Arriesgar la vida para ganarla

¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan las personas que trabajan fuera de oficina y en comunidades? La respuesta, para la lideresa sindical Sarahí Molina, es simple: “No es raro escuchar que trabajadores que distribuyen productos en las colonias han sido secuestrados por las pandillas. Y ya hay vendedores que han sido asesinados porque el patrón no paga la ‘renta’”, responde.

Molina es la secretaria general del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador (MUSYGES). Este movimiento agrupa varias organizaciones que luchan por los derechos de los trabajadores a escala nacional. Ella opina que la violencia social de la que son víctimas algunos trabajadores en sus horarios laborales podrá verse disminuida cuando el Estado se fortalezca en el territorio y garantice la seguridad para toda la población. Esa medida, hoy por hoy, suena a una larga espera.

Mientras, algunos empleados de campo han ideado estrategias personales para disminuir el riesgo cuando trabajan. Y esas tácticas van desde pedir permiso antes de entrar a una colonia hasta aprender a negociar con calma para que un grupo de pandilleros no mate al colega.

Entre enero y octubre de este año se registraron 2,845 homicidios. Las autoridades han presentado esa cifra como un avance en la lucha contra la inseguridad y violencia porque, en teoría, ha ocurrido una reducción del 15.8 % de asesinatos, comparado con 2017. Sin embargo, la Fiscalía General de la República ha brindado datos que hacen que se cuestione la reducción.

La Fiscalía sostiene que las desapariciones han aumentado en El Salvador y, en promedio, se desconoce el paradero de 10 nuevas personas cada día. Solo en 2018 ya van más de 3,000 denuncias de este tipo.

“La situación de los trabajadores cada día va más precaria. Mientras el Estado no controle los territorios, esto va a seguir sucediendo. Por el desempleo que hay, mucha gente acepta un trabajo, a pesar de que sabe que va a exponer su vida”, dice, con pesar, Molina.

El Código de Trabajo establece que los empleadores deben propiciar un ambiente seguro para sus trabajadores, y el artículo 317 de esa legislación considera como accidente laboral todo aquel que sucede “a consecuencia de un delito, cuasidelito o falta, imputables al patrono, a un compañero de trabajo o a un tercero, cometido durante la ejecución de las labores”. Sin embargo, no hay un marco legal que proteja de manera especial a este tipo de trabajadores que se mueven entre comunidades.

“En la parte de la delincuencia, el patrono no tiene la posibilidad de garantizar condiciones específicas para sus trabajadores. Esa es una función del Estado”, asegura José Rodezno, experto en derecho laboral.

Rodezno se desempeñó como director general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Sostiene que las medidas que los empleadores pueden tomar para proteger a estos asalariados en el contexto de violencia actual no están reguladas en ningún sitio.

“A lo mucho que se podría llegar, estirando un poco el sentido de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, es a limitar el acceso de trabajadores a zonas de mucha criminalidad… pero algo que diga que usted tiene prohibido enviar a un trabajador a un área por su alto índice de criminalidad no existe”, asegura el abogado.

Mientras tanto, cientos de empleados continúan trabajando y combinando su labor con el miedo.

Estos son cuatro testimonios de trabajadores de campo. Ellos brindan su versión sobre cómo es salir a laborar. Ninguno de los entrevistados denunció estos hechos ante la Policía porque consideraron que una denuncia formal los pondría en mayor riesgo. Tres de ellos pidieron que sus nombres no fueran revelados.

Ilustración de Moris Aldana

La locación inadecuada

“Pues se me van de aquí a la mierda. Todos ustedes no tienen nada que hacer acá, saquen estas cámaras”, recuerda Carmen que le gritó un hombre armado mientras intentaba grabar un comercial en Mejicanos. Volvió a ver su alrededor y había otros dos hombres mostrando un arma de fuego.

Carmen es una productora audiovisual que trabaja para distintos clientes. Tiene 28 años y los últimos cinco los ha dedicado a coordinar grabaciones. Como si fuera algo normal, colecciona historias de cómo no le han permitido filmar en ciertas colonias, de tener que pedir permiso a una pandilla para poder elevar un dron o de escuchar disparos cercanos mientras se intenta filmar una entrevista.

El día que la sacaron de Mejicanos lo recuerda con más fuerza porque fue la primera vez que la amenazaron directamente con armas. El equipo técnico, los actores y ella habían llegado a grabar a una colonia que parecía tranquila. Carmen incluso asegura que coordinó con personal de la alcaldía para poder estar en el sitio. Entonces, cuenta, le dijeron que no se preocupara, que era una zona sana.

Esa idea se desvaneció cuando escuchó los gritos. “Toda la gente empezó a agarrar sus cosas y yo me quedé quieta. Después el hombre armado pasó frente a mí, empujándome, que qué esperaba. Teníamos los carros ahí cerquita de dónde íbamos a grabar, pero como nos echaron, empezamos a caminar sin destino”, cuenta. Al final, lograron entrar a una Casa de la Cultura. Ahí se refugiaron hasta que llegaron los agentes del CAM de la zona y los acompañaron a sacar los autos.

Carmen explica que es mejor trabajar en locaciones privadas en lugar de hacer tomas en lugares donde “ponés en riesgo miles de dólares y la vida”. Y es que esos espacios a los que ella se refiere no suelen ser gentiles con extraños. Para poner un ejemplo, cuenta que hace unos meses su jefa de entonces le pidió hacer tomas de dron en el reparto La Campanera, en Soyapango. La tarea era grabar una cárcava.

“Mi contacto en la zona me dijo ‘mire, no vayan a venir, mejor’. Y yo le dije a mi jefa: ‘Nos aconsejan no ir porque acaba de suceder un tiroteo con investigadores encubiertos’. Y mi jefa dijo: ‘Sí, pero necesitamos esas imágenes’. Ella insistía en que las necesitábamos, y yo pensaba ‘¿sí estás comprendiendo que acaban de dispararles?’. Ahí me molesté un montón porque fue (saber) que les interesa más que vayamos a hacer esas putas imágenes cuando está en riesgo nuestra vida”, narra, con frustración, la productora.

En esa ocasión, Carmen decidió no ir y enfrentar las posibles consecuencias. Pero, dice, no puede hacer eso cada vez que una locación es peligrosa. Quiere seguir trabajando en el mundo audiovisual, aunque eso implique correr cierto riesgo. Cuando entra a zonas inseguras, dice, ya le ha enviado las coordenadas de su ubicación a algún amigo a través de WhatsApp. La estrategia, que hasta ahora nunca ha sido necesario poner en marcha, es que si Carmen deja de responder durante media hora, el amigo debe llamar automáticamente a la empresa audiovisual para avisar que ella está en problemas.

Ilustración de Moris Aldana

Contra las púas por una carta

El problema de Édgar Escalante se agravó por su corte de cabello. Édgar es un trabajador de Correos de El Salvador, en la oficina de Santa Tecla. Es moreno y robusto. Rodeado de correspondencia, recuerda la vez en que dos pandilleros le hicieron entender que no era bienvenido en una colonia.
Eran las 11 de la mañana y Édgar estaba acompañado por otros dos carteros en la zona norponiente de La Libertad. Los tres entraron juntos y, pronto, les cuestionaron los motivos de su tránsito por el lugar.

“Primero nos hicieron la llamada de alto, que de dónde son, qué andan haciendo. Luego me dicen: ‘Mira, vos tenés plante de jura’. Y yo le digo que no, que mi corte de cabello así es”, relata el empleado de Correos. Después de eso, recibió su primer golpe en plena calle. “Nos quitaron nuestras pertenencias, se nos revisó el cuerpo y prácticamente quedamos en ropa interior. Fue frente a todo mundo”.

En este salón de correspondencia hace calor al mediodía y más carteros escuchan la historia de Édgar. A ninguno parece sorprenderlo: “Me pegaron la primera pechada y me toparon a un cerco de alambre de púas y, con cada empujón, imagínese lo que me pasaba en la espalda”. De acuerdo con su relato, sus compañeros también fueron empujados contra el cerco y los alambres se les incrustaron en la piel.

“Pasé como una semana con mis golpes”, dice. Una de las personas de esa zona, comenta, reconoció a uno de los carteros y le aseguró a quienes los golpeaban que sí, que ellos trabajaban repartiendo correspondencia. Ese comentario funcionó como salvoconducto. Los tres hombres se pusieron su ropa y salieron. El correo ha dejado de llegar a esa colonia.

Las cosas no parecen ser distintas para otros empleados de Correos. Otras tres personas que trabajan en la institución afirman conocer experiencias similares, en las que se les exige un pago para poder ingresar a dejar paquetes, en las que son perseguidos o en las que sus compañeros son expulsados de las comunidades a punta de pistola.

De estos hechos no hay denuncia. “Entonces es cuando le damos vida a la impunidad porque no podemos denunciar; si lo hacemos, ponemos en riesgo a los demás compañeros, porque nosotros andamos en la calle, damos la espalda a cada rato”, justifica Escalante.

En una pared de la oficina, unas tablas forman los cuadros que dividen la correspondencia por zona de distribución. “La institución, por ley y por normativas internacionales, tiene la obligación de servirle a la población. Los convenios obligan a hacer llegar la comunicación vía escrita a todos los rincones de la república. Es el derecho a estar conectado y comunicado con el mundo”, dice Escalante, orgulloso del trabajo que hace.

