Una controvertida actuación de diplomáticos mexicanos y peruanos logró que, a espaldas de la justicia, se liberara un gigantesco cargamento de madera de origen ilegal extraída del corazón del Amazonas. Es el epílogo de una aventura que involucra a poderosos empresarios y que evidencia las fallas en el sistema de control trasnacional en el millonario negocio de especies forestales.

Del sur al norte: la ruta del tráfico de madera del Amazonas

Un reportaje de Nelly Luna Amancio y Priscila Hernández /Ojo-Publico.com y W Radio/CONNECTAS

Fotografías de Ojo Público (cortesía)

Degradación. El tráfico de madera en la Amazonía poco a poco está acorralando y restándole valor a sus bosques.

En el puerto de Tampico, en el convulsionado estado de Tamaulipas, al norte de México, se dieron los últimos movimientos de una audaz estrategia internacional que logró liberar un millonario cargamento de madera de origen ilegal retenida bajo la denominada Operación Amazonas, la más grande incautación de este tipo en América Latina. Eran 1,312 metros cúbicos de madera proveniente de la selva peruana, equivalente a lo transportado por 60 camiones de carga pesada. La irregular maniobra permitió que la mercancía que tenía orden de inmovilización por parte de la Fiscalía peruana se entregara a un grupo de poderosos empresarios mexicanos.

El cargamento fue liberado con la intervención de diplomáticos de México y Perú, y a espaldas de la justicia de este último país. Una parte importante de la madera que arribó a Tampico fue exportada por Inversiones La Oroza, empresa peruana cuyas importaciones han sido bloqueadas la semana pasada por la Oficina Comercial de Estados Unidos (USTR) por comercializar madera de origen ilegal en el puerto de Houston.

La madera fue transportada por el barco Yacu Kallpa en un largo y azaroso viaje desde Iquitos, el puerto fluvial más importante de la selva del Perú. El 96 % de la madera tenía orden de incautación por la Fiscalía peruana apoyada en un informe técnico del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (OSINFOR) de Perú, que aseguró que provenía de bosques no autorizados. Luego de la irregular liberación de la madera, la justicia peruana solicitó información a la Procuraduría General de la República de México para identificar a los responsables.

Entre las compañías mexicanas que se beneficiaron con la liberación se encuentran dos de las más importantes del rubro en el país azteca: CG Grupo Forestal, S. A. de C. V y CG Universal Wood, S. A. de C. V. Ambas empresas enfrentan una causa judicial en Houston, Estados Unidos, pues no han logrado demostrar la legalidad del origen de una madera que enviaron a sus subsidiarias en aquel país. En ese caso, se aplicó la Ley Lacey, un marco jurídico que prohíbe la importación de productos extraídos sin cumplir con las normas que certifiquen su procedencia. Una medida de protección contra la deforestación ilegal que contrasta con lo sucedido en México, evidenciando las debilidades que América Latina tiene en la materia.

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Permanencia. En puerto de Tampico, ubicado en la frontera norte de México, es el lugar en donde estuvo incautada la madera que viajó en el Yacu Kallpa en 2016.

La odisea del Yacu Kallpa comenzó el 24 de noviembre de 2015, en el puerto de Iquitos en Perú. Ese día, la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales ordenó el decomiso del cargamento que tenía como destino México y Estados Unidos. Pero por impedimentos logísticos para descargar la madera, la fiscalía autorizó el zarpe de la embarcación con la orden de que nadie podía movilizar ni comercializar la mercancía que se encontraba en su interior. Un mes después el Yacu Kallpa arribó a Tampico tras un viaje que incluyó una parada en República Dominicana y misteriosos acercamientos a las costas de Surinam, Honduras y Jamaica.

Ellos argumentaron que compraron la madera de buena fe a sus socios de Perú, y que según los documentos recibidos todo estaba en regla. En la administración del puerto de Tampico y en la Cámara Nacional de la Industria de la Madera de México afirman que la persona que logró rescatar el cargamento de la madera decomisada fue el presidente de la Cámara de Comercio Mexicano Peruano (CCMP), Eduardo Guiulfo, un empresario peruano radicado en México.

