Un niño de un año vestido con una camisa verde tomaba leche de un biberón, jugaba con una pequeña pelota morada que se encendía a cada rebote y pedía agua ocasionalmente.
Y entonces llegó su turno de comparecer ante un juez de Inmigración en Phoenix, que apenas podía contener su incomodidad durante la parte de la audiencia en la que pregunta a los inmigrantes acusados si han entendido los procedimientos.

“Me avergüenza hacer la pregunta, porque desconozco a quién se la explicarían, a menos que crean que un niño de un año puede aprender la ley de inmigración”, manifestó el juez John W. Richardson al abogado que representó al menor.

El niño es uno de los centenares de menores que necesitan ser reunidos con sus padres después de que los separaron en la frontera, muchos de ellos a causa de la “política de tolerancia cero” del gobierno del presidente Donald Trump. Las separaciones han dejado mal parado al Gobierno debido a la persistente difusión de noticias sobre niños llorando separados de sus madres y mantenidos aparte durante semanas.

Los detractores también han censurado el sistema de las cortes de Inmigración del país que obliga a los menores –algunos todavía en pañales– a comparecer ante jueces y seguir los procedimientos de deportación mientras están separados de sus padres. Estos menores no tienen el derecho a tener un abogado asignado por la corte y 90 % es regresado a su país de origen sin la intervención de un defensor, según la agrupación Kids in Need of Defense, que les provee representación jurídica.

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LOS PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE de Centroamérica y México (TRICAMEX) y Estados Unidos acordaron la semana pasada seguir trabajando para reunificar a los menores separados y combatir el “cáncer” de las redes criminales que se aprovechan de las necesidades de inmigrantes irregulares.

El objetivo de este encuentro celebrado en la capital de Guatemala fue analizar, desde una visión regional, la problemática del éxodo migratorio, poniendo especial atención a las causas estructurales de la inmigración en una de las regiones más pobres y violentas del mundo.

En la cita participaron los cancilleres de Honduras, México, Guatemala, El Salvador y la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kirstjen Nielsen.
Después de la reunión, los funcionarios comparecieron ante la prensa sin atender preguntas y fue ahí donde el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, recordó que es “cruel e inhumano” separar a los niños migrantes de sus familias, una opinión que, según él, compartieron todos.

“Nos hemos reunido para tomar acciones concretas para impedir que esto vuelva a ocurrir y, en segundo, acciones para lograr una pronta reunificación de los niños separados”, dijo, y agradeció a Nielsen su “voluntad y liderazgo” en este tema “complejo”, desde lo jurídico y lo operativo.

Aun así, aseguró que el propósito de todos es la reunificación de todos los menores rápidamente, no solo los separados desde mayo pasado, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, implementó las medidas de “tolerancia cero”, sino de los más de 10,000 niños inmigrantes no acompañados que recorrieron un “camino de peligro” y que llevan muchos años en albergues.

Hace 10 días, en Phoenix, el niño hondureño de un año llamado Johan esperó una hora para ver al juez. Su abogado dijo al juez Richardson que el padre del menor lo había traído a Estados Unidos y fueron separados, aunque se desconocía la fecha. Señaló que el padre se encuentra en Honduras después de que lo deportaron bajo el engaño de que podría llevarse a su hijo.
kernPor un rato, el menor traía zapatos de vestir y después estaba solo en calcetines durante la espera para ver al juez. Permaneció en silencio y calma la mayor parte de la audiencia, aunque lloró en forma histérica después durante los segundos en que una empleada lo entregó a otra persona mientras ponía en orden la pañalera. El niño está en custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos en Arizona.

El juez Richardson dijo que el caso del niño era prioritario por el plazo ordenado por una corte para reunir a los niños pequeños con sus familias. Un juez federal en San Diego dio a la agencia hasta el martes para reunir a los niños menores de 5 años con sus padres y hasta el 25 de julio para todos los demás.

Richardson dijo una y otra vez al abogado del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) que debía tomar nota de los casos que implican a niños chicos debido al plazo dado al Gobierno para cumplir con la reunificación de familias. El abogado señaló que desconocía detalles del plazo y que un departamento distinto dentro del ICE se encargaba de los asuntos de ese tipo.

La portavoz del ICE, Jennifer Elzea, señaló que el abogado sabía de la orden judicial pero que desconocía los detalles de los plazos “y no quería hacer declaraciones incorrectas sobre los compromisos de las fechas sin ese conocimiento”.

A fin de cuentas, Johan recibió una orden de salida voluntaria que le permitirá al gobierno enviarlo por avión a Honduras para reunirse con su familia. Un abogado del Proyecto Florence, una organización de Arizona que brinda asesoría legal gratuita a inmigrantes, dijo que tanto la madre como el padre estaban en Honduras.
El caso se atendió el mismo día que el gobierno de Trump dijo que necesitaba más tiempo para reunir a los 101 niños menores de cinco años con el fin de garantizar la seguridad de los menores y confirmar los parentescos.

En otro caso en Arizona, el juez le preguntó a un niño de Guatemala vestido con chaleco y corbata cuántos años tenía. El pequeño levantó su mano abierta.
Su abogado dijo que su padre lo había traído a Estados Unidos y después fue deportado hace dos semanas. Pidió que se emitiera una salida voluntaria para el menor.
“¿Qué te parece regresar a Guatemala?”, le preguntó el juez Richardson al niño.

