Las denuncias de Odebrecht implicaron a todos los expresidentes vivos de Brasil. Y no solo a ellos, en Latinoamérica también están regados los sobornos de esta firma, de acuerdo con las declaraciones que el patriarca, Emilio, ha dado a las autoridades. Manuel Santos, de Colombia; y Mauricio Funes, en El Salvador, han formado parte de esta red que sigue en investigación.

Nueve expresidentes de América Latina son investigados por el caso Odebrecht

Un reportaje de O Globo/Brasil, con información del GDA y colaboradores

Fotografías de GDA

En abril de 2015, Odebrecht celebraba el título de mayor constructora de América Latina. Tenía obras en todos los rincones del continente y acumulaba ganancias récord. Con el avance de las investigaciones contra la corrupción iniciadas en Brasil en la ruta de la Operación Lava-Jato, la empresa eligió el camino de las colaboraciones judiciales y causó temblores en el mundo político latinoamericano al confesar sus crímenes de corrupción en 10 países de la región. El número de presidentes y expresidentes investigados en el continente, tres años y medio más tarde, da una medida del alcance de las maniobras de la empresa: al menos nueve exmandatarios de la región están en la mira de las autoridades de sus países, y un presidente ya perdió su cargo. El caso Odebrecht trajo una ola de investigaciones sobre los presidentes que, aunque no tuviesen relación con la constructora bahiana, también quedaron envueltos en tramas sospechosas.

Para el fiscal del Ministerio Público Federal, Roberson Pozzobon, quien integra el equipo de trabajo de la Operación Lava-Jato, en Curitiba, si antiguamente las dificultades burocráticas y las diferencias legales entre los países permitían que los crímenes transnacionales quedaran prácticamente impunes, hoy el escenario cambió.

“Hoy es posible intercambiar informaciones y pruebas en el ámbito de investigaciones y procesos criminales de forma bastante rápida y eficiente, ya sea con países más próximos geográficamente, como en América Latina, o incluso en Asia”, afirmó.

Pozzobon dice que antiguamente el triunfo de las organizaciones criminales era el lavado de dinero en el exterior, fuera del país de origen, justamente para dificultar el rastreo de valores. Con las nuevas reglas y tratados de cooperación internacional, sin embargo, la modalidad se ha convertido en “un verdadero talón de Aquiles” para los criminales.

En Brasil, el encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva es el mayor símbolo que encierran las investigaciones. El exmandatario ya fue condenado en dos instancias por haber recibido, según la acusación, un departamento reformado por OAS como compensación por negocios con Petrobras. Lula niega haber recibido el departamento o actuado en favor de la compañía.

El patriarca de la familia Odebrecht, Emilio, reveló a la Justicia brasileña que conversaba con Lula e interlocutores del Gobierno sobre temas de interés de la empresa, como medidas provisorias y líneas de crédito. Emilio reveló información que generó otros juicios contra Lula, en los que el expresidente es acusado de haber sido beneficiado con la reforma de una casa quinta en Atibaia, ciudad del interior de Sao Paulo y en que la empresa es acusada de comprar un terreno para instalar el Instituto Lula. La defensa afirma que la casa quinta no está registrada a su nombre y niega haber cometido delitos. En relación al otro caso, dice que el instituto fue instalado en otro lugar y que Odebrecht no participó en su creación.

Las denuncias de Odebrecht implicaron a todos los expresidentes vivos de Brasil. Los juicios que contenían citaciones contra José Sarney y Fernando Henrique Cardoso ya fueron archivados. Hay una investigación basada en las denuncias del grupo contra Fernando Collor de Mello que aún está en curso. Collor es imputado en un juicio ante el Supremo Tribunal Federal, acusado de recibir más de R$30 millones (US$ 7.3 millones) en sobornos por negocios de BR Distribuidora, que no tiene relación directa con Odebrecht.

Infografía

En Perú, el espectro de mandatarios en la mira de la Justicia también es amplio. Cuatro expresidentes son investigados por sospechas de corrupción que involucran a Odebrecht. Alejandro Toledo es acusado de recibir US$20 millones en sobornos de la constructora por la obra de la carretera Transoceánica. En febrero de 2017, un juez determinó su prisión preventiva por 18 meses. Pero, como Toledo está en Estados Unidos, la fiscalía pidió su extradición, que fue confirmada por las cortes superiores. Aún no hubo respuesta de parte de las autoridades norteamericanas.

Alan García es investigado por tráfico de influencias en un caso que investiga la concesión a Odebrecht de una línea de metro de Lima. Él habría facilitado que la constructora ganara la licitación con otras dos empresas. No le fue impuesta ninguna restricción judicial.

