a lo que hicieron por Francisco. “Nos hicimos cargo de él”, dice y la lista de lo que encierra la frase es larga. “Estuvimos pendientes de dónde estuviera durmiendo, de qué estuviera comiendo, de que tuviera sus apoyos psicológicos, lo llevamos con su consulado, hicimos el procedimiento para que el consulado lo pudiera apoyar y luego hicimos una estrategia para que con el consulado trabajaran con Migración”, afirmó, vía telefónica, el funcionario chiapaneco.

El encargado de asuntos migratorios del estado de Chiapas necesitaba tiempo. El tiempo de Francisco. Como el mismo funcionario reconoce, lo difícil en México no es encontrar inmigrantes con historias dignas de denuncia. Lo difícil está en que el interesado desista de o retrase su viaje al Norte, para poder interponer la demanda y luego ratificarla. “Los centroamericanos no se quedan lo suficiente”, dice con resignación.

México es un país que pide y no da. Eso es lo que se lee, al menos, en las declaraciones de Bustamante: “Les hacemos a los emigrantes centroamericanos cosas peores de las que nos hacen a los mexicanos en Estados Unidos”. Lo dijo el 12 de marzo, un día antes de conocer a Francisco.

Cuando Gustavo Gutiérrez habla de lo que falta por hacer, empieza por el lado de sensibilizar a los empleados de las instituciones gubernamentales para que no menosprecien las denuncias de los inmigrantes, y continúa por el de convencer a los inmigrantes para que tomen sus denuncias y las lleven a término.

“Yo siento que fue por interés. A cambio de que yo pusiera esa denuncia, ellos me iban a ayudar”, es la conclusión que, sentado en una de las sillas de su casa, saca Francisco.

Francisco regresó a casa el 20 de abril, y lo hizo gracias a que el gobierno chiapaneco le entregó $95 con los que se suponía debía financiar los costos de los documentos de su familia, como partidas de nacimiento, fotos, documentos únicos de identidad y pasaportes. Cuando ingresó El Salvador, sin embargo, ya no tenía ni para una llamada. Porque, aunque Gustavo Gutiérrez insiste que el estado de Chiapas pagó el transporte, Francisco asegura que fue con esos $95 que tuvo que comprar su boleto de autobús. “Y de eso también comí y pagué lo que me cobraron por unos sellos en la frontera”, insiste.

Desde que volvió, Francisco no ha podido conseguir más que trabajos esporádicos. A pesar de las reiteradas violaciones, Delmy no ha visto ni a médicos, ni a psicólogos, y se dedica a hacer oficios domésticos en casas ajenas para poder ganar lo de la comida.

La fiebre de Francisco por justicia ha ido enfriando. Y Delmy, que nunca ardió en deseos por denunciar, cubre de olvido su pena y se concentra en callar y trabajar. “No quiero ir a acusar a nadie injustamente, no les vi el rostro”, se excusa ella.

El 20 de mayo, los esposos Linares viajaron a San Salvador. Ella venía de traje y él con camisa de botones y cincho. Se bajaron del autobús interdepartamental en la parada que está frente a la Basílica de Guadalupe, en Antiguo Cuscatlán. Ahí los llegó a recoger personal del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA).

Francisco había cumplido un mes de haber regresado, y en ese tiempo lidió con los mismos problemas de pago de casa y manutención por los que se había ido. Los Linares ocupan una vivienda entregada por una institución que se dedica a ayudar a las familias de escasos recursos para que adquieran una casa digna. Las familias, no obstante, se comprometen a cancelar una cuota para conservar su derecho de adjudicación. Los Linares casi pierden ese derecho. Para conservarlo, se comprometieron a pagar la mora, con eso, la cuota inicial de $17 mensuales se les elevó a $50.

A esa deuda se suma la que adquirieron antes del viaje, los $1,100 que debe a un amigo, el dinero con el que los esposos pretendían llegar a Estados Unidos. Pero casi todo les quedó a los hombres que los interceptaron.

Con esas preocupaciones pero aún con la idea de justicia en mente, Francisco llegó al IDHUCA a pedir asesoría para seguir el proceso de denuncia desde aquí. Pero a los dos días, el ánimo se le ahogó. Se le quedó, como él ilustra, helado.

Aunque la coordinadora del programa de migrantes del IDHUCA, Gilma Pérez, haya dicho que la denuncia “es un caso sin precedentes” y “ejemplarizante”, Francisco había empezado ya a desechar esa vía. Los delitos por los que puso la denuncia en México son privación ilegal de libertad, abuso de autoridad, desaparición de persona y robo. El único desvanecido a la fecha, por la presencia de Delmy, es el de desaparición de persona.

El IDHUCA opina que Francisco no debe regresar a México. Pérez no estima conveniente que se exponga a represalias. Desde México, Gustavo Gutiérrez no solo considera que es necesario que Francisco vuelva, sino que también lo esperan con toda su familia, para ofrecer trabajo a Delmy y para incluir a los hijos en el sistema educativo. Al menos ese es el ofrecimiento. Y, según el funcionario mexicano, Francisco solo debe cumplir con la parte de los documentos, porque los boletos correrían por cuenta de la Gobernación de Chiapas.

Pero Francisco ya no está en caliente. Las llagas se han cerrado. Ahora, como si la pobreza le hubiera lavado la voluntad, dice que se arrepiente de haber aceptado denunciar. “Me hubiera ido (al norte)”, dice mientras da rienda suelta a su frustración.

Y es que lo único que brilla hoy en la casa del joyero es el recuerdo de los $5.15 por hora que ganaba cosechando sandías, tomates, pepinos o cebollas en Texas, en Estados Unidos. Después de que se regresó de México hace dos meses, Francisco ya no retomó su oficio de orfebre. La mesa ennegrecida y el puñado de trastos retorcidos con los que hacía sus trabajos antes del segundo asalto siguen en desuso. Todavía no han encontrado modo de pagar los $50 de la cuota de la casa, ya con mora, en las afueras de Santa Ana. Los mandatos de desadjudicación pronto volverán a ser deslizados bajo la puerta. Los $4 que aporta Delmy de Linares con su trabajo de doméstica no van más allá de la comida. A Francisco, de 44 años, Estados Unidos se le hace tan necesario como un salvavidas para un náufrago. Convenció a Delmy para que le permita volver a intentar llegar. Esta vez lo haría solo y con $20 en la bolsa. Un viaje en el que la única ventaja es que él cree conocer el camino. Trabajar con sandías en el norte, está convencido, es más dignificante que trabajar con oro en El Salvador.

 

Una década de compromiso

10º Aniversario de Séptimo Sentido

En junio de 2008 se hizo desde estas páginas una apuesta por los textos largos y las fotografías más reposadas. Era tomar distancia de la inmediatez con la que lo digital iba arrastrando al periodismo.

Una década más tarde, podemos decir que han pasado por estas páginas las grandes firmas de la crónica y que, aunque no nació encaminada hacia ese objetivo, se han publicado investigaciones nacionales e internacionales que han tenido incidencia. Séptimo Sentido es aún difícil de definir en una sola palabra o desde un solo punto de vista. Este mes de aniversario vamos a confirmarnos en ese carácter diverso que ha venido a enriquecer la discusión sobre esta profesión. Los dejamos con uno de los reportajes que formaron parte de la primera edición.

El compromiso de visibilizar lo importante y no solo lo urgente se mantiene.

Primer editorial de Séptimo Sentido

Primer Editorial

Lea nuestro primer reportaje:

Un percance rumbo al Norte

 

Jóvenes que desafían la exclusión

Por todo el país. En El Salvador existen 16 centros Municipales de Formación Profesional (FÓRMATE).

Isaac Martínez tenía 14 años cuando la zona en la que vive se llenó de miedo. Después vino la huida. Él reside en un área que durante 2015 fue noticia por los desplazamientos internos que provocaron las pandillas con base en amenazas y sangre. En enero de ese año, una residente del cantón El Callejón, de Zacatecoluca, fue asesinada con 28 impactos de bala. Hubo quienes dijeron que el asesinato ocurrió porque la víctima se había mudado y provenía de un área donde operaba una pandilla contraria.

Un día después de ese homicidio, otro hombre de la zona fue asesinado frente a sus hijos. Ante la violencia y los rumores de nuevas amenazas, algunos vecinos de los cantones La Joya y El Callejón dejaron sus hogares y abandonaron sus pertenencias para salvar la vida. El miedo era tal que la escuela del lugar cerró porque dejó de recibir alumnos. Los portones del centro escolar permanecieron cerrados durante más de un año.

Cuando a Isaac se le pregunta sobre la violencia de la zona, él se limita a contestar que “sí estuvo fluido antes, pero ahora, gracias a Dios, no”. Él es un estudiante de 17 años del curso de pastelería del Centro Municipal de Formación Profesional de Zacatecoluca, mejor conocido como FÓRMATE.

El curso al que asiste ha sido diseñado con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la municipalidad. Aquí desarrollan capacitaciones para jóvenes que han crecido en entornos donde la desigualdad y la violencia han estado a la orden del día.

La actividad de la clase de hoy es aprender a hacer un pan con forma de lagarto. Para que el pan tenga una apariencia más realista, Isaac toma una tijera y hace cortes sobre la masa tratando de imitar la textura de la piel del reptil. Sus compañeras, divertidas, se ríen de la forma que va tomando el pan.

El salón donde se imparte la clase es un cuarto amplio en el que 21 jóvenes aprenden a hornear. Isaac ya tiene práctica en esta actividad. Él trabaja en una panadería desde que tenía 12 años. En El Salvador el trabajo infantil tiene el rostro de un niño del campo. Hace dos años se contabilizó que existían al menos 131,904 niños de cinco a 17 años trabajando. De esa cifra, la mayoría pertenecen al sexo masculino y son de la zona rural.

