El Estado salvadoreño superó, a principios del milenio, la crisis de seguridad que representaban los secuestros, que tenían entre sus víctimas predilectas a personas de gran poder adquisitivo. La reducción de los índices de impunidad permitió que el cometimiento de este delito dejara de ser rentable para sus perpetradores. Unas muy reforzadas autoridades de seguridad contaron con el apoyo, incluso, de la empresa privada. Las lecciones aprendidas dejaron de implementarse tras superarse la crisis.