Luego aterriza a la realidad salvadoreña y muestra un cajón de madera en la esquina inferior derecha de la pared. “Este cajoncito son lugares a los que no vamos. Nosotros tenemos zonas de alto riesgo y esa correspondencia la ponemos a un lado”, explica. En este trabajo, adaptarse ha implicado idear maneras de contactar a los destinatarios de ciertas cartas y paquetes sin tratar directamente con ellos. “Se les llama por teléfono o se va a puntos de pick up o buses y ahí preguntamos si le pueden decir que tiene un paquete en Correos”. La idea es reducir el riesgo: “No queremos héroes ni queremos mártires”.

Ilustración de Moris Aldana

Desarrollo entre el conflicto

Virginia trabaja desde hace 13 años en proyectos de desarrollo con organizaciones locales e internacionales. Hace un año, cuenta desde una sala de reuniones, su carrera le presentó un reto desgarrador y contradictorio. Debía formar a las mujeres de una comunidad en prevención de violencia de género. Sin embargo, para conservar el permiso de la pandilla para dar la charla, debía acatar la regla básica de convivencia en esa comunidad de San Salvador: ver, oír y callar. Y lo que había que callar no era sencillo. Virginia sostiene que en esa comunidad, era de conocimiento general que un pandillero abusaba sexualmente de una niña de 12 años.

La primera vez que Virginia llegó a esa comunidad, no fue bienvenida. Un cabecilla de la pandilla, asegura, la sacó. “El líder comunal empezó a reclamar que quién era la coordinadora de esa charla, que quién me había autorizado. Me dijo que me fuera. Nos reunimos en otro lugar con los asistentes y pregunté qué pasó. Y resulta que el presidente de la junta directiva es líder de la pandilla”.

Para poder realizar su trabajo, Virginia tuvo que volver al lugar del cual la habían sacado y solicitar que el mismo sujeto la escuchara. “Lamentablemente, me tocó hacer negociación con este señor, presentarle a él el proyecto, explicarle de qué se trataba. El proyecto estaba enmarcado en prevención de violencia contra la mujer, pero yo no le dije que el tema era ese. Le dije que era promoción de derechos”, confiesa.

El líder le puso tres condiciones para poder impartir las charlas: “Me prohibió que llegara sin avisar, me prohibió que usara el término violencia y me prohibió que llegara con gente de la alcaldía”. Solo con ese aval solucionado pudo realizar sus capacitaciones en la comunidad.

“Lamento que vivamos en un país donde a muchos técnicos nos toque negociar con el crimen para poder llevar a cabo proyectos de desarrollo para comunidades completas”, dice con un atisbo de enojo en la voz.

En el transcurso de esas charlas fue que escuchó por primera vez sobre el caso de abuso sexual infantil que ocurría en la zona. “Si la niña se quejaba o lloraba, la sacaban desnuda a la calle”, recuerda.

Las experiencias laborales anteriores en proyectos de desarrollo comunitario no habían sido más esperanzadoras, acepta la experta. Luego pone de ejemplo el caso de un representante comunal que fue asesinado, en teoría, porque no colaboró con la pandilla local en un robo. También cuenta que promotores de salud con los que ella trabajaba han sido asesinados en los últimos años. Para Virginia, su trabajo parece estar ligado a la tragedia.

En otra ocasión, recuerda, estaba impartiendo una charla sobre salud sexual y reproductiva que tuvo que ser interrumpida por una balacera a pocos metros. “Uno de los jóvenes solo me dijo ‘agachémonos, que no nos vean en las ventanas’. Al final todos se quedaron en el piso y una de las ventanas estaba medio abierta. Cuando yo quise pararme para ir a cerrarla, logré ver que sacaron de una casa a un señor y lo estaban desnudando. Le quitaron toda la ropa, buscándole algún tatuaje”.

Mientras Virginia observaba por la ventana lo que sucedía afuera del aula, uno de los estudiantes le rogaba: “Apártese. No quiero que nos vayan a ver. Ellos me tienen prohibido participar en estos proyectos”.

Así, estos 13 años de experiencias entre balas, asesinatos de conocidos y amenazas le han valido a Virginia para caminar alerta. A pesar de que la naturaleza de algunos de sus trabajos le exigen llevar un diario de campo, ella solo toma notas de lo que ve en las comunidades hasta que se siente en un lugar seguro. Ahora estudia con más detalle la ruta a tomar dentro de las colonias para no mostrarse perdida, dice que jamás saca el teléfono de su bolso mientras trabaja y recuerda otra medida de seguridad importante que ha decidido para sus proyectos: para evitar confrontaciones, es mejor nunca coordinar seguridad con la Policía Nacional Civil (PNC).

Virginia ha decidido camuflar la mirada ante ciertas cosas: “Si veo una discusión, si veo armas, hago como que no me fijé”. Solo así ha logrado terminar los proyectos para los que las organizaciones la contratan.

Ilustración de Moris Aldana

El peligro del gas

Durante tres años, desde 2015, Jaime trabajó como motorista de una empresa repartidora de gas propano. En sus trayectos no solo se encargaba de llevar el producto, sino de cobrarlo. Usualmente lo acompañaba en su viaje un vigilante y los ayudantes. Parecía que todo estaba bien calculado para no correr ningún peligro a pesar de entrar a colonias con alto nivel de criminalidad, pero pronto se daría cuenta que no era así.

“Llega uno de mis ayudantes pálido y me dice: ‘Mirá, allá tienen los bichos en el pasaje a aquel’”. Jaime cuenta que un grupo de jóvenes pertenecientes a la pandilla de la zona habían detenido al ayudante que entregaba los tambos de gas. El trabajador, de unos 22 años, era nuevo. Tenía una semana de haber empezado. Jaime le pidió al grupo que lo dejara ir, pero los muchachos respondieron que no.

Al ayudante le habían quitado la camisa, la cartera y hasta los zapatos, asegura Jaime. Preocupado, pidió que arreglaran la situación y la respuesta que recuerda haber recibido fue una muy simple: “O te vas sin él o no te vas”.

Jaime ya había visto noticias de otros repartidores de gas asesinados, incluso hoy todavía tiene en su celular la noticia del asesinato de otro vendedor de gas con quien tenía una amistad. Sabía que la amenaza era real. Se dio la vuelta y pidió a la vendedora de gas de la zona que intercediera. La señora llamó a alguien, que él asume era de la pandilla, y esa llamada fue suficiente para que el grupo accediera a negociar. “La onda está que nos das 80 bolas (dólares) y te damos tranquilo al bicho”, le respondieron.

Jaime no contaba con ese dinero de su propia bolsa. El dinero que tenía provenía de la venta de los tambos. Así que llamó a su jefe para explicarle que sacaría $80 de la ganancia del día.

“En esa situación, los jefes creen que uno es el que se presta o que uno lo hace por sacarle dinero a la empresa. Yo le llamé, y le dije: ‘Mire, aquí está este chamaco y lo tienen en un pasaje en la San Ramón y $80 quieren por dejarlo ir’”. Su jefe puso un poco de resistencia, asegura, y le pidió que negociara con la pandilla, que cómo era posible que quisieran más dinero si ya pagaban “renta”.

Jaime, exasperado, le dijo que mejor le entregaría el teléfono a los pandilleros para que negociaran con él a distancia. Él recuerda que, ante esa posibilidad, su jefe se negó y aceptó que se pagaran los $80.

Él sostiene que en los tres años que trabajó para la empresa repartidora de gas, fue constantemente amenazado, extorsionado y robado. “‘Al rato me van a matar, yo ya no voy a venir acá’, decía yo. Pero te ponés a pensar: tengo que pagar casa, tengo que pagar teléfono, tengo que pagar recibos… y vos decidís que tenés que hacerle huevos. Al final, tenés que aprender a tratar con ellos. Yo tuve una de las rutas más cabronas. Pero ¿qué hacía? Pasaba en alguna tienda, compraba dos gaseosas y una caja de cigarros, y cuando ya veía que el bicho venía saliendo del pasaje, ya sacaba la soda y la caja de cigarros. Te los empezás a ganar”.

A finales del año pasado se cansó. No tenía otro trabajo, pero renunció. No podía seguir pensando que su vida corría peligro: “Me afectaba. Yo pensaba que en cualquier momento, alguien podía venir y, sin mediar palabra, me mataban y ya estuvo. Y en las noticias iba a salir ‘matan a repartidor de gas en tal colonia’. Parte sin novedad”.

Desde la patria del niño

Esta semana que se inicia celebramos el IX Festival de Literatura Infantil. Gracias a quienes nos alentaron para llegar a esta versión que ha favorecido a niños y niñas de comunidades vulnerables. Difícil citar a los que nos favorecen con su comprensión y sensibilidad hacia un evento tan necesario para nuestros pequeñitos invitados. Agradecemos a algunas universidades y empresas privadas de todo tipo, a editoriales, y en especial a poetas y artistas que creen que la lectura y el libro se asocian si se les da un momento de alegría.