Este día, como todos los anteriores desde hace años, Isaac se levantó a las 3:30 de la mañana, cargó el pan hacia la camioneta del negocio, llegó al centro del municipio y empezó a pedalear una bicicleta para repartir pan francés por el casco urbano. A las cuatro de la tarde debe volver al negocio y empezar a hacer pan.

Isaac ve su trabajo como un motivo de satisfacción. Gracias a su esfuerzo y a la ayuda de su abuelo, cuenta que ya logró construir su propia casa en un terreno familiar. “Varios me han preguntado si ya me acompañé, pero no. Uno decide ya vivir apartado. Y un primo que es albañil me dio la idea. Levantamos (la casa) y ahí está. No es la gran cosa, pero es suficiente para alguien como yo. Ya tengo equipo de sonido y la juguetera. Eso de mi trabajo”, cuenta sonriente y orgulloso.

Isaac estudia este curso porque su familia tiene un sueño depositado en él. Quieren poner una panadería propia y esperan delegarle una de las mayores responsabilidades. Quieren que él sea el panificador.

Variedad de cursos. Las capacitaciones pueden ser de tecnología, costura, pastelería, cosmetología, manejo de vehículos, reparación de celulares y preparación de dulces típicos.

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UNA RESPUESTA A LA VIOLENCIA

Joven

En El Salvador hay 16 centros Municipales de Formación Profesional. Estos centros se instalan como parte del Proyecto de Prevención del Crimen y la Violencia de USAID. Los cursos que imparten son variados. Hay de costura, pastelería, cosmetología, manejo de vehículos, reparación de celulares y preparación de dulces típicos. Además, brindan clases de tecnología impartidas por Microsoft Imagine Academy.

Estos centros actúan en coordinación con las alcaldías de municipios que han sido identificados como focos de violencia. Para asistir a los cursos, basta con ser un joven menor de 29 años y comprometerse a asistir a todas las clases. Los cursos tienen, en promedio, una duración de 15 días.

Además de la capacitación en el área de su preferencia, quienes se inscriben reciben clases de emprendimiento. La idea es mostrarles a residentes de comunidades acechadas por la violencia que ante la falta de oportunidades, es posible crear las propias.

Hasta la fecha, de acuerdo con información de USAID, hay 3,034 graduados de cursos certificados por INSAFORP y 1,761 jóvenes que han completado cursos con Microsoft Imagine Academy.
La beca del curso cubre solamente los materiales y las clases. Quienes asisten a las clases deben gastar en transporte y alimentación diaria, lo que implica una inversión grande para quienes no tienen ingresos económicos.

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Gratuidad. Los interesados en los cursos no deben pagar nada por las clases. Los gastos en los que los participantes pueden incurrir son los relativos a su propia alimentación y viáticos.

CUANDO ESTUDIAR ES PRIVILEGIO

En 2015, Santa Cruz Michapa fue clasificado como uno de los municipios más violentos del país. Ese año se registraron 36 homicidios en ese espacio de solo 28 kilómetros cuadrados.

Para entonces, Juan Carlos Sánchez ya se despertaba a las 2 de la mañana para ir a trabajar. Él se había propuesto terminar su bachillerato. Eso no implicaba solo estudiar y hacer sus tareas. Para financiar sus estudios, tenía que levantarse de madrugada, ir a vender al mercado Central de San Salvador, volver por la noche, hacer tareas y presentarlas durante el fin de semana a sus profesores de educación a distancia.

“Me vi en la obligación de trabajar porque yo no he tenido apoyo de ninguna persona. Mis papás solo me apoyaron hasta el octavo grado”, explica Juan Carlos, un joven de Santa Cruz Michapa de 25 años de edad. En 2015 logró graduarse de bachiller y quiere tener la posibilidad de encontrar un trabajo que le permita seguir estudiando. Por eso se inscribió en marzo en un curso de cocina mexicana del FÓRMATE de su municipio.

En promedio, los salvadoreños tienen 6.8 años de estudio. Y lo más común es que las personas que viven en el campo solo tengan 5 años de escolaridad. Además, de acuerdo con la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), solo el 13.5 % de la población ocupada en el país tiene estudios universitarios.
Durante la clase de este jueves, tiene que aprender a hacer los cortes correctos de la carne, preparar las verduras y los acompañamientos de un burrito mexicano. Estas clases son un respiro de su vida diaria, donde debe enfocarse en vender su producto para volver con algo de dinero a su casa. Él pertenece a un sector de la población cuyo trabajo está cimentado en la informalidad. En 2013 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aseguró que el 66 % de los trabajadores salvadoreños pertenecían al sector informal, sin prestaciones de ley ni planes de ahorro para la vejez.

Aunque la ganancia que Juan Carlos obtiene vendiendo frutas y verduras no es mucha, ha sido lo suficiente para sostenerse a sí mismo, ayudar en su casa y financiar su educación media. “Con mi venta no saco ni lo del mínimo porque saco poquito. Solo voy pasando día tras día, pero lo del gasto diario. No voy sacando de decir que me va a quedar más para ahorrar”, lamenta.

Puede parecer poco, pero la idea de ganar el salario mínimo, es decir $304, lo motiva a inscribirse en cursos especializados. Con ese dinero ya podría ahorrar para pagarse una carrera universitaria. Quiere ser profesor, pero sabe que aún debe esperar. Antes de poder inscribirse en una universidad desea tener un empleo formal: “Quiero ser una persona preparada. Porque sí soñaba con llegar a la universidad. Yo hubiera querido tener esa oportunidad”, dice antes de volver a cocinar.

“Me vi en la obligación de trabajar porque yo no he tenido apoyo de ninguna persona. Mis papás solo me apoyaron hasta el octavo grado”, explica Juan Carlos, un joven de Santa Cruz Michapa de 25 años de edad. En 2015 logró graduarse de bachiller y quiere tener la posibilidad de encontrar un trabajo que le permita seguir estudiando. Por eso se inscribió en marzo en un curso de cocina mexicana del FÓRMATE de su municipio”.

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FORMARSE PARA ROMPER CICLOS

El calor de este viernes por la mañana en Zacatecoluca es desesperante, pero eso no parece distraer a Maricela Jovel, una mujer de 28 años que cose un velo. Alrededor de ella, otras mujeres le hacen los últimos ajustes a un corsé y a una falda blanca. Juntas están haciendo un vestido de novia.

Maricela es estudiante del curso de confección artesanal de vestidos de alta costura del FÓRMATE de Zacatecoluca. Lleva el pelo recogido, jeans y una camisa roja de manga corta. Trabaja en silencio. Para ella, llegar a este salón no ha sido simple. Maricela vive en una comunidad alejada del casco urbano de Zacatecoluca y, además, es madre de tres niños de cuatro, seis y nueve años.

A los 19 tuvo a su primer hijo y se acompañó. Ahora ha vuelto con sus niños a la casa de sus padres y se ha propuesto algo: ser independiente económicamente. Para ello vende productos de belleza a través de revistas y, cuando tiene tiempo, cultiva pipianes en su comunidad para luego venderlos. “Voy agarrando venta de cualquier cosa para poder salir adelante, pero eso no es suficiente porque cuesta hacerlo y no es seguro que vaya a tener ganancia”, cuenta bajo la sombra de un árbol.

Este espacio de capacitación es un oasis para comunidades donde la seguridad, la educación y el acceso a un empleo digno son posibilidades remotas. Por ejemplo, de los 64 centros educativos que hay en Zacatecoluca, solo ocho brindan clases de bachillerato. Y de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Educación, el 67 % de las escuelas del municipio ven afectada su seguridad por las pandillas que rondan sus comunidades.

Cuando Maricela era adolescente, dejó de estudiar porque sus padres ya no podían seguir pagando sus estudios. Ahora, ya adulta y con una familia que alimentar, ha emprendido la misión de educarse. “Hay gente que me dice que ya a mi edad no se está para seguir estudiando, pero a mí no me detiene eso. Aunque sí lamento que no estoy con mis hijos. Pero si estoy solo con ellos, de eso no comen”, reflexiona.

Durante las últimas semanas ha estado en clases de costura desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Además, los sábados estudia segundo año de bachillerato a distancia.

Para venir acá gasta, en promedio, $3 de pasaje diarios. Cuando se siente muy cansada, paga más porque contrata una moto para que la lleve desde donde la deja el bus hasta su casa, en la comunidad San José Las Flores, del cantón Tierra Blanca. Pero el dinero no sobra y en la mayoría de ocasiones, prefiere caminar 1 hora entre veredas y ahorrar un poco de dinero.

Para Maricela el curso de confección representa una posibilidad. “La esperanza es que por medio del taller yo aprenda algo y eso me sirva para trabajar”, dice mientras piensa en sus hijos. Luego explica sus razones: “Si yo me quedo sin estudiar, no hay ninguna posibilidad de que yo les pueda dar estudio a ellos, no hay esperanzas de un empleo. Y si no tengo empleo, no tengo esperanzas de sacarlos adelante”.

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EL ARTE CONTRA LA ESTIGMATIZACIÓN

“Nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo”, reza un cartel dentro de un salón de ensayos de la Orquesta Filarmónica de Apopa. Los músicos practican dentro del Centro Municipal de Prevención de la Violencia.

Si se escribe “Apopa” en un buscador de internet, los primeros resultados que se obtienen son sobre un joven asesinado en la cancha de fútbol, sobre una familia masacrada o la noticia de una mujer que planeaba entregar una niña de 12 años a pandilleros para que la violaran. Esas historias sucedieron en este municipio solo en marzo.

