Jóvenes que desafían la exclusión

Por todo el país. En El Salvador existen 16 centros Municipales de Formación Profesional (FÓRMATE).

Isaac Martínez tenía 14 años cuando la zona en la que vive se llenó de miedo. Después vino la huida. Él reside en un área que durante 2015 fue noticia por los desplazamientos internos que provocaron las pandillas con base en amenazas y sangre. En enero de ese año, una residente del cantón El Callejón, de Zacatecoluca, fue asesinada con 28 impactos de bala. Hubo quienes dijeron que el asesinato ocurrió porque la víctima se había mudado y provenía de un área donde operaba una pandilla contraria.

Un día después de ese homicidio, otro hombre de la zona fue asesinado frente a sus hijos. Ante la violencia y los rumores de nuevas amenazas, algunos vecinos de los cantones La Joya y El Callejón dejaron sus hogares y abandonaron sus pertenencias para salvar la vida. El miedo era tal que la escuela del lugar cerró porque dejó de recibir alumnos. Los portones del centro escolar permanecieron cerrados durante más de un año.

Cuando a Isaac se le pregunta sobre la violencia de la zona, él se limita a contestar que “sí estuvo fluido antes, pero ahora, gracias a Dios, no”. Él es un estudiante de 17 años del curso de pastelería del Centro Municipal de Formación Profesional de Zacatecoluca, mejor conocido como FÓRMATE.

El curso al que asiste ha sido diseñado con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la municipalidad. Aquí desarrollan capacitaciones para jóvenes que han crecido en entornos donde la desigualdad y la violencia han estado a la orden del día.

La actividad de la clase de hoy es aprender a hacer un pan con forma de lagarto. Para que el pan tenga una apariencia más realista, Isaac toma una tijera y hace cortes sobre la masa tratando de imitar la textura de la piel del reptil. Sus compañeras, divertidas, se ríen de la forma que va tomando el pan.

El salón donde se imparte la clase es un cuarto amplio en el que 21 jóvenes aprenden a hornear. Isaac ya tiene práctica en esta actividad. Él trabaja en una panadería desde que tenía 12 años. En El Salvador el trabajo infantil tiene el rostro de un niño del campo. Hace dos años se contabilizó que existían al menos 131,904 niños de cinco a 17 años trabajando. De esa cifra, la mayoría pertenecen al sexo masculino y son de la zona rural.

Este día, como todos los anteriores desde hace años, Isaac se levantó a las 3:30 de la mañana, cargó el pan hacia la camioneta del negocio, llegó al centro del municipio y empezó a pedalear una bicicleta para repartir pan francés por el casco urbano. A las cuatro de la tarde debe volver al negocio y empezar a hacer pan.

Isaac ve su trabajo como un motivo de satisfacción. Gracias a su esfuerzo y a la ayuda de su abuelo, cuenta que ya logró construir su propia casa en un terreno familiar. “Varios me han preguntado si ya me acompañé, pero no. Uno decide ya vivir apartado. Y un primo que es albañil me dio la idea. Levantamos (la casa) y ahí está. No es la gran cosa, pero es suficiente para alguien como yo. Ya tengo equipo de sonido y la juguetera. Eso de mi trabajo”, cuenta sonriente y orgulloso.

Isaac estudia este curso porque su familia tiene un sueño depositado en él. Quieren poner una panadería propia y esperan delegarle una de las mayores responsabilidades. Quieren que él sea el panificador.

Variedad de cursos. Las capacitaciones pueden ser de tecnología, costura, pastelería, cosmetología, manejo de vehículos, reparación de celulares y preparación de dulces típicos.

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UNA RESPUESTA A LA VIOLENCIA

Joven

En El Salvador hay 16 centros Municipales de Formación Profesional. Estos centros se instalan como parte del Proyecto de Prevención del Crimen y la Violencia de USAID. Los cursos que imparten son variados. Hay de costura, pastelería, cosmetología, manejo de vehículos, reparación de celulares y preparación de dulces típicos. Además, brindan clases de tecnología impartidas por Microsoft Imagine Academy.

Estos centros actúan en coordinación con las alcaldías de municipios que han sido identificados como focos de violencia. Para asistir a los cursos, basta con ser un joven menor de 29 años y comprometerse a asistir a todas las clases. Los cursos tienen, en promedio, una duración de 15 días.

Además de la capacitación en el área de su preferencia, quienes se inscriben reciben clases de emprendimiento. La idea es mostrarles a residentes de comunidades acechadas por la violencia que ante la falta de oportunidades, es posible crear las propias.

Hasta la fecha, de acuerdo con información de USAID, hay 3,034 graduados de cursos certificados por INSAFORP y 1,761 jóvenes que han completado cursos con Microsoft Imagine Academy.
La beca del curso cubre solamente los materiales y las clases. Quienes asisten a las clases deben gastar en transporte y alimentación diaria, lo que implica una inversión grande para quienes no tienen ingresos económicos.

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Gratuidad. Los interesados en los cursos no deben pagar nada por las clases. Los gastos en los que los participantes pueden incurrir son los relativos a su propia alimentación y viáticos.

CUANDO ESTUDIAR ES PRIVILEGIO

En 2015, Santa Cruz Michapa fue clasificado como uno de los municipios más violentos del país. Ese año se registraron 36 homicidios en ese espacio de solo 28 kilómetros cuadrados.

Para entonces, Juan Carlos Sánchez ya se despertaba a las 2 de la mañana para ir a trabajar. Él se había propuesto terminar su bachillerato. Eso no implicaba solo estudiar y hacer sus tareas. Para financiar sus estudios, tenía que levantarse de madrugada, ir a vender al mercado Central de San Salvador, volver por la noche, hacer tareas y presentarlas durante el fin de semana a sus profesores de educación a distancia.

“Me vi en la obligación de trabajar porque yo no he tenido apoyo de ninguna persona. Mis papás solo me apoyaron hasta el octavo grado”, explica Juan Carlos, un joven de Santa Cruz Michapa de 25 años de edad. En 2015 logró graduarse de bachiller y quiere tener la posibilidad de encontrar un trabajo que le permita seguir estudiando. Por eso se inscribió en marzo en un curso de cocina mexicana del FÓRMATE de su municipio.

En promedio, los salvadoreños tienen 6.8 años de estudio. Y lo más común es que las personas que viven en el campo solo tengan 5 años de escolaridad. Además, de acuerdo con la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), solo el 13.5 % de la población ocupada en el país tiene estudios universitarios.
Durante la clase de este jueves, tiene que aprender a hacer los cortes correctos de la carne, preparar las verduras y los acompañamientos de un burrito mexicano. Estas clases son un respiro de su vida diaria, donde debe enfocarse en vender su producto para volver con algo de dinero a su casa. Él pertenece a un sector de la población cuyo trabajo está cimentado en la informalidad. En 2013 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aseguró que el 66 % de los trabajadores salvadoreños pertenecían al sector informal, sin prestaciones de ley ni planes de ahorro para la vejez.

Aunque la ganancia que Juan Carlos obtiene vendiendo frutas y verduras no es mucha, ha sido lo suficiente para sostenerse a sí mismo, ayudar en su casa y financiar su educación media. “Con mi venta no saco ni lo del mínimo porque saco poquito. Solo voy pasando día tras día, pero lo del gasto diario. No voy sacando de decir que me va a quedar más para ahorrar”, lamenta.

Puede parecer poco, pero la idea de ganar el salario mínimo, es decir $304, lo motiva a inscribirse en cursos especializados. Con ese dinero ya podría ahorrar para pagarse una carrera universitaria. Quiere ser profesor, pero sabe que aún debe esperar. Antes de poder inscribirse en una universidad desea tener un empleo formal: “Quiero ser una persona preparada. Porque sí soñaba con llegar a la universidad. Yo hubiera querido tener esa oportunidad”, dice antes de volver a cocinar.

“Me vi en la obligación de trabajar porque yo no he tenido apoyo de ninguna persona. Mis papás solo me apoyaron hasta el octavo grado”, explica Juan Carlos, un joven de Santa Cruz Michapa de 25 años de edad. En 2015 logró graduarse de bachiller y quiere tener la posibilidad de encontrar un trabajo que le permita seguir estudiando. Por eso se inscribió en marzo en un curso de cocina mexicana del FÓRMATE de su municipio”.

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FORMARSE PARA ROMPER CICLOS

El calor de este viernes por la mañana en Zacatecoluca es desesperante, pero eso no parece distraer a Maricela Jovel, una mujer de 28 años que cose un velo. Alrededor de ella, otras mujeres le hacen los últimos ajustes a un corsé y a una falda blanca. Juntas están haciendo un vestido de novia.

Maricela es estudiante del curso de confección artesanal de vestidos de alta costura del FÓRMATE de Zacatecoluca. Lleva el pelo recogido, jeans y una camisa roja de manga corta. Trabaja en silencio. Para ella, llegar a este salón no ha sido simple. Maricela vive en una comunidad alejada del casco urbano de Zacatecoluca y, además, es madre de tres niños de cuatro, seis y nueve años.

A los 19 tuvo a su primer hijo y se acompañó. Ahora ha vuelto con sus niños a la casa de sus padres y se ha propuesto algo: ser independiente económicamente. Para ello vende productos de belleza a través de revistas y, cuando tiene tiempo, cultiva pipianes en su comunidad para luego venderlos. “Voy agarrando venta de cualquier cosa para poder salir adelante, pero eso no es suficiente porque cuesta hacerlo y no es seguro que vaya a tener ganancia”, cuenta bajo la sombra de un árbol.

Este espacio de capacitación es un oasis para comunidades donde la seguridad, la educación y el acceso a un empleo digno son posibilidades remotas. Por ejemplo, de los 64 centros educativos que hay en Zacatecoluca, solo ocho brindan clases de bachillerato. Y de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Educación, el 67 % de las escuelas del municipio ven afectada su seguridad por las pandillas que rondan sus comunidades.

Cuando Maricela era adolescente, dejó de estudiar porque sus padres ya no podían seguir pagando sus estudios. Ahora, ya adulta y con una familia que alimentar, ha emprendido la misión de educarse. “Hay gente que me dice que ya a mi edad no se está para seguir estudiando, pero a mí no me detiene eso. Aunque sí lamento que no estoy con mis hijos. Pero si estoy solo con ellos, de eso no comen”, reflexiona.

Durante las últimas semanas ha estado en clases de costura desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Además, los sábados estudia segundo año de bachillerato a distancia.

Para venir acá gasta, en promedio, $3 de pasaje diarios. Cuando se siente muy cansada, paga más porque contrata una moto para que la lleve desde donde la deja el bus hasta su casa, en la comunidad San José Las Flores, del cantón Tierra Blanca. Pero el dinero no sobra y en la mayoría de ocasiones, prefiere caminar 1 hora entre veredas y ahorrar un poco de dinero.

Para Maricela el curso de confección representa una posibilidad. “La esperanza es que por medio del taller yo aprenda algo y eso me sirva para trabajar”, dice mientras piensa en sus hijos. Luego explica sus razones: “Si yo me quedo sin estudiar, no hay ninguna posibilidad de que yo les pueda dar estudio a ellos, no hay esperanzas de un empleo. Y si no tengo empleo, no tengo esperanzas de sacarlos adelante”.

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EL ARTE CONTRA LA ESTIGMATIZACIÓN

“Nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo”, reza un cartel dentro de un salón de ensayos de la Orquesta Filarmónica de Apopa. Los músicos practican dentro del Centro Municipal de Prevención de la Violencia.

Si se escribe “Apopa” en un buscador de internet, los primeros resultados que se obtienen son sobre un joven asesinado en la cancha de fútbol, sobre una familia masacrada o la noticia de una mujer que planeaba entregar una niña de 12 años a pandilleros para que la violaran. Esas historias sucedieron en este municipio solo en marzo.

Ante esta realidad, el arte se presenta para los jóvenes de Apopa como una forma de demostrar que existe talento y esfuerzo más allá de las cifras de violencia. Ellos practican para formar una orquesta de la cual su ciudad se sienta orgullosa.

A las 2:35 de la tarde hay 16 niños afinando sus violines y cellos en un salón. Al lado hay tres jóvenes practicando con guitarras. En otro salón hay tres muchachos haciendo sonar sus trompetas y en el cuarto salón, un grupo conformado por niños y mujeres jóvenes aprende a leer solfeo.

Idealmente los salones de clase deberían ser a prueba de sonido, pero los de Apopa tienen la estructura de un salón regular de clases. Los jóvenes y maestros de este centro deben hacer un esfuerzo doble para desarrollar la lección. Además de concentrarse en su propia clase, deben tratar de ignorar el ruido que proviene de las prácticas de los demás salones.

Este espacio antes era un colegio y luego fue una sede del Seguro Social. La alcaldía lo alquiló desde julio del año pasado y se encarga de pagarle a los maestros de música y al resto de personal. Así lo explica Juan Carlos Soriano, un técnico del Centro Municipal.

Orquestas filarmónicas. A través de la práctica en grupo de la música, se busca que los jóvenes de ciertos municipios logren formar músicos y recuperar el orgullo local.

Una hora después hay un poco de silencio. La orquesta está conformada por 96 integrantes, pero no todos se han presentado ahora. Alrededor de 40 jóvenes comienzan a preparar las sillas para realizar el ensamble en el patio del lugar de ensayos. Adelante se sientan violinistas y los percusionistas atrás.

De acuerdo con sus instrumentos, los grupos reciben clases por separado, pero la orquesta practica junta los jueves. Algunos padres, orgullosos, llegan este día a escuchar a sus hijos y se sientan frente a ellos en unas sillas de plástico. Los jóvenes inician la práctica grupal. Tocan el “Himno a la alegría” y después su propia versión de una cumbia popular.

“Tienen que entenderse. Tienen que escucharse a ustedes mismos y a sus compañeros. Es más fácil ser solista. Lo difícil de tocar como orquesta es el acople”, les dice Carlos Durán, director de la orquesta. La idea es que a través de la música los jóvenes refuercen valores como la disciplina y reconozcan la importancia de escuchar a los demás.

Como esta, hay otras 16 orquestas con 1,400 beneficiarios a escala nacional. Wendy Henríquez y Melvin Cortez pertenecen a la Orquesta Filarmónica de Colón. Los dos tienen 18 años y ya habían tenido experiencias previas en el mundo de la música. Pero esta es la primera vez que tienen la oportunidad de formarse musicalmente y de manera estable dentro de su municipio, también marcado por la violencia.

Wendy, quien toca el fagot, está consciente de eso. “La gente solo cuenta las cosas malas que pasan acá. En cambio, de ciertos proyectos no se sabe”, se queja. Melvin también reconoce que solo por vivir en esa zona es probable que alguien intente poner la mancha de la violencia sobre su nombre, pero él explica: “Me siento bien en mi consciencia porque yo ando haciendo cosas buenas”.

Los dos sobresalen en el grupo por la dedicación con la que tocan. Melvin toca el corno francés y quiere dedicarse a la música profesionalmente. Mientras ensaya, le ayuda a otros niños pequeños que comienzan su formación. Él asegura que quiere estudiar música fuera del país para luego volver y enseñarle a más personas: “Quisiera hacer lo mismo que hicieron conmigo. Apoyar en la música. Hacer eso con muchos jóvenes que ahorita están niños”.

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EL CAMBIO ES GENERACIONAL

Entre los callejones del mercado Central, las ventas y los gritos de los vendedores anunciando verduras está Juan Carlos este martes de abril. Apenas son las 8 de la mañana cuando ya lleva horas intentando sacar alguna ganancia que le permita pagar los gastos de su casa.

“Dentro del mercado estuvo superpeligroso porque uno no se podía andar moviendo de un lado para otro porque ya decían que uno andaba viendo personas que no debía. Ahorita, gracias a Dios, ha disminuido. Se ha calmado bastante”, explicó el joven de Santa Cruz Michapa unos días antes.

Hoy Juan Carlos lleva una camiseta roja y las manos llenas de anillos plateados. Cuenta que hace un par de semanas se graduó de dos cursos de FÓRMATE. Además de estudiar el curso de comida mexicana, también participó en otro de comida china. Ahora guarda los diplomas que le entregaron. Con eso puede dar fe de que ha seguido estudiando.

No ha perdido el sueño de estudiar en la universidad. Sabe que de él depende no solo su posibilidad de tener estudios formales, sino la de alguien más. Tiene un sobrino. “Desde que él nació, la responsabilidad cayó en mí porque solo yo era el que estaba trabajando. Cuando puedo, le compro las cosas que le piden en la escuela. Quisiera darle una mejor vida de la que yo he tenido”, dice.

“Hay gente que me dice que ya a mi edad no se está para seguir estudiando, pero a mí no me detiene eso. Aunque sí lamento que no estoy con mis hijos. Pero si estoy solo con ellos, de eso no comen”, reflexiona Maricela, una estudiante del curso de confección artesanal de vestidos de alta costura del FÓRMATE de Zacatecoluca. Además de aprender el oficio de la costura, se encuentra estudiando segundo año de bachillerato a distancia.

Enseñanza de la música.

Arturo Corrales, música que brilla en la distancia

Educación. Uno de los proyectos más ambiciosos de Arturo ha sido “Cathédrale avec des Briques”, en el que incluyó a chicos de escuelas en Ginebra con poco acceso a la formación musical.

Un hombre toca el tambor en la barroca Iglesia de La Fusterie, en Ginebra, Suiza. El instrumento es el típico ton de batería que se utiliza en una orquesta sinfónica convencional. Ese hombre, el músico francés Fabien Perreau, se esfuerza en un redoble de tambor que parece subir a lo más alto del templo.

Justamente allí, una decena de personas, colocadas en los balcones de la iglesia, ejecutan sus flautas traversas. Se trata, también, de un instrumento común en una orquesta sinfónica. Pero aquí su naturaleza se ha mudado: de pronto, en pleno centro de Ginebra, el ambiente se llena de sonidos más propios de Santo Domingo de Guzmán, un municipio del occidente de El Salvador, famoso por una comunidad indígena que se ha negado a desaparecer.
El ton de batería da esos golpes profundos del tambor indígena, forrado de cuero de cabra, que parece una invitación al baile o a la guerra. Fabien Perreau se esfuerza por dar los más diversos sonidos, modificando a cada instante la velocidad de sus impactos.

Las flautas son un mosaico de colores que, ahora, puede parecer un pito, con su sibilante insistencia. Los ejecutantes tocan su instrumento al revés, poniendo los labios donde típicamente surge el sonido. Ahora, los cilíndricos objetos producen una extraña reverberación cuando son impactados contra la palma de la mano. Todo explota cuando las flautas vuelven a ser ellas, pero en un aparentemente caótico conjunto que parece una batalla.

Las personas en el público escuchan la música en medio del templo, con el percusionista frente a ellos y los flautistas a su alrededor. Nadie parece querer siquiera respirar. Se podría decir que cuando los instrumentos dejan de sonar, un alfiler que cae al piso es el sinónimo del estruendo. Los instrumentos europeos han cedido para adecuarse a una concepción musical que proviene de los ancestros de los salvadoreños.

“La música manda a la gente en un viaje a un lugar desconocido, que realmente es un lugar musical en nuestro país, El Salvador”, comenta Arturo Corrales, el autor de esta pieza, “Invocación en náhuat”, desde su casa en Ginebra, Suiza.

Arturo es uno de los compositores salvadoreños más exitosos de la actualidad. Sus piezas, además de en su país de residencia, se han escuchado por toda Europa y Latinoamérica, en un estilo hecho para los oídos más exigentes. Una propuesta de vanguardia que dinamita los conceptos de lo que se entiende como música académica. Una en la que caben desde elementos de la música electrónica hasta las tradiciones de todos los países del mundo, sobre todo las raíces precolombinas de una no muy conocida música autóctona salvadoreña.

“Los académicos son bien ortodoxos en su forma de hacer música, como en el pasado. Arturo es atrevido al llevar tantas cosas al ambiente clásico. Y lo hace de una manera muy efectiva”, comenta en su residencia de San Salvador Marcial Amaya, también un músico experimental. Esta tarde no disimula su alegría, pues le acaba de llegar desde Estados Unidos, ya masterizado, el disco “Cosmonautas del tiempo”, el primero que pare su proyecto, 3 Ramas del Árbol.

Durante la mañana, estuvo grabando algunas piezas para un nuevo trabajo. Ahora, sin embargo, se da tiempo para ver algunos videos de Arturo Corrales, uno de sus músicos salvadoreños favoritos.

El video elegido corresponde al tema “Mono espacial”. Ahí están sentados cuatro músicos que conforman el prestigioso cuarteto de cuerdas Diotima. Visten de frac impecable. Antes de que se inicie la pieza, parecería que tocarán, quizá, las “Cuatro estaciones”, del italiano Antonio Vivaldi.

Sin embargo, los violines, la viola y el violonchelo, como ocurrió en “Invocación en náhuat”, mudan su naturaleza y ya no son lo que se esperaba. Manos veloces, casi ingrávidos, parecen interpretar algo tan complejo que solamente puede venir de la inspiración de los ejecutantes. Una pieza de jazz improvisado con instrumentos clásicos.

Pero aquello que parecería tener una fuente espontánea está calculado desde la a hasta la z. Los músicos leen cada nota en una partitura, escrita por Arturo Corrales. El movimiento comienza a hacerse más intenso y, en un momento, suena más a una canción metalera, de esas perfectas para un mosh. Desde Suiza, Arturo confirma lo anterior, algo que corresponde un recuerdo de los días en los que en El Salvador capitaneó la banda Cara Sucia.
“Ponés esto de soundtrack, el personaje que puede ser alguien caótico, desordenado, y le queda perfecto”, dice Amaya.

Al final de la pieza, lo que uno podía definir como una especie de “ruido blanco” se ha convertido en otra cosa. Algo que le ha llegado hasta lo más profundo del corazón sin saber de dónde. Salvando las distancias, el efecto se parece mucho al de las piezas interpretadas por el mítico músico de jazz John Coltrane.

Eso lo apoya Jorge Ávalos, poeta y amigo de Arturo. Para él, la música del salvadoreño, a pesar de ser tan técnica e innovadora, no deja de lado la principal misión de todo arte: conectar con las emociones de aquel que escucha.