“Los propietarios presenten ante la Administración Portuaria de Tampico la documentación fehaciente que acredite la propiedad y soliciten su devolución para que, en caso de ser procedente, se levante el mismo”. Una primera parte de la madera se liberó entre septiembre y octubre de 2016, y finalmente, en diciembre de ese año, toda la madera fue entregada. Cada empresario llevó su documentación y recogió su mercancía.

Así se liberó la madera
Según los documentos obtenidos en esta investigación periodística, las gestiones empresariales influyeron sobre todo en los niveles más altos de la diplomacia de Perú y México. Como en un juego de ajedrez, cada uno de los movimientos fue estratégicamente calculado. Uno de los primeros documentos usados por los madereros para interceder por la liberación del cargamento fue un oficio de febrero de 2016 enviado por la entonces ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú Magali Silva Velarde, al secretario de Economía en México, Ildefonso Guajardo.

En la misiva, la entonces ministra asegura que “en ese momento no era posible ni para los importadores de México, las autoridades de Aduanas, la Administración Técnica Forestal de Fauna Silvestre de Lima y los exportadores peruanos que adquirieron la madera (aquellos que compran, no los que producen ) poder conocer sobre un presunto origen ilegal de cualquier de estos productos forestales”…. “Los productos forestales del caso en investigación provienen de bosques de la región Loreto, donde el respectivo gobierno regional ejerce la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre desde 2010”, se lee en el oficio n.º 95 de febrero de 2016, tres meses después de la intervención fiscal.

Pero este oficio solo fue el inicio de una larga cadena de intervenciones de ambos gobiernos. En entrevista para esta investigación periodística el empresario Guiulfo confirmó que el trámite para liberar la madera incluyó varios viajes, reuniones y citas diplomáticas. “(Esto fue posible) gracias al accionar de la Cámara de Comercio y el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México”, sostiene.
También que entre los documentos que presentaron para tramitar la entrega del cargamento estuvo un escrito enviado el 21 de abril de 2016 por Carlos Obrador Garrido, encargado de la dirección para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México que confirma que representantes de la Cámara de Comercio Mexicano Peruano se reunieron el 22 de marzo de 2016 en la cancillería mexicana para abordar “la problemática que han experimentado para importar madera peruana”.

En este último documento, la autoridad diplomática de México se alinea con la versión de los empresarios, de que en “la documentación presentada por la embarcación y la obtenida por esas autoridades no se detecta irregularidad alguna”. La SRE sustenta su respuesta en las consultas realizadas a distintos organismos mexicanos como la Procuraduría General de la República (PGR), la Administración Portuaria Integral de Tampico, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Datos. El representante del Poder Judicial peruano envío el año pasado una carta a las autoridades mexicanas solicitando información sobre el destino de la madera que tenía orden de inmovilización.

De forma llamativa, en ninguna parte de la respuesta de la SRE se menciona la investigación penal que se llevaba en Perú sobre el origen ilegal de ese cargamento. Solo señalan que “para liberar la mercancía, dada la solicitud de asistencia jurídica formulada por el Perú, debe continuarse con las diligencias necesarias hasta su total esclarecimiento”.
Lo que finalmente abrió las puertas a la liberación de la madera fue el último punto del documento de la SRE donde se instruye a las autoridades locales en los siguientes términos: “Los propietarios presenten ante la Administración Portuaria de Tampico la documentación fehaciente que acredite la propiedad y soliciten su devolución para que, en caso de ser procedente, se levante el mismo”. Una primera parte de la madera se liberó entre septiembre y octubre de 2016, y finalmente, en diciembre de ese año, toda la madera fue entregada. Cada empresario llevó su documentación y recogió su mercancía.

Guiulfo sostiene que el papel de la Secretaría de Relaciones de México fue “fundamental en el proceso de liberación” y agradeció que “El Gobierno de México hizo su papel correctamente y hay que felicitarlo. Para él era más fácil para no tener fricción con Perú hacerse de la vista gorda”, mencionó.
El empresario peruano asegura que en 1988, él fue uno de los precursores de la comercialización de madera desde Perú hacia México. Según datos oficiales, México llegó a ser el principal importador de madera proveniente de los bosques tropicales de la Amazonía, solo superado luego por Estados Unidos y recientemente por China. Una ruta que se suspendió tras el decomiso del Yacu Kallpa.