Ante esta realidad, el arte se presenta para los jóvenes de Apopa como una forma de demostrar que existe talento y esfuerzo más allá de las cifras de violencia. Ellos practican para formar una orquesta de la cual su ciudad se sienta orgullosa.

A las 2:35 de la tarde hay 16 niños afinando sus violines y cellos en un salón. Al lado hay tres jóvenes practicando con guitarras. En otro salón hay tres muchachos haciendo sonar sus trompetas y en el cuarto salón, un grupo conformado por niños y mujeres jóvenes aprende a leer solfeo.

Idealmente los salones de clase deberían ser a prueba de sonido, pero los de Apopa tienen la estructura de un salón regular de clases. Los jóvenes y maestros de este centro deben hacer un esfuerzo doble para desarrollar la lección. Además de concentrarse en su propia clase, deben tratar de ignorar el ruido que proviene de las prácticas de los demás salones.

Este espacio antes era un colegio y luego fue una sede del Seguro Social. La alcaldía lo alquiló desde julio del año pasado y se encarga de pagarle a los maestros de música y al resto de personal. Así lo explica Juan Carlos Soriano, un técnico del Centro Municipal.

Orquestas filarmónicas. A través de la práctica en grupo de la música, se busca que los jóvenes de ciertos municipios logren formar músicos y recuperar el orgullo local.

Una hora después hay un poco de silencio. La orquesta está conformada por 96 integrantes, pero no todos se han presentado ahora. Alrededor de 40 jóvenes comienzan a preparar las sillas para realizar el ensamble en el patio del lugar de ensayos. Adelante se sientan violinistas y los percusionistas atrás.

De acuerdo con sus instrumentos, los grupos reciben clases por separado, pero la orquesta practica junta los jueves. Algunos padres, orgullosos, llegan este día a escuchar a sus hijos y se sientan frente a ellos en unas sillas de plástico. Los jóvenes inician la práctica grupal. Tocan el “Himno a la alegría” y después su propia versión de una cumbia popular.

“Tienen que entenderse. Tienen que escucharse a ustedes mismos y a sus compañeros. Es más fácil ser solista. Lo difícil de tocar como orquesta es el acople”, les dice Carlos Durán, director de la orquesta. La idea es que a través de la música los jóvenes refuercen valores como la disciplina y reconozcan la importancia de escuchar a los demás.

Como esta, hay otras 16 orquestas con 1,400 beneficiarios a escala nacional. Wendy Henríquez y Melvin Cortez pertenecen a la Orquesta Filarmónica de Colón. Los dos tienen 18 años y ya habían tenido experiencias previas en el mundo de la música. Pero esta es la primera vez que tienen la oportunidad de formarse musicalmente y de manera estable dentro de su municipio, también marcado por la violencia.

Wendy, quien toca el fagot, está consciente de eso. “La gente solo cuenta las cosas malas que pasan acá. En cambio, de ciertos proyectos no se sabe”, se queja. Melvin también reconoce que solo por vivir en esa zona es probable que alguien intente poner la mancha de la violencia sobre su nombre, pero él explica: “Me siento bien en mi consciencia porque yo ando haciendo cosas buenas”.

Los dos sobresalen en el grupo por la dedicación con la que tocan. Melvin toca el corno francés y quiere dedicarse a la música profesionalmente. Mientras ensaya, le ayuda a otros niños pequeños que comienzan su formación. Él asegura que quiere estudiar música fuera del país para luego volver y enseñarle a más personas: “Quisiera hacer lo mismo que hicieron conmigo. Apoyar en la música. Hacer eso con muchos jóvenes que ahorita están niños”.

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EL CAMBIO ES GENERACIONAL

Entre los callejones del mercado Central, las ventas y los gritos de los vendedores anunciando verduras está Juan Carlos este martes de abril. Apenas son las 8 de la mañana cuando ya lleva horas intentando sacar alguna ganancia que le permita pagar los gastos de su casa.

“Dentro del mercado estuvo superpeligroso porque uno no se podía andar moviendo de un lado para otro porque ya decían que uno andaba viendo personas que no debía. Ahorita, gracias a Dios, ha disminuido. Se ha calmado bastante”, explicó el joven de Santa Cruz Michapa unos días antes.

Hoy Juan Carlos lleva una camiseta roja y las manos llenas de anillos plateados. Cuenta que hace un par de semanas se graduó de dos cursos de FÓRMATE. Además de estudiar el curso de comida mexicana, también participó en otro de comida china. Ahora guarda los diplomas que le entregaron. Con eso puede dar fe de que ha seguido estudiando.

No ha perdido el sueño de estudiar en la universidad. Sabe que de él depende no solo su posibilidad de tener estudios formales, sino la de alguien más. Tiene un sobrino. “Desde que él nació, la responsabilidad cayó en mí porque solo yo era el que estaba trabajando. Cuando puedo, le compro las cosas que le piden en la escuela. Quisiera darle una mejor vida de la que yo he tenido”, dice.

“Hay gente que me dice que ya a mi edad no se está para seguir estudiando, pero a mí no me detiene eso. Aunque sí lamento que no estoy con mis hijos. Pero si estoy solo con ellos, de eso no comen”, reflexiona Maricela, una estudiante del curso de confección artesanal de vestidos de alta costura del FÓRMATE de Zacatecoluca. Además de aprender el oficio de la costura, se encuentra estudiando segundo año de bachillerato a distancia.

Enseñanza de la música.

Arturo Corrales, música que brilla en la distancia

Educación. Uno de los proyectos más ambiciosos de Arturo ha sido “Cathédrale avec des Briques”, en el que incluyó a chicos de escuelas en Ginebra con poco acceso a la formación musical.

Un hombre toca el tambor en la barroca Iglesia de La Fusterie, en Ginebra, Suiza. El instrumento es el típico ton de batería que se utiliza en una orquesta sinfónica convencional. Ese hombre, el músico francés Fabien Perreau, se esfuerza en un redoble de tambor que parece subir a lo más alto del templo.

Justamente allí, una decena de personas, colocadas en los balcones de la iglesia, ejecutan sus flautas traversas. Se trata, también, de un instrumento común en una orquesta sinfónica. Pero aquí su naturaleza se ha mudado: de pronto, en pleno centro de Ginebra, el ambiente se llena de sonidos más propios de Santo Domingo de Guzmán, un municipio del occidente de El Salvador, famoso por una comunidad indígena que se ha negado a desaparecer.
El ton de batería da esos golpes profundos del tambor indígena, forrado de cuero de cabra, que parece una invitación al baile o a la guerra. Fabien Perreau se esfuerza por dar los más diversos sonidos, modificando a cada instante la velocidad de sus impactos.

Las flautas son un mosaico de colores que, ahora, puede parecer un pito, con su sibilante insistencia. Los ejecutantes tocan su instrumento al revés, poniendo los labios donde típicamente surge el sonido. Ahora, los cilíndricos objetos producen una extraña reverberación cuando son impactados contra la palma de la mano. Todo explota cuando las flautas vuelven a ser ellas, pero en un aparentemente caótico conjunto que parece una batalla.

Las personas en el público escuchan la música en medio del templo, con el percusionista frente a ellos y los flautistas a su alrededor. Nadie parece querer siquiera respirar. Se podría decir que cuando los instrumentos dejan de sonar, un alfiler que cae al piso es el sinónimo del estruendo. Los instrumentos europeos han cedido para adecuarse a una concepción musical que proviene de los ancestros de los salvadoreños.

“La música manda a la gente en un viaje a un lugar desconocido, que realmente es un lugar musical en nuestro país, El Salvador”, comenta Arturo Corrales, el autor de esta pieza, “Invocación en náhuat”, desde su casa en Ginebra, Suiza.

Arturo es uno de los compositores salvadoreños más exitosos de la actualidad. Sus piezas, además de en su país de residencia, se han escuchado por toda Europa y Latinoamérica, en un estilo hecho para los oídos más exigentes. Una propuesta de vanguardia que dinamita los conceptos de lo que se entiende como música académica. Una en la que caben desde elementos de la música electrónica hasta las tradiciones de todos los países del mundo, sobre todo las raíces precolombinas de una no muy conocida música autóctona salvadoreña.

“Los académicos son bien ortodoxos en su forma de hacer música, como en el pasado. Arturo es atrevido al llevar tantas cosas al ambiente clásico. Y lo hace de una manera muy efectiva”, comenta en su residencia de San Salvador Marcial Amaya, también un músico experimental. Esta tarde no disimula su alegría, pues le acaba de llegar desde Estados Unidos, ya masterizado, el disco “Cosmonautas del tiempo”, el primero que pare su proyecto, 3 Ramas del Árbol.

Durante la mañana, estuvo grabando algunas piezas para un nuevo trabajo. Ahora, sin embargo, se da tiempo para ver algunos videos de Arturo Corrales, uno de sus músicos salvadoreños favoritos.

El video elegido corresponde al tema “Mono espacial”. Ahí están sentados cuatro músicos que conforman el prestigioso cuarteto de cuerdas Diotima. Visten de frac impecable. Antes de que se inicie la pieza, parecería que tocarán, quizá, las “Cuatro estaciones”, del italiano Antonio Vivaldi.

Sin embargo, los violines, la viola y el violonchelo, como ocurrió en “Invocación en náhuat”, mudan su naturaleza y ya no son lo que se esperaba. Manos veloces, casi ingrávidos, parecen interpretar algo tan complejo que solamente puede venir de la inspiración de los ejecutantes. Una pieza de jazz improvisado con instrumentos clásicos.