El único de los expresidentes peruanos que estuvo preso fue Ollanta Humala, acusado, junto a su esposa, Nadine Heredia, de lavado de dinero por haber recibido, según los delatores, US$3 millones de Odebrecht para su campaña. Él estuvo nueve meses en prisión preventiva, antes de que la Justicia revocara la medida a fines de abril.

Pedro Pablo Kuczynski, a su vez, fue el único en perder su cargo. Renunció en marzo, también sospechoso de lavado de dinero por contratos firmados con Odebrecht por empresas ligadas a él cuando era ministro. Está impedido de salir del país por 18 meses y tuvo sus bienes confiscados.

En Colombia, las investigaciones iniciadas por los acuerdos con Odebrecht alcanzaron al expresidente y Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos. El 30 de mayo fue liberado de una investigación en la Cámara de Diputados bajo sospecha de recibir dinero de Odebrecht en sus campañas de 2010 y 2014. El caso debe ser analizado por el Consejo Nacional Electoral, aunque especialistas discrepan sobre la competencia de ese tribunal para juzgar la acción.

Nombres próximos a Santos fueron citados por delatores de Odebrecht: el director financiero de la campaña presidencial, Roberto Prieto, llegó a ser investigado penalmente, pero fue absuelto. El exministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales fue condenado por recibir US$6.5 millones de Odebrecht.

Hay dos denuncias contra el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, propuestas por un congresista. El exvicepresidente Jorge Glas fue condenado, en diciembre de 2017, a seis años de prisión y a pagar una indemnización de US$7.5 millones. Está acusado de recibir US$3.5 millones de Odebrecht a través de pagos hechos a un tío, según la acusación.

Acusado de recibir US$1.5 millones de Odebrecht en su campaña para la presidencia en 2008, el expresidente de El Salvador Mauricio Funes está exiliado en Nicaragua. Funes viajó a Nicaragua después de haber sido condenado en noviembre del año pasado por enriquecimiento ilícito y condenado a devolver, junto con el hijo, US$419 mil a las arcas públicas.

Argentina, Chile, Guatemala, México, República Dominicana y Venezuela no tienen juicios contra sus presidentes o exmandatarios, aunque se citen transferencias irregulares de Odebrecht a políticos de esos países.

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Falta de colaboración y dificultades para probar sobornos arroja pocos condenados
Las investigaciones del caso Odebrecht en América Latina aún se topan con la dificultad de desentrañar y establecer vínculos entre el soborno que la constructora admitió pagar y los políticos de los países involucrados. En toda la región, equipos de trabajo fueron activados a finales de 2016, luego de que la empresa anunció la firma de un acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos en el que admitió haber transferido US$1,000 millones en sobornos a países de las Américas y de África. Las investigaciones fuera de Brasil, iniciadas hace cerca de un año y medio, ya involucran al menos 254 solicitudes de colaboración dirigidas a la Justicia brasileña. El número es prácticamente igual a los 259 pedidos hechos por las autoridades brasileñas para obtener informaciones de otros países.

“Es un camino de doble vía que nos ha permitido recuperar cientos de millones de reales desviados de las arcas públicas hacia el exterior y obtener documentos esenciales para responsabilizar a criminales poderosos, política y económicamente. En paralelo, propició que Brasil compartiera pruebas que permitieron que avanzaran en otros países las investigaciones contra presidentes, expresidentes y exministros”, afirma el procurador Roberson Pozzobon, integrante de la fuerza de trabajo de Curitiba, donde la Operación Lava-Jato fue desentrañada.

Las investigaciones, sin embargo, caminan a pasos más lentos que en Brasil. En Perú, por ejemplo, cuatro expresidentes están siendo investigados. Han sido detenidos siete exfuncionarios del Estado, supuestos testaferros de agentes de mayor rango. Desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, en marzo de este año, no hubo operaciones ni nuevos arrestos. Odebrecht celebró acuerdos de colaboración que incluyen la continuidad de sus operaciones para cubrir daños causados por los delitos que admitió.

También están trabadas las investigaciones en México. No hay funcionarios enfrentando juicios, y los mayores castigos dados fueron sanciones administrativas para funcionarios de Odebrecht y de PEMEX, la petrolera estatal del país. La empresa admitió haber pagado US$10.5 millones en México. La Procuraduría General informó que el caso estaba cerrado en octubre de 2017. Sin embargo, hasta julio de este año, nadie fue indiciado.