Quizá escogió la carrera de arquitectura como un guiño a aquella famosa frase del alemán Johann von Goethe: “La arquitectura no es más que música congelada”. “Ahora sigo construyendo cosas, aunque con materiales mucho más ligeros que la piedra o el concreto. Hoy construyo con el tiempo”, dice Corrales, en quien sus colegas, como Germán Cáceres, ven a un músico preocupado especialmente por la forma, como si la carrera de la arquitectura no hubiera sido un paréntesis en su formación, sino una de sus principales bases.

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EL VIAJE A LO DESCONOCIDO
Arturo Corrales siempre pensó en ser músico. Lo traía en la sangre: uno de sus antepasados, Alejandro Muñoz Ciudad Real, fue el fundador de la Orquesta Sinfónica de El Salvador. “A pesar de ese linaje tan ilustre, tuve que comenzar desde cero”, comenta Corrales.

Y en su casa siempre había herramientas musicales, sobre todo la guitarra de su padre, el instrumento que terminaría convirtiéndose en el suyo.

Pero la vida lo llevó por un camino un poco más convencional. Cuando salió del bachillerato, se inscribió en la carrera de Arquitectura, que completó junto con su amigo José Paredes. Este último, quien actualmente trabaja al otro lado del mundo, concretamente en Vietnam, lo recuerda como alguien profundamente creativo. Un elogio que le devuelve Arturo desde Ginebra al fundador del colectivo The Carrot Concept.

Alguien profundamente creativo, pero que tenía clara la gran pasión de su vida. Quizá escogió la carrera de arquitectura como un guiño a aquella famosa frase del alemán Johann von Goethe: “La arquitectura no es más que música congelada”.

“Ahora sigo construyendo cosas, aunque con materiales mucho más ligeros que la piedra o el concreto. Hoy construyo con el tiempo”, dice Corrales, en quien sus colegas, como Germán Cáceres, ven a un músico preocupado especialmente por la forma, como si la carrera de la arquitectura no hubiera sido un paréntesis en su formación, sino una de sus principales bases.

Y esa pasión no se conformaría con menos que con la excelencia. Su mirada pudo estar en alguno de los conservatorios que existen a lo largo de América Latina. Pero no: la educación debía ser en la cuna de la música académica, en Europa. Y en una institución de educación superior, el equivalente a una universidad de la música.
En 1999 decidió dar un salto al vacío, uno que estaba respaldado por un contrato que le permitiría trabajar para ganarse la vida y, al mismo tiempo, estudiar. La ciudad de Nantes se iba a convertir en su destino.

Las bases ya las llevaba desde El Salvador, afirma Arturo, gracias a la formación y dirección de los mejores en el país: Joseph-Karl Doetsch, el guitarrista Walter Quevedo y Germán Cáceres, actualmente director de la Orquesta Sinfónica de El Salvador, la misma institución fundada por su antepasado.

“Entusiasmo”. Esa es la palabra que Cáceres ocupa para definir al Arturo de la época inmediatamente anterior al viaje a Europa. Un muchacho lleno de sueños, que no sabía nada de lo que le esperaba al otro lado del Atlántico.

Ilustración de Moris Aldana

Cuando desembarcó en Francia, todo caminó según lo previsto en la primera semana. Pero el encanto se terminó bastante rápido: a la segunda, se dio cuenta de que el contrato que le permitiría ganarse la vida comenzaba a ser irrespetado por sus patrones: no le iba a dejar tiempo para estudiar, el auténtico objetivo de un viaje para el que había quemado las naves.

“Era un problema grave, en el sentido de que después de que yo había vendido mis cosas en El Salvador, una semana después ya estaba sin trabajo, sin casa, sin la posibilidad de continuar. Es muy difícil cuando has dado un paso así”, comenta Arturo. José Paredes, quien ha mantenido contacto con el artista, recuerda esa época como una de estoicismo. Echar por tierra el primer impulso no parecía descabellado, pero Arturo no lo mostraba a sus amigos.

Música total. Según Arturo, su concepción de la música es una donde las fronteras se muestran difusas: música académica, folclórica y popular forman parte de la misma realidad.

Arturo decidió cortar con el contrato, pero permanecer en Francia mientras los ahorros persistían. Una mano amiga le aconsejó cambiar su mirada a Ginebra, Suiza, donde existía un conservatorio de educación superior.

Ahí también iba a tener asegurado un trabajo, aunque muy alejado de sus especialidades. En Suiza pasó por una multitud de ocupaciones: cuidar niños para familias locales, ejercer trabajos ocasionales en hoteles, acarrear carga.
Un medio de subsistencia relacionado con la música no llegaría sino a medida que iba avanzando en su formación. Lecciones particulares de guitarra y de teoría musical fueron la fuente de sus recursos hasta que salió del conservatorio, en 2004, para luego continuar con estudios superiores en musicología en París y en dirección de orquesta en Lugano. Un recorrido que se resume aquí en unos pocos párrafos.

“No es fácil, no es que aquí haya alguien que te esté esperando con los brazos abiertos. Pero me imagino que no es más difícil que para cualquier otro que se va para un país que no es el suyo”, comenta Arturo. Desde entonces, su camino se ha llenado de proyectos.

Uno de los más importantes, y el que más tiempo lleva, es el Ensamble Vortex, en el que comparte créditos con su compatriota Francisco Huguet. Este proyecto está integrado por una decena de compositores y ejecutantes enfocados en la innovación, en producir música que, en cada ocasión, rete a las convenciones de la música académica tradicional.

Huguet también fue compañero de Arturo en el conservatorio de Ginebra. Para Corrales, lograr hacer una carrera en Suiza es un asunto de sacar los dientes. De pelear por cada oportunidad que se presenta. De insistir 10 veces más que los locales y los europeos para mostrar de lo que se es capaz. Algo en lo que tanto él como Huguet se han convertido en un gran ejemplo.

Además del Ensamble Vortex, Arturo conforma otro proyecto que, a diferencia de sus otros trabajos, se basa en la improvisación. Alp Stereophonic es un dúo conformado por Corrales y el saxofonista suizo Laurent Estoppey. Ahí el salvadoreño hace gala de su dominio de la música electrónica, haciendo uso de un software y de una superficie, muy parecida a un iPad, que le permite tocar sus piezas como si de un instrumento se tratara. También es el encargado de la música electrónica en Electric Primitivo, un ensamble con guitarra eléctrica. Ambos lo han llevado a escenarios en Europa, Norteamérica y el resto del mundo.

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Naara Salomón

CONSTRUYENDO UNA CATEDRAL
La actriz de teatro Naara Salomón conoce bien el trabajo de Arturo Corrales. Lo ha seguido desde que salió del conservatorio. En 2004, cuando residía en Suiza junto con su esposo, el director de teatro Roberto Salomón, un profesor de esa institución los invitó a escuchar la pieza con la que se graduaría uno de sus alumnos proveniente de El Salvador.
“Nos dijo que era uno de los más talentosos. Cuando llegamos al teatro, nos dejamos inundar por esa pieza en la que los músicos tocaban desde diferentes espacios en el teatro”, comenta Naara. Por eso, no dudó en colaborarle en uno de sus proyectos más ambiciosos: “Cathédrale avec des Briques” (“Catedral con ladrillos”), desarrollado entre 2014 y 2015.
Fue, en primer lugar, una idea educativa. Una forma de acercar las más nuevas tendencias de la música contemporánea a aquellos niños y adolescentes de los barrios menos favorecidos de Ginebra. Sí, en esta ciudad importante de Suiza, país famoso por el secretismo de sus bancos y por su sólida economía, también hay poblaciones menos favorecidas. Según lo explica Naara Salomón, esos lugares son los habitados, sobre todo, por los migrantes que llegan de todas partes del mundo.
La idea de Arturo, que se apoyó en fondos ganados en un concurso, iniciaba con la enseñanza de música en decenas de escuelas en las que no existe un programa que acerque a los niños a este arte. Luego, de centro educativo en centro educativo se fueron seleccionando a los mejores ejecutantes, quienes integrarían una enorme orquesta, de más de 80 miembros.
Estos no interpretarían únicamente los instrumentos de manera tradicional. Fiel a su estilo, Arturo trabajó en composiciones en las que, por ejemplo, un violín no sería tocado mediante un arco para estimular sus cuerdas, sino, más bien, se aprovecharía la caja de resonancia para producir una enigmática percusión. Lo más interesante es que se tomarían en cuenta las ideas de los niños.

“Cada niño ponía su ladrillo, ponía de sí, para componer una obra mayor, de ahí el título tan bonito”, comenta Naara.
Arturo compuso su música alrededor del tema del miedo, desde un punto de vista mítico. Así, cada parte de la pieza se correspondía a un personaje legendario (un hombre lobo, un kraken), de esos que componen las pesadillas de los más pequeños. Naara, por su parte, hacía una narración, donde la voz se convertía en un instrumento más que creaba sobre el tiempo, con una cadencia que se acoplaba al tema tratado.

“Para mí, una de las cosas más bonitas fue ver cómo Arturo trabajó con los niños. Tiene una gran capacidad pedagógica para transmitirle a sus ejecutantes lo que quería que hicieran, a pesar de que ellos podían no tener una formación musical”, apunta Naara.

El espectáculo conseguido fue presentado en diversos escenarios en Suiza. La experiencia duró dos años, entre 2014 y 2015. Un documental del programa puede verse en YouTube digitando el nombre de la obra, “Cathédrale avec des Briques”.

La faceta educativa de Corrales sigue viva. Es profesor de composición y de análisis musical en el Conservatorio Popular de Ginebra, donde ha fundado la sección preprofesional de composición. Se trata de cursos para músicos que están a un paso de las tablas. Además es el director de la orquesta des Trois-Chene.

Trabajos. En la foto de la izquierda, Naara Salomón en su colaboración con Arturo Corrales en “Cathédrale avec des Briques”. En la del centro, dos violinistas interpretan “Liquid Carillon Dream”, escrita por el salvadoreño.

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ROMPER EL VASO QUE SE TIENE EN LA MANO

Colaboraciones. Corrales le ha puesto música a películas y espectáculos teatrales en Suiza y Latinoamérica, como a la cinta “Hasta la última piedra”, una historia colombiana.

Con tanta innovación, Arturo puede parecer un iconoclasta, un artista que decide romper con aquello que no domina. Para el poeta Jorge Ávalos, ese no es el caso. Para ello, pone como ejemplo una de las primeras composiciones del autor, “Valsito d’Amore”, una rigurosa pieza para guitarra sola que hunde sus raíces en Agustín Barrios, Mangoré. Arturo es un artista que rompe el vaso solo hasta después de tenerlo en la mano.

“La suya es una música que desconcierta al principio, porque es algo a lo que no estamos acostumbrados. Pero es así siempre que aparece un nuevo lenguaje en la música. Solo hay que tener un poco de compromiso para ingresar a un mundo completamente nuevo”, comenta Ávalos.

Para Arturo, esa es una de sus principales preocupaciones, la manera en la que el público recibe su música. Algo que dejó plasmado en su tesis “Figuras musicales”, la que le dio un título de doctor en musicología por la Universidad de Ginebra. El dictamen de los evaluadores le concedió honores por la calidad del material.

En este, Arturo postula un nuevo acercamiento a la música que él y sus colegas producen: alejarse de las pretensiones de la técnica, aquellas que dicen que la música está en la partitura, para dedicarse solo a escuchar.

“Lo principal que se necesita para entender una música, ya sea la contemporánea o Beethoven, es tener las orejas abiertas… hay muchos compositores que hablan de su música como si se tratara de una fórmula científica. En realidad, lo que cuenta es lo que finalmente se vuelve sonido”, comenta.
Desde la distancia, en el mediodía suizo, Arturo espera volver a acercarse a su país y compartir toda una vida de experiencias con jóvenes que, como él, tienen unos sueños que no pueden cumplirse a cabalidad en El Salvador de la actualidad.

“Me causa una gran pena haber podido trabajar más, por ejemplo, en Costa Rica que en mi país… espero que eso, algún día, cambie”, dice Corrales, el mismo hombre que hace casi dos décadas decidió emprender un camino hacia lo desconocido.

Fernanda Melchor: “El acto contestatario es mirar al muerto”

Una voz destacada. Fernanda Melchor tiene 35 años y ya figura entre las listas de los mejores escritores del México contemporáneo.
Obra. Ha publicado tres libros. El primero es un libro de crónicas titulado “Aquí no es Miami”. Tiene dos novelas: “Falsa liebre” y “Temporada de huracanes”.

“Soler estaba desnudo, excepto por un calzón color rojo, y un pantalón que, amarrado a sus hombros, le cubría la cara. Fue entonces cuando Bulmaro Avendaño, hijastro de Ana María, le roció gasolina en la cabeza y lo prendió con un cerillo. Rodolfo Soler gritó por lo que pareció un largo rato, segundos o minutos, antes de caer con el cabello y el rostro chamuscados”.

La historia, escrita por Fernanda Melchor, narra la muerte de Rodolfo Soler, un hombre que intentó violar a una mujer en algún río de Veracruz. Cuando la mujer puso resistencia, Soler la golpeó y asfixió. Los vecinos se dieron cuenta por los gritos y encontraron al victimario aún sosteniendo por los cabellos a la mujer ya muerta. Soler era un hombre problemático entre los vecinos. Era ladrón, y el pueblo, harto, decidió hacer justicia por su propia cuenta. Lo amarraron a un árbol y lo quemaron.

Esa historia, ocurrida en 1996, la escribió Fernanda Melchor cuando tenía 19 años. Así empezó su carrera formal en el mundo de las letras. Con ese texto ganó, incluso, un premio nacional. Han pasado 16 años desde que Melchor investigó esa historia, pero las otras que ha ido narrando no se han vuelto menos cruentas.

Melchor es periodista de profesión. Inició escribiendo crónicas de lo que pasaba en su estado natal, Veracruz, y luego dio el paso hacia la ficción. Hasta la fecha ha escrito dos novelas con base anclada en la realidad. Y aquella realidad que Melchor retrata es una muy parecida a la salvadoreña: la de pueblos de gente trabajadora, muy dada a la celebración, pero también muy violenta.

Esta es la primera vez que la escritora está en El Salvador. Ha venido al país para participar en un conversatorio sobre literatura y memoria organizado por el festival Centroamérica Cuenta. Desde el vestíbulo de un hotel en la capital, admite que en su carrera se ha interesado por contar lo que considera que son los claroscuros de la ciudad y sus personajes: “Lo que nos hace humanos no es nada más el heroísmo, la generosidad y el altruismo. Lo que nos hace humanos también es el rencor, la envidia y la venganza. Lo que pasa es que nuestra sociedad tiende a no querer verlas, pero son parte de nosotros”.

“Quería investigar qué eran esas cosas más profundas que hacen que crucemos esta línea y cometamos un crimen porque, la verdad, todos hemos tenido el deseo de apretarle el pescuezo a alguien. Todos hemos tenido deseo de robarnos algo, de desear algo, de cometer una locura. Todos. Pero ¿por qué no lo cometemos? ¿Por qué hay gente que sí y gente que no?”, se pregunta a la hora del atardecer.

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FERNANDA MELCHOR no siempre quiso ser escritora. Esta tarde de lunes de marzo cuenta que de pequeña quería ser investigadora como las que veía en la televisión. “Pero cuando hubo chance de elegir un oficio, pensé que el de periodista era lo más parecido a ser detective sin tener que andar cargando un arma, ¿no?”, cuenta entre risas.

La escritora tiene 35 años y en su hablar no hay gotas de superioridad. La crítica ha alabado su manera de escribir por tener un lenguaje muy cercano a la gente. También ha sido nombrada por revistas como GatoPardo y Letras Libres como una de las grandes escritoras contemporáneas. Aun así, ella se muestra muy sencilla a la hora de conversar sobre su trabajo.

Hace años quiso escribir para un periódico y duró ahí un mes. Ella cuenta que los editores le pedían que fuera a entrevistar a funcionarios y que dejara de escribir las noticias como si fueran cuentos. Entonces renunció y entre los 20 y los 28 años escribió crónicas.

“Veracruz, un estado que era supertranquilo, empezó a tener balaceras, empezaron a aparecer cadáveres mutilados. Lo que hice fue que entre 2002 y 2009 publiqué estas crónicas donde pude. Hasta que junté un libro y ese fue mi primer libro, que se llama ‘Aquí no es Miami’, que salió en 2013”.

“Aquí no es Miami” recién vino a las librerías de El Salvador. En él se narran historias propias del estado veracruzano y su puerto, pero no desde una perspectiva bucólica, “pues también la ciudad es luminosa y sombría”, dice Melchor.

A través de la crónica, Melchor quiso contar la vida de las personas comunes y sus golpes: “Si secuestran al hijo del gobernador, es noticia, pero si le pegan un susto a doña fulana, no. Yo quería contar historias simplemente porque eran buenas, no porque fueran noticiosas. Ese es mi eterno pleito con el diarismo. Necesitamos el periodismo inmediato, que denuncia, pero también necesitamos este otro tipo de narraciones que nos ayudan a entender a otro nivel quiénes somos”.

Más que un recuento de lo que sucede en el estado, la escritora se interesó por las causas que provocan que alguien cometa un delito. “Quería investigar qué eran esas cosas más profundas que hacen que crucemos esta línea y cometamos un crimen porque, la verdad, todos hemos tenido el deseo de apretarle el pescuezo a alguien. Todos hemos tenido deseo de robarnos algo, de desear algo, de cometer una locura. Todos. Pero ¿por qué no lo cometemos? ¿Por qué hay gente que sí y gente que no?”, se pregunta a la hora del atardecer.

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VERACRUZ es uno de los lugares más violentos de México: el año pasado se tuvo registro de 2,385 homicidios, de acuerdo con estadísticas oficiales del Gobierno. Es decir que hubo al menos seis asesinatos diarios solo en ese estado.

Durante los inicios de 2018 la cosa no pareció mejorar. De la violencia no solo impactan los números, sino las formas en las que ocurre. En los primeros 12 días de este año se encontraron nueve cabezas humanas en los cofres de dos taxis. Además, las imágenes que se retratan en los medios desconciertan: el 14 de enero se encontraron nueve cuerpos desmembrados y apilados dentro de una camioneta.

Este es el escenario desde el que Fernanda Melchor ha presentado a los protagonistas de sus historias. Uno que no suele ser muy optimista, pero que también es uno en el que se construye la vida diaria. “Veracruz es un lugar famoso porque ahí se va a vacacionar porque la gente es muy alegre, porque la comida es rica y porque hay carnaval. Quería contrastar esta imagen alegre con la cuestión de la violencia y lo siniestro”, explica.

Melchor asegura que es imposible que quienes se dedican a la literatura no escriban sobre la realidad que los rodea. “Tú eres hija de tu tiempo, te tocó vivir en una época muy particular. Hay gente como yo que nos gusta hablar del presente. Pero creo que aunque tú decidas ‘no voy a hablar de la violencia. Voy a hablar de personajes que viven en otro país’, incluso esa decisión es política. A lo mejor tiene que ver con el hartazgo de la violencia o tu distancia emocional que quieres poner”.

Ella admite que esa necesidad de escribir lo que sucede es una manera de resistir ante las cosas que se consideran inadmisibles. Aunque esto no signifique la posibilidad de que las cosas cambien para bien. “Un libro no va a cambiar una sociedad, pero sí creo que un libro puede cambiar a una persona. No creo que la literatura pueda funcionar en términos de utilidad. Para muchos que nos dedicamos a esto, es inevitable que lo hagamos porque es nuestra personal manera de lidiar contra todo esto. Yo escribí crónica porque era mi manera de hacer algo ante lo que estaba sucediendo en mi ciudad natal”.

La última novela que publicó, “Temporada de huracanes”, se basó en una historia que encontró en una nota roja o sensacionalista. Este tipo de periodismo es ampliamente criticado porque muestra escenas sangrientas y sin censura. Fernanda Melchor defiende la función de las notas rojas porque, a su juicio, dan una idea de las pasiones más oscuras entre las personas:

“Tú puedes agarrar grandes libros de la literatura, Shakespeare, Cervantes, los griegos, las grandes obras de la literatura pueden ser condensadas en una nota roja. ¿Por qué? Porque en la nota roja están las emociones que nos hacen humanos. Imagínate: “Mata a su papá y se casa con su mamá”, dice, haciendo referencia a la obra “Edipo Rey”.

La veracruzana considera que es necesario tomar conciencia de la muerte que rodea las sociedades violentas en lugar de asumirla con naturalidad: “A cómo está la situación en México, donde hay tantos muertos, tantos desaparecidos, tantas fosas comunes y cadáveres, donde la muerte anda a sus anchas, yo creo que el acto contestatario es mirar al muerto porque ahora todo mundo se tapa los ojos para no ver”.

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“TEMPORADA DE HURACANES” (Literatura Random House, 2017) trata la historia de cómo un grupo de niños encuentra el cuerpo de una mujer flotando en un canal de riego. La víctima es “la bruja”, una mujer respetada y temida en el pueblo por sus oficios esotéricos.

La noticia que Melchor leyó explicaba que la bruja fue asesinada por su propio examante, quien “la había matado porque esta persona le había estado haciendo brujería para que regresara con ella. Y yo me puse a pensar ‘esto es muy veracruzano’. Cuando vemos una nota de nota roja que nos la ponen muy simple como ‘mató a su compadre porque lo vio feo’, tú dices ‘no, uno no mata a nadie porque lo vio feo’. Uno mata a la gente por mil y una cosas más profundas”.

Melchor pensó en escribir esta historia de la manera más periodística posible: ir al lugar, hablar con la gente e intentar descubrir las razones que habían motivado este asesinato. Pero su instinto le dijo que talvez esa no era la mejor manera de explicar lo que había sucedido. Además, Veracruz es un sitio peligroso para ejercer el periodismo. Las cifras lo demuestran: en los últimos siete años han sido asesinados 21 periodistas.

“En México matan a los periodistas, pero no matan a los escritores, y además, la ficción te protege”, considera Melchor. En lo que va del año, ya fueron asesinados tres periodistas, de acuerdo con la organización Artículo 19. El reciente miércoles 21 de marzo el periodista Leobardo Vázquez Atzin fue asesinado en Veracruz.

“Un libro no va a cambiar una sociedad, pero sí creo que un libro puede cambiar a una persona. No creo que la literatura pueda funcionar en términos de utilidad. Para muchos que nos dedicamos a esto, es inevitable que lo hagamos porque es nuestra personal manera de lidiar contra todo esto. Yo escribí crónica porque era mi manera de hacer algo ante lo que estaba sucediendo en mi ciudad natal”.