Pero aquello que parecería tener una fuente espontánea está calculado desde la a hasta la z. Los músicos leen cada nota en una partitura, escrita por Arturo Corrales. El movimiento comienza a hacerse más intenso y, en un momento, suena más a una canción metalera, de esas perfectas para un mosh. Desde Suiza, Arturo confirma lo anterior, algo que corresponde un recuerdo de los días en los que en El Salvador capitaneó la banda Cara Sucia.
“Ponés esto de soundtrack, el personaje que puede ser alguien caótico, desordenado, y le queda perfecto”, dice Amaya.

Al final de la pieza, lo que uno podía definir como una especie de “ruido blanco” se ha convertido en otra cosa. Algo que le ha llegado hasta lo más profundo del corazón sin saber de dónde. Salvando las distancias, el efecto se parece mucho al de las piezas interpretadas por el mítico músico de jazz John Coltrane.

Eso lo apoya Jorge Ávalos, poeta y amigo de Arturo. Para él, la música del salvadoreño, a pesar de ser tan técnica e innovadora, no deja de lado la principal misión de todo arte: conectar con las emociones de aquel que escucha.

Quizá escogió la carrera de arquitectura como un guiño a aquella famosa frase del alemán Johann von Goethe: “La arquitectura no es más que música congelada”. “Ahora sigo construyendo cosas, aunque con materiales mucho más ligeros que la piedra o el concreto. Hoy construyo con el tiempo”, dice Corrales, en quien sus colegas, como Germán Cáceres, ven a un músico preocupado especialmente por la forma, como si la carrera de la arquitectura no hubiera sido un paréntesis en su formación, sino una de sus principales bases.

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EL VIAJE A LO DESCONOCIDO
Arturo Corrales siempre pensó en ser músico. Lo traía en la sangre: uno de sus antepasados, Alejandro Muñoz Ciudad Real, fue el fundador de la Orquesta Sinfónica de El Salvador. “A pesar de ese linaje tan ilustre, tuve que comenzar desde cero”, comenta Corrales.

Y en su casa siempre había herramientas musicales, sobre todo la guitarra de su padre, el instrumento que terminaría convirtiéndose en el suyo.

Pero la vida lo llevó por un camino un poco más convencional. Cuando salió del bachillerato, se inscribió en la carrera de Arquitectura, que completó junto con su amigo José Paredes. Este último, quien actualmente trabaja al otro lado del mundo, concretamente en Vietnam, lo recuerda como alguien profundamente creativo. Un elogio que le devuelve Arturo desde Ginebra al fundador del colectivo The Carrot Concept.

Alguien profundamente creativo, pero que tenía clara la gran pasión de su vida. Quizá escogió la carrera de arquitectura como un guiño a aquella famosa frase del alemán Johann von Goethe: “La arquitectura no es más que música congelada”.

“Ahora sigo construyendo cosas, aunque con materiales mucho más ligeros que la piedra o el concreto. Hoy construyo con el tiempo”, dice Corrales, en quien sus colegas, como Germán Cáceres, ven a un músico preocupado especialmente por la forma, como si la carrera de la arquitectura no hubiera sido un paréntesis en su formación, sino una de sus principales bases.

Y esa pasión no se conformaría con menos que con la excelencia. Su mirada pudo estar en alguno de los conservatorios que existen a lo largo de América Latina. Pero no: la educación debía ser en la cuna de la música académica, en Europa. Y en una institución de educación superior, el equivalente a una universidad de la música.
En 1999 decidió dar un salto al vacío, uno que estaba respaldado por un contrato que le permitiría trabajar para ganarse la vida y, al mismo tiempo, estudiar. La ciudad de Nantes se iba a convertir en su destino.

Las bases ya las llevaba desde El Salvador, afirma Arturo, gracias a la formación y dirección de los mejores en el país: Joseph-Karl Doetsch, el guitarrista Walter Quevedo y Germán Cáceres, actualmente director de la Orquesta Sinfónica de El Salvador, la misma institución fundada por su antepasado.

“Entusiasmo”. Esa es la palabra que Cáceres ocupa para definir al Arturo de la época inmediatamente anterior al viaje a Europa. Un muchacho lleno de sueños, que no sabía nada de lo que le esperaba al otro lado del Atlántico.

Ilustración de Moris Aldana

Cuando desembarcó en Francia, todo caminó según lo previsto en la primera semana. Pero el encanto se terminó bastante rápido: a la segunda, se dio cuenta de que el contrato que le permitiría ganarse la vida comenzaba a ser irrespetado por sus patrones: no le iba a dejar tiempo para estudiar, el auténtico objetivo de un viaje para el que había quemado las naves.

“Era un problema grave, en el sentido de que después de que yo había vendido mis cosas en El Salvador, una semana después ya estaba sin trabajo, sin casa, sin la posibilidad de continuar. Es muy difícil cuando has dado un paso así”, comenta Arturo. José Paredes, quien ha mantenido contacto con el artista, recuerda esa época como una de estoicismo. Echar por tierra el primer impulso no parecía descabellado, pero Arturo no lo mostraba a sus amigos.

Música total. Según Arturo, su concepción de la música es una donde las fronteras se muestran difusas: música académica, folclórica y popular forman parte de la misma realidad.

Arturo decidió cortar con el contrato, pero permanecer en Francia mientras los ahorros persistían. Una mano amiga le aconsejó cambiar su mirada a Ginebra, Suiza, donde existía un conservatorio de educación superior.

Ahí también iba a tener asegurado un trabajo, aunque muy alejado de sus especialidades. En Suiza pasó por una multitud de ocupaciones: cuidar niños para familias locales, ejercer trabajos ocasionales en hoteles, acarrear carga.
Un medio de subsistencia relacionado con la música no llegaría sino a medida que iba avanzando en su formación. Lecciones particulares de guitarra y de teoría musical fueron la fuente de sus recursos hasta que salió del conservatorio, en 2004, para luego continuar con estudios superiores en musicología en París y en dirección de orquesta en Lugano. Un recorrido que se resume aquí en unos pocos párrafos.

“No es fácil, no es que aquí haya alguien que te esté esperando con los brazos abiertos. Pero me imagino que no es más difícil que para cualquier otro que se va para un país que no es el suyo”, comenta Arturo. Desde entonces, su camino se ha llenado de proyectos.

Uno de los más importantes, y el que más tiempo lleva, es el Ensamble Vortex, en el que comparte créditos con su compatriota Francisco Huguet. Este proyecto está integrado por una decena de compositores y ejecutantes enfocados en la innovación, en producir música que, en cada ocasión, rete a las convenciones de la música académica tradicional.

Huguet también fue compañero de Arturo en el conservatorio de Ginebra. Para Corrales, lograr hacer una carrera en Suiza es un asunto de sacar los dientes. De pelear por cada oportunidad que se presenta. De insistir 10 veces más que los locales y los europeos para mostrar de lo que se es capaz. Algo en lo que tanto él como Huguet se han convertido en un gran ejemplo.

Además del Ensamble Vortex, Arturo conforma otro proyecto que, a diferencia de sus otros trabajos, se basa en la improvisación. Alp Stereophonic es un dúo conformado por Corrales y el saxofonista suizo Laurent Estoppey. Ahí el salvadoreño hace gala de su dominio de la música electrónica, haciendo uso de un software y de una superficie, muy parecida a un iPad, que le permite tocar sus piezas como si de un instrumento se tratara. También es el encargado de la música electrónica en Electric Primitivo, un ensamble con guitarra eléctrica. Ambos lo han llevado a escenarios en Europa, Norteamérica y el resto del mundo.

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Naara Salomón

CONSTRUYENDO UNA CATEDRAL
La actriz de teatro Naara Salomón conoce bien el trabajo de Arturo Corrales. Lo ha seguido desde que salió del conservatorio. En 2004, cuando residía en Suiza junto con su esposo, el director de teatro Roberto Salomón, un profesor de esa institución los invitó a escuchar la pieza con la que se graduaría uno de sus alumnos proveniente de El Salvador.
“Nos dijo que era uno de los más talentosos. Cuando llegamos al teatro, nos dejamos inundar por esa pieza en la que los músicos tocaban desde diferentes espacios en el teatro”, comenta Naara. Por eso, no dudó en colaborarle en uno de sus proyectos más ambiciosos: “Cathédrale avec des Briques” (“Catedral con ladrillos”), desarrollado entre 2014 y 2015.
Fue, en primer lugar, una idea educativa. Una forma de acercar las más nuevas tendencias de la música contemporánea a aquellos niños y adolescentes de los barrios menos favorecidos de Ginebra. Sí, en esta ciudad importante de Suiza, país famoso por el secretismo de sus bancos y por su sólida economía, también hay poblaciones menos favorecidas. Según lo explica Naara Salomón, esos lugares son los habitados, sobre todo, por los migrantes que llegan de todas partes del mundo.
La idea de Arturo, que se apoyó en fondos ganados en un concurso, iniciaba con la enseñanza de música en decenas de escuelas en las que no existe un programa que acerque a los niños a este arte. Luego, de centro educativo en centro educativo se fueron seleccionando a los mejores ejecutantes, quienes integrarían una enorme orquesta, de más de 80 miembros.
Estos no interpretarían únicamente los instrumentos de manera tradicional. Fiel a su estilo, Arturo trabajó en composiciones en las que, por ejemplo, un violín no sería tocado mediante un arco para estimular sus cuerdas, sino, más bien, se aprovecharía la caja de resonancia para producir una enigmática percusión. Lo más interesante es que se tomarían en cuenta las ideas de los niños.

“Cada niño ponía su ladrillo, ponía de sí, para componer una obra mayor, de ahí el título tan bonito”, comenta Naara.
Arturo compuso su música alrededor del tema del miedo, desde un punto de vista mítico. Así, cada parte de la pieza se correspondía a un personaje legendario (un hombre lobo, un kraken), de esos que componen las pesadillas de los más pequeños. Naara, por su parte, hacía una narración, donde la voz se convertía en un instrumento más que creaba sobre el tiempo, con una cadencia que se acoplaba al tema tratado.