Los trabajos de investigación en Panamá llegaron recientemente a paralizarse por seis meses, pero fueron retomados en abril. El país anunció, en diciembre de 2016, justo después del acuerdo de Odebrecht con el Gobierno de Estados Unidos, la creación de una Fiscalía Especial Anticorrupción del Caso Odebrecht.

Más investigación. En Perú, la confesión de los ejecutivos de Odebrecht derivó en la creación de un sistema especializado en casos de corrupción de funcionarios dentro del Poder Judicial.

Ecuador es otro país en el que los políticos aún no fueron condenados por las investigaciones del caso Odebrecht. Los trabajos de los investigadores de Ecuador avanzaron al punto de condenar a nueve funcionarios del Gobierno y de la constructora en el país. Un nuevo frente de investigación surgió el año pasado, con la denuncia de irregularidades en el metro de Quito, una obra de R$2,000 millones (US$495 millones).

Aunque Odebrecht haya confesado delitos en América Latina hacia fines de 2016, recién en el último mes de abril la Procuraduría General ecuatoriana logró fijar acuerdo con las autoridades brasileñas para el intercambio de informaciones.

Las medidas más serias tomadas en Venezuela ocurrieron en febrero de 2017, cuando la empresa fue investigada y sus cuentas se congelaron. En julio de 2017, dos familiares del exministro de Transporte Haiman El Troudi tuvieron sus cuentas congeladas. Después de esto, no hubo ninguna condena.

En Argentina, también hay dificultad para el intercambio de información con las autoridades brasileñas. La Justicia Argentina aún no tuvo acceso a las informaciones de los cambistas ilegales o ‘valijeros’ brasileños, responsables de hacer circular el dinero de las coimas de la trama Odebrecht. Las autoridades de los dos países están negociando un acuerdo para que los imputados de la Justicia brasileña puedan ser oídos en el país vecino. El principal obstáculo es la ley argentina, que no prevé librar de condena a un delator que entregue elementos importantes para la investigación.

Está en la mira de los argentinos, por ejemplo, el ‘valijero’ paulista Leonardo Meirelles, que firmó la delación premiada con la Justicia brasileña en 2016. En uno de los fragmentos de la delación, él afirma que transfirió más de US$500 mil a una cuenta, en Suiza, del director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) argentina, Gustavo Arribas. Los pagos habrían ocurrido en 2013, cuando Arribas trabajaba en Brasil como empresario de jugadores de fútbol.

Aunque Meirelles no haya dicho los motivos del pago, los investigadores recuerdan que se realizó luego de haberse reactivado un contrato de Odebrecht con el Gobierno argentino para soterrar la ferrovía Sarmiento. Actualmente, la obra es ejecutada por un socio internacional de Odebrecht, la italiana Ghella.

Aún sin las acusaciones de los ‘valijeros’ brasileños, la investigación del caso del tren Sarmiento está adelantada. El diputado Julio de Vido, exministro de los gobiernos Kirchner, puede ser imputado. Hay intercambio de correos electrónicos entre ejecutivos de la constructora y otras socias que comprobaría el pago de coimas. Los fiscales argentinos aún tienen esperanzas de que, en los próximos meses, conseguirán hacer acuerdos con ejecutivos de Odebrecht.

En Colombia, 78 personas son investigadas actualmente por supuesta participación en el escándalo de corrupción; cinco ya fueron condenadas por irregularidades en las obras de Ruta del Sol, entre ellas el exministro Gabriel Ignacio García Morales y los exsenadores Otto Bula y Bernardo Miguel Elías.

Acusado de recibir US$1.5 millones de Odebrecht en su campaña para la presidencia en 2008, el expresidente de El Salvador Mauricio Funes está exiliado en Nicaragua. Funes viajó a Nicaragua después de haber sido condenado en noviembre del año pasado por enriquecimiento ilícito y condenado a devolver, junto con el hijo, US$419 mil a las arcas públicas.

Cárcel. Lula da Silva, expresidente de Brasil, guarda prisión por este caso.

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Reacciones de las instituciones
Desde que Odebrecht firmó un acuerdo de lenidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el cual sus ejecutivos confesaron haber pagado, entre 2003 y 2014, US$788 millones en sobornos para conseguir contratos en 11 países de América Latina y de África, la Operación Lava-Jato provocó temblores políticos en varios países latinoamericanos. El impacto no fue mayor porque, en diversas naciones de la región, falta independencia y estructura de las instituciones, como en el Ministerio Público, que podrían investigar las denuncias.