El rastro de las irregularidades en el proceso de entrega de ese cargamento de origen ilegal quedó en documentos oficiales en Perú y México a los que accedió esta investigación. Todas las gestiones se realizaron sin el conocimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales del Perú. Solo el 2 de febrero de 2017, casi dos meses después de que se liberó la madera, la Embajada de Perú en México envió una nota a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México donde señaló que “la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía de la Nación ha tomado conocimiento recientemente de manera extraoficial de la entrega de los 3,331 atados de madera en Tampico, Tamaulipas, a los presuntos propietarios”.

La nota n.º 5-19-M/034 revela el desconocimiento de las autoridades peruanas sobre lo que había ocurrido en México. En el documento se menciona que la Unidad de Cooperación Judicial Internacional del Perú “ha manifestado su preocupación con relación al presente caso, al considerar que no recibió de manera oportuna la información solicitada, ni se informó en su momento de la petición formulada por los supuestos propietarios para la entrega de la madera que como Estado requirente considera que debió ser informada o notificada, para así proceder en defensa de los intereses del Estado, tanto más considerando que dicha madera, según las investigaciones efectuadas, tiene calidad de objeto del delito en Perú”.

Ilegal. Las autoridades del Ministerio Público del Perú declararon la inmovilización de un cargamento de madera de origen ilegal que tenía como destino México.

Mientras los empresarios propietarios de la madera en México celebran la liberación del cargamento, en Perú el procurador en Delitos Ambientales, Julio Guzmán, declaró que la irregular liberación afecta la lucha contra la tala ilegal en la Amazonía y atenta contra las investigaciones por el tráfico de madera. Para el funcionario, bajo ningún motivo ese cargamento debió ser liberado. “Desde la procuraduría iniciaremos acciones legales contra las autoridades de Perú que permitieron la entrega”. Enfatizó también en que “esta autorización solo pudo darla el Ministerio Público y eso no ocurrió”.

Además de estas medidas, el procurador anunció que también están evaluando presentar una acción civil de indemnización por la pérdida de un bien que pertenecía al Estado. “La madera inmovilizada estaba en manos del Estado Peruano y su liberación afecta el patrimonio del Estado”. En estos momentos, como parte del proceso de investigación penal, Guzmán explicó que también solicitarán que se incorporen como terceros responsables a las empresas exportadoras de la cuestionada madera: Inversiones La Oroza, Sico Maderas SAC y la Corporación Inforest MC SAC, empresas de vasta trayectoria en el país andino.

La ilegalidad de la madera que transportaba el Yacu Kallpa se fundamenta en los informes de verificación realizados por el OSINFOR, que constató en el terreno si los lugares registrados como el lugar de la extracción era real y si correspondía a bosques autorizados para la tala. Es así como se determinó que el 96 % del cargamento era de origen ilegal. “No existía ninguna evidencia de que la madera había salido de los lugares de donde decían que había sido extraída. Casi todo el embarque que se intentaban comercializar no se encuentra justificado en campo”, explica con detalle Rolando Navarro, exjefe de OSINFOR, que fue destituido de su cargo precisamente luego de la inspección que lideró para identificar la procedencia de esa madera. Esta información ahora forma parte del expediente fiscal que investiga el caso en Perú por tala ilegal y tráfico de madera.

La autoridad diplomática de México se alinea con la versión de los empresarios, de que en “la documentación presentada por la embarcación y la obtenida por esas autoridades no se detecta irregularidad alguna”. La SRE sustenta su respuesta en las consultas realizadas a distintos organismos mexicanos como la Procuraduría General de la República (PGR), la Administración Portuaria Integral de Tampico, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Liberación. Las autoridades mexicanas permitieron la liberación de este cargamento de madera que provenía de Perú y que tenía un origen fuera del marco de las leyes.

La historia de la madera liberada incorpora una red activa de autoridades y empresarios exportadores e importadores vinculados a la comercialización de los recursos forestales en Perú y México. Todos están conectados. Los empresarios compradores de la madera son a su vez integrantes de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de Productos Forestales (IMEXFOR).
Los empresarios beneficiados con la estrategia diplomática son de los más importantes en el rubro, varios ubicados en Guadalajara, México. Entre ellos se encuentra José Ernesto Ceballos Gallardo, quien también es directivo de Grupo Cebra, en Estados Unidos, según el registro del estado de Nevada. Allí, es propietario de Global Plywood, una de las empresas madereras que en 2016 fue allanada en EUA, acusada de importar madera declarada ilegal por el Perú.