La lectura a esa edad es inolvidable. Recuerdo que en mi primer grado, el director de la escuela pública de San Miguel, en la formación general, nos decía un poema de Espino, y visitaba el grado para leernos cuentos del libro “Corazón” de Edmundo de Amicis. Así supe de la nieve en aquel calor migueleño, y de juegos con bolas de nieve. Por eso relacionamos libros y lectura con recreación artística. En fin, un festival es fiesta, sencilla; con hondura educativa.

Escribo esta columna conmocionado por los niños y adultos que dejan su país, la patria a la que se dedica la oración a la bandera y en la que se le rinden honores a los que declararon la independencia. Si al escribir temblara la voz, estas líneas serían ininteligibles. Pero la palabra escrita permite plantear con serenidad reflexiva propuestas de solución, más que discursos o lamentos.

A propósito el 30 de octubre conversé con uno de los poetas visitantes al IX Festival de Literatura Infantil, además cofundador: Jorge Tetl Argueta, de raíces náhuat (traduce poemas a ese idioma); por interés adquirido desde su infancia en Santo Domingo de Guzmán, y porque como emigrante hacia el Norte convivió por cuatro años en la reserva indígena de los Paiute Shoshone, Nevada, huésped en sus cabañas piramidales de cuero. Quiso encontrarse a sí mismo y encontró la poesía. Ha ganado varios premios en EUA y publicado allá 22 libros de literatura infantil.

Conversamos sobre las dificultades que pasamos para organizar desde la Biblioteca Nacional el Festival Infantil; de pronto surgió el tema de los emigrantes que salieron el 28 de octubre del monumento al Salvador del Mundo. Jorge Tetl los visitó la noche previa para leerles poemas a los salvadoreños que se reunían en dicha Plaza. Hicimos a un lado los problemas económicos del festival y pasamos a un tema ultrapreocupante.

Decidí entrevistarlo con un café y un cachito salado, siempre lo disfrutamos en nuestros encuentros. Me dice que algunos observadores ajenos a los emigrantes le aconsejaron hacerlos desistir por lo peligroso, sobre una iniciativa tan riesgosa como encaminarse a las fronteras del Norte. Le pregunto: “¿Qué le respondiste?” Respondió que él había llegado a leer poemas, a ofrecerles café, no a opacarles las esperanzas que les han sido borradas, no iba a frustrarles el sueño que cada quien tiene sobre su vida, aun enfrentando la muerte. “Como me ocurrió a mí cuando emigré, casi pierdo la vida en el trayecto”.

Ente otras cosas, me dijo que se encontró con una señora adulta mayor acostada en el suelo sobre su bolsa negra, donde lleva su ropa, tamales y tortillas. “La bolsa de plástico es para no mojar la ropa ni la comida, porque vamos a cruzar ríos”. Jorge repregunta: “¿Y por qué se decidió por algo tan difícil como viajar a pie en caravana?” La respuesta es digna de figurar en una antología como la del argentino Jorge Luis Borges “Historia universal de la infamia”. La señora respondió: “Aunque estoy mal de la artritis, me duele la muerte, me duele el hambre, me duele la miseria y me duele El Salvador”. Pausa de Jorge Tetl: “Se me salieron las lágrimas”. Me dijo: “Hay que ser muy duro de corazón y de mentalidad para escuchar impávido, pues estoy seguro de que no entrará al paraíso perdido; serán concentrados en campos especiales antes de deportarlos”.

A otro de la tercera edad le preguntó: “¿Por qué se va?” El señor le respondió: “Porque he llegado a viejo y no quiero que se me mueran las esperanzas, todavía creo que merezco trabajar para ganarme la vida”.

Jorge Tetl interrogó a una joven, tenía un nene sentado en las piernas (tirados en la grama del monumento al Salvador del Mundo), y otro mayor de nueve años dormido en su regazo de madre. Preguntó: “¿De dónde viene usted?” “De Santa Ana”. Repreguntó: “¿Por qué no esperó la caravana en Santa Ana? Se hubiera ahorrado kilómetros”. Respuesta: “Porque pensaba viajar sola y si esperaba al grupo en mi ciudad, podía arrepentirme de dejar a mis hijos. Para no retroceder, viajé a San Salvador, tomé a mis dos hijos pequeños, ellos son mi vida”.

Jorge Tetl conoció esa ruta dolorosa de los desiertos cuando migró desde los 16 años. Años después se ha consolidado como escritor de literatura infantil con temas salvadoreños para dar a conocer su cultura originaria en Estados Unidos.

Explico estos testimonios: porque constituyen un aprendizaje para mirar con el corazón (según “El principito”).

Pienso en mi novela “Siglo de O(g)ro”: “La patria de la poesía es la inocencia”. La patria se lleva en los pies hacia el infierno o al paraíso. Esto me hace pensar en ciertos poemas de hace cinco décadas dedicados a niños:

Roberto Armijo: “Los niños nos exigen un mañana/ y el que quiere a sus hijos/ oye el llamado de los hijos del mundo”. Oswaldo Escobar Velado: “Te regalo una paz iluminada./ Un racimo de paz y de gorriones./ Una Holanda de mieses aromada y California de melocotones”. Manlio Argueta: “Y quedábamos solos, hijos de Dios, abandonados a la noche y los candiles,/ preguntándonos por qué tanta desgracia…/ Los niños debajo de las sábanas,/ mientras tanto, oíamos retumbos/ que venían del fondo del volcán”.

Esta es mi primera propuesta: educarnos en sensibilidad, utilizar los recursos en educación, en arte, deportes. Gritarlo con terquedad hasta abrir el corazón a visiones humanas abonadas con cultura humanística.

Un éxodo interminable

A su llegada a La Habana a finales de octubre, el presidente Sánchez Cerén fue retratado en una postal atípica: un mano a mano con periodistas. Una situación rara veces vista durante su administración. Independiente de la circunstancia del viaje, los medios estatales cubanos preguntaron sobre la caravana migratoria que iba rumbo a Estados Unidos. Tan solo unos días antes, miles de hondureños se habían congregado y ya caminaban rumbo al Norte. Decenas cruzaron nadando el río Goascorán, dejando imágenes dramáticas a punto de ahogarse. El presidente afirmó que migrar era un derecho humano y “se tiene que respetar el derecho de los migrantes”. Después se quejó de Donald Trump, que pedía detener las caravanas, y zanjó el tema. No más sobre una situación que calaba hondo en la mayoría del país y amenazaba desbordarse.

Sánchez Cerén dijo que su gobierno había reducido la migración irregular a Estados Unidos, pero a esa altura ya se convocaba por redes sociales a una caravana del lado salvadoreño. La naturalidad del presidente ante el drama no fue extraña ni exclusiva de él. Es la naturalidad con la que los gobiernos de turno y la clase política en general han asumido la migración. Los países del Triángulo Norte de Centroamérica no tienen más que ofrecer a esta gente, así que queda en ellos rebuscarse por encontrar otro lugar donde sobrevivir. Migrar es el salvoconducto del sufrimiento y desamparo que significan ser pobre en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Entonces la dubitativa respuesta de los políticos al fenómeno de la migración es que, en realidad, no tienen respuesta. No hay cómo pedirle a los migrantes que se queden porque no existen las condiciones para ello. No hay siquiera un proyecto de país. El éxodo de salvadoreños partiría cinco días después y, posteriormente, le seguiría una segunda caravana. Avanzan a pesar de las amenazas de Donald Trump de mandar el Ejército a la frontera de Estados Unidos con México. Se van en nutridos números a pesar del recibimiento hostil –no digamos si una nación desarrollada diera visas para irse. Y en su huida, dejan a un país en medio de una campaña presidencial que los tiene sin cuidado.

Hay que entenderlos. En las últimas seis campañas presidenciales se vienen oyendo planes como la urgencia de descentralizar el país, pero, al final, nadie lo hace. Los migrantes salen desde todos los rincones de El Salvador, dejando un gran vacío en sus comunidades. Contrario a la explosión demográfica de Guatemala y Honduras, nuestros pueblos languidecen ante la falta de jóvenes que se unen al éxodo. Esos jóvenes que según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) son tan elementales para realizar las transformaciones necesarias en el país. El Informe sobre Desarrollo Humano 2018 establece la urgencia de que El Salvador aproveche su bono demográfico, el período en que las personas en edad productiva es mayor a la población dependiente. Un escenario que terminaría en 2033, por lo que las inversiones que se realicen en los años por venir serán cruciales.

Solo con una apuesta decidida por cambiar la realidad del país se puede frenar el éxodo que lo sigue desangrando. Se pueden hacer cientos de campañas sobre los riesgos de la migración, pero no calarán mientras el riesgo de quedarse sea aún mayor. Mientras el Gobierno y la sociedad en general no sean capaces de dar respuestas a los que se van, todos perdemos. Bueno, en el contexto de la campaña política en la que se definió el Congreso de EUA, el único que ganó fue Donald Trump, que tuvo la excusa para volver a desplegar la retórica racista que lo llevó a la presidencia. Pero las elecciones en Estados Unidos terminaron y las caravanas siguen avanzando por México. La gente se sigue yendo en ese éxodo que hasta ahora parece interminable.

