Ser indigente en Cuba en tiempos del coronavirus

Paula (quien prefirió no dar su nombre completo) nunca pensó que llegar a vieja fuera a ser tan duro. Ella, que había sido una mujer hermosa, hoy come de la basura, huele a orina y solo tiene un techo cuando la recoge la policía por dormir en la calle. En los 5 años que lleva deambulando en La Habana, nunca había pensado en suicidarse sino hasta ahora, que a la tragedia de no tener casa a los 70 años, se une el riesgo de morir por causa del Coronavirus.

La familia de Paula se deshizo de ella como quien bota los muebles viejos. A su nuera no le gustaba que fumara ni la manera en que intervenía en su matrimonio. Hubo llantos, reproches, golpes, y al final tuvo que irse de casa. No tenía derecho a permanecer en una que no le pertenecía.

Paula, en su condición de deambulante, no aparece en los registros oficiales. El último censo poblacional data de 2012 y, para la fecha, ella aún estaba con su hijo. Según las cifras de ese año, en todo el país, 1.108 personas estaban viviendo en las calles y 467 de ellas eran mayores de 60 años. Es probable que Paula enferme y quizás muera en alguna de las calles donde duerme y por las que circulan miles de personas de las que no hay manera de saber si son portadoras asintomáticas de la enfermedad. Ella está desprotegida.

Pero al riesgo por su condición de deambulante se le suma el de la edad. De los 21 fallecidos hasta ahora a causa del Coronavirus en Cuba, 18 son de la tercera edad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) este sector de la población tiene alta probabilidad de infección y muerte por causa del COVID-19. En Cuba, hasta el 13 de abril, de los 726 casos confirmados, 147 tienen más de 60 años. El número promete ir en ascenso si los ancianos no pueden ser rigurosos en sus cuarentenas porque para comprar comida en los mercados deben esperar en largas filas sin el distanciamiento social como medida preventiva o para adquirir comida elaborada tienen que ir desde sus casas a los comedores del Sistema de Atención a la Familia. En estas condiciones la curva infecciosa terminará ensañándose en ellos.

El Consejo Popular El Carmelo, una de las zonas más céntricas de la ciudad y en donde Paula encuentra a veces un parque donde dormir, ha comenzado a ser objeto de “especial seguimiento” por las autoridades sanitarias por ser la localidad con mayor número de contagiados del COVID-19 en La Habana. El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) no especifica cuántas de las ocho personas contagiadas pertenecen a la tercera edad, pero allí viven 8 mil personas con más de 60 años.

En Cuba, según los datos proporcionados por Alberto Fernández Seco, jefe del departamento de Adulto Mayor, Asistencia Social y Salud Mental, del MINSAP, 2´286.000 personas tienen más de 60 años (20.1 por ciento del total de la población) y de esas, 343 mil viven solas. Cuba es un país envejecido si se le compara con el resto de América Latina y el Caribe, donde el porcentaje de personas por encima de 60 años es del 11 por ciento según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo.

Los ancianos en Cuba podrían dividirse en varios grupos fundamentales: los que son cuidados y amados por sus familiares, pero se les dificulta conseguir los medicamentos que ayudan a controlar enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes y las cardiopatías; los que viven solos y la cuarentena no es una opción; y los que continúan trabajando porque la pensión que perciben (entre 9 y 12 dólares mensuales), no les garantiza las necesidades básicas. La desprotección ante el Coronavirus los abarca a todos por igual.

En el chequeo diario del plan de prevención contra la enfermedad, Miguel Díaz–Canel, presidente de Cuba, comenzó el pasado fin de semana a exigir que los estudiantes universitarios se encarguen de la distribución de la ayuda a los más vulnerables. Sin embargo, en El Carmelo, pese a la situación epidemiológica, los comedores del Sistema de Atención a la Familia no cuentan con un sistema de mensajería para la atención a los ancianos y las farmacias siguen desabastecidas de medicamentos para las enfermedades crónicas que agravan la situación en caso de contraer el virus.

Abenamar Bauta vive en El Carmelo y cuida a su madre de 89 años de edad. Al temor de exponerse al virus y ser portador asintomático se une la incertidumbre de la atención médica que se supone debe ser más expedita.

“Hace cuatro días que llamé al médico de la familia porque mi mamá tenía una especie de alergia y una tos seca”, cuenta Bauta, “y aún no suben a verla. Me pregunto si están esperando a que muera en la casa”, denuncia.

Paula pertenece al grupo de ancianos que, según el Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud, no reciben ningún ingreso y están en total situación de vulnerabilidad, y que representa el 10,6 por ciento de ese sector de la población. El protocolo establecido en 2015 para la admisión, diagnóstico, atención y reinserción social de personas sin hogar a los Centros de Protección Social pudiera ser una solución para Paula en tiempos de COVID-19. Sin embargo, ella prefiere huir, permanecer en la calle.

Paula cuenta que el día que se la llevaron por primera vez para Las Guásimas, el centro de protección social para la Atención a las personas con conducta deambulante ubicado en la periferia de La Habana, llegaron casi 200 personas con las que tuvo que compartir el espacio hasta que logró escaparse. Los demás eran trasladados a centros psiquiátricos o penitenciarios, o devueltos a sus familiares, según determinaran las autoridades del lugar.