Con el nombre de Grupo Forestal, S. A. de C. V. Ceballos Gallardo, de Grupo Cebra, fue uno de los principales compradores del cargamento del Yacu Kallpa. Entre los 16 compradores están también la empresa Tryplays y Madera, de Gerardo Huerta Madrigal; y Sud American Lumber, de Eduardo Guiulfo. Todos integrantes de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de Productos Forestales de México (IMEXFOR).

Para esta investigación, se solicitó los descargos a José Ceballos, pero luego de aceptar el pedido nos informó que no daría la entrevista. Eduardo Guiulfo jugó un papel importante como nexo entre ambos países. Fue él quien remitió un escrito a la entonces ministra de Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu Salinas. La misiva inicia con una referencia al interés que tiene la canciller en los “procesos de integración comercial de la alianza estratégica con el Perú”. En las mismas fechas, marzo 2016, Ruiz Massieu se reunió en Ciudad de México con su homóloga peruana, Ana María Sánchez Vargas, en el marco del Consejo de Asociación Estratégica México-Perú.

La Cámara de Comercio Mexicano Peruano liderada por Guiulfo aprovechó la coyuntura política y pidió que el tema del cargamento detenido en Tampico fuera incluido en la agenda de la alianza México-Perú. La cámara alegó un “grave daño a toda la cadena comercial logística” que mueve el negocio de la madera en dichos países. “Puede (sic) verse afectados desde sus inicios por la problemática de la madera exportada del Perú e importada por prestigiados (sic) comercializados mexicanos, causando un grave daño económico a toda la cadena comercial logística, además del deterioro de la imagen y de las oportunidades de la alianza)”, se lee en el documento que el empresario maderero envió.

En la carta se acusa además al OSINFOR de haber “entregado información fuera de sus competencias” al interactuar con dependencias como INTERPOL del Perú. La cámara se queja por la mala publicidad que les da “la madera de tala ilegal y robada”. En la misma carta dirigida a la ministra Claudia Ruiz Massieu, Guiulfo hace referencia a la misiva enviada por la entonces ministra del Comercio Exterior y de Turismo peruana, Magali Silva Velarde, al secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, para reafirmar que “la salida de los productos forestales maderables de Perú era legítima”.

Origen peruano. Las variedades de maderas exportadas de Perú son cumala, lupuna, tornillo, shihuahuaco y capirona.

En los puertos mexicanos, como el de Tampico donde llegó la madera del Yacu Kallpa, las revisiones de la madera se enfocan en especial a evitar que los cargamentos no tengan plagas. El subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), Arturo Rodríguez Abitia, indicó que el proceso de la madera en los puertos incluye la revisión de los documentos por parte de PROFEPA. Sin embargo, no hay forma de que la autoridad rastree y contraste la documentación con el país de origen para tener certeza del origen legal de la madera.

En esta dependencia hay 90 inspectores que deben verificar 67 puntos de revisión en puertos y aeropuertos de todo México. “Se trabaja al límite, no es la capacidad que quisiéramos para ser más efectivos con esta vigilancia”, reconoció el subprocurador Rodríguez.

De hecho los recorridos de los cargamentos desde la selva suramericana, evidencian como México ha servido como una zona de paso para que la madera bien sea buscando llegar al puerto en Houston, Estados Unidos, o según las investigaciones oficiales, buscando cruzar la frontera por carretera disfrazando el verdadero origen de los gigantescos tablones.

El coordinador de políticas públicas del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), Raúl Benet, cuestionó que México liberara la madera que viajaba en el barco Yacu Kallpa. Para el experto, que las autoridades mexicanas hayan entregado el cargamento es solo “el reflejo de las leyes ‘laxas’ ante el mercado de la importación de recursos forestales en un país que solo se enfoca en la revisión fitosanitaria, sin tener certeza del origen legal de la madera”. Medidas a todas luces insuficientes para contrarrestar de manera eficiente la deforestación que avanza en el Amazonas.


Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

 


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