“Para mí, una de las cosas más bonitas fue ver cómo Arturo trabajó con los niños. Tiene una gran capacidad pedagógica para transmitirle a sus ejecutantes lo que quería que hicieran, a pesar de que ellos podían no tener una formación musical”, apunta Naara.

El espectáculo conseguido fue presentado en diversos escenarios en Suiza. La experiencia duró dos años, entre 2014 y 2015. Un documental del programa puede verse en YouTube digitando el nombre de la obra, “Cathédrale avec des Briques”.

La faceta educativa de Corrales sigue viva. Es profesor de composición y de análisis musical en el Conservatorio Popular de Ginebra, donde ha fundado la sección preprofesional de composición. Se trata de cursos para músicos que están a un paso de las tablas. Además es el director de la orquesta des Trois-Chene.

Trabajos. En la foto de la izquierda, Naara Salomón en su colaboración con Arturo Corrales en “Cathédrale avec des Briques”. En la del centro, dos violinistas interpretan “Liquid Carillon Dream”, escrita por el salvadoreño.

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ROMPER EL VASO QUE SE TIENE EN LA MANO

Colaboraciones. Corrales le ha puesto música a películas y espectáculos teatrales en Suiza y Latinoamérica, como a la cinta “Hasta la última piedra”, una historia colombiana.

Con tanta innovación, Arturo puede parecer un iconoclasta, un artista que decide romper con aquello que no domina. Para el poeta Jorge Ávalos, ese no es el caso. Para ello, pone como ejemplo una de las primeras composiciones del autor, “Valsito d’Amore”, una rigurosa pieza para guitarra sola que hunde sus raíces en Agustín Barrios, Mangoré. Arturo es un artista que rompe el vaso solo hasta después de tenerlo en la mano.

“La suya es una música que desconcierta al principio, porque es algo a lo que no estamos acostumbrados. Pero es así siempre que aparece un nuevo lenguaje en la música. Solo hay que tener un poco de compromiso para ingresar a un mundo completamente nuevo”, comenta Ávalos.

Para Arturo, esa es una de sus principales preocupaciones, la manera en la que el público recibe su música. Algo que dejó plasmado en su tesis “Figuras musicales”, la que le dio un título de doctor en musicología por la Universidad de Ginebra. El dictamen de los evaluadores le concedió honores por la calidad del material.

En este, Arturo postula un nuevo acercamiento a la música que él y sus colegas producen: alejarse de las pretensiones de la técnica, aquellas que dicen que la música está en la partitura, para dedicarse solo a escuchar.

“Lo principal que se necesita para entender una música, ya sea la contemporánea o Beethoven, es tener las orejas abiertas… hay muchos compositores que hablan de su música como si se tratara de una fórmula científica. En realidad, lo que cuenta es lo que finalmente se vuelve sonido”, comenta.
Desde la distancia, en el mediodía suizo, Arturo espera volver a acercarse a su país y compartir toda una vida de experiencias con jóvenes que, como él, tienen unos sueños que no pueden cumplirse a cabalidad en El Salvador de la actualidad.

“Me causa una gran pena haber podido trabajar más, por ejemplo, en Costa Rica que en mi país… espero que eso, algún día, cambie”, dice Corrales, el mismo hombre que hace casi dos décadas decidió emprender un camino hacia lo desconocido.

Fernanda Melchor: “El acto contestatario es mirar al muerto”

Una voz destacada. Fernanda Melchor tiene 35 años y ya figura entre las listas de los mejores escritores del México contemporáneo.
Obra. Ha publicado tres libros. El primero es un libro de crónicas titulado “Aquí no es Miami”. Tiene dos novelas: “Falsa liebre” y “Temporada de huracanes”.

“Soler estaba desnudo, excepto por un calzón color rojo, y un pantalón que, amarrado a sus hombros, le cubría la cara. Fue entonces cuando Bulmaro Avendaño, hijastro de Ana María, le roció gasolina en la cabeza y lo prendió con un cerillo. Rodolfo Soler gritó por lo que pareció un largo rato, segundos o minutos, antes de caer con el cabello y el rostro chamuscados”.

La historia, escrita por Fernanda Melchor, narra la muerte de Rodolfo Soler, un hombre que intentó violar a una mujer en algún río de Veracruz. Cuando la mujer puso resistencia, Soler la golpeó y asfixió. Los vecinos se dieron cuenta por los gritos y encontraron al victimario aún sosteniendo por los cabellos a la mujer ya muerta. Soler era un hombre problemático entre los vecinos. Era ladrón, y el pueblo, harto, decidió hacer justicia por su propia cuenta. Lo amarraron a un árbol y lo quemaron.

Esa historia, ocurrida en 1996, la escribió Fernanda Melchor cuando tenía 19 años. Así empezó su carrera formal en el mundo de las letras. Con ese texto ganó, incluso, un premio nacional. Han pasado 16 años desde que Melchor investigó esa historia, pero las otras que ha ido narrando no se han vuelto menos cruentas.

Melchor es periodista de profesión. Inició escribiendo crónicas de lo que pasaba en su estado natal, Veracruz, y luego dio el paso hacia la ficción. Hasta la fecha ha escrito dos novelas con base anclada en la realidad. Y aquella realidad que Melchor retrata es una muy parecida a la salvadoreña: la de pueblos de gente trabajadora, muy dada a la celebración, pero también muy violenta.

Esta es la primera vez que la escritora está en El Salvador. Ha venido al país para participar en un conversatorio sobre literatura y memoria organizado por el festival Centroamérica Cuenta. Desde el vestíbulo de un hotel en la capital, admite que en su carrera se ha interesado por contar lo que considera que son los claroscuros de la ciudad y sus personajes: “Lo que nos hace humanos no es nada más el heroísmo, la generosidad y el altruismo. Lo que nos hace humanos también es el rencor, la envidia y la venganza. Lo que pasa es que nuestra sociedad tiende a no querer verlas, pero son parte de nosotros”.

“Quería investigar qué eran esas cosas más profundas que hacen que crucemos esta línea y cometamos un crimen porque, la verdad, todos hemos tenido el deseo de apretarle el pescuezo a alguien. Todos hemos tenido deseo de robarnos algo, de desear algo, de cometer una locura. Todos. Pero ¿por qué no lo cometemos? ¿Por qué hay gente que sí y gente que no?”, se pregunta a la hora del atardecer.

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FERNANDA MELCHOR no siempre quiso ser escritora. Esta tarde de lunes de marzo cuenta que de pequeña quería ser investigadora como las que veía en la televisión. “Pero cuando hubo chance de elegir un oficio, pensé que el de periodista era lo más parecido a ser detective sin tener que andar cargando un arma, ¿no?”, cuenta entre risas.

La escritora tiene 35 años y en su hablar no hay gotas de superioridad. La crítica ha alabado su manera de escribir por tener un lenguaje muy cercano a la gente. También ha sido nombrada por revistas como GatoPardo y Letras Libres como una de las grandes escritoras contemporáneas. Aun así, ella se muestra muy sencilla a la hora de conversar sobre su trabajo.

Hace años quiso escribir para un periódico y duró ahí un mes. Ella cuenta que los editores le pedían que fuera a entrevistar a funcionarios y que dejara de escribir las noticias como si fueran cuentos. Entonces renunció y entre los 20 y los 28 años escribió crónicas.

“Veracruz, un estado que era supertranquilo, empezó a tener balaceras, empezaron a aparecer cadáveres mutilados. Lo que hice fue que entre 2002 y 2009 publiqué estas crónicas donde pude. Hasta que junté un libro y ese fue mi primer libro, que se llama ‘Aquí no es Miami’, que salió en 2013”.

“Aquí no es Miami” recién vino a las librerías de El Salvador. En él se narran historias propias del estado veracruzano y su puerto, pero no desde una perspectiva bucólica, “pues también la ciudad es luminosa y sombría”, dice Melchor.

A través de la crónica, Melchor quiso contar la vida de las personas comunes y sus golpes: “Si secuestran al hijo del gobernador, es noticia, pero si le pegan un susto a doña fulana, no. Yo quería contar historias simplemente porque eran buenas, no porque fueran noticiosas. Ese es mi eterno pleito con el diarismo. Necesitamos el periodismo inmediato, que denuncia, pero también necesitamos este otro tipo de narraciones que nos ayudan a entender a otro nivel quiénes somos”.

Más que un recuento de lo que sucede en el estado, la escritora se interesó por las causas que provocan que alguien cometa un delito. “Quería investigar qué eran esas cosas más profundas que hacen que crucemos esta línea y cometamos un crimen porque, la verdad, todos hemos tenido el deseo de apretarle el pescuezo a alguien. Todos hemos tenido deseo de robarnos algo, de desear algo, de cometer una locura. Todos. Pero ¿por qué no lo cometemos? ¿Por qué hay gente que sí y gente que no?”, se pregunta a la hora del atardecer.

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VERACRUZ es uno de los lugares más violentos de México: el año pasado se tuvo registro de 2,385 homicidios, de acuerdo con estadísticas oficiales del Gobierno. Es decir que hubo al menos seis asesinatos diarios solo en ese estado.

Durante los inicios de 2018 la cosa no pareció mejorar. De la violencia no solo impactan los números, sino las formas en las que ocurre. En los primeros 12 días de este año se encontraron nueve cabezas humanas en los cofres de dos taxis. Además, las imágenes que se retratan en los medios desconciertan: el 14 de enero se encontraron nueve cuerpos desmembrados y apilados dentro de una camioneta.