Convencida de que la novela era el mejor género para contar la historia, la escritora se puso a trabajar. Dejó que los personajes le hablaran: “Yo me sentaba a escribir y haz de cuenta que yo era la secretaria del juzgado que le está tomando la declaración al asesino. Entonces la gente me contaba la historia y yo nada más tecleaba. Yo me sentía como una médium… empecé a escuchar estas voces. Ya sé que suena muy esquizofrénico”, acepta con un dejo de picardía.

Las referencias que Melchor hace al hablar de su proceso de escritura sorprenden de la misma forma que hacen que sea más fácil entenderla: “Fue un proceso de andar buscando una voz. La novela está escrita con esta voz que es una cosa que yo le llamo narrador Pazuzu. ¿Te acuerdas de la película ‘El exorcista’? El demonio se llamaba Pazuzu, pero Pazuzu está dentro de la niña, pero de repente se sale. El narrador que yo quería era uno que pudiera estar arriba describiendo todo, pero que de repente se metiera dentro de mí. Así fue como surgió la novela”.

El proceso de escuchar las voces del pueblo contándole sobre el asesinato y pasarlas al papel fue solo uno de los primeros pasos para llegar a construir esta novela que ha sido considerada una obra imprescindible de 2017. “Escribí muchísimo, como 200 páginas, y ya una vez que las tuve, me di cuenta de que eso no era la novela. Uno no se vuelve novelista cuando publica un libro. Uno se vuelve novelista cuando agarra esas 200 páginas que escribió y las bota a la basura porque dice: ‘Bueno, ya estoy más cerca, pero esto no es’”.

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“DICEN QUE EL CALOR ESTÁ VOLVIENDO LOCA A LA GENTE, que cómo es posible que a estas alturas de mayo no haya llovido una sola gota. Que la temporada de huracanes se viene fuerte. Que las malas vibras son las culpables de tanta desgracia: decapitados, descuartizados, encobijados y embolsados que aparecen en los recodos de los caminos o en fosas cavadas con prisa en los terrenos que rodean las comunidades”, lee Fernanda Melchor sobre el escenario del Teatro Luis Poma.

Este martes 20 de marzo se realiza en San Salvador la primera actividad de Centroamérica Cuenta, el festival de literatura más grande de la región que desarrolla la mayoría de eventos en Managua. Melchor fue la invitada internacional para la inauguración. Esta noche está planeado un conversatorio entre ella y la escritora salvadoreña Jorgelina Cerritos.

Cada una lee un fragmento de sus obras. Melchor se para sobre las tablas del teatro y zapatea tímidamente con el pie izquierdo, como marcando el ritmo de su texto. “A mí me importa mucho que se escuche muy bien, leo mucho en voz alta lo que escribo porque no solo importa la historia, sino cómo la cuentas”, dijo un día antes.
El turno de Jorgelina Cerritos llega y ella lee otro fragmento de su obra. Esta vez es la voz de una niña gritándole a su padre que corra porque alguien lo persigue para matarlo: “Corre, papá, corre, que no te desangren la espalda”, exclama en un compás apresurado.

Los textos que se leen esta noche están marcados por una premisa de angustia. A las escritoras se les pregunta si la literatura es una respuesta ante la espiral de violencia que se vive en la sociedad veracruzana y salvadoreña. Melchor responde: “A mí lo que me interesa mucho es hablar del presente”. Y pone de ejemplo una pieza de la artista mexicana Teresa Margolles, quien recolectó el agua que se ocupó para lavar cuerpos (de asesinatos) “y trapeó así los pisos”. La pieza se llama: “¿De qué otra cosa podríamos hablar?”

“Tiembla”. Es el último libro en el que se publica un texto de Fernanda Melchor. En él, se recopilan las vivencias de 35 escritores sobre el terremoto del año pasado en México.

La justicia que persigue a los pequeños

Excepción. El de Carlos Perla, expresidente de ANDA, es uno de los pocos casos de funcionarios de alto rango que llegó a una condena.

El Salvador es un Estado corrupto. Así lo muestra, por ejemplo, el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, donde El Salvador, con un puntaje de 33 puntos, se coloca en el puesto 112 de una lista de 180 naciones a escala mundial.

Esta, la opinión de empresarios y analistas, encuentra eco en uno de los últimos informes del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), en el que se sostiene que en El Salvador “la corrupción, además de manifestarse en el gobierno central, pareciera afectar de forma particularmente aguda a los gobiernos locales, a las entidades descentralizadas y a las empresas públicas”.

Eso sin contar la existente en los otros poderes del Estado, sobre todo en el Judicial, que el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, se ha encargado de denunciar en cuanta comparecencia pública se le presenta. El mismo estudio de ICEFI, “La corrupción, sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano”, señala que debido solo a un puñado de casos emblemáticos de esta y la década pasada, el país ha perdido $550.9 millones, el equivalente al 2.1 % del PIB en 2015. O, lo que es lo mismo, lo suficiente para construir más de 10 centros médicos similares al Hospital Nacional de la Mujer.

“La corrupción es un mal doble: el funcionario no utiliza su tiempo y energía en hacer lo que debe hacer, un servicio para el bien común, sino que ocupa ese tiempo en crear y ejecutar planes para saquear los bienes del Estado”, comenta Carlos Ponce, criminólogo salvadoreño y exfuncionario de la Unidad contra el Crimen Organizado de la FGR.

El Código Penal de El Salvador cataloga 11 delitos como específicos de la corrupción. De estos, la Fiscalía General de la República ha ingresado 4,203 casos desde 2003 hasta 2017. Catorce años a un ritmo de 300 cada ejercicio. Un caso de corrupción cada 29 horas.

Uno de los más procesados es el peculado, aquel en el que un funcionario público se apropia para su beneficio (o el de otros) de dinero o cualquier otro bien de cuya administración está encargado. En este mismo período, 1,164 casos han sido ingresados a la Fiscalía solo en referencia a este delito.

Este nombre, “peculado”, ha sido parte de las acusaciones más impresionantes de la Fiscalía General de la República en los últimos años, como aquella en contra de Elías Antonio Saca, el expresidente acusado de apropiarse de más de $300 millones de la partida secreta de la Presidencia.

Los números de casos son altos, pero parecen encontrarse con un embudo en su camino en los tribunales. Esta revista revisó todas las sentencias digitalizadas en el sistema integrado de la Corte Suprema de Justicia hasta junio de 2016 y consultó el sitio web Jurisprudencia.gob.sv para actualizarlo hasta 2017. La búsqueda se realizó en torno de cuatro delitos, los más graves dentro de los catalogados como de corrupción: peculado, malversación, cohecho propio y cohecho impropio.

De estos cuatro delitos se encontró que, desde 2003 hasta 2017, 68 procesos llegaron al menos hasta la fase de sentencia, donde un juez define si un imputado es culpable o no de la acusación que pesa sobre sus hombros.

Las victorias para la Fiscalía tampoco han sido una constante: solo en 30 de esos casos se encontraron culpables a los acusados, muchos de los cuales conmutaron sus penas por servicios sociales. Este último punto se debe a las bajas condenas referentes a los delitos de corrupción que estipula el actual Código Penal.

 

Ilustración de Moris Aldana

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UNA JUSTICIA SELECTIVA

Éver Alexánder no ganaba mal como empleado de la Alcaldía de San Salvador. Los $506 que percibía mensualmente lo colocaban muy por encima del salario mínimo, ese que todavía es un sueño por cumplir para muchos en un país como El Salvador.

Su trabajo consistía en cobrar, para la Administración Municipal de Mercados, el dinero surgido del uso de los sanitarios públicos y de las moras de los puestos fijos de varios sectores de la capital.

Fueron más de $5,000 los que el acusado sustrajo para sí en un período de dos años, entre 2012 y 2013. Una cifra parecida al sueldo ganado por un diputado de la Asamblea Legislativa, teniendo en cuenta los gastos de representación.

El modus operandi de Éver no era para nada sofisticado. Según explicó una testigo identificada como Bertilla F. de R., ella compartía con él la administración del baño del Edificio 9 del mercado Central. De todo lo que se recolectaba en 15 días, ella debía pagarle el sueldo a dos empleados y entregarle $309 a Éver. Este, dijo Bertilla, a veces le entregaba un recibo como comprobante, a veces no. Por ello, un día de tantos recibió un llamado de atención desde el Departamento de Zonas del mercado Central de San Salvador. Era la jefa, que en el texto de la sentencia aparece solo como Marta Inés.

Esta le advirtió que se encontraba en mora con la comuna, que adeudaba lo correspondiente a siete meses. La cabeza se le llenó de confusión: religiosamente ella había entregado a Éver la cuota asignada. Bertilla explicó lo que había pasado, esperando que le creyeran. Contra todo pronóstico, así fue: a la jefa ya le habían llegado varias denuncias de que Éver no estaba entregando los comprobantes. Por ello decidieron hacerle una auditoría a su trabajo.

 

Se asume que la persona que comete el acto de corrupción es la que firma un documento, excluyendo a sus superiores de cualquier responsabilidad. Óscar Campos, del ISD, aporta un ejemplo para ilustrar el punto, el caso Correos, en el que se desviaron fondos estatales a través de la fundación Comité Pro Mejoramiento del Empleado Postal, pero solo se procesaron a los directivos en mandos medios. Eso, dice López, de FUNDE, contraviene a un principio reflejado en la Ley de la Corte de Cuentas.

 

Como Bertilla, otras seis personas habían sido engañadas, aunque con montos inferiores a los de ella. Con todo sumado, el personal de la alcaldía advirtió que una sola persona le había robado a la comuna $5,147.67.

En el juicio, ocurrido el 11 de junio de 2014, la declaración de 10 personas, múltiples pruebas documentales y una pericia contable hicieron que el juez sentenciara al acusado por peculado a seis años de prisión, que actualmente cumple en el centro penal La Esperanza.

Este es uno de los casos por delitos relacionados con la corrupción en los que la Fiscalía General de la República ha logrado que un juez condene a un imputado. Se trata de un funcionario de bajo rango, con pocas responsabilidades en sus manos. El monto, como se dijo más arriba, no supera el sueldo recibido por un diputado cada mes.

Y este caso en particular es un ejemplo para mostrar qué tipo de funcionarios son los que se condenan en este país por delitos ligados a la corrupción. Ahí está también el proceso de Gilma Cristina G. de L., quien trabajaba como colectora del sitio arqueológico El Tazumal. Fue condenada en 2015 a dos años de prisión por apropiarse de $322 en entradas al parque.
O el de cuatro empleados del Ministerio de Obras Públicas, quienes fueron sorprendidos por dos policías mientras sustraían 40 barriles de diésel de la planta asfáltica de la institución en San Miguel, a quienes se les dieron entre tres y medio y cinco años de cárcel.

 

Presiones. El fiscal general, Douglas Meléndez, ya ha denunciado amenazas en su contra por sus investigaciones. Ese es otro factor que evita que hayan más indagaciones de alto perfil en corrupción.

 

“En casos en los que los implicados son servidores públicos de menor valía, la justicia llega hasta el final. Tiene que ver con el tema de la impunidad, que de manera general se ha apropiado de las instituciones públicas”, comenta Óscar Campos, de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD).

Algo parecido señala Jaime López, de FUNDE, basado en los incipientes hallazgos que ha arrojado un recién iniciado proyecto de la ONG para estudiar la corrupción en el país. Uno de ellos tiene que ver con la cadena de mando: se asume que la persona que comete el acto de corrupción es la que firma un documento, excluyendo a sus superiores de cualquier responsabilidad.
Óscar Campos, del ISD, aporta un ejemplo para ilustrar el punto, el caso Correos, en el que se desviaron fondos estatales a través de la fundación Comité Pro Mejoramiento del Empleado Postal, pero solo se procesaron a los directivos en mandos medios.

 

Directora. Gladis Marina Mazariego Sosa, exdirectora del centro escolar Wálter Thilo Deininger, fue condenada en 2017 a 12 años de cárcel por apropiarse de más de $60,000.

Eso, dice López, de FUNDE, contraviene a un principio reflejado en la Ley de la Corte de Cuentas, que expresa que la responsabilidad final siempre es del titular de la institución.
“Eso, que se deje fuera a los titulares y solo se procese a funcionarios de rango bajo, lo ves en todos lados, no solo en el ámbito penal, sino también en la misma Corte de Cuentas, o en el Tribunal de Ética Gubernamental”, comenta López.

Es posible contar con los dedos de la mano a aquellos empleados públicos que estaban en puestos altos en alguna institución del país cuando cometieron los delitos y fueron procesados. Y el que más acude a la memoria es el de Carlos Perla, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) entre 1994 y 2002. Él fue condenado a 15 años de prisión luego de que se comprobó, entre otras cosas, que había utilizado recursos y personal de ANDA para construir su mansión. Sin embargo, nunca se le procesó por al menos otros dos proyectos henchidos de incógnitas: Río Lempa 2 y el Reservorio de Nejapa, en los que estaban involucrados más de $30 millones. Después de cumplir dos terceras partes de su condena, fue liberado en 2015.

El caso inició cuando Belisario Artiga era fiscal general de la República. Hablar del caso lo llena de alegría todavía hoy, mientras viste de traje impecable en esta cafetería de San Salvador y luce mucho menos cabello que cuando aparecía dando declaraciones en los periódicos. El de ANDA es esa excepción que tiene toda la regla: un funcionario importante del partido de Gobierno fue investigado mientras todavía se encontraba en el cargo. Algo “inexplicable e insólito”, en palabras de Jaime López, de FUNDE, pues, además de la condena, se lograron recuperar activos a favor del Estado.

Pero ese es el único caso que puede llenar de orgullo a Belisario Artiga en el combate a la corrupción. Muchos otros que se judicializaron durante su gestión, como el del Banco de Fomento Agropecuario (que contó con Enrique Rais como uno de sus imputa dos), terminaron con varios de sus acusados sobreseidos apenas en la fase de instrucción.

“Para ello hay que entender que estrenábamos todo un sistema, pasamos de una época en que la investigación estaba a cargo de los jueces y pasó a ser responsabilidad de los fiscales. Tampoco contábamos con un montón de herramientas como las que se tienen ahora, como las escuchas telefónicas”, comenta Belisario en esta cafetería de San Salvador. En su época, la prioridad fue parar los secuestros, que tenían entre sus víctimas predilectas a ciudadanos de altos ingresos.

Para Martín Rogel Zepeda, magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia, otro elemento que ha evitado que haya más casos de alto perfil en delitos de corrupción es la complejidad misma de los casos. Primero, porque son procesos que exigen múltiples habilidades de los fiscales y, en ocasiones, colaboraciones transnacionales, que llevan mucho tiempo.

“Los términos de las prescripciones se vuelven, en la práctica, más cortos, pues son mucho más complejos que los de la delincuencia común”, comenta Rogel. Segundo, porque a mayores recursos, mejores probabilidades hay de defenderse: los abogados defensores tienen un alto nivel técnico, los procesados son capaces de pagar por pruebas periciales como evidencia de descargo. “Eso le mete a los casos un mayor nivel de discusión”, dice Rogel.

La Fiscalía salvadoreña ha sido criticada por sus fracasos en sus casos más mediáticos. Los golpes han sido tan fuertes que incluso Douglas Meléndez decidió prescindir de los servicios de su jefe de la Unidad Anticorrupción, Andrés Amaya. Al día de hoy, según el jefe de Comunicaciones de la FGR, Salvador Martínez, no se ha nombrado uno nuevo. Al frente continúa un director interino. Por ello no fue posible obtener apreciaciones desde la Fiscalía para este trabajo. Douglas Meléndez ha achacado los traspiés a las decisiones de los jueces. Los juzgadores le han recriminado un deficiente trabajo de sus hombres.

Algo en lo que está de acuerdo el magistrado suplente Martín Rogel Zepeda, quien señala que en los grandes casos es común la presentación de grandes volúmenes de evidencia: “Pero se trata de prueba dispersa, que no termina de demostrar los delitos de los acusados”. Se teme que ese pueda ser el caso del que, hasta ahora, es el buque insignia de la institución, la acusación contra Antonio Saca y una red de colaboradores. Si bien se reconoce que la existencia misma del proceso es un paso adelante, habrá que esperar su recorrido en los tribunales para evaluar si, en efecto, se trata de un parteaguas.

 

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COHECHO PROPIO, ¿UN DELITO DE POLICÍAS?

Cuando Jorge apenas había ingresado a El Salvador desde su país, Guatemala, fue detenido por un retén policial en la carretera que de la frontera Las Chinamas conduce a Ahuachapán, la cabecera departamental. Era el 13 de septiembre de 2012. Los agentes revisaron su vehículo. Descubrieron que en la parte de atrás del carro, el empresario traía una bolsa azul, de esas que se le entregan al cliente en una famosa tienda de ropa. En esta, Jorge traía dinero, $20,000, para ser más exactos, que iba a depositar a un banco de la ciudad.

Jorge no opuso ninguna resistencia, pues el paquete podía verse a simple vista. Además, ya había declarado el origen del efectivo en su entrada por Las Chinamas y el objetivo de su viaje: depositarlo en la cuenta de banco de una empresa salvadoreña con la que tenía años de hacer negocios. El policía no quedó satisfecho con la respuesta y amenazó con apresarlo. Para evitarlo, le pidió un pago. Jorge ofreció $80. No era suficiente.

“No soy solo yo, somos otros tres… Mejor voy a llamar a mi jefe”, comentó el agente. El oficial a cargo llegó hasta el vehículo. Jorge, entonces, fijó el monto en $500, temiendo que lo llevaran a una bartolina. “Otra vez vino uno que solo traía $13,000 y nos dio $1,500”, dijo el jefe para justificar su demanda. Los $1,500 salieron de la bolsa, para satisfacción de los uniformados.
Jorge pudo llegar hasta la agencia bancaria para depositar el resto del dinero. Pero no se quedó ahí. Días después, puso una denuncia en la Policía Nacional Civil.

Los meses pasaron y la Fiscalía inició un proceso contra el agente que hizo la inspección y contra su superior. Estos tuvieron en su contra el comprobante de origen del dinero y el testimonio de una persona que presenció directamente la extorsión.
Por eso, el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán los condenó a tres años de prisión, que fueron condonados, dado el corto período de la pena, por actividades de servicio social. Eso sí, se les inhabilitó para ejercer cualquier cargo público durante la pena.

El delito por el que los dos policías fueron sentenciados se conoce como cohecho propio, definido por el Código Penal como aquella acción en que un empleado público recibe una dádiva o pago para realizar un acto contrario a sus deberes. Se puede definir como cohecho propio, por tanto, a la recepción de cualquier soborno.

 

El investigador de FUNDE habla de otro de los hallazgos de sus primeros estudios: la certeza de que el encubrimiento al más alto nivel es algo “sistemático”. Y ocupa la figura de círculos concéntricos para analizar las redes de corrupción: existe uno, el que está en el centro, que puede ser el de la Presidencia de la República y su partida secreta, que es intocable. Luego, hacia afuera, hay otros círculos que van haciéndose cada vez más vulnerables, como el de los policías.

 

Y los policías parecen los más expuestos a cometer este tipo de delitos o, por lo menos, a ser procesados por ellos: En las 34 sentencias que pudo revisar esta revista, solo tres funcionarios acusados no eran policías. En ese universo, solo siete fallos fueron condenatorios. Los sentenciados eran, como no, miembros de la PNC.

Para Jaime López, miembro de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), este hallazgo es esperable teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo de los agentes policiales, donde existe mucha discrecionalidad: “trabajan en la frontera del delito”.

Para Rodrigo Ávila, exdirector de la Policía Nacional Civil, que haya tantos policías condenados y procesados puede ser un buen síntoma: señala que los mecanismos de control son efectivos.

Eso mismo lo apoya Jaime López, pero viéndolo desde una óptica distinta: es señal de que en el resto de instituciones no existen vías suficientemente rápidas para detectar actos de corrupción. Para él, es casi imposible que en otras instituciones no existan funcionarios que acepten sobornos.

“Nadie va a cuestionar un fallo de un juez o una ley emitida por la Asamblea Legislativa, aunque haya existido pagos a diputados para que voten por esa ley”, opina Jaime.

El investigador de FUNDE habla de otro de los hallazgos de sus primeros estudios: la certeza de que el encubrimiento al más alto nivel es algo “sistemático”. Y ocupa la figura de círculos concéntricos para analizar las redes de corrupción: existe uno, el que está en el centro, que puede ser el de la Presidencia de la República y su partida secreta, que es intocable. Luego, hacia afuera, hay otros círculos que van haciéndose cada vez más vulnerables, como el de los policías.

“A estos sí es más fácil agarrarlos, porque no tienen el nivel de protección, ni las conexiones, ni nada. Y no le afectan al sistema. A nadie le afecta que un policía de calle sea procesado, pero sí afecta que un presidente lo sea”, comenta López.

 

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INVESTIGAR EL PRESENTE

En países de institucionalidad débil, como El Salvador, la necesidad de un ente externo de investigación, como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), siempre se antoja como un tema, al menos, de discusión. Para el criminólogo y exfiscal Mario Ponce, una entidad como esta sería de mucha utilidad en el país, pues le quitaría parte de la presión a la Fiscalía General de la República. Pero si se aplica, opina, esta debe enfocarse en delitos del presente.

“De nada sirviera que se empezara a investigar a gente (por delitos del pasado) mientras las estructuras que actualmente están delinquiendo dentro del Estado lo siguen haciendo a sus anchas”, comenta. Ese fue, dice, el camino tomado, tras varios años de prueba y error, por la misma CICIG, que ahora cuenta por decenas a los procesados por delitos de corrupción.

Pero ese derrotero, el de enfocarse en las estructuras aún activas, ¿podría aplicársele a la Fiscalía General de la República y a su relativamente reciente Grupo Contra la Impunidad?

Desde el patio de la organización para la que trabaja, FUNDE, Jaime López conserva su sonrisa de siempre y habla de forma pausada mientras acaricia los dedos de su mano derecha. Pero no tarda mucho en ensayar una respuesta: en una institución con recursos limitados, esa podría ser una respuesta para maximizarlos. Eso y enfocarse en la investigación ya no de casos, sino de estructuras, como lo indican los nuevos enfoques de la macrocriminalidad: a los peces gordos se les caza en redes. El camino llevaría, por otra parte, a establecer las conexiones existentes entre las diferentes redes de corrupción.