Esperando las caravanas

Debatiendo el tema de las caravanas con una seguidora de Donald Trump, ella me preguntó: “Qué no tenés una puerta en tu casa y qué no la mantenés cerrada y con llave para la seguridad de tu familia?” “Pues sí”, le dije, “pero si esa casa estuviera en llamas, abriría la puerta y sacaría a mi familia”. Es más, esperaría encontrar gente afuera, bomberos, vecinos, o qué sé yo para ayudar y no fuerzas levantando barricadas para obstaculizar la salida. Lo que pasa es que yo veo la situación desde Centroamérica; y ella, desde Estados Unidos, y la experiencia humana se pierde en la traducción. Para ella es un asunto de autoconservación y de seguridad, y para mí es un asunto del instinto de sobrevivencia. Yo concuerdo con lo que Noam Chomsky dijo sobre el tema en una entrevista en que comentó la ironía de que las caravanas de migrantes huyen de las condiciones miserables que Estados Unidos creó en los países centroamericanos con su política de intervención en el siglo pasado.

En general, hay un tono ambivalente en Estados Unidos en cuanto a las caravanas más recientes de inmigrantes. Como que la población no termina de entender qué exactamente es una caravana; si presenta una amenaza, si hay peligro o si debe sentir miedo. La palabra “caravana” en sí es bastante neutral; recuerda un viaje nomádico. También hace pensar en un modelo de marca Dodge, el Caravan, que tiene fama de ser una camioneta popular orientada hacia el transporte de familias.

Las últimas caravanas de migrantes se han autodenominado “viacrucis de refugiados”, una imagen que recuerda el sufrimiento de Cristo y los pasos que dio Jesús en su camino al Calvario. Lleva también un eco de la filosofía de los padres jesuitas de la UCA con la idea de “bajar de la cruz al pueblo crucificado”. Donald Trump, por otra parte, ha caracterizado a las caravanas de octubre como una “invasión” lo cual le abrió la posibilidad de enviar tropas a la frontera y erguir alambre razor para impedir el cruce de los migrantes “invasores” a Texas. Saber cómo responder a la situación tiene que ver con la interpretación que le das a la caravana. Por eso las palabras son tan significativas.

El primer ministro británico Winston Churchill entendía bien la importancia de nombrar las cosas. Instó a los líderes militares a su mando a encontrar nombres honorables para las batallas, para que ninguna madre de un soldado caído se viera obligada a decir que su hijo murió en una operación llamada ‘Abrazo de conejo’ o ‘Operación relajo’. Churchill estableció una poética y reglas para nombrar las operaciones militares con este fin. En particular, aconsejó que se evitaran aquellas descripciones que fueran arrogantes, abatidas, frívolas o que aún están siendo utilizadas por los vivos. Después de todo, las vidas y las muertes de personas reales estaban en juego.

Los funcionarios del Pentágono también demuestran incertidumbre en cuanto a las caravanas; hace una semana le pusieron el nombre Operación Patriota Fiel a la campaña para detener a los migrantes de Centroamérica. Un nombre que parecía destinado mejor para una película de los ochenta de Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger o Jean-Claude Van Damme. Pocos días después el Pentágono se echó para atrás y dijo que iba a dejar de usar ese nombre para la operación porque no es una acción militar sino que un proyecto de fortalecer la frontera.

Las últimas noticias que tenemos de las caravanas es que están casi llegando a la frontera entre Estados Unidos y México, y que vienen más caravanas detrás. Y aquí, seguimos esperando…

Carta Editorial

Habría que empezar por aceptar el fracaso. Al menos en hacerlo habría un acto de reconocimiento y nobleza, algo que tanta falta ha hecho a lo largo de la historia de este país. La situación no solo la está apuntando la Caravana de Migrantes desesperados por irse. También lo dicen bien alto y bien claro las cuatro historias de personas con un empleo en el que no deberían pero prácticamente arriesgan la vida cada día.

Estos cuatro empleados no se encargan de labores de seguridad, y aun así han tenido que mirar a la cara a gente que, arma en mano, les exige que se vayan, que no entren, que no hagan y que no digan porque ese lugar en el que quieren desarrollar alguna actividad es territorio reclamado por ellos. Es un territorio en donde no hay Estado, solo están ellos.

Estos cuatro empleados tampoco son expertos en negociación ni en solución de conflictos, pero han sabido encontrar la manera de evitar que los maten y también realizar la labor por la que han sido contratados, ya sea que repartan tambos de gas a domicilio o que les toque dar talleres sobre violencia de género.

No se trata de ver con actitud romántica el esfuerzo de ellos y de muchos por mantener un empleo en estas circunstancias. Estas situaciones no son normales. Son aberrantes y afectan a las personas en niveles muy profundos. Hacen que tengamos una fuerza laboral lastimada y obligada a sobrevivir en medio de ambientes hostiles. Y lo hacen solos, sin denuncia, sin instituciones que los respalden. Es una tragedia diaria.

No se puede seguir negando que estas historias existen, que cada día se escribe otro capítulo oscuro al que hemos decidido solo llamar jornada laboral. Antes de dar cualquier otro paso, es necesario aceptar que se les ha fallado. Esto no es digno. Tener que trabajar en estas condiciones representa la normalización de una violencia feroz y el desprecio por la vida.

“Hay futuro para la música en El Salvador”

¿Cuál es su miedo más grande?

No cumplir con mi deber.

¿Cuándo considera que es necesario mentir?

En general, nunca.

¿Se considera una persona inteligente?

Como todo el mundo. Creo que estoy en el promedio.

¿Cuál es su instrumento favorito?

Yo empecé a hacer música para poder estudiar órgano, pero nunca lo hice. Por otro lado, la orquesta es el instrumento del director. Y en este papel tengo un instrumento tan grande como el órgano.

¿Qué es para usted la música?

La vida.

¿Cuál es la pieza más hermosa que le ha tocado dirigir?

La “Séptima sinfonía”, de Anton Bruckner (noruego).

¿Cómo son los jóvenes músicos salvadoreños?

Trabajadores, tesoneros, tienen talento y deseos de superación. Pienso que hay futuro para la música en El Salvador.

INSTANTÁNEAS DEL VERBO APASIONADO (12)

EL PRIMER DÍA

Cuando lo recordamos se vuelve el único.

EN EL TERRENO FÉRTIL

No olvidemos jamás que todas las palabras son semillas en vela.

CLARIDAD EN PAREJA

Las luces apagadas son la mejor invitación al desvelo radiante.

VELÁMENES AZULES

¿Estarán esperándonos en el confín de la memoria?

ALGUIEN TOCA EL CRISTAL

La imagen transparente que anda buscando afinidades íntimas.

CIUDAD QUE VUELVE

San Salvador se acuerda de sí misma en su versión de lámina y madera.

UBICACIÓN SAGRADA

Nos conocimos en el atelier de nuestras húmedas respiraciones.

TE DESCUBRÍ EN UN CRUCE

Que no fue de caminos ni de calles, sino de pensamientos olvidados.

AQUÍ EN EL CINE APOLO

Hubo una vez un templo para los dioses del Lejano Oeste.

EN LA HORA PRIMA

Las nubes soñolientas se me acercan a protegerme como al hijo pródigo.

EN LA HORA NONA

Hay que asomarse al tragaluz más próximo a recibir a la primera estrella.

VERDAD FLUYENTE

Cuando el alma suena es que escombros lleva.

SERVICIO A DOMICILIO

El ansia de soñar hace que las imágenes estén siempre dispuestas a acudir al instante.

RESIDENCIAL PROFÉTICA

Debemos habitar en las afueras de la vida vivida, sin perderla de vista.

AYER PASÓ EL COMETA

Y la mejor prueba de ello es que tenemos intenciones de inventar un eclipse.

LA MAÑANA DEL SÁBADO

Salimos a vagar por las acogedoras espesuras del alma compartida.

EN EL VALLE DE SAN ANDRÉS

Los árboles se abrazan desde ambos lados de la calle como si recordaran su hermandad.

VITRAL QUE NUNCA DUERME

En él venimos conociendo las rutas de nuestra intimidad desconocida.

LOS HUMANOS SOMOS

Veleros vagabundos que lo que menos quieren es llegar a puerto.

EL PRÓXIMO EQUINOCCIO

Las colinas recogen sus chales nebulosos para entrar en confianza con la puntualidad del calendario.

AL PIE DEL ALTAR

Todas las oraciones hacen fila para aguardar su turno en el reparto de suspiros.

COFRE DE MONERÍAS

¿Quién lo dejó olvidado en el umbral trasero del Primer Día de la Creación?

COLÓN ERA UN FANTASMA

Y estamos descubriéndolo mientras el viejo Océano ordena sus memorias.

EL CIELO EXISTE

Sólo hay que ir a encontrarlo en algún ático del subconsciente.

REGRESAR ES VIVIR

Y por eso nos da tanta ilusión reencarnar cada vez que nos sea posible.

SIN VUELTA DE HOJA

Es lo que dice el bosque cuando le preguntamos cuál es su ley de vida.

LA ROSA DE LOS VIENTOS

Se conserva intacta porque cambia de pétalos a diario.

EN RUTA INEVITABLE

Para llegar a la cumbre del alma hay que tomar el funicular de la memoria.