Este es el escenario desde el que Fernanda Melchor ha presentado a los protagonistas de sus historias. Uno que no suele ser muy optimista, pero que también es uno en el que se construye la vida diaria. “Veracruz es un lugar famoso porque ahí se va a vacacionar porque la gente es muy alegre, porque la comida es rica y porque hay carnaval. Quería contrastar esta imagen alegre con la cuestión de la violencia y lo siniestro”, explica.

Melchor asegura que es imposible que quienes se dedican a la literatura no escriban sobre la realidad que los rodea. “Tú eres hija de tu tiempo, te tocó vivir en una época muy particular. Hay gente como yo que nos gusta hablar del presente. Pero creo que aunque tú decidas ‘no voy a hablar de la violencia. Voy a hablar de personajes que viven en otro país’, incluso esa decisión es política. A lo mejor tiene que ver con el hartazgo de la violencia o tu distancia emocional que quieres poner”.

Ella admite que esa necesidad de escribir lo que sucede es una manera de resistir ante las cosas que se consideran inadmisibles. Aunque esto no signifique la posibilidad de que las cosas cambien para bien. “Un libro no va a cambiar una sociedad, pero sí creo que un libro puede cambiar a una persona. No creo que la literatura pueda funcionar en términos de utilidad. Para muchos que nos dedicamos a esto, es inevitable que lo hagamos porque es nuestra personal manera de lidiar contra todo esto. Yo escribí crónica porque era mi manera de hacer algo ante lo que estaba sucediendo en mi ciudad natal”.

La última novela que publicó, “Temporada de huracanes”, se basó en una historia que encontró en una nota roja o sensacionalista. Este tipo de periodismo es ampliamente criticado porque muestra escenas sangrientas y sin censura. Fernanda Melchor defiende la función de las notas rojas porque, a su juicio, dan una idea de las pasiones más oscuras entre las personas:

“Tú puedes agarrar grandes libros de la literatura, Shakespeare, Cervantes, los griegos, las grandes obras de la literatura pueden ser condensadas en una nota roja. ¿Por qué? Porque en la nota roja están las emociones que nos hacen humanos. Imagínate: “Mata a su papá y se casa con su mamá”, dice, haciendo referencia a la obra “Edipo Rey”.

La veracruzana considera que es necesario tomar conciencia de la muerte que rodea las sociedades violentas en lugar de asumirla con naturalidad: “A cómo está la situación en México, donde hay tantos muertos, tantos desaparecidos, tantas fosas comunes y cadáveres, donde la muerte anda a sus anchas, yo creo que el acto contestatario es mirar al muerto porque ahora todo mundo se tapa los ojos para no ver”.

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“TEMPORADA DE HURACANES” (Literatura Random House, 2017) trata la historia de cómo un grupo de niños encuentra el cuerpo de una mujer flotando en un canal de riego. La víctima es “la bruja”, una mujer respetada y temida en el pueblo por sus oficios esotéricos.

La noticia que Melchor leyó explicaba que la bruja fue asesinada por su propio examante, quien “la había matado porque esta persona le había estado haciendo brujería para que regresara con ella. Y yo me puse a pensar ‘esto es muy veracruzano’. Cuando vemos una nota de nota roja que nos la ponen muy simple como ‘mató a su compadre porque lo vio feo’, tú dices ‘no, uno no mata a nadie porque lo vio feo’. Uno mata a la gente por mil y una cosas más profundas”.

Melchor pensó en escribir esta historia de la manera más periodística posible: ir al lugar, hablar con la gente e intentar descubrir las razones que habían motivado este asesinato. Pero su instinto le dijo que talvez esa no era la mejor manera de explicar lo que había sucedido. Además, Veracruz es un sitio peligroso para ejercer el periodismo. Las cifras lo demuestran: en los últimos siete años han sido asesinados 21 periodistas.

“En México matan a los periodistas, pero no matan a los escritores, y además, la ficción te protege”, considera Melchor. En lo que va del año, ya fueron asesinados tres periodistas, de acuerdo con la organización Artículo 19. El reciente miércoles 21 de marzo el periodista Leobardo Vázquez Atzin fue asesinado en Veracruz.

“Un libro no va a cambiar una sociedad, pero sí creo que un libro puede cambiar a una persona. No creo que la literatura pueda funcionar en términos de utilidad. Para muchos que nos dedicamos a esto, es inevitable que lo hagamos porque es nuestra personal manera de lidiar contra todo esto. Yo escribí crónica porque era mi manera de hacer algo ante lo que estaba sucediendo en mi ciudad natal”.

Convencida de que la novela era el mejor género para contar la historia, la escritora se puso a trabajar. Dejó que los personajes le hablaran: “Yo me sentaba a escribir y haz de cuenta que yo era la secretaria del juzgado que le está tomando la declaración al asesino. Entonces la gente me contaba la historia y yo nada más tecleaba. Yo me sentía como una médium… empecé a escuchar estas voces. Ya sé que suena muy esquizofrénico”, acepta con un dejo de picardía.

Las referencias que Melchor hace al hablar de su proceso de escritura sorprenden de la misma forma que hacen que sea más fácil entenderla: “Fue un proceso de andar buscando una voz. La novela está escrita con esta voz que es una cosa que yo le llamo narrador Pazuzu. ¿Te acuerdas de la película ‘El exorcista’? El demonio se llamaba Pazuzu, pero Pazuzu está dentro de la niña, pero de repente se sale. El narrador que yo quería era uno que pudiera estar arriba describiendo todo, pero que de repente se metiera dentro de mí. Así fue como surgió la novela”.

El proceso de escuchar las voces del pueblo contándole sobre el asesinato y pasarlas al papel fue solo uno de los primeros pasos para llegar a construir esta novela que ha sido considerada una obra imprescindible de 2017. “Escribí muchísimo, como 200 páginas, y ya una vez que las tuve, me di cuenta de que eso no era la novela. Uno no se vuelve novelista cuando publica un libro. Uno se vuelve novelista cuando agarra esas 200 páginas que escribió y las bota a la basura porque dice: ‘Bueno, ya estoy más cerca, pero esto no es’”.

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“DICEN QUE EL CALOR ESTÁ VOLVIENDO LOCA A LA GENTE, que cómo es posible que a estas alturas de mayo no haya llovido una sola gota. Que la temporada de huracanes se viene fuerte. Que las malas vibras son las culpables de tanta desgracia: decapitados, descuartizados, encobijados y embolsados que aparecen en los recodos de los caminos o en fosas cavadas con prisa en los terrenos que rodean las comunidades”, lee Fernanda Melchor sobre el escenario del Teatro Luis Poma.

Este martes 20 de marzo se realiza en San Salvador la primera actividad de Centroamérica Cuenta, el festival de literatura más grande de la región que desarrolla la mayoría de eventos en Managua. Melchor fue la invitada internacional para la inauguración. Esta noche está planeado un conversatorio entre ella y la escritora salvadoreña Jorgelina Cerritos.

Cada una lee un fragmento de sus obras. Melchor se para sobre las tablas del teatro y zapatea tímidamente con el pie izquierdo, como marcando el ritmo de su texto. “A mí me importa mucho que se escuche muy bien, leo mucho en voz alta lo que escribo porque no solo importa la historia, sino cómo la cuentas”, dijo un día antes.
El turno de Jorgelina Cerritos llega y ella lee otro fragmento de su obra. Esta vez es la voz de una niña gritándole a su padre que corra porque alguien lo persigue para matarlo: “Corre, papá, corre, que no te desangren la espalda”, exclama en un compás apresurado.

Los textos que se leen esta noche están marcados por una premisa de angustia. A las escritoras se les pregunta si la literatura es una respuesta ante la espiral de violencia que se vive en la sociedad veracruzana y salvadoreña. Melchor responde: “A mí lo que me interesa mucho es hablar del presente”. Y pone de ejemplo una pieza de la artista mexicana Teresa Margolles, quien recolectó el agua que se ocupó para lavar cuerpos (de asesinatos) “y trapeó así los pisos”. La pieza se llama: “¿De qué otra cosa podríamos hablar?”

“Tiembla”. Es el último libro en el que se publica un texto de Fernanda Melchor. En él, se recopilan las vivencias de 35 escritores sobre el terremoto del año pasado en México.

La justicia que persigue a los pequeños

Excepción. El de Carlos Perla, expresidente de ANDA, es uno de los pocos casos de funcionarios de alto rango que llegó a una condena.

El Salvador es un Estado corrupto. Así lo muestra, por ejemplo, el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, donde El Salvador, con un puntaje de 33 puntos, se coloca en el puesto 112 de una lista de 180 naciones a escala mundial.

Esta, la opinión de empresarios y analistas, encuentra eco en uno de los últimos informes del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), en el que se sostiene que en El Salvador “la corrupción, además de manifestarse en el gobierno central, pareciera afectar de forma particularmente aguda a los gobiernos locales, a las entidades descentralizadas y a las empresas públicas”.

Eso sin contar la existente en los otros poderes del Estado, sobre todo en el Judicial, que el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, se ha encargado de denunciar en cuanta comparecencia pública se le presenta. El mismo estudio de ICEFI, “La corrupción, sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano”, señala que debido solo a un puñado de casos emblemáticos de esta y la década pasada, el país ha perdido $550.9 millones, el equivalente al 2.1 % del PIB en 2015. O, lo que es lo mismo, lo suficiente para construir más de 10 centros médicos similares al Hospital Nacional de la Mujer.

“La corrupción es un mal doble: el funcionario no utiliza su tiempo y energía en hacer lo que debe hacer, un servicio para el bien común, sino que ocupa ese tiempo en crear y ejecutar planes para saquear los bienes del Estado”, comenta Carlos Ponce, criminólogo salvadoreño y exfuncionario de la Unidad contra el Crimen Organizado de la FGR.

