Boom de carteles empresariales en América Latina

Más de 600 compañías en la región han hecho pactos ilegales en sectores básicos que van desde de la alimentación y la salud hasta el transporte. Por ahora las multas contra empresas involucradas en un centenar de carteles superan los 2.600 millones de dólares. Sanciones con las que se trata de contener una práctica de la que sus principales víctimas son los consumidores.

Fotografías de / Ilustraciones de IDL-reporteros
Sanciones. Luego de una investigación de ocho años en Brasil, seis empresas, dos asociaciones gremiales y seis personas naturales fueron sancionadas en 2014.
Más caro. Al menos dos millones de hogares colombianos con bebés pagaron sobrecostos de entre $168 y $400 mientras existió el cartel de los Pañales entre 2001 y 2012.

Por esta época hace un año, todos los chilenos mayores de 18 años recibieron el anuncio que eran beneficiarios de 150 millones de dólares. Cada uno recibiría aproxímadamente 10 dólares. El origen del sorpresivo aguinaldo fue la gigantesca corporación CMPC, el holding de empresas forestales y papeleras controlado por la familia Matte, una de las más ricas de este país. El valor no correspondía a un arrebato de generosidad. Por el contrario. Se trataba de una reparación económica para todos los chilenos que durante años fueron víctimas de un acuerdo de precios que ejecutivos de esta empresa hicieron con su competencia, incrementando de manera artificial los precios de productos tan básicos como el del papel higienico.

El inédito acuerdo, que se logró gracias al activo rol de organizaciones de consumidores de ese país sentó un precedente en América Latina de cómo compensar directamente a los ciudadanos por parte de las empresas que han conformado carteles empresariales. Una práctica que tiene alertadas a las autoridades desde México hasta el cono sur y que consiste en pactos secretos e ilícitos tramados por ejecutivos de alta alcurnia que han decidido  abandonar la libre competencia para exprimir los bolsillos de los consumidores a través del aumento conciliado y artificial de los precios de sus productos o del reparto de mercados en los que han actuado con vocación monopólica.

La cartelización, que es el nombre técnico de esta práctica, que más allá de la asociación que en la región se hace con las organizaciones del narcotráfico es un comportamiento empresarial que ha proliferado pese a la reacción de las autoridades en algunos paises como Brasil, Colombia, México, Chile y Perú, que son los países donde más sanciones se han puesto.

Esta investigación realizada por IDL Reporteros de Perú, y la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS, revela que en la región al menos 600 compañías, fueron señaladas entre 2012 y el primer semestre de 2017 de haber formado parte de estas conspiraciones para acordar precios de sus productos, según la información obtenida de 14 organismos estatales de protección del mercado y de la libre competencia en el continente. De acuerdo con la investigación, las autoridades nacionales han impuesto un monto superior a 2.600 millones de dólares en multas contra compañías que han participado en un centenar de carteles. (Vea acá la investigación completa https://www.connectas.org/especiales/america-latina-region-de-carteles/index.html)

“Hemos visto solo la punta del iceberg”, dice Antonio Capobiano, experto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que ha impulsado estrategias para el resguardo del libre mercado en América Latina desde hace una década y media. Según el especialista, los Estados deben profundizar la lucha y fortalecer a las instituciones encargadas de prevenir y castigar los delitos contra la competencia.

Para perseguir a los carteles, las autoridades han encontrdo en la delación premiada ha sido una gran aliada. Se trata de confesiones a cambio de rebajas en las penas, sin embargo, no han estado exentas de controversias pues en general se exime del 100 porciento de sanciones  a quienes delatan primero (Amplíe más de cómo se persigue a los carteles acá: https://www.connectas.org/especiales/america-latina-region-de-carteles/perseguir-la-colusion.html )

La revisión de IDL Reporteros y CONNECTAS confirmó que carteles empresariales han sido descubiertos en conexión con bienes y servicios básicos relacionados, entre otros, con sectores como el de la alimentación, la salud, el transporte y la vivienda. Mientras algunos paises avanzan en las sanciones, otros recién activaron sus organismos fiscalizadores, como el caso de Paraguay, y en otros ni siquiera existe regulación al respecto como en Guatemala. ( Detalle más sobre la forma en que algunos empresarios han armado los carteles en sus sectores https://www.connectas.org/especiales/america-latina-region-de-carteles/ganar-sin-competir.html )

En Estados Unidos y Europa, ciudadanos afectados por los carteles empresariales han reclamado exitosamente indemnizaciones. En Latinoamérica los abusos corporativos no siempre han contado en la región con la respuesta de organizaciones civiles de consumidores (Conozca sobre las barreras que impiden las reparaciones https://www.connectas.org/especiales/america-latina-region-de-carteles/cobrar-por-los-danos.html). Si bien el caso de Chile es ejemplarizante, por el momento la ejecución final de la repación a los chilenos mayores de 18 años esta pendiente de decisiones que debe adoptar la Corte Suprema de Justicia de ese país y apelaciones de nuevas ligas de consumidores que aspiran a una mayor indemnización pues consideran que los 150 millones de dólares pactados aún es poco para el daño causado. Al confirmarse y ejecutarse este acuerdo en los próximos días, se abrirá un nuevo camino en el control del abuso del poder que ciertas corporaciones han tenido sobre los consumidores.


Este reportaje fue realizado por IDL Reporteros de Perú, y la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS,  y es republicado gracias a un acuerdo para la redifusión de contenidos.

Acuerdo. “Nuestros precios deberán subir 5 %”, se señala en un correo de junio de 2003 compartido por ejecutivos que fraguaban un pacto colusorio en Colombia.
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