“Si investigas el presente, vas a llegar al pasado, porque estas redes hacen negocios en todos los gobiernos. La venta de medicamentos fraudulenta, eso es un esquema que viene de varios gobiernos. O las modalidades de contratación en la obra pública, son muy parecidas, y son carteles los que dominan cada sector. No importa si investigas pasado o presente, vas a llegar a la conclusión de que los actores activos de la corrupción son los mismos”, comenta Manfredo Marroquín, director de la guatemalteca Acción Ciudadana, quien ha tenido la oportunidad de ver de cerca, y de fiscalizar, el trabajo hecho por CICIG desde sus inicios.

Pero en la ecuación guatemalteca hay otro elemento que va más allá de sus instituciones: el trabajo de su sociedad civil, que se ha manifestado, sobre todo, volviéndose una sola garganta en las plazas públicas de la nación centroamericana. Otra cosa en la que se diferencia de El Salvador: la indignación dura solo días después de que se conoce un nuevo escándalo. Para Jaime López, de FUNDE, ese es el nuevo reto de organizaciones como aquella a la que él pertenece: mantener en la discusión los casos, más allá de lo que aparezca en los medios de comunicación. Hacer presión desde una organizada sociedad.

“Yo creo que las organizaciones civiles, el caso nuestro, hemos estado enfocados en ‘más transparencia, más transparencia’. Ha sido un error. Una gran lección es que más transparencia no significa menos corrupción. Porque los casos llegan a la opinión pública, pero no pasa nada”, comenta Jaime, lanzando una sonrisa y un gesto de mea culpa en el frescor de la media mañana.

 

Señales. El proceso contra Antonio Saca puede convertirse en el parteaguas en la lucha contra la corrupción, que demuestre que el Estado no solo castiga a funcionarios de bajo rango, como Reynaldo Lara Chávez, acusado de robarse cupones de gasolina en el Ministerio de Obras Públicas.

La marcha de las ausentes

Intervención. Sobre la base del Monumento a la Constitución se colocaron mariposas negras en representación de las mujeres asesinadas.

Larissa tenía 11 años cuando un vecino le tocó los senos que empezaban a asomarse por su pecho. Ella usaba una camisa con un estampado y su vecino, un hombre mayor, se acercó a ella con la excusa de tocar la tela. El hombre terminó manoseándola. Larissa se congeló. No supo qué hacer, pero supo que algo estaba mal. Esa vez aprendió que no estaba segura en su colonia, a metros de su casa.

Más de una década después, una mujer escucha la historia que Larissa cuenta y relata algo que la hizo sentir vulnerable cerca de su casa. Un hombre de la zona intentó meterla a la fuerza a un carro. Por anécdotas así, desde niñas aprendieron a evitar ciertas calles, ciertos vecinos y a apresurar el paso cuando están en la vía pública.

Estas historias se escuchan en el patio de un café de San Salvador. Este lunes 5 de marzo hay 14 mujeres reunidas en un círculo. Hay jóvenes y adultas, empleadas, artistas y universitarias.
“¿Quién nos convoca? Pues nosotras nos autoconvocamos”, dice Montserrat, una activista por los derechos de las mujeres con amplia trayectoria. El grupo se creó cuando en un chat, algunas de ellas plantearon el deseo de realizar una protesta nocturna. Que la actividad sea de noche tiene un motivo. Quieren caminar en la oscuridad para reclamar su derecho a movilizarse y no sentir miedo de que alguien las toque o las intente subir en un carro.

En 2016, la organización Small Arms Survey posicionó a El Salvador como el país más feminicida de América Latina. Y solo en los primeros meses de 2018, una mujer ha sido asesinada cada 19 horas, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

“En la conmemoración del 8 de marzo no deberíamos hablar de violencia, sino de las conquistas de los derechos de nosotras, de los avances en salud y educación”, explica Enayda Argueta, investigadora social del Sistema Interactivo de Avisos de Violencia de Género (SIAVG) de la organización Háblame de Respeto. “Lo que pasa es que en nuestro país hemos conquistado unos derechos pero nos siguen matando”, continúa.

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LAS ORGANIZADORAS de este evento llamaron a sus amigas y conocidas y regaron la voz. Las invitaron a vestirse de luto y llevar flores y velas para una concentración en el redondel del Monumento a la Constitución, mejor conocido como La Chulona.

A las 6:50 de la noche del 7 de marzo, ya hay 50 mujeres reunidas en la rotonda. Conforme pasan los minutos, algunas de las organizadoras entregan unas mariposas negras de papel a las asistentes. Las mariposas tienen una cinta adhesiva. Luego se le explica al grupo que en algún momento de la noche esas mariposas simbolizarán a una asesinada.

“A pesar de que sentimos rabia por las mujeres que no están, lo que prima en nosotras es la alegría”, dice Vanessa Pocasangre a las 7 de la noche, antes de iniciar la marcha. Elena Salamanca, historiadora y otra de las planificadoras del evento, habla de la importancia de visibilizar el duelo en el espacio público. Lo de hacer duelo no es exageración. Frente a ella, el colectivo de mujeres transgénero ASPIDH-Arcoíris ha colocado una manta llena de nombres y fotos de sus compañeras trans asesinadas.

Diez minutos después ya hay un centenar de mujeres reunidas en el redondel. Incluso hay niñas vestidas con el uniforme del colegio. De pronto, comienza una música suave y una bailarina vestida de blanco realiza una danza. Se tira al suelo e intenta levantarse con movimientos cortados. En el piso también yace inmóvil otra mujer de vestido azul. Algunas poses se asemejan a una escena de homicidio: la mujer quieta, boca abajo, en medio de la gente. La mayoría de mujeres víctimas de homicidios ocurridos entre enero y octubre del año pasado fueron encontradas en la calle, de acuerdo con información del Sistema Interactivo de Avisos de Violencia de Género (SIAVG).

“Cada muerte nos va a doler. Pero deben hacerse análisis diferenciados de feminicidios y homicidios, porque aunque los feminicidios sean menos, eso no quiere decir que los hombres están siendo asesinados por las mismas razones que las mujeres”.

Performance. La bailarina Paola Lorenzana interpreta una pieza denunciando la violencia contra las mujeres en una marcha nocturna del 7 de marzo.

En medio del público, una actriz vestida de blanco empieza a leer una lista de casi 200 nombres. Esta lista fue un tema de discusión hace dos días. Quienes planificaron la protesta nocturna aseguran que se acercaron al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) a solicitar una lista con nombres de las asesinadas durante el año pasado. Ellas sostienen que la respuesta que encontraron es que ese instituto no lleva ese registro. Séptimo Sentido consultó al respecto al instituto y, hasta el cierre de la nota, no obtuvo respuesta.

El primer nombre que se lee en esta lista, creada a partir de la revisión de noticias de periódicos, es Katya Miranda. Ella tenía nueve años cuando fue violada y asesinada en un viaje familiar a la playa en 1999. El principal sospechoso, su abuelo, fue absuelto de los cargos. Su caso se convirtió en un símbolo de la impunidad de los delitos contra las niñas. Cuando su nombre se escucha en esta concentración, hay silencio. Hasta que Montserrat grita: “¡Ausente!”.

Así se marca la dinámica de la lectura. Por cada nombre de mujer asesinada, otras 100 responden “¡ausente!”, y la partida se hace palpable. Pasan los minutos, los nombres, las páginas y las lista de asesinadas no parece tener fin.

Sobrecogida por la cantidad de muertas, una joven de 22 años llora mientras sigue gritando por las ausentes. Rápido, se seca las lágrimas y sigue respondiendo a cada nombre. Por cada mujer mencionada, las manifestantes se acercan a la base del Monumento a la Constitución y pegan una mariposa negra sobre la pared. En cuestión de minutos la pared blanca es saturada por mariposas que conforman una gran mancha oscura.

Cuando la lista se termina, las manifestantes recogen del piso una manta que han pitando con tres palabras “Caminamos sin miedo”. Todas se forman detrás de ella y salen a la calle.

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Recorrido. Las mujeres que asistieron a la marcha “Caminamos sin miedo” realizaron un circuito cerrado de 3 kilómetros en el que se leyeron los nombres de decenas de mujeres asesinadas en los últimos años.

CADA 8 DE MARZO se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Este día sirve para conmemorar su lucha por salarios justos y condiciones de trabajo dignas. El año pasado, por primera vez, se realizó el Primer Paro Internacional de Mujeres. Este año se realizó por segunda vez una huelga internacional. Pero no todas pueden hacer huelga para exigir sus derechos.

Este miércoles 7 de marzo también marchan aquellas que no pueden hacerlo de día porque pueden ser amonestadas en sus trabajos. La marcha de ahora está enfocada en mujeres, aunque en El Salvador la gran mayoría de los asesinados son hombres.
En 2017 fueron asesinados 3,954 salvadoreños. Eso mantuvo a El Salvador como el país con la tasa de homicidios más alta de Centroamérica. Las mujeres asesinadas fueron 469. La mayoría de ellas eran jóvenes.

“Cada muerte nos va a doler. Pero deben hacerse análisis diferenciados de feminicidios y homicidios porque aunque los feminicidios sean menos, eso no quiere decir que los hombres están siendo asesinados por las mismas razones que las mujeres”, explica, a través del teléfono, Claudia Interiano, abogada experta en derechos humanos.

Para Interiano, es importante analizar los hechos de violencia desde sus causas: “Las situaciones de riesgo a las que se puede someter una mujer para que acaben con su vida son, por ejemplo, cuando se pone fin a una relación, un divorcio, al denunciar una situación de violencia y abuso sexual. Esas son las razones de riesgo por las que las matan. Y no son esas las razones por las que matan a los hombres”, comenta la experta.

Frecuencia. De acuerdo con las cifras oficiales, durante los dos primeros meses de 2018 una mujer fue asesinada cada 19 horas.

A las 7:40 de la noche, la concentración sale del redondel hacia la calle San Antonio Abad. De inmediato, aparece una patrulla policial. Un agente, tomado por sorpresa, les pregunta el motivo de la marcha. Cuando alguien le responde que es una manifestación contra la violencia, el agente comunica a través de su radio que se encargará de darle seguimiento a la actividad.

Por unos minutos, la manifestación toma la forma de una procesión religiosa y solemne. Algunas llevan velas y flores en sus manos. Con un megáfono, lámpara y listado van leyendo nombres de mujeres ya asesinadas y de manera serena, se sigue respondiendo que están ausentes. Después, la tranquilidad de la marcha se rompe y algunas comienzan a gritar en coro: “No sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”.

En octubre del año pasado, Vilma Pérez fue asesinada así: en la cara de la gente. Vilma salió con sus dos hijos hacia la subdelegación de Apopa para denunciar por maltrato intrafamiliar a su compañero de vida, José Menjívar. Él la mató antes. Le disparó en la calle, frente a sus dos hijos, de cuatro y ocho años. Menjívar huyó del lugar sin que nadie lo detuviera. Sigue prófugo.

Conforme la marcha avanza, más personas se unen a la manifestación. Hacia el final del grupo camina Frida tomada de la mano con su madre. Frida tiene siete años, estudia primer grado y a veces dice que quiere ser veterinaria. Hoy conoció a otra niña de su edad en la marcha y le ha tendido la mano para caminar junto a ella.

Natalia, la madre de Frida, dice que ha traído a su hija a la manifestación para que aprenda a luchar por ella misma, para que sepa que siempre es mejor denunciar las ofensas que guardar silencio.
El grupo llega hasta el redondel El Torogoz e inicia el camino de vuelta hacia el Monumento a la Constitución. Al llegar, quienes cargan flores y velas las colocan al pie de la base de La Chulona. Pronto se forma un altar para las asesinadas.

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8M. Concentración de mujeres en la alameda Roosevelt en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En la marcha gritaban “Ni una menos, vivas nos queremos”.

IRENE DÍAZ ha descansado poco esta mañana del 8 de marzo. Ella tiene 37 años, es editora audiovisual y tiene una hija de 11 años. En 2017 participó en un proceso de formación para defender y conocer sus derechos. Desde entonces, empezó a platicar con más mujeres y a tener claro que había que defender hasta la memoria de quienes ya no viven.

Así llegó a Ni Una Menos El Salvador, un movimiento de sociedad civil conformado por 14 mujeres que se reúnen los sábados en asambleas y empiezan a discutir temas como el derecho a la tierra, a un salario justo y la seguridad.

Ni Una Menos es un movimiento que surgió en 2015 en Argentina para exigir un alto a los feminicidios. El caso que removió la indignación colectiva fue el asesinato de Chiara Páez, una joven de 14 años golpeada hasta morir por su novio. Tras esa muerte, el movimiento logró concentrar a 300,000 personas. Entre ellas estaba Franchesca Mata, una abogada salvadoreña residente en Buenos Aires. Mata vino al país este año y empezó a convocar a mujeres a través de internet para formar la filial salvadoreña del movimiento.

Ellas no pertenecen a ninguna ONG ni tienen financiamiento de nadie. Tienen diversas profesiones y oficios y se reúnen para hablar sobre sus problemas y los de la sociedad. “Sabemos que somos nada dentro de las organizaciones”, comenta Franchesca Mata. Ella explica que lo que buscan es visibilizar la realidad a través de sus denuncias: “Ante la indignación, la acción. Estamos cansadas y salimos de la red social a conocernos”.

Irene Díaz participó en la marcha nocturna del 7 de marzo, y 12 horas después, en la mañana del Día Internacional de la Mujer, ya se encuentra en otra actividad. Ella y otras siete integrantes de Ni Una Menos El Salvador han llegado ante la Fiscalía General de la República en Santa Elena.

Pretenden colocar una pancarta en la fachada de la FGR. La manta tiene cruces pintadas y la leyenda: “469 mujeres asesinadas en 2017”. En la fachada de este edificio hay una especie de gruta en la que hay un ángel. Después de unos minutos, colocan la manta sobre la gruta.

De inmediato, aparece un policía. En su uniforme lleva el apellido Interiano, y a pesar de que en la acera solo hay mujeres, pregunta:

—Buenos días, ¿quién es el encargado de esto?

El policía les explica lo que deben hacer: “Me van a quitar de ahí la manta y la van a poner en esa pared, al lado de la escalera”. El policía hace referencia a un paredón que sirve de división entre los carriles de la calle frente a la sede fiscal.

La pancarta lleva menos de 5 minutos colocada sobre la gruta. Las integrantes de Ni Una Menos se muestran un poco reticentes. El policía les pide que la muevan, que en el lugar que él les indica, todo se verá “bonito”. Antes de quitar la tela que ellas han pintado, las mujeres le toman fotos. El policía les advierte que la Ley de Seguridad Pública establece que “es prohibido” tomarle fotos al edificio de la Fiscalía.

Hace dos años el actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, montó una tarima con un equipo de sonido y movilizó a más de 1,000 personas para protestar contra el fiscal general. La concentración de entonces ocurrió en esta misma calle y frente a este mismo edificio público. En ese entonces, nadie fue desalojado.

Irene Díaz se muestra fastidiada por las indicaciones policiales. Ella dice que lo que buscan es hacer hincapié en que las autoridades estatales también tienen responsabilidad en las muertes de mujeres. El policía se apresura a responderle que sí, que él la comprende porque tiene estadísticas de “270 feminicidios”. Consultado sobre la fuente de su cifra, el policía responde que no está autorizado para dar estadísticas.
Las integrantes de Ni Una Menos obedecen al policía. Horas antes, en la calle San Antonio Abad, el grupo protestó por la desaparición de la agente policial Carla Ayala, quien este domingo cumple 73 días de desaparecida. Un policía la atacó con arma de fuego tras una fiesta navideña y huyó con su cadáver.

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UN PAR DE HORAS MÁS TARDE, EN LA ALAMEDA ROOSEVELT, EN EL PARQUE CUSCATLÁN, MILES DE MUJERES Y HOMBRES SE JUNTAN PARA INICIAR LA MARCHA OFICIAL DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. EN ESTA PARTICIPAN ORGANIZACIONES FEMINISTAS, DEFENSORAS DEL MEDIO AMBIENTE, MUJERES TRANS, UNIVERSITARIOS, ETC.
Esta marcha es distinta a la de la noche anterior. Es multitudinaria. Hay colores, música, baile y se dirige hacia la plaza Salvador del Mundo.

La marcha no despierta mucha simpatía entre los conductores y las personas que ven su tránsito afectado. Desde un bus de la ruta 30-B, un hombre ve a las asistentes y dice que estas son “viejas gritonas y sin marido”. En una intersección de la alameda Roosevelt, cuatro hombres y una mujer en motocicleta no quieren esperar a que termine de avanzar el flujo de personas. Hacen sonar los motores de sus motocicletas e insinúan avanzar entre las organizaciones. Un grupo de mujeres se coloca, desafiante, frente a ellos. Entonces los motociclistas retroceden en su estrategia para salir del tráfico y piden que, al menos, les dejen espacio para dar la vuelta y regresar por la calle que venían.

La marcha termina al mediodía. La mayoría de personas empieza a buscar una sombra después de estar de pie y bajo el sol por al menos tres horas. Irene Díaz ha realizado dos marchas en menos de 15 horas, pero no se muestra cansada. Va cantando y portando un cartel que dice “Soy la mujer de mi vida”.

“La violencia de género, y en general la dominación de género, limita las oportunidades y condiciona la conducta y las aspiraciones de las personas, en particular de las mujeres. Y, en ese sentido, se constituyen barreras específicas para un grupo social”.

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Estado implicado. En la marcha del 8 de marzo, cientos de personas exigieron que el caso de la policía desaparecida Carla Ayala no quede en la impunidad.

ANA RUTH RAMOS SOBRESALE entre las personas que buscan un espacio de césped para sentarse y descansar en el Salvador del Mundo. Ella es una mujer de 22 años con un hijo de tres y una bebé en brazos. Marchó en el bloque del Foro Nacional de Salud. Ana Ruth lleva un manto de tela blanca en la cabeza para cubrir su cabello. Ella se congrega en una iglesia cristiana y profética. Su hija descansa sobre una manta en la grama y su hijo corretea alrededor de ella.

Ana Ruth dice que quería estudiar y mejorar su vida. Ahora sus sueños están puestos en sus hijos. Como ella es una mujer religiosa, cuenta que a veces la critican por asistir a estos movimientos de mujeres. “Ya me han dicho varias veces que a nosotros que somos cristianos no nos conviene andar aquí, pero yo les digo que no ando haciendo nada malo”.

“La violencia de género, y en general la dominación de género, limita las oportunidades y condiciona la conducta y las aspiraciones de las personas, en particular de las mujeres. Y, en ese sentido, se constituyen barreras específicas para un grupo social”, explica vía telefónica el Dr. Manuel Sánchez, economista y experto en temas de desarrollo humano.

En El Salvador las mujeres tienen menos acceso a educación y salarios justos. Y esta no es una percepción, está probado estadísticamente. Por ejemplo, la tasa de analfabetismo de la población femenina es de 12.5 %, mientras que la de hombres es del 8.8%, de acuerdo con la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). Además de tener menor escolaridad, las salvadoreñas ganan menos que sus contrapartes masculinas. Un ciudadano que ha estudiado más de 13 años tiene, en promedio, un salario que sobrepasa los $600, mientras que el pago que recibe una mujer con el mismo nivel de educación es de $516.33, según la DIGESTYC.

Ana Ruth no tuvo oportunidad de estudiar. Mientras se come unas pupusas, cuenta que su madre murió cuando ella era pequeña y quedó sola con su padre, quien la maltrató. Por eso, aunque era menor de edad, dejó la casa de su papá para trabajar como niñera en San Salvador.

Cuando cumplió los 18 años se acompañó con un muchacho y dejó de trabajar para empezar a criar hijos propios. Hoy dice que marcha para protestar contra el maltrato: “A nosotras siempre nos faltan al respeto. Hay hombres que se quieren aprovechar de una o los mismos padres la quieren golpear, violar. Yo ya pasé por eso y no quisiera que las demás mujeres pasen lo mismo, porque ya sufrí”.

Al lado izquierdo de Ana Ruth, a solo unos metros de donde su hija duerme, está colocada una tarima desde la cual se saluda a los últimos bloques de hombres y mujeres que llegan al final de la marcha. Por una mañana, una calle de San Salvador fue el escenario para que más de 1,000 mujeres pudieran caminar sin miedo.

“Los cineastas valemos madre”

Brenda Vanegas, cineasta salvadoreña. Su cinta es una coproducción entre La Estación y Relativo Films. Contó con ella, Mario Soundy, André Guttfreund y Leticia Macua como productores ejecutivos. 

En un país en el que los largometrajes de ficción se pueden contar con los dedos de la mano, la noticia del estreno de uno es, literalmente, un hito. Brenda Vanegas ya presentó su ópera prima, “Volar”, en sociedad. Lo hizo hace un par de semanas, en el preestreno no comercial reservado para el equipo que trabajó en la cinta y para todos aquellos que se sumaron a la campaña de “crowdfunding” que salvó la película.

En la primera planta de la sede de La Estación, la productora que Brenda lidera, el cine aparece a cuentagotas, apenas con un póster de la cinta “Big Fish”, de Tim Burton. Allá afuera, detrás de un ventanal, están sus dos robustos perros, que ladran ante los desconocidos, pero callan ante el primer regaño de su dueña.

Creo que ella era la que menos aceptaba que su enfermedad la podía llevar hasta la muerte. Sí que hubo una premonición cuando estábamos terminando de grabar la película, que fue en el mar, en la segunda ronda de filmaciones, cuando pudimos ir a Barcelona.

Brenda conversa en un momento de calma de su corre-corre diario, contenta de recordar un proceso al que, sin embargo, quiso abandonar muchas veces, angustiada por las demandas de la cotidianidad de un artista en El Salvador, de aquel que hace otra cosa para pagar las cuentas.

Sus ojos brillan, sobre todo, al recordar a una de las figuras más importantes de su película y del arte en El Salvador, la actriz Isabel Dada, fallecida en junio de 2017. “Volar” fue su último trabajo actoral. Allí interpretó a Esther, una señora enferma de alzhéimer a la que debe cuidar María (Patricia Rodríguez), migrante salvadoreña en España. Ambas están en un proceso de pérdida: la primera, de los recuerdos de su vida; la segunda, de la relación amorosa que le daba sentido a su soledad.