El Código Penal de El Salvador cataloga 11 delitos como específicos de la corrupción. De estos, la Fiscalía General de la República ha ingresado 4,203 casos desde 2003 hasta 2017. Catorce años a un ritmo de 300 cada ejercicio. Un caso de corrupción cada 29 horas.

Uno de los más procesados es el peculado, aquel en el que un funcionario público se apropia para su beneficio (o el de otros) de dinero o cualquier otro bien de cuya administración está encargado. En este mismo período, 1,164 casos han sido ingresados a la Fiscalía solo en referencia a este delito.

Este nombre, “peculado”, ha sido parte de las acusaciones más impresionantes de la Fiscalía General de la República en los últimos años, como aquella en contra de Elías Antonio Saca, el expresidente acusado de apropiarse de más de $300 millones de la partida secreta de la Presidencia.

Los números de casos son altos, pero parecen encontrarse con un embudo en su camino en los tribunales. Esta revista revisó todas las sentencias digitalizadas en el sistema integrado de la Corte Suprema de Justicia hasta junio de 2016 y consultó el sitio web Jurisprudencia.gob.sv para actualizarlo hasta 2017. La búsqueda se realizó en torno de cuatro delitos, los más graves dentro de los catalogados como de corrupción: peculado, malversación, cohecho propio y cohecho impropio.

De estos cuatro delitos se encontró que, desde 2003 hasta 2017, 68 procesos llegaron al menos hasta la fase de sentencia, donde un juez define si un imputado es culpable o no de la acusación que pesa sobre sus hombros.

Las victorias para la Fiscalía tampoco han sido una constante: solo en 30 de esos casos se encontraron culpables a los acusados, muchos de los cuales conmutaron sus penas por servicios sociales. Este último punto se debe a las bajas condenas referentes a los delitos de corrupción que estipula el actual Código Penal.

 

Ilustración de Moris Aldana

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UNA JUSTICIA SELECTIVA

Éver Alexánder no ganaba mal como empleado de la Alcaldía de San Salvador. Los $506 que percibía mensualmente lo colocaban muy por encima del salario mínimo, ese que todavía es un sueño por cumplir para muchos en un país como El Salvador.

Su trabajo consistía en cobrar, para la Administración Municipal de Mercados, el dinero surgido del uso de los sanitarios públicos y de las moras de los puestos fijos de varios sectores de la capital.

Fueron más de $5,000 los que el acusado sustrajo para sí en un período de dos años, entre 2012 y 2013. Una cifra parecida al sueldo ganado por un diputado de la Asamblea Legislativa, teniendo en cuenta los gastos de representación.

El modus operandi de Éver no era para nada sofisticado. Según explicó una testigo identificada como Bertilla F. de R., ella compartía con él la administración del baño del Edificio 9 del mercado Central. De todo lo que se recolectaba en 15 días, ella debía pagarle el sueldo a dos empleados y entregarle $309 a Éver. Este, dijo Bertilla, a veces le entregaba un recibo como comprobante, a veces no. Por ello, un día de tantos recibió un llamado de atención desde el Departamento de Zonas del mercado Central de San Salvador. Era la jefa, que en el texto de la sentencia aparece solo como Marta Inés.

Esta le advirtió que se encontraba en mora con la comuna, que adeudaba lo correspondiente a siete meses. La cabeza se le llenó de confusión: religiosamente ella había entregado a Éver la cuota asignada. Bertilla explicó lo que había pasado, esperando que le creyeran. Contra todo pronóstico, así fue: a la jefa ya le habían llegado varias denuncias de que Éver no estaba entregando los comprobantes. Por ello decidieron hacerle una auditoría a su trabajo.

 

Se asume que la persona que comete el acto de corrupción es la que firma un documento, excluyendo a sus superiores de cualquier responsabilidad. Óscar Campos, del ISD, aporta un ejemplo para ilustrar el punto, el caso Correos, en el que se desviaron fondos estatales a través de la fundación Comité Pro Mejoramiento del Empleado Postal, pero solo se procesaron a los directivos en mandos medios. Eso, dice López, de FUNDE, contraviene a un principio reflejado en la Ley de la Corte de Cuentas.

 

Como Bertilla, otras seis personas habían sido engañadas, aunque con montos inferiores a los de ella. Con todo sumado, el personal de la alcaldía advirtió que una sola persona le había robado a la comuna $5,147.67.

En el juicio, ocurrido el 11 de junio de 2014, la declaración de 10 personas, múltiples pruebas documentales y una pericia contable hicieron que el juez sentenciara al acusado por peculado a seis años de prisión, que actualmente cumple en el centro penal La Esperanza.

Este es uno de los casos por delitos relacionados con la corrupción en los que la Fiscalía General de la República ha logrado que un juez condene a un imputado. Se trata de un funcionario de bajo rango, con pocas responsabilidades en sus manos. El monto, como se dijo más arriba, no supera el sueldo recibido por un diputado cada mes.

Y este caso en particular es un ejemplo para mostrar qué tipo de funcionarios son los que se condenan en este país por delitos ligados a la corrupción. Ahí está también el proceso de Gilma Cristina G. de L., quien trabajaba como colectora del sitio arqueológico El Tazumal. Fue condenada en 2015 a dos años de prisión por apropiarse de $322 en entradas al parque.
O el de cuatro empleados del Ministerio de Obras Públicas, quienes fueron sorprendidos por dos policías mientras sustraían 40 barriles de diésel de la planta asfáltica de la institución en San Miguel, a quienes se les dieron entre tres y medio y cinco años de cárcel.

 

Presiones. El fiscal general, Douglas Meléndez, ya ha denunciado amenazas en su contra por sus investigaciones. Ese es otro factor que evita que hayan más indagaciones de alto perfil en corrupción.

 

“En casos en los que los implicados son servidores públicos de menor valía, la justicia llega hasta el final. Tiene que ver con el tema de la impunidad, que de manera general se ha apropiado de las instituciones públicas”, comenta Óscar Campos, de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD).

Algo parecido señala Jaime López, de FUNDE, basado en los incipientes hallazgos que ha arrojado un recién iniciado proyecto de la ONG para estudiar la corrupción en el país. Uno de ellos tiene que ver con la cadena de mando: se asume que la persona que comete el acto de corrupción es la que firma un documento, excluyendo a sus superiores de cualquier responsabilidad.
Óscar Campos, del ISD, aporta un ejemplo para ilustrar el punto, el caso Correos, en el que se desviaron fondos estatales a través de la fundación Comité Pro Mejoramiento del Empleado Postal, pero solo se procesaron a los directivos en mandos medios.

 

Directora. Gladis Marina Mazariego Sosa, exdirectora del centro escolar Wálter Thilo Deininger, fue condenada en 2017 a 12 años de cárcel por apropiarse de más de $60,000.

Eso, dice López, de FUNDE, contraviene a un principio reflejado en la Ley de la Corte de Cuentas, que expresa que la responsabilidad final siempre es del titular de la institución.
“Eso, que se deje fuera a los titulares y solo se procese a funcionarios de rango bajo, lo ves en todos lados, no solo en el ámbito penal, sino también en la misma Corte de Cuentas, o en el Tribunal de Ética Gubernamental”, comenta López.

Es posible contar con los dedos de la mano a aquellos empleados públicos que estaban en puestos altos en alguna institución del país cuando cometieron los delitos y fueron procesados. Y el que más acude a la memoria es el de Carlos Perla, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) entre 1994 y 2002. Él fue condenado a 15 años de prisión luego de que se comprobó, entre otras cosas, que había utilizado recursos y personal de ANDA para construir su mansión. Sin embargo, nunca se le procesó por al menos otros dos proyectos henchidos de incógnitas: Río Lempa 2 y el Reservorio de Nejapa, en los que estaban involucrados más de $30 millones. Después de cumplir dos terceras partes de su condena, fue liberado en 2015.

El caso inició cuando Belisario Artiga era fiscal general de la República. Hablar del caso lo llena de alegría todavía hoy, mientras viste de traje impecable en esta cafetería de San Salvador y luce mucho menos cabello que cuando aparecía dando declaraciones en los periódicos. El de ANDA es esa excepción que tiene toda la regla: un funcionario importante del partido de Gobierno fue investigado mientras todavía se encontraba en el cargo. Algo “inexplicable e insólito”, en palabras de Jaime López, de FUNDE, pues, además de la condena, se lograron recuperar activos a favor del Estado.

Pero ese es el único caso que puede llenar de orgullo a Belisario Artiga en el combate a la corrupción. Muchos otros que se judicializaron durante su gestión, como el del Banco de Fomento Agropecuario (que contó con Enrique Rais como uno de sus imputa dos), terminaron con varios de sus acusados sobreseidos apenas en la fase de instrucción.

“Para ello hay que entender que estrenábamos todo un sistema, pasamos de una época en que la investigación estaba a cargo de los jueces y pasó a ser responsabilidad de los fiscales. Tampoco contábamos con un montón de herramientas como las que se tienen ahora, como las escuchas telefónicas”, comenta Belisario en esta cafetería de San Salvador. En su época, la prioridad fue parar los secuestros, que tenían entre sus víctimas predilectas a ciudadanos de altos ingresos.

Para Martín Rogel Zepeda, magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia, otro elemento que ha evitado que haya más casos de alto perfil en delitos de corrupción es la complejidad misma de los casos. Primero, porque son procesos que exigen múltiples habilidades de los fiscales y, en ocasiones, colaboraciones transnacionales, que llevan mucho tiempo.