Región sin remedio

Es un problema mundial, pero golpea especialmente a esta región del globo: el acceso a los medicamentos caros, la sustentabilidad de los sistemas para lograrlo y la vía judicial como herramienta que muchas veces termina favoreciendo a los pacientes, pero poniendo en aprietos a los Estados.

Desde el punto de vista económico es un fenómeno particular. Sucede que quien paga el medicamento no es quien decide su prescripción (el médico) ni quien lo consume (el paciente). La demanda es inelástica, porque la gente no decide enfermarse, y cuando se enferma suele estar dispuesta a endeudarse y pagar lo que sea por el medicamento que le prometa más o mejor vida. A su vez, la investigación en torno de los medicamentos no está en manos de los Estados, sino de la industria, y las patentes son la forma que tienen los laboratorios de recuperar el costo de sus investigaciones. Sin embargo, esto habilita los monopolios u oligopolios de medicamentos, y la consecuencia es el cierre del círculo: precios inaccesibles.

Así lo expuso recientemente Tomas Pipo Briant, asesor en medicamentos, tecnologías de la salud e investigación en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), durante un congreso regional organizado por el Banco Mundial y que tuvo lugar en Montevideo a principios de septiembre. “¿Cuánto cuesta desarrollar una molécula?”, se preguntó Pipo Briant en esa instancia. Y si bien distintos estudios han intentado responderlo, los resultados revelan que no lo sabemos a ciencia cierta: las estimaciones van desde $100 millones hasta $4,200 millones.

¿Y qué tan redituable termina siendo para los laboratorios? Los datos demuestran que en cualquiera de esos dos escenarios, la ganancia supera la inversión, y con creces. Algunos ejemplos: en 17 años, la empresa que creó el Rituximab se hizo de $110,000 millones; la que generó el Trastuzumab ganó $ 88,000 millones en el mismo lapso; y la que desarrolló el Imatinib, $63,000 millones en 15 años. De ahí que en el sector se esté queriendo acuñar el término “medicamentos de alto precio” en vez de “de alto costo”.

Así, ningún país del mundo ha logrado brindar todo a todos. En el mismo congreso, Juliana Vallini, representante del Fondo Estratégico para Suministros de Salud Pública, también de la OPS, consideró que “garantizar un acceso equitativo a los medicamentos” con limitaciones presupuestarias ha sido más difícil en América Latina.

¿Por qué? Puede haber distintas explicaciones —una de ellas, sostuvo, es la falta de agencias independientes de evaluación de fármacos, como hay en Europa. Pero más allá de las causas, Vallini puso el foco en posibles soluciones. Primero, apostar a “evidencias de calidad”, y para ello pidió que los países se apoyen en las guías que emite la OMS. Aunque eso no es garantía, porque a menudo sucede que un país quiere un medicamento y la industria no está interesada en brindárselo a un país con poca demanda; o porque en otros casos el Estado dice “no quiero comprar tal medicamento porque no cierra la ecuación costo-beneficio”, y termina comprándolo igual por mandato judicial.

Vallini contó casos exitosos de compra conjunta a través del fondo de adquisición de medicamentos de OPS. Con el Darunavir, por ejemplo, Suramérica consiguió el precio de venta más bajo de la historia de este fármaco. Las compras centralizadas como región, en las que cada país pone sobre la mesa sus volúmenes de demanda, han dado buenos resultados.

En países como Brasil y Colombia se ha incursionado en políticas de regulación de los precios. En Argentina, la compra conjunta entre varios organismos logró bajar un 80 % el precio que imponía la industria para el Factor VIII, que se usa para el tratamiento de la hemofilia tipo A. Uruguay, en tanto, logró un acuerdo de riesgo compartido con el laboratorio que produce Trastuzumab, por el cual el Estado paga una cuota fija por mes si el número de pacientes nuevos se mantiene en un rango, sin importar en qué fase del cáncer se encuentren. En este caso rige una cláusula de confidencialidad —el país está impedido de divulgar el precio final— y el laboratorio asume el riesgo de financiar el medicamento aún en casos de bajo costo-efectividad.

Otro camino que la región y el mundo están transitando es la incorporación de biosimilares, es decir, copias de los biológicos originales. Esto conlleva ciertos riesgos y si bien se espera que en un futuro implique una reducción de los precios, la diferencia aún no es considerada suficiente.

En lo que todos están de acuerdo —médicos, abogados, pacientes, autoridades— es en la perversión del sistema tal como viene funcionando, y en la inconveniencia de la judicialización. Sin embargo, la obtención de un medicamento por decisión de un juez sigue siendo una realidad en la mayoría de los países de la región, y en varios viene en aumento.

Los datos demuestran que en cualquiera de esos dos escenarios, la ganancia supera la inversión, y con creces. Algunos ejemplos: en 17 años, la empresa que creó el Rituximab se hizo de $110,000 millones; la que generó el Trastuzumab ganó $88,000 millones en el mismo lapso; y la que desarrolló el Imatinib, $63,000 millones en 15 años. De ahí que en el sector se esté queriendo acuñar el término “medicamentos de alto precio”, en vez de “de alto costo”.

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BIOSIMILARES SEDUCEN COMO UNA FORMA DE ABARATAR

Los medicamentos más caros son los biológicos. Se diferencian de los sintéticos (como la Aspirina), porque se los desarrolla a partir de seres vivos.

La unidad de medida que se utiliza para saber el peso molecular de los medicamentos es el dalton. Un remedio de síntesis no suele tener más de 1,000; un biosimilar pequeño —como la insulina— tiene 6,000. De los remedios más pequeños se puede saber todo: la cantidad de átomos y la conformación exacta de la molécula, por ejemplo. Pero de los más grandes, los biológicos, no se puede saber tanto. Esto es lo que lleva a que las copias sean similares —biosimilares— y no idénticas.

Con las copias no se hacen tantos ensayos clínicos como con los originales, pues el costo del proceso sería carísimo y el precio terminaría siendo parecido al del original. Por eso, muchos efectos adversos se descubren recién cuando los remedios son probados por los pacientes.

En varios países de la región se empezaron a aprobar medicamentos biosimilares. Uruguay habilitó este año una copia de Rituximab. Este fármaco es entregado por el Estado, pero no para todas las patologías para las que los médicos suelen indicarlo. De hecho, el Ministerio de Salud recibió el año pasado 25 juicios por Rituximab, siendo así el segundo fármaco más reclamado. Argentina también tiene aprobada la venta del Rituximab biosimilar, y de un Bevacizumab. Perú, en tanto, aprobó el Infiximab.

En Brasil aún no hay biosimilares, pero se estudia la incorporación y producción de estos medicamentos. Colombia está en la misma situación.

El Rituximab aprobado en Uruguay, que es del laboratorio argentino Elea, fue retirado del mercado en República Dominicana por falta de pruebas. Algunos expertos, como el farmacólogo mexicano Gilberto Castañera, han denunciado que el Rituximab argentino es un “biomimic”, como se le llama a las copias mal hechas de biosimilares.

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EN LA JUSTICIA

Un trabajo conjunto de 11 medios de América Latina permite concluir que al menos en ocho naciones la judicialización de los medicamentos está instalada. Brasil es, de acuerdo con la información recabada, el país que ocupa el primer lugar en este podio. Los últimos datos del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), correspondientes a 2016, dan cuenta de al menos 312,147 acciones pidiendo financiamiento de medicamentos, la mayoría de alto costo. El número total puede ser mayor, porque la clasificación no es bien vista por los tribunales, lo que impide un cálculo preciso. Asimismo, no hay información sobre el número de juicios favorables al paciente.

En Brasil, donde hay 19,000 magistrados, preocupa la eventual falta de contrapunto técnico científico para tomar decisiones correctas. Por eso el CNJ implementó, en noviembre de 2017, una plataforma de asesoramiento para que los jueces puedan salir de dudas respecto de los efectos y la conveniencia de los medicamentos que se reclaman.

En Colombia, Argentina, Costa Rica y Uruguay, tramitar un recurso de amparo para acceder a un medicamento o un tratamiento no incluido en la cobertura es algo habitual. Colombia y Costa Rica cuentan con una herramienta por la cual no es necesario tener un abogado para demandar al Estado. En Colombia, donde viven casi 50 millones de personas, el mecanismo de tutela favorece cada año a cerca 20,000 ciudadanos que reclaman medicamentos de alto costo. En Costa Rica, en tanto, con una población de poco más de 4 millones de habitantes, los recursos de amparo por este tipo de remedios se duplicaron en los últimos ocho años; en 2017 fueron 317 y el 59 % se resolvió de modo favorable a los pacientes.

La judicialización también existe en Argentina, pero al ser varios los organismos que entregan medicamentos resulta muy difícil cuantificarla. Esa fragmentación de la cobertura y la financiación diferencial de determinadas patologías llevó a que se multiplicaran las posibilidades de entablar juicios, principalmente mediante recursos de amparo. En Argentina sí se requiere de un abogado y el costo corre por parte del demandante, aunque hay asociaciones de pacientes e incluso laboratorios que colaboran.

Los peores escenarios. A pesar de que el acceso a los medicamentos es un problema de toda la región, en países como Venezuela es complicado encontrar medicamentos considerados comunes.