El problema de la separación familiar es de particular urgencia para los padres de niños pequeños que requieren mayor cuidado de sus padres. Los estudios muestran que el estrés a muy temprana edad puede crear problemas emocionales e incluso físicos para toda la vida.

El inmigrante hondureño Christian Granados fue separado de su hija de cinco años, Cristhy, por más de un mes después de que fueron detenidos en El Paso, Texas, cuando intentaban entrar en Estados Unidos. La pequeña fue llevada a un centro de detención en Chicago, mientras que él fue liberado el 24 de junio a la espera de una respuesta a su petición de asilo.
Granados ha enfrentado un obstáculo burocrático tras otro tratando de recuperar a su hija, respondiendo recurrentes solicitudes de identificación por parte de los trabajadores sociales que resguardan a la menor. Granados intenta ayudar en el proceso mudándose con familiares en Fort Mill, Carolina del Sur, pero ahora teme que no pueda pagar el boleto de avión para que su hija vuelva con él.
Dijo que las autoridades le pidieron $1,250 para enviarla por avión desde Chicago. “No he sentido la felicidad que debería sentir estando aquí, en Estados Unidos”, dijo Granados. “Estaré feliz cuando tenga a mi hija conmigo”.

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AFUERA de la Primera Iglesia Unitaria de Salt Lake City, en donde Vicky Chávez y sus dos hijas llevan seis meses refugiadas, hay un parque infantil rodeado de grandes árboles frondosos. Sin embargo, Chávez nunca permite que Yaretzi, de seis años, o Issabella, de 11 meses, jueguen ahí. Nunca salen de la iglesia.

Chávez, de 30 años, teme que agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), las detengan y las envíen de vuelta a Honduras, en donde teme por su seguridad a causa de su novio abusivo. Sus miedos la llevaron a pedir asilo en Estados Unidos hace cuatro años.

A pesar de que un juez de Inmigración ha negado reiteradamente su solicitud, Chávez le dijo a la prensa el lunes por la noche que está determinada a permanecer en la iglesia y luchar por quedarse en Utah, en donde viven sus hermanos y padres. Sus abogados buscan un remedio en una corte federal de apelaciones, aunque es un intento con pocas probabilidades de éxito.
Ver a otros padres inmigrantes separados de sus hijos en la frontera la hace incluso más reticente de regresar a casa y pasar por una posible separación de sus hijas si otra vez intenta pedir asilo en Estados Unidos, dijo.

“No me imagino sentir el dolor de que me separaran de mis hijas”, dijo Chávez durante una entrevista el mes pasado. “Dormir en un centro de detención no es nada fácil. Lo viví. Yo lo viví con mi hija, pero no lo viví separada”.

Por un rato, el menor traía zapatos de vestir y después estaba solo en calcetines durante la espera para ver al juez. Permaneció en silencio y calma la mayor parte de la audiencia, aunque lloró en forma histérica después durante los segundos en que una empleada lo entregó a otra persona mientras ponía en orden la pañalera. El niño está en custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos en Arizona.

Chávez entró sin autorización a Estados Unidos en junio de 2014, y un juez de Inmigración federal ordenó que fuera deportada en diciembre de 2016, dijo Carl Rusnok, vocero de ICE. Chávez recibió la orden de salir del país y el 30 de enero agotó todas las apelaciones disponibles, agregó.

Esa noche, Chávez tenía pasajes de avión para regresar a su casa en San Pedro Sula, Honduras; pero en lugar de eso, aceptó una oferta de refugio de la iglesia.
Ella y sus hijas duermen en un salón de catequesis y pasan la mayor parte del tiempo en otro cuarto con una televisión, un caballete y otros juegos. Yaretzi recibe lecciones de piano en la capilla, y bailan y corren en un salón abierto con pisos de madera.

La pequeña Issabella ha aprendido a caminar en la iglesia y ahí celebró por adelantado su primer cumpleaños. Yaretzi recibe tutoría en lugar de asistir a la escuela.
“Me siento triste porque no puedo darle a la niña una vida normal”, dijo Chávez.

Son los primeros inmigrantes en refugiarse en Utah de los que se tiene conocimiento, según grupos locales de defensa a migrantes y la sucursal estatal de la Unión Americana de Libertades Civiles. La práctica ha sido común en estados como Arizona y California, pero nunca en Utah, en donde dos terceras partes de la población son mormones.
Unos 200 miembros de la iglesia y otros voluntarios se aseguran de que la familia Chávez sea alimentada, educada, apoyada y protegida.
“No tengo familia en Honduras. No tengo un hogar donde pueda llevar a mis hijas”, dijo Chávez. “Vengo huyendo por violencia doméstica. Estuvimos recibiendo amenazas de muerte… Mi miedo es que nos puede ocurrir algo malo en Honduras”.

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DE REGRESO EN LA SALA DE INMIGRACIÓN del juez Richardson, una niña de siete años con un moño y un vestido rosa se sentó pacientemente en una banca de madera por más de una hora antes de que el juez Richardson la llamara. La niña había venido de Guatemala con su padre y también fue separada. El padre está ahora en Guatemala.
Richardson le dijo nuevamente al abogado del ICE que tomara nota de su caso para garantizar que el Gobierno la reúna con su familia a tiempo.

Le preguntó a la pequeña si quería volver a Guatemala y si tenía miedo de volver ahí. La niña respondió que no tenía miedo. Richardson le otorgó una salida voluntaria.
Para algunas familias separadas, la reunión ocurrirá en Guatemala, Honduras o El Salvador, los países de donde salieron para huir de la violencia.