El Centro de Protección de La Habana tiene una capacidad para 500 personas y es el más grande del país. Otras seis provincias tienen instituciones parecidas, pero ninguna ofrece una solución permanente porque como ha declarado la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Martha Elena Feitó, “estas instituciones no se pueden convertir en albergues”, por lo que los trabajadores del lugar le deben dar una pronta solución a cada caso que les llega y cuando no, regresan a las calles.

Paula recuerda que cuando fue capturada por la policía, la montaron en un ómnibus con casi 30 personas con distintos niveles de alcoholismo o de enfermedades mentales. En el ómnibus, además de los policías que la obligaron a subirse, iban otros tres trabajadores sociales. Lo que la llenó de espanto fue que la incluyeran en una ficha policial, lo que implica la criminalización de la mendicidad.

Las “recogidas”, como le llaman los mismos indigentes, se realizaban solo en caso de que fuera necesario dar una imagen de estabilidad económica ante visitantes ilustres como el expresidente de los EEUU, Barack Obama, o los reyes de España, Felipe VI y Letizia. Ahora que el país ha entrado en la fase de “transmisión autóctona limitada” -la tercera etapa de la pandemia donde se comienzan a ver casos de personas infestadas sin nexos con extranjeros-, en La Habana han comenzado a desocupar las calles casi a diario.

En otras provincias de la Isla, como Santa Clara, la población indigente parece estar siendo controlada. Según el canal local TeleCubanacán, se habilitó la escuela Yabú 1 como Centro de Protección donde, con ocho enfermeros, cuatro médicos, trabajadores sociales y mucha fuerza policial, se ha internado a la población indigente de otras nueve provincias del país.

Las personas mayores de 60 años en situación de desamparo total debieran ser ubicadas en los hogares o en casas de abuelo; pero la capacidad de admisión de éstas no se ajustan al ritmo en el que Cuba envejece.

La “recogida” nunca es pacífica. Los deambulantes se resisten y la policía los golpea, los inmoviliza para luego empujarlos dentro del ómnibus. Es un espectáculo degradante que aislará a estas personas para tenerlas hacinadas en los Centros de Protección donde no tienen las normas higiénico sanitarias ni cuentan con el personal médico necesario, aunque las imágenes difundidas por la prensa oficial del centro villaclareño recién inaugurado muestren lo contrario.

Para Paula y otros indigentes entrevistados, Las Guásimas parece más una prisión que un lugar para recibir ayuda, pero, ¿qué puede hacer si su familia tampoco la acepta de regreso, pese al riesgo de enfermarse en la calle?

Paula pudiera acudir a la Fiscalía General de la República para que mediante un acuerdo (1456 del año 2014) su hijo y su nuera cumplan con sus obligaciones familiares. Pero sería inútil, pues se trata de acuerdo de papel al no estar contemplado en el Código Penal cubano.

Lo que sí está contemplado en el Código es la sanción por infringir las medidas dictadas por las autoridades sanitarias para evitar la propagación de la epidemia. De llegar a hacerlo, tendría una sanción de 3 a 12 meses de privación de la libertad.

El Gobierno ha reiterado en su discurso que “nadie quedará desamparado” ante el Covid-19, pero ¿por qué pareciera que los indigentes evitan beneficiarse de las opciones ofrecidas? ¿Será solo porque, como se ha asegurado en foros oficiales, se resisten a “institucionalizarse, a establecer una vida social clásica o aceptar las normas sociales”?

Los indigentes como Paula no se sienten amparados ni protegidos en los espacios gubernamentales. Las denuncias sobre maltrato físico como el ocurrido en 2018 y las historias que aún circulan de personas adultas desamparadas que llegan a los hospitales y mueren encima de sus excrementos porque nadie los atiende, les parecen más verídicas que la promesa de comidas seguras y camas donde dormir.

La organización independiente, Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, propuso tres medidas que podrían beneficiar particularmente a los ancianos durante la cuarentena: garantizar la entrega de alimentos en sus casas; crear centros de elaboración de comida en las cocinas estatales u hoteles; y, por último, derivar personal de la policía política a las labores de asistencia social. Al cierre de este artículo, ninguna de las tres recomendaciones estaba siendo aplicada por el Gobierno; sin embargo, la semana pasada comenzó a distribuir, entre poblaciones vulnerables al virus, el medicamento homeopático, PrevengHo®Vir, que según fuentes oficiales eleva el sistema inmunológico.

Por otro lado, las personas mayores de 60 años en situación de desamparo total debieran ser ubicadas en los hogares o en casas de abuelo; pero la capacidad de admisión de éstas no se ajustan al ritmo en el que Cuba envejece.

El miedo de Paula crece en la medida en que los casos de personas infectadas se multiplican en la Isla. Su tragedia es la de muchas personas que, por su edad y condición de indigencia, temen ser “recogidas” y llevadas a una institución donde el riesgo de contagio es bastante alto.

Este reportaje fue escrito por María Matienzo para Cubanet, y es difundido gracias a un acuerdo de republicación de contenidos con CONNECTAS.