De acuerdo con la respuesta de la Secretaría de Salud de la Nación, se registran en los archivos de los últimos años 26 reclamos judiciales de acceso a medicamentos de alto costo, de los cuales 21 se iniciaron en 2017 y cinco en lo que va de 2018. El pago por obligaciones judiciales liquidadas en 2018 es de $1,295,867. De todas formas, la información global de la judicialización allí no es de acceso público.

En Uruguay, si bien se hacen juicios particulares, la bandera de los recursos de amparo por medicamentos y tratamientos caros la lleva, sobre todo, el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que brinda asesoramiento gratuito a las personas de menos recursos. Los datos del consultorio dan cuenta de un crecimiento sostenido de las demandas en los últimos nueve años, y en 2018 ya se batió el récord con 185 juicios realizados al Ministerio de Salud Pública y al Fondo Nacional de Recursos, organismo encargado de brindar estos medicamentos. De las demandas presentadas desde el consultorio este año, el 98 % fueron favorables a los pacientes.

Hay países en los que llegar al juzgado por salud es posible, pero no es tan habitual. México, Perú y Puerto Rico no tienen instalada está práctica, lo cual no significa que tengan resuelto el acceso a los medicamentos.

En Venezuela y en Cuba, en tanto, todos los tratamientos están cubiertos en la teoría, aunque en la práctica se esté lejos de lograrlo. Venezuela atraviesa un severo desabastecimiento de medicamentos desde 2016, pero nunca un reclamo llegó a la justicia local (las ONG que defienden el derecho a la salud han recurrido, sí, a organismos internacionales). En Cuba, si bien se producen muchos medicamentos, el embargo económico ha provocado la falta de otros que no solo se consiguen de afuera, y en consecuencia ha proliferado el mercado negro. Apelar a la justicia allí no es una opción real.

Hay un país donde la judicialización ha sido vencida. Es Chile, donde en los últimos cinco años tan solo 170 personas demandaron un tratamiento, y de esos menos del 5 % se resolvió a favor del demandante. Estas cifras, que son fruto de la ley conocida como Ricarte Soto y aprobada en 2015, enorgullecen a los chilenos y provocan admiración en la región.

Cuando la decisión judicial es proteger la vida del paciente más allá de estas consideraciones, los ministerios y organismos oficiales apuntan contra el Poder Judicial por inmiscuirse en asuntos técnicos y amenazar así la sustentabilidad de sus sistemas. Los operadores judiciales, en tanto, suelen responder que su tarea no es cuidar las finanzas de los Estados, sino salvaguardar derechos de las personas.

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EN EL ESTADO

“La mayoría de las personas no se están muriendo a causa de enfermedades incurables, se están muriendo porque, en ciertas sociedades, aún no se ha decidido que vale la pena salvarles la vida”. La frase pertenece al médico egipcio Mahmoud Fathalla, que fue premiado por Naciones Unidas en 2009. ¿Qué tanto refleja lo que sucede en América Latina? Todas las constituciones latinoamericanas consagran de alguna forma el derecho a la vida y a la salud. Pero a la hora de resguardar ese derecho, los caminos elegidos han sido disímiles.

En el libro “Respuestas a las enfermedades catastróficas”, publicado en 2015 por el instituto argentino CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, una organización independiente), se aborda el problema de la financiación de los medicamentos caros en la región en general y en Argentina en particular. De allí se desprende que la mayoría de los países latinoamericanos generaron, en la última década, un programa o un fondo para evitar que las enfermedades de alto costo determinaran la ruina de los sistemas de salud. En muchos casos se rigen por normas más ágiles y tienen cierta autonomía, pero siempre funcionan bajo el mando de la autoridad sanitaria máxima, lo cual los mantiene ligados a los gobiernos.

A grandes rasgos, hay países que prevén un sistema gratuito y universal (Cuba, Venezuela, Uruguay, Costa Rica, Perú, Colombia, Brasil, Chile), otros que exigen copagos en función de los ingresos (Puerto Rico) y otros que solo financian medicamentos de alto costo a los ciudadanos que se atienden en el sector público (México, Argentina).

De acuerdo con las cifras aportadas por los distintos medios que colaboraron con este informe, los países de la región prevén en promedio 0.5 % de su PIB en medicamentos y tratamientos caros. Pero eso no incluye lo que luego terminan gastando por orden judicial. En Brasil, por ejemplo, el monto presupuestado en 2017 fue de unos $ 1,879 millones, mientras que lo que se gastó en juicios fue $319 millones. En Uruguay, lo presupuestado ese año fue $260 millones, pero el Estado debió desembolsar más de $4.8 millones por la vía judicial. En proporción, la judicialización en Brasil representa el 14.5 % del total de lo que se gasta, y en Uruguay es el 1.8 % —aunque ya se prevé que este año será más del doble.

La mayoría de los países resuelven su cobertura de medicamentos de alto costo con base en una lista taxativa de enfermedades o de medicamentos indicados para algunos estadios de ciertas patologías. Esto explica la proliferación de reclamos administrativos y judiciales de pacientes cuyos médicos les indican un tratamiento que el Estado no contempla entre sus prestaciones obligatorias. Muchas veces, la discusión en los juzgados se centra en si los medicamentos reclamados tienen suficiente evidencia científica o no, y en si su financiación es válida en términos de costo-efectividad.

Cuando la decisión judicial es proteger la vida del paciente más allá de estas consideraciones, los ministerios y organismos oficiales apuntan contra el Poder Judicial por inmiscuirse en asuntos técnicos y amenazar así la sustentabilidad de sus sistemas. Los operadores judiciales, en tanto, suelen responder que su tarea no es cuidar las finanzas de los Estados, sino salvaguardar derechos de las personas.

Chile ha logrado zafar de este conflicto porque “el Poder Judicial tiene bastante consciencia en general de que el rol de la distribución de los recursos corresponde al Ejecutivo”, dice Jaime Burrows, exsubsecretario de Salud de ese país. ¿Cómo lo hizo? Según Burrows, una de las claves es la transparencia en los procesos de decisión: el ministerio es capaz de explicar los motivos de la inclusión o exclusión de cada medicamento en la cobertura. Otra de las razones es la participación de los pacientes en esas decisiones, algo que en otros países aún se debe.

En el primer mundo, donde el gasto en medicamentos es mayor que en la región, el partido se juega hoy en poner freno al lucro de la industria. Sin soluciones sencillas, pero con algunas ideas de por dónde se debería transitar, la región tiene por delante este desafío de alta complejidad.

El primer mundo. En países como los europeos, la discusión gira en torno de si se debe o no poner un freno al lucro de la industria farmacéutica.

El IPSFA, ante la incertidumbre

Ilustración
Privilegios. Existe todo un mundo de diferencia si se trata de un soldado raso o un oficial. Las oportunidades de conseguir mejores empleos están casi vedadas para los primeros.

El 27 de octubre, los pensionados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) vivieron momentos de incertidumbre. El pago que esperaban no llegó a sus cuentas bancarias. Las quejas llenaron las páginas de Facebook de las diferentes asociaciones que aglutinan a pensionados del IPSFA, como por ejemplo una llamada Causa Justa.

“Favor presionemos, ya basta de escusas, es un deber que nos paguen el día estipulado. A ellos no les gustaría que les atrasen el sueldo”, escribió Lázaro Calles, pensionado del IPSFA, en la fan page de esa asociación. Este es uno de los comentarios que abonan a una labor que se ha vuelto general para beneficiarios de la institución cada fin de mes: informarse los unos a los otros si el dinero ya está entregado y en qué bancos se ha realizado dicho depósito.

El pago llegó para todos hasta el 30 de octubre, tres días después de lo pautado. Y la incertidumbre fue consecuencia de una situación: para 2018, el IPSFA iba a necesitar $60 millones del Presupuesto General de la Nación para cumplir con sus compromisos. Sin embargo, solo le fueron entregados un poco más de $46 millones. Nadie sabía de dónde iban a salir los $14 millones faltantes.

“Estuve desde mis 17 años y cumplí los 30 de servicio. Toda mi juventud cumplí con el IPSFA. Mes a mes, no fallaron mis descuentos. Y ahora las autoridades deben de cumplir. No tenemos culpa de la pésima administración… lo duro es que uno también tiene sus compromisos, sus deudas, que no se las perdonan los bancos”, escribió Édgar Cáceres, otro pensionado, a través de un mensaje de chat en Facebook.

En un acto de rendición de cuentas realizado a principios del mes, el gerente general de la institución, René Antonio Díaz Argueta, fue consultado sobre este punto por los miembros de asociaciones que aglutinan a pensionados del IPSFA. Dijo que esperaba “la ayuda del presidente”, Salvador Sánchez Cerén, un antiguo comandante guerrillero. “Creo que él nos va a apoyar”, aseguró frente a decenas de ansiosos pensionados, sin saldar las dudas.

Desde inicios de la década, el IPSFA ha dejado de ser una institución autosostenible. En 2011 ya se reportaban problemas de liquidez. La catástrofe sobrevino en 2016, cuando se anunció que la entidad no podría cumplir con sus compromisos sin una inyección del Estado.