Las sacudidas más fuertes fueron en Perú, donde Odebrecht llegó a ser la mayor empresa extranjera en el país. El escándalo ocasionó la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, substituido en el cargo por Martín Viscarra, juicios penales contra los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala e investigaciones contra el expresidente Alan García y la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

El caso Lava-Jato también produjo cambios en las leyes peruanas. Para darle eficacia al proceso de colaboración premiada, el Código de Procedimiento Penal de Perú comenzó a permitir que los jefes de organizaciones delictivas vean disminuidas o suspendidas sus penas en los casos en los que colaboren con la Justicia.

Otra consecuencia institucional de la confesión de los ejecutivos de Odebrecht que pagaron US$29 millones en sobornos en Perú fue la creación dentro del Poder Judicial de un sistema especializado en casos de corrupción de funcionarios. Ese sistema comenzó a operar en marzo y se encarga de los juicios penales por delitos cometidos por funcionarios, entre ellos los del caso Odebrecht.

En Panamá, donde tres ejecutivos de Odebrecht confesaron haber pagado sobornos de US$86 millones, el caso llevó a que dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli se fugaran a Estados Unidos, ambos acusados de recibir coimas. En abril, la cancillería panameña solicitó formalmente a Estados Unidos la extradición de Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares.

Quien también huyó a Estados Unidos en el intento de escapar de la Justicia fue Manuel Baldizón, excandidato presidencial en Guatemala, implicado en el caso del pago de US$18 millones en sobornos por Odebrecht para conseguir el contrato de ampliación de una carretera que es la principal vía de acceso del país hacia el sur de México y a El Salvador.

Otro político prófugo en Guatemala es Alejandro Sinibaldi, exministro y también excandidato presidencial. El Ministerio Público guatemalteco está avanzando en los juicios penales y logró el bloqueo de bienes de los procesados por la corrupción de Odebrecht.

En Colombia, las autoridades judiciales iniciaron juicios ni bien recibieron las primeras informaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según las autoridades norteamericanas, los sobornos de Odebrecht en Colombia eran de US$11 millones, pero la investigación del Ministerio Público colombiano concluyó que serían mucho mayores. Hoy existen sobornos documentados por un valor de US$32.5 millones, pero se estima que esa cifra aún puede ser mayor.

En Argentina, donde los ejecutivos de Odebrecht confesaron haber pagado US$41.9 millones para obtener varios contratos de obras públicas, las revelaciones proporcionadas por el Lava-Jato igualmente tuvieron un impacto enorme, aunque podrían tener mayores consecuencias si el Poder Judicial argentino pudiera acceder a la información brindada por los “doleiros” (cambistas ilegales) brasileños. En este momento, los fiscales argentinos aún negocian la posibilidad de llegar a un acuerdo para tener información detallada sobre el pago de coimas por Odebrecht en Argentina.

La principal complicación en la obtención de un acuerdo es la restricción que la ley argentina impone a la renuncia al juicio penal a los delincuentes, cuando ellos colaboran con la justicia dando información. El caso de Odebrecht ya produjo otros cambios en la legislación de Argentina. Con apoyo del Gobierno, el Congreso argentino aprobó, el año pasado, una ley de responsabilidad corporativa que permite el juicio a personas jurídicas.

En Ecuador, donde Odebrecht pagó US$33.5 millones en sobornos, la reacción de rechazo a la corrupción por parte de la sociedad civil, manifestada principalmente por medio de las redes sociales, produjo el despido de varios funcionarios del gobierno del presidente Lenín Moreno. Los funcionarios eran allegados a exintegrantes del gobierno del expresidente Rafael Correa, acusados de estar involucrados en el esquema de corrupción.

Inicialmente, el exfiscal Carlos Baca Mancheno, que por muchos años fue amigo de Correa, abrió innumerables investigaciones preliminares sobre el caso. Pero se cree que fue una estrategia para dispersar las investigaciones en vez de concentrarlas en una única gran investigación que abarcara todas las sospechas de corrupción.

Otro país donde la influencia del Poder Ejecutivo determinó el curso de las investigaciones fue República Dominicana. Allí, el procurador general de la República es designado por el presidente de la república, que puede sustituirlo según su voluntad. La reacción a las denuncias de corrupción de Odebrecht en el gobierno de Danilo Medina surgió sobre todo de la sociedad y generó uno de los fenómenos sociales más importantes de la historia reciente del país: el movimiento Marcha Verde, que realizó grandes manifestaciones populares en contra de la corrupción.

En Argentina, también hay dificultad para el intercambio de información con las autoridades brasileñas. La Justicia Argentina aún no tuvo acceso a las informaciones de los cambistas ilegales o ‘valijeros’ brasileños, responsables de hacer circular el dinero de las coimas de la trama Odebrecht. Las autoridades de los dos países están negociando un acuerdo para que los imputados de la Justicia brasileña puedan ser oídos en el país vecino. El principal obstáculo es la ley argentina, que no prevé librar de condena a un delator que entregue elementos importantes para la investigación.