La película, en preestreno, ha sido vista por gente que no estuvo involucrada con su realización, ¿siente que se conectaron con la trama, las cosas resultaron tal cual las había pensado?

Cuando hablás de escribir, en un proceso cinematográfico, siempre te dicen que hay tres grandes escrituras del guion. Una es la literaria, la del guion en sí que va por escenas y describís acciones. Luego hay una segunda reescritura que es el montaje, cuando te enfrentás a lo que has rodado, y allí tenés como la libertad de decir “esta escena me sobra, necesito grabar una más”.

¿Pasó eso con “Volar”?

Sí, te pasa eso porque en lo escrito algo funciona, pero en lo visual no, por múltiples factores, porque de pronto no se consiguió la actuación justa, porque el espacio no era el ideal, porque había mucha premura… lo visual tiene su propio contenido y su propia fórmula. En “Volar” el final se cambió, por ejemplo. Es otra escritura del guion. Hay una reconstrucción inmensa.

¿Cuál es la tercera escritura de la película?

Esta tiene que ver con su audiencia, es la que cada quien hace al verla. Es tan variable como ojos vean la película. Como espectador puedo tener una relación conflictiva con mi madre y veo “Volar” y pienso “esta mujer un día va a ser vieja y me voy a encontrar en un escenario de qué hacer con ella”, o soy hija única, o hija de una persona que migró, o me encuentro sola y me toca comer con el televisor… ya allí es la película con cada quien. Allí dejamos de existir los involucrados en su creación.

¿Hay alguna escena que haya pensado que le salió muy bien cuando la filmó, pero en el proceso de edición decidieron eliminarla?

Sí, muchas.

¿Se acuerda de una en concreto?

Habíamos hecho algo muy bonito en Barcelona (España), que era dentro de un taller cerámico, que a mí me gustaba la idea de que María (el personaje encarnado por Patricia Rodríguez) podía hacer algo para ella y por ella. Pero esto se sentía como inserto en la película, como metido a la fuerza. Te tocan decisiones de decir “esto no va. Está precioso, pero no”. Cuando entendés que estás ante una obra, y le dejás espacio a que adquiera su forma de comunicarse, llega un momento en que la misma obra te va dictando muchas cosas.

¿Quiénes fueron los editores de la película?

Fuimos cuatro los involucrados. El montaje también tiene su historia. El primer montaje lo hizo Mario.

¿Mario Soundy?

Sí, que aparte de ser productor ejecutivo, es también el montador de la película. Luego nos fuimos a trabajar una versión, que es la que pudo concretar bastante las emociones y el ritmo de la película, que la hicimos con Carmen Martínez, en Barcelona. Lo que sucedió con esa es lo que te digo, que había muchas cosas insertas que no aportaban a la peli. Retomé esa versión. Sí encontré la necesidad de tomar yo la película. Estudié otra vez el guion, hice un guion de montaje e hice otra versión de la película, que fue básicamente la última, y luego alguien hizo el corte fino, que se llama Eliane Cats, que es una argentina.

“Cartas de Lucía” también cuenta una historia desgarradora de vulnerabilidad que tenemos en nuestras narices de la infancia en la zona rural, pero hemos asumido que las niñas en la zona rural a los 13 años son madres, están viviendo con personas que les doblan, les triplican la edad. Y está pasando. Pero “¡ah!, como es en el campo”.

¿Hubo algún momento en el que usted quería algo y le dijeron que no funcionaba?

Sí, sí.

¿Fue difícil ceder a la opinión de sus compañeros para acceder a un mejor producto?

Es bien interesante, porque con una película con la que llevás tanto tiempo te podés viciar. Hubo un momento en el que yo ya no quería la película. Estaba tan cansada del proceso, de todos los problemas que se dieron, de quedarnos sin dinero, de no tener tiempo, de estar agotada físicamente, emocionalmente, de que se nos fuera Isabelita (Isabel Dada) en medio del proceso. Cuando ella murió yo no tenía forma de ver la película, me parecía terrible. Por eso te sirve mucho cuando a alguien le vale madres todo eso y ve nada más la película. Y es capaz de verla con la pureza de una primera vez. Sí, hice muchas rondas con muchas personas para recibir aportes. Hubo algunos que no me gustaban, y al cabo de un tiempo, entendía lo que me querían decir y lo retomaba. Fue muy valioso ese ejercicio de distanciarme.

¿Pensó en Isabel Dada desde el principio para encarnar a ese personaje?

Sabía de Isabel, la había visto en el teatro, me gustaba ella, pero no la conocía de nada. Desde el principio la queríamos, pero no había forma de contactarla. Isabelita siempre fue un ser muy privado. Aparte ella estaba retirada del teatro también. Como no la encontramos, le hicimos la propuesta en ese ínterin a otra gran actriz de teatro. Ella tampoco podía. A Isabel le hablábamos a su casa y no nos contestaba, le hablábamos a Radio Clásica y tampoco. Pero un día en la radio nos dijeron “dice Isabel que le dejen el guion, que ella lo va a leer y les va a dar una respuesta”. Ya eso para nosotros era un pasote. Pasaron dos días cuando nos llamó y nos dijo: “Voy a hacerlo”. Al fin pude conocer a Isabel. Y fue un regalo. Ponía una energía irrepetible.

Nuevo proyecto. “Las cartas de Lucía” será la segunda película de Brenda Vanegas. La cineasta busca apoyo para terminar con el proceso de esta cinta.

¿Ella tuvo algún problema de salud mientras estuvo rodando?

Sí y no. Ella, cuando empezó a filmar, nos comentó que necesitaba hacerse unos exámenes, pero que no quería pensar mucho en eso porque quería hacer la película. Nadie pensó que se tratara de algo grave. Al parecer ella sí sabía que algo había. Luego que terminamos de filmar, ella se hizo unos exámenes y nos comentó que iba a necesitar hacerse una cirugía para sacarse algo del estómago, pero que le habían dicho que no era cáncer. Luego ya se confirmó que era cáncer. Pero ella vivía con la insistencia de hacer las escenas que faltaban. No podíamos hacerlas porque nos habíamos quedado sin fondos. La película tuvo que parar varios meses.

¿En esa etapa fue que lanzaron el “crowdfunding”?

Sí, lanzamos una campaña porque ya no teníamos dinero.

¿Temían perder a Isabel Dada?

No, la verdad es que nunca pensamos que se nos iba a ir. Creo que es lo que quiere pensar uno. No se te va a ir tu actriz, no se te va a ir esta persona maravillosa que has conocido. Creo que ella era la que menos aceptaba que su enfermedad la podía llevar hasta la muerte. Sí que hubo una premonición cuando estábamos terminando de grabar la película, que fue en el mar, en la segunda ronda de filmaciones, cuando pudimos ir a Barcelona.

¿Eso fue después del “crowdfunding”?

Sí, fue después, porque conseguimos los fondos. Ella tenía tantas ganas… nos hacían falta muchos exteriores y unas escenas de mar. Fue una escena bastante emotiva, algo de eso en lo que de repente te decís “puede pasar”.

¿Cómo fue esa premonición?

Fue una despedida bien emotiva y fue una sensación de despedida total, infranqueable. Fue la última vez que la vimos.

Isabel Dada fue la protagonista del primer largometraje de ficción hecho en El Salvador, “Los peces fuera del agua”. ¿Pensaron en eso, en que de alguna manera conectaban con esa primera película salvadoreña?

Entra a la conversación Leticia Macua, productora ejecutiva y primer asistente de dirección de la película: “Al menos yo siempre pensé que iba a ser la vuelta al cine de Isabel Dada, no la última película de su vida”.

Exactamente. Sí, claro, de hecho lo mirábamos así, “después de tantísimos años Isabel regresa al cine”. Se volvió justamente su segunda y última película.

Comparando ambas películas, las dos únicas muestras del talento cinematográfico de Isabel Dada, para usted ¿cuál fue su mejor actuación?

Creo que son muy distintas. Hay un afán de querer comparar las obras. No podemos hablar de eso, porque cada una tiene su propio lenguaje, su propio contenido y es, en sí misma, algo. “Los peces fuera del agua” me parece una obra muy bonita, muy simbólica, y que curiosamente tiene algunos elementos que también tiene “Volar”, pero ocupados de manera distinta.

¿Cómo cuáles?

El tema de las enfermedades mentales, la pecera como un símbolo, las relaciones entre mujeres, las relaciones de amor no concebido… hay muchas cosas, pero no pensaría que una es mejor que otra.

¿Hay alguna escena en particular que recuerden ustedes de Isabel Dada en la que creyeran que no podía llegar hasta allí pero llegó?

La verdad es que Isabel Dada siempre te daba más. Es que es una película tan intimista que, entre menos se actuaba y más se era el personaje, era mucho mejor. No había algo muy pretencioso de actuación. Más bien era transmitir cotidianidad, esa intimidad en su personaje. Aunque sí diferentes emociones, porque el alzhéimer no te deja en un estado tan neutro siempre, hay altos y bajos. Hay una escena en la tina, donde necesitaba sumergirse bajo el agua, entonces había que cuidarla más, que el agua estuviera a buena temperatura.

La actriz. Isabel Dada trabajando en una de las escenas de “Volar”. Allí Esther, su personaje, conversa con su hija, Soledad, encarnada por la intérprete española Inma López.

Uno de los problemas más recurrentes del artista salvadoreño, especialmente en el de cine, pues no hay muchas muestras, es el de poder reflejar la identidad nacional en su obra, o que la película parezca salvadoreña. ¿Le preocupa eso a usted también?

No es algo que yo pienso cuando hago algo. Me refiero a que, por ejemplo, yo estaba enfocada en transmitir la soledad y la cotidianidad de las mujeres que migran fuera del país. Por lo tanto, ya ese contexto había que presentarlo afuera, porque es donde están ubicadas esas mujeres. Luego, encontrar los espacios que te transmitieran cosas. Tenía las locaciones ya todas previstas, desde el principio. Sabía que necesitaba este tipo de fábrica, esta planchaduría (dry clean)… me conocía el Centro Histórico por otro proyecto, sabía que había muchos espacios que nos podían dar las sensaciones de estar fuera del país. Originalmente se escribió para que fuera la mujer migrante en Estados Unidos, que es lo más común de nuestras mujeres migrantes salvadoreñas, no así del Sur. Aquí no podés representar un Brooklyn o un Los Ángeles, pero sí una España.

Allí hubo algo que tiene que ver más con la realidad económica que con lo artístico.

Los pensamientos fueron más en función de lo que requería la película. No me gusta cuando la gente dice “esta película no parece salvadoreña”. ¡Pero si está hecha por purititos salvadoreños! Ahora estoy haciendo otra película, que también Lety está allí, que es “Cartas de Lucía”, que contrario de “Volar”, es sumamente rural, y tiene también una gran belleza. Es como encontrar los símbolos adonde te toque estar. Tiene una belleza muy poco explotada. Hay una belleza inmensa en la ruralidad. Esto también es salvadoreño y va a recorrer lo que tenga que recorrer como salvadoreño.

El Salvador es uno de los países más peligrosos del mundo. Uno puede pensar que quizá el espectador extranjero, cuando se topa con una obra hecha en El Salvador, piensa que se va a encontrar precisamente con eso, con la violencia. “Volar” no es eso. ¿Le preocupa que el espectador de afuera espere precisamente eso de su película?

No, creo que estoy muy despreocupada, jajaja. Creo que cada artista decide enfocarse en las temáticas que más le mueven. Tenemos colegas documentalistas que registran esas historias que son supernecesarias para hacernos un diagnóstico de qué tan jodidos estamos. Pero hay otros artistas a los que nos mueven otras cosas y tenemos igual derecho de expresarnos. Y tenemos igual derecho de que afuera se nos conozca por otro tipo de expresiones. Aunque “Volar” cuenta una historia de migración, y hay razones para migrar, ese no es el gran tema de la película, es solo uno de los temas.

¿Y cómo es “Cartas de Lucía”?

“Cartas de Lucía” también cuenta una historia desgarradora de vulnerabilidad que tenemos en nuestras narices de la infancia en la zona rural, pero hemos asumido que las niñas en la zona rural a los 13 años son madres, están viviendo con personas que les doblan, les triplican la edad. Y está pasando. Pero “¡ah!, como es en el campo”. Los programas, las campañas, una serie de cosas, no llegan hasta allá, donde ni siquiera hay agua potable. Pero allá están pasando cosas terribles. Pero el enfoque de abordar esas temáticas… cada quien tendrá una forma distinta de abordarlas. Me parece que eso es el arte, que te permite hacerlo de donde te suena más, donde te evoca más.

En una conversación anterior, decía que el trabajo más aburrido que había hecho en su vida era el de empleada de una planchaduría (dry clean). Después, curiosamente, se convirtió en uno de los escenarios más importantes de “Volar”.

¡Sí, es terriblemente aburrido! Yo trabajé en esas máquinas como por tres días, y me despidieron por obvias razones. Es un calor, es un ruido, es una contaminación absurda, un encierro, te falta el aire, una cosa espantosa. Es un trabajo que hizo mi madre por muchos años. Claro, lo que te transmite visual y emocionalmente es rotundo, pero estar allí es terrible. Para mí la intención de incluirlo en la película era exponer eso, que estas mujeres están allí como otra máquina más, “así como esta plancha, esta prensa”. Allí no importa si tiene sed, si se desmaya, si le entró calor, nada. “Cuando ya no prensés bien, habrá otra que te sustituya”.

A usted le funcionaba bien porque necesitaba tener eso, un ambiente de opresión.

Claro. La peli tiene muchos símbolos. Empezamos con un ventilador, que está con el aire saliendo, es una forma de quererte ir de ese espacio, pero estás allí, metido, hasta que aguantés. Y luego de ese trabajo, no es que te vayás a tu casa, te vas a otro trabajo.

También en una conversación anterior dijo que la imagen más hermosa que había visto en su vida, la que más acudía a su memoria, era cuando a los nueve años se reencontró con su madre después de tres años sin verla.

Es una sensación que se me repite cada vez que la voy a ver. Es la mismísima emoción, los mismos ojos, como venados, de buscarnos entre la gente que está allí, conectar, y salir a abrazarnos. Es la sensación que tengo desde que era chiquita y la repito ahora de mayor, mi madre mayor aún. Y la sensación de despedida es igual de mala. Idéntica.

¿Cuánto tiempo tiene sin ver a su mamá?

No, yo la veo a cada rato, hoy sí. Pero en aquellos tiempos… La emoción es impresionante. Calcada. Como eso que sabés que vas a estar feliz, pero, también, que cuando te vayás te vas a sentir así de hecha mierda. Y vas a dejar a tu mamá muy mal. Eso no lo va a evitar nada. No hay nada que lo quite, ni la sensación de “¡ay!, nos vamos a ver en seis meses, mi mamá ahora está mejor, tiene un mejor trabajo, yo tengo la vida que tengo”, nada, no hay nada que te lo quite. Como cuando sabés que el pinchón de la aguja duele.

Usted tiene una productora. ¿Esta se encarga, también, de producir materiales no artísticos?

Sí, montón.

Quizás no soy el típico perfil mormón, no puedo ir todos los domingos a la iglesia, pero hay una serie de cosas de la religión en la que he crecido que están en mí. Pero soy humana. Ser religioso no nos exenta de hacer barrabasadas, seás mormón, cristiano, lo que querrás.

Esa es la forma con la que usted paga las cuentas.

Sí, exactamente. La verdad es que no creo que haya en El Salvador una productora que sea solo productora de cine. No hay. La verdad es que los cineastas valemos madre. Te lo digo de verdad. Estoy endeudada hasta las narices, como mal, no tengo tiempo ni de ver a mi familia. Es una vida superagotadora, pero como la pasión nos gana… Es que somos supertercos. Es lo único que nos permite hacer… yo doy clases, tengo trabajos extras, estoy terminando esta película, estoy con mi segunda película, y llega un momento en el que de verdad el cuerpo te dice “hasta acá”. El único motor es la pasión, para poder sobrellevar todo esto. Porque todos los que están haciendo una película te van a decir que llevan una vida jodida. Eso de las alfombras rojas no existe.

No hay nada más glamoroso que el cine, pero no hay nada más jodido.

En otros países será otra cosa, pero estamos hablando de donde hemos nacido. No es que yo me vea triste por eso, sino que simplemente tenemos que ser mucho más aguerridos para poder enfrentarlo todo. Porque, sino es muy fácil decir “ya no”. Y luego estar muy consciente de tus procesos. Por ejemplo, me han preguntado que viene después de “Cartas de Lucía”, que ni siquiera la hemos terminado.

¿Y qué viene?

Creo que estoy en un momento que necesito alimentarme a mí misma, quiero crecer como escritora, estoy justamente recibiendo un curso con Jacinta Escudos, porque creo que, antes de tomar un tercer proyecto, debo nutrirme. Tampoco tengo afán de volverme una máquina, de producir una película tras otra. Creo que estoy interesada en ir mejorándome, en ir profundizando más, en ir escarbando más cosas, eso requiere mucho tiempo, sobre todo si querés hacer películas, y de ficción sobre todo, porque son presupuestos más grandes y requieren mucha más gente. Tenés que asegurarle un montón de cosas a un montón de gente. Estoy en ese proceso.

¿“Cartas a Lucía” ya está filmada?

Sí, acabamos de terminar el rodaje, nos hacían falta dos escenas, pero las acabamos de terminar. Ahorita está en el proceso del primer montaje.

Para esta, ¿los recursos vinieron también de Pixels?

Sí. Con “Volar” íbamos con un proceso de prueba y error. Hoy sabemos que existen fondos de desarrollo de proyectos, de working progress, pues tuvimos la oportunidad de participar en una convocatoria, fuimos seleccionados para ir a México y nos ganamos un premio para la música de la película. Como que vas aprendiendo que hay otras fórmulas.

Quizás no soy el típico perfil mormón, no puedo ir todos los domingos a la iglesia, pero hay una serie de cosas de la religión en la que he crecido que están en mí. Pero soy humana. Ser religioso no nos exenta de hacer barrabasadas, seás mormón, cristiano, lo que querrás.

Usted es mormona. ¿Eso influye en su cine de alguna manera?

No. Creo que como escritor debés tener libertad. Son las temáticas y los personajes los que te van a dictar un montón de cosa. Por ejemplo, en mi religión no me recomiendan ser amante de nadie, y de pronto en “Volar” hay una situación de amantes. Pero es una realidad humana. Es una temática que a mí me llama en ese contexto de la migración, cuando estás tan solo y estás tan vulnerable, donde te podés entregar a alguien aunque esta persona en realidad no esté para vos. Y eso es muy humano también, y la religión es muy humana.

¿Pero la religión sí es importante, de alguna manera, en su trabajo?

Ahora sí, que hay ciertas cosas de valores con las que he crecido y que son parte de mí, una serie de cosas que obviamente dirigen mi vida, y que dirigirán, en parte, mi trabajo. Pero no tengo esos sesgos, porque me parece que también la religión lidia con la humanidad y que la humanidad es un cagarla muchas veces y enfrentarte a errores donde decís “¿cómo dejo esto, cómo supero esto otro?”.

¿Cómo vive, entonces, la parte religiosa de usted?

La vivo de una forma muy individual, quizás no soy el típico perfil mormón, no puedo ir todos los domingos a la iglesia, pero hay una serie de cosas de la religión en la que he crecido que están en mí. Pero soy humana. Ser religioso no nos exenta de hacer barrabasadas, seás mormón, cristiano, lo que querrás. Justamente la obra que estoy escribiendo, de la que estoy intentando hacer el primer boceto en el curso con Jacinta, va de las venganzas que te llevan hasta situaciones donde podés matar a alguien. En ese contexto y en esa realidad que estoy planteando allí, es válido, te han jodido tanto en la vida… de hecho “Paula” (su primer cortometraje de ficción, estrenado en 2013) se trata de ese dilema: estás en esa encrucijada, has llegado a tales grados de maltrato que te planteás “este hombre me mata o lo mato”. De pronto no es un pensamiento muy mormón, pero es muy humano. La humanidad te empuja a cosas terribles.

¿No siente que la religión la reprima?

Me ha reprimido en otras cosas, pero ahora, quizás desde esta faceta del arte y de la expresión, no. Pero la religión, sobre todo cuando te la enseñan con mucho temor, puede ser muy represora. “No hago las cosas por miedo”. Ya de grande entendí que tenía que hacer las cosas por amor. Muchas veces las religiones, en un afán de cuidarte, te coartan de una manera que luego estás cagado de miedo y con unos traumas… pero eso es en otras facetas de la vida, en la parte artística creo que no. Se ha convertido en la forma de explayarme.

De liberarse.

Creo que los artistas mucho lo hacemos. Muchos de nuestros temores, nuestros traumas, nuestros dolores más profundos, inseguridades, en el arte es donde afloran. ¿Imaginate a un artista que ni en su propio arte pudiera liberarse de esas opresiones? Pobre. Gracias a Dios, nosotros podemos hacerlo desde esas vías.

Brenda Vanegas contó con el apoyo varias empresas, instituciones y personas naturales en el crowdfunding que salvó la cinta. 

Los adultos mayores de un Estado negligente

Beneficiario. Humberto Torres tiene 82 años. A los 13 aprendió el oficio de sastre. Tiene hijos, pero viven en el exterior. Fue operado de los ojos y ya no pudo seguir trabajando.

María es persuasiva y coqueta. Se ríe mucho y sus ojos negros persiguen vivaces cualquier movimiento dentro de su cuarto. Sus amigas dicen que tiene 98 años y otros dicen que tiene 94. Ella no lo sabe precisar. Esta tarde lluviosa está acostada en una cama porque se rompió la cadera y está en recuperación. Cuando ve que un hombre de pelo entrecano entra a su dormitorio, pone en práctica su estrategia. Lo llama para que se acerque, lo toma de la mano, le sonríe y le pide una cosa: pollo frito.

La táctica es recurrente, cuentan. “La Mariyita”, como le dicen aquí, siempre quiere comer lo mismo. Y, aunque lo primero que encuentra ante sus súplicas es un no, el hombre cede y manda a alguien a comprar un pedazo de pollo a un negocio cercano. Él no es un familiar o amigo. Es Rizzieri Luzzi, el encargado del dormitorio público de la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad (FUSATE) de Santa Tecla.

