Reportaje Nacional

La desaparición cometida por cuerpos de seguridad es la única que está contemplada como delito en el Código Penal salvadoreño y es, también, la que menos se denuncia. Durante los últimos tres años, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha recibido 46 denuncias por desaparición forzada. Las autoridades admiten que este es un delito en el que el subregistro es dominante. Reconocen que los familiares temen por sus vidas al denunciar a agentes estatales frente a instituciones del Estado.

De las personas mayores de edad que viven con VIH, solo dos de cada 10 tienen acceso a un puesto de trabajo en el que gozan de los beneficios de ley, como seguro social y pensión. Al resto, le toca fabricar su propio espacio para percibir ingresos. Este es un cruce en el que el estigma y la discriminación aún pesan.

Comprar casa propia es un privilegio tan grande que algunas personas se han organizado para construirlas con sus propias manos. Desde 2003, en El Salvador se ha empezado a gestar un movimiento de cooperativas de vivienda por ayuda mutua. En el país solo el 53 % de los hogares son propietarios del terreno en el que se encuentra su casa. Por los altos niveles de inseguridad y violencia acceder a tierra en un lugar seguro y sin pandillas es una meta difícil de alcanzar para familias sin ingreso fijo.

Cuando una persona desaparece, su localización depende –casi en exclusiva– del ahínco con el que sus seres queridos presionen a las autoridades estatales y de la repercusión mediática del caso. En este reportaje, los familiares de las personas desaparecidas reclaman que las investigaciones no generan resultados; no los encuentran vivos ni muertos. A esa tragedia se le suma una discusión jurídica: en El Salvador solo están reguladas las desapariciones en las que tienen que ver cuerpos de seguridad como la Policía y el Ejército; el resto, no.

Nelly Milena fue la primera salvadoreña nacida en el nuevo milenio. Fue la primera de una generación que ha llegado a su mayoría de edad con la certidumbre de que el Estado salvadoreño les quedó en deuda, sobre todo en su educación. Cuatro de cada 10 ingresaron tarde al sistema educativo y lo abandonaron sin completar el bachillerato.

Publicado el 19 de agosto, este tema hizo volver los ojos hacia un drama casi diario. Las adolescentes siguen dando a luz y con ello se les recortan sus posibilidades de desarrollo económico, social y educativo.

Un video viralizó su rostro en las redes sociales. A sus 11 años, el Gran Luigi ha logrado que a su talento se le preste atención en un país que ignora a sus artistas. Proveniente de una realidad de pobreza, la música se ha convertido en su posible salida. ¿Cómo es ser artista en El Salvador? ¿Cuáles son las claves para que una carrera perdure en el tiempo?

Hace un año el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, declaró “non grato” a Iván Velásquez, el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Ahora, a pesar de que el comisionado aún permanece en el cargo, tiene prohibida la entrada a ese país. En la primera semana de diciembre, Velásquez brindó esta entrevista en exclusiva. Habla sobre cómo ciertos sectores se comprometen con la lucha contra la corrupción hasta que son investigados. Entonces, el panorama cambia y la CICIG ha ido sumando detractores.

Internet puede convertirse en el espacio donde se cometen delitos contra la libertad sexual de menores de edad, que van desde la divulgación de pornografía hasta el grooming, una especie de seducción previa de los abusadores en los que se hace uso de las tecnologías de la información. Estos dejan huellas en sus víctimas. El Salvador tiene apenas dos años de contar con una legislación específica para su combate, en el que todavía muestra varias falencias.

Al menos 200 personas de la población civil fueron asesinadas por militares en la masacre de El Calabozo en 1982, de acuerdo con la denuncia de supervivientes. La evidencia física de esta masacre, ocurrida en los alrededores de San Esteban Catarina (San Vicente), escasea. Los pobladores cuentan que sus familiares fueron asesinados a la orilla del río Amatitán y la corriente se llevó los cadáveres. A finales de octubre se realizó una exhumación en busca de restos de las víctimas. Lo que se encontró es la primera prueba física de una denuncia interpuesta hace más de 26 años.