Su modelo fracasó: está conformado por un solo fondo sostenido por aquellas personas que todavía trabajan y aportan sus cotizaciones, que actualmente son cerca de 39,000. De aquí debería salir lo destinado a pagar las sumas recibidas por aquellos que ya están retirados. Para 2018, el IPSFA cuenta con 21,734 beneficiados, entre pensionados por retiro, por invalidez y por sobrevivencia, y montepíos militares: sumas de dinero destinadas a las viudas y familias de fallecidos.

La relación entre ambos grupos no es ni siquiera de dos a uno, una cifra que los expertos califican como insuficiente. Y se irá haciendo cada vez más crítica, pues la cifra de los aportadores disminuirá con el paso de los años. Eso es porque, a diferencia de lo ocurrido en 2003, cuando se permitió reingresar a miles de exmilitares al sistema, ahora eso ya no es posible. Quien decide retirarse de las filas de las Fuerzas Armadas renuncia a cotizar con el IPSFA. Buscar otro trabajo se traduce en empezar de cero las aportaciones a una AFP privada.

La relación entre ambos grupos no es ni siquiera de dos a uno, una cifra que los expertos califican como insuficiente. Y se irá haciendo cada vez más crítica, pues la cifra de los aportadores disminuirá con el paso de los años. Eso es porque, a diferencia de lo ocurrido en 2003, cuando se permitió reingresar a miles de exmilitares al sistema, ahora eso ya no es posible. Quien decide retirarse de las filas de las Fuerzas Armadas renuncia a cotizar con el IPSFA. Buscar otro trabajo se traduce en empezar de cero las aportaciones a una AFP privada.

Mauricio González es vigilante privado desde hace casi dos décadas. Fue uno de los beneficiados con la medida en 2003, que le permitió volver a cotizar con el IPSFA a pesar de que ya había pasado una década desde que había abandonado al Ejército, el mismo tiempo que pasó en Estados Unidos antes de ser deportado. Mauricio pronto cumplirá 60 años y tendrá los 25 años de trabajo necesarios para jubilarse. Con su cotización, él y los otros 23,000 que reingresaron en 2003 ayudaron a mantener a flote el fondo común del IPSFA. Sin embargo, es una especie de pecado original: ellos, que son los que actualmente se están jubilando, abonan a la insostenibilidad del sistema.

Mientras fue parte del Ejército, afirma, vivió algunas de las peores experiencias de su existencia. En una ocasión, dice, cuando se desarrollaba la Ofensiva Hasta el Tope de 1989, le encargaron realizar un operativo en el mismo cantón del oriente del país en el que se había criado. El resultado fue más de una docena de capturados, muchos de los cuales eran sus conocidos, sus familiares. De ellos, comenta, no tenía certeza de que pertenecieran o siquiera simpatizaran con la guerrilla. Tuvo que ir a sacarlos y, luego, “pasarlos por las armas”. A pesar de que esta institución, como él dice, lo obligó a hacer cosas muy difíciles, no está garantizado que, cuando al fin logre retirarse, cuente con la tranquilidad de una pensión constante.

La situación del IPSFA se agrava si se toma en cuenta que el número de pensionados crece año con año. Por ejemplo, en enero de 2015, 374 cotizantes se jubilaron. Esa cifra promedio no dejó de aumentar en los siguientes meses, hasta alcanzar un pico de 1,563 nuevos pensionados en junio de 2017.

En una solicitud de acceso a la información pública, se pidió el detalle de cada una de las pensiones entregadas por el IPSFA. La institución respondió, más bien, con rangos, que van desde los $122.01-$618 hasta los $3,098.07-3,592.07. Al primero corresponde el grueso de pensiones entregadas, sobre todo en lo relativo al nivel básico y a puestos administrativos (6,210), aunque también hay jefes y oficiales en el grupo.

Es una situación enormemente ventajosa contar con algún grado más allá de la tropa. Subsargentos, sargentos, tenientes, capitanes y generales pueden optar a jugosas pensiones, tomando en cuenta los salarios que gozan mientras están de alta. Así, hay hasta 345 pensiones superiores a los $2,200.

El próximo año se han destinado en el presupuesto general de la nación $69.3 millones, que todavía, sin embargo, no están totalmente financiados.

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Sin esperanza para la tropa

Los tres soldados cumplen su misión de este día en un ambiente de bostezo. Lo estipulado para la jornada es que acompañen, junto a sus armas largas, a uno de esos jeep militares que el Ministerio de Justicia y Seguridad ha mandado a colocar en diferentes sectores de San Salvador como una especie de disuasivo para los delincuentes del país. Se sienten casi humillados: deberían estar patrullando en algún barrio cercano o trabajando en una labor más productiva.

A diferencia de lo esperado, esta mañana de octubre se muestran dispuestos a hablar de las condiciones de su trabajo, un acto que bien puede ser catalogado como rebelde según la ley orgánica de la Fuerza Armada.

La plática deviene en un catálogo de sufrimientos: jornadas de 12 días con solo tres de descanso; la obligación de dormir en catres con colchones viejos, ya inservibles, o en el suelo mismo; un rancho compuesto por apenas tortillas con frijoles, en los que alguna vez hubo huevos y queso, cuando el ministro de la Defensa prometió una mejora que, comentan, solo duró unos meses.

Sin embargo, lo que más resalta son sus sueldos. Uno de los más jóvenes, que ya lleva dos años en la institución, ahora es un soldado raso de nivel 1. Su sueldo es de $310, solo un poco más que el salario mínimo para el sector de servicios. Por lo menos, señala, ha sido un avance. Cuando estaba en el nivel 2 apenas percibía $250 al mes, algo que no ha mejorado para los miembros de la tropa a pesar del aumento al salario mínimo general. A eso hay que restarle los descuentos, como aquel entregado como cotización al IPSFA.

Igual suerte corre el cabo que lo tiene a su cargo. A pesar de ya tener dos décadas en la institución, su sueldo no pasa de $350. Y no lo hará nunca: ya superó los 27 años, la edad límite en la que un militar puede acceder a un curso para ascender a subsargento y comenzar, así, el camino como oficial de carrera.

Estos tres hombres entraron a la institución sin pasar por ninguna escuela. Solo se presentaron a adiestramientos y formaciones dentro de los cuarteles, duros como un golpe en la cara. Es posible que otro gallo les cantara si hubieran estudiado, por ejemplo, en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, donde asisten quienes luego se convertirán en oficiales de carrera, los jefes de hombres como ellos.

—Para hacer eso uno tiene que tener sus recursos, ¿entiende? –comenta uno de los más jóvenes, mientras acaricia el disparador de su fusil–. Alguien como yo, que se metió en esto porque no tenía qué comer, porque necesitaba sus monedas, ¿cómo va a andar soñando con escuelas militares?

Los tres provienen de otros departamentos del país y se describen a sí mismos como hombres de campo. Los tres, dicen, ingresaron a la institución porque les daba un mejor futuro, pensaron, que lo que les esperaba si seguían trabajando la tierra.

—Yo creo que por eso es que nos tratan como nos tratan, porque saben de dónde venimos, que no podríamos pedir mucho más –comenta el cabo, las manos en la cintura, en un gesto de resignación–. De pronto, se pasa la mano derecha por la nuca, como quien acaba de caer en la cuenta de que no le está permitido escapar. Hacerlo sería contraproducente. —Pero ya llevo 20 años aquí, ya me falta lo menos.

Al cabo le falta lo menos, solo cinco años de servicio, pero debe cubrir otros 10 para llegar a la edad mínima. Después de eso, recibirá una pensión idéntica a lo que mes a mes gana actualmente: le darían el 100 % de su Salario Básico Regulador (SBR), calculado con respecto al sueldo percibido en los últimos 10 años. Con eso, dice, se daría por satisfecho.

Quienes no lo están tanto son los dos jóvenes a su cargo, que no ven su futuro en la institución militar. Solo esperan cumplir con el tiempo de su contrato, de tres años, para buscar otras opciones. No importa, dicen, que con esta decisión pierdan lo cotizado en el IPSFA.

—Si saben que ustedes salen de la institución y no seguirán cotizando, ¿no les podrían entregar lo que ya cotizaron?

—¡Qué diablos! Yo conozco un montón de excompañeros que se han tenido que ir sin nada. De veras que de nada sirve cotizar para uno como soldado raso, si bien sabe uno que el día de mañana se va, si la vida de militar ya no es opción.

El testimonio de 10 exmilitares de tropa consultados por Séptimo Sentido da cuenta de esta situación, en la que el IPSFA se ha quedado con sus aportes, a pesar de que algunos tuvieron más de siete años de servicio en las Fuerzas Armadas.

En este momento la prioridad en la institución es encontrar una forma para pagarle a sus pensionados, aquellos que cumplieron con los mínimos de ley para merecer una pensión. Todavía no hay un mecanismo claro para darle respuesta a la totalidad de soldados rasos que deciden dejar la institución una vez termina su contrato y deben dejar sus cotizaciones en el aire, como podría ser el caso de los dos jóvenes que esta tarde cuidan un jeep de guerra.

***

La alternativa en la crisis

“Estamos conscientes de que es totalmente necesario realizar un proceso de cambio en nuestro sistema de pensiones”, asegura el presidente del IPSFA, Félix Edgardo Núñez, con anterioridad.