María llegó a este lugar porque se quedó sola. La historia de vida que suele contar es así: Su esposo era soldado en Chalatenango. Ella trabajaba como niñera. Tenían tres hijos. Durante “la guerra de los ochenta” murieron sus hijos y su pareja. Dice que ellos nunca se hicieron una mala mirada y se quisieron “del alma”, que hoy ya se conforma porque ha gozado bastante en la vida.
Que los adultos mayores se queden sin casa o familia no es una situación inusual. De una muestra de 2,000 adultos consultados por el Gobierno, el 46 % respondió que vive solo o con amigos. El 83 % expresó no contar con vivienda propia.

La cifra de adultos mayores en el país alcanza los 808,000, lo que representa al 12.4 % de la población salvadoreña. Se cree que ese porcentaje crece 0.5 % anualmente. Y el grupo etario de adultos mayores que más ha crecido es el de quienes sobrepasan los 80 años. Además, hay cerca de 2,000 personas mayores de 100 años. Así lo asegura la Dirección de Personas Adultas Mayores de la Secretaría de Inclusión Social (SIS).

A pesar de que en la actualidad El Salvador es un país joven, si las tendencias se cumplen, el escenario cambiará en los próximos años. La sociedad está envejeciendo. La SIS explica que actualmente hay un promedio de 16 personas jóvenes por cada adulto mayor, pero, de acuerdo con las estimaciones de la región, en 50 años la proporción será de dos jóvenes por cada persona de la tercera edad.

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Capacidad. La gran mayoría de los beneficiarios del dormitorio son hombres. El centro tiene espacio para 93 personas.

EL ACCESO A VIVIENDA DIGNA NO ESTÁ GARANTIZADO

La Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor, publicada en 2002, indica que la vivienda adecuada es un derecho fundamental de las personas. Y no solo eso, reconoce que en caso de desamparo o abandono, le corresponde al Estado la atención de adultos mayores.

Pero la realidad no coincide con el papel. En la práctica, los protagonistas de esta labor son las ONG, las fundaciones sin fines de lucro y las iglesias. Jennifer Soundy, titular de la Dirección de la Persona Adulta Mayor, considera que la ley vigente es débil. Y que eso se pone en evidencia porque la ley “no establece mecanismos de sanción por incumplimiento de los derechos”.

Si se tiene conocimiento de un hogar de ancianos que no cumple con los requisitos de limpieza o cuidado adecuados, Soundy asegura que no existe una manera de que el Consejo Nacional de Atención Integral a los Programas de los Adultos Mayores (CONAIPAM) pueda cerrarlo definitivamente.

“Muchos centros de atención se abrieron sin regulaciones y funcionan sin regulaciones, pero la Corte Suprema de Justicia es muy clara en decir que si se quiere sancionar, eso tiene que estar dicho. Una ley tiene que decir de cuánto es la sanción, el proceso para ponerla y cómo esa persona puede apelar de una resolución sancionatoria. La ley le pone una facultad al CONAIPAN, pero no le da el debido proceso para hacerlo y entonces, por mucho que yo vaya y vea una cosa terrible en un hogar, como CONAIPAM no lo puedo cerrar porque no existe un procedimiento legal para hacerlo”, argumenta la directora.

A su juicio, uno de los logros más grandes del país en términos de legislación es la presentación de la Política Pública de la Persona Adulta Mayor el año pasado. Sin embargo, por su naturaleza, su impacto es más reducido del que tendría una ley nacional y solo las instituciones que pertenecen al Órgano Ejecutivo son las responsables de aplicarla.

Pertenencias. Para mantener el orden, FUSATE brinda a sus beneficiarios un espacio limitado en el que pueden guardar su ropa y los recuerdos de toda una vida.

En 2016 se presentó un nuevo anteproyecto de ley para beneficiar a personas de la tercera edad ante la Asamblea Legislativa. La encargada de estudiarla es la comisión de la familia, niñez, adolescencia, adulto mayor y personas con discapacidad. Casi dos años después de haber sido presentada, la comisión no la ha aprobado. Que el estudio de esta ley va “caminando”, se limitó a expresar el diputado Rodolfo Parker, a través de una aplicación de mensajería móvil. Él es presidente de la comisión y afirmó que la ley se aprobará en la legislatura presente, pero hasta después de las elecciones de alcaldes y diputados.

En un escenario donde ni siquiera el marco legal que protege a los adultos mayores está claro, solucionar el tema de vivienda para ellos no parece ser prioridad. El Estado cuenta en San Salvador con el Centro de Atención a Ancianos Sara Zaldívar, pero en ese espacio, asegura Rizzieri Luzzi, el administrador del dormitorio público de Santa Tecla, solo “llegan personas que ya no se pueden valer por sí mismas”.

La situación es diferente en este centro tecleño. Un ejemplo de ello es Baudilio Miranda, un beneficiario del lugar. Tiene 67 años y sobre el cuello lleva un juego de llaves de las puertas de este centro. Él hace trabajo voluntario en el dormitorio. Tiene un cuaderno donde, a diario, anota quién llega al lugar y el motivo de la visita. Sostiene que desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche está encargado del portón principal. Terminado su turno, procede a cobrarle $0.50 a los demás beneficiarios. Veinticinco centavos de dólar son por el derecho al uso de baños y los otros $0.25 corresponden al derecho de cama.

“FUSATE es una institución que vive con base en donaciones, huérfana del apoyo estatal”, afirma Luzzi. En este centro los adultos mayores pueden salir cuando lo deseen, siempre que sea de día. Entre ellos hay quienes todavía se encuentran hábiles para realizar una actividad que represente un ingreso económico. Y es que, en teoría, para poder quedarse en este lugar es necesario que las personas sean independientes.

El administrador de este centro asegura que, en realidad, no todos los ancianos pueden conseguir los $0.50 diarios y que, al contrario, la mayoría no los paga. Conseguir esa cantidad no es tarea sencilla en esta etapa especialmente vulnerable de la vida. Por ejemplo, hay un hombre que vende sorbetes en un carretón, pero no sin molestias. Usa unos guantes negros sobre las manos que empujan su venta para protegerse. La escena puede parecer extraña, hasta que él la explica: “El sol me molesta cuando me pega aquí, me salen ronchas”.

En su afán de conseguir monedas para el día a día, algunos venden agua en bolsa en el mercado municipal o en las calles aledañas. Otros piden dinero en la calle, unos comercian medicinas y hay hasta músicos que cobran por tocar canciones en una guitarra. Aunque este centro es ocupado por 93 personas, el administrador asegura que la cantidad de monedas que se recibe como contribución de los beneficiarios es mínima: “A veces son $5, a veces son $6”.

Rizzieri Luzzi asevera que ese dinero se ocupa como caja chica y sirve para pagar la factura del agua para este casi centenar de personas. El administrador recalca: “Aquí veo las necesidades del adulto mayor, que está abandonado. Aquí no existen entidades estatales que se dediquen a favor del adulto mayor”.

“Una ley tiene que decir de cuánto es la sanción, el proceso para ponerla y cómo esa persona puede apelar una resolución sancionatoria. La ley le pone una facultad al CONAIPAN, pero no le da el debido proceso para hacerlo y entonces, por mucho que yo vaya y vea una cosa terrible en un hogar, como CONAIPAM no lo puedo cerrar porque no existe un procedimiento legal para hacerlo”, argumenta la directora.

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SIN EDUCACIÓN, EL FUTURO SE NUBLA

“Ya vas, vas Barrabás, ya vas”, canta un hombre de cabello largo y blanco sobre una tarima. Una mujer con una camisa de estampado de tigre no puede contener la energía y se sube, de manera improvisada, a bailar junto al cantante esta canción de rock and roll. La música suena a todo volumen en el cuartel El Zapote, de San Jacinto. Sobre la tarima está la razón de este salto de euforia entre un grupo de señoras de la tercera edad. Luis López, conocido como “el Monseñor del Rock”, se agacha, toca una guitarra imaginaria, hace muecas rudas con la cara, mueve la cadera, levanta una pierna y recorre el escenario con sus mejores movimientos al estilo de Elvis Presley.

Este miniespectáculo de Luis López se realiza en el festival Acercando Generaciones, un evento de la SIS para celebrar el Mes del Adulto Mayor. Con solo tres canciones Luis López logra animar a su público. Cuando baja del escenario, algunas señoras llegan a saludarlo y a pedirle fotos. Mientras espera para irse del lugar, él comenta que la calidad de vida del adulto mayor “depende de cómo fue su vida cuando joven. Muchos tienen una vida holgada, pero la mayoría de adultos mayores yo creo que están desprotegidos porque no hay leyes que los protejan realmente. No hay instituciones que se preocupen por ellos”.

Reina. María cuenta que fue reina de la tercera edad hace algunos años. En el centro recibe visitas de iglesias y voluntarios que realizan manualidades o brindan plática y compañía a los adultos mayores.

A López se le pregunta si no es una contradicción decir que no hay instituciones que se preocupen por el adulto mayor cuando, precisamente, acaba de cantar en un evento dirigido a personas de la tercera edad. “El Monseñor del Rock” no duda en contestar.

“Este es un dulcito. ¿Cuántos adultos mayores hay en el país? Y mire cuántos hay aquí. Si es que el problema no es de darles un dulcito. El problema es de darles la oportunidad de ser productivos aunque estén viejos. Debería haber talleres vocacionales en todo el país. Y tampoco hablo de eventos. Estoy hablando de una oportunidad real de trabajo. Una oportunidad en la que el adulto mayor se pueda desarrollar hasta que muera”.

A solo unos metros del escenario camina Marta Jiménez, una mujer pensionada de 70 años. Se pasea entre las mesas que se han colocado en este evento dentro del cuartel. Dice que siempre busca mantenerse ocupada y aprender cosas nuevas.

Marta pide algunos folletos de las mesas de información de servicios en este evento y hay uno que le llama especialmente la atención. Es el que se refiere al bachillerato virtual. Cuenta que fue secretaria durante 30 años y que sabe manejar las máquinas de escribir y las computadoras, pero que su pensión no le alcanza para cubrir sus gastos y que consigue vivir con la ayuda que le dan sus hijos. Luego dice que hoy quisiera sacar el bachillerato e ir a la universidad porque nunca pudo conseguir su sueño de ser abogada especializada en derechos humanos.

El Informe sobre Desarrollo Humano 2013 de Naciones Unidas reveló que en El Salvador no existe movilidad social, es decir, que la mayoría de sus ciudadanos permanece en la situación económica de la familia en la que nacen. Romper los círculos de pobreza en cualquier etapa de la vida es una tarea difícil. La educación, por tradición, ha sido vista como la mejor herramienta para salir de esos círculos. Pero conseguirla a una edad avanzada, no es tarea sencilla.
El 31.9 % de los adultos mayores de El Salvador son analfabetas, de acuerdo con cifras oficiales. Y si la población de la tercera edad es de 808,000, eso significa que al menos 257,000 de ellos no saben leer ni escribir. Además, “entre las personas de 60 años y más, la tasa de analfabetismo es 11.7 puntos porcentuales mayor en mujeres que en hombres”.

Esa disparidad sirve para explicar por qué dentro de los círculos de alfabetización para adultos del Ministerio de Educación las mujeres doblan en cantidad a los hombres que se inscriben para aprender a leer y escribir en su tercera edad. En 2016 fueron 2,555 hombres y 4,797 mujeres. El año pasado la tendencia se mantuvo y fueron alfabetizados 2,853 adultos mayores hombres y 5,570 mujeres.

En cambio, la cantidad de adultos mayores que son voluntarios para alfabetizar es muy reducida. En todo el país, durante 2016 hubo 31 hombres mayores enseñando a leer y escribir y 29 mujeres. En 2017 la cifra se redujo aún más y solo fueron 24 hombres y 20 mujeres.

El acceso a la educación influye en los tipos de trabajo a los que las personas pueden optar. Y es ese trabajo el que, en buena parte, define la calidad de vida que tienen los adultos en su vejez. Por ejemplo, las personas que viven en el dormitorio público de Santa Tecla no son beneficiarias de ninguna pensión. Durante sus años productivos la mayoría realizó trabajos de oficios domésticos o servicios informales. Aquí hay sastres, pequeños comerciantes, y entre los pasillos también se escuchan historias de artistas, músicos y futbolistas que al llegar a la vejez no contaron con ningún sistema de respaldo.

Los adultos mayores dentro de un sistema de trabajo formal y sus beneficios son minoría. Desde 2014, en promedio, son 27,000 los hombres mayores de 60 años que cotizan al régimen de salud del ISSS y la cifra de mujeres se queda cerca de los 10,000. La cotización de estas personas representó hasta septiembre del 2017 un 3.72 % de la cifra total.

El Programa de Pensión Básica Universal consiste en una ayuda económica para personas mayores de 70 años que no se encuentran pensionadas. De acuerdo con documentos del Gobierno, esta es entregada a 32,800 personas. El monto que los beneficiarios reciben es de $50. Pero esa cifra contrasta con el precio de la canasta básica que, hasta diciembre del año pasado costó $137.84 en la zona rural y $200.39 en la zona urbana.

El acceso a la educación influye en los tipos de trabajo a los que las personas pueden optar. Y es ese trabajo el que, en buena parte, define la calidad de vida que tienen los adultos en su vejez. Por ejemplo, las personas que viven en el dormitorio público de Santa Tecla no son beneficiarias de ninguna pensión. Durante sus años productivos, la mayoría realizó trabajos de oficios domésticos o servicios informales. Aquí hay sastres, pequeños comerciantes, y entre los pasillos también se escuchan historias de artistas, músicos y futbolistas que al llegar a la vejez no contaron con ningún sistema de respaldo.

Info
Educación y alfabetismo

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Asistencia estatal. La Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor asegura que cuando la familia no se responsabilice de sus adultos mayores, el Estado debe garantizar su atención.

EL DERECHO AL BIENESTAR EMOCIONAL

Tener acceso a una pensión por jubilación también significa poder ser beneficiario de otros programas ocupacionales. Implica tener una mayor oportunidad de crear un círculo social amplio y de conseguir apoyo emocional fuera de la familia. Por ejemplo, el ISSS cuenta con siete centros de Atención de Día. Estos son espacios donde los adultos mayores se reúnen y toman clases de actividades como repujado, yoga, baile o telares. Algunos adultos pasan todo el día ahí y se reúnen con sus amigos antes de volver cada noche a sus casas.

El Centro de Atención de Día del ISSS de la colonia Layco, una casa a la que asistían cerca de 100 personas, se quemó a finales de enero. Cuando se visita este espacio, lo único que se encuentra es un portón cerrado y un encargado que cuenta que el incendio ocurrió un sábado -día en el que no había nadie– y que, probablemente, se debió a un cortocircuito.

Ahora los beneficiarios de ese centro fueron trasladados a la cuarta planta del Policlínico Zacamil, donde reciben sus talleres. A diferencia del Centro de Atención, los adultos mayores no pasan todo su día en talleres y platicando con sus amigos. Asisten a una clase que les interesa y regresan a su casa. El hospital les cede el espacio del auditorio y, si los adultos mayores quieren aprender algo, se organizan entre ellos mismos para conseguir maestros y sus propios materiales.

La socialización y que las personas se sientan parte de una comunidad es vital para la salud integral de los adultos mayores. El Ministerio de Salud registró que el año pasado atendió a 13,000 adultos mayores por ansiedad y a 7,000 por depresión. Ese número de atenciones incluso sobrepasa a las que fueron brindadas para tratar padecimientos como la demencia.

El bienestar emocional de las personas de la tercera edad es reconocido como una prioridad. La consulta de la Política Pública de la Persona Adulta Mayor reveló que el principal derecho que los adultos mayores exigen, incluso antes que el acceso a una pensión y vivienda digna, es “el cuidado que deben recibir con amor y buen trato”.

Ingreso económico correcto

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EL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA NO ES SUFICIENTE

Sin pensiones. Al menos el 80 % de los adultos mayores del país no tienen acceso a ningún tipo de pensión. Algunos se dedican a trabajos varios e informales para poder sobrevivir.

Ya que la mayoría de salvadoreños de la tercera edad no cuenta con Seguro Social, recibe sus atenciones médicas a través de las redes de establecimientos del Ministerio de Salud. La ley de Atención Integral a las Personas Adultas Mayores reconoció hace 16 años que la atención médica geriátrica es un derecho fundamental de los adultos mayores; sin embargo, este no se cumple.

En El Salvador, una persona de edad avanzada y de recursos económicos limitados no puede recibir tratamiento especializado según su condición etaria. “El ministerio no cuenta con geriatras en sus estable cimientos, hay personal que ha sido preparado con diplomados y cursos en geriatría, pero no especialistas”, respondió la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos del MINSAL a través de una solicitud de información pública.

En El Salvador sí hay geriatras en el ejercicio privado. Estos son médicos que han realizado sus estudios en el extranjero ya que la especialización no existe dentro del país.

Las principales causas de muerte de adultos mayores durante los últimos cuatro años han sido infarto, insuficiencia renal crónica y neumonía. Annette Chicas, médica general y estudiante de una maestría en gerontología en línea, explica que para el tratamiento médico de una persona de la tercera edad “se necesita un doctor especializado”. De acuerdo con la profesional, al no contar con esta atención, “muchas veces se retrasa el diagnóstico y esto entorpece el pronóstico”.

“Hemos tratado de meterlo en varias universidades, no ha habido respuesta”, dice Jennifer Soundy, la titular de la Dirección de la Persona Adulta Mayor de la SIS, y asegura que cuentan con los planes de estudio de una maestría en gerontología. Luego explica que la búsqueda de esa especialización es “un salto cualitativo que tiene que hacer el MINSAL. La SIS no puede asumir los roles de todos los demás ministerios”. Soundy comenta que el año pasado la institución en la que trabaja otorgó 42 becas para un diplomado en atención geriátrica, pero solo 35 profesionales lo completaron.

Soundy denuncia ciertas acciones dentro de los hospitales que, a su juicio, están normalizadas y son violentas para la población de adultos mayores. Habla sobre la sujeción, una técnica que consiste en amarrar a las personas a las camas: “Esta es una práctica hospitalaria terrible. La excusa que le van a dar todos es que es por tema de seguridad. Para que no se caiga de la cama, pero está comprobado que muchas veces la pita con la que amarra puede ahorcar a una persona, puede lesionarla, fracturarla. Es más peligroso el remedio que la enfermedad. Y muchos de estos temas de sujeción no están regulados, o sea, hasta el ordenanza puede atar”.

También considera que otras prácticas hospitalarias de rutina, como la sola entrega del alimento, son insuficientes ante las necesidades de la vejez: “Vaya un día a un hospital y pregunte si les dan de comer, porque esa no es la práctica. Si es alguien que no puede comer por él mismo, dejarle el plato ahí es igual que no darle de comer, ¿no?”.

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CUANDO NO HAY RED DE SEGURIDAD

Joselino Ayala tiene 61 años, una manta gruesa, una mochila y una botella con agua. Eso es lo único que posee. Él duerme en una calle del centro de Santa Tecla. Es de apariencia ruda y cabello enmarañado. Hoy tiene la mirada perdida y está acostado en el suelo con las manos cruzadas sobre el pecho. Le duele una muela. A diferencia de los hogares de ancianos donde reina la música, en la acera donde Joselino duerme solo se escucha el pasar de los buses y los camiones.

Joselino es serio, pero a los 10 minutos de plática, cuando se le pregunta cómo hace para conseguir comida, los ojos le empiezan a brillar. A los pocos segundos, sus ojos no pueden contener las lágrimas que empiezan a acumularse. Joselino sigue hablando. La voz no se le quiebra y mantiene un gesto estoico. “De todos modos, qué voy a hacer, así me toca”, dice.

Él narra que cuando era joven tuvo parejas, pero que nunca pudo tener hijos. Cuenta que desde hace un par de años, cuando murieron sus padres, quedó en la calle. Pero asegura que aquí, en la calle, no le pasa nada. En un par de minutos repite cuatro veces esa misma frase, casi como un mantra.
La población de adultos mayores no está exenta de los golpes, homicidios y violencia sexual que colman los noticieros de El Salvador. La Fiscalía General de la República registró que en 2017 fueron asesinadas 192 personas mayores de 60 años. Además, desde 2014 hasta mediados de diciembre, se tuvo conocimiento de 3,012 adultos mayores denunciando un hurto ante la Policía y 3,096 denunciando amenazas.

“La persona adulta mayor es una de las víctimas más silenciosas de la violencia. Esta se manifiesta desde agresiones físicas y sexuales hasta formas más sutiles, como la negligencia o el abandono”, se asegura en la Política Pública de la Persona Adulta Mayor.

En 2016, una decena de adultos mayores fue evaluada por el Instituto de Medicina Legal por sospechas de violencia sexual. En 2017 la cifra aumentó y fueron 22 las personas evaluadas por el mismo motivo. Las agresiones no paran ahí. Hace dos años esa misma institución evaluó a 641 personas de la tercera edad por maltrato físico y el año pasado la cifra subió hasta rozar los 700.
“Aunado al silencio que generalmente encubre los escenarios de violencia contra mayores, los mecanismos de protección resultan ineficientes, lentos y burocráticos para la protección efectiva”, también se lee en la política.

“La persona adulta mayor es una de las víctimas más silenciosas de la violencia. Esta se manifiesta desde agresiones físicas y sexuales hasta formas más sutiles, como la negligencia o el abandono”, se asegura en la Política Pública de la Persona Adulta Mayor.

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ENVEJECER COMO QUIEN RECOGE FLORES

“En nuestro país no hay conciencia de que va a llegar un día en que todo mundo envejece. Cuando era joven miraba a las personas mayores y pensaba que yo jamás iba a llegar a eso y… sucede”, narra Rizzieri Luzzi, el hombre de pelo entrecano y administrador del dormitorio público de FUSATE en Santa Tecla. A su juicio, faltan políticas que permitan visualizar a la senilidad como un período en el que se recogen los frutos sembrados de una vida entera.

“La vejez es una parte integral e importante de nuestro ciclo como seres humanos, la cual debe ser valorada, como todas las otras etapas de nuestras vidas. La vejez no debe ser sinónimo de pérdida de derechos, sino que debe ser sinónimo de respeto y sabiduría”, dijo Vanda Pignato en un evento realizado para los adultos mayores el 25 de enero de este año. A pesar de los reconocimientos institucionales, El Salvador aún tiene un largo recorrido para reivindicar a sus adultos mayores.