Por primera vez en la historia dominicana, el tema de la corrupción apareció entre los tres principales problemas del país, según las encuestas. Los principales líderes de la Marcha Verde acusaron a la Procuraduría General de la República de no realizar una investigación consistente a partir de las delaciones obtenidas en Brasil. Esta acusación fue negada por el procurador Jean Alain Rodríguez.

En El Salvador, el avance de las investigaciones también ha sido lento y aún no se sabe si el expresidente Mauricio Funes será procesado por haber recibido de Odebrecht US$1.5 millones para su campaña presidencial en 2008, en la cual el asesor de marketing político fue el brasileño Joao Santana. Funes se exilió en Nicaragua después de haber sido acusado de desviar casi US$1 millón durante su gobierno. En abril último, el procurador general de El Salvador, Douglas Meléndez, informó que solo consiguió cerrar un convenio para intercambiar informaciones con la Procuraduría General de la República brasileña.

Según los especialistas, México fue otro de los países donde la falta de un Ministerio Público independiente del poder político contribuyó a que las investigaciones no avanzaran favorablemente. Allí fue creado un Sistema Nacional Anticorrupción y un Sistema Nacional de Transparencia, cuya prioridad es prevenir casos de corrupción, pero no se conocen resultados penales de las investigaciones de la Procuraduría General de la República sobre el accionar de Odebrecht en el país. La reacción a las denuncias surgió principalmente de los medios de comunicación y de organizaciones de la sociedad civil.

En Brasil, que cuenta con un Ministerio Público fuerte e independiente a escala federal, entidades de defensa de jueces, delegados y fiscales identificaron al menos cuatro iniciativas en el Parlamento brasileño que tendrían como objetivo desacelerar las investigaciones sobre corrupción en Petrobras y en otras áreas de la administración pública, luego de las investigaciones generadas por el Lava-Jato.

Entre las propuestas, consideradas parte de un no declarado paquete anti Lava-Jato, están una nueva ley sobre abuso de autoridad, prohibición de arrepentimiento de imputados presos, blindaje a estudios jurídicos, restricciones a conducciones coercitivas, y el fin de la prisión en segunda instancia. Los proyectos están en trámite en el Congreso brasileño.

El proyecto de una nueva ley de abuso de autoridad establece duras normas para castigar sobre todo a jueces por excesos en las investigaciones criminales. Por este proyecto, los jueces que decreten prisión a investigados sin una debida fundamentación legal estarán sujetos a la destitución y hasta a la detención. El proyecto ya fue aprobado en el Senado y ahora espera la aprobación de la Cámara.

Para Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves, director de Asuntos Legislativos de la Asociación de Jueces Federales de Brasil (AJUFE), la propuesta expone a los jueces a un riesgo innecesario. “Si un juez decreta la prisión preventiva a un investigado, y esta prisión es revocada por un tribunal, ese juez estará sujeto a investigación y hasta puede ir preso”, afirma Alves.

El mismo proyecto también limita las conducciones coercitivas. Por esta propuesta, testigos e investigados no pueden ser llevados a declarar a la fuerza, sin haber sido previamente intimados a prestar declaración a las autoridades legales.

Es decir, las conducciones coercitivas solo estarían permitidas en los casos en que los investigados o testigos no respondieran a la orden de presentarse ante el juez, delegado o fiscal. El mes pasado, el Supremo Tribunal Federal (STF) ratificó la idea. Por seis votos a cinco, determinó que la conducción coercitiva solo cabe cuando el investigado se recusa a prestar testimonio.

El país más atrasado en las investigaciones sobre la corrupción de Odebrecht es Venezuela, donde ninguna investigación fue abierta a pesar de que 32 contratos de obras que estaban designadas a la constructora brasileña estén pendientes de ejecución en el país. La exfiscal Luisa Ortega Díaz viajó a Brasil para obtener información y el Ministerio Público de Venezuela llegó a citar a familiares del exministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas Haiman El Troudi, que tuvieron US$42 millones congelados en cuentas en Suiza, como implicados en la estructura corrupta.

Díaz acusó también al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por corrupción y lavado de dinero. “La poca información que ocasionalmente sale a la luz nos dice que los fiscales encargados de la investigación no hicieron su trabajo”, dice Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. “Si lo hacen, es de forma absolutamente secreta, porque nadie sabe nada”.


Con información de medios del GDA y colaboración de La Prensa de Panamá, Prensa Libre de Guatemala y El Día de República Dominicana

 

 


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