“Los términos de las prescripciones se vuelven, en la práctica, más cortos, pues son mucho más complejos que los de la delincuencia común”, comenta Rogel. Segundo, porque a mayores recursos, mejores probabilidades hay de defenderse: los abogados defensores tienen un alto nivel técnico, los procesados son capaces de pagar por pruebas periciales como evidencia de descargo. “Eso le mete a los casos un mayor nivel de discusión”, dice Rogel.

La Fiscalía salvadoreña ha sido criticada por sus fracasos en sus casos más mediáticos. Los golpes han sido tan fuertes que incluso Douglas Meléndez decidió prescindir de los servicios de su jefe de la Unidad Anticorrupción, Andrés Amaya. Al día de hoy, según el jefe de Comunicaciones de la FGR, Salvador Martínez, no se ha nombrado uno nuevo. Al frente continúa un director interino. Por ello no fue posible obtener apreciaciones desde la Fiscalía para este trabajo. Douglas Meléndez ha achacado los traspiés a las decisiones de los jueces. Los juzgadores le han recriminado un deficiente trabajo de sus hombres.

Algo en lo que está de acuerdo el magistrado suplente Martín Rogel Zepeda, quien señala que en los grandes casos es común la presentación de grandes volúmenes de evidencia: “Pero se trata de prueba dispersa, que no termina de demostrar los delitos de los acusados”. Se teme que ese pueda ser el caso del que, hasta ahora, es el buque insignia de la institución, la acusación contra Antonio Saca y una red de colaboradores. Si bien se reconoce que la existencia misma del proceso es un paso adelante, habrá que esperar su recorrido en los tribunales para evaluar si, en efecto, se trata de un parteaguas.

 

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COHECHO PROPIO, ¿UN DELITO DE POLICÍAS?

Cuando Jorge apenas había ingresado a El Salvador desde su país, Guatemala, fue detenido por un retén policial en la carretera que de la frontera Las Chinamas conduce a Ahuachapán, la cabecera departamental. Era el 13 de septiembre de 2012. Los agentes revisaron su vehículo. Descubrieron que en la parte de atrás del carro, el empresario traía una bolsa azul, de esas que se le entregan al cliente en una famosa tienda de ropa. En esta, Jorge traía dinero, $20,000, para ser más exactos, que iba a depositar a un banco de la ciudad.

Jorge no opuso ninguna resistencia, pues el paquete podía verse a simple vista. Además, ya había declarado el origen del efectivo en su entrada por Las Chinamas y el objetivo de su viaje: depositarlo en la cuenta de banco de una empresa salvadoreña con la que tenía años de hacer negocios. El policía no quedó satisfecho con la respuesta y amenazó con apresarlo. Para evitarlo, le pidió un pago. Jorge ofreció $80. No era suficiente.

“No soy solo yo, somos otros tres… Mejor voy a llamar a mi jefe”, comentó el agente. El oficial a cargo llegó hasta el vehículo. Jorge, entonces, fijó el monto en $500, temiendo que lo llevaran a una bartolina. “Otra vez vino uno que solo traía $13,000 y nos dio $1,500”, dijo el jefe para justificar su demanda. Los $1,500 salieron de la bolsa, para satisfacción de los uniformados.
Jorge pudo llegar hasta la agencia bancaria para depositar el resto del dinero. Pero no se quedó ahí. Días después, puso una denuncia en la Policía Nacional Civil.

Los meses pasaron y la Fiscalía inició un proceso contra el agente que hizo la inspección y contra su superior. Estos tuvieron en su contra el comprobante de origen del dinero y el testimonio de una persona que presenció directamente la extorsión.
Por eso, el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán los condenó a tres años de prisión, que fueron condonados, dado el corto período de la pena, por actividades de servicio social. Eso sí, se les inhabilitó para ejercer cualquier cargo público durante la pena.

El delito por el que los dos policías fueron sentenciados se conoce como cohecho propio, definido por el Código Penal como aquella acción en que un empleado público recibe una dádiva o pago para realizar un acto contrario a sus deberes. Se puede definir como cohecho propio, por tanto, a la recepción de cualquier soborno.

 

El investigador de FUNDE habla de otro de los hallazgos de sus primeros estudios: la certeza de que el encubrimiento al más alto nivel es algo “sistemático”. Y ocupa la figura de círculos concéntricos para analizar las redes de corrupción: existe uno, el que está en el centro, que puede ser el de la Presidencia de la República y su partida secreta, que es intocable. Luego, hacia afuera, hay otros círculos que van haciéndose cada vez más vulnerables, como el de los policías.

 

Y los policías parecen los más expuestos a cometer este tipo de delitos o, por lo menos, a ser procesados por ellos: En las 34 sentencias que pudo revisar esta revista, solo tres funcionarios acusados no eran policías. En ese universo, solo siete fallos fueron condenatorios. Los sentenciados eran, como no, miembros de la PNC.

Para Jaime López, miembro de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), este hallazgo es esperable teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo de los agentes policiales, donde existe mucha discrecionalidad: “trabajan en la frontera del delito”.

Para Rodrigo Ávila, exdirector de la Policía Nacional Civil, que haya tantos policías condenados y procesados puede ser un buen síntoma: señala que los mecanismos de control son efectivos.

Eso mismo lo apoya Jaime López, pero viéndolo desde una óptica distinta: es señal de que en el resto de instituciones no existen vías suficientemente rápidas para detectar actos de corrupción. Para él, es casi imposible que en otras instituciones no existan funcionarios que acepten sobornos.

“Nadie va a cuestionar un fallo de un juez o una ley emitida por la Asamblea Legislativa, aunque haya existido pagos a diputados para que voten por esa ley”, opina Jaime.

El investigador de FUNDE habla de otro de los hallazgos de sus primeros estudios: la certeza de que el encubrimiento al más alto nivel es algo “sistemático”. Y ocupa la figura de círculos concéntricos para analizar las redes de corrupción: existe uno, el que está en el centro, que puede ser el de la Presidencia de la República y su partida secreta, que es intocable. Luego, hacia afuera, hay otros círculos que van haciéndose cada vez más vulnerables, como el de los policías.

“A estos sí es más fácil agarrarlos, porque no tienen el nivel de protección, ni las conexiones, ni nada. Y no le afectan al sistema. A nadie le afecta que un policía de calle sea procesado, pero sí afecta que un presidente lo sea”, comenta López.

 

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INVESTIGAR EL PRESENTE

En países de institucionalidad débil, como El Salvador, la necesidad de un ente externo de investigación, como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), siempre se antoja como un tema, al menos, de discusión. Para el criminólogo y exfiscal Mario Ponce, una entidad como esta sería de mucha utilidad en el país, pues le quitaría parte de la presión a la Fiscalía General de la República. Pero si se aplica, opina, esta debe enfocarse en delitos del presente.

“De nada sirviera que se empezara a investigar a gente (por delitos del pasado) mientras las estructuras que actualmente están delinquiendo dentro del Estado lo siguen haciendo a sus anchas”, comenta. Ese fue, dice, el camino tomado, tras varios años de prueba y error, por la misma CICIG, que ahora cuenta por decenas a los procesados por delitos de corrupción.

Pero ese derrotero, el de enfocarse en las estructuras aún activas, ¿podría aplicársele a la Fiscalía General de la República y a su relativamente reciente Grupo Contra la Impunidad?

Desde el patio de la organización para la que trabaja, FUNDE, Jaime López conserva su sonrisa de siempre y habla de forma pausada mientras acaricia los dedos de su mano derecha. Pero no tarda mucho en ensayar una respuesta: en una institución con recursos limitados, esa podría ser una respuesta para maximizarlos. Eso y enfocarse en la investigación ya no de casos, sino de estructuras, como lo indican los nuevos enfoques de la macrocriminalidad: a los peces gordos se les caza en redes. El camino llevaría, por otra parte, a establecer las conexiones existentes entre las diferentes redes de corrupción.

“Si investigas el presente, vas a llegar al pasado, porque estas redes hacen negocios en todos los gobiernos. La venta de medicamentos fraudulenta, eso es un esquema que viene de varios gobiernos. O las modalidades de contratación en la obra pública, son muy parecidas, y son carteles los que dominan cada sector. No importa si investigas pasado o presente, vas a llegar a la conclusión de que los actores activos de la corrupción son los mismos”, comenta Manfredo Marroquín, director de la guatemalteca Acción Ciudadana, quien ha tenido la oportunidad de ver de cerca, y de fiscalizar, el trabajo hecho por CICIG desde sus inicios.

Pero en la ecuación guatemalteca hay otro elemento que va más allá de sus instituciones: el trabajo de su sociedad civil, que se ha manifestado, sobre todo, volviéndose una sola garganta en las plazas públicas de la nación centroamericana. Otra cosa en la que se diferencia de El Salvador: la indignación dura solo días después de que se conoce un nuevo escándalo. Para Jaime López, de FUNDE, ese es el nuevo reto de organizaciones como aquella a la que él pertenece: mantener en la discusión los casos, más allá de lo que aparezca en los medios de comunicación. Hacer presión desde una organizada sociedad.

“Yo creo que las organizaciones civiles, el caso nuestro, hemos estado enfocados en ‘más transparencia, más transparencia’. Ha sido un error. Una gran lección es que más transparencia no significa menos corrupción. Porque los casos llegan a la opinión pública, pero no pasa nada”, comenta Jaime, lanzando una sonrisa y un gesto de mea culpa en el frescor de la media mañana.

 

Señales. El proceso contra Antonio Saca puede convertirse en el parteaguas en la lucha contra la corrupción, que demuestre que el Estado no solo castiga a funcionarios de bajo rango, como Reynaldo Lara Chávez, acusado de robarse cupones de gasolina en el Ministerio de Obras Públicas.