El Estado le ha fallado a sus ciudadanos y en una misma consulta realizada gubernamentalmente, las personas de la tercera edad manifestaron que las entidades a las que les tienen más confianza son las iglesias.

Una de las internas con edad más avanzada del dormitorio público de FUSATE, María, confía también en las iglesias. Estas son las que han procurado sus comidas en el dormitorio durante los últimos años. En este tipo de espacios la principal ayuda no es estatal, sino que proviene de la caridad.

María, quien alguna vez trabajó como niñera, ahora sobrevive gracias al cuidado de otros. Es necia y, así como pide pollo, a veces pide que le ayuden a levantarse y la dejen caminar aunque tiene la cadera quebrada. Y cuando nadie le ayuda porque eso contradice las indicaciones del doctor, se para ella sola e intenta caminar sosteniéndose entre camas y paredes.

Esta tarde lluviosa de febrero está acostada y tranquila en su cama. En su pared hay recortes de corazones rojos y ella está de buen humor. Cuenta que a veces mira en sueños a su cónyuge ya fallecido: “Pero a mi esposo lo revelo como que es un muchachito así… contento. ‘Mirá, amor –me dice–, no te aflijás. Nosotros estamos bien allá. Y dentro de poco vas a llegar vos’. Están cortando flores, flores así, los manojos. Viera qué bonito. Yo por eso no me aflijo”.

Sin vivienda. El 83 % de los adultos mayores consultados para la realización de la Política Pública de la Persona Adulta Mayor dijo que no contaba con vivienda propia en la cual habitar.

Violencia lanza a salvadoreños a vivir calvario en Costa Rica

Arribo. 1,500 ciudadanos salvadoreños llegaron a Costa Rica en 2017 por amenazas y cobro de extorsiones de pandillas.

Obligados a escapar por la creciente violencia de las pandillas, al menos 1,500 salvadoreños eligieron en 2017 vivir en Costa Rica para intentar reconstruir su vida y recuperar lo que perdieron en su país.

Aquí pretenden recobrar la calma de saberse a salvo en la casa, la certeza de salir a trabajar sin recibir amenazas de muerte y la normalidad que se teje en medio de lo cotidiano, como cuando se va a traer el pan en las mañanas o se hacen las compras en el supermercado.

Por ello, los migrantes salvadoreños llegan con altas expectativas, pero son ilusiones que se rompen con el pasar del tiempo por la demora de los trámites, las dificultades de hallar empleo, la incertidumbre de encontrar una casa y el proceso de adaptación mientras se está en una condición vulnerable.

Andrés (nombre ficticio por motivos de seguridad) vino por primera vez a Costa Rica en diciembre del año pasado, cuando trabajó en un proyecto temporal de construcción en Limón, junto con otros 92 salvadoreños.

Con el dinero que había ganado aquí, pintó su vivienda en El Salvador y le cambió el piso. Una decisión así de habitual llamó la atención de las pandillas y un día uno de sus integrantes se le acercó para informarle que si él y su familia querían “seguir viviendo bien”, tenía que empezar a pagar $400.

“Les empecé a dar el dinero, pero cada vez que entraba a la casa me pedían que les diera algo aparte de los $400”, asegura Andrés.

Él era chofer de microbús en la ruta 42 de San Salvador y en una ocasión tuvo un episodio con un pandillero en el que por poco pierde la vida.

“Esa vez estaba en una calle dentro del microbús, esperando mi turno para hacer el viaje, cuando de repente llegó un chamaco de la nada y me dijo ‘te vas a morir’, y me disparó en la cabeza. Cuando sentí el quemón, arranqué y manejé a 100 hasta donde aguanté”.

Su teoría es que quien le disparó lo estaba confundiendo con un pandillero.

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PUEBLO CHICO, INFIERNO GRANDE
El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica, está asediado por las pandillas y es considerado uno de los más violentos del mundo.
En 2015 se registraron 6,650 homicidios, alcanzando la tasa de 103 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Mientras que en 2016 la tasa fue de 82 homicidios por cada 100,000, atribuidos principalmente a las pandillas.
En tanto, Costa Rica reportó una tasa de homicidios de 12 por cada 100,000 habitantes.

Andrés regresó a suelo costarricense con su familia hace cinco meses, con el plan de quedarse y con la esperanza de encontrar trabajo rápido, pero se siente frustrado porque las puertas aún no se abren.

“Anduve caminando por todas las calles de aquí cerca buscando obras de construcción para trabajar, pero siempre me decían que sin permiso laboral no podía, que solo con el pasaporte no”, relata.

En Costa Rica, las personas tienen la posibilidad de pedir refugio en los puestos fronterizos, el aeropuerto o en las oficinas de la Dirección de Migración, en La Uruca. En ese momento, se les brinda un documento que certifica que están a la espera de una resolución sobre un trámite migratorio y no pueden ser deportados.
Además, cuentan con acceso gratuito a los servicios de salud y educación, y al cumplir los tres meses dentro del territorio nacional pueden optar por un permiso de trabajo.

La espera también es un golpe bajo. La Unidad de Refugio de Migración, que se encarga de recibir las solicitudes y emitir una recomendación sobre ellas, actualmente tarda cerca de 11 meses para efectuar la entrevista, que corresponde al primer paso del proceso que definirá si se otorga o no la condición de refugio.

“Nosotros como oficina no estamos en capacidad de dar respuestas oportunas a las necesidades de estas personas (salvadoreñas), que vienen en condiciones muy vulnerables y que necesitan una contestación inmediata al presentar la petición”, reconoce Allan Rodríguez, director de la Unidad de Refugio.

La avalancha de solicitudes (ingresan cerca de 600 por mes) y la falta de personal dificultan que el departamento conceda una respuesta ágil, como ocurría hace un año, cuando entre la solicitud y la entrevista pasaba máximo un mes.

En Costa Rica, las personas tienen la posibilidad de pedir refugio en los puestos fronterizos, el aeropuerto o en las oficinas de la Dirección de Migración, en La Uruca. En ese momento, se les brinda un documento que certifica que están a la espera de una resolución sobre un trámite migratorio y no pueden ser deportados. Además, cuentan con acceso gratuito a los servicios de salud y educación, y al cumplir los tres meses dentro del territorio nacional, pueden optar por un permiso de trabajo.

El flujo migratorio de los salvadoreños tomó fuerza en 2015, cuando se registraron 801 peticiones de refugio, mientras que en 2016, el total fue de 1,471 solicitudes.

No obstante, aunque las cifras sean elevadas, el nivel de las aprobaciones no es significativo. Hasta setiembre se habían avalado solo 54 diligencias. Según Rodríguez, esto sucede porque las personas no fundamentan bien su solicitud de refugio o simplemente no califican para obtenerla.

El estatus de refugiado se le concede a quien compruebe que su vida corre peligro en el país de origen y que el Estado no hace nada para protegerla. Son personas con temores fundados de ser perseguidas por su preferencia política, sexual o religiosa, o bien por su género, nacionalidad o por pertenecer a un grupo, por ejemplo, ambiental.
Aunque el sistema para otorgar el estatus de refugio –único en América Latina– es considerado un proceso virtuoso de Costa Rica, en la actualidad el esquema no resulta efectivo por la tardanza en los tiempos de respuesta ante la alta demanda de solicitudes que provienen, en su mayoría, de salvadoreños, venezolanos y colombianos.

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ESCAPE SILENCIOSO
Jorge (otro nombre ficticio para proteger la identidad) y su familia padecieron el acoso de las pandillas en carne propia.
Fueron hostigados por pandilleros al punto de que utilizaban su casa como escondite y también le asignaron a su familia un vigilante que en ocasiones se subía al techo de la vivienda para enterarse de lo que estaban haciendo.
Y el escenario se agravó en diciembre, cuando Jorge recibió la llamada de un hombre desde una cárcel en la que le indicaban que debía pagar $10,000 y que le daba la facilidad de hacerlo en “cuotas”.
“Me dijeron que si no pagaba, me iban a matar”, relata.
Decidieron huir de El Salvador, un viernes de mayo, a la medianoche. Dejaron su casa con los muebles y los electrodomésticos en el lugar de siempre para no levantar sospechas. Tomaron un autobús, cargando unas pocas maletas con ropa, y 20 horas más tarde estaban en Costa Rica.
Esa es la forma más común en la que están llegando los salvadoreños al país: en grupos familiares, trasladándose por tierra y con escasas pertenencias.

Adaptación. Jorge era motorista en El Salvador. En Costa Rica está sin trabajo y vive en una casa que alquila con su familia. La dueña de la vivienda les dejó los electrodomésticos.

En ocasiones, ya conocen de antemano a alguien que los ayuda a resolver dónde van a vivir y qué van a comer durante sus primeros días aquí, pero también hay quienes vienen sin tener contactos previos.
“Muchas veces tenemos literalmente a las personas con las maletas haciendo fila para pedir el refugio en Migración, llenan la solicitud y después nos dicen: ‘¿Ahora qué? ¿Cómo nos pueden ayudar?’ Ahí es cuando acudimos a las organizaciones de la sociedad civil”, indica Rodríguez.

Además, son personas que llegan emocionalmente frágiles debido al mismo ambiente de violencia con el que han convivido tanto tiempo. Por lo general, están acostumbradas a dormir poco y a estar alertas. A veces, incluso traen duelos muy recientes por el asesinato de familiares o vecinos.
Cuando Jorge y su familia lograron solventar el alquiler de una vivienda mediante el apoyo de una organización, les llevó tiempo adaptarse a la normalidad.

Solidaridad. En una muestra de solidaridad, un vecino de Jorge le regaló unas naranjas.

Era habitual que hablaran en voz baja para evitar que alguien los escuchara, como si el vigilante de las pandillas los siguiera rondando, y todavía le colocan un candado a la puerta, aunque a la par de ella hay una ventana sin vidrio.
Aunque algo positivo fue que dejaron de dormir por las tardes y retomaron el descanso en las noches, pues en su antiguo barrio salvadoreño debían pasar las horas de oscuridad atentos a si algún pandillero intentaba hacerles daño.
Jorge destaca que por primera vez sus hijos adolescentes salieron solos de noche, ya que en El Salvador toda la familia iba junta a cualquier parte por el temor de que algo trágico les pasara.
Su esposa, a quien llamaremos Ana, cuenta que a los pocos días de haber llegado a Costa Rica, compró su tiquete para regresar a El Salvador, pero luego cambió de idea.
“Le dije (a Jorge) que no estábamos haciendo nada, nuestros hijos estaban siendo dañados psicológicamente, les decían ‘perros’, ‘sapos’”.
A veces es demasiado duro, aquí es más psicológico, más de paciencia y más de pensar que no tenemos las herramientas para poder traer el alimento a la casa”, asegura Ana.
Y es que encontrar un trabajo sigue siendo un problema para la familia. Pese a que ya Jorge tiene el permiso laboral, dice que a los lugares a los que acude para pedir el empleo lo rechazan por no tener la cédula de residencia.
En criterio de Rodríguez, los salvadoreños tienen dificultades para encontrar trabajo en Costa Rica, porque muchos saben desempeñarse en oficios, pero carecen de un nivel profesional y esto los limita al momento de integrarse al mercado de trabajo.
Ambos resaltan que tampoco estaban preparados para vivir en un país mucho más caro al que estaban acostumbrados.
“Traíamos una cantidad de dinero que yo pensé que nos iba a alcanzar, pero llegamos acá y 100 se hicieron 50, y 50 se hicieron 25. Sentimos ese cambio exorbitante”, dice Jorge.

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LA VOS DESDE LA INSTITUCIÓN
El coordinador de la Unidad de Refugio, Allan Rodríguez, afirma que muchas de las solicitudes de refugio se rechazan porque quienes las presentan no califican para la condición. Considera que las peticiones de refugio en el país por parte de salvadoreños y venezolanos seguirán en aumento.
—¿A qué se debe el aumento de solicitudes de refugio?
En un país tan pequeño como El Salvador, las pandillas se han posicionado y tienen un dominio social de todo el territorio. De forma tal que la extorsión, impuesto de guerra o cualquiera de las formas de este tipo de delincuencia, hace que las personas tengan que estar saliendo a buscar protección ya no en territorio nacional, porque por el tema de la extensión, la posibilidad de movilizarse es casi nula.
—¿Cuál es la expectativa de los solicitantes de refugio salvadoreños sobre Costa Rica?
—La migración de El Salvador ha sido, por lo general, más hacia el Norte. Al endurecerse las políticas en las fronteras, los riesgos que surgen hacen que ese mirar hacia el Norte no sea tan seguro y ahí es cuando las personas miran hacia el Sur, donde Costa Rica es el destino más cercano y seguro.
¿Por qué la aprobación de las peticiones de refugio es tan baja?

Muchos. Los salvadoreños, junto con colombianos y venezolanos, son los grupos que más aparecen en los listados de solicitud de refugio en Costa Rica.

—La mayor cantidad de solicitudes son de personas de nacionalidad venezolana. Un porcentaje muy alto de estas personas viene por temas que no tienen que ver con el de refugio, pero que igual son crisis muy lamentables.
Y con los salvadoreños, muchas veces, las personas están saliendo antes incluso de recibir algún tipo de amenaza, porque a algún vecino o núcleo familiar que no es el primario le pasó algo. En esos casos, falta un elemento que es el de la persecución. En este tema el asunto de la prueba es bastante complicado porque no logran acreditar el tipo de situaciones en las que se encuentran.
—¿Cuál es el perfil del migrante salvadoreño y el del migrante venezolano?
Es bastante diferente el contexto del cual sale cada uno. Un alto porcentaje de las solicitudes de los venezolanos salen propiamente por la situación humanitaria: escasez de medicamentos, de alimentos, la inseguridad que se vive en Venezuela, eso hace que las personas estén saliendo.
En el caso de El Salvador, son las personas que han sido víctimas de las maras.
Un aspecto que les pone más cuesta arriba la situación a las personas salvadoreñas es que muchas veces no tienen un nivel profesional, sino que talvez se dedicaban en sus países a labores propiamente de oficios, como el comercio informal, eso hace que al llegar acá les cueste más integrarse a la sociedad costarricense. No es lo mismo la migración venezolana, que mucho es migración de profesionales y que poco tiempo después de estar acá son captados por las diferentes empresas. Es personal muy capacitado.
—¿Prevé que los flujos migratorios se mantengan?
—La tendencia se va a mantener. No se vislumbran cambios en Venezuela y la situación en El Salvador va a seguir de igual forma. No se ve en un futuro cercano alguna situación que revierta lo que sucede en la actualidad.

En ocasiones ya conocen de antemano a alguien que los ayuda a resolver dónde van a vivir y qué van a comer durante sus primeros días aquí, pero también hay quienes vienen sin tener contactos previos. “Muchas veces tenemos literalmente a las personas con las maletas haciendo fila para pedir el refugio en Migración, llenan la solicitud y después nos dicen: ‘¿Ahora qué? ¿Cómo nos pueden ayudar?’ Ahí es cuando acudimos a las organizaciones de la sociedad civil”, indica Rodríguez.

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ESFUERZOS
Ante los vacíos que existen en el país en el tema de refugio, el Gobierno y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) impulsan el Marco Integral de Protección y Soluciones de Respuesta a la Situación de Personas Refugiadas en Costa Rica (MINARE), el cual quiere poner en marcha una serie de medidas para reforzar las políticas de integración y pretende que se agilicen las respuestas para los solicitantes.
Una de las iniciativas plantea que el permiso laboral se otorgue al mismo tiempo que la persona realiza la petición para quedarse en el país.
Asimismo, sugiere que el carné de refugiado sea similar a la cédula costarricense para que se facilite su reconocimiento en las entidades bancarias y en los centros de salud, que en ocasiones niegan la atención al invalidar el documento.
Carmen Muñoz, viceministra de Gobernación, explica que otra de las intenciones de la iniciativa es que se incorpore la variable migración en las políticas contra la pobreza y de asistencia social al Plan Nacional de Desarrollo. Se prevé que el MINARE entre a regir en 2018.
El año pasado Costa Rica enfrentó una crisis migratoria por la llegada de miles de africanos y haitianos que intentaban viajar hacia Estados Unidos, a los cuales Nicaragua les cerró la puerta con su aparato militar y policial.

Gastos. Andrés fue extorsionado. La presión lo llevó a ahorrar para tener dinero por si le hacían daño a su familia. “Cuando me daban el salario, había que pagar luz, agua, teléfono y a las pandillas”.

El Calabozo: El retorno de una denuncia 26 años después

El Calabozo. Esta es la zona cercana al cantón Amatitán Abajo donde se ha construido un monumento para honrar a las víctimas de la masacre.
Amado Carrillo. Él denunció la masacre por primera vez en 1992. Sostiene ante los tribunales que su esposa y sus cuatro hijos fueron asesinados el 22 de agosto de 1982.

Amado Carrillo es un campesino de 78 años, de barba y cabello entrecano, del cantón Amatitán Abajo, de San Esteban Catarina, San Vicente. Esta mañana de enero cuenta que se siente un poco mal, que tiene calentura. El malestar se le nota en el cuerpo, pero ha esperado este día durante más de 20 años, así que ha ignorado la fiebre y ha decidido presentarse a un terreno cercano a la zona conocida como El Calabozo.

A unos metros del río, Amado se encuentra con el juez de Primera Instancia de San Sebastián. El juez lo presenta como la persona que “nos va a ayudar a identificar el lugar de los hechos”.

Así, a las 11 de la mañana y bajo el sol se inicia una caminata en la que la vereda se vuelve estrecha para una hilera de 30 personas. El grupo está conformado por víctimas y familiares, vecinos, periodistas, defensores de derechos humanos y peritos de la Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República. Este día Amado y otros dos testigos han sido llamados a identificar los lugares en los que, de acuerdo con su denuncia interpuesta en 1992, ocurrió la masacre conocida como El Calabozo.

En agosto de 1982, cientos de familias del municipio de San Esteban Catarina fueron desplazadas forzosamente de sus hogares. Los residentes de la zona afirman que caminaban durante las noches para huir de los bombardeos militares que se realizaban durante esos días en contra de la guerrilla y la población civil. Hasta que en la mañana del 22 de agosto, cuando los campesinos descansaban a la orilla del río Amatitán, al menos 200 personas desarmadas fueron emboscadas por militares. La operación militar fue nombrada Teniente Coronel Mario Azenón Palma.

A los pocos minutos de haber iniciado la caminata para realizar la inspección, se llega al río. Frente a este se ha construido un monumento con los nombres de personas que murieron en la masacre. El monumento está compuesto por unas placas y unas paredes pequeñas para protegerlas.

Las placas se colocaron en el lugar en el que Amado perdió a su esposa y a cuatro hijos cuyas edades iban desde los 14 meses hasta los 14 años. La mayoría de los presentes en este trámite desconoce el paradero de las osamentas de sus familiares. Ellos cuentan que a varios cadáveres se los llevó la corriente del río porque cuando sucedió la masacre era invierno y llovía torrencialmente; otros, fueron comidos por animales.

En un espacio entre el río y el monumento a las víctimas, el juez comienza a interrogar a Amado. La entrevista no dura más de cinco minutos.

—Necesito que me cuente, enseñándome los lugares posibles que usted recuerde, por favor –le indica el juez a Amado.
—Lo que yo recuerdo no se olvida en la memoria. Aquí fue un lugar difícil, donde el Batallón Atlacatl de allá empezó a disparar –dice y señala a unos 10 metros de distancia, del otro lado del río.

El denunciante asegura que cuando fueron atacados, ya llevaban varios días huyendo de la represión militar en la zona. Cuando el juez le pregunta qué hacía tanta gente agrupada al lado del río, Amado se limita a contestar que “únicamente esperándola”. El juez se muestra confundido y vuelve a preguntar:

—Déjeme entender. Estas personas tenían tres días de estar aquí, ¿pero qué estaban haciendo? Usted me dice esperando, ¿esperando qué?
—Esperando la muerte –responde Amado– porque los perseguían a los niños y ancianos.

Más de 200. De acuerdo con los listados de familiares de víctimas de la masacre, los muertos y desaparecidos fueron entre 200 y 250 personas incluyendo a niños, mujeres y ancianos.

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UNA DENUNCIA INTERPUESTA EN 1992

Amado termina de brindar su declaración y el juez y peritos se dedican a escuchar el testimonio de otras dos personas. Este trámite no es una reconstrucción de los hechos, pero sirve para identificar los lugares donde ocurrió la masacre.

Si el caso avanza y se logra abrir un juicio, estos puntos serán importantes para determinar la veracidad o falsedad de los testimonios de los denunciantes. Por ello, los peritos se dedican a tomar nota de los espacios que los sobrevivientes les indican.

A partir de la declaración de Amado se identifican tres lugares. Del lado del monumento en honor de las víctimas quedó definido el lugar en el que los campesinos se encontraban antes de ser asesinados. Después se identificó el lugar desde el que se cree que militares dispararon contra los campesinos. Por último, un terreno cercano al río que se encuentra a varios metros de altura quedó establecido como el escondite en el que Amado se puso a salvo y desde el cual escuchó cómo mataron a su familia.

La segunda testigo en la diligencia es una mujer que va vestida de negro y está visiblemente afectada por la declaración. Dice que era una niña cuando todo pasó y lleva los ojos vidriosos. La mujer cuenta que vino a esta zona “por temor, aquí estábamos escondidos. Era como una playita. Se escuchó la balacera y nosotros, como éramos niños, salimos corriendo a escondernos en un palito de pitarrillo. Ahí pasamos como tres días”.

La tercera persona que declara cuenta que él va a mostrar la tumba de sus familiares. Esta se encuentra al otro lado del río. Él asegura que ahí está enterrada “una parte de huesitos de mi familia. Una parte de los huesitos porque los zopes ya habían venido al lugar y era invierno”.

Cuando los tres testigos terminan de dar sus declaraciones, se procede a tomar fotografías de los sitios mencionados por ellos. El juez le comenta a los peritos: “Hay un indicio claro de que ocurrió el evento que han denunciado”.

Esta afirmación informal del juez llega más de un cuarto de siglo después de la denuncia de Amado. Él cuenta que un día por la tarde, después de que se firmaron los Acuerdos de Paz, unos amigos se acercaron a él para preguntarle si se animaba a ir al juzgado de San Sebastián a denunciar la masacre. Ya había pasado una década desde que había perdido a su familia, pero Amado no estaba seguro de que esa fuera una decisión segura. “Nos encontramos un poco pensativos porque no era fácil lo que había sucedido”, acepta.