El cambio en el que se está pensando es mudar el actual modelo, el de un solo fondo solidario, a uno de cuentas individuales, como el de las AFP privadas, donde cada cotizante posee su propio capital.

—El trabajo del militar es sacrificado. Uno pasa mucho tiempo lejos de su familia, se pierde momentos importantes, y lo hace en el servicio de los demás, en desastres naturales. Además, no nos dejan tener sindicatos. Púchica, y si usted va a ver las pensiones que dan en otros ministerios, como Relaciones Exteriores, se quedara admirado, comenta el general Carlos Cáceres, quien fue jefe del Estado Mayor, en un restaurante de Santa Elena. Tiene 63 años y es pensionado del IPSFA. —Por eso no estoy de acuerdo en que se cambie el sistema a uno de cuentas individuales, porque eso significa que, en un momento dado, este se le va a acabar.

Cáceres también es el presidente de Causa Justa, organización de pensionados del IPSFA que nació en 2015 para exigir respuestas a las autoridades de esa institución sobre la venta a precio preferencial de varios terrenos a una empresa del entonces diputado Sigfrido Reyes, un caso que terminó archivado en la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas por un mismo argumento: que, según dictamen de la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán, en esas propiedades había trozos “inútiles” que bajaban su valor.

Pero esta no es la única historia de esa naturaleza en la que el IPSFA es protagonista. En 2009, por ejemplo, la Corte de Cuentas le puso varios reparos a una situación en particular: que la institución tasó de un año a otro y sin justificación a precios mucho menores varios de sus inmuebles. Los auditores sospechaban que la intención era vendérselos a terceros. Sin embargo el reparo se desvaneció como un simple error de contabilidad, pues no había ocurrido un desbalance en las cuentas generales.

A pesar de la opinión del general Cáceres, un cambio en la estructura es, precisamente, el bálsamo sanador que recomiendan expertos como María Elena Rivera, coordinadora del programa de estudios sobre políticas públicas de Fundaungo, que mira en las ahora esenciales aportaciones del Estado hacia el IPSFA un gasto que pronto se volverá insostenible tomando en cuenta que la cantidad de pensionados crece mes a mes a un ritmo mayor al de los cotizantes.

La experta matiza su opinión al afirmar que el cambio debería ser gradual y que se tienen que considerarse otros elementos, como el porcentaje del salario que debe tomarse en cuenta para la pensión.

El general Carlos Cáceres, por su parte, afirma que una mejor opción es que sea el Estado quien asuma todas las pensiones de invalidez y sobrevivencia que resultaron como consecuencia de la guerra civil, y le deje al IPSFA las pensiones por retiro. Aún así, comenta María Elena Rivera, de Fundaungo, el modelo sería insostenible: casi la mitad de pensiones dadas son de esta naturaleza.

El militar joven vuelve a sonreír de forma irónica, como quien no encuentra una mejor forma para expresar su descontento, mientras cumple su misión de cuidar un automóvil de guerra para disuadir delincuentes. Ahora recuerda lo que ha tenido que pasar, los pandilleros que han amenazado a su familia porque sospechan que, en efecto, él es militar.

“Hubo alguien que dijo una vez que me había reconocido, que a mi mamá me la iban a entregar como que era calavera. Por eso mi gente se tuvo que mover de zona. Como le digo, ser militar no tiene cuenta”, dice, añorando poder ser uno de los que huyen en caravana, como aquella que vio pasar a unos pasos esta mañana. Para él, ser pensionado en su vejez no cabe ni en sus más locos sueños.

Los caminantes

Escribo esta columna justo el domingo en que una caravana de compatriotas emprende caminata hacia la frontera con Guatemala. Se sumarán al camino que ya emprendieron miles de hondureños en semanas recientes. El viaje al Norte en busca de otra vida, porque la que aquí nos toca no es realmente vida.

Por aquí pasaron los caminantes. A la orilla de la Panamericana. Eran muchos. Cientos. De todas las edades. Con todo tipo de equipaje. Carritos para niños, muñecos, pichingas de agua, toallas, cachuchas, mochilas, bolsas plásticas. Hombres y mujeres, niños y adolescentes, personas mayores, algunos en silla de ruedas, con bastón o con muletas.

Hay que estar muy desesperado para pensar que se va a llegar desde San Salvador hasta Estados Unidos en silla de ruedas o caminando con un bebé de meses o caminar tanta distancia a los setenta y pico de años. Muy desesperado. Quien se acerca a escuchar sus historias, escuchará lo mismo, repetido hasta el cansancio: no hay trabajo, no hay oportunidades, la violencia nos agobia, la extorsión de las maras es impagable, o nos hacemos de la mara o nos matan, nos sacaron de nuestra casa, perdimos la cosecha, no tenemos nada.

Es inevitable ver en ello un gesto de desesperación. Un poderoso grito de protesta y disconformidad contra los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica. Un grito en contra de un sistema que, a pesar de guerras y gobiernos con retórica conciliatoria pero falaz, no hace nada para lograr que la desigualdad social sea reducida. Un grito contra una sociedad que critica desde su sofá pero que no se moviliza para reclamar sus derechos ni para protestar frente a tanta porquería que vemos ocurrir porque lo único que le preocupa es su propia satisfacción.

Mientras políticos corruptos hicieron fiesta con los fondos públicos, estos caminantes, esos mismos que hoy se van, no tuvieron para comer o para comprar una medicina, vieron sus casas caerse en pedazos con las primeras tormentas, vieron a sus hijas violadas o a sus hijos asesinados por la violencia de las pandillas, vieron perdidas sus cosechas por las sequías. Mientras los corruptos negociaron y lograron una pena mínima y la no devolución de millones de dólares saqueados de nuestro erario, los que robaron una gallina o un canasto de jocotes fueron refundidos en la cárcel con penas máximas y sin derecho a negociación alguna, como si se tratara de criminales altamente peligrosos.

Es contradictorio que los informes y números de gobierno emitan cifras triunfales de creación de empleos y a la baja en violencia, mientras miles de salvadoreños tienen como única expectativa de futuro largarse del país. Pese a los riesgos. Pese a que muchos se endeudan y prácticamente se esclavizan para poder pagar un coyote.

Estas caravanas de migrantes dicen mucho de nuestro fracaso como país, de cómo esta nación es incapaz de garantizarle una vida digna a todos los sectores de la población, en particular a los menos favorecidos; de cómo nuestros gobiernos han sido incapaces de trascender lo estrictamente partidario y trabajar por el bien común; de cómo las instituciones públicas no han sido capaces de ofrecer respuestas ni alternativas concretas, estables o dignas a problemas que, desde hace décadas, solo reciben tratamientos cosméticos pero que no llegan a la raíz, ahí donde deben atacarse, ahí donde deben solucionarse.

Esto debería calar hondo en la clase política salvadoreña. La caravana de migrantes debería hacerlos tomar consciencia de que no basta con tirar migajas, mentiras y placebos a la gente. No es suficiente prometer cientos de empleos cuando los salarios son menores que el mínimo establecido, que, por cierto, no alcanza para cubrir una canasta básica. No basta enfocar todo el esfuerzo del gobierno solamente en la juventud, porque en este país también vivimos personas de diferentes edades que necesitamos trabajar hasta la muerte, venga a la edad que venga, porque no hay un sistema público de salud ni de pensiones que vele por la ciudadanía adulta. Nuestros problemas son económicos y de falta de empleo, sí, pero también están cruzados por múltiples formas de violencia, colectivas o individuales, públicas y privadas, que afectan nuestra calidad de vida y también nuestra salud mental y emocional.

Este flujo incontenible de nuestra gente saliendo del país debe parar. Es natural pensar en quedarse, en hacer vida en su tierra, en dedicarse a sus cosas, en salir adelante. Pero también es natural decidir irse si el entorno es hostil y si pasa el tiempo sin mejoría alguna de su situación o problemas. No hay argumentos para pedir que se queden cuando aquí no encuentran lo que necesitan para continuar con sus vidas.

La gente está harta. No solo de no encontrar trabajo, de ser extorsionada y asesinada por las pandillas y de sentirse defraudada por las instituciones estatales, sino también por no ser escuchada, porque sus dificultades no son reconocidas en su gravedad y porque por más que se haga y se diga, las soluciones nunca llegan.

Cuando estos caminantes ya no contaron con nadie, cuando reconocieron que lo único que podían hacer era buscar soluciones propias, se echaron al camino, como los miles de hondureños que también salieron en caravana, como miles de africanos, como miles de asiáticos, como miles de personas de todas partes que buscan una vida digna y una forma de brindársela a los suyos. ¿Acaso es demasiado pedir? ¿No es lo mínimo que merecemos todos?

El país se desangra en ríos de gente que se va todos los días. En avión o en bus, y ahora hasta en caravanas. Son cientos. Lo que está ocurriendo casi no sorprende. Por algún lado tenía que explotar la insatisfacción pública. Estas personas que marcharon en la caravana hacia el norte no tienen ni la paciencia ni el tiempo ni la ilusión de esperar un nuevo gobierno para ver si les cambia la suerte.

Ya no más. Ya no pueden esperar más. Para muchos es, literalmente, un asunto de vida o muerte.