De acuerdo con documentación oficial, la denuncia se interpuso en julio de 1992 y en ese año también se ordenó una primera inspección del lugar. Esas diligencias estuvieron a cargo de otro juez. En esa inspección se determinó que debido a las características del lugar era difícil encontrar vestigios de lo denunciado.

La segunda testigo en la diligencia es una mujer que va vestida de negro y está visiblemente afectada por la declaración. Dice que era una niña cuando todo pasó y lleva los ojos vidriosos. La mujer cuenta que vino a esta zona “por temor, aquí estábamos escondidos. Era como una playita. Se escuchó la balacera y nosotros, como éramos niños, salimos corriendo a escondernos en un palito de pitarrillo. Ahí pasamos como tres días”.

El caso no avanzó y en 1999 fue archivado. Pero en 2006, el abogado David Morales, exprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos y acusador particular, presentó una denuncia contra altos mandos de la Fuerza Armada de El Salvador “por la comisión de los delitos de asesinato, actos de terrorismo, daños agravados, otros estragos, robo y privación ilegal de la libertad en perjuicio de miles de personas de San Esteban Catarina”.

Morales solicitó el desarchivo del proceso penal, pero el tribunal de San Sebastián declaró que el desarchivo no podía proceder debido a la aplicación de la Ley de Amnistía de 1993. Esos hechos quedaron registrados así en la documentación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Tras la negativa de los tribunales locales para reactivar el caso, los denunciantes solicitaron un amparo ante la Sala de lo Constitucional. Y en noviembre de 2016, este organismo resolvió que “durante casi 24 años la actividad investigativa ha sido nula” y determinó que esa inactividad “implicó una desprotección para los derechos fundamentales de los sobrevivientes y familiares de las víctimas”.

Nuevas generaciones. Ledy Rosales y Dayana Rosales son bisnieta y tataranieta de Cornelio Rosales, un anciano de 86 años que fue señalado como “extremista” para las fechas de la masacre de El Calabozo.

Además, la sala valoró que el argumento de la aplicación de la Ley de Amnistía no era válido porque al momento en el que el tribunal se negó a desarchivar el caso “la jurisprudencia constitucional ya había establecido que dicho beneficio no era aplicable en aquellos casos en los que se impidiera la protección y la garantía de los derechos de las víctimas o sus familiares; es decir, aquellos delitos cuya investigación persiguiera la reparación de un derecho fundamental”.
Como resultado del amparo, se ordenó que “esta investigación debe ser realizada a través de todos los medios legales disponibles y orientarse a la determinación de la verdad”. Por ese motivo, el tribunal de Primera Instancia de San Sebastián se vio obligado a retomar las labores de indagación.

Si en estas averiguaciones se considera que hay suficientes indicios para llevar el caso a juicio, este seguiría una modalidad parecida a la del juicio de la masacre de El Mozote, donde se aplican las leyes vigentes de la época en la que ocurrió la matanza. En el caso de El Calabozo, se utilizaría el Código Penal y Procesal Penal de 1973. Esa es la razón por la que el juez de Primera Instancia está presente en la inspección de lugares, pues el Código de 1973 lo reconoce como juez-investigador. Es decir que en esta etapa las averiguaciones están encabezadas por él y no por la Fiscalía General de la República.

El juez se acerca al río y las personas que han dado su declaración se colocan en los lugares donde quedaron los cadáveres de sus familiares para servir de referencia en las fotografías que se anexarán al caso. Amado camina un poco y se para justo donde él recuerda haber visto a los primeros soldados del Batallón Atlacatl listos para dispararle a la gente. A Amado aún le falta ser fotografiado en el tercer lugar que ayudó a identificar, pero su cuerpo no es tan ágil como lo era cuando ocurrió la masacre, y caminar hasta arriba de una cuesta, donde permaneció escondido en 1982, ahora es un reto. Antes de seguir, se sienta en un borde de cemento, respira despacio y admite lo evidente: “Algo mal me siento”.

El juez le explica que lo van a esperar, pero Amado se desespera al sentirse observado y saber que el trámite se demora por él. Se levanta de inmediato y empieza a caminar cuesta arriba.

***

SOBREVIVIR A LA MASACRE

Amado sobrevivió porque logró esconderse entre el monte. Él cuenta que por horas tuvo que mantenerse inmóvil mientras escuchaba lamentos. Aprovechó una tormenta que ocurrió después de la masacre para poder salir de su escondite. “Y me perdí. Anda muerto uno en esos momentos. Las grandes tragedias y uno solo, sin comer y sin beber, no… sino es fácil. Le cuento la realidad. Yo oía aquella clamazón del río”, recuerda.

Amado se pone la mano izquierda sobre la frente y baja la mirada mientras cuenta que un par de días después volvió a la zona de la matanza: “¡Ay!, a ver aquello. Gran desorden, los hombres que habían quedado los pusieron bocabajo… encima, como formando picardía… y cortaron ramas y les dieron fuego”. Cuando habla de los cadáveres, sus ojos se mueven por el suelo como buscándolos entre la tierra del suelo.

Amado sobrevivió porque logró esconderse entre el monte. Él cuenta que por horas tuvo que mantenerse inmóvil mientras escuchaba lamentos. Aprovechó una tormenta que ocurrió después de la masacre para poder salir de su escondite. “Y me perdí. Anda muerto uno en esos momentos. Las grandes tragedias y uno solo, sin comer y sin beber, no… sino es fácil. Le cuento la realidad. Yo oía aquella clamazón del río”, recuerda.

Tras la masacre algunos de los sobrevivientes se incorporaron a las filas de la guerrilla. Uno de ellos es Marcial Bolaños, el actual alcalde de San Esteban Catarina. Él asegura que tenía 16 años cuando se salvó porque otra persona lo ayudó a enterrarse y le colocó piedras y hojas encima para que no fuera detectado. El narra que su padre también sobrevivió porque fue dado por muerto. “Mi papá sobrevivió con la misma sangre de Edgardo y de Elsa, mis hermanos, porque con esa misma sangre se le cubrió el rostro”, cuenta desde la oficina municipal. Él dice que se incorporó a la guerrilla después porque “¿qué más quedaba? Era más la irritación de la sangre”.

Bolaños se encarga de resaltar que la muerte de su madre y hermanos fue lo que lo impulsó a unirse a la guerrilla. Él no acepta el argumento de la época que decía que las personas que murieron en El Calabozo eran guerrilleras. “Imagínese usted, la última hermana que yo andaba chineando tenía ocho meses, ¿qué combatiente era ella? La otra hermana tenía tres, la otra cinco, el otro tenía siete años. ¿Qué guerrilleros iban a ser?”, pregunta exaltado.

Los hechos de El Calabozo están incluidos dentro del informe de la Comisión de la Verdad en el apartado de “Masacres de campesinos por la Fuerza Armada”. Los otros casos que acompañan esta sección son la masacre del Sumpul y la de El Mozote. El informe estableció que “el Gobierno informó al público que había sido un éxito que se había dado muerte a numerosos guerrilleros”, pero la comisión concluyó que existen pruebas suficientes de que “efectivos del Batallón Atlacatl dieron muerte deliberadamente a más de 200 civiles, hombres, mujeres y niños que habían apresado sin resistencia”.

Alonso Rosales. El hijo de Cornelio Rosales asegura que su padre no fue guerrillero y que por lo tanto, se encontraba desarmado cuando fue capturado por soldados en 1982

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CUANDO UN CORTE DE CABELLO SIGNIFICA LIBERTAD

Amatitán. El río ha sido símbolo de vida. Ahí se divierten y hacen oficio los lugareños. En 1932 el agua del río se tiñó de rojo y arrastró los cadáveres de la masacre de El Calabozo, San Vicente.

Los días 23 y 24 de agosto de 1982, la prensa nacional retomó la versión oficial de los hechos y publicó textos relacionados con los acontecimientos que se vivieron en los cantones de San Esteban Catarina. Los titulares fueron: “Subversivos se entregan en San Vicente” y “FMLN sufre gran número de bajas”. Una nota de la época fue acompañada de una fotografía en la que se observa a siete campesinos capturados. En la fotografía resaltan un niño de 11 años sin camisa y un par de ancianos de más de 80 años descalzos. En la noticia se les identificó como “extremistas” y “terroristas”.

La figura que más sobresale en la fotografía, porque está al centro y por su altura, es la de Cornelio Rosales Rodríguez, un hombre de 83 años. Él mira hacia el frente con el ceño fruncido, tiene el cabello blanco despeinado y viste una camisa clara de botones.

Casi 36 años después de que se tomó esa fotografía, en esta tarde del último día de enero, una figura idéntica a la de Cornelio Rosales sobresale en la misa del cantón Amatitán Arriba. Es Alonso Rosales, hijo de Cornelio, un hombre de mirada clara y voz triste. Su caballo lo espera amarrado afuera de la iglesia. Cuando la misa de las 2 de la tarde termina, Alonso sale del templo y se sorprende cuando se le muestra la foto de su padre capturado. “Sí, es mi papá”, acepta.

Los retos de este caso ya se veían en 1992, cuando solo había pasado una década desde la masacre. Los documentos oficiales sostienen que durante la primera inspección “realizada el 29 de julio y ampliada el 1.º de agosto de 1992 se determinó que en dicho lugar era difícil encontrar vestigios que ayudaran a establecer los hechos denunciados, tanto por el tiempo transcurrido como por las características del lugar”.

Alonso tiene 72 años y cuenta que salvó su vida en dicho operativo porque en lugar de tomar el camino hacia El Calabozo, su familia y él caminaron hacia otra zona conocida como Tortuguero. Pero al “salir a la calle del Tortuguero ahí estaban los soldados y empezaron a tirar luces de bengala, y ahí se me quedó mi papá perdido; y ahí lo capturaron”.

El recorte del periódico sostiene que el terrorista Cornelio Rosales tenía 83 años cuando fue capturado, pero Alonso cree que su padre tenía al menos tres años más. “Yo de mi papá volví a saber a los seis meses. A mi papá se lo llevaron al cuartel de San Vicente”.

Alonso asegura que a su padre lo detuvieron porque “los soldados decían que era guerrillero… un viejito de 86 años, ¿qué guerrillero iba a ser?” La carta de libertad para Cornelio vino meses después, cuando en el cuartel le iban a cortar el pelo. Ahí, mientras a Cornelio Rosales le hacían un corte, un peluquero que trabajaba para el ejército lo reconoció. Eran parientes lejanos y eso sirvió para poder recuperar la libertad.

“En el cuartel de San Vicente trabajaba un yerno de una sobrina de mi papá. Y ese yerno era peluquero. Así fue como lo sacaron de ahí a mi papá”, cuenta Alonso. Cuando se reencontraron hablaron sobre el trato que recibió mientras estaba detenido y “quizás cayó bien el viejito, porque era bien pasivo. No lo torturaron”, reconoce Alonso. Hablar de su papá lo emociona. Conversa pocos minutos fuera de la iglesia y luego se sube en su caballo rumbo a su casa.

***

LOS RETOS DE UN CASO SIN CADÁVERES

Marcial Bolaños. El alcalde de San Esteban Catarina asegura que es sobreviviente de la masacre. Él cree que la justicia le ha dado una “respuesta confusa” a las víctimas y familiares.

“Al agua se le respeta”, dice el juez encargado de las primeras diligencias de este caso reactivado. La gente de Amatitán bien lo sabe. Este mismo río que ahora no es profundo y se observa de caudal reducido es el que se llevó los restos de sus familiares y vecinos en aquel invierno de 1982.

Y ese es uno de los principales retos que rodean al caso. Además de las trabas legales a las que se ha enfrentado durante 26 años, hay otros retos que se deben superar, si se quiere individualizar a los responsables de la matanza.

A pesar de los programas de reparación a víctimas y de las pedidas de perdón que se han hecho durante los últimos dos gobiernos del FMLN, el acceso a la información oficial sobre operativos militares durante la guerra, por tradición, ha sido denegado. Incluso en 2014, el Ministerio de la Defensa le prohibió la entrada a personal del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). El IAIP buscaba documentos de planes militares y personas que participaron en violaciones a los derechos humanos. En abril del año pasado ese instituto aseguró que Defensa destruyó documentos relacionados con operativos militares.

Los retos de este caso ya se veían en 1992, cuando solo había pasado una década desde la masacre. Los documentos oficiales sostienen que durante la primera inspección “realizada el 29 de julio y ampliada el 1.º de agosto de 1992 se determinó que en dicho lugar era difícil encontrar vestigios que ayudaran a establecer los hechos denunciados, tanto por el tiempo transcurrido como por las características del lugar”.

A pesar de las condiciones, en esa ocasión sí se logró encontrar “restos de algunas ropas, las cuales fueron señaladas por la señora Corina Roxana Aguilar Carrillo –testigo y ofendida– como las que utilizaba su madre el día que ocurrieron los hechos”. Pero hoy, varios lustros más tarde, la posibilidad de encontrar pruebas físicas de este tipo se ven limitadas.

Cerca de la 1 de la tarde, la inspección se traslada hacia otra zona. La hilera de personas que acompañan a las víctimas y a los funcionarios cruza el río Amatitán. Los lugareños cruzan el río de forma grácil a diferencia de otras personas que se deslizan entre las piedras y se mojan la ropa y los zapatos. Cuando Amado Carrillo ve que la gente no encuentra forma de cruzar al río, busca un tronco grande y lo coloca sobre las piedras para que el resto de gente pueda pasar.

A los pocos minutos se encuentra una tumba verde con tres cruces y dos coronas propias del día de muertos; una es amarilla y la otra es blanca. La persona que ha venido a mostrar esta ubicación repite lo que contó en su declaración un par de horas antes: “Estaban todos revueltos los huesos. No le puedo decir de quién eran propiamente”.

Ante esto, el juez del caso le comenta al personal de Fiscalía que lo acompaña que van a tener que solicitar la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense cuando se ordene la exhumación de estas víctimas. Este equipo trabajó también en las exhumaciones que se llevaron a cabo en la zona de la masacre de El Mozote.

El juez habla de ADN y de identificación de las personas, pero un comentario del personal de la FGR lo hace aterrizar. Mencionan la palabra presupuesto y también se habla de trabajar con limitaciones. El optimismo se retiene.

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EL DERECHO A LA VERDAD

En los últimos años la masacre de El Calabozo ha sido reconocida estatalmente y se han realizado actos simbólicos en aras de la reparación de las víctimas. A finales de 2016, la Secretaría de Cultura nombró bien cultural al sitio donde ocurrieron los asesinatos. La representante de SECULTURA en el acto aseguró que la declaratoria se hacía en cumplimiento al Programa de Reparaciones a las Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el Conflicto Armado.

También, en agosto de 2017 el Estado salvadoreño pidió perdón a los familiares. Los actos han tenido la aprobación de los lugareños, sin embargo, en los sobrevivientes prima un aire de desconfianza cuando se habla de la puesta en marcha de la justicia en tribunales.

En este lugar lo que más se exige es conocer la verdad y las motivaciones de estos operativos. La Sala de lo Constitucional resolvió hace más de un año que al conocer lo sucedido en estos hechos “se posibilita la memoria colectiva, la cual permitirá construir un futuro basado en el conocimiento de la verdad… para evitar nuevas vulneraciones de los derechos fundamentales”.

La idea de perdón en esta zona no es homogénea. Algunos sobrevivientes de la masacre y familiares de las víctimas dicen que ya están listos para perdonar a quienes mataron a sus seres queridos. Otros no se sienten tan seguros de poder hacerlo. Pero en algo sí coinciden: necesitan que se haga un proceso judicial para identificar responsabilidades. Creen que eso le va a servir al país entero para poder escribir la historia de manera justa. Amado Carrillo, el campesino de barba y cabello entrecano, explica lo que busca conseguir desde hace 26 años, cuando interpuso la denuncia: “Aquí no es venganza, sino que son hechos que no se pueden quedar en el olvido”.

Monumento. En 2016 la Secretaría de Cultura nombró bien cultural al espacio donde ocurrió la masacre de El Calabozo. Hasta la fecha nadie ha sido procesado por estas muertes.

A nadie le importó

Violencia. Solo en Brasil, 286 personas LGTB fueron asesinadas con arma de fuego y 275 con arma blanca; 97 fueron asfixiadas; y 28, apedreadas.

Cada 19 horas un LGBT es asesinado o se suicida víctima de LGBTfobia, lo que hace de Brasil el número 1 en el mundo de ese tipo de crimen. Los datos son de la ONG Grupo Gay de Bahía, que informó que en 2017 se registraron 445. La situación es dramática en este país, pero en el resto de América Latina también.
Contra viento y marea, las organizaciones civiles y la prensa llevan las cifras sobre los crímenes contra LGBT. Sin embargo, existe un subregistro producto del miedo que trae consigo denunciar la condición sexual y la impunidad de la justicia para investigar y darle rostro a un tema que duele.
En palabras del director del Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia, Carlos Valdés, hace 10 años en Colombia no se analizaban tan fielmente los crímenes contra la población LGBT, pues eran considerados homicidios simples o agravados, de acuerdo con las circunstancias. “No hacíamos un registro juicioso. Y no hacíamos diferenciación por género”, reconoce Valdés, pero “el instituto ha entrado en una modalidad de estudio diferencial y hemos detectado asuntos muy dolorosos”.
Otras voces, como la de la Defensoría LGBT de Argentina, dan cuenta del ocultamiento de la orientación sexual de los fallecidos, razón por la cual identificar los crímenes de odio en los países es difícil, y de alguna forma son detectados por el nivel de sevicia que emplea el asesino: violar, apedrear, empalar, descuartizar o acuchillar múltiples veces a la víctima.
Lo anterior sin contar con que hay muchos suicidios que resultan del matoneo y la estigmatización. A juicio de las autoridades forenses, tanto en Colombia como en Argentina, los crímenes contra los LGBT son una realidad que camina invisible en nuestras sociedades.
En Brasil, 39 personas con identidad sexual diversa se suicidaron en tres años; 286 fueron asesinadas con arma de fuego y 275 con arma blanca; 97 fueron asfixiadas; 28, apedreadas; 10, carbonizadas; y tres, envenenadas.

A Kiara, una mujer trans de 25 años, la encontraron sin vida en un parque de Uruguay la madrugada del 24 de septiembre de 2012. Estaba boca abajo, con un balazo en la cabeza y parte de su cuerpo incinerado, como si alguien se hubiese empecinado en borrar su identidad. El anillo policial hallado en uno de sus dedos ha hecho pensar a los investigadores que el homicida fue un asesino serial vinculado a dicha institución. Sin embargo, nada ha podido ser comprobado.

No se trata solo de frías estadísticas, sino de historias que conmueven de vez en cuando en cada país. En Rosario, Argentina, asesinaron a Mónica Ortiz con siete puñaladas. La mujer trans de 53 años fue hallada muerta dentro de su casa, en junio del 2016. Su cadáver estaba atado a la cama y calcinado.
En México, la organización Letra S logró sacar de la cárcel a un hombre gay injustamente señalado de asesinar a su pareja. Tras el proceso judicial se logró comprobar que fiscales y jueces comparten prejuicios contra la comunidad gay que determinaron el fallo, lo cual se constituye en una clara discriminación.
142 asesinatos de integrantes de la comunidad LGBT en Colombia ocurrieron en el marco del conflicto armado y como consecuencia de los prejuicios de los violentos.
En las confesiones de Justicia y Paz, un mecanismo judicial para la reincorporación de los paramilitares –escuadrones de extrema derecha–, sus miembros confesaban con la mayor serenidad los peores delitos –torturas, desapariciones forzadas–, pero eso sí, se molestaban cuando algunos de sus comandantes se referían a ellos como “maricas”.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador informa que los niveles de crueldad ejercidos por los agresores son desproporcionados: atan, degüellan, lastiman con alambre de púa o cercenan los genitales de las víctimas. Estos actos envían mensajes a toda la comunidad LGBT del país. En La Paz, asesinaron a dos mujeres trans, de 22 y 29 años, y luego desaparecieron y asesinaron a otra más que había ido al sepelio de sus compañeras. Este hecho fue suficiente para que otras seis mujeres trans huyeran hacia Estados Unidos.

A Kiara, una mujer trans de 25 años, la encontraron sin vida en un parque de Uruguay la madrugada del 24 de septiembre de 2012. Estaba boca abajo, con un balazo en la cabeza y parte de su cuerpo incinerado, como si alguien se hubiese empecinado en borrar su identidad. El anillo policial hallado en uno de sus dedos ha hecho pensar a los investigadores que el homicida fue un asesino serial vinculado a dicha institución. Sin embargo, nada ha podido ser comprobado.
En Honduras, la edad promedio de las víctimas de crímenes de odio por diversidad sexual es de 34 años, y aunque la totalidad de los casos reportados por una ONG tiene una respuesta de la justicia, no hay información disponible sobre cómo se cometieron los crímenes.
En Venezuela, los datos no se acercan aún a la realidad; sin embargo, se sabe que 13 personas fueron impactadas con balas y 10 golpeadas con martillos y piedras por no ser heterosexuales.
En el Perú no existe un registro oficial de ataques y crímenes de odio sufridos por miembros de la comunidad LGBT, pero hay casos imborrables, como el de Alfredo Alfaro Caballero, de 51 años. Era gay y prefería que lo llamaran Dennis. Trabajaba en un salón de belleza, en la ciudad de Huancayo (sierra central). El 22 de enero de 2016 fue asesinado en su local. Lo hallaron amordazado y atado de pies y manos con señas de haber sido asfixiado.
En Puerto Rico hay ley para procesar los crímenes de odio, pero solo se ha producido una sentencia, 14 años después de que las Reglas de Procedimiento Criminal incluyeran el prejuicio como una circunstancia agravante a la comisión de un delito y 11 años después de que ese agravante se estableciera en el Código Penal de Puerto Rico.
Los miembros de los colectivos que defienden los derechos de las personas LGBT en América Latina reclaman el respeto por la diversidad en un territorio desigual en donde no los pueden seguir lastimando.
Las organizaciones civiles de los diferentes países tienen registros de este pasado y presente dolorosos. Ahora coinciden en pedir políticas públicas para que el futuro sea más esperanzador.

Víctimas jóvenes. De 34 años es el promedio de edad de las víctimas del colectivo LGBT en Honduras.

 

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